Alegan guías para fondos CDBG-DR crean riesgo de exclusiones, desplazamientos y desmantelamiento comunitario

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) informó el lunes que unas importantes guías que publicó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ponen en evidencia que al menos una parte de las personas a las que el huracán María les quitó o dañó su hogar está en riesgo de sufrir exclusiones y desplazamientos por parte del gobierno.

Esta situación llevó a la entidad a presentar una querella ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), indicó Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

“Sería una verdadera tragedia que, en lugar de finalmente facilitar la reparación de los destrozos que causó el huracán María a cientos de miles de hogares, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de la Vivienda agraven la situación de las personas más pobres de nuestro país a través de exclusiones, desplazamientos forzosos y del desmantelamiento de comunidades más vulnerables”, advirtió Godreau Aubert.

ALPR señaló en su querella que el Plan de Acción y las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación que publicó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el pasado 15 de junio no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos.

El Plan de Acción y las guías de implementación son requisitos de HUD al gobierno de Puerto Rico para poder recibir y usar fondos Community Development Block Grant (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

Godreau Aubert precisó que las guías de implementación carecen de parámetros claros para ofrecer asistencia aquellas personas que no tienen un título formal sobre sus viviendas. Tampoco explican las medidas que se tomarán para proteger la integridad de las comunidades afectadas por relocalizaciones.

Entendemos que, al actuar de esta manera, el Departamento de la Vivienda viola la reglamentación federal de los fondos CDBG-DR,” sentenció. “Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras. Tanto la mitigación –para la que se recibieron fondos– como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que relocalizar, ésta debe ser la última opción y debe hacerse con respeto a la comunidad.”

Según Godreau Aubert, lo que indican las guías de implementación y el Plan de Acción es que, si una persona carece de un título formal, será referida al programa de Autorización de Título. Sin embargo, a semanas de que se inicie el proceso, el Departamento de la Vivienda no ha publicado detalles de este programa.

Por su parte, la abogada comunitaria Paula Fournier del Valle indicó que la situación creada por el Departamento de la Vivienda es similar a lo que sucedió con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y que provocó que casi 70,000 personas se quedaran sin asistencia a pesar de haber sufrido enormes daños con el huracán María.

Fournier del Valle señaló que si en el proceso de relocalización hay propiedades que pasan a manos del Departamento de la Vivienda, debe existir una restricción a que estos terrenos terminen siendo desarrollados en proyectos privados.

En su querella, ALPR también denunció que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico solamente publicó en inglés las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de CDBG-DR, lo es una violación Título VI de la Ley federal de Derechos Civiles de 1994. Luego de la presentación de la querella, el viernes, 5 de julio se publicó una traducción.

Antes de acudir a HUD, ALPR se reunió en varias ocasiones con funcionarios del Departamento de la Vivienda pero ninguno de los señalamientos fue corregido. “Es lamentable que tengamos que recurrir a mecanismos federales para exigir que el gobierno local garantice que el dinero llegará a las personas y comunidades que dos años después del desastre todavía esperan techo digno”, sentenció la directora ejecutiva.

El equipo de ALPR exhortó a todo grupo y organización involucrada en la recuperación de Puerto Rico a educarse sobre los procesos de presentación de querellas ante la Oficina del Inspector General de HUD y a querellarse cuando sea necesario. Explicó que, quien desee orientarse o necesite querellarse, puede encontrar una guía sencilla en www.recuperacionjustapr.com

El trabajo de ALPR promueve el acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa de Puerto Rico. La organización define la recuperación justa como el derecho que tienen las personas y comunidades a que los planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades y respetando sus derechos humanos.




Alegan ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico está en niveles críticos

(Photo Mix/Pixabay)

La situación de las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico está en niveles críticos, con grandes repercusiones para la sociedad puertorriqueña, contrario al panorama que pintan las cifras oficiales, reveló el miércoles un análisis de la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ante la alarmante cifra de personas que enfrentan la posibilidad de perder su vivienda este año, la entidad presentó en el Colegio de Abogados un “protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos”.

Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), explicó que “la crisis no afecta a todas las personas por igual. Sufren tanto personas como entidades, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así. Tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”. La crisis se ha exacerbado pese a que los bancos otorgaron moratorias en los pagos.

“El huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población. En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día. Este año, solo en los dos primeros meses (enero-febrero 2019), 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear este protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó la abogada Godreau-Aubert.

La directora ejecutiva, junto a los abogados Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la UPR, y Tania Morales Cruz, analista de Políticas Públicas de ALPR, revelaron que las cifras reales trascienden las que publica la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que no incluye los casos en el tribunal federal de quiebra.

La organización analizó todas las cifras de: hipotecas con más de 90 días de atraso; quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras, propiedades en subasta, en ejecución, sometidas al tribunal federal, y en moratoria de pagos. Todos los casos totalizan más de 250,260 viviendas en riesgo.

“Los datos oficiales no lo dicen todo”, afirmó Ramos. “Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como reverse mortgage.”

Ramos explicó que se esperaba un aumento en el 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.

Los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población, indicaron los abogados. “Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés; la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau.

La organización declaró esta crisis como una “emergencia nacional” por estimar que más de un 25% de la población o sobre 750,000 personas, están afectadas. Subrayaron que son más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución.

Existen opciones

El “protocolo de primeros auxilios” de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.

“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan. Especialmente, nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indica el documento del protocolo confeccionado por Ayuda Legal Puerto Rico.