20 de Enero de 2020

Sube la tensión ante negativa de la junta de control de aprobar plan fiscal del gobierno

Por el 9 de Marzo de 2017

Mientras el gobernador Ricardo Rosselló afirmaba el jueves que llegaría hasta las últimas consecuencias para defender su plan fiscal, la junta de control le notificaba mediante carta que la propuesta presentada por el gobierno no cumplía con los requisitos establecidos bajo la ley federal Promesa.

En una misiva dirigida al primer mandatario, el ente regulador de las finanzas del país detalló que el plan propuesto se basa en “proyecciones poco realistas” de recaudos y ahorros en gastos. Mientras,  recomienda un periodo mayor de tres años para balancear el presupuesto aunque sujeto a mayores recortes. Otorgan al gobierno hasta el sábado, 11 de marzo, a las 9:00 de la mañana para que sometan un documento revisado.

Momentos después de conocerse la carta de la junta, el representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, compareció ante los medios para explicar que utilizaran el plazo provisto para demostrar que la metodología que está utilizando la junta es incorrecta y que la brecha fiscal planteada no es real, pues incluye gastos que no existen.

El representante del gobierno ante la junta de control fiscal, Elías Sánchez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El representante del gobierno ante la junta de control fiscal, Elías Sánchez. (Juan J. Rodríguez/CB)

No obstante, afirmó que sí ajustarán el documento al nuevo parámetro impuesto por la junta que les permitirá extender por tres años el tiempo para alcanzar un presupuesto balanceado.

“Nos cambiaron las reglas del juego; aumentaron el plazo (para balancear el presupuesto) pero con recortes más severos, todo a base de una metodología que no es correcta”, dijo Sánchez, quien nuevamente lanzó un llamado al diálogo con la junta, “a no ser que sea un subterfugio para aprobar su plan”.

Durante una rueda de prensa junto al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo; y personal de Conway MacKenzie, Sánchez desmenuzo el contenido de la carta enviada hoy por la junta y argumentó por qué la junta –y sus asesores Ernst & Young– se equivocan en las proyecciones que utilizan.

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Aseguró que la junta ni siquiera está tomando en cuenta los recortes que se han hecho hasta el momento, como por ejemplo los $115 millones en ahorros en tan solo dos meses mediante una reducción en las contrataciones, sostuvo Sánchez.

Sobre las preocupaciones de los recaudos, el secretario de Hacienda sostuvo que estos fueron hechos con sistemas y modelos provistos por el Tesoro de Estados Unidos. “Tenemos fundamentos y evidencias” sobre los números que presenta el gobierno enfatizó el funcionario.

Una vez mas, la administración Rosselló lanzó un llamado a la sensatez y pidieron reunirse cuanto antes para lograr zanjar las diferencias antes de la fecha fatal del lunes. Sin embargo, admiten que al momento, no se ha recibido contestación alguna a su petición. De insistir la junta en los cambios que propone al plan fiscal “y en una brecha fiscal artificial las consecuencias caerán sobre ellos”, sentenció Sánchez.

La junta pide mayores recortes

En la carta, copia de la cual se filtró a la prensa pero la junta no ha hecho pública, se establece que el plan fiscal presentado por la administración Rosselló el pasado 28 de febrero va por el camino correcto para lograr algunas de las reformas estructurales que permitan reducir el gasto, entre las que destacan los sistemas de retiro y los subsidios a municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

No obstante, levantan bandera sobre la falta de evidencia que sustente sus proyecciones de gastos y recaudos, los cuales llaman “demasiado optimistas”. Esto incluye el estimado del gobierno de negativo 1.6 en crecimiento económico para el año fiscal 2017 y el impacto de muchas de las medidas fiscales propuestas. También muestran preocupación en que se esté subestimando el gasto real del gobierno central.

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A pesar de asegurar que entienden la dificultad por la que atraviesa el gobierno para implementar el recorte de $300 millones a la UPR para el año fiscal 2019, el ente señala en su misiva que la magnitud del déficit requiere ahora que esta cifra se eleve a $450 millones para el año fiscal 2021.

Con relación a las pensiones, insisten en que el ajuste debe ser mayor, de por lo menos 10%, para evitar que otros sectores asuman una carga mayor como consecuencia de la insolvencia de los planes de pensiones. Si los sistemas de retiro se quedan sin dinero este año como se anticipa, el dinero para pagar esas compensaciones tendría que salir del fondo general lo que implicaría menos recursos disponibles para atender otros servicios esenciales. La junta requiere mayores recortes a los beneficios de pensiones y que el gobierno demuestre que está segregando las aportaciones de los empleados públicos de modo que se asegure que el dinero no sea malutilizado.

Sobre el costo del sistema de salud, levantan dudas sobre cómo alcanzará el gobierno las reducciones en gasto que proyecta en esta área, que de por si son menores a los $1,000 millones que recomendó la junta a principios de año. También entienden que no es momento para aumentar la cobertura del plan de salud público -como sugiere Rosselló- y requiere al gobierno que establezca un tope por miembro a los beneficios que reciba cada mes. Según la junta, esto ayudará a controlar las visitas al hospital y el costo de medicamentos.

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El ente rector propone además que el recorte en el gasto del gobierno ascienda a $1,300 millones para 2021, fecha para la cual deben tener un presupuesto balanceado, al tiempo que establecen que el gobierno debe implementar reformas para lograr tres objetivos principales: liquidez a corto plazo, equilibrio estructural a medio plazo y desarrollo económico a largo plazo.

En su carta, la junta recuerda la solicitud hecha esta semana al gobierno para que reduzca la jornada laboral, los bonos de Navidad y la contratación en el gobierno.

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