Desconocida la capacidad de los principales embalses ante el evento de lluvias que se anticipa por Dorián

La AEE inició una reducción preventiva de los niveles del embalse Guajataca como medida de protección de los trabajos de reparación que se llevan a cabo en la represa desde hace dos años. (Foto por Dennis M. Rivera | Centro de Periodismo Investigativo)
La AEE inició una reducción preventiva de los niveles del embalse Guajataca como medida de protección de los trabajos de reparación que se llevan a cabo en la represa desde hace dos años. (Foto por Dennis M. Rivera | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

A dos años del paso del huracán María, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha realizado los estudios necesarios para conocer la capacidad real de acumulación de agua de los embalses del país.

Ante la inminencia de la llegada de la tormenta Dorián por el este de Puerto Rico —con la que se anticipan entre 4 a 6 pulgadas de lluvia y la probabilidad de que los ríos arrastren sedimentos debido a la erosión del terreno— el desconocimiento sobre el estado de los embalses representa un factor crítico, según el geomorfólogo José Molinelli. 

Esta situación obliga a la AAA a abrir las compuertas en medio de la tormenta. La AAA comenzó el proceso de descarga de agua el martes en los embalses La Plata y Carraízo, a pesar de que ambas represas estaban por debajo de sus niveles óptimos, reconoció el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz. 

“Igual que hicimos en el proceso de Irma y María [en 2017], nosotros básicamente habilitamos la represa para que funcione como una continuidad del río. Estas represas no son de control de inundaciones, sino de abastecimiento de agua. Así que el agua entrará como escorrentía y fluirá por el río a medida que el agua esté llegando”, detalló. 

El 31 de octubre de 2018, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) aprobó reembolsar el 90% de los costos de los estudios de sedimentos en los embalses, denominados batimetrías.

No fue hasta el 14 de agosto de 2019 que la AAA otorgó un contrato a la empresa GLM Engineering Group, para estudiar solo los embalses de Carraízo y La Plata. Puerto Rico tiene 38 embalses. El contrato totaliza $118,600, y el 22 de agosto, la corporación pública tuvo la primera reunión con GLM Engineering Group, pero todavía no hay una fecha clara para iniciar los trabajos en las represas.

“El proceso fue más riguroso de lo que exige nuestra ley, que dice que para el servicio profesional se puede contratar directo. Hacer un RFP [request for proposal] es mucho más estricto, por eso tomó más tiempo”, dijo Díaz a preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre el porqué el proceso tomó 10 meses. 

Solo tres empresas participaron en la subasta: GLM Engineering Group, PSC y Tetra Tech.

En junio, un comité de evaluación envió un informe sobre las tres empresas al director interino de Infraestructura de la AAA, José J. Rivera. El CPI solicitó copia del informe pero no se proveyó.

Originalmente la solicitud de propuesta (RFP, en inglés) para estos estudios —que se hizo pública el 27 de marzo de este año— incluía batimetrías en los tres embalses más críticos de la AAA: La Plata, Carraízo y Cidra. La AAA no respondió por qué se eliminó a Cidra de los estudios que realizará GLM Engineering Group. 

El alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, dijo al CPI que desconocía que se hubiera contemplado hacer una batimetría en el embalse ubicado en su pueblo y que luego se haya dejado fuera del proceso. 

“No tenía conocimiento de que ellos [la AAA] estaban en un proceso de contratar un estudio de sedimentación en el lago que ha sido uno de los reclamos de nosotros por décadas; de que se considere el embalse para cualquier oportunidad de dragado”, dijo el alcalde. 

Según Carrasquillo, durante la sequía de 2015 el municipio recibió el aval de la AAA para remover el sedimento expuesto. Los trabajos tuvieron un costo de $250 mil, de los que la corporación pública reembolsó $125,000 al ayuntamiento. 

“El área donde hicimos remoción de sedimentos [en 2015] fue muy específica y no se impactó la totalidad del embalse. Me gustaría que hubiesen considerado el embalse de Cidra en vista de que este embalse provee agua a nuestra población y pueblos limítrofes”, mencionó el alcalde cidreño. 

Desde la entrada de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico en 2017, GLM Engineering Group ha obtenido 17 contratos con el Gobierno que equivalen a $1,548,218, según el registro de la Oficina del Contralor. Se trata de una empresa multinacional de asesoría en ingeniería ambiental, que ofrece servicios de análisis hidrológicos e hidráulicos, recursos hídricos, estudios ambientales y trabajo de permisos, diseño civil y servicios durante construcción de infraestructura relacionada con sistemas de agua. 

Puerto Rico cuenta con 38 embalses y represas públicas y privadas y cuatro adicionales en planificación. Sin embargo, solamente 11 de los 34 embalses públicos proveen el agua potable que consumen los cerca de 3.2 millones de habitantes en el país. De las reservas existentes, 18 son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), siete de la AAA, cuatro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), cinco represas de riego son administradas por la AEE y cuatro son privadas, de la Empresa Serrallés.

Según el estudioso de ecosistemas acuáticos José Ortiz Zayas, hace 15 años el Gobierno no hace batimetrías a todos los embalses, por lo que se desconoce la capacidad real de estas reservas. La AAA maneja el impacto del huracán María en los embalses a partir de una proyección matemática realizada por el hidrólogo Ferdinand Quiñones en la que estimó la cantidad de sedimentos que pudieron haber arrastrado los ríos a partir de la lluvia que trajo el huracán y los deslizamientos que estas provocaron.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) de las 70 pulgadas de lluvia anual que llegan a Puerto Rico, solo una pulgada se queda almacenada en los embalses, 3.1 van a las tomas de la AAA y 0.4 recarga los acuíferos. El resto se evapora o se queda en las escorrentías de los ríos que van al mar. Con el cambio climático se prevé que anualmente haya periodos de más lluvia que puedan llegar como tormentas estacionarias o huracanes — como ocurrió con María en 2017 — lo que redundaría en más sedimentación, explicó Molinelli en una entrevista previa con el CPI. 

Reducen el nivel de agua en Guajataca

Otro de los embalses que también se vio afectado por el paso del huracán María en 2017 fue Guajataca, donde el lunes la AEE inició una reducción preventiva de los niveles del embalse como medida de protección de los trabajos de reparación que se llevan a cabo en la represa desde hace dos años y que pudieran verse afectados por las lluvias que traerá la tormenta Dorián.

Según José Bermúdez, jefe de la División de riegos, represas y embalses de la corporación pública, la reducción del nivel comenzó en lunes a las 7:30 a.m. y continuará hasta nuevo aviso. 

Previo a la descarga, el nivel de agua en Guajataca era de 194.91 y ya el martes bajó a  194.83.

“Al momento hay una reducción de 8 centímetros y continúa disminuyendo. Se continúan con las descargas preventivas y a su vez dando servicio de agua cruda en los canales de riego para abastecer las plantas de filtración de Guajataca, Isabela y Planta Montaña, en Aguadilla”, indicó Bermúdez al CPI.

“Con un nivel de 194.83 metros podemos recibir de 4 a 6 pulgadas de lluvia en el embalse sin que se active el aliviadero de emergencia”, sostuvo.

Añadió que los “trabajos realizados por el Cuerpo de Ingenieros en el aliviadero están completados a un 100%”. 

A pesar de esto, el Cuerpo de Ingeniero del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) impartió instrucciones al personal para no acudir al área del proyecto de construcción durante el paso de la tormenta Dorián como medida de seguridad.  

Durante el paso del huracán María, el embalse de Guajataca se desbordó por el aliviadero, sobrepasando la carretera PR-111 que discurre sobre la represa. Según el hidrólogo Ferdinand Quiñones, ese desbordamiento descontrolado provocó la erosión del sistema de escape. Ante la falla, el Cuerpo de Ingenieros asumió el control de la represa y ordenó el desalojo de unas 50 casas colindantes y de los residentes de los centros urbanos de Isabela y Quebradillas.

Bermúdez aclaró que en caso de que se active el aliviadero de emergencia, “no representará una amenaza a la estabilidad de la represa o a la seguridad de los residentes aguas abajo de la represa”.

“Durante el evento atmosférico, se mantendrá personal en la represa monitoreando el comportamiento de los niveles del embalse y así facilitar cualquier comunicación de emergencia o urgencia de ser necesario”, sostuvo.

“Una vez el evento culmine, enviarán un grupo de trabajo para evaluar las condiciones del proyecto y determinar un curso de acción si hubiese que hacer algunas reparaciones por daños causados por el evento atmosférico”, sostuvo el Cuerpo de Ingenieros. 

El 20 de noviembre de 2017, el Cuerpo de Ingenieros culminó la primera fase de los trabajos de reparación de la avería para evitar “cualquier amenaza de inundación”. A partir de esa fecha, la agencia federal solicitó a la AEE bajar el nivel del embalse por debajo de los 194 metros cúbicos. 

En abril de este año, el CPI reportó que la AEE había botado el agua del embalse pese a una alerta para lo contrario hecha por Quiñones desde noviembre de 2018. Esa situación provocó que se extendiera un racionamiento durante más tiempo en el noroeste del país afectando a más de 200,000 personas que se suplen del embalse de Guajataca en la zona. 

El CPI reveló que la corporación pública ignoró una alerta en noviembre de 2018 en la que el especialista de la AAA recomendó disminuir la cantidad de agua que descarga al río debido a la baja en lluvia que se empezó a notar a finales del 2018. El Cuerpo de Ingenieros, que realizaba reparaciones en el embalse tras el huracán María, estaba al tanto de la recomendación. Pero la AEE ignoró la advertencia y siguió botando casi el doble de agua de lo recomendado. La descarga de agua duró hasta el 7 de febrero, cuando la AEE cerró la pluma, pero ya era muy tarde. El 22 de febrero, apenas dos días antes de que comenzara el racionamiento, el flujo del descargue finalmente llegó a los 33 pies cúbicos recomendados originalmente.

En ese momento, Bermúdez adelantó que los trabajos del Cuerpo de Ingenieros podrían extenderse hasta nueve años por tratarse de tres fases de desarrollo. 

Explicó que ya se cumplieron las primeras dos fases de los trabajos de reconstrucción. La tercera fase conllevará un proceso de investigación, diseño e implementación de nuevas tecnologías en el embalse. El funcionario estimó que el proyecto concluirá en 2028. Según Bermúdez, durante todo ese tiempo Guajataca operaría con un nivel de agua restringido. La AAA se vería forzada a mantener ajustes operacionales hasta por nueve años, exponiéndose a nuevos racionamientos de agua en tiempos de sequía.




Preocupados directivos de la UIA ante el paso de tormenta Dorian

El presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Pedro Irene Maymí. (Archivo/CB)
El presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Pedro Irene Maymí. (Archivo/CB)

El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Pedro Irene Maymí expresó el martes preocupación ante el posible paso de la tormenta tropical Dorian por la Isla porque entiende que la AAA no está preparada para enfrentar el evento atmosférico.

“Tal y como habíamos señalado el pasado 13 de junio del presente año, la Autoridad de Acueductos no está preparada para atender la posible emergencia que se avecina. No ha llegado la flota de vehículos, no compraron vehículos para las oficinas comerciales y que durante la pasada emergencia fueron utilizados para complementar en áreas de necesidad, existe una falta de materiales y equipos que pudieran provocar que la prestación de servicios de nuestros compañeros se vean afectadas,” dijo Pedro Irene en comunicación escrita.

El líder sindical destacó que el compromiso de la Unión y de los trabajadores con el país fue demostrado durante la emergencia de los pasados huracanes Irma y María.

“Nuestros compañeros unionados tienen un compromiso de echar el resto por nuestro país para mantener el servicio durante situaciones de emergencia por eventos como el que se avecina, el cual quedó claramente demostrado durante los huracanes Irma y María. Tan es así que la Autoridad de Acueductos lució bastante bien por el esfuerzo de los trabajadores de la Autoridad en poner a funcionar los sistemas de agua y alcantarillado. Sin embargo cuando leen y escuchan noticias sobre la posible privatización de la Autoridad decae el ánimo de los compañeros”, expresó el líder obrero.

“A pesar del compromiso que tenemos los trabajadores y la Unión con el país, tenemos que levantar bandera de las situaciones que ocurren en la Autoridad y que pueden afectar la operación del sistema. Tenemos que preguntar si el abasto de productos químicos es el adecuado, si hay diesel suficiente en los generadores de emergencia, si existen los generadores de emergencia en las instalaciones importantes y cuanta vida útil le resta a los generadores existentes, ya que todo esto afecta directamente el servicio que ofrece la AAA”, finalizó.




Gobernadora nombra a Zoé Laboy como secretaria de la Gobernación

(Suministrada)
(Suministrada)

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced designó la tarde del miércoles a la senadora, Zoé Laboy como secretaria de la Gobernación y al ingeniero, abogado y presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza como el nuevo representante del Ejecutivo ante la junta de control fiscal.

“Me enorgullece presentarles hoy a dos extraordinarios profesionales probados en la administración pública que al igual que yo quieren lo mejor para Puerto Rico. Trabajaremos juntos para encaminar el gobierno administrativamente y financieramente. (Ambos) son excelentes recursos de alto calibre que buscan enderezar el gobierno como yo”, expresó la gobernadora.

Vázquez Garced precisó que la directriz para ambos nominados es que la prioridad será lograr un mejor gobierno y suplir las necesidades de los ciudadanos.

“La política pública de este gobierno es que vamos a proteger a los empleados públicos. Las pensiones tenemos que reconocer que son empleados que por 30 años sacrificaron a sus familias y necesitan un retiro digno. Eso lo vamos a trabajar ante la Junta. La prioridad es escuchar ese mandato que hubo en las manifestaciones pasadas. Estoy convencida de que como no tengo aspiraciones políticas vengo a cambiar los viejos estilos”, sostuvo la gobernadora.

En el caso de Laboy, según se explicó, renunciará a su escaño al Senado por acumulación éste próximo viernes, mientras Díaz Atienza renunciaría sólo a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica pero mantiene su puesto como presidente de la AAA.

“A los compañeros jefes de agencia los conozco, sé de su compromiso, pero Puerto Rico necesita ver más resultados. La gobernadora me dijo desde el principio tenemos que darle al pueblo lo que se merece y con ese propósito es que decidí con mucho orgullo unirme al grupo de trabajo de nuestra gobernadora Wanda Vázquez como secretaria de la Gobernación”, reaccionó Laboy tras su designación.

La aún senadora reiteró que “las cosas hay que hacerlas diferente” y que con eso en mente ejecutará sus nuevas funciones en la secretaría de la Gobernación.

“Renuncio a mi escaño. Tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico con toda sinceridad que decidí que en éste momento, donde mejor puedo servirle al pueblo, es como secretaria de la Gobernación. No es tiempo de hablar de candidaturas, agregó Laboy al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas.

Por su parte, el presidente de la AAA y ahora representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, enfatizó en que desarrolló una buena relación con la Junta de Supervisión Fiscal durante la elaboración de los planes fiscales de la AAA.

“Hemos tenido excelente relación con la Junta en la AAA y queremos replicar eso en todas las gestiones del gobierno. Sabemos que hay unas reuniones que tenemos que tener. Vamos a implementar la política pública y vamos a mover estos temas ante la Junta de Control Fiscal”, dijo Díaz Atienza.




Presidente de la AAA dice acuerdo con el gobierno federal reactiva mercado de mejoras capitales

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza dijo el lunes que el acuerdo alcanzado con el gobierno federal reactiva el mercado de mejoras capitales tras casi cuatro años paralizada.

“Ya llegamos a la reestructuración de lo que es la deuda federal, que era lo que estábamos trabajando con Rural Development y con EPA. En el proceso se consiguen unos ahorros en el pago de la deuda de esos préstamos, pero más importante que eso, se reactiva ya el plan de mejoras capitales de nuevo que llevaba paralizada casi 4 años. Eso parte principal de los fondos que llegan hacia la infraestructura del agua, tanto en el área sanitaria como el agua limpia y, nada, un paso importante que estamos proveyendo en nuestro plan fiscal. Esto fue una larga negociación por básicamente dos años y pues, ya tenemos ese acuerdo con EPA y con Rural”, dijo Díaz Atienza a periodistas.

“De camino a la recuperación y de camino a realmente poner el dinero en lo que e nuestra infraestructura, pues yo creo que es un paso sumamente importante, ya por lo menos, nos saca de la incertidumbre de los pagos de la deuda”, añadió.

La AAA y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) anunciaron el domingo que se han alcanzado ciertos acuerdos para la reestructuración de deuda de la AAA con el gobierno federal, bajo el programa del fondo rotatorio estatal de agua potable y aguas limpias (SRF, por sus siglas en inglés).

Esto bajo el programa del fondo rotatorio estatal de agua potable y aguas limpias (SRF, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). El balance de deuda restructurada asciende a cerca de mil millones de dólares.Las agencias federales son: la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el programa para el desarrollo rural (RD/RUS, por sus siglas en inglés) del  Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).   

Los acuerdos anunciados modifican los términos económicos de cerca de $570 millones de préstamos del Fondo Rotatorio Estatal y $403 millones en bonos del programa para el desarrollo rural (RD/RUS bonds), eliminando así la garantía del Gobierno de Puerto Rico sobre dichas deudas y elevando la deuda federal a nivel senior, en paridad con los bonos senior de la AAA, de conformidad a los términos establecidos en el actual Acuerdo de Fideicomiso de la AAA.

Los acuerdos fueron realizados el pasado 26 de julio de 2019 y publicados por medio de EMMA® (Municipal Securities Rulemaking Board’s Electronic Municipal Market Access) el viernes, 9 de agosto de 2019, conforme a los términos de tiempo establecidos por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El escrito menciona además que, “ni la AAFAF ni la AAA pueden garantizar ni asegurar que eventos futuros no afectarán el resultado anticipado.   Los resultados reales podrán diferir significativamente con los esperados como consecuencia de una variedad de factores.  Cualquier declaración realizada sobre las expectativas incluidas en esta comunicación son solo a la fecha y momento de su publicación y ni AAFAF ni la AAA tienen ni tendrán la obligación de actualizar las mismas de manera pública, bien como resultado de nueva información, eventos futuros o alguna otra razón”. 

De otra parte, Díaz Atienza descartó que vaya a renunciar a su cargo.

“Por ahora no. En este proceso no tengo visualizado presentar mi renuncia. No, no la voy a presentar”, sostuvo.




Junta de control fiscal certifica plan fiscal de la AAA

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Jaime Rivera/CB)
La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Jaime Rivera/CB)

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko, anunció el miércoles, la certificación del plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El plan, mencionó, integra eficiencias operacionales; la implementación de medidas que logren un aumento de ingreso durante el periodo del plan; y el uso máximo de los fondos federales disponibles actualmente para invertir en la reconstrucción y mejorar la infraestructura dañada. 

“La AAA ha logrado un progreso cuantificable respecto a los objetivos de su Plan Fiscal, pero aún se encuentra en una posición vulnerable”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“La implementación completa y oportuna de reformas fiscales críticas llevarán a la AAA hacia un camino de sostenibilidad financiera y lo acercará más a su objetivo de convertirse en una utilidad autosustentable, eficiente y resistente en beneficio de todos sus clientes”, añadió.

Mencionó que se prevé que el contrato de alianza público-privada de la AAA esté completado a fines del año calendario 2019. En virtud de este acuerdo, la AAA externalizará todas las actividades de medición de contadores y servicio al cliente a un operador privado, lo que se espera mejore la satisfacción del cliente y la precisión en la medición de los contadores, al tiempo que se reducen los costos para la AAA y mejora la eficiencia del sistema.

“El Plan Fiscal Certificado protege a los consumidores al mantener accesibilidad, mientras se asegura que la AAA pueda asumir las inversiones necesarias en su infraestructura”, dijo Jaresko.

El Plan Fiscal provee inversiones de capital de $2,300 millones durante el periodo de cinco años, mientras identifica la necesidad de restructurar sus deudas para mantener un servicio de la deuda sustentable.   

“Como resultado de los huracanes Irma y María, Puerto Rico ha tenido a su disposición un nivel de ayuda federal sin precedentes para reconstruir su infraestructura y asegurar su resiliencia, confiabilidad y capacidad”, dijo Jaresko.

“Como consecuencia, la AAA debe esforzarse por maximizar el uso de estos fondos de forma costo-eficiente, los cuales ya están disponibles en un momento en el que Puerto Rico más lo necesita”, añadió.

El Plan Fiscal Certificado proyecta $435 millones en fondos federales nuevos que se recibirán durante los años fiscales 2020-2024. Estos incluyen el acceso a un fondo de reembolso. 

“La falta de inversión de capital ha incrementado la vulnerabilidad de la compleja infraestructura de la AAA. La implementación de iniciativas para aumentar los ingresos y reducir los costos a través de eficiencias operativas, junto con la maximización de la financiación federal, debería ayudar a cambiar la situación”.




Plan de racionamiento del lago Guajataca cuesta cerca de $6 millones

El director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de la región oeste, ingeniero Joel Lugo, reveló el martes que el plan de racionamiento a los clientes que se sirven del lago Guajataca, que entró en vigor el pasado 22 de febrero, cuesta aproximadamente $6 millones.

“El plan completo que aprobó la Junta de Directores de la AAA para todos los municipios es de $6 millones. Eso incluye los 63 oasis y las vigilancias de los guardias de seguridad”, informó Lugo en una vista ocular de la Comisión de Desarrollo del Oeste que preside el senador Luis Daniel Muñiz Cortés en el sector Poncito-Llanada de este municipio.

Sin embargo, el ingeniero admitió que luego del 22 de febrero la AAA ha enfrentado una serie de situaciones que no tenían contempladas. Por ejemplo en el caso de la bomba de Llanada tuvieron problemas con los controles, un salidero que no dejó que el sistema se recuperara, se acumuló aire y se encontraron cinco ventosas (un aditamento que se coloca en el punto más alto para sacar el aire a la línea) “y al estar malas las ventosas no le llegaba agua a Llanada”.

La falta de agua en las comunidades por más de cinco días consecutivos “ha sido una situación de nosotros en la calibración del plan de interrupción por problemas mecánicos de la bomba, salideros y aire en el sistemas”, reveló Lugo a preguntas del senador Muñiz Cortés.

Gran parte del racionamiento se debe a cómo quedó de afectado el lago Guajataca tras el paso del huracán María a lo que se suma la baja precipitación de octubre del año pasado. Sin embargo, al día de hoy el Cuerpo de Ingenieros continúa trabajando el aliviadero del lago, el cual según el ingeniero, proyectan terminar entre septiembre y octubre de este año.

Luego de la explicación de la AAA, el líder comunitario del barrio Poncito, Miguel Machado, se comprometió a llevar la información precisa y exacta a los más de 200 residentes del barrio porque “hay una histeria colectiva” más aún cuando hay personas que por razones físicas y de salud no tienen la forma de llevar el agua del oasis a sus hogares.




Junta recertificará plan fiscal para anular acuerdo con Rosselló

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y el presidente de la junta de control fiscal José Carrión III.(Suministrada)

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión III anunció el viernes la intención de recertificar los Planes Fiscales para el Gobierno y ciertas instrumentalidades, con lo que se eliminarían cerca de $400 millones del presupuesto, lo que a su vez provocaría la eliminación del bono de navidad y otros acuerdos negociados con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

En una carta enviada al gobernador Rosselló Nevares, al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez Núñez, la junta declaró que se realizarán cambios al Plan Fiscal del Gobierno como resultado del hecho de que la Legislatura no aprobara la reforma laboral, en parte derogando la Ley por Despido Injustificado de Puerto Rico, también conocida como Ley 80, lo que era un requisito del Plan Fiscal enmendado certificado unánimemente por la Junta el 30 de mayo, el cual contenía un acomodo acordado con el Gobierno de Puerto Rico.

La Junta tiene la intención de re certificar un Plan Fiscal que refleje el impacto de la inacción de la Legislatura sobre la reforma laboral. Como se detalla en la carta, el Nuevo Plan Fiscal revertirá algunas de las medidas originales contenidas en el Plan del 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del gobierno que hará al sector público más eficiente y menos costoso. El Plan Fiscal mantendrá todas las otras reformas estructurales críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la Isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleos”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

Detalló que éstas incluyen reformar el sector energético para proporcionar electricidad confiable y a un costo razonable a residentes y negocios, una reforma laboral limitada a la implementación de un Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) y programas de beneficencia por trabajo (welfare to work), así como reformas medibles para facilitar los negocios, entre otras iniciativas fiscales importantes.

Indicó que además de las enmiendas al Plan Fiscal del Gobierno, la Junta también hará cambios técnicos al Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como al Plan Fiscal de la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT), alineados con los ajustes al Plan del Gobierno.

La carta concluyó que la Junta de Supervisión revisará el presupuesto para el Gobierno que deberá presentar la Legislatura antes del final de este año fiscal. Si la Junta determina que el presupuesto no cumple con el Nuevo Plan Fiscal, la Junta certificará un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico, la UPR, la ACT, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, antes del 1 de julio.

“El Nuevo Plan Fiscal incluye un plan de reformas estructurales y medidas fiscales que, de implementarse, brindarían a los puertorriqueños lo que necesitan y se merecen: una economía en crecimiento con más y mejores empleos, una infraestructura resistente y un sector público efectivo y eficiente”, sostuvo el presidente de la JCF.

“Aunque las reformas estructurales siguen siendo esenciales para frenar la pérdida de empleos y negocios en la isla y superar la crisis financiera a largo plazo de Puerto Rico, sin una reforma laboral abarcadora, el camino se hace más difícil”, agregó.

Una copia de la carta puede verse en la página de internet de la Junta www.juntasupervision.pr.gov.




Lejos la reestructuración de la deuda de la AAA

Aunque funcionarios del gobierno de Puerto Rico han dicho que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de un acuerdo de consentimiento mutuo con sus acreedores bajo la ley federal Promesa es algo “seguro”, tal posibilidad no parece estar en el futuro cercano.

La AAA ha informado a los mercados que ha extendido un acuerdo de indulgencia con uno de sus acreedores, algo que parece ser indicativo de que hay obstáculos en la negociación de su deuda de $4,700 millones.

Según una notificación enviada la semana pasada a los mercados municipales, la AAA dijo que una prórroga de ciertos bonos emitidos al Programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Rural Utility Services, en la década de los ochenta, se extendió hasta el 30 de junio. El aplazamiento vencía el 30 de abril.

“[…] El 30 de abril de 2018, RD / RUS extendió, hasta el 30 de junio de 2018, un acuerdo de indulgencia otorgado a la AAA el 1 de julio de 2016, según enmendado [el ‘Acuerdo de indulgencia modificado’], sujeto a ciertos requisitos y condiciones”, informó la corporación pública a los mercados.

Desde el año pasado, la AAA ha estado en conversaciones para reestructurar su deuda de $4,700 millones por medio de discusiones para posponer pagos de intereses, ampliar los vencimientos y reducir las tasas de interés. La deuda incluye préstamos de $580 millones del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (SRF) y $390 millones del Programa de Desarrollo Rural.

El plan fiscal de la AAA establece un segundo aumento de tarifas en julio y aumentos de tarifa moderados anuales hasta 2022. Sin embargo, si la corporación pública no renegocia su deuda o toma prestado de los mercados, las tarifas podrían no ser asequibles para los abonados.




Junta divulga plan fiscal que certificaría hoy para el gobierno de Puerto Rico

El plan fiscal que se espera que la junta de control fiscal certifique el jueves para el gobierno de Puerto Rico consolidaría 114 agencias en 22, impondría una congelación de nómina de cinco años en el sector público, derogaría las leyes de protección laboral, reduciría pensiones así como los subsidios municipales y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El plan “propuesto” fue uno de varios presentados el miércoles por el ente rector -que contiene numerosos cambios a las versiones presentadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 5 de abril- y que reveló atípicamente un día antes de la reunión pública para su certificación, lo que podría dar lugar a una acalorada reacción por parte del gobierno.

“El Gobierno de Puerto Rico ha sido claro en establecer la política pública para el plan fiscal luego del embate de un huracán catastrófico como María. La postura es firme en cuanto al recorte de pensiones y de otras medidas que consideramos innecesarias y que además detendrían nuestro desarrollo económico”, reaccionó por su parte Christian Sobrino, el representante del gobernador ante la junta fiscal, en un comunicado emitido la noche del miércoles.

El plan fiscal elaborado por la junta proyecta que $62,000 millones en fondos de ayuda por desastre para huracanes ingresarán a la economía de la isla de fuentes federales y privadas. De ese dinero, se espera que se utilicen unos $35,000 millones para asistencia pública, como grandes proyectos de infraestructura y mejoras de carreteras y escuelas por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); el Departamento de Vivienda de Estados Unidos, a través de su programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG); otras agencias federales; y lo que se conoce como “commonwealth match-spend”.

La junta de control fiscal celebra hoy su 12ma reunión pública. En esta ocasión, se espera que certifiquen los planes fiscales del organismo para el gobierno, la AEE y la AAA. (Jaime Rivera/CB)

Unos $19,000 millones serían para asistencia individual en forma de reconstrucciones de viviendas y gastos relacionados con huracanes, como ropa y suministros; y alrededor de $8,000 millones serían utilizados para pagos de seguros privados y comerciales.

Se estima que aproximadamente $375 millones en fondos de CDBG se asignarán para compensar los requisitos de costos compartidos esperados por el gobierno en virtud de los programas federales, que es de $1,000 millones en seis años.

El plan además propone cambios estructurales que tendrían un impacto negativo en el producto interno bruto.

Congelación del plan de retiro de maestros y judicatura

La junta también solicitó “mejoras a la estabilidad financiera” de los fondos de jubilación de los empleados públicos, lo que debe resultar en $185 millones en ahorros a tasa de ejecución para el año fiscal 2023.

“Para evitar crear futuros pasivos por pensiones y estabilizar el sistema en beneficio tanto de los contribuyentes como de los futuros jubilados, el Sistema de Retiro de la Judicatura y los planes del Sistema de Retiro para Maestros deben congelarse lo más rápido posible. Los miembros retendrán los beneficios que han acumulado hasta la fecha, sujetos a la fórmula de reducción de beneficios”, dice el plan.

Los beneficios futuros deben basarse en las contribuciones y los ingresos en las nuevas cuentas de jubilación de contribuciones definidas”, añade el documento.

Aunque la reducción promedio de los beneficios será del 10%, no habrá reducción para aquellos con un plan combinado de jubilación y beneficios de Seguro Social por debajo del nivel de pobreza que es de $1,000 al mes. Esta fórmula equivale a imponerle a cada pensionado una reducción del 25% en los beneficios mensuales que reciben a partir de los $600 y desde $1,000 para los que no tienen Seguro Social.

“Bajo este enfoque, aproximadamente el 25% no recibiría ninguna reducción en sus beneficios mientras que un 18% adicional de los jubilados experimentaría una reducción de beneficios del 5% o menos. Alrededor del 60% de los jubilados experimentará una reducción de beneficios del 10% o menos, y más del 80% de los jubilados experimentarán una reducción de beneficios del 15% o menos. Muy pocos jubilados tendrán una reducción de más del 20%, y ninguno tendrá una reducción del 25% o más “, dice el borrador del plan fiscal.

Cualquier cambio en la pensión necesitaría ser aprobado por la Legislatura.

De vuelta la reforma laboral

La junta reconoció que los cambios en las leyes laborales y de bienestar social en Puerto Rico son controversiales, y advirtió que los residentes tendrían que renunciar a los beneficios y la protección laboral cuando, “a través de la recesión económica y luego del huracán María, ya hayan perdido tanto”.

Sin embargo, agregó que “cambios dramáticos a las políticas de mercado laboral de Puerto Rico son necesarios para brindar oportunidades para un mayor nivel de vida en el hogar, revirtiendo la historia de alta pobreza de la isla, presupuestos limitados y presión para que los jóvenes puertorriqueños abandonen su hogar por Estados Unidos”.

La junta le dijo al gobierno que debería aspirar a aumentar la tasa de participación laboral al 47% y reducir la tasa de desempleo juvenil al 20.2% para el año fiscal 2023. El organismo asevera que la reforma laboral generará $50,000 millones en ingresos.

Para llevar a cabo la reforma, el gobierno debe implementar regulaciones laborales flexibles; reformar la asistencia social, incluido un crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) para trabajadores de bajos ingresos y un requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional “sin discapacidad”; e implementar programas para desarrollar “habilidades críticas” en la fuerza de trabajo.

Para reducir el costo de contratación y alentar la creación de empleos, incluido el movimiento de empleos informales a la economía formal, la junta dice que Puerto Rico debe convertirse en una jurisdicción de empleo a voluntad; reducir las licencias pagadas obligatorias, incluidos los días por enfermedad y las vacaciones, en un 50%; y hacer que la bonificación de Navidad sea voluntaria para los patronos.

El empleo a voluntad, lo que significa la derogación de la ley que penaliza el despido injustificado (Ley 80), debería estar en vigencia en enero, de acuerdo con el plan, junto con la derogación de la ley del bono de Navidad.

La reducción de las vacaciones pagadas debería entrar en vigor inmediatamente ya que “la mayoría de los estados de Estados Unidos no imponen ninguna licencia por vacaciones o por enfermedad”, dice el plan.

Propuesta de salario mínimo

Para compensar algunas de las protecciones y beneficios reducidos de los empleados del sector privado, estas reformas podrían ir acompañadas de un modesto aumento en el salario mínimo para los trabajadores de 25 años o más. Según la propuesta, el salario mínimo aumentaría en 25 centavos por hora, “efectivo tan pronto como el bono de Navidad se haga voluntario”. Tal aumento significaría unos $520 adicionales al año para un empleado que trabaje a tiempo completo.

Los trabajadores menores de 25 años mantendrían el salario mínimo federal de $7.25 con el objetivo de “aumentar las oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia y habilidades valiosas en la fuerza laboral y eviten agravar la alta tasa de desempleo juvenil”. Los pequeños patronos también estarían exentos del aumento.

En cuanto a las reformas de la estructura de bienestar, el gobierno debe poner en marcha un programa de crédito tributario por ingresos devengados (EITC) antes de enero, así como un requisito de trabajo para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) antes del 1 de julio, “sin periodo de transición”.

Para que sea más fácil para las empresas operar, la junta dijo que deben reducirse los requisitos de licencia ocupacional; desregular el manejo de carga en la isla; llevar a cabo una racionalización de permisos; hacer el registro de la propiedad más fácil; se debe mejorar la facilidad de pago de impuestos y el acceso a un sistema energético confiable.

Para permitir la transformación del sector de la energía, la junta propone un nuevo regulador que utilice el modelo de la Comisión de Servicios Públicos para supervisar los servicios estatales. El regulador sería independiente del gobierno y operaría bajo las normas de ética y conducta del servicio público.

La transición a una nueva estructura regulatoria “debe ocurrir inmediatamente”, enfatiza el borrador del plan, con una enmienda a la ley orgánica de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) que establezca que la Comisión de Servicios Públicos no tiene la autoridad para atender apelaciones del Buró de Energía o ” participar en cualquier revisión sustantiva” de su trabajo.


Supervisión del sector energético

“Esto es necesario para garantizar que la estructura y el financiamiento de la Buró de Energía se establezcan antes de que se soliciten las ofertas para la transacción. La autoridad y el financiamiento del Buró de Energía deberían tener un periodo de transición para tener en cuenta la pre-transformación de la junta, que continuará hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica salga del Título III [proceso de bancarrota según la ley Promesa]. Durante este periodo de transición, el gobernador designará nuevos comisionados reguladores, y los fondos del regulador pueden ser más bajos que el estado futuro ya que la junta fiscal tendrá algunas responsabilidades de supervisión”, lee el documento.

“Durante el periodo de transición”, la junta fiscal aprobará los requisitos de ingresos y gastos, incluido un plan de capital, en el plan fiscal certificado de la AEE. También estará a cargo del presupuesto y la creación de tarifas, aprobará nuevas deudas para la corporación y contratos y ventas de activos.

En cuanto a las reformas estructurales, el plan que la junta certificaría hoy propone una reducción y consolidación de 114 agencias en 22. Incluye iniciativas en los Departamentos de Educación, Salud, Seguridad Pública, Corrección y Desarrollo Económico, así como Hacienda y su propuesta Oficina del CFO. Las medidas de eficiencia deben generar $1,620 millones en ahorros en tasa de ejecución para el año fiscal 2023.

“En algunos casos, las consolidaciones están diseñadas para enfocar mejor los esfuerzos competitivos de múltiples agencias, como la agrupación de Desarrollo Económico que consolidará 10 agencias en una sola. En otros casos, las consolidaciones deberían servir para acercar los servicios a los ciudadanos, como las agrupaciones de Servicios Sociales y de Salud que consolidarán puntos de acceso a servicios importantes como Medicaid “, dice el documento.

Además, se ha propuesto la clausura de cinco entidades administradas por el gobierno: el Bosque Modelo; Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra; Empresa para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera; Banco de Desarrollo Económico; y la Autoridad de Financiamiento de Instalaciones Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica).

La junta también dice que el Departamento de Educación, que ha tenido numerosos recortes, debe lograr $53 millones en ahorros netos de personal y $6 millones en ahorros no personales en el año fiscal 2019. Para lograr esto, dice el plan, el Departamento “podría consolidar su huella” así como también “modernizar las instalaciones, revisar el plan de estudios y equipar a los maestros con lo que necesitan para tener éxito”.

Las medidas “deben generar $465.8 millones en ahorros en tasa de ejecución, incluidos los fondos necesarios para las reinversiones necesarias para aumentar la calidad. Sin embargo, estos ahorros se compensan con $160 millones en fondos reinvertidos provenientes de mayores ingresos provenientes de la reforma laboral para programas de desarrollo juvenil y materiales educativos”, agrega el plan.

Aumento en la Policía

Citando una reducción en la delincuencia, el Departamento de Policía también recibiría recortes, pero para asegurar que el Departamento de Seguridad Pública continúe reteniendo oficiales, a pesar de la presencia de puestos significativamente mejor pagados en los Departamentos de Policía de Estados Unidos, “debe instituir un aumento anual de $1,500 para todo personal juramentado para el año fiscal 2019″.

El plan fiscal certificado en marzo incluía una medida para congelar todos los gastos de nómina, que se convirtió en ley en el año fiscal 2018. “Sin embargo, el congelamiento expiraba a fines del año fiscal 2019. Para extender los ahorros de congelar los aumentos de nómina, el congelamiento debe continuarse durante la duración del nuevo plan fiscal. Esta medida debería ascender a $276.6 millones en ahorros anuales para el año fiscal 2023”, dice el plan.

También propone reducir los subsidios del gobierno a los municipios y la UPR para obtener un ahorro anual de $451 millones para el año fiscal 2023. El plan exige la consolidación de los servicios municipales y el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento del impuesto a la propiedad.

“En asociación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), los municipios deberían identificar y registrar decenas de miles de propiedades no registradas para comenzar a recaudar impuestos”, dice el plan.

 



FOMB Draft New Fiscal Plan for PREPA (Text)




AAA impondrá próximo aumento tarifario en julio

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) impondrá un segundo aumento en sus tarifas en julio y aumentos moderados anuales hasta el 2022.  Sin embargo, si la corporación pública no logra renegociar su deuda o tomar prestado de los mercados no podrá implantar el plan fiscal con tarifas accesibles para los consumidores.

La información se encuentra en el borrador del plan fiscal de la AAA sometido el pasado viernes. Este aumento se combina con los que se espera ocurran en el sector energético y con las medidas de austeridad del plan fiscal del gobierno, que incluyen la esperada reducción en las pensiones.

El plan fiscal a seis años de la AAA establece que luego del aumento en tarifa ocurrido en enero, se espera que haya alzas en julio de cada año comenzando en julio de 2018 hasta el 2022 de 2.5% para el sector residencial; 2.8% para el comercial; 3.5% para el industrial, y 4.5% para el gobierno. No obstante, a largo plazo según sus proyecciones a 30 años, la AAA podría continuar aumentando tarifas en un 3% anualmente luego del 2023.

El plan justifica estas alzas usando como base informes de tres empresas diferentes: Arcadis, FTI Consulting y Raftelis Financial Consultants.

AEE tendría que aumentar tarifas para poder cumplir con pago de su deuda

Estos cargos no incluyen una tarifa de reconexión de servicio de agua de $15 que entró en vigor en enero para aquellos clientes a quienes se les suspenda el servicio.

La corporación pública en su plan fiscal establece que con la estructura de tarifas podrá cubrir operaciones y servicio a la deuda, de reestructurarse la misma, pero no mejoras capitales. El poder reducir la cantidad de agua que no se factura es una de las principales prioridades. Luego de un análisis y tomando en cuenta la baja en población y el aumento en cuentas incobrables, se esperan pérdidas de ingresos de $711 millones en seis años.

Todo esto, pese a reducciones en gastos operacionales que incluyen una reducción en la plantilla a 4,900 para finales del 2018, ahorros en gastos de retirocero aumentos salariales hasta el 2022.

De otra parte, la corporación pública se encuentra en negociaciones para reestructurar sobre $4,000 millones en deuda y además tiene acuerdos de indulgencia en sus pagos. Dichos acuerdos están a punto de vencer. Estos acuerdos son para préstamos del Clean Water State Revolving Fund (SRF) y préstamos otorgados de parte del Rural Development Program (RDP) de $580 millones y $390 millones, respectivamente. Los del RDP vencen el mes que viene y los del SRF en junio.

Como parte del manejo de la deuda, la AAA dice en su plan fiscal que no pagará $162 millones en pagos para el Superacueducto debido a que no es una deuda de la corporación pública sino del gobierno. Ya la AAA dijo que no ha podido hacer esos pagos.

AAA también necesitará préstamo del gobierno central

Pese a su situación fiscal, la AAA dice en el plan fiscal que se propone invertir $3,400 millones en proyectos para hacer la infraestructura más resistente. Esto incluye $150 millones en proyectos de micro-redes energéticas y $320 millones para mejoras en las plantas de tratamiento de agua. El financiamiento de estos proyectos se hará en parte mediante los acuerdos de reestructuración de deuda y usando dinero otorgado por los mismos acreedores.

La AAA no será privatizada como la AEE debido a que ese mecanismo no ha funcionado en el pasado pero la corporación pública sí espera privatizar áreas como el servicio al cliente y la operación de las hidroeléctricas. Sobre estas últimas, la AAA espera poder asumir la operación y mejoras de las plantas hidroeléctricas en acuerdo con el sector privado para poder cubrir el 40% de sus gastos energéticos, que es uno de sus gastos más altos.