Junta fiscal anuncia acuerdo con aseguradoras de bonos de AEE

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta de control fiscal (JCF), José Carrión anunció el lunes que junto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), llegó a un acuerdo con las aseguradoras de bonos para que se unan al Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) que se logró a principios de este año con varios tenedores de bonos de la AEE y Assured Guaranty Corp.

Se trata de las aseguradoras de bonos Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.

“La inclusión de Syncora y National brinda mayor certeza sobre la reestructuración, no solo de los bonos de la AEE, sino de la transformación de la corporación pública hacia una empresa energética moderna y eficiente, capaz de producir energía limpia, confiable y asequible al pueblo de Puerto Rico”, indicó Carrión en declaracicones escritas.

Señaló que el acuerdo con las aseguradoras de bonos no cambia los términos económicos del mismo. Con esta acción, ahora el acuerdo cuenta el 90 por ciento de los tenedores de bonos no asegurados y todas las aseguradoras de bonos de la AEE.




Aseguradoras National y MBIA Insurance demandan a bancos de Wall Street

(Brenda Johnson/Pixabay)
(Brenda Johnson/Pixabay)

La National Public Finance Guarantee Corporation y la MBIA Insurance Corporation (conocidos colectivamente como “National” o “demandantes”) presentaron el jueves una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia (SJ-2019-CV07932), Sala Superior de San Juan, contra ocho grandes bancos de Wall Street responsabilizándolos por su conducta contraria a los principios de equidad en el mercado de bonos municipales, lo cual contribuyó al colapso económico de Puerto Rico.

Los demandantes son aseguradores de bonos, quienes han recibido y honrado reclamaciones por más de mil millones de dólares, luego de que la deuda municipal suscrita por los bancos de inversión se volviera insostenible en cuanto a sus términos y como consecuencia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias incumplieran con sus obligaciones.

Los demandados son: UBS Financial Services, Inc.; UBS Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Goldman Sachs & Co., LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.; RBC Capital Markets, LLC; y Santander Securities, LLC.

Cada uno de los bancos de inversión demandados suscribió uno o más bonos emitidos por el Estado Libre Asociado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante.

La demanda alega que, por más de una década, estos bancos instaron a Puerto Rico y a sus agencias a emitir cantidades enormes de esta deuda, permitiendo que los bancos se beneficiaran de la suscripción y venta de bonos, así como del intercambio de tasas de interés, refinanciamiento y otras transacciones relacionadas.

En su capacidad como suscriptores (“underwriters”), los bancos de inversión tenían una responsabilidad fundamental de servir como guardianes del mercado para garantizarle a los mercados que estos bonos municipales iban a ser repagados.

Sin embargo, tal y como lo demuestra el Reporte de Investigación Especial, encomendado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, los bancos de inversión no realizaron la debida diligencia, provocando que divulgaciones claves resultaran ser materialmente falsas o engañosas. Estas fallas en la diligencia adecuada ocultaron hechos esenciales que hubiesen demostrado que la deuda no era sostenible y que no podía ser pagada de acuerdo con sus términos.

Esta enorme deuda eventualmente provocó la salida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del acceso a los mercados de bonos municipales, colocando al gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades en una grave situación económica que afectó servicios públicos de electricidad, hospitales, escuelas e infraestructura esencial de las cuales dependen millones de puertorriqueños.

Hasta el presente, las aseguradoras de bonos, como National, han pagado más de mil millones de dólares en reclamaciones, al tiempo que los inversionistas no asegurados de bonos municipales, incluyendo a miles de puertorriqueños, han sufrido enormes pérdidas.

“Nos honra representar a National en este litigio”, dijo Philippe Selendy, socio fundador de Selendy & Gay, abogados de National y pasado abogado principal de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda en sus litigios relacionados a RMBS.

Tal como se alega en la demanda, “[e]l legado de la conducta contraria a los principios de equidad de los bancos de inversión afectará a Puerto Rico por generaciones. Éstos no solo desatendieron su obligación de actuar como celosos guardianes, sino que se aprovecharon de las circunstancias imperantes en Puerto Rico, llevando a la isla directamente a su crisis actual. A la vez que los bancos se enriquecían, le infligían graves daños al Gobierno de Puerto Rico y a sus ciudadanos, al igual que a National. Deben, por tanto, responder por esta conducta ilícita”, puntualizó Selendy.

La demanda está basada en dos doctrinas de equidad bajo las leyes de Puerto Rico, la doctrina de actos propios y la doctrina de declaración unilateral de voluntad. 

Federico Hernández Denton, ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y abogado de National, acotó que de acuerdo a la demanda “[L]os demandados, por medio de sus actos, les garantizaron a los demandantes que habían realizado investigaciones completas y razonables de los términos y condiciones de los bonos que los demandantes aseguraron, y éstos de buena fe confiaron en dichas representaciones, al emitir sus seguros. Sin embargo, los demandados frustraron las expectativas legítimas y de buena fe de los demandantes, al no llevar a cabo esas investigaciones, en torno a la veracidad de las representaciones que hicieron en las solicitudes de seguro. Estas circunstancias extraordinarias ameritan que se aplique la doctrina de actos propios y/o de declaración unilateral de voluntad.”

Ante los incumplimientos de los bonos, National ha pagado cada centavo en cada uno de los reclamos en sus pólizas -sobre mil millones de dólares- para cubrir las pérdidas de los inversionistas asegurados.

“Al igual que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico, National también fue engañado por los suscriptores de los bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, dijo Bill Fallon, CEO de MBIA Inc., la empresa matriz de los demandantes.

“Este momento convulso debe ser la ocasión ideal para la reconstrucción.  National aseguró su primer bono del gobierno de Puerto Rico hace más de 30 años y hasta el presente, ha asegurado más de $15.7 mil millones de deuda para emisores de Puerto Rico”, agregó Fallon.

“Nuestro seguro ha ayudado a que Puerto Rico recaude dinero para construir escuelas, hospitales y otros servicios públicos esenciales. Estamos orgullosos de esto.  El futuro de Puerto Rico y la integridad y transparencia de los mercados capitales requieren que los suscriptores tengan que rendir cuentas”, señaló.

Philippe Selendy, galardonado con el premio de “Litigator of the Year, Grand Price” por “The American Lawyer”, ha recuperado sobre $35 mil millones para sus clientes públicos y privados.  Reconocido por el Financial Times como “The man who took on Wall Street”, Amlaw reportó que el “Federal Housing Finance Agency” ganó el premio mayor cuando contrató al Sr. Selendy para liderar su “ataque litigioso a Wall Street”, que logró recuperar miles de millones para los contribuyentes después de la Gran Recesión. 

El juez presidente retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, tiene más de 50 años de experiencia en la práctica legal y litigiosa. Fue presidente del más alto foro desde el 2004 al 2014 cuando se retiró luego de haber presidido la Rama Judicial de Puerto Rico. Al retirarse, fue nombrado asesor constitucional de la Reforma de la Policía de Puerto Rico y del Monitor del mismo cuerpo.  

MBIA Inc., con sede en Purchase, Nueva York, es una compañía tenedora, cuyas subsidiarias proveen seguros de garantía financiera para el público y para los mercados financieros estructurados.

National Public Finance Guarantee es una compañía subsidiaria de MBIA Inc., y ha capitalizado independientemente con $3.8 mil millones en el pago de reclamaciones, al 30 de junio de 2019.




Pagarán bono de medicamentos para pensionados y beneficiarios

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el miércoles que en o antes del próximo 20 de julio el gobierno de Puerto Rico cumplirá con el pago de $100 para los pensionados por concepto de bono de medicamentos. 

El desembolso totaliza $14.1 millones para unos 142,000 pensionados y beneficiaros de los Sistemas de Retiro.

“A pesar de los retos fiscales y de haber recibido los tres sistemas de retiro en estado de insolvencia, nuestra administración ha tomado las medidas fiscales necesarias para generar ahorros millonarios sin precedentes en otras partidas, con el fin de garantizar el pago de las pensiones y los beneficios de aquellos quienes dieron sus mejores años de vida al servicio público”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones escritas. 

Detalló que unos 104,000 pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura recibirán su bono de medicamentos, lo que representa para la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) un pago aproximado de $10.4 millones.

Por otro lado, el pago para los 38 mil pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) representa unos $3.7 millones.

Por su parte, el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, explicó que, actualmente, los Sistemas de Retiro Central, de la Judicatura y de Maestros otorgan por ley una serie de beneficios para sus pensionados, entre los que se incluyen la aportación patronal al plan médico de $100 mensuales, un bono de medicamentos de $100 anuales y el bono de Navidad de $200.




Acuerdo sobre bonos de GOs incluye el repago de deuda impugnada

El acuerdo anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal esta semana para reestructurar $35,000 millones en reclamaciones de deuda con los bonistas de obligaciones generales (GOs, en inglés) del Estado Libre Asociado y de la Autoridad de Edificios Públicos, incluye el repago de unos $6,000 millones que la Junta está tratando de invalidar, confirmó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta.

También incluye aproximadamente $1,000 millones en deuda de bonos emitidos en el 2011 cuya validez es impugnada por el Comité de Acreedores No Garantizados alegando que viola los límites constitucionales.

El acuerdo, anunciado por la junta en el fin de semana mediante un comunicado de prensa, reduce la cantidad de bonos del ELA en circulación a menos de $12,000 millones, una reducción de más del 60%. El servicio de la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluido capital e intereses durante los próximos 30 años, se reduciría aproximadamente a la mitad, de $43,000 millones a $ 21,000 millones.

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados objetaron en enero más de $6,000 millones de la deuda de Puerto Rico, argumentando que estaba en “clara violación” de los límites de permitidos por la Constitución del ELA, por lo que debían ser declarada nula y sin efecto. La Junta también plantea que la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos debe ser declarada sin garantía. De forma separada, los acreedores no asegurados intentan invalidar la deuda de 2011, aunque la Junta no se unió a ese pleito.

“Anunciamos este acuerdo ayer y ahora que es público, esperamos continuar hablando con más acreedores en el camino. Lo hicimos con AEE (la Autoridad de Energía Eléctrica) ”, dijo Jaresko en referencia al reciente acuerdo de reestructuración negociado con aproximadamente el 40% de los tenedores de bonos de la empresa de servicios públicos. La monoliner Syncora, se unió al acuerdo luego de anunciado.  

Un documento publicado este fin de semana por la Junta establece que si bien los bonos de obligación general de 2012 y 2014 que han sido impugnados, están sujetos lo que decida el tribunal, el acuerdo ofrece un plan para negociar los litigios pendientes.

La junta espera presentar dentro de los próximos 30 días, un plan de ajuste de deuda ante los tribunales conforme al Título III de la  Promesa y finiquitar todo lo referente al ese título de la ley para principios del 2020.

No obstante, Christian Sobrino, director de la Agencia Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera de la isla (Aafaf), anticipó que el gobierno no apoyará ningún acuerdo de restructuración de deuda, si este está condicionado a un recortes en las pensiones.

“No promoveremos ninguna legislación, orden ejecutiva ni ningún otro acuerdo administrativo que apoye directa o indirectamente un plan de ajuste que implique una reducción en las pensiones”, dijo Sobrino en un comunicado. Jaresko respondió que entiende que el acuerdo de restructuración negociado con los acreedores no requiere de legislación, pues depende de la naturaleza de los bonos estructurados.

Según la junta, el acuerdo es un reconocimiento de las partes, de que la situación financiera de la Isla requiere una “reducción significativa” de su deuda a niveles sostenibles y que este es un elemento importante que permitiría a Puerto Rico salir de la quiebra para principios del año próximo.  

En una comunicación, la Lawful Constitutional Debt Coalition, que incluye a tenedores de deuda de obligaciones generales y de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), emitidos antes de marzo de 2012, dijo que el resultado de tres meses de negociaciones con la junta fue un acuerdo consensuado de reestructuración de deuda de $ 18,000 millones de obligación general y deuda de AEP.

Los miembros de la coalición, que incluyen GoldenTree Asset Management, Monarch Alternative Capital, Whitebox Advisors y Taconic Capital firmaron el acuerdo. Otros signatarios incluyen miembros del grupo Ad Hoc de Dueños de bonos de Qualified School Construction y Qualified Zone Academy.

Assured Guaranty, una de las varias aseguradoras de bonos que cuestionan la constitucionalidad de la junta, no respaldó el acuerdo.

Un resumen del acuerdo incluye que:

  • Los tenedores de bonos participantes recibirán una combinación de bonos nuevos y dinero en efectivo;
  • En conjunto, los tenedores de bonos GO recuperarán aproximadamente 64%;
  • Se colocarán en cuentas de reserva (“escrow”) las distribuciones prorrateadas correspondientes a los reclamos disputados de tenedores;
  • La autoridad para litigar o transar litigios existentes sobre deuda emitida después de marzo de 2012 se transferirá a un fideicomiso después de la confirmación del plan, y;
  • Existirá un valor de litigio para Puerto Rico de hasta $1,400 millones.




Comité de Acreedores no Asegurados impugna $1,000 millones de deuda pública

(3D Animation Production Company/Pixabay)

El Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) impugnó ante el Tribunal federal para el Distrito de San Juan cerca de $1,000 millones en bonos de obligaciones generales que se emitieron en 2011, por alegadamente violar los límites constitucionales de la deuda.

En su objeción presentada el 21 de mayo en el caso sobre la quiebra de Puerto Rico, el UCC indicó que la aseguradora Ambac, que tiene asegurados miles de millones en deuda de Puerto Rico, también apoyan la impugnación.

Anteriormente, la UCC ya se había unido a la impugnación presentada por la junta de control fiscal sobre $6,000 millones en bonos de obligaciones generales emitidos entre el 2012 y 2014.

El más reciente cuestionamiento legal sobre emisiones de bonos del Estado Libre Asociado tiene su raíz en la emisión realizada el 17 de marzo de 2011, cuando el gobierno levantó $442 millones en Bonos de Reembolsos para Mejoras Públicas, (Bonos de Obligación General) para pagar los anticipos hechos al ELA bajo una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y para pagar ciertos intereses de esos mismos instrumentos.

El 12 de julio de 2011, el ELA también emitió $304 millones en Bonos de Reembolso de Mejoras Pública de 2011 (Bonos de Obligación General). En ese mismo día, también se emitieron $52 millones del monto en Bonos de Reembolsos para Mejoras Públicas (Bonos de Obligación General) y otros $245.9 millones. Los bonos se emitieron entre otras razones para financiar los pagos de terminación bajo ciertas tasas de interés de acuerdos de permuta (“swap agreements”, en inglés).

Los pleitos se basan en el hecho de que la insuficiencia de fondos del gobierno de Puerto Rico era conocida desde hace años, tanto por el gobierno como por las casas acreditadoras. Desde el 2006 ya se habla de un déficit estructural en los presupuestos del ELA, es decir, los ingresos recurrentes no eran suficientes para cubrir los gastos recurrentes.

“En lugar de balancear el presupuesto aumentando los impuestos y/o reduciendo los gastos, el ELA tomó prestado dinero del BGF y de bonistas para financiar sus gastos operacionales anuales y el servicio de la deuda”, sostiene el UCC en su impugnación.

Del dinero de los bonos emitidos en 2011, aproximadamente $412.5 millones de los ingresos netos se utilizaron para refinanciar líneas de crédito con el BGF que se usaron para financiar gastos deficitarios mediante el pago de intereses sobre los bonos de obligaciones generales. Además, se usaron unos $260 millones en ingresos netos para reembolsar otros bonos y pagar deuda.

Según la UCC, las emisiones se hicieron en violación al límite de 15% de los ingresos netos del gobierno que establece la Constitución de Puerto Rico para la deuda pública.

Los ingresos promedio del ELA para los años fiscales del 2009 y 2010 fueron de $7,300 millones. “Con la emisión de algunos de los bonos de obligaciones generales, el servicio de la deuda fue de $1,109 millones en 2012, lo que representa más del 15% o el 15.2% para ser precisos del promedio de los ingresos del ELA para los dos años fiscales anteriores”, explicó la UCC en su demanda.




AFICA emite bonos para financiar proyecto en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, anunció el miércoles que la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA) emitió $21,600,000 millones en nuevos bonos AFICA para financiar la construcción y el desarrollo de un nuevo complejo de vivienda estudiantil, un estacionamiento e instalaciones relacionadas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Sobrino Vega destacó que los nuevos bonos de AFICA no están garantizados por el Gobierno de Puerto Rico ni por ninguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y que el pago de principal e intereses de dichos bonos provendrá únicamente de la Universidad Interamericana.

“Esta es la segunda emisión de bonos de AFICA en el presente año fiscal 2018-2019, lo cual refleja que Puerto Rico continúa recuperando la confianza del sector inversionista que está dispuesto a comprometer capital en proyectos educativos de la isla. Así mismo, estamos muy complacidos con el hecho de que esta emisión de bonos AFICA facilitará una inversión de unos 37 millones de dólares por parte de la Universidad Interamericana lo cual beneficiará a la comunidad estudiantil del recinto Metro en Cupey al proveerles una nueva residencia estudiantil y estacionamientos adicionales. Nuevamente, queda demostrado el compromiso del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares de fortalecer este importante sector educativo, el cual forma parte integral de nuestro crecimiento económico y social”, expresó Sobrino Vega en comunicación escrita.

Sobrino Vega indicó que esta emisión de bonos AFICA recibió una clasificación crediticia de grado de inversión, lo cual no solo refleja la buena condición financiera de la Universidad Interamericana, sino que además es positivo para el financiamiento del sector privado en Puerto Rico.

El director ejecutivo también dijo que esta es la tercera vez que la Universidad Interamericana ha optado por utilizar AFICA para financiar un proyecto y que en esta ocasión fue un fondo de inversión de California el que eligió comprar la totalidad de la emisión de bonos, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas privados en Puerto Rico.

En torno al proyecto de la Universidad Interamericana que está siendo financiado a través de AFICA el presidente de la institución académica, el licenciado Manuel Fernós indicó que esta financiación representa un reconocimiento a la Interamericana que hace la agencia crediticia Standard & Poor’s al reafirmar en la calificación crediticia de A- con perspectiva estable que es la única institución con tan alta clasificación a largo plazo en Puerto Rico. Esto como resultado de mantener las tasas de matrícula, retenciones sólidas y operaciones saludables, en gran medida por la reducción en los costos y control de gastos, sin déficit en el presupuesto y sin activar líneas de crédito.

Añadió que la construcción de estas facilidades vendrá a ampliar el proyecto de internacionalización de la Universidad toda vez que se espera que estudiantes que residen fuera de Puerto Rico puedan hospedarse en las futuras facilidades al igual que estudiantes locales de diversos municipios.

AFICA fue creada mediante la Ley Número 121 de 27 de junio de 1977, según enmendada, para emitir bonos y prestar el producto de la venta de dichos bonos para proporcionar financiamiento a proyectos elegibles, tal como se define en la Ley y las regulaciones de AFICA. El propósito de esta entidad es promover el desarrollo económico, la salud, la educación, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Puerto Rico. AFICA no recibe calificación crediticia ya que actúa como un emisor conducto para el beneficio de entidades privadas.




IRS autoriza exención de impuestos federales para nuevos bonos de Cofina

(Thomas Breher/Pixabay)

PLa junta de control fiscal informó que el Servicio de Rentas Internas federal le notificó al Gobierno de Puerto Rico que eximirá del pago de impuestos federales, a los intereses que generen los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) emitidos en febrero pasado, como parte del plan de ajuste de deuda aprobado por Tribunal federal para el Distrito de San Juan.

Los bonos exentos de impuestos saldrán al mercado a finales de este mes a los tenedores de bonos de Cofina, pero serán emitidos en julio.

El 12 de febrero de 2019, el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan aprobó un plan de ajuste de la deuda de Cofina que incluía la emisión $12 mil millones en bonos reestructurados.

Cofina, la Autoridad de
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Supervisión fiscal
acordaron que, si el IRS autorizaba la exención de los bonos emitidos en
febrero, ofrecerían a todos los tenedores de bonos la oportunidad de
intercambiar dichos instrumentos por bonos exentos.

Las partes acordaron además que el rendimiento de los bonos de cambio será de 25 puntos base inferiores al de los bonos Cofina por los que fueron intercambiados originalmente.

La determinación del IRS se emitió el pasado 15 de mayo de 2019, indicando que Cofina podía ofrecer el intercambio de los bonos actuales por los nuevos bonos exentos de impuestos.

“Cofina espera lanzar una oferta de intercambio en o antes del 31 de mayo de 2019, de conformidad con la cual los titulares de los bonos 2019 A-2 B-2 Bonds, recibirán la oportunidad de intercambiar sus bonos por una cantidad igual de capital de bonos de intercambio”, afirma la notificación.

Se espera que se transacción
sea final aproximadamente para 1 de julio de 2019.




Levantan alarma por petición para extender plazo en demandas a bonistas

(Arek Socha/Pixabay)

Los examinadores de tarifas levantaron la voz de la alarma ante una solicitud hecha por la Junta de Supervisión Fiscal ante el Tribunal federal para el Distrito de San Juan, para que se extienda el plazo de 90 días otorgado para emplazar a sobre 1,200 demandados como parte de los pleitos e impugnación de ciertos bonos de obligaciones generales.

La petición es “duplicativa” y su costo será “significativo”, dice una de las  mociones firmada por Eyck O. Lugo Rivera, uno de los asesores del examinador de tarifas Brady Williamson, de las varias que se presentaron en el tribunal a esos mismos efectos.

La Junta de Supervisión Fiscal, su Comité de Reclamaciones Especiales y el Comité de Acreedores No Asegurados presentaron a principios de este mes cientos de demandas para impugnar unos $6 mil millones en bonos de obligación generales o para tratar de recuperar dinero pagado a los suplidores del gobierno.

A principios de esta semana, sin embargo, presentaron una petición para extender el tiempo para emplazar a los demandados y retrasar las acciones. La solicitud de 10 páginas fue firmada por seis firmas de abogados y un total de 20 abogados.

Debido a la naturaleza retrospectiva del proceso de revisión de tarifas, nadie sabrá el costo de preparar y presentar el documento procesal de diez páginas hasta que se haya presentado una solicitud para el pago de honorarios, dijo el examinador.

“Sin embargo, suponiendo que las reglas éticas y las buenas prácticas obligaron a cada uno de los 20 abogados a revisar y aprobar la moción que aparentemente firmaron, ese costo podría ser significativo”, insistió el examinador.

Para evitar disputas sobre honorarios y otras tarifas, el examinador dijo que requerirá que los planes sobre el personal que trabajaran en el caso de quiebra del Título III deben ser detallados y presentarse antes de que comiencen a prestar servicios.

“La duplicación de esfuerzos y la ineficiencia del personal siguen siendo motivo de gran preocupación”, afirma el documento. En el último desembolso de fondos, la jueza Laura Taylor Swain autorizó el pago de $14 millones en honorarios a nueve firmas por servicios prestados en períodos de compensación que van desde junio del año pasado.

El examinador de tarifas espera que los costos aumenten con las últimas acciones, a las que se unirán nuevos reclamos que se anticipa la Junta de Supervisión presente la semana que viene.

En la petición firmada por los 20 abogados, la Junta dijo que el 2 de mayo inició 15 demandas contra más de 1,200 demandados relacionados con unos $6 mil millones en bonos de obligaciones generales del ELA que han sido impugnados.

Ocho de los procedimientos adversativos son acciones para  recuperar ciertos pagos de capital e intereses como, entre otras cosas, transferencias fraudulentas de los demandados que poseían o poseen actualmente los bonos. Las siete acciones restantes, conocidas como “Lien Avoidance” (reclamo preventivo), fueron radicadas contra más de 470 demandados que han afirmado que los bonos de obligaciones generales que poseen están garantizados por los activos del Estado.

Debido a que sería “extraordinariamente difícil”, si no imposible, atender a todos los demandados dentro de los 90 días requeridos por la Regla Federal de Procedimiento Civil, la Junta alega que necesita una extensión hasta noviembre o una suspensión de los procedimientos.

“La concesión de este alivio beneficiará no solo a los demandantes y al ELA, sino a todas las partes interesadas. Como se indicó anteriormente, los demandantes tienen la intención de usar el tiempo adicional para resolver algunas reclamaciones contra ciertos demandados”, dice el documento.

Swain remitió el asunto a la magistrada Judith Dein para el seguimiento.




AEE llega a acuerdo con el 51% de sus acreedores

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico , la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), lograron un acuerdo para la reestructuración de la deuda de la corporación pública que implicará un aumento en la factura de los clientes de 4.5 centavos por kilovatio hora.

El anuncio fue hecho por Christian Sobrino, director de Afaaf y José Ortiz, director ejecutivo de la AEE en una mesa redonda con periodistas.

De acuerdo a Sobrino el acuerdo se firmó con los tenedores de bonos con garantía asegurada “Assured Guaranty”, que posee el 11% de todos los bonos de la AEE y con el grupo de bonistas Ad Hoc dueños del 51% de los bonos no garantizados y el 40% de todos los bonos de la corporación.

Fuera del acuerdo quedaron Syncora y National Public Finance, dos monoliner que buscan poner a la AEE bajo la supervisión de un síndico. Tampoco firmaron los prestamistas de líneas de crédito para la compra de combustible.

“Se espera que el resto de los tenedores de bonos se unan al acuerdo”, dijo Sobrino y señaló que cuando el Banco de Gubernamental de Fomento logró su acuerdo, solo tenía el 40% de los acreedores y dos semanas más tarde, tenía el 60%.

En virtud del acuerdo, los tenedores de bonos intercambiarán sus bonos de ingresos de energía existentes por dos tipos de titulización. Los bonos de la Serie A tendrán alrededor del 67.5% del valor de los bonos existentes, mientras que los bonos de la Serie B serán los bonos de crecimiento que estarán vinculados a la recuperación económica de Puerto Rico y al reembolso de los bonos de la Serie A.

“Es posible que los bonos de la Serie B no reciban ningún reembolso si la demanda de electricidad es inferior a la proyectada en el plan fiscal, pero podrían pagarse en su totalidad si la (demanda de) electricidad es mayor de lo proyectado”, añadió Sobrino.

“La transformación total de nuestro sistema energético es uno de los pilares de la política pública de nuestra Administración. Ya hemos comenzado la privatización de la AEE mediante el proceso de alianzas público privadas. Logramos la aprobación bipartita de un nuevo marco regulatorio y el fortalecimiento del Negociado de Energía. Ahora con este acuerdo damos un monumental paso al proveer para la reestructuración de las deudas y obligaciones de la AEE y salir finalmente de la quiebra,” dijo el gobernador Rosselló, en un comunicado de prensa.

“Como hemos expresado en el pasado, la reestructuración de las deuda de la AEE es crítica para completar nuestra visión de un sector energético centrado en el cliente que promueva la inversión y el desarrollo económico en la Isla”, añadió el primer mandatario.

Los términos del acuerdo también establecen que el reembolso de los bonos estará respaldado por un cargo fijo de transición de 4.5 centavos por kilovatio/hora que no variará con la fluctuación de las ventas de la AEE.

“Con la ejecución de este acuerdo, Puerto Rico envía un mensaje poderoso a los mercados de que nuestra Isla está tomando los pasos necesarios para reestructurar nuestra deuda pública. Además, le demostramos a Washington y a las posibles contrapartes del proceso de privatización de que tenemos una ruta para que la AEE salga de la quiebra y dejemos atrás el lastre económico de la quiebra,” indicó Sobrino, quien también es representante del gobernador ante la Junta de Supervisión.

AAFAF estima que, durante los próximos diez años, el Acuerdo reducirá el servicio de la deuda en aproximadamente $3 mil millones y más de 40% con relación a los términos del acuerdo de reestructuración negociado por la pasada administración en el 2016.

Esta reducción en el costo de servicio de la deuda representa un alivio de aproximadamente $100 anuales, durante los próximos diez años, en la cantidad que el cliente promedio tendría que pagar en su factura para cubrir el costo de la deuda de AEE.

El nuevo cargo bajo el acuerdo comienza en julio en aproximadamente 1 centavo por kilovatio / hora antes de cerrar la transacción, incrementando a aproximadamente 2.768 centavos kilovatio / hora luego de cerrar la transacción, pero continuará aumentando paulatinamente hasta alcanzar 4.552 centavos por kilovatio / hora durante la vigencia de aproximadamente 40 años de los bonos.

Ortiz indicó que esperan reducir el costo de la energía por 5 centavos kWh para compensar por el cargo y que sea transparente para los clientes. El costo actual de la energía se paga a 22 centavos kWh.

Sin el acuerdo, los puertorriqueños estarían pagando $ 7 mil millones en deuda por los próximos 10 años.

La AEE tiene alrededor de $ 8.3 mil millones en deuda de bonos de capital sobresaliente. Aproximadamente el 2,25% de la deuda principal está garantizada y el resto no está garantizado. A los titulares de bonos no se les ha pagado desde 2017.

La AEE también tiene $ 3 mil millones en obligaciones de pensiones con fondos insuficientes y $ 700 millones en líneas de crédito con prestamistas de combustible. También cuenta con $ 52 millones en “interest rate swaps”.

“Solo nos centramos en los bonos y no tenemos en cuenta que existen numerosas obligaciones y que, para salir de la quiebra, tenemos que lidiar con todas ellas”, admitió Sobrino sobre los otros compromisos económicos de la corporación no contemplados en el RSA.

El proceso para reestructurar la deuda de la AEE comenzó en 2015. En un principio se alcanzó un acuerdo que redujo la deuda en un 15%, pero fue rechazado por la Junta de Supervisión en 2017, lo que llevó a la empresa a declararse en bancarrota ese año. Un segundo acuerdo preliminar de apoyo a la reestructuración se consiguió el verano pasado. “La reestructuración tiene mucha historia”, dijo Sobrino.

En estos momentos la corporación pública está en proceso de privatización. Hay cuatro compañías que compiten por obtener una concesión para operar el sistema de transmisión y distribución. “El acuerdo es un importante paso adelante para sacar a la AEE de la corte de quiebra”, dijo Ortiz.

El acuerdo no contempla que los tenedores de bonos proporcionen fondos para obras de capital como el acuerdo de 2016. Sin embargo, Ortiz dijo que no prevé volver a los mercados durante mucho tiempo. Dijo que espera poder hacer todas las reparaciones de la empresa de servicios públicos a través de fondos federales para desastres.

“Con la ejecución de este acuerdo, Puerto Rico envía un mensaje poderoso a los mercados de que nuestra Isla está tomando los pasos necesarios para reestructurar nuestra deuda pública. Además, le demostramos a Washington y a las posibles contrapartes del proceso de privatización de que tenemos una ruta para que la AEE salga de la quiebra y dejemos atrás el lastre económico de la quiebra,” indicó Sobrino.

“La AEE ha acelerado el paso hacia mayor diversificación de sus fuentes de energía y la implementación de profundas mejoras operacionales. Hemos tomado los pasos necesarios para que el nuevo cargo de transición sea compensado con ahorros significativos de estas mejoras y diversificación. Así viabilizamos la política pública de que los consumidores cuenten con tarifas razonables y económicas. La AEE también está avanzando, con la ayuda de AAFAF y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, importantes esfuerzos de privatización que modernizarán y fortalecerán la red eléctrica de la isla”, dijo Ortiz.

Además explicó que estás mejoras e iniciativas incluyen la conversión de las unidades generatrices de San Juan 5 y 6 a gas natural para finales del verano de 2019, la renegociación del acuerdo con Ecoeléctrica, y el desarrollo de proyectos de energía renovable, entre otros.

Los términos del Acuerdo requieren la aprobación de legislación en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y estarán sujetos a la aprobación del Tribunal Federal en el procedimiento judicial de la AEE bajo el Título III bajo la Ley PROMESA.




Junta fiscal radica demandas para recuperar $1 billón de bonistas

David Skeel (centro), miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta de control fiscal radicó demandas para recuperar $1 billón de bonistas, cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional.

Además, se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.

Las demandas ocurren a punto de cumplirse la fecha de prescripción de dos años que tenía específicamente el Estado Libre Asociado luego de haber radicado quiebra el 3 de mayo del 2017 para hacer estos tipos de reclamos. Los nombres de los bonistas demandados no fueron listados sino que aparecen bajo números tales como “demandado 1D” o “demandando 2D” debido a ciertos acuerdos de confidencialidad.

La junta de control fiscal también radicó una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de $9 billones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.

El listado de bancos se compone de Barclays Capital, BofA Securities, Merrill Lynch Capital Services, Inc, Citigroup Inc., Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co., Jefferies Group LLC, Mesirow Financial, Inc., Morgan Stanley, Ramirez & Co., Inc, RBC Capital Markets, Santander Securities, UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico, VAB Financial, BMO Capital Markets, Raymond James, Scotia MSD, and TCM Capital.

Además se demandaron a ANB Bank, Jefferies and Bank LLC, Northern Trust Company/OCH-ZIFF Capital Management, Union Bank and Union Bank Trust Company, Bank of New York Mellon y First Southwest Company. Tambien se demandó a la fima de abogados Sidley Austin LLP de Chicago.

En el caso de UBS, Morgan Stanley y de Merrill Lynch, la demanda también dice que participaron en los llamados “interest rate swaps”, que envuelven el intercambio de intereses entre partes, por los cuales recibieron comisiones ascendentes a un total de unos $394 millones.

Al emitir estos bonos, las entidades demandadas, según la junta de control fiscal, contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.

“La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario,” sostuvo la junta de control fiscal.

Asimismo, la junta de control fiscal radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente.

La junta de control fiscal se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos $2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal.

Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos. La junta de control fiscal entiende muy bien estas preocupaciones, añadió.

Pero las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social.

“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel en declaraciones escritas. “No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.

Asimismo, señaló que la junta de control fiscal no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, dijo que la acción de la junta de control fiscal de demandar la devolución de pagos de suplidores de bienes y servicios tal y como hizo esta semana “hace daño al clima de incertidumbre que vive el país”.

La junta de control fiscal alegó que esos pagos fueron fraudulentos porque el gobierno estaba insolvente cuando se hicieron los mismos y que los demandados debieron de haber sabido de la insolvencia.

“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos del derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios”, dijo Masses.