Ante el Supremo querella ética contra presidenta del Negociado de Telecomunicaciones

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López. (Juan J. Rodríguez/CB)
La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Sandra Torres López. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), Sandra Torres López enfrenta una querella ética ante el Tribunal Supremo por presuntamente violar el Código Anticorrupción al solicitarle a un empleado la venta de taquillas para un evento de recaudación de fondos en horas laborables.

El nuevo escándalo que sacude a la presente administración a cargo de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced fue revelado el martes en el programa de Jay y sus Rayos X (Telemundo) cuando el propio exempleado de Torres López relató el pedido que le hiciera la funcionaria en el verano del 2018 de venderle unas taquillas para un evento en beneficio del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Caribbean Business en Español obtuvo el miércoles copia de la querella ética que pesa en contra de Torres López ante el Supremo de Puerto Rico y que fue radicada el pasado 18 de octubre a las 2:27 p.m. por el exempleado de la actual presidenta del NET, Exel López Vélez.

“La presidenta me solicitó que pasara a su oficina y una vez allí me encargó una recaudación de fondos para la campaña a la reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares… Una vez llegué a mi casa procedí a mirar la lista y fue entonces que identifiqué que los contactos eran los propios regulados de la entonces Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones”, reza la declaración jurada.

Según el documento ante el Supremo, Torres López le entregó en su oficina a su empleado una lista de las compañías de telecomunicaciones con sus contactos para que fuese a donde esas respectivas personas y le vendiera una taquilla con un valor de $1,500 por persona para una actividad el 7 de junio de 2018 en la Urbanización Los Arboles en Montehiedra en la residencia #416 en la calle Boulevard.

“Procedí a llamar a la licenciada Torres López y le indiqué que no podría ayudarle con el encargo ya que entendía incorrecto solicitar dinero a entidades reguladas por la agencia. Me respondió que yo tenía un puesto de confianza y que para eso me había llevado a trabajar con ella. Al día siguiente la licenciada me llama a su oficina y me repitió que tenía que colaborar porque de lo contrario tendría que prescindir de mis servicios”, agrega el documento juramentado.

El exempleado precisó que acudió a las oficinas centrales de Claro, AT&T, entre otras compañías reguladas por el NET, para entregar las taquillas y que, una vez entregó los boletos en las mencionadas empresas, éstos se los devolvieron y rechazaron comprar las mismas.

“Procedí ir a la oficina de la presidenta y le notifiqué que no deseaba continuar con esas gestiones no oficiales y que ambas compañías habían declinado participar y además había pasado un mal rato al devolverme las taquillas. Se molestó y desde su celular llamó al presidente de Claro de Puerto Rico, el Sr. Enrique Ortiz de Montellano y le dijo que eso era una actividad del gobernador y que tenía que ponerle las taquillas. Sucedió exactamente lo mismo con el Sr. Flores de AT&T. A través de contratistas logró vender suficientes taquillas. Pero en su mayoría fueron a regulados que aparecen en el anejo y formarán parte de la evidencia”, precisa la declaración jurada.

Asimismo, la declaración jurada establece que al mismo evento de recaudación de fondos en beneficio de Rosselló Nevares participaron varios de los contratistas del NET como: Perfect Cleanning, Aireko, la asesora legal externa, Miriam Toledo, el asesor en Asuntos Legislativos, Eduardo ‘Tito’ Laureano y la contratista en servicios administrativos, Carmen Carro.

“A mi mayor entender los actos de la licenciada y exjueza Sandra E. Torres López, de poder e influencia, son un mal uso intencional de la prominencia de su cargo para adelantar sus intereses personales y un intento para conseguir una ventaja ilegítima mediante una posible venta de influencia entre otros posibles delitos y violaciones al Código de Ética de los Abogados”, puntualiza el exempleado de Torres López.

Torres López asegura que nunca ordenó la venta de taquillas

La presidenta del NET, Sandra Torres López aseguró el martes en el programa de Jay y sus Rayos X (Telemundo) que las alegaciones de su exempleado son falsas e indicó que próximamente responderá al Supremo la querella ética que pesa en su contra.

“Es totalmente falso. Esa lista es una que yo tengo en mi oficina que se utilizó dos días antes del huracán María. Soy muy respetuosa de los Cánones de Ética, fui juez y llevo 40 años en la práctica y es la primera vez en mi vida que me encuentro en una situación como ésta. Este caballero tenía un problema de asistencia e iba a ser despedido. Luego cometió unos actos que están bajo investigación por la Policía de Puerto Rico. Esta persona iba a ser despedida. Las alegaciones son completamente falsas”, sostuvo Torres López.




Director de Junta de Retiro rechaza alegaciones sobre posibles incumplimientos de Alight Solutions Caribe

El administrador del Sistema de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. (Suministrada)
El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez. (Suministrada)

El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez rechazó el jueves las alegaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) sobre posibles incumplimientos de la compañía Alight Solutions Caribe Inc., en la radicación de informes anuales y certificado “Good Standing” para contratar con la agencia. 

El pasado 28 de septiembre de 2018, se publicó un proceso de solicitud de propuestas (RFP 2018-001), para solicitar que compañías interesadas en administrar el Nuevo Plan de Contribuciones Definidas, sometieran sus propuestas. Entre los postores, la Junta de Retiro, seleccionó la compañía Alight Solutions Caribe Inc. 

“El proceso se inició, al amparo de lo dispuesto en la Ley Número 106 del 23 de agosto de 2017, Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos. La selección de la Compañía se llevó a cabo a través de un riguroso proceso de evaluación y con una visión de absoluta transparencia. Tan es así que ninguno de los licitadores impugnó o cuestionó el proceso de selección a pesar de tener el derecho para hacerlo”, explicó Collazo en una comunicación escrita. 

El funcionario alegó que la compañía cuenta con un certificado de “Good Standing” debidamente emitido por el Departamento de Estado. De igual forma, alegó que al momento de someter su propuesta, uno de los documentos que anejaron a la misma, fue el certificado de “Good Standing” debidamente emitido por el Departamento de Estado. Además, el director ejecutivo dijo que es falso que la compañía haya enviado algún tipo de comunicación a los empleados públicos y que desconoce la procedencia de dichas alegaciones. 

El titular de Retiro alegó también, que el pasado 29 de junio la Junta de Control Fiscal (JCF), luego de solicitar documentación e información concerniente al proceso de selección, dio el visto bueno para que la Junta de Retiro consumara la contratación con Alight. 

“La JCF ya dio su debida aprobación para que la Junta de Retiro pueda proceder a firmar el contrato con Alight. Al día de hoy no hemos firmado el contrato ya que estamos en espera de las correspondientes autorizaciones de la OGP y la Secretaría de la Gobernación para formalizar la contratación”, dijo Collazo Rodríguez. 

“Algunas de las razones primordiales para seleccionar a Alight es que dicha compañía fue la única en contar con presencia física en la isla, esto, desde 1990. Además, fue el licitador más económico, están familiarizados con Puerto Rico y cuentan con el personal bilingüe capacitado para realizar una implementación rápida y exitosa”, finalizó.

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gersón Guzmán López denunció el miércoles que la compañía seleccionada por el gobierno para administrar el Sistema de Retiro de cerca de 110,000 empleados de gobierno central, Aligth Solutions Caribe Inc., no cuenta con el certificado de “Good Standing” emitido por el Departamento de Estado desde el 2013.

Según el documento emitido por el Departamento de Estado y en poder de la UGT, Aligth Solutions Caribe Inc, no cuenta con un certificado de cumplimiento desde el 2013 ya que no han cumplido con la radicación de los informes anuales ni con las certificaciones de auditoría de la compañía.

El presidente de la UGT señaló que el pasado mes de julio empleados de varias dependencias gubernamentales recibieron una carta solicitando información personal de los empleados para esta nueva compañía que administraría su retiro.

“A nuestros representados les levantó gran inquietud y cierto grado de desconfianza el entregarle información sensible a una compañía que no saben quiénes son. A raíz de esta preocupación de nuestros unionados, nos dimos a la tarea de investigar, dentro de nuestros recursos, quienes son Alight Solution Caribe Inc y descubrimos que no cuentan, desde el 2013, con el “Good Standing” del Departamento de Estado”, dijo Guzmán López en comunicación escrita.

El líder sindical cuestionó el proceso por el cual se le permitió a, Aligth Solutions licitar y recibir contratos por parte del Gobierno a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por el el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico y añadió que el contrato de Aligth para administrar el retiro de los empleados no es el primer contrato que recibe del Gobierno, ya que en septiembre de 2018, la exdirectora de ASES, quien está siendo investigada en el foro federal por fraude, Ángela Ávila Marrero, le otorgó a Aligth un contrato por $16.5 millones, para entre otras cosas, crear un “call center”.

“¿Cómo es posible que una compañía que está incumpliendo con el Departamento de Estado desde el 2013 pueda participar de una subasta y recibir contratos? Porque este sería el segundo contrato de Aligth con el Gobierno. ¿Será casualidad que justo cuando acaba el contrato de Alight Solutions con ASES le otorgan el de administrar el Sistema de Retiro? ¿Quiénes están detrás de Alight Solutions? ¿Recibieron trato especial para licitar y obtener contratos aun estando en incumplimiento con el Departamento de Estado?”, increpó Guzmán López.

El presidente de la UGT añadió que al día de hoy se desconocen los términos del contrato de Alight Solutions con el Sistema de Retiro, pues dicho contrato aún no ha sido entregado a la Oficina del Contralor y el término para su entrega venció el pasado mes de agosto. Se desconoce a totalidad dónde está el contrato y cuáles son los términos y la cantidad de dinero por el que fue otorgado.

Por otra parte, Guzmán López expresó que en mientras investigaban el desarrollo Alight Solutions encontraron que en una compañía antecesora a Alight, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, fue su presidente del 2000 al 2001.

“Nos levanta mucha suspicacia el que esta compañía, Alight Solutions, fuera contratada para manejar el Sistema de Retiro por una cantidad de dinero que desconocemos, que ya obtuvo un contrato de 16.5 millones en ASES y que también podría tener vínculos con el presidente de la Junta, Carrión III”, agregó Guzmán.

El líder gremial exige se explique cómo fue el proceso por el cual Alight Solutions fue contratada y la razón por la que se seleccionó a pesar de no cumplir con el Estado.

“Mi posición como como representante de sobre 8,000 empleados del gobierno central, cuyas aportaciones podrían estar asignadas a la administración de Aligth, es que se explique y aclare el proceso por el que esta compañía fue seleccionada sobre las demás que participaron y por qué se le han otorgado contratos millonarios a una compañía que no cumple con el Departamento de Estado”, concluyó.




Turismo reacciona a alegaciones sobre plazas vacantes en Juegos de Azar

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos. (Suministrada)

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos reaccionó a las declaraciones emitidas por el senador Aníbal José Torres y el representante Ángel Matos, en relación con la convocatoria para la contratación de inspectores de la División de Juegos de Azar. 

“El récord sobre las convocatorias 2019-01 y 2019-02 publicadas por la CTPR no tan solo se han realizado en estricto apego a la ley, sino que también cuentan con las debidas aprobaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)”, expresó Campos en declaraciones escritas. 

“Por diversas razones, incluyendo transición voluntaria, fallecimiento y oportunidades de crecimiento profesional, durante los pasados dos años, una cantidad considerable de empleados de carrera que cumplían estas funciones se han retirado del servicio público. Esta fractura organizacional provocó el aumento de costos de tiempo extra conforme a la obligación expuesta anteriormente”, dijo la funcionaria. 

De acuerdo con Campos, con el fin de procurar la disminución en pagos de horas extras, a mediados del 2018 se solicitó a la OATRH la autorización para emitir las convocatorias para cubrir la necesidad de los puestos de supervisor de juegos de azar e inspectores de juegos de azar. La OATRH respondió solicitando que, al hacerse, se cumpla con el Memorando OSG-2018-001, el cual establece los requisitos necesarios para la emisión de convocatorias, dentro de los cuales es indispensable la autorización de la OGP y la aprobación del borrador de convocatorias por la OATRH. 

Agregó que en marzo de 2019, la CTPR sometió formalmente el planteamiento para la autorización de ocupar estos puestos ante la OGP, conforme a la Ley 8-2017 y cartas circulares, el cual fue aprobado en junio 2019. Habiendo obtenido aprobación de OGP y OATRH para la emisión y publicación de las convocatorias, se procedió a publicar el proceso transparente de contratación. 

La aprobación para cubrir dichos puestos y la autorización para la publicación de las convocatorias, fueron solicitadas mucho antes de la aprobación de la Ley 81 el 28 de julio de 2019, e incluso, mucho antes de la presentación del proyecto de ley. 

Sobre la autoridad de la CTPR para actuar como corporación pública en estos menesteres, Campos indicó, “la Ley de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) requiere que se certifique que la CTPR está lista para consolidarse previo a convertirse en la Oficina de Turismo. Sus obligaciones, personalidad jurídica y deberes ministeriales se encuentran inalterados. A su vez, la Ley que crea la Comisión de Apuestas también contempla un periodo de transición y dicha entidad no se encuentra operacional aún.” 

De otra parte, sería irrazonable pensar que, aún cuando no se ha convocado formalmente a la Junta de la Comisión de Juegos de Azar y la Asamblea Legislativa debe evaluar los nombramientos del Director Ejecutivo de la Comisión y dos de los miembros de la Junta, se pretenda detener todos los procesos comenzados en respuesta a la ejecución y operación de nuestras salas de juegos, las cuales generan ingresos importantes para la industria turística, como para el Gobierno de Puerto Rico. 

En cuanto al alegato de que estos puestos fueron realizados con el propósito de ajustar los perfiles, la CTPR confirma que ambos puestos cumplen con los perfiles aprobados por la administración durante los años 2005-2008 en su plan de clasificación conocido como el Nuevo Turismo.

Los legisladores alegan que el puesto de supervisor de inspector de juegos de azar conlleva un salario de 4,190 dólares y que los requisitos son menores que el puesto de sus supervisados, sin embargo las respectivas convocatorias publicadas establecen unos requisitos mayores para los supervisores, según el perfil del puesto aprobado. Conforme a los parámetros establecidos en la Ley 8-2017, estos puestos deben estar disponibles para empleados de carrera de otras agencias que reúnan los requisitos. 

“Es por esto que, las convocatorias de supervisor de inspectores establecen un rango entre 2,670.00 a 4,190 dólares en los casos antes mencionados. No obstante, se desprende de la solicitud original presentada a la OGP y la OATRH que los inspectores de juegos de azar (empleados de carrera ya activos) que reúnan los requisitos, pueden solicitar el puesto convocado para así darle la oportunidad de crecimiento a estos y maximizar los recursos existentes”, finalizó.

Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres y Ángel Matos García, denunciaron el lunes que “estas plazas son legalmente nulas, ya que al convertir a la Compañía de Turismo en una oficina del  Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y pasar la división de Juegos de Azar a la Comisión de Juegos del gobierno de Puerto Rico, el poder de nombramiento recae en el DDEC o en la Comisión de Juegos”.

Indicaron que la CTPR y su División de Juegos de Azar desaparecieron con el plan de reorganización del DDEC, con lo que el esfuerzo de turismo pasa a una oficina y la División de Juegos de Azar pasa a consolidarse en la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, al firmarse la Ley 81 de 2019.

“Resulta totalmente incomprensible que se creen dos plazas de Supervisor de Inspectores de Juegos de Azar con un salario de 4,190 dólares y que los requisitos del puesto sean inferiores al personal supervisado. Son dos plazas ‘a la medida’ creadas por el director de recursos humanos, Giovanny Narváez, como parte de una toma de asalto de la Oficina de Turismo, ante la falta de liderato de su directora, que no hace nada ante los señalamientos de que Narváez es un intocable protegido por sus influencias en las altas esferas del PNP”, alegó Matos García.

“Al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, a la gobernadora Wanda Vázquez y a la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy, le solicitamos que investiguen estas plazas ilegales y las querellas de abuso de poder en la Oficina de Turismo”, finalizaron.




Wanda Vázquez asegura quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) y posible gobernadora, Wanda Vázquez Garced alegó el viernes que quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades que le impediría asumir ese cargo cuando se concrete la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes, 2 de agosto.

“Nuevamente continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.

“Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, insistió.

Indicó que la secretaria de Justicia tiene una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no puede ventilar las mismas públicamente.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, finalizó la secretaria.

Accede las publicaciones de “En blanco y negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2K4Dd3f y https://bit.ly/2JVUih0 .




Secretaria de Justicia rechaza alegaciones que le impedirían sustituir a Rosselló Nevares

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. (Archivo/CB)
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. (Archivo/CB)

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, rechazó categóricamente el jueves alegaciones de que pudo haber cometido algún acto indebido, lo que la inhabilitaría para ser la sucesora del saliente gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Se refirió a información divulgada en el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto, que indica que ésta no puede ser gobernadora “por ser coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder de Ricardo Rosselló”.

“En cuanto a una información de un referido que hizo el licenciado Raúl Maldonado sobre alegadas irregularidades en la industria del cannabis, la misma fue referida como corresponde a la Oficina de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y actualmente dicho asunto se encuentra bajo investigación activa en el Departamento de Justicia”, dijo Vázquez Garced en expresiones escritas.

Sobre otro asunto mencionado en el artículo que se refiere a un segmento de una conversación con el entonces secretario de la gobernación, la funcionaria dijo que “la misma pretende ser interpretada de manera errada e incorrecta”.

“Durante nuestra carrera en el servicio público, hemos demostrado que hemos trabajado de manera íntegra y honesta en beneficio del pueblo. Las interpretaciones publicadas hoy corresponden a ataques viciosos que pretenden atacar nuestra integridad. La interpretación que se le ha dado a estos asuntos es falsa y difamatoria”, finalizó.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres dijo en una comunicación escrita que “corresponde a la secretaria de Justicia, y posible próxima gobernadora, explicar con total transparencia sus comunicaciones e intervenciones en este y cualquier otro asunto que surja. Tiene que explicar satisfactoriamente por qué debe detenerse la investigación ética ordenada por la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, teniendo en cuenta que sustituye a un gobernador que tuvo que irse precisamente por ignorar principios básicos de ética”.

Mientras, también en declaraciones escritas, el senador popular por acumulación, José Nadal Power cuestionó el apoyo de la comisionada residente, Jenniffer González a Vázquez Garced y añadió que se comunicará con sus compañeros de la delegación del PPD en el Senado, “para que comencemos una evaluación del contenido de la información divulgada sobre la secretaria de Justicia y determinar los pasos a seguir para que la misma sea investigada lo antes posible por el Senado y autoridades con jurisdicción”.

Vázquez Garced dijo que “de ser necesario” está dispuesta a ser la gobernadora que sustituya a Rosselló Nevares, quien la noche del miércoles anunció el inicio de un proceso de transición que culmina el viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde con su renuncia.

Accede la publicación de “En Blanco y Negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2ZbVUrR .




Industriales solicita al gobierno que atienda con rapidez alegaciones de corrupción en agencias

El nuevo presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, ofrece su mensaje de aceptación durante la asamblea anual de la organización. (Suministrada)
El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Carlos Rodríguez. (Suministrada)

El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rodríguez, solicitó al gobierno que atienda con rapidez alegaciones de corrupción en las agencias porque se está impactando negativamente el cabildeo del grupo en Washington para obtener incentivos para la isla.  

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y otros entes gubernamentales locales y federales están a cargo de investigar alegaciones de corrupción en distintas agencias y Rodríguez instó a que las mismas continúen su curso. “Pero el asunto debe ser atendido con inmediatez ya que extenderlo sin la debida atención corroe nuestra percepción internacional como país de ley y orden”, dijo.  

El sector privado y particularmente la AIPR, continúa con el cabildeo en la capital federal con el fin de promover la competitividad de nuestra isla mediante ciertos incentivos y asistencias federales. “A la misma vez, trabajamos para promover la inversión internacional en la isla. Noticias como esta afectan nuestra credibilidad como país y hacen nuestro trabajo mucho más arduo”, dijo Rodríguez.

Esta mañana, el gobernador Ricardo Rosselló ofreció una conferencia de prensa para reafirmar su integridad luego que Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier lo acusara de pedir que se alteraran unos informes de auditoría de “Unidos por Puerto Rico”, entidad que brindó ayuda a los damnificados del huracán María, para no afectar a la primera dama, Beatriz Rosselló.

Las alegaciones de Maldonado Nieves se produjeron luego de que Rosselló le pidiera la renuncia a Maldonado Gautier, quien también era el principal oficial financiero de la isla y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por éste alegar que en el Departamento de Hacienda existía una mafia institucional que estaba siendo investigada por el FBI.

Rosselló alegó que Maldonado Gautier nunca le informó sobre el asunto y que le perdió la confianza. De otra parte, también renunció la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, y se rumora la posible renuncia del secretario de Salud, Rafael Rodríguez.




Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional

Agentes federales llevaron a cabo un allanamiento el miércoles en el Banco San Juan Internacional, según se informó.

Informes detallan que la institución está ubicada en el área de San Patricio en Guaynabo y que el allanamiento es por un alegado esquema de lavado de dinero.

En la intervención colaboran agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según Douglas Leff, agente especial del FBI, el allanamiento se debe a que el Banco ha llevado a cabo transacciones económicas con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela. “Es un caso potencial de lavado de dinero”, sostuvo.

En el allanamiento se esperan ocupar documentos y computadoras que sustenten las alegaciones.

Entretanto, el principal oficial financiero del Banco San Juan Internacional, Héctor Vázquez Muñiz, rechazó enérgicamente las referencias que los medios han realizado contra la institución bancaria durante el allanamiento que hiciera el FBI.

“Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”, indicó la institución bancaria en declaraciones escritas.

“El Banco confía en que ha cumplido con todas las sanciones de los Estados Unidos contra individuos venezolanos y entidades relacionadas con el gobierno”, añadió.

“Nosotros rechazamos cada una de las imputaciones que se han hecho en los medios de comunicación y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en el requerimiento de cualquier otro tipo de información que se haga, producto de la investigación que están realizando”, expresó Vázquez Muñiz.

“Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación y la que nosotros le podamos proveer, toda esta lamentable situación será aclarada”, concluyó Vázquez Muñiz.




Departamento de Justicia inicia pesquisa contra alcalde de Vieques

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que notificó el viernes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que el Departamento de Justicia realizará una investigación preliminar por alegaciones en contra del alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineau.

Según se informó en un comunicado, el 19 de enero pasado, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia recibió un referido acompañado por la Resolución número 4 de la Legislatura Municipal de Vieques, en el cual se solicita la renuncia del Alcalde por su supuesta inacción y negligencia en el manejo de la emergencia surgida tras el paso del huracán María por la isla municipio.

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Luego de la evaluación del referido, se determinó realizar una investigación preliminar de las alegaciones, según dispone el inciso 4 del Artículo 8 de la Ley de la OPFEI, para entonces determinar la existencia o no de comisión de delito.

“La ley 2 del 23 de febrero de 1988 que crea la OPFEI dispone que en los casos de funcionarios como los alcaldes, compete al Departamento de Justicia realizar una investigación preliminar. Hoy en el Departamento de Justicia damos cumplimiento a la disposición legal que exige la notificación al OPFE por entender que el referido contiene información que, a nuestro juicio, constituye causa suficiente para investigar preliminarmente al Alcalde de Vieques”, explicó la secretaria de Justicia.