25 de Octubre de 2021

Síndico de la UPR demanda la institución por desvío de fondos

Por el 19 de Agosto de 2016

El síndico de la Universidad de Puerto Rico, U.S. Bank Trust Association, demandó la institución y al ELA por desviar los ingresos prometidos que obtiene de las becas Pell y las matrículas de los estudiante para otros usos en vez de pagar su deuda.

La demanda, que incluye a la presidenta de la UPR, Celeste Freytes González, solicita que se levante la suspensión automática de Promesa y algún tipo de medida cautelar para evitar que el ELA desvíe y expropie los ingresos comprometidos, incluyendo aproximadamente $89 millones en matrícula y cuotas comprometidas que constituyen la garantía de los bonos de la UPR en los pagos de la deuda.

Además de solicitar el levante de la suspensión, el síndico quiere que la UPR continúe haciendo los pagos de la deuda.

La UPR dejó de hacer depósitos en el fondo del síndico para pagar su deuda en junio después que el gobernador Alejandro García Padilla emitió una orden bajo la Ley de Moratoria de Puerto Rico que, entre otras cosas, suspende la obligación de la UPR de transferirle al síndico los “ingresos comprometidos” que incluyen la matrícula y las cuotas.

“La UPR le cobra matrícula y cuotas a 57,000 estudiantes ya sea de sus propios fondos o de las becas Pell u otra ayuda recibida del gobierno federal en nombre de los estudiantes. La matrícula y las cuotas comprenden la mejor y más segura garantía de los bonos de la UPR ya que son pagados por terceros y no están sujetos al financiamiento de los presupuestos del ELA o a cualquier desvío bajo la Constitución de Puerto Rico,” indica la demanda.

Por sí solas, la matrícula y las cuotas comprometidas son suficientes para pagar la totalidad de los $42,600 millones de servicio anual de la deuda de los bonos de la UPR. Cada año académico la matrícula y las cuotas a los estudiantes se pagan en plazos, predominantemente cercano al inicio de cada semestre académico—y el grueso de la matrícula y las cuotas de este año deben pagarse antes del 15 de febrero de 2017 cuando expira la suspensión de Promesa, indica la demanda.

“Si la UPR y el ELA desvían y expropian ingresos comprometidos, incluyendo la matrícula y las cuotas, para sufragar gastos que no sean el servicio de la deuda, el fiduciario y los tenedores de bonos perderán para siempre los ingresos desviados”, dice la demanda.

“A menos que se conceda un interdicto no más tarde de finales de diciembre de 2016 para preservar el derecho del fiduciario de retener la matrícula y la cuotas del semestre de primavera para pagar el principal e intereses que vencen el 1 de junio, el desvío y la expropiación de los ingresos comprometidos por parte del ELA y la UPR obligarán al fiduciario a agotar su cuenta de reserva, que la UPR prometió a los tenedores de bonos como garantía por separado sobre los veinte años de vida de sus bonos”, expresa la demanda.

La demanda indica que la UPR y el ELA no pueden justificar la expropiación de los ingresos comprometidos, en particular la matrícula y las cuotas. “La matrícula y las cuotas a los estudiantes comprenden solo el 6% del total de los gastos (e ingresos pareados) de la UPR proyectados en el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2017 y la porción de la matrícula y las cuotas utilizada para financiar el servicio de la deuda de los bonos de la UPR comprende aproximadamente el 3.0% de los gastos (e ingresos) presupuestados”, según expresa la demanda.

US Bank acusa a la UPR y al gobierno de violar la Cláusula de Recaudaciones y la Cláusula de Contratos de las constituciones de los Estados Unidos y Puerto Rico. El banco también dice que Promesa se adelantó a la Ley de Moratoria, sobre la que se basa la orden ejecutiva.

Además del interdicto, el síndico solicita que se levante la suspensión automática de Promesa para aplicar los fondos actualmente depositados en sus cuentas de fideicomiso para los bonos de la UPR según los términos del contrato.

Una fuente cercana a la demanda reprendió a los funcionarios de la UPR en una entrevista con Caribbean Business porque “en lugar de defender sus deberes fiduciarios y hacer los pagos, ellos hacen lo que el gobierno dice”.

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