Raúl Maldonado insiste en que no recortarán pensiones

El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. (Yoel Parrilla/CB)

El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, rechazó el jueves, el recorte de 10 por ciento a las pensiones de los empleados públicos, al tiempo que anticipó que buscarán recortes mayores en los gastos del gobierno para evitar afectar a los retirados.

“Pensamos que la alternativa que le estamos dando, que es recortar servicios profesionales (y) consolidar agencias, es mucho más tangible, (y) la podemos medir más fácilmente”, dijo Maldonado a periodistas.

El funcionario destacó que no hace sentido quitarle fondos a los pensionados.

“La Junta (de Control Fiscal) se sostiene en su posición. Pero la realidad es que esto es gobernanza del gobernador Ricardo Rosselló y una política pública que vamos a establecer. Por otro lado, no hace ningún sentido económico afectar a los más vulnerables. Es quitarle dinero a unas personas que realmente tienen una necesidad económica en este momento”, dijo.

“Si hacemos recortes, haremos recortes en servicios profesionales, consolidando agencias, pero nunca haremos recortes quitándole la pensión a las personas que están retiradas”, expuso.

Maldonado manifestó que el servidor público “tiene que estar tranquilo” debido a que el gobernador seguirá “dando la pelea” para evitar el corte a las pensiones. ” Yo tengo presupuestado ya $2.4 mil millones para pagar las pensiones, no solo lo de los empleados públicos del gobierno central, sino los empleados municipales, incluyendo el Bono (de Navidad)”, sentenció.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez adelantó que no dará paso a ninguna legislación que promueva un recorte a las pensiones de los empleados públicos.




Gobernador anuncia esfuerzo interagencial en favor de la población sorda en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes, la implementación de afiches con lenguaje de señas que permitirán una mejor comunicación con las personas sordas en las agencias públicas del Gobierno de Puerto Rico, como parte de una iniciativa de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).

Los afiches se dividen en tres temas: Alfabeto y Números en Lenguaje de Señas, Lenguaje de Señas Básicas y Lenguaje de Señas para Emergencia de Salud.

“Con la implementación de los tres afiches con lenguajes de señas en cada una de las agencias del Gobierno y sus distintas oficinas alrededor de Puerto Rico, fomentamos la comunicación entre nuestros servidores públicos y las personas que padecen de sordera, a fin de mejorar nuestros servicios a la población”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Rosselló Nevares añadió que “aspiramos a que la comunidad sorda tenga la confianza y las mismas oportunidades tiene cualquier otro ciudadano al momento de acudir a alguna oficina en busca de ayuda o servicio. Nuestro gobierno está enfocado en servir a los más vulnerables”.

La iniciativa de la ARV busca impactar de manera positiva los servicios a los más de 185 mil sordos que residen en Puerto Rico, de los cuales 302 reciben servicios por medio de Rehabilitación Vocacional.

Por su parte, la administradora de la ARV, Madeline Hernández Dipiní, expresó que “al llegar a la agencia nos dimos a la tarea de trabajar con estos afiches ya que entendemos que la comunidad sorda en muchas ocasiones se siente aislada porque muchas personas desconocen su lenguaje”.

Hernández Dipiní explicó también que “estos afiches permitirán interpretar las señas ilustradas para que la comunidad en general pueda entender o comunicarse con la comunidad sorda. Tanto la ARV, como el gobernador, estamos enfocados en fomentar que las agencias trabajen en conjunto para brindar apoyo a las personas más vulnerables”.

Los artes de los afiches fueron creados por personal de la oficina de Avaluación y Ajuste, comunicaciones e Intérpretes de la ARV, quienes validaron los mismos.




Presentan medida para obligar a agencias a tener documentos oficiales en inglés y español

Los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez, José J. “ Che” Pérez, José Aponte Hernández y María Milagros Charbonier presentaron el martes el Proyecto de la Cámara 2084 para obligar a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, que ofrecen servicios a la ciudadanía, a que provean todos sus documentos en ambos idiomas de inglés y español, tal y como se constituyó en la Ley 1 de 1993.

Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, “con la aprobación de la Ley 1-1993, se estableció que el español y el inglés son los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, esta dispone que ambos idiomas se podrán utilizar, indistintamente, en todos los departamentos, municipios, u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial de Puerto Rico. A su vez, esta Ley permite que el ciudadano solicite del Gobierno la expedición de documentos en uno o ambos idiomas, según sea su necesidad. Igualmente, manifiesta que se podrán hacer traducciones e interpretaciones orales de un idioma al otro, de modo que las partes interesadas puedan comprender cualquier procedimiento o comunicación en dichos idiomas.”

Para el representante José Enrique Meléndez, a pesar de lo establecido en la Ley 1 de 1993, todavía existen dependencias gubernamentales que no cuentan con documentos debidamente traducidos al idioma inglés, ni con traductores competentes para asistir a los ciudadanos del referido lenguaje al solicitarles sus distintos servicios.

“El negarle un documento o formulario de solicitud de servicio a un ciudadano por el mero hecho de este no encontrarse en el idioma vernáculo de quien lo peticiona, afecta adversamente el derecho de este a acceder a la información pública. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información gubernamental, puesto que este es uno de naturaleza constitucional implícito y derivado del derecho de libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico.”

“Con este proyecto solo buscamos hacer cumplir a las agencias de gobierno que le ofrecen servicios esenciales a la ciudadanía lo que se aprobó en la Ley 1 de 1993. Todos sabemos que el inglés es el idioma que más se utiliza para realizar comunicaciones y transacciones internacionales. Adicional, es increíble que siendo un gobierno donde realizamos miles de gestiones gubernamentales en conjunto con un sin número de agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos no estemos cumpliendo con una regla tan básica como proveer los documentos oficiales en idioma ingles”, dijo Melendez en declaraciones escritas.

El representante dijo que no se trata de postergar o abdicar el vernáculo, el idioma español, ni que se haya rendido la lengua ni la cultura. “Es que ya es hora que seamos buenos anfitriones, que comencemos a trabajar como otros países alrededor del mundo y les brindemos las herramientas, para que ellos, los que provienen de otros estados, o de otras jurisdicciones del mundo, inclusive los turistas que nos visitan, puedan también aportar y realizar sus gestiones gubernamentales sin nosotros ponerles más piedras en el camino” expresó Meléndez




Gobierno comienza proceso de transformación de los sistemas financieros

El principal oficial de finanzas del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier informó el miércoles, que personal de Hacienda ha sostenido reuniones con varias agencias para discutir la transformación de los sistemas financieros y la infraestructura tecnológica a través del Gobierno de Puerto Rico.

“Al día de hoy, más de 70 agencias del Gobierno de Puerto Rico se han reunido con expertos en finanzas del Departamento de Hacienda para continuar con los esfuerzos para modernizar los sistemas financieros y la infraestructura tecnológica. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se ha comprometido a una serie de reformas estructurales para mejorar la trayectoria fiscal y económica en Puerto Rico. Las dos reformas estructurales, facilidad de hacer negocios y la reforma de infraestructura, son fundamentales para el Gobierno de Puerto Rico en sus esfuerzos para modernizar y transformar sus capacidades”, comentó Maldonado Gautier en comunicación escrita.

Explicó que durante los pasados meses, las agencias han colaborado con Hacienda para planificar y diseñar el nuevo sistema financiero. Maldonado Gautier explicó que los líderes de las agencias se reunieron ayer por segunda vez para recibir más información sobre el estado del programa y, además entender cómo pueden continuar con su compromiso y prepararse para la implementación en sus agencias.

Los temas de discusión durante la sesión incluyeron:

  • Los esfuerzos para manejar el cambio en las agencias están en proceso con el propósito de mantener abierto los canales de comunicación entre el equipo de ERP y las agencias.
  • Se estableció un equipo dedicado a colaborar con las agencias para asegurarse que estén preparados para un Go-Live exitoso.
  • El equipo del proyecto está alineando el apoyo de las agencias para poder mapear cada organización al plan de cuentas y las actividades relacionadas a la limpieza de data.

El principal oficial de las finanzas públicas indicó además que los esfuerzos para modernizar las agencias se van a realizar en cinco fases enfocadas en la consolidación de todas las agencias claves del Gobierno de Puerto Rico en un solo sistema financiero.

“El Departamento de Hacienda y PRIFAS están en pie para un Go-Live en septiembre 2019 y junio 2020, respectivamente. Las fechas del Go-Live para el Departamento de Educación, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Salud, y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) están actualmente bajo evaluación”, finalizó Maldonado Gautier.




OGP discute con agencias del gobierno solicitudes de preretiro para empleados gubernamentales

El principal oficial financiero del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier se reunió hoy con directores de Recursos Humanos y de Finanzas de varias agencias, a los fines de iniciar el diálogo y los planes de acción para la revaluación de las solicitudes de preretiro para los empleados gubernamentales que fueron denegadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El proyecto para implantar la Ley 211, a través de la enmienda de la Ley 262, del 14 de diciembre de 2018, ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a revaluar las solicitudes de preretiro que fueron presentadas oportunamente por las entidades gubernamentales conforme al Programa de Preretiro Voluntario y para otros fines relacionados y denegadas por OGP.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto comenzó la revaluación de las solicitudes. Del total de 2,244 empleados que solicitaron el preretiro, 746 casos fueron rechazados en 14 agencias y 1,498 están en proceso de revisión. Se informó, además, que 38 solicitudes están en proceso de revaluación.

Entre los datos a corroborar están; confirmar si el empleado se jubiló y cambios en datos numéricos requeridos para el análisis, porque las solicitudes originales datan del año 2016.

Listado de las agencias presentes para la discusión del estatus de preretiro:

  1. Departamento de Estado
  2. Departamento de Hacienda
  3. Administración de Servicios Generales
  4. Departamento de Transportación y Obras Públicas
  5. Autoridad de Carreteras y Transportación
  6. DACO
  7. Departamento de Salud
  8. Departamento de la Vivienda
  9. ASSMCA
  10. Secretariado del Departamento de la Familia
  11. Administración de Rehabilitación Vocacional
  12. Administración de Recursos Humanos
  13. Departamento de Corrección y Rehabilitación
  14. Autoridad de Acueducto y Alcantarillados
  15. Retiro Central
  16. Retiro de Maestro




Radican medida para mejorar recopilación y publicación de estadísticas federales en Puerto Rico

La congresista Jenniffer González Colón (R-PR) y el congresista José E. Serrano (D-NY) informaron el jueves que presentaron la Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico (Puerto Rico Data Collection Equality Act, en inglés), legislación bipartidista que mejoraría la recopilación y publicación de estadísticas federales en la isla.

“La exclusión de Puerto Rico de cualquier estadística federal es inaceptable. Es esencial que el territorio se incluya en todas las encuestas y programas llevados a cabo por los organismos estadísticos de los Estados Unidos para así brindar uniformidad y garantizar que tengamos la información más confiable y actualizada. La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico nos ayudará a abordar adecuadamente las necesidades de los 3.2 millones de ciudadanos americanos de la Isla al simplemente exigir que las agencias de estadísticas federales nos traten por igual, un problema pendiente desde hace mucho”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Explicó que Puerto Rico está actualmente excluido de un número considerable de programas estadísticos federales. Por ejemplo, la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) no calcula el producto interno bruto (PIB) real de la Isla, a pesar de que publica estimaciones del PIB para cada estado, el Distrito de Columbia y todos los demás territorios.

Detalló que de manera similar, la Oficina del Censo de los Estados Unidos no incluye a Puerto Rico en muchos de sus programas, como lo son el Censo de Gobiernos, la Encuesta de Propietarios de Empresas y Trabajadores Autónomos (SBO, por sus siglas en inglés), la Encuesta de Vivienda Estadounidense (AHS, por sus siglas en inglés), entre otros.

Entretanto, la congresista especificó las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos por lo general no incluyen los números de Puerto Rico en los totales nacionales, incluso cuando los registran. Por ejemplo, aunque la oficina del Censo ha contabilizado la población del territorio desde 1910, sus 3.2 millones de habitantes no se cuentan entre la población total de 326 millones en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales también calcula la tasa de desempleo de Puerto Rico, pero ese número no se incluye al informar la tasa de desempleo nacional de los Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo, Puerto Rico ha sido tratado de manera muy injusta cuando se trata de estadísticas nacionales que se recopilan en los 50 estados. Por ejemplo, no hay una razón lógica para que la Oficina del Censo no cuente e incluya a los millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la Isla en la población general de los Estados Unidos. La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico asegurará que la gente de Puerto Rico se cuente adecuadamente en numerosos programas de estadísticas federales para que legisladores y oficiales gubernamentales tengan información precisa cuando promulguen leyes, políticas e iniciativas”, dijo por su parte, el congresista Serrano.

La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico trata de abordar la exclusión de la Isla de los programas estadísticos federales al exigir al jefe del Consejo Interagencial de Política Estadística de los Estados Unidos (U.S. Interagency Council on Statistical Policy, en inglés) que desarrolle e implemente un plan para recopilar y publicar estadísticas sobre Puerto Rico de la misma manera que las estadísticas son recolectadas y reportadas por agencias federales para los estados.

Además, el proyecto de ley ordena a las diferentes agencias de estadísticas federales que tomen todas las medidas necesarias y razonables para incluir a Puerto Rico en los programas bajo los cuales está excluido actualmente.

La mayoría de las disposiciones de la Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico se derivan de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico (Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico, en inglés), que concluyó en su informe de diciembre de 2016 que incluir a la Isla en programas estadísticos federales beneficiaría a oficiales federales y estatales, inversionistas y el público puertorriqueño en general.




Gobernador se reúne en Washington con secretario de Vivienda y administrador de FEMA

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo varias reuniones en la capital federal, entre las que pudo dialogar con el secretario del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), Ben Carson y el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), William B. Long.

Según informó el gobernador en una comunicación escrita, Carson lo recibió con el fin de discutir los próximos pasos para el desembolso de fondos del programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés); esto incluye los primeros $1,500 millones en fondos que HUD aprobó recientemente.

Por otra parte, Rosselló Nevares también sostuvo un cónclave con el administrador de FEMA, a quien peticionó dejar en manos del gobierno local el manejo de los fondos, al igual que se hace con otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Asimismo, se reiteró la aceleración del proceso de evaluación de la reconstrucción y que se considere la infraestructura crítica de la isla como proyectos en los que se invertirá.

Durante la reunión con el administrador Long, el gobernador contó con la participación del secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat; el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Carlos Mercader; y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3, en inglés), Omar Marrero Díaz.

Además de los cónclaves con jefes de agencias federales, Rosselló Nevares realizó otras reuniones con congresistas demócratas para dialogar sobre el acceso a los fondos asignados para la recuperación y reconstrucción, así como los requerimientos particulares que se solicitan a Puerto Rico para el acceso a dichos fondos.

Estas reuniones individuales con congresistas se llevaron a cabo con el representante para Florida, Darren Soto; los representantes por Nueva York, Nydia Velázquez y Hakeem Jeffries; y el senador por el estado de Hawái, Brian Schatz.

Los directores ejecutivos de PRFAA y COR3, y el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico acompañaron al primer ejecutivo durante su encuentro con el representante Soto.




AEE y AAA comenzarán recortes de servicio a clientes morosos en las próximas semanas

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza en unión al representante, José “Che” Pérez urgieron el jueves a todos los clientes de la corporación pública a ponerse al día en sus cuentas para evitar cortes de servicio por falta de pago.

En conferencia de prensa detallaron el nuevo proceso de planificación, notificación y ejecución de suspensión de servicio como parte de la implementación de una enmienda a la Ley 33 de la autoría del Representante. La misma establece que la AAA deberá notificar al cliente 48 horas antes de cualquier corte de servicio por falta de pago.

Explicaron que durante las próximas dos semanas aquellos clientes que no tengan al día sus cuentas deberán actualizar sus datos en el sistema para recibir las notificaciones pertinentes.

“Como hemos mencionado hace semanas, nuevamente, exhortamos a nuestros clientes que actualicen su información de correo electrónico y teléfonos relacionados a su cuenta de agua para que puedan recibir los avisos con relación al estado de su factura. De esta manera, podrán obtener el detalle actualizado sobre su cuenta, y evitar un corte en el servicio”, explicó el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.

“El próximo 22 de febrero se emitirán los primeros avisos a los clientes con facturas atrasadas mediante un sistema de llamada telefónica, mensaje de texto y correo electrónico. Ya pasadas las 48 horas del aviso de suspensión de servicio, si el cliente no ha tomado ninguna acción, se comienza a tomar acción en el terreno. Esto significa que para el 25 de febrero se estarían realizando los primeros cortes de servicio”, indicó el funcionario.

Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció también que en las próximas semanas la corporación retomará los cortes de energía eléctrica a los clientes morosos de cuentas comerciales, industriales, residenciales, municipales y de las agencias del gobierno.

La directora de servicio al cliente de la corporación pública, Noriette Figueroa, detalló según un informe radial, que como parte del proceso, personal de la agencia se ha estado comunicando con los clientes con atrasos para que se pongan al día, al tiempo que hizo un llamado a los clientes con deudas a que se acerquen a la Autoridad para hacer un plan de pago o paguen la deuda completa para evitar la suspensión del servicio.

La Autoridad detalló que la deuda por cobrar de clientes morosos asciende a $542.3 millones.

No obstante, la AEE no dijo que el corte conlleva luego un cargo de reconexión que va desde $25 para clientes residenciales y de entre $50 a $150 para clientes comerciales. En el caso de la AAA, el cargo es de $50.

El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Freddyson Martínez, expresó a este medio que la AEE ya tenía planificado los cortes desde hace tiempo, pero lo aplazaron para realizar un aviso primero o hacer un “media tour”.




Nombran a Jenniffer González al Comité de Transportación e Infraestructura federal

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue nombrada al influyente Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal, donde continuará fiscalizando, abogando por fondos y herramientas para la reconstrucción de Puerto Rico.

Asimismo, fue nombrada al Comité de Recursos Naturales, cuerpo que atiende todo lo relacionado a los territorios, donde la comisionada residente continuará aunando esfuerzos para trabajar por la igualdad de la isla.

El Comité de Transportación e Infraestructura tiene jurisdicción sobre todo asunto relacionado a medios de transporte: aviación, marítima, autopistas, puentes, transportación publica y trenes. También tiene jurisdicción sobre otros aspectos de la infraestructura nacional, como proyectos de control de inundaciones, manejo de aguas usadas, agua potable, el desarrollo de áreas urbanas y rurales en desventaja y la preparación y respuesta a desastres.

Como miembro del Comité, González tendrá un rol de supervisión sobre agencias como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Departamento de Transportación, la Guardia Costera, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA), entre otras.

La comisionada indicó que podría avanzar desde esté comité las recomendaciones del estudio aprobado por ley sobre la viabilidad de un Centro de Carga Aérea en la isla; la fiscalización hacia las agencias federales como FEMA en cuanto a los trabajos de reconstrucción; mejoras a la infraestructura y carreteras; el desarrollo y mejoras de los aeropuertos regionales así como dragado y revitalización de puertos; la creación de un sistema eléctrico más eficiente y resistente; y los trabajos de control de inundaciones que lleva acabo el Cuerpo de Ingenieros, entre otros asuntos.

El anunció lo hizo ayer el portavoz de la Minoría en ese Comité, Sam Graves (R-MO). González Colón se reunió ayer con el presidente del Comité, Peter DeFazio (D-OR) quien visitó la isla junto con la comisionada luego del paso del huracán María para distintas inspecciones incluyendo Palo Seco, para discutir prioridades de la agenda de trabajo.




Jaresko advierte al gobernador sobre pago del bono de Navidad

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, creada bajo la ley federal Promesa, Natalie Jaresko advirtió el miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incumplió con el Plan Fiscal Certificado al emitir el pago del bono de Navidad y esta acción podrá dejar a las agencias de gobierno sin liquidez para sufragar la nómina en el 2019 por lo que deben, las agencias, lograr ahorros para compensar ese gasto.

“Como se indica en la carta al gobernador Rosselló con fecha del 14 de noviembre del 2018, el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico requiere la eliminación del Bono de Navidad como parte de las reducciones de costos de Nómina y Costos Relacionados dirigidas a evitar medidas más drásticas. Además, el Presupuesto Certificado refleja que el Gobierno no pagaría un bono de Navidad. El Presupuesto Certificado del Gobierno requiere que el Gobierno no exceda el total presupuestado para gastos de Nómina y Costos Relacionados. Según el Gobierno procede a pagar un bono de Navidad a sus empleados este año, cada agencia tendrá que lograr el equivalente en ahorros dentro de la asignación de Nómina y Costos Relacionados para compensar por este tipo de gasto. De no cumplir con este requisito de ahorros en el renglón de gastos de Nómina y Costos Relacionados, esto podría resultar en que agencias agoten sus asignaciones de Nómina y Costos Relacionados antes de que concluya el año fiscal 2019, poniendo en riesgo la habilidad del Gobierno de cubrir la nómina de sus empleados. Continuaremos supervisando los gastos y evaluaremos si tomar cualquier acción correctiva”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Puerto Rico ha acumulado deuda más allá de la habilidad del Gobierno de repagarla y ha sufrido por décadas las consecuencias de mal manejo de las finanzas y la prestación de servicios públicos inefectivos. Promesa se creó precisamente para responder a esta situación. La Junta tiene la encomienda de devolverle el balance fiscal a la Isla y lograr acceso a los mercados nuevamente. Estos mandatos requieren de muchos cambios de política pública y la implantación de cientos de medidas y reformas estructurales. El éxito para Puerto Rico, el fin del mandato de la Junta y el regreso al crecimiento económico y la esperanza son solo posibles con la cooperación inquebrantable del Gobierno de Puerto Rico”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que a su entender, no desafió a la junta de control fiscal, al pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.

“No es nosotros desafiando la Junta, es la Junta desafiando el gobierno de Puerto Rico. Mi criterio es que yo voy a hacer lo que a mi juicio es mejor para el pueblo de Puerto Rico”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

“Esto emana de que la Junta piensa que es un regalo, no lo es. Si usted compara el sueldo del maestro puertorriqueño, es de dos a tres veces menor. El bono de Navidad es parte de ese compromiso para que esa desigualdad no sea tan grande, y si pudieran entender eso, tendrían menos resistencia”, añadió.

El pago del bono se da a pesar que en varias ocasiones la junta de control fiscal advirtió al gobierno que no podía pagarlo.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, expresó que “hoy, gran parte de nuestros empleados públicos vieron reflejado en sus cuentas bancarias el depósito directo de su Bono de Navidad. Otros lo verán reflejado mañana (jueves) al igual que los que cobran en cheques. El gobernador ha instruido a las corporaciones públicas a hacer ajustes para pagar este derecho que es parte del salario de nuestros trabajadores”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresa Fuentes, comentó que “el desembolso de $85.3 millones se debe al esfuerzo en las agencias del Gobierno para los ajustes fiscales y por las eficiencias que reflejan un alza en los recaudos. Esto, sin que se afecte el presupuesto y el Plan Fiscal. Así también, es un impulso para la economía y sociedad en esta época que une a todos los puertorriqueños”.

Según alegaron, varios líderes sindicales expresaron su apoyo al gobernador y manifestaron que lo ayudarán a dar otras batallas frente a la junta de control fiscal. Entre ellos está Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO); Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños; Héctor Reyes, presidente de la U.I.T.I.C.E.; el doctor Héctor Benítez, presidente de la Unión de Médicos de la Corporación Fondo del Seguro del Estado; Astrid Rosario, presidenta de Unión de Puertos; Gregorio Matías, vicepresidente de Policías Organizados y Adalberto Vega Vélez, presidente de la Central Auténtica de Trabajadores.