Directora de ASES niega exclusión de 200,000 beneficiarios del Plan Vital

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero (centro) expresó que la reducción no tiene relación alguna con la implementación del nuevo modelo de salud. (Agustín Criollo/CB)

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Ángela Ávila Marrero alegó el jueves que no se han excluido 200,000 beneficiarios del Plan Vital y que la reducción no tiene relación alguna con la implementación del nuevo modelo de salud.

“No es correcto afirmar que Plan Vital ha dejado sin cubierta a 200,000 beneficiarios. Esta tendencia a la baja no es un fenómeno nuevo, sino que viene reflejándose desde el 2014 y se ha agravado a partir del paso del huracán María”, dijo Ávila en una comunicación escrita.

La funcionaria detalló que existen diversos factores económicos y poblacionales que contribuyen a esta reducción, incluyendo el efecto de la migración neta, tanto antes como después del huracán; aumento en ingresos por concepto de Seguro Social; y una reducción en la asistencia a las citas de recertificación con el programa Medicaid, adscrito al Departamento de Salud.

Asimismo, indicó que a partir de 2014, la población de beneficiarios del plan de salud del gobierno se ha reducido en aproximadamente 197,000 personas o un 14.2 por ciento.

Ávila reveló que el Gobierno de Puerto Rico ha iniciado un proceso de análisis para solicitar al gobierno federal un aumento en el nivel de ingreso permitido (“allowable income level”), que se utiliza por el Gobierno Federal para establecer la elegibilidad al Programa Medicaid en Puerto Rico y permite convertirse en asegurado de Plan Vital.

“La intención del Gobernador es presentar esta solicitud al Congreso como parte de nuestra petición presupuestaria para el próximo año fiscal federal”, dijo la directora de ASES.

Ávila exhortó a los participantes que se han visto afectados por cambios en su elegibilidad a orientarse sobre las alternativas existentes para que sus tratamientos no se vean interrumpidos. Asimismo, la funcionaria instó a aquellos beneficiarios que aún no han acudido a su cita anual de recertificación de elegibilidad a así hacerlo.

“Para información adicional, pueden contactar el Programa Medicaid, a la ASES o a la Oficina de la Procuradora del Paciente”, finalizó.




Gobernador anuncia inicio de segunda fase del MMIS en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el jueves, que los Centros de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) aprobaron la implementación de la segunda fase del Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, en inglés) en cumplimiento con las regulaciones federales.

El sistema MMIS es un grupo integrado de procedimientos y operaciones de procesamiento por computadora que automatiza varios procesos que hasta el momento se realizaban de manera manual. Mediante el sistema, se procesa toda la información relacionada a los servicios que reciben los beneficiarios del Programa de Medicaid.

“Estamos muy complacidos con la realización de este proyecto, el cual cumple con los requerimientos federales. La primera fase se completó el 26 de marzo de este año; esta segunda fase provee herramientas que permiten la inscripción de los proveedores que prestarán servicios a los beneficiarios del programa Medicaid”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Rosselló Nevares añadió que “la segunda fase de implementación aportará a manejar con mayor cuidado los fondos dirigidos a la salud de los beneficiarios de salud, lo cual se traduce en un mejor uso de los fondos y en una fiscalización que es imperativa en tiempos de crisis fiscal como los que vivimos”.

La implementación de esta segunda fase se llevará a cabo con una inversión de $53.3 millones durante los próximos 18 meses.

Por su parte, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, puntualizó que “este sistema verificará el cumplimiento de los proveedores con otras agencias reguladoras. Una vez completado el proyecto, las aseguradoras solo podrán contratar proveedores para prestar servicios a los beneficiarios de Medicaid que estén registrados y autorizados por el programa”.

El titular de Salud indicó además que “este proyecto, aprobado a nivel federal, forma parte de la reforma de salud del gobernador, quien por medio de su política pública ha implementado eficiencia y economías mediante la buena utilización de los fondos destinados al área de la salud y la eficacia en los servicios”.

Entre los objetivos de este sistema y sus mejoras, se destacan mayor rapidez en los procesos; mejorar la eficiencia en los pagos a los proveedores; facilitar el proceso de análisis del estado de salud de los pacientes; así como identificar el fraude y los abusos en la utilización de los programas de salud del Gobierno.

Esta segunda fase permite el fortalecimiento de otras funciones, lo cual se traduce a una mejor calidad de captación de información para el desarrollo de nuevas políticas, toma de decisiones y fiscalización de fondos.




Aseguran no se puede implantar hasta el 2020 requisito de trabajo para beneficiarios del PAN

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos dijo el martes que el requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no se puede implantar hasta el 2020 a pesar que la junta de control fiscal (JCF) quiere que se aplique desde julio de 2019.

“Vamos a ir por fases. En la primera fase se le va a exigir el requisito (de trabajo) sin una penalidad a la persona en el sentido de limitarle los beneficios. Ya para el próximo año se empieza con la limitación de los beneficios… Sería en octubre del 2020. Lo que sí van a tener es el apoyo para poder conseguir ese empleo”, dijo Andújar Matos en entrevista radial (Radio Isla).

“Eso es lo que le estamos comunicando a la Junta”, dijo la funcionaria cuando se le preguntó si no es posible que el requisito se implante en julio o en octubre de 2019.

A pesar que la secretaria del DF no ha recibido la carta de la JCF oficialmente, señaló que no hay objeción con el requisito de empleo a los beneficiarios del PAN y explicó algunas consideraciones que rodean la solicitud del ente federal.

“No tenemos ningún problema con la implantación de lo que va a ser la transición al empleo… Las conversaciones con la Junta se tornan en términos de cómo se va a hacer esa implantación. No podemos perder de perspectiva que el Programa de Asistencia Nutricional es una asistencia suplementaria para alimentos y que realmente la cantidad que se recibe en Puerto Rico es ínfima en comparación con lo que se recibe en los estados”, explicó Andújar Matos.

“Imagínese que una persona que ha estado toda la vida trabajando, lo que recibe de PAN cuando está en su edad de jubilación son $132. ¿Para qué realmente da eso? Tampoco podemos perder de perspectiva que la mayor cantidad de personas que reciben asistencia nutricional son personas de edad avanzada y menores de edad y que sí existen dentro del programa personas que están trabajando”, agregó.

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La directora de la JCF, Natalie Jaresko envió el martes una carta a Andújar Matos, en la que le hace un llamado enfático al gobierno a alinear el plan propuesto por la agencia para la implementación del requisito de trabajo para el PAN con el Plan Fiscal.

Jaresko señaló que en la carta se reitera que este requisito debe comenzar antes de lo propuesto por el Gobierno, para crear un mayor incentivo y mover la isla lo más rápido posible hacia un crecimiento más sostenido. La carta dice que posponer la implementación completa del requisito de trabajo tendrá un efecto negativo en la expectativa de crecimiento y desacelerará cualquier reducción en la pobreza de la isla, dado que la nueva política será menos efectiva en incrementar los incentivos para integrarse al mercado laboral formal.

Explicó que el Plan Fiscal Certificado requiere que cada participante del programa entre las edades de 18 y 59 años contribuya 80 horas al mes, sea empleado formalmente o como voluntario. El Plan Fiscal certificado requiere que esta transición comience en el año fiscal 2020 (empezando en julio del 2019) y que el requisito de trabajo/voluntariado/educación sea requerido una vez el beneficiario haya recibido el beneficio del PAN por más de tres meses.

Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino envió una carta a la directora de la JCF en la que insiste que la implantación de este requisito se debe dar por fases.

“Implementar un requisito de trabajo adecuadamente es importante para su efectividad y es fundamental que se consideren las particularidades del mercado laboral específico de Puerto Rico de alta tasa de desempleo (demanda de empleo) y asistencia federal limitada para el trabajo (no EITC Federal, CTC y otros). Es por esto que la fase gradual es el enfoque más efectivo”, dijo Sobrino en la carta enviada a Jaresko.

“Estamos sorprendidos por el momento de su carta, ya que hace mucho que conoce el enfoque gradual del gobierno. Esto se ha discutido en cada reunión de implementación de la Reforma Laboral entre el gobierno y el JCF este año fiscal”, agregó.

Señaló que según han informado al ente federal previamente, las dos razones para que este requisito de empleo se maneja de forma escalonada responde a un asunto de empleo y programas de adiestramiento, así como a aspectos demográficos.

“No estamos de acuerdo con el enfoque que la Junta de Control Fiscal recomienda para su implementación. El gobierno recomienda encarecidamente a la Junta de Control Fiscal que se alíe con su enfoque por las razones expuestas anteriormente y que se convierta en defensora de los grandes éxitos que el gobierno y la Junta han logrado mediante el diálogo y la cooperación”, finalizó el funcionario.

El texto íntegro de la carta enviada a la secretaria Andújar Matos está disponible en la página de internet de la Junta de Supervisión www.juntasupervision.pr.gov.




Gobierno anuncia sistema de Mi Salud no tendrá recorte de tarifas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, anunciaron el viernes que la junta de control fiscal aprobó la propuesta de dicha agencia para que los proveedores reciban una compensación razonable dentro del marco de la realidad fiscal del gobierno de Puerto Rico y evitando recortes a tarifas de los proveedores de Mi Salud.

La propuesta permite la utilización del 70 por ciento del tarifario de Medicare 2018 como guía de referencia recomendada para la negociación de tarifas a proveedores de Mi Salud, según explicó Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo indicó que esta medida sustituye la incluida en el Plan Fiscal vigente que establece de forma mandatoria que se utilice un máximo del 70 por ciento de las tarifas en el Medicare Fee Schedule de 2016 para el establecimiento de tarifas a proveedores de Mi Salud. La medida aprobada entrará en vigor como parte de los contratos con las aseguradoras para la implantación del nuevo modelo del sistema.

Por su parte, Ávila detalló que el impacto estimado de utilizar las tarifas de Medicare 2018 como referencia en las finanzas de Mi Salud se estima en aproximadamente $50 millones durante el primer año del período de contratación con las aseguradoras.

La directora ejecutiva de ASES puntualizó que “la aprobación de esta modificación a los contratos modelo con las entidades de cuidado coordinado representa la liberación de la imposición de un ajuste a las tarifas de los proveedores contenida en el plan fiscal”.

Asimismo, Ávila añadió que “gracias al alivio federal recibido mediante el Bipartisan Budget Act (BBA), ahora el nuevo modelo utilizará como guía recomendada en la negociación de tarifas con proveedores los tarifarios de Medicare 2018 en un 70 a 80 por ciento. Reiteramos nuestra posición de que nadie va a sufrir recortes adicionales en tarifas ni servicios”.

Además, la funcionaria también exhortó a los proveedores de servicios de salud a acceder el portal de internet de ASES para completar la aplicación del registro de proveedores de Medicaid, según requerido por los Centros de Medicare y Medicaid (CMS).

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“Estamos sumamente complacidos con la aprobación de esta medida urgente que busca hacer justicia a nuestros médicos y demás proveedores, contribuyendo a detener el éxodo de estos profesionales de la salud. Buscamos que las redes de proveedores de Mi Salud sean robustas y cumplan con las necesidades de los beneficiarios, a tono con la política pública establecida por nuestra administración”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Completar el proceso de registro es un requisito para prestar servicios a los beneficiarios de Mi Salud, pero es un trámite separado a la firma de los contratos de proveedores con las aseguradoras.

“Sabemos que ha habido confusión en relación al proceso de registro de proveedores con ASES y se ha identificado el mismo incorrectamente con la contratación de proveedores por las aseguradoras”, dijo Ávila.

Aun cuando un proveedor esté participando actualmente de la red de proveedores de Mi Salud se requiere su registro como proveedor con ASES antes del 15 de septiembre de 2018.

El portal de ASES en internet posee una aplicación en línea https://www.asespr.org/proveedor/puerto-rico-medicaid-government-health-plan-ghp-provider-enrollment-application/ para facilitar el registro de proveedores en cumplimiento con las regulaciones federales. La aplicación toma cerca de 20 minutos e incluye un acuerdo que debe ser aceptado por los proveedores para registrarse como proveedor del programa federal de Medicaid que rige Mi Salud.

Ávila instó a los proveedores que tengan preguntas sobre el registro de proveedores a comunicarse con ASES al 787-474-3300, extensiones 3223 ó 2341.

El nuevo modelo de Mi Salud establecerá una sola región para toda la Isla. La integración de las ocho regiones actuales de Mi Salud, que incluye a Vieques y Culebra, permitirá que los pacientes tengan mejor acceso y mayor movilidad en la búsqueda de servicios médicos en todo Puerto Rico.




PHM Multisalud consolida sus grupos médicos para facilitar servicios en Puerto Rico

La compañía PHM Multisalud integró todos sus grupos médicos y servicios para reforzar su liderazgo como el facilitador de servicios médicos integrados más grande de Puerto Rico.

Bajo esta nueva estructura, PHM Multisalud concentró sus 10 grupos médicos y sobre 400 médicos primarios en las regiones Norte, Oeste, Este y Sureste de Puerto Rico. De este modo, ofrecerá servicios a sobre 100,000 beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno y a 35,000 beneficiarios de Medicare Advantage.

Esto representa el manejo de primas anuales de sobre $150 millones en el Plan de Salud del Gobierno y $250 millones en el modelo Medicare Advantage. A esta consolidación se integra una Red Preferida de sobre 75 especialistas y una red de hospitales en cada una de las regiones que sirven.

PHM Multisalud contará con seis Clínicas Multidisciplinarias enfocadas en la prevención y en programas de calidad y de manejo de enfermedades crónicas. En las mismas se ofrecerá un servicio estandarizado enfocado en brindar herramientas a los beneficiarios para que tomen control de su salud.

En la foto, Roberto Luis Bengoa (izquierda), presidente de PHM Multisalud y José Bengoa, vicepresidente de PHM. (Suministrada)

En la foto, Roberto Luis Bengoa (izquierda), presidente de PHM Multisalud y José Bengoa, vicepresidente de PHM. (Suministrada)

“Es una satisfacción poder integrar y uniformar todos estos servicios bajo una sola imagen. Con este avance le damos continuidad de servicios a nuestros pacientes, asegurando un mejor cuidado y manejo del sistema de salud”, expresó Roberto Luis Bengoa, presidente de PHM Multisalud.

“Nuestra visión de futuro es continuar ampliando estos servicios médicos preventivos en nuestras clínicas e impactar la mayor parte de nuestra población, que redundará en pacientes más educados y saludables”, abundó Bengoa.

PHM Multisalud tendrá el apoyo administrativo de su compañía hermana PHM Healthcare Solutions en el manejo e integración de la red de médicos primarios y especialistas preferidos, manejo de utilización y calidad, en la implementación de programas preventivos y manejo de enfermedades crónicas, entre otras funciones.

“La clave del éxito está en poder implementar todos estos programas utilizando al proveedor y el personal administrativo de la oficina médica como parte integral del proceso”, indicó José Bengoa, vicepresidente de operaciones de PHM Healthcare Solutions y de PHM Multisalud.

PHM Multisalud también contará con el apoyo tecnológico de sus compañías hermanas E Health Partners, líder en récord electrónico en Puerto Rico, y Smartcap, solución líder en la industria especializada en el manejo y análisis de la data de utilización y calidad.

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“Este componente es esencial para poder manejar y compartir la información en tiempo real, integrarla y establecer estrategias en los programas establecidos”, subrayó el vicepresidente.

La misión de la compañía es continuar integrando proveedores a la red y ofrecer sus servicios especializados a diferentes grupos médicos, bajo esta nueva marca.

Los continuos requerimientos y cambios en los modelos del Plan de Salud de Gobierno y Medicare Advantage hacen de PHM Multisalud una entidad comprometida en poder cumplir con esos retos.

“Con ese norte y con la energía renovada de nuestra nueva imagen, nos enorgullece brindar el ecosistema médico más completo para la comunidad de pacientes beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno y Medicare Advantage en Puerto Rico, a través de un servicio personalizado”, concluyó el presidente de PHM Multisalud.




Senado con el ojo en vales educativos

Comisión de Educación del Senado teme una migración masiva de estudiantes del sistema público al sistema privado. (Suministrada)

Comisión de Educación del Senado teme una migración masiva de estudiantes del sistema público al sistema privado. (Suministrada)

La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado creará un proyecto de ley, alterno a la Ley de Reforma Educativa, para garantizar topes en la cantidad de beneficiarios y parámetros específicos en la otorgación de vales educativos para asegurar que no desaparezca el sistema público de enseñanza ante una posible migración masiva de estudiantes a instituciones privadas, anunció hoy el presidente de esa comisión, Abel Nazario Quiñones.

El senador hizo el anuncio durante el proceso de vistas públicas que lleva esa comisión para estudiar el Proyecto del Senado 825 que establecería la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” y a la cual se citó hoy, martes, a la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, 11 rectores de los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al presidente interino de esa institución, Darell Hillman Barrera.

A través de esta nueva ley, el gobierno buscaría que el sistema se centralice en el estudiante y se implementen modelos exitosos de educación. Además, incorporaría los conceptos de escuelas tipo chárter y el programa de vales educativos.

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“Es importante que esta Legislatura al tomar la determinación de abrir ese campo [programa de vales], lo defina claramente para proteger de cualquier vicio de inconstitucionalidad”, sentenció Nazario Quiñones a la vez que, dirigiéndose a la secretaria de Justicia, preguntó si reconocía la autoridad de la Asamblea Legislativa para establecer estos parámetros que garanticen que este mecanismo no sustituirá a la escuela pública. La secretaria respondió en la afirmativa.

Nazario Quiñones advirtió, sin embargo, que estos vales educativos no irían cursados a ninguna institución en particular sino que sería responsabilidad de los padres o tutores del estudiante canjearlo.

Vázquez Garced, por su parte, aclaró que el beneficio que le otorga el Estado a un niño no puede constituir beneficio o sostenimiento de una religión sino que el beneficiado debe ser el estudiante.

“El Tribunal Supremo ha ido analizando la concesión de estos vales a base de la cláusula de establecimiento basada en la primera enmienda de la Constitución y la de sostenimiento que es una cláusula establecida por nuestros constituyentes y que no tiene referencia a nivel federal”, indicó la secretaria de Justicia.

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“Para resolverse la otorgación, el Tribunal estableció tres criterios: que la ley no sea sectaria, o sea, que no apoye una religión; segundo que no inhiba ni favorezca ninguna religión y tercero que no haya un sobre envolvimiento del Estado en esas escuelas privadas”, añadió.

Ante este planteamiento, Nazario Quiñones sostuvo que hay una necesidad de definir hasta dónde llegar en relación a un tope total de vales otorgados, ello para que no se coloque en una posición de vulnerabilidad el sistema público de enseñanza en la isla.

“Que mañana no venga alguien y otorgue 300,000 vales y haga inexistente la escuela pública. Antes del 21 de marzo vamos a estar preparando un borrador de un proyecto alterno de ley que atienda el programa de vales, y vamos a poner los parámetros para asegurarnos que el gobernador tenga un proyecto de ley que sea adecuado y que cumpla con todos los aspectos constitucionales”, adelantó el senador, el cual también pidió a la secretaria “sus recomendaciones en el proceso de creación”, señaló Nazario Quiñones.

Nazario insistió en que se necesita evaluar que estudiantes no migren a la escuela privada sino que sea un mecanismo para mejorar la calidad de servicios educativos que se brindan a estudiantes con rezago académico, los que muestran dotes extraordinarios o aquellos estudiantes que poseen impedimentos severos y que el sistema público no ha podido atender debidamente.

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No obstante, aunque admitió ver viable la otorgación de estos vales a estudiantes de educación especial, la secretaria de Justicia pidió que se le sometiera el proyecto para examinarlo en detalle.

Sobre las escuelas tipo chárter, el senador dijo visualizar que se introduzca en la pieza un tiempo de prueba que tendría una escuela de este tipo para evidenciar que ha tenido resultados efectivos.

“Tenemos que consultarlo con la secretaria de Justicia pero entiendo que no debe ser menos de tres ni más de cinco años, el tiempo de prueba y así el secretario pueda fiscalizarla”, indicó Nazario Quiñones.

Dispuesta a “charterizar” la UPR

Durante esta segunda vista pública, el presidente interino de la UPR, el presidente de la Junta de Gobierno Walter Alomar y los rectores de los 11 recintos del sistema dijeron estar dispuestos a “charterizar” las escuelas públicas cercanas a cada recinto al indicar que ya estos han identificado escuelas candidatas.

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El anglicismo fue utilizado por los deponentes y el senador para describir la propuesta del sistema universitario de la UPR para administrar escuelas tipo chárter bajo la reforma educativa, que se espera mejore la calidad de educación brindada en varios planteles escolares que circundan el perímetro de los diferentes campus de la universidad.

“Estamos muy a favor de que se le vaya dando libertad a las regiones educativas, lo que sería muy parecido a los que se generan en los recintos de la UPR. Además, la alternativa de alguna de estas escuelas se pueden especializar para sacar el mejor talento de estos estudiantes. Nosotros cumpliríamos en lo que sería a cabalidad con lo que serían las Escuelas Alianza. Tenemos la experiencia con lo que es la UHS. Nosotros hemos mantenido los estándares, tenemos y podemos ofrecer las ayudas”, indicó Hillman Barrera.




USDA aprueba $1,270 millones adicionales en fondos para beneficiarios del PAN en Puerto Rico

El Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico (PAN) ha recibido $1,270 millones en fondos adicionales a través de las asignaciones suplementarias del Disaster Relief Requirements Act de 2017.

El Departamento de Familia de Puerto Rico distribuirá la asistencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a los residentes elegibles a partir del 1 de marzo. Estos fondos permiten que se amplíe el número de beneficiarios adicionales y aumente temporeramente la cantidad de beneficios para los participantes actuales y nuevos.

La nueva asignación máxima para una familia de cuatro miembros será de $649.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que la subvención es parte de un esfuerzo colaborativo entre los Departamentos de Agricultura, de la Familia y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) “que han logrado demostrar que nuestra gente enfrenta desafíos sin precedentes después de dos huracanes catastróficos”. (CyberNews)

“Yo le voy a hacer un llamado a todas aquellas personas que ya solicitaron, y de alguna manera no fueron aceptados como parte del programa que, ahora con esta nueva ventana que se abrió, vuelvan y soliciten para ser evaluados”, exhortó por su parte la secretaria del Departamento de la Familia Glorimar Andújar Matos.

Con esta ayuda, Puerto Rico podrá crear un plan para proporcionar beneficios temporales para las víctimas de los huracanes en el cual tomen en cuenta las necesidades de los recipientes.

El PAN de Puerto Rico se diferencia del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos, que también sirve a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en que el PAN es una donación en bloque con una cantidad fija de fondos anualmente. Este nuevo financiamiento suplementario para Puerto Rico “reconoce la interrupción económica sostenida que enfrenta la isla”, ya que se recupera de los “desastres consecutivos” que fueron los huracanes de septiembre.

“El pueblo de Puerto Rico todavía enfrenta inmensos desafíos, ya que la isla se recupera de los múltiples huracanes”, dijo el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, en el anuncio del martes.

“Esta subvención cumple la promesa de la Administración de apoyar la recuperación y nuestro compromiso de garantizar que los residentes de Puerto Rico obtengan la asistencia nutricional vital que necesitan para avanzar”, agregó.

Mientras tanto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que la subvención es parte de un esfuerzo colaborativo entre los Departamentos de Agricultura, de la Familia y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) “que han logrado demostrar que nuestra gente enfrenta desafíos sin precedentes después de dos huracanes catastróficos”.

El anuncio de la Subvención de Ayuda por Desastre de Puerto Rico es la más reciente acción del USDA para ayudar a los residentes afectados por un desastre. Otra asistencia alimentaria del USDA FNS para el alivio de desastres incluye el programa de School Meal Flexibilities, el programa de Disaster Household Distribution y el Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC).




ASES recibe aprobación para contratos de Mi Salud

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, anunció hoy que recibió la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) sobre los contratos con las aseguradoras que administran el Plan de Salud del Gobierno y las primas correspondientes para el presente año fiscal.

La vigencia de los contratos firmados se extiende retroactivamente desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 y son independientes del proceso de implementación del nuevo modelo anunciado de Mi Salud.

“Luego de casi un año de un arduo proceso de negociación, recibimos la autorización para adjudicar en ley los contratos con las aseguradoras de Mi Salud, cumpliendo a cabalidad con las normas establecidas por el Gobierno federal y las proyecciones financieras del año fiscal corriente”, explicó Ávila.

“Esta contratación aprobada por CMS es para el actual año fiscal y que en nada interfiere en el proceso de requerimiento de propuestas del Nuevo Modelo de Mi Salud”, añadió.

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La funcionaria atribuyó el retraso en recibir la aprobación a la creciente rigurosidad del Gobierno federal en los procesos de revisión y al impacto devastador del paso de los huracanes Irma y María. Además, indicó que la firma de los contratos con las aseguradoras se produjo el pasado mes de diciembre.

Entre los logros de la nueva contratación, Ávila destacó que ASES logró incluir por primera vez un lenguaje en el contrato con las aseguradoras que establece un mecanismo para mitigar el impacto en Mi Salud de los cambios en la población de beneficiarios como resultado de la migración a otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Ávila aseguró que el nuevo mecanismo fue creado por ASES para asegurar que el pago de la prima negociada con las aseguradoras refleje con mayor precisión la cantidad de beneficiarios que residen en Puerto Rico.

Asimismo, destacó que como resultado del paquete de iniciativas de control de costos implementadas el pasado año, las primas certificadas para el año fiscal 2018 aumentarán en 6.3% versus el 15.5% sustentado por la data de utilización de servicios por los beneficiarios.

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“La reducción significativa en el aumento de primas es resultado de las iniciativas de contención de costos incluidas en esta negociación y la disciplina fiscal de esta administración”, sostuvo la funcionaria.

“Ejemplo de estas iniciativas de control de costos fueron los ajustes en el componente de servicios de farmacia que representa un 28% del presupuesto total de Mi Salud para enfatizar la política de medicamente genérico mandatorio. Estas iniciativas representaron a Mi Salud unas economías estimadas en $69.2 millones, sin menoscabar el acceso a medicamentos de los beneficiarios ya que se mantuvo la representación de medicamentos para las diferentes clases terapéuticas. También establecimos un proceso uniforme entre las aseguradoras para el acceso a medicamentos y la negociación de descuentos de medicamentos”, dijo.

Las primas aprobadas por CMS y certificadas por la firma actuarial independiente Milliman toman en consideración el impacto de las iniciativas implementadas por ASES para lograr detener el aumento en costos de Mi Salud durante el presente periodo fiscal, según fueron aprobadas por la junta de control fiscal.

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Otras iniciativas establecidas incluyen la coordinación de beneficios entre Mi Salud y planes médicos privados, proceso mediante el cual se identifican los beneficiarios que tienen algún tipo de cubierta con otro plan médico para evitar la duplicidad. En estos casos, Mi Salud pasa a ser el plan secundario del beneficiario y asume únicamente el gasto correspondiente, explicó Ávila.

“Hemos logrado una reducción del gasto administrativo y margen de ganancia permitido a las aseguradoras a solo un 9 por ciento, lo que significa que estamos haciendo mandatorio que 91 centavos de cada dólar prima se invierta en servicios médicos para nuestros beneficiarios”, indicó Ávila quien aseguró que ASES continúa trabajando para implementar el nuevo modelo de Mi Salud, según indica el Plan para Puerto Rico de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.




Administrador de Retiro asegura no habrá reducción en las pensiones del Gobierno

El administrador del Sistema de Retiro de los empleados de Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez aseguró el martes, que no se verán reducidas las pensiones.

“No hay reducción, no está contemplado y no es aceptable para el Gobierno de Puerto Rico. Hoy ese dinero está asegurado para las pensiones futuras, la gente ha vuelto a sentir la confianza de que su dinero está ahí”, detalló Collazo Rodríguez en declaraciones escritas.

El administrador del Sistema de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. (Suministrada)

El administrador del Sistema de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. (Suministrada)

Estas expresiones surgieron en vista pública de la Comisión de Revitalización Social y Económica que preside la senadora Zoé Laboy, la cual dilucida la Resolución del Senado 188.

Esta ordena una investigación sobre el impacto de la crisis económica sobre la seguridad financiera de la población, con especial énfasis en las personas de edad avanzada, los resultados obtenidos de las medidas públicas y privadas que se han adoptado para asegurar la educación financiera de la generación que hoy se levanta e identificar alianzas dirigidas a fortalecer la seguridad financiera individual y que su vez generen un impacto positivo en la economía de la Isla.

Collazo Rodríguez detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios.

Entre estos se encuentra la orientación a los directores de Recursos Humanos y los coordinadores de asuntos de retiro del Gobierno sobre el Programa de Transición Voluntaria, la Nueva Ley de Retiro. A la vez, la creación del Programa Ayuda al Pensionado, el cual sirve de enlace entre el pensionado y las agencias gubernamentales.

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Sin embargo, la senadora se expresó insatisfecha con los programas por entender que estos no van a orientar las nuevas generaciones que se insertan en el servicio público.

“Más allá de servir a los directores de Recursos Humanos deben servir a todos los empleados. Quiero que en los próximos 6 meses presenten a la Comisión por donde va este plan de orientación a los empleados de Gobierno”, dijo.

La Administración del Sistema de Retiro del Gobierno y la Judicatura destacó que existen 120,000 pensionados beneficiarios del Gobierno con una pensión promedio de $1,141. En el caso de la Judicatura cuenta con 304 pensionados y 53 beneficiarios con una pensión promedio de $4,842 mensuales.

El senador popular Miguel Pereira y la senadora por acumulación Itzamar Peña estuvieron presentes en la audiencia pública. La Comisión informó que las vistas públicas sobre esta investigación continuarán esta semana y la próxima donde estarán citados el empresario Manuel Cidre y el Comisionado de Instituciones Financieras.




Presentan estrategia para frenar la fuga de médicos en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy la concesión de los primeros 132 decretos de créditos contributivos a médicos como medida para atajar el éxodo masivo de galenos y que beneficia a médicos especialistas, subespecialistas, podiatras y odontólogos en toda la isla además de aquellos que deseen relocalizarse en Puerto Rico.

Flanqueado por un contingente de miembros de su gabinete, el primer ejecutivo dijo que la entrega de los decretos es la culminación de un proceso que comenzó con la aprobación de la Ley 14 de 2017 de incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos y que culmina con la otorgación oficial de estos decretos.

“Puerto Rico ya por las últimas décadas ha estado perdiendo de manera acelerada sus médicos, creando un boquete enorme en el área de salud. Una de las medidas principales fue la Ley 14, una ley que da unos incentivos contributivos bien agresivos. Para octubre se abrió el esfuerzo y hoy anunciamos que se han recibido 404 solicitudes para este decreto y 132 ya se han otorgado”, indicó el gobernador.

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“Esto lo que ofrece es una tasa preferencial contributiva de 4% por ingresos provenientes de servicios médicos, hasta un 25% de aportación para planes de retiro individuales y un valor añadido para nuestra sociedad, incluye más de 180 horas de servicio comunitario por conducto del Plan de Salud del Gobierno para ofrecer servicios a los sectores más vulnerables”, añadió a la vez que explicó que el plazo para gestionar los decretos se extiende por dos años, y cada uno de estos tiene una vigencia de 15 años.

Los 132 decretos fueron entregados por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, y corresponden al año contributivo 2017.

Por su parte, el titular del DDEC adelantó que en los próximos días se emitirá otra ronda de decretos, que al momento están en trámite de proceso en la Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI), adscrita al DDEC, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Salud.

“Este es un sector profesional importante para Puerto Rico, no solo porque aporta en el renglón de la salud y la calidad de vida de los puertorriqueños, sino porque además contribuye significativamente al desarrollo económico, tanto a nivel regional como de toda la Isla”, expresó Laboy Rivera.

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Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, instó a la clase médica a que evalúe si le conviene obtener un decreto y salga a solicitarlo.

“Creo que mi llamado es ahora a los médicos, a los que pensaban con escepticismo que esto no se iba a dar, que el gobierno no iba a cumplir, ya estamos aquí. Vaya a su contable, que le haga sus numeritos y le establezca si a usted le conviene o no el decreto”, dijo Ramos.

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No obstante, durante el día de ayer, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) advirtió que las aseguradoras que operan en Puerto Rico planifican un esquema que les allegará unos $600 millones correspondientes al aumento en los itinerarios de costos de servicios que revisó el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) y que suponen ser dirigidos a sus beneficiarios.

“CMS establece cuál es la tarifa que debe haber por cada visita, por cada procedimiento, por cada cosa que se hace. Por tal razón, si eso ya está preestablecido, cuál es la intención entonces de las aseguradoras de quedarse con ese dinero, que no sea enriquecerse aún más y más”, explicó Ramos.

Según indicó el también médico, CMS aumentó los Índices de costo de práctica geográfica (GPCI, en inglés), que establece las tarifas por las cuales la entidad federal estaría pagando a sus beneficiarios por los servicios médicos que requieran.

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Sin embargo, el CMCPR anticipó que las aseguradoras continuarán rigiéndose por el GPCI aprobado en 2016, que establece pagos más bajos a los beneficiarios de sus planes. Según explicó Ramos, los GPCI se establecen mediante estudios actuariales y varían de región en región.

“Nosotros tenemos el GPCI más bajito de todo Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo espectacular y bien intenso para demostrarle a CMS que estaban equivocados. Se le llevaron las estadísticas correctas, se hizo el estudio, se pagó el estudio. Y CMS dijo ‘tienen razón, por muchos años le hemos estado pagando menos de lo que debemos pagarle, pues ahora vamos a corregir eso’”, denunció el presidente del CMCPR.

Ramos aseguró que como medida para contrarrestar la imposición de este aumento en los GPCI, la organización que preside evalúa alternativas legales para lograr que las aseguradoras que proveen servicios de Medicare Advantage y Medicaid se acojan a los nuevos itinerarios establecidos.

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