Crean la primera cooperativa de hidroponistas de Puerto Rico

Hidroponistas junto a la subcomisionada de la CDCoop, Lumar Ayala. (Suministrada)
Hidroponistas junto a la subcomisionada de la CDCoop, Lumar Ayala. (Suministrada)

Con el propósito de mercadear y distribuir productos y servicios agrícolas, promover buenas prácticas agrícolas hidropónicas e identificar oportunidades de crecimiento, hidroponistas de toda la isla incorporaron HidroCoop, la primera cooperativa de esta clase en Puerto Rico.

Estos pioneros buscan, además, minimizar los costos de materia prima e infraestructura utilizados en la práctica agrícola hidropónica mediante acuerdos con empresas locales e internacionales, informó la licenciada Lumar Ayala Molina, subcomisionada de Desarrollo Cooperativo.

“Este grupo de 11 hidroponistas identificaron una oportunidad de negocio y encontraron en el modelo cooperativista un aliado para llevar a cabo sus objetivos empresariales”, añadió.

Ayala Molina se expresó satisfecha con la creación de HidroCoop como una cooperativa de tipo diverso y agrícola muy diferente a las que ya existen en Puerto Rico, pues es la primera de este tipo. Mencionó que estos hidroponistas tienen fincas en los pueblos de Las Marías, San Sebastián, Adjuntas, Lares, Guaynabo, Carolina, Toa Alta y Arecibo. Destacó que esto es muestra de que cualquier idea de negocio puede desarrollarse bajo el modelo de economía solidaria. 

La ejecutiva gubernamental contó que el pasado viernes, 23 de agosto se celebró la asamblea constitutiva de la cooperativa. Señaló que la junta de directores y los socios hidroponistas se dieron cita en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares (Larcoop), sucursal de Lares, para llevar a cabo la misma.

Por su parte, Lisette Pérez Amaro, presidenta de HidroCoop destacó en el evento que el sistema hidropónico es uno de los más costosos para producción, especialmente cuando se trata de la inversión inicial y es por esto que HidroCoop se constituye para presentar una alternativa para los hidroponistas de Puerto Rico.

“Estamos unidos y comprometidos con el futuro agrícola del país. Nosotros satisfacemos con nuestras respectivas marcas a diferentes mercados alrededor de toda la isla. Uno de los objetivos a corto plazo de HidroCoop es exportar a nichos como el estado de Florida y la zona este de los Estados Unidos. En estas zonas hay nichos hispanos que han aumentado por la diáspora a raíz de la recesión económica antes del huracán Maria y que aumentó con su paso”, dijo Pérez Amaro, quien cosecha hortalizas, microverdes, farináceos, críticos y café desde su finca en Lares.

Algunos productos que produce la cooperativa mediante el proceso hidropónico. (Suministrada)
Algunos productos que produce la cooperativa mediante el proceso hidropónico. (Suministrada)

Por su parte, Manuel Velázquez González, secretario de la junta contó cómo fue de ser abogado a hidroponista con un proyecto en su finca en Las Marías donde, junto a su esposa, cultiva recao. Explicó cómo se educó y capacitó para conocer sobre el sistema de hidróponos y además cómo aprendió de este tipo de operación en la marcha. Hoy en día, dijo, su producto se vende en varios supermercados alrededor de la isla.

En el caso del vicepresidente de HidroCoop, Enrique Arvelo Plumey, este sienta un precedente desde su finca en un pueblo del centro de la isla con el cultivo de cannabis medicinal mediante el sistema de hidróponos. Arvelo Plumey contó que su sistema de hidropónicos recoge agua de lluvia que es filtrada mediante un proceso de osmosis. 

“Como pueden ver esta cooperativa es una de avanzada en Puerto Rico y confiamos en que sea una exitosa por su novedosa operación. En la CDCoop, estamos deseosos de recibir a todos aquellos emprendedores que deseen incorporar una cooperativa y de esta manera sumarse a los miles de cooperativistas que encontraron en este modelo una oportunidad de autoempleo y de hacer negocios”, concluyó Ayala Molina.

HidroCoop está compuesta por Justino López, Walbert Irizarry, Lissette Pérez Amaro, Manuel Velázquez González, Marileen García, Carmen Idelfonso, Ramón Morales, Bryant Cardona, Thomas Cortiña, Enrique Arvelo y María de Jesús.




Jaresko ofrece detalles de acuerdos de reestructuración de deuda a Contratistas Generales

Directora ejecutiva de la Junta de Supervisión fiscal, Natalie Jaresko. (Suministrada)

Twitter: @Limarys_Suarez

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko insistió en la importancia de completar acuerdos con los bonistas de Puerto Rico fuera de los tribunales a fin de lograr que se abran nuevamente los mercados de capital, llegue el desarrollo económico para el País y finalice la presencia del ente fiscal en la Isla.

Las expresiones de Jaresko surgieron esta tarde como parte de un conversatorio que tuvo la directora de la Junta con los miembros de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico en el Hotel Wyndham Grand Rio Mar en Río Grande.

“Tenemos que superar la quiebra lo más pronto posible. Hemos estado trabajando arduamente para resolver este reto y les puedo decir literalmente que estamos a semanas de alcanzarlo”, vaticinó Jaresko.

La Junta de Supervisión Fiscal se apresta a presentar un plan de ajuste de $35,000 millones relacionado con la deuda de Puerto Rico y un plan de ajuste de $50,000 millones en las pensiones.

“Esto es un hito, un plan que logra un acuerdo más allá de lo que tenemos hoy día, que una vez sea aprobado por el Tribunal Federal, sacará a Puerto Rico de la quiebra. Nosotros firmamos acuerdos ya con retirados, con ciudadanos civiles activos y con un grupo clave de bonistas que están dispuestos a hacer lo necesario para cerrar éste capítulo de la historia de Puerto Rico”, detalló Jaresko.

“Los jubilados han sido maltratados durante décadas ya que el Fondo de Retiro necesario para financiar sus beneficios fue subfinanciado y eventualmente llegó a la bancarrota. Nuestro acuerdo asegura que eso no vuelva a suceder pues establece un Fideicomiso de Reserva de las pensiones independiente para garantizar que los beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente de la situación económica o política futura”, agregó.

Jaresko especificó que el Comité de Retirados acordó un recorte moderado que aplicará sólo para aquellos que tengan una pensión de más de $1,200 al mes, lo que representa un 40% de los retirados.

Mientras, un grupo de bonistas aceptó un recorte combinado que representa más de un 60% en el total de los pasivos del gobierno de Puerto Rico, lo que se traducirá en un recorte de $35,000 millones a $12,000 millones.

“El acuerdo garantiza que la deuda de Puerto Rico sea sostenible en el futuro y que los pagos, incluído COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) nunca superen los $1,500 millones por año o el 9% de los ingresos propios del estado.

“Esos acuerdos son el resultado de años de duras negociaciones, litigios, una auditoría de la deuda que busca invalidar parte de la deuda de GO y una gran consideración en cuanto a lo que es mejor para el pueblo de Puerto Rico. Creo firmemente que es un buen plan, el mejor plan dada la situación difícil de Puerto Rico”, dijo.

Durante su presentación, que se extendió por poco más de media hora, Jaresko tocó el tema de la Reforma Laboral que impulsó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y dijo que aunque se lograron cambios aún así “el mercado laboral privado continúa sobreregulado, confuso y costoso”.

“La Legislatura no ha acordado aplicar las mismas reglas de empleo que existen en 49 de los 50 estados y es una pena ya que el mejor momento para implementar este tipo de reformas laborales es cuando crecen las oportunidades de empleo, en vez de hacerlo más tarde cuando la economía se desacelera después de los estímulos de los fondos federales para desastres (por el huracán María)”, indicó.

Asimismo habló de la importancia de acuerdo de reestructuración alcanzado en la Autoridad de Energía Eléctrica que recortó la deuda en un 30%.

Sin embargo, para Jaresko sigue siendo un reto los fondos federales para reconstruir el sistema de transmisión y distribución de la AEE.
Con relación a los proyectos críticos, Jaresko le sugirió a los contratistas a presentarle a la Junta propuestas para la reparación de carreteras, transportación, acueductos, residencias de bajo costo y otras infraestructuras.

La directora ejecutiva de la Junta anunció que asistiría hoy mismo a la inauguración de un proyecto aprobado por el ente fiscal de $5.3 millones que consistió en la expansión del vertedero de Fajardo que sirve a toda la zona noreste del país. La expansión permitirá la generación de cuatro megavatios mediante la conversión de gas a energía.

“Los ingenieros estimaron que el espacio para disponer la basura solo está disponible por tres años más y esta expansión representa 20 años adicionales aproximadamente de capacidad operacional para esta infraestructura tan crítica”, detalló al tiempo que sugirió que hay que diversificar la generación de energía para atajar la crisis del manejo de desperdicios sólidos en la Isla.

“La Junta de Supervisión Fiscal no es la Junta del desarrollo económico de Puerto Rico, pero yo, al igual que los miembros de la junta estamos profundamente comprometidos para ayudar a encontrar el camino correcto en favor de Puerto Rico. No podemos ser efectivos sin su ayuda. Quiero ese diálogo y me parece que Puerto Rico necesita ese diálogo porque necesitamos trabajar para lograr el desarrollo económico”, concluyó Jaresko




Última palabra sobre acuerdos de retirados la tiene el tribunal, dice presidente de la junta fiscal

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, dijo el miércoles que los acuerdos de los retirados bajo un plan de ajuste sobre las disposiciones de sus pensiones, deben ser aprobados por el tribunal.

“Según el proceso del Título III de Promesa, los retirados son considerados acreedores y no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Control Fiscal ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

El gobierno ha expresado que no acatará los acuerdos a los que han llegado varios sindicatos con el ente federal.

Carrión señaló que décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. “Las restricciones fiscales y legales obligaron a la JCF a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones de dólares al año.”

El miércoles se anunció otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, esta vez con el Comité Oficial de Retirados (COR).

“Este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones. El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75 por ciento de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte”, indicó Carrión.

Alegó que esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados másvulnerables de cualquier reducción de pensión”, añadió.




NCF recibe asistencia de patólogos y antropólogos por cerca de dos semanas

(Suministrada)
(Suministrada)

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera informó el martes que se logró que siete patólogos y cuatro antropólogos estén destacados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para colaborar con el análisis y trabajo directo de casos hasta el 3 de mayo próximo.

Esto, como parte de la continuidad de los acuerdos de colaboración establecidos con la Sociedad Americana de Directores de Laboratorio de Criminalística (ASCLD, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG, por sus siglas en inglés).

“En el intercambio, líderes de ambas asociaciones han venido a Puerto Rico a recoger el insumo de nuestras necesidades para así poder enfocar la ayuda específica. Esta colaboración no ha tenido precedentes, así que para el Departamento de Seguridad Pública es sumamente importante que podamos contar con estas entidades y profesionales para que colaboren en el momento más crucial del Negociado de Ciencias Forenses, para atender sus necesidades, mejorar con nuevas estrategias el trabajo diario y mantener el servicio para el beneficio de todos y de la justicia en los casos criminales”, manifestó Pesquera en declaraciones escritas.

Indicó que esta visita surge como parte de una serie de encuentros y una relación establecida gracias al Departamento de Justicia y que permitió extender las colaboraciones de la NAAG y la ACLD con el NCF.

Agregó que en la visita de ambas asociaciones, sus representantes, el presidente de la ASCLD, Matthew Gamette, y la directora de NAGTRI Centro de Ética e Integridad Pública de NAAG, Amie Ely, junto a su equipo de trabajo y otros miembros de sus asociaciones también sostendrán reuniones con directivos del NCF, del Departamento de Justicia y otras entidades federales y estatales para continuar los trabajos de colaboración en beneficio de la justicia.

Por su parte, la comisionada del NCF, Beatriz Zayas dijo que “en el Negociado nos sentimos honrados con la visita de estos profesionales durante las próximas dos semanas en donde el trabajo será intenso y arduo, pero estoy segura que los resultados serán de mucho éxito y beneficio para todos. Específicamente en el Negociado la colaboración ha sido firme, ya que estas organizaciones han estado mano a mano identificando recursos que nos ayuden a trabajar con los casos, los ‘safe kits’, los análisis de substancias controladas, igualmente en cómo podemos establecer estrategias que nos permitan aliviar la carga de trabajo en nuestros laboratorios y establecer eficiencias con nuevos instrumentos”.

El grupo de antropólogos, patólogos forenses y asistentes de sala de autopsias asistirán al NCF de manera voluntaria, todo como parte del acuerdo de colaboración establecidos y financiada por el Human Health Services (HHS) de los Estados Unidos.

“La presencia de este grupo de profesionales en Puerto Rico es crucial y estamos preparados para trabajar, para desarrollar y establecer estrategias a corto y largo plazo. Lo cual significa que requerirá también del compromiso local en la implementación de dichas medidas con lo que no tengo dudas de que la labor será positiva”, indicó Zayas.




CRIM busca agilizar cerca de 300,000 solicitudes de contribuyentes para aumentar recaudos

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), está en búsqueda de agilizar sus sistemas para que más de 300,000 solicitudes de contribuyentes sean procesados para aumentar sus recaudos, entre otros aspectos, fue lo que trascendió el miércoles luego que varios alcaldes sostuvieran -junto al CRIM- con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, una reunión en La Fortaleza.

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo mencionó que entre los procesos de recaudo hacia los municipios, se encuentra un proceso de tasación para que se pague contribuciones al CRIM por las mejoras a propiedades que no han sido notificadas.

“Eso es lo que estamos mejorando. Precisamente, esa parte. Estamos mejorando el servicio de valoración de propiedades, sino el trámite de las segregaciones. Teníamos una activa de transacciones esperando por ser aprobados por el CRIM que se traducen en recaudos”, dijo Carrasquillo a la prensa.

“Ahora hemos hecho esfuerzos con un programa que denominamos ‘CRIM al Día’, de actualizar todas esas transacciones que teníamos acumulados en las regiones, poniéndolas al día para que los contribuyentes comiencen a tributar”, añadió.

“Estamos hablando de 300,000 transacciones”, mencionó.

Sobre la reunión con el gobernador, Carrasquillo mencionó que “el gobernador quedó satisfecho”.

Entre los aspectos en que el CRIM realizará para aumentar sus recaudos, se mencionó la modernización de los sistemas, actualización del catastro digital, lograr acuerdos de colaboración entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación, entre otros, para compartir información con la que esperan que en los próximos 12 a 18 meses esperan recibir un aumento en recaudos de un 10 por ciento.

“En un universo de un billón (de dólares) anual, estamos hablando de sobre 100 millones (de dólares). La meta nuestra es que antes de terminar el año que viene hayamos aumentado un 2 a 3 por ciento los recaudos. Eso es como 300 millones de dólares”, explicó por su parte, Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM.

En cuanto a la propuesta de la creación de consorcios, los alcaldes, Carrasquillo, Betito Márquez (Toa Baja) y María “Mayita” Meléndez Altieri (Ponce), expresaron que ese tema no se tocó con el gobernador. Sin embargo, se mostraron abiertos al diálogo sobre ese asunto.




Rivera Schatz advierte si la Cámara no cumple acuerdos no atenderán la reforma contributiva

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz sostuvo el martes que si la Cámara de Representantes no atiende la reforma contributiva como se acordó en La Fortaleza, el Senado no atenderá la medida.

Rivera Schatz se refiere a que en la Cámara no existen los votos para incluir las partidas para la Policía de Puerto Rico y los municipios.

“Me ha informado el compañero Presidente de la Cámara, Hon. Carlos “Johnny” Méndez, que en el caucus de la mayoría de la Cámara no tiene los votos para incluir según se acordó ayer en Fortaleza la disposición de las máquinas tragamonedas. Ese era el mecanismo para lograr fondos para la Policía de Puerto Rico y los municipios. Así se pactó. A eso nos comprometimos”, escribió Rivera Schatz a través de su cuenta de Facebook.

“Nadie expresó reparos hasta ahora. Dejarlo para el último momento y pretender presionar al Senado con la aprobación de una reforma contributiva distinta a lo que se acordó en Fortaleza, no es lo correcto. Ante ese escenario, en el Senado no atenderemos una reforma contributiva que no contenga una alternativa para hacerle justicia a la Policía de Puerto Rico y los gobiernos municipales”, agregó.

Asimismo, el líder senatorial advirtió que en la próxima sesión legislativa se podría atender el asunto si se cumple con la Policía.

“En la próxima sesión podremos retomar este asunto, si la Cámara o La Fortaleza identifica alguna forma para cumplir con nuestra Policía”, culminó.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés informó el lunes, que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez lograron un acuerdo sobre los pormenores de la Reforma Contributiva y de cómo se pagarán cada una de las partidas.

“En ese sentido se acordó ofrecerle un incentivo tipo crédito contributivo de cinco por ciento, lo que va a beneficiar a todos los individuos que radican planillas; una reducción de 39 a 37.5 por ciento a las corporaciones; eliminar el impuesto entre negocios para los contribuyentes que generan ingresos de $200,000 o menos y reducir el IVU en alimentos preparados a 7 por ciento como era la propuesta de la Asamblea Legislativa, tanto en transacciones electrónicas como en efectivo”, dijo Rosario Cortés en una conferencia de prensa.

Agregó que se trata de un costo de cerca de $1,127 millones en los cinco años del Plan Fiscal y se costeará con los cambios propuestos a las regulaciones del Departamento de Hacienda para mejorar la fiscalización.

“Eso ya estaba identificado en el plan fiscal que originalmente aprobó la Junta que tiene unos ingresos de $1,678 millones junto con las medidas amortiguadoras que tendrán un impacto de $405 millones y deja una Reforma Contributiva totalmente balanceada y cuadrada con un superávit al cabo de los cinco años de cerca de $170 millones. Con esto estamos aprobando una Reforma Contributiva compatible con la que aprobó la junta de control fiscal con un impacto neutral en las finanzas del pueblo de Puerto Rico. no vemos ningún problema a nivel fiscal con esta propuesta”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que hubo una gran participación de todas las partes y que “los números están ahí. Queremos también estar en cumplimiento con lo que es el plan fiscal que estableció la junta de control fiscal… Estamos más que satisfechos con el trabajo que han hecho tanto la Comisión de Hacienda de la Cámara como la Comisión de Hacienda del Senado y ya estamos listos para movernos adelante”.

Rivera Schatz, sostuvo, por su lado, que a la propuesta se le incluirá el lenguaje sobre la regulación de las máquinas tragamonedas.

“Vamos a añadirle en la Asamblea Legislativa el lenguaje sobre las tragamonedas que vamos a trabajar para asegurar el retiro digno de los policías y otros asuntos relacionados con la Policía de Puerto Rico, una ayuda a los gobiernos municipales y otro por ciento de lo que se recaude el estado va a retribuirlo para otros asuntos que van a estarse discutiendo los próximos días”, dijo el líder del Alto Cuerpo Legislativo.

Dijo que de los $160 millones que generarían las tragamonedas, habrá que destinar unos $40 millones para un compromiso establecido en el plan fiscal, del que no dio detalles. Los restantes $120 millones serán para los beneficios de los uniformados.




Esperan para primer trimestre de 2019 propuestas de sistemas de la AEE

En la foto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega (derecha). (Suministrada)

En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), indicó el martes, que se espera que las propuestas para el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estén disponibles en el primer trimestre del próximo año.

Sus declaraciones surgen tras expresarse sobre la Resolución de la Cámara 1030 de la autoría del representante Víctor Parés Otero, también presidente de la comisión, que busca examinar el cumplimiento de la Ley 120, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.

Sobrino Vega, indicó en un comunicado que el sector energético de Puerto Rico “está atravesando por un proceso donde las variables cambian constantemente”. Seguido, mencionó que las variables incluyen los programas de fondos federales de recuperación y mitigación, las negociaciones futuras en los procesos de privatización de la AEE.

Asimismo, con relación a los acuerdos preliminares de reestructuración de la deuda con el grupo de bonistas, dijo que se “estima que los términos del acuerdo preliminar lograrán más de $3 billones en ahorros en pagos de servicio de deuda durante los próximos 20 años”.

Mientras que Fernando Padilla, administrador de la Oficina de Reestructuración de la AEE, explicó que “estamos en colaboración para realizar los procesos de estudio de mercado y solicitudes de información, de manera que se pueda obtener la información que permita realizar un análisis robusto que fundamente las transacciones de los proyectos prioritarios impulsados por esta legislación”.

Parés Otero indagó sobre los ingresos proyectados para este año por la Corporación, a lo que Padilla detalló que se proyecta $3,200 millones en ingresos para este año fiscal. Además, anunció que en “los pasados tres meses hemos estado en promedio, en aproximadamente $300 millones… Básicamente estamos bien cerca de la proyección”. A lo que el director de Aafaf argumentó que estas proyecciones reflejan que el sector energético es “un buen negocio” para Puerto Rico.

Antes de finalizar, el presidente de la Comisión expresó que “lo que buscamos es que haya transparencia en el proceso y que al final tengamos un sistema eléctrico en Puerto Rico que sea resiliente, robusto y que el precio de kilovatio hora, que es lo más importante para el consumidor residencial, comercial e industrial, sea uno competitivo” y que se espera aprobar en esta la Sesión Ordinaria el marco regulatorio que guie la venta de la generación de la AEE.




Sobrino asegura prioridad de Aafaf serán reestructuraciones de deuda en AFI y Pridco

En la foto, el representante del gobierno de Puerto Rico ante la junta fiscal y director ejecutivo de Aafaf, Christian Sobrino. (Jaime Rivera/CB)

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, expresó que la prioridad de la entidad ahora será centrarse en la reestructuración de la deuda para la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

“La prioridad de Aafaf en la reestructuración de la deuda, además de continuar con el proceso actual en los planes de Título III y Título VI, es buscar soluciones creativas con Pridco y AFI”, dijo Sobrino, describiendo la reestructuración de las dos entidades como “de mango bajito que puede también ofrecer una gran historia de éxito para la rehabilitación de la isla.” AFI dejó de pagar $30 millones en pagos de la deuda en 2016 porque la Legislatura no asignó fondos para el servicio de la deuda.

El titular de Aafaf realizó sus comentarios durante una presentación a los inversionistas el miércoles en la que proporcionó una visión general de la situación en Puerto Rico y algunos de los planes para mejorar las perspectivas económicas de la isla.

La reestructuración de la deuda es esencial para la transformación a largo plazo de Puerto Rico, señaló Sobrino. Un nivel de deuda sostenible significa que Puerto Rico puede pagar a los inversionistas, acceder a los mercados y proporcionar una historia de éxito.

La reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el primer y único ajuste de la deuda del Título VI conforme a la ley federal Promesa. La entidad, que solía ser el asesor financiero de la isla, está programada para ser eliminada.

Recientemente, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) también pudo llegar a un acuerdo preliminar para reestructurar su deuda a través de un proceso de mediación de Título III. El acuerdo preliminar debería estar avanzando hacia el cierre en los próximos meses, indicó Sobrino.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también está en camino a reestructurar su deuda. Si bien las conversaciones recientes sobre un acuerdo de reestructuración de deuda no fueron aceptadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sobrino dijo que espera que continúen las conversaciones para lograr un acuerdo consensual.

“Queremos que las negociaciones continúen… Quisiéramos que los tratos consensuales se ejecuten cuando sea posible”, destacó Sobrino.

Después de hablar de algunos de los desafíos que enfrenta la isla, como una reducción de la población que ha disminuido un 2% cada año durante los últimos cinco años, Sobrino dijo que el índice de actividad económica de Puerto Rico ha reflejado ocho meses de aumentos a pesar de las disminuciones interanuales.

Mientras, los ingresos para el fondo general han excedido las proyecciones debido al financiamiento por desastres. Existen 1.4 millones de personas trabajando, un aumento del 2.3% desde julio de 2017. La tasa de participación laboral alcanzó el 41% en julio de 2018, un incremento de 1.4% desde julio de 2017.

No obstante, Puerto Rico necesita fondos para gastos de capital e inversiones razonables en infraestructura pública. De 2007 a 2015, los gastos de capital para las principales agencias y componentes públicos cayeron un 70%. Los problemas de infraestructura se hicieron más frecuentes por la destrucción causada por el huracán María en septiembre de 2017. Puerto Rico necesita aproximadamente $132 billones en inversión de capital para recuperarse completamente.

Por eso, señaló, existe un equipo de funcionarios del gobierno local en Washington para asegurar que Puerto Rico esté incluido en la iniciativa del banco de infraestructura propuesta por el presidente Trump. “El gasto de capital no es un problema presupuestario, sino un problema de vida o muerte”, dijo.




Secretario de la Gobernación negocia intercambios para centralizar sistemas del gobierno

Además de participar como orador en una convención de auditores, el Secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, se encuentra en Utah negociando intercambios de recursos para la ardua labor de centralizar los sistemas de información financiera del gobierno de Puerto Rico.

Durante una entrevista con CB en Español, Maldonado expresó que el lunes ofrecerá una charla en la Convención de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros que se lleva a cabo en Salt Lake City sobre el proyecto de digitalización del gobierno de Puerto Rico.

Este proyecto ya lleva más de un año en preparativos pero se había paralizado debido al huracán María que azotó la isla el pasado mes de septiembre. La junta de control fiscal impuso como requisito dentro del Plan Fiscal del Gobierno del 29 de junio que los sistemas de contabilización del gobierno se encuentren unificados para el 2020. Además, le requirió al gobierno la publicación de ciertos informes mensuales sobre el presupuesto.

Raúl Maldonado asegura transformará Secretaría de la Gobernación

“Vamos a centralizar el sistema de información financiera de contabilidad del gobierno. Ahora mismo ninguna agencia se comunica y eso nos dificulta sacar estados financieros a tiempo”, sostuvo Maldonado, quien es director de la oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), entidad que tiene a cargo los presupuestos.

El programa también ayudará a agilizar la entrega de los estados financieros auditados del gobierno. Al presente, un equipo de auditores está trabajando para completar los estados financieros auditados de 2016 y comenzar los estados financieros auditados de 2017.

Existen varias firmas locales participando del proyecto de digitalización, el cual cuenta con unos $100 millones autorizados por la junta, de los cuales unos $50 millones fueron asignados en el presupuesto del actual año fiscal que comenzó el 1ro de julio.

Maldonado dijo que ya tiene acuerdos con el Departamento del Tesoro federal y con el estado de Nueva York para que se le asignen recursos al proyecto. El Tesoro federal asignará seis asesores. También se espera un acuerdo con el estado de Michigan.

El también exsecretario de Hacienda dijo que como parte de su visita a Utah se le presentará un video en forma de agasajo a aquellos estados que ayudaron a Puerto Rico con recursos para recuperarse del huracán María. El video mostrará a Puerto Rico antes y después del huracán para que vean “que estamos listos para hacer negocios”.

Principal Oficial Financiero de Puerto Rico se encargará de los presupuestos del gobierno




Aseguran acuerdos sobre Cofina ayudarán al gobierno y bonistas locales

El grupo Bonistas del Patio informó a sus miembros que los acuerdos alcanzados para reestructurar la deuda de Cofina tanto en junio como la semana pasada, son logros extraordinarios que ayudarán al gobierno y bonistas locales.

La junta de control fiscal y Aafaf anunciaron recientemente una propuesta de reestructuración de la deuda de Cofina, la cual fue apoyada por un gran número de bonistas de Cofina que poseen tanto deuda Senior como Subordinada de esa Corporación.

“Este acuerdo preliminar fue alcanzado mediante el proceso de mediación ordenado por la Jueza Laura Taylor Swain, en el cual Bonistas del Patio fue la única entidad sin fines de lucro que fue autorizada a participar y fue parte integral de estas negociaciones,” explicó Rafael Rojo, presidente de Bonistas del Patio, y Jorge Irizarry, director ejecutivo, en declaraciones escritas.

De concretarse el acuerdo, el cual fue negociado por el Tribunal, se compartiría la porción del IVU para el pago de la deuda de Cofina, bajo las siguientes condiciones: Se intercambiarían los bonos existentes por nuevos bonos a ser emitidos bajo una sola clase de bonos Cofina (i.e., no habría bonos Senior y bonos Subordinados) de la siguiente manera: Los tenedores de bonos Senior recibirán aproximadamente 93% del principal de los bonos que tienen actualmente.

Los tenedores de bonos Subordinados recibirán aproximadamente 56% del principal de los bonos que tienen actualmente. El interés promedio que recibirían sobre el nuevo “face value” o principal sería de 4.75%. Se hace una asignación adicional de un 2% del principal total a aquellos bonistas que voten a favor de la reestructuración propuesta. Tomando en cuenta ese 2% adicional y dependiendo de la fecha efectiva del intercambio y la cantidad de bonistas que voten a favor del acuerdo, la recuperación eventual de los Seniors podría variar entre 96.7% y 95.08% y para los subordinados entre 60.1% y 58.48%.

Junta de control fiscal logra acuerdo con bonistas de Cofina

Este acuerdo consensual alcanzado se logra dentro de los parametros previamente acordados entre los dos “Agentes” nombrados por el Tribunal Federal para representar los intereses del Gobierno y de los acreedores de Cofina respectivamente, anunciado el 5 de junio que establece que la “Renta Fija” (Pledged Sales Tax Base Amount o PSTBA, en inglés) asignada a Cofina que representa cerca del 2.75% proveniente del 5.5% del IVU (que era el máximo asignado para pagar la deuda de Cofina), y que en 2019 totalizaría aproximadamente $738 millones, se dividirá 53.65% para Cofina y 46.35% para el Gobierno.

“Esto significa que la parte del IVU que anteriormente se usaba para pagar la deuda de Cofina ($738 millones para 2019), se reduce casi a la mitad ($396 millones o 1.4% del IVU)”, indicó el grupo.

Según la estructura legal de Cofina, esos $396 millones aumentan 4% anualmente hasta un máximo de $1,850 millones para pagar la deuda de Cofina en los próximos 40 años. El 46.35% de la Renta Fija o $342 millones, que antes se destinaba para el pago de la deuda de Cofina, se depositará en el Fondo General y estará disponible para usos del Gobierno, junto con el resto del 10.5% del IVU que corresponde al Gobierno que para 2019 se estima en aproximadamente $2,100 millones.

Dentro del último acuerdo, se provee un gravamen sobre el 5.5% del IVU y el gobierno se compromete a no alterar esta nueva asignación de dinero en el futuro. El total de nuevos bonos emitidos alcanzaría $11.9 billones incluyendo $9.2 billones de bonos con vencimientos de 2028 hasta 2043, que pagan interés corriente y $2.7 billones con vencimiento de 2043 hasta 2058 que acumulan interés (Capital Appreciation Bonds o CABs).

El monto del servicio de la deuda anual de los nuevos bonos sería acumulado de los primeros recaudos del 5.5% del IVU cada año, pero bajo ciertas circunstancias, la acumulación se podrá diferir en montos trimestrales en vez de solo al principio del año.

El gobierno se compromete a no emitir deuda adicional garantizada por el IVU, excepto para refinanciar alguna parte de los bonos nuevos. Según ha expresado Citigroup como asesores de la junta de control fiscal, los bonos nuevos tendrían características crediticias similares a otros bonos municipales pagaderos del “Sales Tax” que gozan de clasificaciones crediticias AAA o AA, aunque no se puede asegurar que los nuevos bonos reciban una clasificación de eses nivel inmediatamente. “Es nuestra opinión, que dentro de un contexto de impago de la deuda del Gobierno y de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, la propuesta reestructuración es un logro importantísimo para los residentes de Puerto Rico que prestaron su dinero al gobierno al comprar los bonos de Cofina.”

“Los inversionistas puertorriqueños, que son en su gran mayoría retirados, no han recibido el pago de los intereses que representan su ingreso de retiro, desde junio del 2016. Bajo la propuesta reestructuración se pondría fin a años de incertidumbre, se evitaria un largo proceso judicial y podrían empezar a recibir pagos de interés de sus ahorros invertidos en los bonos de Cofina comenzando en 2019. Cabe resaltar que el acuerdo consensual anunciado le permite al Gobierno de Puerto Rico comenzar a recuperar su credibilidad en los mercados financieros lo cual es vital para la recuperación económica y reconstrucción de Puerto Rico”, expresó Rojo.

“Como hemos explicado en el pasado, Bonistas del Patio es una entidad sin fines de lucro que no cuenta con capacidad legal de votar a favor o en contra de este o ningún acuerdo. Nuestro rol ha sido el de abogar a favor del bonista puertorriqueño, darle una voz representativa en las mediaciones y lograr el mejor acuerdo posible, dentro de las difíciles circunstancias. Ahora el acuerdo debe pasar por un proceso de votación por todos los tenedores de esta deuda, según requerido por el proceso de certificación para un acuerdo consensual bajo la Ley Promesa, lo cual se espera tome varios meses y podría completarse antes de fin de 2018”, dijo.

Director de la AEE admite habrá aumento tarifario tras acuerdo con bonistas