Solicitan al gobernador que toda orden ejecutiva por desastre impida desalojos hasta tanto pase la emergencia

(Photo Mix/Pixabay)

Sobre 20 organizaciones enviaron el martes una carta al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para solicitar que toda futura orden ejecutiva por desastre impida desalojos hasta tanto pase la emergencia.

La iniciativa fue promovida por Ayuda Legal Puerto Rico y cuenta con el endoso de reconocidas entidades que luchan por los derechos de la mujer, la protección del ambiente, las comunidades, entre otras causas.

“La crisis hipotecaria y de desahucios que azota a Puerto Rico se suma a una crisis de vivienda que por años lleva empeorando. Entre el año 2017 a septiembre de 2020 se ejecutaron 12,788 residencias, según datos de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF). A esto se suma la falta de techo seguro de miles de familias que esperan asistencia a más de tres años de los huracanes Irma y María, y a más de un año de los terremotos que impactaron el Sur. Por último, el impacto económico del COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de quienes hoy no saben cómo pagar sus rentas o hipotecas. Por lo que, ante el pronto cese de la moratoria de desahucios y con la mirada puesta en la aprobación de programas de ayuda como el de asistencia de alquiler, entendemos que el momento es preciso para expresiones contundentes de política pública que prioricen la vivienda”, lee la carta.

“Por tanto, solicitamos que ante cada orden ejecutiva que declare un estado de emergencia o de desastre mayor en Puerto Rico, como el caso del COVID-19, el gobierno incluya una prohibición de desalojos por falta de pago durante el periodo que perdure dicha emergencia. Esta expresión debe reiterarse en toda orden ejecutiva que declare estados de emergencia para futuros desastres. Al actuar así, Puerto Rico se uniría a otras jurisdicciones en los Estados Unidos y el mundo que han priorizado el bienestar de las familias en tiempos de desastre, abriendo camino hacia la recuperación justa y el derecho a una vivienda digna”, expresaron las organizaciones.