Alegan ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico está en niveles críticos

(Photo Mix/Pixabay)

La situación de las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico está en niveles críticos, con grandes repercusiones para la sociedad puertorriqueña, contrario al panorama que pintan las cifras oficiales, reveló el miércoles un análisis de la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ante la alarmante cifra de personas que enfrentan la posibilidad de perder su vivienda este año, la entidad presentó en el Colegio de Abogados un “protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos”.

Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), explicó que “la crisis no afecta a todas las personas por igual. Sufren tanto personas como entidades, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así. Tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”. La crisis se ha exacerbado pese a que los bancos otorgaron moratorias en los pagos.

“El huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población. En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día. Este año, solo en los dos primeros meses (enero-febrero 2019), 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear este protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó la abogada Godreau-Aubert.

La directora ejecutiva, junto a los abogados Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la UPR, y Tania Morales Cruz, analista de Políticas Públicas de ALPR, revelaron que las cifras reales trascienden las que publica la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que no incluye los casos en el tribunal federal de quiebra.

La organización analizó todas las cifras de: hipotecas con más de 90 días de atraso; quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras, propiedades en subasta, en ejecución, sometidas al tribunal federal, y en moratoria de pagos. Todos los casos totalizan más de 250,260 viviendas en riesgo.

“Los datos oficiales no lo dicen todo”, afirmó Ramos. “Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como reverse mortgage.”

Ramos explicó que se esperaba un aumento en el 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.

Los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población, indicaron los abogados. “Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés; la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau.

La organización declaró esta crisis como una “emergencia nacional” por estimar que más de un 25% de la población o sobre 750,000 personas, están afectadas. Subrayaron que son más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución.

Existen opciones

El “protocolo de primeros auxilios” de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.

“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan. Especialmente, nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indica el documento del protocolo confeccionado por Ayuda Legal Puerto Rico.