Solventes las aseguradoras para atender avalancha de reclamaciones

Las aseguradoras en Puerto Rico están solventes y tienen la capacidad financiera para asumir los reembolsos de las reclamaciones luego de la catástrofe suscitada tras el paso del huracán María por la isla, según lo indicó hoy la directora de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), Iraelia Pernas, en entrevista con CB en Español.

Pernas explicó que a pesar de dar la impresión de que las reclamaciones están estancadas, la realidad es que apenas ahora en el mes de enero se cumplen los 90 días de las primeras reclamaciones sometidas. Tres meses es el periodo que estipula el Código de Seguros de Puerto Rico, por el cual la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) rige la industria a nivel local, para que las aseguradoras evalúen y desembolsen cada reclamación.

“Realmente las reclamaciones no comenzaron a llegar sino hasta casi un mes del evento y ahí fue que comenzamos a trabajar abriendo las oficinas para empezar a recibir a los asegurados, tanto de comercios como individuales. [Las reclamaciones] empezaron a llegar de distintas vías pero con cierta lentitud inicialmente, porque a raíz del huracán, las primeras semanas el estado de las comunicaciones era crítico y las personas también tenían problemas de movilidad, pues todo eso detuvo el proceso”, indicó la directora ejecutiva.

Pernas dijo que el volumen de reclamaciones comenzó a llegar entre los meses de noviembre y diciembre, realidad que coloca a los meses de enero y febrero de 2018 en el margen estipulado por el Código de Seguros de 90 días. Además, la también licenciada reconoció que el evento y la crisis desatada tras el mismo no tienen precedentes en la isla, y ello también ha afectado el proceso usual de reclamaciones.

“Ya sabemos que este huracán fue un desastre tan grande que ha sido el más grande en todo Estados Unidos y supera las pérdidas de [los huracanes] Georges [en 1998] y Hugo [en 1989] juntos. En Puerto Rico nunca había habido una cosa de esta magnitud”, dijo Pernas.

No obstante, la funcionaria recalcó que, unidos a los esfuerzos de la OCS, la industria de seguros a diciembre del año pasado logró desembolsar un total de $859 millones a sus asegurados a través de la directriz de la OCS para dar prioridad a reclamos relacionados a servicios esenciales como los de salud.

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Esta cifra, dijo, incluye casos de adelantos, a pesar de que el endoso de interrupción de negocios no obliga a la aseguradora a asumir una partida adelantada. Pernas indicó que se ha asumido esta postura en beneficio de los asegurados y de la economía del país.

“Otra cosa que hay que considerar es que de lo que estamos hablando son de los números que tienen que ver con el huracán únicamente. Pero después del huracán la vida continuó. Los aseguradores siguieron cubriendo los riesgos que no tienen que ver con María”, indicó.

Pernas indicó que se ha tenido que recurrir al reclutamiento de ayuda adicional para trabajar el volumen de casos sometidos, incluyendo 41 licencias de ajustadores públicos de emergencia emitidas por la OCS.

“Puede haber uno que otro caso que aún esté pendiente, pero en realidad el código provee 90 días para resolver la reclamación y desembolsar, salvo casos extraordinarios donde haya una justa causa y eso hay que verlo uno a uno. La mayoría de esas ya deben estar resueltas”, aseguró a la vez que admitió que aún quedan muchas reclamaciones por atender pero aseguró categóricamente que cada una de las reclamaciones será atendida.

“Se está trabajando arduamente para salir de estas reclamaciones lo antes posible para pagar lo que corresponde y lo que es la compensación razonable dentro de la cubierta que se contrataron”, dijo.

“Se van a atender todas las reclamaciones y más importante aún, es importante recalcar que se trata de una industria que está altamente regulada y con un gran interés público. Y no solamente el Comisionado [de Seguros] está pendiente de cómo se tramitan estas reclamaciones, sino que el público debe estar tranquilo de que a pesar de la magnitud del desastre, la industria está adecuadamente capitalizada porque hay unas exigencias de reserva de capital catastrófico que, no importa lo grande que haya sido esto, las aseguradoras están solventes y van a responder en la medida en que les corresponda”, sostuvo.

Pernas dijo, sin embargo, que se esperan más reclamaciones a medida que el servicio de energía eléctrica continúe restableciéndose alrededor de la isla.

Por su parte, el comisionado de seguros, Javier Rivera, concurrió con la información provista por Acodese y aseguró que es ahora entre enero y febrero que se comienza a cumplir el plazo de los 90 días de las primeras reclamaciones sometidas en noviembre pasado.

“Partiendo de la premisa de que el propio Código [de Seguros] establece que se resuelva en 90 días o menos, creo que estamos en el tiempo razonable porque el volumen no entró el día del evento sino que 25 días después. Que ahora es que ese volumen comienza a cumplir los 90 días”, explicó.

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“No significa que estamos en el porciento que uno quiere, pero yo aspiro a que los meses de enero y febrero sean meses que se vea el impacto igual que se vio de noviembre a diciembre”, sostuvo.

Rivera indicó además que como resultado de las reuniones realizadas entre OCS y varias de las principales aseguradoras del país, se logró duplicar en el mes de diciembre la cantidad de fondos desembolsados a los asegurados de $460 millones a $843 millones.




Cámara busca aseguradoras provean detalles de autos inundados tras huracanes

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, el representante Jorge Navarro Suárez, anunció el lunes la presentación de una resolución conjunta que ordena a las aseguradoras del país proveer detalles de todo vehículo de motor que fue declarado “pérdida total” entre los meses de septiembre 2017 a febrero 2018 como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por los huracanes Irma y María.

Según el representante, su medida responde a que, si bien existen innumerables autos que fueron declarados chatarra como consecuencia de las inundaciones causadas por ambos fenómenos atmosféricos, se desconoce el paradero exacto de estas unidades y si las mismas ya han sido reacondicionadas y puestas a la venta en el mercado de autos.

“Nuestro reclamo con esta medida no es sólo una de protección del consumidor y transparencia, sino de seguridad pública. No podemos depender de la buena bondad del vendedor de un auto en que divulgue los detalles del historial de un auto y si el mismo quedó afectado por los huracanes que hemos vivido. El consumidor debe tener acceso a esta información de forma oficial, veraz e independiente”, expresó Navarro Suárez en un comunicado de prensa.

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El legislador añadió que “los peritos en mecánica certifican que cuando un vehículo de motor queda parcial o totalmente inundado, partes vitales de éste como son los sensores de las bolsas de aire, el sistema de frenos y el sistema eléctrico pueden verse seriamente afectados. Todo esto pone en riesgo la seguridad de no sólo el conductor del auto, sino del resto de los que transitan en las mismas vías”.

Detalló que además de requerir a las aseguradoras proveer el detalle de los autos afectados por las inundaciones ocasionadas por los ciclones, su medida ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Comisionado de Seguros a mantener un expediente público de los autos afectados en sus respectivas páginas de internet, de forma que los consumidores puedan acceder la información antes de comprar un auto usado.

“La transparencia es clave para proteger al consumidor y garantizar la seguridad pública. Por eso abogaremos por la aprobación inmediata de esta medida y su implementación efectiva por parte del DACO”, concluyó.

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Presentan estrategia para frenar la fuga de médicos en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy la concesión de los primeros 132 decretos de créditos contributivos a médicos como medida para atajar el éxodo masivo de galenos y que beneficia a médicos especialistas, subespecialistas, podiatras y odontólogos en toda la isla además de aquellos que deseen relocalizarse en Puerto Rico.

Flanqueado por un contingente de miembros de su gabinete, el primer ejecutivo dijo que la entrega de los decretos es la culminación de un proceso que comenzó con la aprobación de la Ley 14 de 2017 de incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos y que culmina con la otorgación oficial de estos decretos.

“Puerto Rico ya por las últimas décadas ha estado perdiendo de manera acelerada sus médicos, creando un boquete enorme en el área de salud. Una de las medidas principales fue la Ley 14, una ley que da unos incentivos contributivos bien agresivos. Para octubre se abrió el esfuerzo y hoy anunciamos que se han recibido 404 solicitudes para este decreto y 132 ya se han otorgado”, indicó el gobernador.

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“Esto lo que ofrece es una tasa preferencial contributiva de 4% por ingresos provenientes de servicios médicos, hasta un 25% de aportación para planes de retiro individuales y un valor añadido para nuestra sociedad, incluye más de 180 horas de servicio comunitario por conducto del Plan de Salud del Gobierno para ofrecer servicios a los sectores más vulnerables”, añadió a la vez que explicó que el plazo para gestionar los decretos se extiende por dos años, y cada uno de estos tiene una vigencia de 15 años.

Los 132 decretos fueron entregados por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, y corresponden al año contributivo 2017.

Por su parte, el titular del DDEC adelantó que en los próximos días se emitirá otra ronda de decretos, que al momento están en trámite de proceso en la Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI), adscrita al DDEC, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Salud.

“Este es un sector profesional importante para Puerto Rico, no solo porque aporta en el renglón de la salud y la calidad de vida de los puertorriqueños, sino porque además contribuye significativamente al desarrollo económico, tanto a nivel regional como de toda la Isla”, expresó Laboy Rivera.

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Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, instó a la clase médica a que evalúe si le conviene obtener un decreto y salga a solicitarlo.

“Creo que mi llamado es ahora a los médicos, a los que pensaban con escepticismo que esto no se iba a dar, que el gobierno no iba a cumplir, ya estamos aquí. Vaya a su contable, que le haga sus numeritos y le establezca si a usted le conviene o no el decreto”, dijo Ramos.

De cal y de arena para los médicos

No obstante, durante el día de ayer, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) advirtió que las aseguradoras que operan en Puerto Rico planifican un esquema que les allegará unos $600 millones correspondientes al aumento en los itinerarios de costos de servicios que revisó el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) y que suponen ser dirigidos a sus beneficiarios.

“CMS establece cuál es la tarifa que debe haber por cada visita, por cada procedimiento, por cada cosa que se hace. Por tal razón, si eso ya está preestablecido, cuál es la intención entonces de las aseguradoras de quedarse con ese dinero, que no sea enriquecerse aún más y más”, explicó Ramos.

Según indicó el también médico, CMS aumentó los Índices de costo de práctica geográfica (GPCI, en inglés), que establece las tarifas por las cuales la entidad federal estaría pagando a sus beneficiarios por los servicios médicos que requieran.

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Sin embargo, el CMCPR anticipó que las aseguradoras continuarán rigiéndose por el GPCI aprobado en 2016, que establece pagos más bajos a los beneficiarios de sus planes. Según explicó Ramos, los GPCI se establecen mediante estudios actuariales y varían de región en región.

“Nosotros tenemos el GPCI más bajito de todo Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo espectacular y bien intenso para demostrarle a CMS que estaban equivocados. Se le llevaron las estadísticas correctas, se hizo el estudio, se pagó el estudio. Y CMS dijo ‘tienen razón, por muchos años le hemos estado pagando menos de lo que debemos pagarle, pues ahora vamos a corregir eso’”, denunció el presidente del CMCPR.

Ramos aseguró que como medida para contrarrestar la imposición de este aumento en los GPCI, la organización que preside evalúa alternativas legales para lograr que las aseguradoras que proveen servicios de Medicare Advantage y Medicaid se acojan a los nuevos itinerarios establecidos.

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Investigan retraso en pagos de aseguradoras tras impacto de huracanes

La lluvia de querellas recibidas por las principales firmas aseguradoras de Puerto Rico luego del devastador impacto de los huracanes Irma y María en septiembre pasado, al parecer ha provocado un disloque en el procesamiento de estas debido a la enorme cantidad de asegurados que reclaman sus debidas compensaciones por los daños sufridos, en especial en el sector comercial de la isla.

Actualmente, decenas de empresas pequeñas y medianas alrededor de todo el país se encuentran inoperantes en espera del procesamiento de sus reclamaciones. Esta situación ha contribuido a un estancamiento comercial sin precedentes que mantiene en vilo a los expertos, en una isla que sufre su onceavo año de recesión económica.

El comisionado de seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos, reconoció que existe un retraso en el proceso aunque adjudicó el mismo a varios factores, no todos relacionados con la compañía aseguradora.

“En los sectores comerciales, los adelantos se tienen que empezar a dar y no se están dando y esta auditoría mide eso”, admitió el comisionado. (Cindy Burgos/CB)

Para levantar esta información, Rivera Ríos explicó que desde el pasado 4 de diciembre su oficina realiza una auditoría exhaustiva para identificar estas razones. No obstante, señaló que las aseguradoras tienen por ley un plazo de 90 días para atender las reclamaciones.

“Pueden ser muchas cosas. Puede ser que las aseguradoras tengan un patrón para mitigar pagos de deudas, eso puede pasar. No estamos diciendo que alguna en particular lo tiene, pero eso lo vamos a poder identificar. También vamos a poder identificar si el expediente no está completo o es un problema del ajustador que no está yendo a visitar a esos clientes. También está el hecho de las reaseguradoras, pero estas han adelantado sobre $50 millones, así que el dinero está”, indicó Rivera Ríos.

Estamos identificando qué está pasando en el proceso, si es falta de documentación, si es que han cerrado reclamaciones sin pago porque el cliente no estaba asegurado como él pensaba, también medimos la efectividad del productor, a ver si hizo una buena póliza o no, si orientó o no orientó. Son muchos aspectos y a la medida que vamos identificando las situaciones, vamos tomando medidas disciplinarias contra el responsable”, añadió a la vez que indicó que estas sanciones varían dependiendo del caso, pero que definitivamente incluyen multas.

Rivera Ríos afirmó que de ningún modo su oficina está esperando que este evento se maneje como uno normal, dadas las circunstancias. Es por ello que indicó que apenas seis días después del paso de María por la isla, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió una directriz ordenando a las aseguradoras contestar al sector comercial en un plazo de 15 días en vez de los usuales 90 días.

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En los sectores comerciales, los adelantos se tienen que empezar a dar y no se están dando y esta auditoría mide eso”, admitió el comisionado.

“Cuando eso pasa, nosotros no tenemos manera de saber qué pasa en cada reclamación a menos que el asegurado levante el teléfono y llame a nuestro Departamento de Investigaciones y abra una querella. El consumidor tiene que saber que la oficina está trabajando para eso y es su responsabilidad someter una querella si así lo amerita”, añadió.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes tiene ante su consideración la Resolución de la Cámara 671, de la autoría del representante Samuel Pagán Cuadrado, que ordena a las Comisiones camerales de Desarrollo Integrado de la Región Noreste y de Desarrollo Integrado de la Región Este investigar el procesamiento de reclamaciones de daños en las compañías de seguros que operan en Puerto Rico.

Según reza la exposición de motivos de la resolución sometida el 1 de diciembre, ese cuerpo legislativo ha recibido “un sinnúmero de reclamos por parte de los comerciantes del área noreste y este de la isla, los cuales comentan que han perdido la totalidad de sus negocios o el principal ingreso de su hogar […] esta eventualidad fue consecuencia directa, debido a la morosidad de la intervención de las compañías aseguradoras, al mal procesamiento y paso de las reclamaciones sobre las pólizas contratas […]”.

La pieza legislativa indica además que al 1 de diciembre, a 82 días luego del paso del huracán Irma, aún no se había emitido el pago de reclamaciones a estos negocios, lo que resulta “irrazonable e inexcusable”, a la vez que asegura que ello tiene un efecto devastador en la economía local.

Comisionado de Seguros envía auditores a visitar grandes aseguradoras en Puerto Rico

Sobre la investigación de la Cámara de Representantes, Rivera Ríos explicó que el autor de la medida se comunicó con la OCS antes de someterla para recibir sugerencias y recomendaciones.

“El legislador tuvo la deferencia de llamarnos antes de producir esa resolución. Nosotros le dimos la recomendación de que no había ningún problema porque uno de los poderes principales de la Legislatura es precisamente investigar y qué mejor que trabajar de la mano con nuestras iniciativas para que la Legislatura sepa que pueden trabajar alineados con nosotros”, concluyó.




Continúan en aumento reclamaciones a aseguradoras en Puerto Rico tras María

La directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), licenciada Iraelia Pernas, indicó el viernes, que se han recibido alrededor de 200,000 reclamaciones y en la medida en que se sigue energizando el país y restableciéndose las comunicaciones, el número seguirá creciendo.

“A esta fecha resulta prematuro ofrecer un estimado de los daños que ha dejado el huracán María. Hasta que no se recupere el sistema eléctrico, no sabremos su alcance real. Sin lugar a dudas, las pérdidas son mucho mayores que las de Hugo y Georges juntos”, puntualizó Pernas en declaraciones escritas.

Sentenció que los estimados más conservadores sitúan los daños de María entre $16,000 a $20,000 millones, según la firma de Estudios Técnicos. Mientras, RMS, una firma de estimación de perdidas, calcula que ese número podría ascender a $30,000 millones.

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La firma Moody’s Analytics estimó los daños a la infraestructura y pérdidas de producción en $95,000 millones. Entretanto, AIR, otra reconocida firma de modelaje de catástrofes, ha estimado que los daños a asegurados en el Caribe como resultado del huracán María, estarán entre $40,000 y $85,000 millones y estiman que los daños en Puerto Rico representan un 85 por ciento de todas las pérdidas en el Caribe.

Detalló que las pérdidas resultantes del huracán Hugo se calcularon en $4,200 millones y las pérdidas aseguradas en $800 millones, mientras que para Georges los daños fueron estimados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en $5,700 millones, de los cuales unos $4,000 millones consistieron en daños estructurales y viviendas, y $350 millones en daños a la red eléctrica del país.

Señaló que, históricamente, se ha observado en Puerto Rico un mayor crecimiento económico en el periodo inmediatamente posterior a un huracán, debido a los pagos de las reclamaciones, que aumentan la actividad económica por las obras de construcción y demás reparaciones.

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“Sin dudas, la industria de seguros jugará un rol importante en la reconstrucción de Puerto Rico y en su desarrollo económico, y se ha estado trabajando incansablemente desde el lunes 25 de septiembre, cinco días después de que el huracán nos impactara. La situación que enfrentó la industria de seguros como el resto del país en las primeras tres semanas, fue el problema de falta de combustible, energía eléctrica, y comunicación, que aún persiste en muchas áreas,” añadió.

Explicó que, para atender la avalancha de reclamaciones que a diario siguen surgiendo, las compañías de seguros han establecido oficinas de atención al cliente en diferentes regiones alrededor de la Isla y en las mismas han extendido los horarios de servicio para recibir asegurados y para atenderles vía telefónica.

Cada compañía, además, ha difundido avisos en radio y prensa exhortando a los asegurados a contactarlos, ya sea mediante correos electrónicos, vía telefónica o por las redes sociales.

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“La industria de seguros está adecuadamente capitalizada para afrontar las pérdidas aseguradas, pero es un proceso que toma tiempo y de acuerdo a la magnitud del desastre natural, será el periodo de respuesta de los aseguradores. El interés es pagar lo antes posible y de manera justa según los términos de la póliza”, explicó Pernas.

“Una de las pérdidas mayores está en las residencias, pero entendemos que el impacto económico mayor será por la interrupción de negocios”, dijo Pernas, sosteniendo que “las compañías están más que preparadas para atender las reclamaciones mediante la contratación de personal adicional. Se han creado nuevos empleos directos e indirectos, incluyendo ajustadores, inspectores, ingenieros contables y arquitectos”.

Pernas indicó que en muchos casos una de las situaciones que están atravesando las compañías de seguros es el acceso a las propiedades aseguradas en áreas afectadas y dificultad para contactar a los asegurados como resultado de los problemas con la comunicación.

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Por otro lado, explicó que en el sector de los seguros de salud, ante la emergencia, se tomaron múltiples medidas para asegurar la continuidad de los servicios a los asegurados. Las principales aseguradoras han mantenido sus operaciones, usando generadores, ante el colapso del sistema eléctrico.

Ante la crisis en los sistemas de comunicación, y para garantizar la continuidad del cuidado de salud a sus asegurados, durante la emergencia, se adoptaron las siguientes medidas:

  • Se liberalizaron los requisitos de preautorización para los servicios y procedimientos cubiertos
  • En el área de farmacia, se quitaron las preautorizaciones y se ha estado coordinando estrechamente con los administradores de beneficios de farmacia (PBM) para que se procesen de manera expedita las transacciones
  • Se ha manejado el cuidado de los pacientes en diálisis, coordinando servicios para asegurar sus tratamientos
  • Las aseguradoras también habilitaron espacios en sus oficinas y lugares accesibles para que sus proveedores pudiesen facturar, presentando sus reclamaciones por servicios ofrecidos a través de los intermediarios de facturación
  • Las aseguradoras se dieron a la tarea de estabilizar los servicios primarios de salud; dándole prioridad a los pagos a proveedores, y a la integración de actividades comunitarias para fomentar la educación en salud, vacunación, acceso a servicios de salud mental, medicina primaria y farmacia
  • Las aseguradoras han llevado a cabo actividades humanitarias para llevar agua y diversos suministros a varias comunidades, a través de toda la Isla
  • Las aseguradoras ofrecieron apoyo a proveedores que no tenían cómo atender a sus pacientes, ya sea porque no pudieron abrir sus oficinas médicas por la falta de energía eléctrica y combustible, o a causa de los servicios limitados en las facilidades hospitalarias, entre otras razones

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Legislatura busca fiscalizar precios de medicamentos en Puerto Rico

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, le hizo un llamado el jueves, a la mayoría parlamentaria para que apruebe un proyecto de administración dirigido a darle mayores poderes al gobierno para fiscalizar los precios de los medicamentos y hacerles justicia a los adultos mayores.

“Preocupado por la salud y economía de nuestros adultos mayores radiqué, junto a la compañera Lydia Méndez, el Proyecto de la Cámara 711 con el fin de facilitar el proceso para fiscalizar los precios de los medicamentos. En Puerto Rico, los adultos mayores utilizan la mayor parte de su dinero para costear sus medicamentos y otros servicios médicos, condenándolos a la pobreza. Es por esto, que le hago un llamado a la mayoría del PNP para que apruebe el proyecto que radicó el gobernador Ricardo Rosselló, cuyo fin es el mismo: hacerles justicia a los adultos mayores”, manifestó el legislador del PPD en declaraciones escritas.

Estudios del Departamento de Salud revelan que las personas de 65 años o más gastan $1,710 por persona en copagos a las aseguradoras. (iStock)

Según Ortiz, el Proyecto del Senado 371 es similar a la medida de su autoría y se encuentra bajo análisis de la Cámara de Representantes. “Aquí lo importante no es quien es el autor de la medida, sino atender lo antes posible una situación que estrangula económicamente a las personas de 65 años o más”, afirmó el legislador.

Asimismo, el representante popular explicó que tras realizar un análisis sobre la realidad económica de los adultos mayores en Puerto Rico encontró que 4 de cada 10 viven en condiciones de pobreza.

De igual forma, informó que un estudio del Departamento de Salud en el 2013 reflejó que las personas de 65 años o más gastan $1,710 dólares por persona en copagos a las aseguradoras. De hecho, gastaron 18 por ciento más que lo que gastaron las propias aseguradoras en atenderlos.

“Esta es una realidad que debemos atender con prontitud. Nuestra población ha envejecido y el gobierno tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de todos. Los costos en servicios médicos continúan aumentando, y es momento de que el gobierno tome medidas para fiscalizar efectivamente este sector”, subrayó Ortiz.

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Comisionado de Seguros envía auditores a visitar grandes aseguradoras en Puerto Rico

El Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, envió auditores a la calle ayer a visitar ocho de las aseguradoras más grandes de la isla ante quejas de la ciudadanía por la lentitud en atender reclamaciones por daños a la propiedad causados por el huracán María el pasado 20 de septiembre.

Aunque Rivera Ríos dijo que tiene unas 25 querellas radicadas, admitió que se han estado recibiendo entre 30 a 40 llamadas diarias a la oficina de personas que se quejan por la lentitud en los procesamientos de las aseguradoras. (Agustín Criollo/CB)

“Estamos fiscalizando. No estamos buscando multar ni señalar a nadie sino informarnos sobre cómo se está manejando el evento”, dijo Rivera Ríos entrevista con este medio desde Hawaii donde participaba en una actividad de la National Association of Insurance Commissioners para abogar por que se le elimine el “hit tax” a las aseguradoras médicas de Puerto Rico.

Entre las aseguradoras de propiedad que fueron visitadas por auditores estuvieron Mapfre, Universal Insurance, Cossec e Integrand. Rivera Ríos sostuvo que se escogieron las mismas por ser las que tienen el mayor número de reclamaciones del área comercial.

Aunque Rivera Ríos dijo que tiene unas 25 querellas radicadas, admitió que se han estado recibiendo entre 30 a 40 llamadas diarias a la oficina de personas que se quejan por la lentitud en los procesamientos de las aseguradoras.

“No vamos a esperar a que pasen los 75 días. Estamos actuando ya”, aseveró.

El Código de Seguros establece que una reclamación debe de procesarse en 90 días. Sin embargo, luego del huracán, Rivera Ríos no solo visitó aseguradoras, sino que emitió la carta normativa 220D que ordenaba que las reclamaciones para ciertos sectores comerciales tales como supermercados, gasolineras, hospitales, restaurantes y manufactura, entre otros negocios, tuvieran prioridad.

Esa carta cubre lo que se conoce como el seguro por “business interruption” que ayuda a cubrir pérdidas económicas en las operaciones del negocio.

“En esa carta normativa, enfatizamos que [la aseguradora] tenía que contestar en 15 días. El pago, ya sea total o parcial, debe de emitirse en 10 días. Lo que buscamos era dar un incentivo para que el comercio se levante”, explicó Rivera Ríos.

Denuncian demora de aseguradoras en desembolsar pagos por daños causados por María

Actualmente, hay más de 130,000 reclamaciones presentadas por asegurados. De estas, unas 35,000 querellas fueron radicadas por comerciantes y sobre 95,000 por dueños de propiedades privadas. La expectativa es que esas cifras aumentarán. Las mismas son mucho más altas que las reclamaciones radicadas por daños causados por el huracán Georges en 1998. En aquel tiempo, se radicaron 24,596 reclamaciones por daños a propiedades comerciales, 64,482 por daños a viviendas y 1,238 reclamaciones de daños en propiedades en condominios.

Cuando las aseguradoras tienen un alto volumen de negocios, contratan ajustadores de Estados Unidos y de países extranjeros. En el caso de los ajustadores de países extranjeros, la Oficina del Comisionado de Seguros dijo en una carta circular que no aceptaría las visas B1 y B2 de negocios temporeros  para obtener los permisos de la oficina para trabajar como ajustadores, algo que ha atrasado los trabajos, según varias compañías de seguros. No obstante, la oficina posteriormente emitió otra carta circular revirtiendo esa decisión tras consultar con el Departamento de Estado.




Denuncian demora de aseguradoras en desembolsar pagos por daños causados por María

El dueño de un hogar en Carolina, quien no quiso ser identificado, sufrió daños severos en su casa a causa del huracán María -al punto que está viviendo con familiares- y a casi 80 días del paso de la tormenta todavía su seguro de propiedad no le ha dado el dinero para reparar la residencia.

De igual forma se expresó el propietario de un negocio mediano de venta de ropa, quien aseguró que está a punto de “colgar los guantes” e irse de Puerto Rico, todo porque su compañía aseguradora aún no le ha dado el dinero que necesita para reparar la propiedad y hacer otros pagos para continuar operando.

El Código de Seguros establece que una reclamación debe procesarse en 90 días. (iStock)

El empresario, quien no quiso ser identificado ni quiso decir el nombre de la aseguradora para no afectar su reclamación, explicó que a su tienda se le cayó virtualmente el techo y que ha cumplido con todos los requisitos pero que aún espera por el desembolso.

“No tengo con qué pagarle a empleados […] Aquí se me va la vida”, sostuvo.

Ninguna de las dos personas ha presentado una querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros para denunciar la demora de las aseguradoras. El comisionado de seguros Javier Rivera Ríos dijo que solamente ha recibido unas 25 querellas contra aseguradoras por problemas en las reclamaciones desde el paso del huracán.

Pese a que hay asegurados que no han radicado querellas formales contra aseguradoras debido a la lentitud en procesar las reclamaciones, verbalmente han vociferado su insatisfacción por lo que Rivera Ríos tomará cartas en el asunto con un anuncio formal durante el día de hoy.

El Código de Seguros establece que una reclamación debe procesarse en 90 días. Sin embargo, luego del huracán, Rivera Ríos no solo visitó aseguradoras, sino que emitió la carta normativa 220D que ordenaba que reclamaciones para ciertos sectores comerciales tales como supermercados, gasolineras, hospitales, restaurantes y manufactura, entre otros, tuvieran prioridad.

Esa carta cubre lo que se conoce como el seguro por “business interruption”, que ayuda a cubrir pérdidas económicas en las operaciones del negocio.

“En esa carta normativa, enfatizamos que [la aseguradora] tenía que contestar en 15 días. El pago, ya sea total o parcial, debe de emitirse en 10 días. Lo que buscamos era dar un incentivo para que el comercio se levante”, dijo Rivera Ríos.

Aunque en una entrevista reciente, Rivera Ríos sostuvo que algunas aseguradoras han emitido adelantos de sobre $20 millones, se supo que ahora va a tener que intervenir ante lo que parece ser la lentitud en los pagos. Esta medida podría ser en la forma de enviar auditores a la calle.

Actualmente, hay más de 130,000 reclamaciones presentadas por asegurados. De estas, unas 35,000 querellas fueron radicadas por comerciantes y sobre 95,000 por dueños de propiedades privadas. La expectativa es que esas cifras aumentarán. Las mismas son mucho más altas que las reclamaciones radicadas por daños causados por el huracán Georges en 1998. En aquel tiempo, se radicaron 24,596 reclamaciones por daños a propiedades comerciales, 64,482 por daños a viviendas y 1,238 reclamaciones de daños en propiedades en condominios.

Cuando las aseguradoras tienen un alto volumen de negocios, contratan ajustadores de Estados Unidos y de países extranjeros. En el caso de los ajustadores de países extranjeros, la Oficina del Comisionado de Seguros dijo en una carta circular que no aceptaría las visas B1 y B2 de negocios temporeros  para obtener los permisos de la oficina para trabajar como ajustadores, algo que ha atrasado los trabajos, según varias compañías de seguros. No obstante, la oficina posteriormente emitió otra carta circular revirtiendo esa decisión tras consultar con el Departamento de Estado.




Jueza federal pauta vista para discutir descubrimiento de prueba sobre finanzas del gobierno

La magistrada federal Judith Dein pautó para el 14 de diciembre una vista en la que discutirá si permitirá al Comité Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales y a las aseguradoras de deuda hacer descubrimiento de prueba en torno al estado de las finanzas del Gobierno.

Esta solicitud se había denegado previamente sin dar explicaciones pero luego de que se radicaran nuevas mociones urgentes, la jueza optó por pautar una vista.

Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., la Mutual Fund Group y la National Public Finance Guarantee Corporation están entre los que han solicitado el descubrimiento de prueba. Tanto los bonistas como las aseguradoras sostienen que el Gobierno y la junta de control fiscal han ignorado solicitudes de información. Aseguraron que los acreedores están perdiendo dinero y tienen derecho a saber los motivos.

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La vista se llevará a cabo en Massachusetts pero se podrá observar en circuito cerrado en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan en Hato Rey.

De otra parte, la jueza Laura Taylor Swain anunció hoy que la próxima vista para dilucidar controversias en el caso de quiebras del Gobierno bajo el Titulo III de Promesa será el 20 de diciembre en Nueva York.

La jueza dijo que el 18 de diciembre emitirá la agenda de trabajo de esa vista. Los abogados podrán presentar sus argumentos en Nueva York así como desde Puerto Rico pero deben someter sus mociones para el 15 de diciembre.




Gobernador considera privatizar la AEE

Pese a la disputa pública que mantienen el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, sobre reducir la jornada laboral en el sector público, hay algo en lo que parecen estar alineados: encaminar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, en torno a las críticas de la junta a la Ley 47 de 2017, que daría mayores garras a los pacientes a la hora de entablar querellas contra los planes médicos, el mandatario sostuvo que proveerán el impacto económico que tiene. La junta afirma que la ley no es cónsona con el plan fiscal.

El primer ejecutivo dijo hoy que la privatización o “externalización” de servicios de la AEE, como lo sería la producción energética, está siendo considerado por el Gobierno y posiblemente sea implementado.

“Todo lo que entendamos que lo puede hacer el sector privado de manera más efectiva, todo lo que entendamos lo pueden hacer las organizaciones sin fines de lucro de manera más efectiva y que nos permita entonces al Gobierno a estar más enfocados y más efectivos lo vamos a considerar y lo vamos a efectuar”, respondió el mandatario cuando se le preguntó sobre la privatización de la AEE.

Enfocada la junta en privatizar la AEE “lo antes posible”

El tema surge porque Carrión dijo hoy en una entrevista radial (NotiUno) que el enfoque de la junta y del coordinador de revitalización, Noel Zamot, es “privatizar la AEE lo antes posible”, pues es un “tema de desarrollo económico tener acceso a la electricidad a un costo razonable”.

El gobernador manifestó que ha sido “claro” en que su administración evalúa distintos servicios que provee el Gobierno para que sean traspasados al sector privado o a las entidades sin fines de lucro con el propósito de reducir costos y mejorar la calidad.

“Sobre la privatización o sobre la externalización, he sido claro desde el principio. Nuestro Gobierno está identificando cómo podemos externalizar servicios, cómo podemos ir al sector privado. Ya tenemos siete APP [alianzas público privadas] que estamos puntualizando para este próximo año fiscal [2019-2020]”, afirmó Rosselló Nevares.

Evalúan el impacto de la Ley 47

De otro lado, la junta de control fiscal emitió ayer una comunicación indicándole al Gobierno que la Ley 47 es “significativamente inconsistente” con el plan fiscal certificado porque tiene un impacto al fisco que podría ascender a $85 millones.

Ante esto, el gobernador defendió la legislación porque “era buena y sana política pública para Puerto Rico” y estaba enmarcada en lo que será el “nuevo modelo de salud que vamos a implementar”.

“Le estaremos enviando notificación de nuestro análisis y, por supuesto, la junta tendrá que tomar una determinación sobre ello”, sentenció el mandatario sin entrar en detalles de cuándo saldría dicha comunicación.

[DOCUMENTO] Inconsistente con el plan fiscal ley que fiscalizaría a las aseguradoras

El Gobierno deberá entregar este estimado en o antes de siete días después que el procurador del paciente emita el reglamento correspondiente, según provee la Ley 47. De no cumplir con el requerimiento, la junta se reserva el derecho “de tomar las acciones que consideremos necesarias […] incluyendo prevenir la aplicación o vigencia de la Ley 47”.