20 de Enero de 2020

Sindicato radica demanda contra junta de control fiscal en Tribunal Federal

Por el 12 de Abril de 2017

La organización sindical Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), radicó una demanda en el Tribunal federal en la que solicita que se emita una sentencia declaratoria y un interdicto provisional que declare que el plan fiscal certificado por la junta de control fiscal es ilegal. Del mismo modo, piden que se le prohíba al gobierno usar el plan fiscal como vehículo para solicitar entrar al Título III de bancarrota.

En conferencia de prensa convocada frente al edificio que alberga al Tribunal federal, la presidenta de la organización, Annette González, explicó que la situación sería insostenible para los pensionados de la isla.

“Hoy radicamos una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal y sus planes de reducir un 10% de las pensiones en Puerto Rico. Los retirados y jubilados de este país no aguantarían un recorte de tal envergadura. Esto significaría enviar a nuestros pensionados a la miseria económica, y no lo vamos a permitir. Este sector es sumamente vulnerable y tenemos que luchar para evitar este atropello”, expresó.

Por su parte, el licenciado Manuel Rodríguez Banchs explicó que el momento de radicar la demanda es ahora, pues una vez se presente el plan fiscal y se entre en el proceso de quiebra, no hay forma de enmendarlo.

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“Es importante que, antes de que se presente ese plan, se cumpla con las exigencias de la propia ley Promesa, que tiene como requisito fundamental que se mantengan con fondos adecuados los sistemas de pensiones, pero además establece una orden de qué medidas deben tomarse antes de tocar los fondos de los retirados”, puntualizó.

La presidenta del Capítulo de retirados de SPU, Blanca Paniagua, indicó que los retirados en Puerto Rico reciben pensiones muy bajas y que apenas les alcanza para sobrevivir.

“Ya nosotros sufrimos varios ajustes a nuestras pensiones y no aguantamos un cantazo más. Yo tengo miembros que racionan sus medicamentos porque el dinero no les da. Tengo otros que muchas veces pasan hambre porque el dinero no les da, y la solución de la junta de control fiscal es recortarle un 10% a las pensiones, como si nosotros fuéramos una ecuación y no seres humanos con necesidades básicas que llenar y que nadie nos suple”, denunció.

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En la demanda se establece que el plan fiscal de la junta no es legal, pues al cortar las pensiones en un 10%, violenta las cláusulas contractuales, lo que implica un menoscabo a los contratos. Además, el plan no menciona si los recortes establecidos afectarán las cuentas bajo los Sistemas 2000 y la Ley 3, sistemas que no reciben fondos del gobierno, ya que son cuentas individuales cuyo dinero proviene exclusivamente del empleado. Los demandantes entienden que tocar este dinero sería una violación a la Constitución, pues se apropiarían de propiedad privada.

“Nosotros esperamos prevalecer. Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal está violentando nuestra Constitución y la misma Ley Promesa que los creó”, señaló González.

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