26 de Noviembre de 2020

Solicitan encuentren en desacato al secretario de Estado

Por el 3 de Septiembre de 2020

(Arek Socha/Pixabay)

El Departamento de Estado no ha ejecutado la orden impuesta el martes por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, en la que requería que se restaurara de forma inmediata los certificados de registro de corporación a la Fundación Pro Igualdad y “Foundation for Progress”, luego de que dichas entidades donaran a la campaña del entonces candidato primarista por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

La orden del juez responde otorgando el interdicto preliminar solicitado por las corporaciones destaca que de la evidencia circunstancial evaluada hay base para que en su momento un tribunal pueda concluir que el Departamento de Estado, entonces dirigido por Elmer Román, canceló la certificación de estas corporaciones como represalia política por estas haber donado sobre $200,000 a la campaña del Comité de Acción Política, “Salvemos a Puerto Rico” que pautó anuncios en contra de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

En una petición presentada el jueves en el Tribunal de San Juan, el abogado de los demandantes, Frank Torres Viada solicita que se encuentre en desacato al Departamento de Estado y su secretario actual, Raúl Márquez Hernández.

En su escrito, Torres Viada expone que “…la orden de injunction preliminar emitida por este Honrable Tribunal opera en perfecto vigor, resultando vinculante y exigible al Secretario o Secretaria de Estado en funciones. Ello, no obstante, al momento, a pesar de haber sido dicho funcionario o funcionaria compelido a cumplir con la orden interdictal de manera inmediata y bajo apercibimiento de desacato, los certificados de incorporación de las entidades demandantes no han sido reinstalados. Perpetuándose así un daño continuo a estas, consistente en el agravio constitucional de patente intensidad que supone la supresión de su expresión política. El cual, reiteramos, se enerva ante la inminencia del evento de elecciones generales en el País”.

“Queda claro que el Secretario o Secretaria de Estado en funciones, sujeto a la orden de injuction preliminar, opera en claro desafío y desatención a la administración de la justicia, así como a la autoridad y dignidad del Honorable Tribunal. El incumplimiento con lo ordenado por parte del referido funcionario, a pesar de haber sido compelido a reinstalar los certificados de incorporación de las demandantes de forma inmediata bajo apercibimiento de desacato, denota aquella conducta que atenta directamente contra la integridad del proceso judicial, típica que aquel litigante que piensa que se encuentra en una posición privilegiada y superior a la autoridad judicial. Semejante curso de acción es, siempre y llanamente intolerable, y demanda la más expedita y contundente acción correctiva por parte de este Honrable Tribunal”, indicó el abogado en su petición al tribunal.

El juez Martínez Piovanetti también impuso una fianza de $500 para el pago de costas y daños infligidos por la determinación gubernamental. Del mismo modo, declaró “no ha lugar” la moción del gobierno solicitando la desestimación de la demanda.

“El desenlace de estos eventos tuvo el efecto directo de impedir o disuadir que las fundaciones demandantes continuaran ejerciendo su derecho a la libertad de expresión política en el contexto de las primarias que estaban próximas a celebrarse (cuando suscitó la controversia) y de las elecciones generales que se aproximan”, sostuvo el juez.

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