Sin veda de anuncios por el plebiscito

Por Agustín Criollo Oquero el 18 de Mayo de 2017

A pesar de que en pasadas consultas plebiscitarias se ha establecido una veda electoral, en esta ocasión no se legisló tal prohibición que busca evitar que funcionarios públicos utilicen las campañas de sus agencias para adelantar intereses políticos previo a un evento electoral como la consulta de estatus pautada para el 11 de junio.

Así lo confirmó a este medio la Oficina del Contralor Electoral que viene obligada a fiscalizar las campañas políticas.

Mientras, en pleno proceso de reestructuración de la deuda pública, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares lanzó una campaña de relaciones públicas sobre el proceso de quiebra bajo el Capítulo III de la ley federal Promesa, a un costo de $250,000, según confirmó la propia Fortaleza.

La campaña, que incluye anuncios radiales y de televisión, busca explicar el proceso de reestructuración bajo el Capítulo III que comenzó Puerto Rico cuando la junta de control fiscal presentó dicha acción ante el tribunal federal el 3 de mayo.

La secretaria de prensa de La Fortaleza, Yeniffer Álvarez Jaimes, indicó a CB en Español que la campaña publicitaria asciende a un cuarto de millón de dólares y es subvencionada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). A través de comunicación escrita, Gerardo Portela, director de Aafaf, justificó la misma asegurando que se trata de un esfuerzo educativo y no político partidista.

“El gobierno de Puerto Rico necesita explicarle a la ciudadanía las implicaciones del Capítulo III y sus beneficios al permitir que la isla esté en cumplimiento con sus acreedores de manera organizada y sin afectar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, reaccionó Portela en declaraciones escritas a este medio.

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El funcionario añadió que la administración también busca “mantener la confianza de los consumidores y evitar que la actividad económica se vea afectada ante la incertidumbre que puede provocar el desconocimiento de lo que implica el Capítulo III”.

Asimismo, La Fortaleza informó a CB en Español que los gastos en el renglón de publicidad y servicios artísticos para el periodo de julio a diciembre de 2016, durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, fueron de $62,320,014, aun cuando existía veda electoral. Además, indicaron que el monto total de los contratos bajo este mismo renglón en la administración Rosselló Nevares asciende a $15,594,961, hasta el momento.

El Ejecutivo advirtió que se debe considerar que estos números son para toda la estructura gubernamental, incluyendo agencias, corporaciones públicas y municipios. Solo excluye a la Corporación para la Difusión Pública y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Plebiscito sin restricciones

CB en Español intentó sin éxito contactar a la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, para que explicara por qué se decidió prescindir de una veda electoral para este plebiscito y cómo podría afectar esto el proceso electoral al no haber ninguna regulación en la pauta de anuncios que favorezcan una de las alternativas.

Al cierre de esta edición, la oficina de prensa de García Vélez no había contestado nuestra petición de entrevista.

Mientras, el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, explicó que su oficina no está encargada de tomar decisiones sobre si se impone o no una veda electoral en un proceso de consulta, aunque admitió que la pasada consulta durante la incumbencia del exgobernador, Pedro Rosselló, sí tuvo una veda de esta índole.

Además, indicó que la Ley 222 de fiscalización y financiamiento de campañas electorales atiende exclusivamente la recaudación de fondos y gastos para campañas políticas, pero no entra en asuntos de gastos asumidos por una agencia de gobierno.

“En este asunto, al igual que en el asunto de toda acción que conlleve elecciones o primarias, la labor de la Oficina del Contralor Electoral es fiscalizar los fondos que se recauden para ese evento y que esos fondos y gastos que se hagan sean conforme lo estipula la Ley 222 y la Ley 7”, indicó Vélez Martínez.

El comisionado electoral indicó que hasta el momento están registrados 13 comités, que a su vez han radicado sus informes financieros a tiempo.

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Los comités registrados son Alianza Patria, registrado por el legislador Cirilo Tirado Rivera, la Alianza Pro Libre Asociación Soberana Inc. registrada por Gladys Escalona De Motta; Convergencia Nacional Boricua, registrada por Luis Toro Goyco; Estadista Unidos por Guaynabo, registrada por Antonio O’Neill Cancel; Junte Soberanista, registrado por María de Lourdes Guzmán Rivera; el Movimiento Estadista Hatillano, registrado por Ivis González Rosa; el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democráticos, registrados por sus respectivos presidentes; el movimiento Renacer Ideológico Estadista, registrado por Luis Matos Rodríguez, la Resistencia Autonomista, registrado por Armando Valdés Prieto y We The People of Puerto Rico, registrado por Danny A. Santiago Núñez.

Sin embargo, el contralor electoral añadió que, contrario a los comités de campañas electorales no relacionados a una consulta plebiscitaria, quienes radican sus informes cada tres meses, para el plebiscito del 11 de junio se deben radicar el 20 de cada mes para que sea registrado a finales del mes.