Autoridad del Distrito de Convenciones defiende desarrollo en Navy Frontier

La directora del Distrito de Convenciones, Noelia García se expresó dispuesta a evaluar distintas alternativas para garantizar la operación efectiva de las empresas que hoy operan desde el Navy Frontier en Puerta de Tierra, pero aseguró que la mentira no puede ser parte del proceso. 

En entrevista con Caribbean Business, García aseguró que personalmente se reunió con el grupo de navieros que se opone al desarrollo de propuesto por BU Harbor en el muelle Navy Frontier cuando escuchó que ellos tenía preocupaciones con el desarrollo.

“Ahí hay dos inquilinos de Puertos. Puertos está haciendo unos análisis para identificar dónde pueden ubicar estos inquilinos. Pero las mentiras no están bien. Yo escuché que ellos tenían una incomodidad y yo los cite aquí para atender sus preocupaciones. ¿Porqué? Porque yo no puedo, por querer desarrollar, y querer mayor conectividad y maximizar la experiencia del crucero y maximizar el consumo de los cruceristas y de los visitantes, pasarle por encima a la industria de transporte marítimo”, dijo García. 

Sostuvo que en la reunión se les explicó a los navieros, en términos generales, la legalidad del contrato con la empresa BU Harbor Partners desarrolladores de lo que se conocería como Harbor Village 

“El Distrito de Convenciones tiene la misión en ley de desarrollar todo lo que le llegue a las manos. No maximizar nuestros recursos va en contra de nuestra propia ley”, dijo García al sostener que desde el 2011, la Autoridad del Distrito tiene titularidad sobre la parcela del Navy Frontier a pesar de que los inquilinos que operan sus negocios desde ese lugar tienen como arrendatario a la Autoridad de los Puertos. 

La funcionario reveló que la Autoridad solicitó y le fueron aprobados fondos federales a través del programa federal CDBG para hacer el diseño de un paseo peatonal que conecte al Viejo San Juan, el Condado y Miramar con el área del Centro de Convenciones y como parte de ese desarrollo está establecer una zona de hoteles, viviendas, comercio y marina en los terrenos del Navy Frontier. 

Dijo que el contrato establece que la inversión del gobierno en el proyecto es el terreno donde se realizarán las obras mientras que el desarrollador invertirá cerca de $300 millones en el proyecto. Al final, el gobierno será dueño del 50% del proyecto. 

García admitió la importancia del servicio que prestan las compañías que operan desde el Navy Frontier para la operación marítima en la bahía. 

“Es imposible que ese servicio no se preste. Echarle combustible a los barcos y entrar los cruceros a la bahía es indispensable”, declaró. 

Según la funcionaria, Puertos, cuyo director ejecutivo Anthony Maceira renunció efectivo el viernes 8 de noviembre, les informó que identificó tres espacio para mover las operaciones y de las empresas que operan en el Navy Frontier y se encuentran realizando los estudios de viabilidad correspondientes. 

“En el último análisis, si no hay espacio (en otro lugar) esa (operación) tiene que ser la prioridad. Ahora, que si hay espacio para coexistir, pues claro que si. Hay tres espacios que se están considerando”, dijo García. 

Detalló que existe la posibilidad de que una de las empresas mantenga su operación en el Navy Frontier, sin embargo se evalúa que la operación de Harbor Bunkering se establezca en el muelle 16, la de los pilotos en el muelle al lado de Bahía Urbana, mientras que la operación de transbordo de vehículos podría ubicarse en el Army Terminal en Puerto Nuevo. 

García aseguró que la Autoridad de los Puertos estaría dispuesta a costear las mejoras que sean necesarias para hacer ese movimiento de Harbor Bunkering al muelle 16.  

“Todos debemos dar un poquito para lograr una meta en común. Yo paré mi proyecto, ya yo tengo los permisos de demolición pero lo detuve en espera de que Puertos les diga a dónde pueden mover”, destacó.  

El jueves varios navieros y miembros de la industria denunciaron que la Autoridad de los Puertos y el Gobierno de Puerto Rico podría dejar de recibir cerca de $9.4 millones anuales si se ejecuta el proyecto propuesto por la empresa BU Harbor Partners, para desarrollar un complejo residencial y comercial en el muelle que hoy se le conoce como el Navy Frontier en Puerta de Tierra.  

Fernando Rivera, vicepresidente de Harbor Bunkering y presidente del Comité Ad Hoc Navy Frontier en la Asociación de Navieros explicó que en ese muelle operan de forma ordinaria una compañía de lanchas piloto, la empresa Harbor Bunkering – que provee combustible a las embarcaciones, y una empresa que hace transbordo de vehículos de motor. Además, el muelle es utilizado por cruceros cuando los demás están ocupados con otras embarcaciones. 

“Si se detienen todas estas operaciones, el impacto a la economía sería de $9.4 millones”, afirmó Rivera.

Kenneth Díaz representante de San Juan Bay Pilot, dijo que por su localización dentro del canal San Antonio, el muelle es ideal para la operación de los pilotos ya que sus embarcaciones, imprescindibles para la operación marítima en la bahía, no están expuestas a las fluctuaciones de la marea. 

“Si estas embarcaciones no están en buenas condiciones y listas en puerto no entra un solo barco a la bahía, no porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que establece la tanto la Ley Marítima federal y estatal”, dijo Díaz.

Por su parte, Paul Colgan, gerente de Grupo Pérez y Cia, indicó que el negocio de transbordo de vehículos -que está recuperándose luego de haber prácticamente desaparecido en el 2010-  se vería afectado porque no hay otros lugares en el área de muelles de San Juan con capacidad adecuada para manejar esa operación. 

Colgan indicó que un barco de vehículos para la venta puede traer hasta 4,000 unidades que usualmente permanecen en el muelle por espacio de 7 días antes de que puedan ser transportadas en embarcaciones más pequeñas a otras islas del Caribe. En su mejor momento esta industria movió cerca de 54,000 vehículos en un año. 

“En este momento estamos empezando a recuperar ese negocio. Si no podemos usar este muelle ese recuperación se verá afectada”, dijo Colgan. 

El muelle Navy Frontier también opera como espacio para cruceros cuando los demás muelles de la bahía están ocupados con otras embarcaciones. 

“Este Comité exige que se trate este tema con absoluta transparencia, se revalúen todas las consideraciones sobre el impacto a la industria marítima; los impactos económicos, la logística y razonamiento para estas decisiones y, en consecuencia, se revierta el acuerdo alcanzado por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (PRCC)”, dijo Rivera. 

“Además solicitamos un examen riguroso sobre las falsas representaciones contractuales tomadas por la Autoridad de los Puertos en contrataciones con arrendatarios del muelle, y cualquier otro asunto en torno a las interioridades de esta negociación sin que se tomara en cuenta al sector comercial marítimo”, insistió. 

BU Harbor Partners es una empresa hermana de Interlink, desarrolladora de proyectos de usos mixtos y hoteles de lujo como el Sheraton del Centro de Convenciones y el St Regis Bahía Beach Resort en Río Grande. 

Bruno Calenda, presidente de Cruise Plus Services & Tours resaltó que a solo pasos del Navy Frontier está el Club Náutico de San Juan y la marina San Juan Bay, utilizadas solo en un 70% de su capacidad la mayor parte del año. 




Gobernadora le pide renuncia a Anthony Maceira en Autoridad de Puertos

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced Informó el miércoles que aceptó la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, según le fuera solicitada.

Fuentes de CB en Español indicaron que la gobernadora le pidió la renuncia a Maceira, quien hasta el verano se desempeño como secretario de Asuntos Públicos del gobierno y director de Puertos, a finales de la semana pasada.

Las fuentes indicaron que la mandataria no estaba conforme con la gestión del funcionario.

En una carta a la Federal Maritime Commission, hace un mes, Vázquez Garced consignó su desaprobación a la inacción de Puertos para asegurar el mejor uso del puerto de carga en Puerto Nuevo.

Maceira, confirmó en vistas públicas, que ni el ni el entonces gobernador Ricardo Rosselló cuestionaron la intención de Puerto Nuevo Terminals de fusionarse con la empresa Luis Ayala Colón, lo que provocaría un peligroso oligopolio en el principal muelle de carga del país.

La Autoridad de Puertos anunció hace unas semanas que ya escogió al proponente preferido para operar y manejar los muelles de crucero a través de una alianza público y privada. Y tan reciente como este lunes, informó un acuerdo con Ferries del Caribe para la construcción de un nuevo muelle de cruceros y carga en los muelles 15 y 16 en Miramar.

Según la fuente, al conocer del acuerdo con Ferries del Caribe, la mandataria pidió a Maceira detener todas sus acciones y presentar su carta de renuncia.

“Agradezco al licenciado Maceira por sus servicios y le deseo el mayor de los éxitos en sus gestiones futuras”, expresó la primera ejecutiva en declaraciones escritas.

La renuncia será efectiva el 8 de noviembre, según indicó la mandataria.

En una entrevista con el periódico El Vocero, Maceira indicó que tiene varias ofertas de trabajo “con asociaciones internacionales de aviación con sus conocimientos en privatización y gestión de proyectos”.

“Me voy del gobierno preocupado y frustrado por la dificultad que existe en Puerto Rico para hacer negocios. Puerto Rico necesita inversión y necesita inversión privada… Cuando entré al gobierno me quería comer el mundo y hacer mil cosas, pero me encontré con toda una burocracia y muchas paredes que complican el trabajo de las agencias. Estas son cosas que me preocupan, me frustran”, sostuvo Maceira en dicho medio.

Maceira es el último de los 12 integrantes de la controvertible “chat de Telegram”que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló.




Rosselló Nevares realizará nombramientos a su gabinete

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. (Archivo/CyberNews)
El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. (Archivo/CyberNews)

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira dijo el viernes que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizará nombramientos a su gabinete.

“Como parte de la agenda, el gobernador también está finalizando detalles relacionados a nuevos nombramientos en su gabinete, que se producirán en las próximas horas“, detalló Maceira en declaraciones escritas.

Mencionó que Rosselló Nevares sostiene desde la mañana reuniones con su equipo, en particular relacionadas a asuntos de política pública.

“Esta mañana sostuvo reunión con su comité ejecutivo de gobierno, para discutir asuntos pendientes como el pre retiro, órdenes ejecutivas en el tintero entre otros”, dijo.

“En este momento se encuentra discutiendo con este servidor, así como con el secretario de Política Pública, licenciado Phillipe Mesa, algunas medidas que están pendientes de evaluación tras finalizar la sesión. La evaluación consiste en la posibilidad de convertirlas en proyectos de ley o de impartir vetos. Esa evaluación debe estar produciendo resultados en los próximos días”, añadió.

Detalló que el primer ejecutivo tiene una reunión con su equipo fiscal, entre ellos el asesor legal de La Fortaleza, licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez, el secretario de la Gobernación, licenciado Ricardo Llerandi, el subsecretario, licenciado Erik Rolón, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, el secretario de Desarrollo Económico, ingeniero Manuel Laboy, la licenciada María Palou, entre otros.




Fortaleza ordena cancelación de contratos con BDO tras pesquisa federal

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira confirmó el jueves que se ordenó la cancelación de contratos con la empresa de contabilidad y auditoría BDO, como consecuencia de una pesquisa federal.

Informes de prensa apuntan a que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) investigan el proceso de contratación en el Departamento de Educación (DE), en el Departamento de Hacienda (DH) y en la Administración de Seguros de Salud (ASES). La información apunta a que estas tres agencias habrían tenido contratos con la empresa.

“Se le instruyó a las distintas agencias y así se ha empezado a hacer, que vayan cancelando los contratos con esta empresa que no afecten la operación o la culminación de trabajos esenciales”, dijo Maceira en entrevista radial (WKAQ).

Detalló que algunos contratos serán cancelados y otros no serán renovados al vencer el próximo 30 de junio.

Asimismo, el funcionario dijo que se ordenó a la Oficina del Inspector General (OIG) una auditoría de los contratos con esta empresa. Además, confirmó que se han recibido varias solicitudes de información sobre la contratación de esta empresa y que harán los referidos a las agencias pertinentes si se confirman que hubo violaciones de ley.

“Esto es una firma grande, respetada, reconocida que trasciende administraciones. Tan pronto advinimos en conocimiento, lo primero fue la instrucción a las agencias que tenían que colaborar y brindar toda la información que le fuera requerida”, sostuvo Maceira.

Entretanto negó versiones de que el secretario del DH, Raúl Maldonado vaya a salir de su cargo.  

Por su parte, el designado secretario en propiedad del DE, Eligio Hernández afirmó el jueves que en esa agencia están cooperando con la investigación federal. “Nosotros hemos estado cooperando con toda investigación, con toda la envergadura y todos los requerimientos que estimen las entidades federales. Todo el personal del Departamento de Educación debe estar disponible para atender las peticiones de investigación”, dijo Hernández en una entrevista en la misma emisora.

Sin embargo, dijo que por el momento, los contratos de BDO con el DE están vigentes hasta el 30 de junio.

Entretanto, el principal oficial financiero y secretario del DH, Raúl Maldonado expresó en declaraciones escritas que “en el Departamento de Hacienda se ha pedido información por parte de las autoridades federales que no podemos abundar sobre la empresa que se menciona y la cual ya no tiene contratos, tras la orden de la oficina del CFO para la cancelación el pasado 10 de mayo de los contratos que están bajo la oficina del CFO. Le corresponde a las autoridades pertinentes emitir cualquier declaración de su propósito o alcance”.

Agregó que al momento, no tienen información de si algún empleado de la agencia ha sido entrevistado por las autoridades federales.

Entretanto, la Oficina de la Inspectora General de Puerto Rico (OIG) confirmó que recibió por parte del secretario de la gobernación, un referido solicitando la intervención de la agencia sobre los contratos que mantiene el gobierno con la firma de consultoría y contadores públicos autorizados, BDO.

“El asunto fue referido al Área de Asuntos Legales para el análisis correspondiente a tenor con la jurisdicción que nos concede nuestra Ley Habilitadora. El resultado de nuestra intervención será divulgado oportunamente”, dijo la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera en declaraciones escritas.

“Reiteramos el compromiso y deber ministerial de la oficina en promover una sana administración y velar por el buen uso de los fondos del estado”, agregó.




Gobierno alega no va a acatar acuerdo de retirados con la junta fiscal

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino rechazaron el miércoles que el gobierno vaya a acatar el acuerdo del Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.

“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.

“Ante esto, nuestra postura es clara: no accederemos a ningún recorte de pensiones y exhortamos a los distintos grupos de interés que no se dejen engañar ni intimidar por la Junta de Control Fiscal”, agregó.

Según informó el COR, con el acuerdo tentativo con la JCF se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por el ente federal en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.

El exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.

“Los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas 100 millones de dólares al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico”, señaló Maceira.

Asimismo, dijo que hablar de la insolvencia de los Sistemas de Retiro para justificar cualquier medida que atente contra los pensionados será rechazada en cualquier foro al que tengan que acudir. Desde el 2017 el sistema para el pago de pensiones es ‘PayGo’, una obligación del fondo general y no del fondo de retiro, el cual fue quebrado por pasadas administraciones.

“Ante este escenario, debemos reiterar que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es una de cero recortes. Del mismo modo, repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, reiteró el funcionario.

Por su parte, Sobrino dijo en declaraciones escritas que “este acuerdo entre la JCF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.

“Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados”, agregó.




Johnny Méndez insiste en compromiso de traspasar el aeropuerto de Mayagüez al municipio

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a la representante por el Distrito 19, Maricarmen Mas Rodríguez, reiteraron el viernes el compromiso con el traspaso de la titularidad del aeropuerto regional Eugenio María de Hostos al Municipio de Mayagüez.

“Respetamos la posición tomada por el Secretario de Asuntos Públicos, el amigo Anthony Maceira, pero para nosotros el traspaso del aeropuerto Eugenio Maria de Hostos a mano del Municipio es parte del compromiso que tenemos con el desarrollo económico de la región oeste de Puerto Rico”, dijo el líder legislativo en comunicación escrita.

“Desde el principio hemos dialogado con el Presidente para hacer del aeropuerto de Mayagüez una facilidad viable y que se encuentre en manos del Municipio. Agradecemos el compromiso inquebrantable del Presidente de la Cámara para lograr estos objetivos que redundarán en beneficio para todos los que vivimos en la zona oeste de la Isla”, manifestó por su parte la representante por Mayagüez y San Germán.

Explicó que el aeropuerto Eugenio María de Hostos se encuentra certificado por las autoridades federales, particularmente la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), para el transporte de pasajeros y carga. El mismo está ubicado en el kilómetro 148.7 de la carretera estatal PR- 41 del barrio Maní en Mayagüez.

Mencionó que actualmente sirve como sede de aviación general y ofrece servicios de transportación con cinco vuelos diarios de itinerarios fijos en la ruta San Juan-Mayagüez, así como vuelos ‘charters’ y los llamados taxis aéreos. Esta instalación, junto al aeropuerto internacional de Aguadilla, Rafael Hernández, son la vena principal de comunicación aérea para los residentes y usuarios de la zona oeste de Puerto Rico.

Mas Rodríguez, quien presiden la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste ha realizado varias vistas públicas y ejecutivas relacionadas a la funcionalidad y capacidad de expansión de las operaciones en el aeropuerto regional de Mayagüez.

Entre las entidades que han presentado ponencias a favor de mejorar el aeropuerto se encuentran la Administración para Seguridad en la Transportación (TSA, por sus siglas en inglés), la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, el Municipio de Mayagüez, al igual que personas privadas con titularidad sobre pequeños hangares dentro de dicha instalación aeroportuaria, entre otros.




Firman acuerdo con Cuerpo de Ingenieros para diseño de mejoras al Puerto de San Juan

El comandante del Distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE por sus siglas en ingles), Coronel Andrew Kelly y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Anthony O. Maceira Zayas firmaron un acuerdo de asociación para avanzar a la fase de diseño del proyecto de Mejoras a la Navegación en el Puerto de San Juan.

“Hoy marca un hito importante para el Distrito de Jacksonville a medida que continuamos fortaleciendo nuestra relación con Puerto Rico”, dijo Kelly. “Esperamos trabajar con la Autoridad de los Puertos a medida que avanzamos en la fase de diseño de este importante proyecto”.

El proyecto de $54 millones mejorará el puerto al profundizar y ampliar los canales, acomodar el movimiento ahora y futuro de embarcaciones, resolver los problemas de restricción de navegación y presentar oportunidades para el desarrollo económico.

“Al ensanchar los canales existentes, este proyecto facilitará el que barcos más grandes de cruceros y de carga puedan entrar a la bahía de San Juan, lo cual es instrumental para la economía de Puerto Rico. Esto es crítico, ya que permitirá el traer mayores cantidades de gas natural licuado, lo que permitirá la implementación de soluciones energéticas costo-efectivas para un Puerto Rico más resiliente”, comentó Rosselló Nevares.

Maceira Zayas explicó además que al permitir que barcos más grandes entrar a la bahía de San Juan, este proyecto reduce el consumo de combustible y las emisiones que éstos producen.

“A través de este proyecto, los barcos de cruceros y de cargo también podrán entrar y salir de la bahía de una manera más eficiente, aumentando así la seguridad a través de toda la bahía de San Juan”, añadió Maceira 
Zayas.

Este acuerdo de diseño permitirá que USACE comience la fase de preconstrucción, ingeniería y diseño del proyecto. Se espera que el primer contrato de construcción se adjudique en el año fiscal 2021, sujeto a la disponibilidad de fondos. Los fondos federales para la fase de diseño se adjudicaron de acuerdo a la Ley de Asignaciones de Energía y Agua, Poder Legislativo y Construcción Militar y Asuntos de Veteranos de 2019, conocida como P.L. 115-244.

La Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, ha abogado por este proyecto y acogió con satisfacción la firma del acuerdo.

“Uno de los primeros asuntos que discutí con el Cuerpo de Ingenieros fue las mejoras a la Bahía de San Juan para permitir un mayor calado y así recibir embarcaciones de mayor capacidad, que a su vez aumentan la actividad económica en la isla,” expreso la comisionada. “Estas mejoras también ayudan a diversificar nuestro mercado energético permitiendo el tránsito de barcazas para LNG en la isla. Me complace que este proyecto esté avanzando como herramienta para nuestro desarrollo económico.”

Los costos del proyecto se comparten entre USACE, $40 millones y la PRPA, $14 millones, según la Sección 105 de la Ley de Desarrollo de los Recursos Hídricos de 1986. 

Para obtener más información sobre el proyecto de mejoras de navegación en el puerto de San Juan, visite http://www.saj.usace.army.mil/San-Juan-Harbor




Trump confirma renominará a los siete miembros de la junta de control fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó ayer su intensión de renominar a los siete miembros de la junta de control fiscal para que sean confirmados como dispone la Constitución estadounidense. La designación sería hasta que culmine el término actual que vence en agosto de este año.

La información la dio a conocer anoche la comisionada residente Jenniffer González en su cuenta de Twitter.

Aquí la nominación oficial del Presidente de los miembros de la Junta. Ahora pasarán al Senado para el proceso de confirmación. pic.twitter.com/ynZxmVdQKr— Jenniffer González (@Jenniffer2012) April 30, 2019

Esta mañana, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira reaccionó a la renominación destacando que “el nombramiento busca subsanar la incertidumbre jurídica causada por la decisión reciente del Tribunal Apelativo Federal para el Primer Circuito, mas no un endoso de lo que ha sido en múltiples ocasiones un manejo errado de la Ley PROMESA”.

Añadió que “exhortamos a que en el proceso de confirmación no medie la utilización de fondos públicos para cabildear a favor de la supervivencia de individuos que buscan permanecer en sus asientos. Sino, que se aprovechen para impulsar la agenda que busca atender las necesidades Puerto Rico. Lo contrario sería un malgasto de fondos públicos”.

Los miembros de la JCF son Carlos García; José Carrión, tercero, presidente; Andrew Briggs; David A. Skeel; Arthur González; José Ramón González y Ana Matosanto. La directora ejecutiva del ente es Natalie Jaresko, es una designación de la junta y no tiene que ir a confirmación.

Maceira planteó que en lugar usar fondos públicos para impulsar la renominación de sus miembros, ese dinero debe utilizarse para “alcanzar paridad en Medicaid y Medicare, lograr el 100 por ciento de paridad en categorías A&B de FEMA, recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de nuestra red eléctrica de manera más resiliente además  de conseguir los fondos necesarios para atender el Caño Martín Peña, la extensión del SNAP y otros incluidos en la agenda de la Administración Rosselló”.

Maceira explicó que “el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en que sean quienes sean los miembros de la Junta, deben respetar los límites de PROMESA y no interferir en las determinaciones de política pública del gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico”.

Por su parte, los mimebros de la JCF le dieron la bienvenida a la decisión de Trump, de renominarlos para que continúen en sus funciones bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016). De paso, agradecieron la renominación y dijeron esperan “continuar sirviendo luego del proceso de confirmación del Senado de los Estados Unidos”.

“Los integrantes de la Junta tienen un mandato claro: ayudar a que Puerto Rico pueda recuperarse del lastre de una deuda insostenible y de décadas de mala administración fiscal. La Junta de Control Fiscal ha renegociado gran parte de la deuda de Puerto Rico y confía en que logrará acuerdos adicionales próximamente. Asimismo, la Junta ha estado trabajando consistentemente en la implementación de planes fiscales y presupuestos balanceados a largo plazo. Los miembros de la Junta de Control Fiscal esperan continuar sirviendo a la ciudadanía de Puerto Rico como hasta ahora”, señalaron en declaraciones escritas.

Recientemente, 13 organizaciones conservadoras solicitaron a Trump la renominación de los integrantes del ente federal. El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston dio un plazo hasta 16 de mayo para mantener los nombramientos o designar nuevos miembros. A finales de diciembre del año pasado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no haría campaña a favor de los miembros de la JCF.




Gobernador pide la renuncia del presidente del Banco de Desarrollo Económico

Por María Miranda

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió la “renuncia inmediata” del presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (EDB), Luis Burdiel, al tiempo que solicitó al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que investiguen los hechos que provocaron la salida.

En un comunicado de prensa, el secretario de Asuntos
Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, informó el jueves por la noche que
el jefe de gabinete, Ricardo Llerandi, solicitó la renuncia a  Burdiel, quien también es el secretario de la
Autoridad de Financiamiento de la Vivienda.

Maceira dijo sin mayores detalles que “ante el panorama que nos atañe, estamos
solicitando a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez y a la directora
ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, que abran
investigaciones en sus respectivas agencias sobre la información recibida”.

Añadió que esta “administración
se ha destacado por la transparencia. Todo funcionario y jefe de agencias
instrumentales del Gobierno debe recordar que estamos sujetos al más alto
crisol y cualquier acción u omisión puede tener consecuencias”.

Burdiel no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Según información publicada hoy por un diario local (El Nuevo Día), La Fortaleza supuestamente también le pidió a Burdiel que antes de irse le pidiera la renuncia al director financiero de la BDE, Gilberto Hernández. La salida de ambos es efectiva mañana viernes.

Este medio supo que las circunstancias que rodean la salida de Burdiel están relacionadas a un préstamo otorgado por el BDE a una empresa en la que Hernández tenía interés. Según la fuente, Burdiel debió haber conocido de la situación pero no impidió la transacción.

A La Fortaleza llegaron documentos que aparentan evidenciar que ambos funcionarios no actuaron correctamente por lo que determinaron pedir la renuncia a Burdiel, pero antes de irse, debía despedir a Hernández. Dichos documentos son los que fueron referidos a Justicia y Ética Gubernamental.

Burdiel, quien fue nombrado en 2017, anunció esta semana la
aprobación de $ 1 millón para ayudar a crear empleos en las áreas rurales de la
isla. Los fondos fueron aprobados por la Oficina de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para ayudar al BDE a
invertir en la creación de empleos.

El movimiento de la administración se produce después de que
la exsecretaria de Educación Julia Keleher y el secretario de Seguridad Pública
Héctor Pesquera renunciaran a sus cargos a principios de este mes. Pesquera
dijo que quería pasar más tiempo con su familia, mientras que Keleher
inicialmente dijo que su tiempo en Educación había llegado a su fin, ya que
todos los proyectos que había planeado habían comenzado o estaban en marcha.

Keleher estaba programado para pasar a trabajar bajo un
contrato con la Agencia Fiscal de la Isla y la Autoridad de Asesoría Financiera
(Aafaf), pero renunció en unos días a su acuerdo de $ 250,000.

La decisión de Keleher se produjo en medio de informes de una investigación federal sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del Departamento de Educación mientras ella era secretaria.

Yanira Hernández Cabiya, colaboró en esta historia.




Fortaleza confirma renuncia de Julia Keleher y Héctor Pesquera

La secretaria de Educación, Julia Keleher.
(Juan J. Rodríguez/CB)

Dos de los secretarios mejores pagos en el gobierno, la secretaria de Educación, Julia Keleher y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera renunciaron a sus posiciones confirmó esta noche La Fortaleza a CB en Español.

Keleher, quien ha sido fuertemente criticada por la forma en que ha impuesto la reforma educativa, el cierre de escuelas y la creación de las llamadas escuelas alianza informó a diario El Nuevo Día que efectivo mañana martes, dejaría su puesto en Educación.

“Entiendo que es el momento por todo lo que Educación ha podido lograr, los seis pilares que tenemos identificados y el plan está listo para ejecutar, que se cerro una etapa y es momento de que llegue otro líder pueda coger las riendas del sistema y liderarlo en la segunda fase”, dijo Keleher en entrevista esta tarde a El Nuevo Día.

Poco después la información era confirmada por este medio con el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira.

De igual forma, el funcionario confirmó la renuncia del secretario Pesquera a la jefatura del Departamento de Seguridad.

Ambos funcionarios tuvieron dos años llenos de retos y controversias por las acciones tomadas en sus agencias como parte de su transformación.

Keleher tenía un salario de $250,000 y fungía como secretaria de Educación y como asesora por contrato para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), mientras que Pesquera ganaba $248,500 como secretario de Seguridad Pública.

Hace apenas unas semanas, Keleher había anunciando un plan presupuestario para llevar a las escuelas al nivel esperado que implicaba un aumento $1,200 millones en el gasto de la agencia. Actualmente, la agencia recibe unos $1,500 millones en fondos estatales, partida que solicitó aumente a $2,700 millones. Educación recibe cerca de $1,000 millones adicionales de fondos federales.

El gobernador dijo públicamente que avalaba la propuesta.

Por su parte, Pesquera informó la semana pasada ante la Junta de Control Fiscal que el dinero presupuestado para su agencia no era suficiente para operarla. Pesquera pidió $44 millones adicionales a los $51 millones que recomendó la Junta de Control Fiscal.

De acuerdo con una entrevista publicada por el diario El Vocero, Pesquera se va para estar más tiempo con su familia. Sin embargo, los informes de la salida de Pesquera corrían desde hace más de un mes. Pesquera trabajaba con el Gobierno de Puerto Rico bajo un acuerdo que desde el principio destacaba que sería por dos años.