Llega al Senado federal propuesta de energía renovable de Jenniffer González

La comisionada residente, Jenniffer González Colón informó el martes que cuenta con el respaldo de los senadores Bill Cassidy, M.D. (R-LA) y Brian Schatz (D-HI) para que se estudie la viabilidad de establecer turbinas eólicas en las aguas de la jurisdicción federal exclusiva de Estados Unidos, aledaña a Puerto Rico y el resto de los territorios.

“Debemos estudiar todas las alternativas de energía renovable disponibles para lograr eficacia y diversificación de nuestro portafolio energético en los territorios y reducir nuestra fuerte dependencia de las importaciones extranjeras de petróleo. Esta medida, que presenté recientemente en la Cámara, ofrece una alternativa directa para lograrlo. El proyecto, corrige la ley federal para autorizar al Departamento del Interior a estudiar la viabilidad del desarrollo de energía eólica marina en la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción federal adyacente a cada uno de los cinco territorios”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Detalló que Cassidy y Schatz radicaron el S. 499, Offshore Wind for Territories Act, cuya versión en la Cámara radicó la comisionada residente el pasado 6 de febrero con el coauspicio de los congresistas Gregorio Kilili Camacho Sablan (I-Islas Marianas del Norte), Aumua Amata Coleman Radewagen (R-Samoa Americana), Darren Soto (D-Florida) y Stacey Plaskett (D-Islas Vírgenes Americanas).

“Quiero agradecer a los senadores Cassidy y Schatz por liderar este asunto y presentar una legislación complementaria en el Senado federal. Su liderazgo habla de su compromiso con los territorios y de cómo podemos trabajar en equipo. Espero continuar trabajando con ellos para promulgar esta importante medida como ley”, señaló la comisionada.

Indicó que el H.R. 1014 y el S.499 buscan incluir a los territorios bajo el Outer Continental Shelf Lands Act. Además, dispone que, una vez se determine si los recursos eólicos son viables, el Departamento del Interior comenzaría un proceso para subastar los derechos de arrendamiento, donde el 37.5 por ciento de los ingresos se destinarán al territorio para usos de mitigación ambiental y el 12.5 por ciento se reservará para la protección de los arrecifes de coral.

“Este proyecto de ley brinda a los ciudadanos americanos un mejor acceso a la electricidad, aumenta los ingresos para los territorios de los Estados Unidos y ayuda a proteger los arrecifes de coral vulnerables”, dijo por su parte, Cassidy, presidente del Subcomité de Energía del Senado.

“Louisiana se beneficia de la repartición de los ingresos de la energía en alta mar, lo que ayuda a restaurar y mantener nuestras costas. Este proyecto de ley le da a los territorios de los Estados Unidos la misma oportunidad y promueve la energía renovable”, agregó.

De otra parte, Schatz dijo que “durante décadas, Hawai dependió de las importaciones de combustibles fósiles para nuestras necesidades energéticas. En menos de una década, hemos logrado un progreso significativo hacia nuestro objetivo de energía limpia al 100 por ciento, al mismo tiempo que reducimos las tarifas eléctricas y creamos empleos. Es hora de llevar el futuro de la energía limpia a los territorios de los Estados Unidos”.

González Colón además, indicó que la medida cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas (NOIA) cuyo presidente, Randall Luthi aplaudió la presentación de la misma.




Urgen objeción de solicitud del gobierno de Puerto Rico sobre exención de la Ley Jones

El liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara federal urgió al Departamento de Seguridad Nacional a rechazar la solicitud de Puerto Rico de una exención de la Ley Jones para llevar gas natural licuado a la isla.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, solicitó una exención de 10 años a la Ley de la Marina Mercante de 1920 -mejor conocida como la Ley Jones, que regula el comercio entre puertos de los Estados Unidos- para importar gas natural licuado en embarcaciones extranjeras, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) planea aumentar el uso del combustible para reducir el costo de energía de sus clientes.

Sin embargo, tanto los republicanos como los demócratas en el comité objetaron la exención en una carta con fecha del 6 de febrero alegando que no estaba justificada. Los legisladores dijeron que tales exenciones solo se conceden cuando es en interés de seguridad nacional. “Creemos que no existen razones válidas de seguridad nacional para respaldar esta solicitud de exención de la Ley Jones para Puerto Rico, especialmente por un periodo de 10 años.”

“Podemos hacer muchas cosas para fomentar y apoyar la recuperación de Puerto Rico y sus ciudadanos de la devastación del huracán María, y nuestro Comité así lo ha hecho. Sin embargo, creemos que no existe justificación para renunciar a la Ley Jones en este contexto y que dicha renuncia sería contraria al uso histórico de la sección 501(b). Una vez más, le instamos a que rechace esta solicitud. Esperamos por su pronta decisión”, escribió el presidente Peter DeFazio y el miembro de mayor rango Sam Graves a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.




Buscan añadir al Registro Nacional de Lugares Históricos lugar donde murió Roberto Clemente

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebrará el jueves una sesión de revisión de varios proyectos de ley, incluida una resolución presentada por el representante José E. Serrano de Nueva York en la que le insta al secretario del Interior a reconocer la importancia histórica del lugar de la muerte del jugador profesional de béisbol Roberto Clemente cerca del área de Piñones en Loíza al agregarlo al Registro Nacional de Lugares Históricos.

El 31 de diciembre de 1972, Clemente murió en un accidente aéreo mientras se dirigía a entregar ayuda a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Tenía 38 años.

En el momento de su muerte, Clemente era el undécimo hombre en la historia del béisbol en conseguir 3,000 “hits”, y su promedio de bateo de por vida de .317 fue el más alto entre los jugadores activos.

Clemente ganó el campeonato de bateo de la Liga Nacional cuatro veces en su carrera de 18 temporadas, fue nombrado para el equipo de estrellas (All-Star, en inglés) 12 veces, y en 1966, fue nombrado el jugador más valioso (MVP, en inglés) de la liga. Lideró a los Piratas de Pittsburgh a dos campeonatos mundiales, en 1960 y 1971, nombrado el jugador más valioso en este último.




Cámara federal aprueba legislación para revisar la seguridad en la frontera marítima

La comisionada residente, Jenniffer González Colón informó el miércoles que la Cámara de Representantes federal aprobó unánimemente la noche del martes el proyecto HR 5869 que viabiliza la Ley de Revisión de la Seguridad en la Frontera Marítima.

Explicó que el proyecto de ley, de su autoría, fue presentado de manera bipartita y requiere que el secretario de Seguridad Nacional realice un análisis detallado de la amenaza en la frontera marítima de los Estados Unidos, incluyendo la llamada Zona de Tránsito y las fronteras y aguas territoriales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“A medida que Estados Unidos avanza para proteger sus fronteras, es imperativo que enfrentemos las amenazas planteadas por organizaciones delictivas y de narcotráfico que buscan entrar a la Nación a través de nuestra frontera marítima. También es necesario que abordemos los desafíos de seguridad pública que enfrentan los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, los únicos territorios de Estados Unidos ubicados geográficamente dentro de la Zona de Tránsito”, dijo González Colón en un mensaje en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal.

Indicó que las autoridades federales han estado preocupadas por la actividad criminal a lo largo de la Zona de Tránsito, un área de siete millones de millas cuadradas, aproximadamente el doble del tamaño del territorio continental de los Estados Unidos, que incluye los corredores marítimos del oeste del Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el este del Océano Pacífico.

Agregó que Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, por ejemplo, han sido explotados como punto de destino y transbordo de drogas ilícitas enviadas a tierra firme, poniendo en peligro la vida de los residentes en los dos territorios y en los Estados Unidos continentales.

Según la Guardia Costera, expresó que el flujo total conocido de inmigrantes indocumentados que intentan ingresar a los Estados Unidos por rutas marítimas en 2016 fue de casi 10,000. El conocido tráfico de cocaína a través de la Zona de Tránsito alcanzó aproximadamente 2,700 toneladas en el año fiscal 2017.

Durante el mismo año, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron casi 66,000 libras de narcóticos en y alrededor de Puerto Rico de los carteles de la droga y traficantes, más que en cualquier otro año registrado.

“El proyecto de ley incluye disposiciones que requieren una evaluación del terrorismo y las amenazas criminales a lo largo de la frontera marítima, las mejoras necesarias en los puertos marítimos de Estados Unidos para reducir la actividad delictiva y las vulnerabilidades actuales que impiden una seguridad fronteriza efectiva”, explicó.

Entretanto, sostuvo que para comprender mejor estas y otras amenazas, la medida requiere además que el Secretario de Seguridad Nacional considere las necesidades de tecnología y personal en la frontera marítima, la función de la aplicación de la ley estatal y local en las actividades de seguridad marítima en la frontera; los desafíos geográficos de la frontera marítima; y, el impacto de los devastadores huracanes del año pasado en las actividades generales de seguridad fronteriza en la frontera marítima.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes federal aprobó por unanimidad HR 5869 el pasado 24 de julio. Al momento de radicación, el proyecto contó con la coautoría de los congresistas Peter King (R-NY), Dan Donovan (R-NY), Don Bacon (R-NE), Stephanie Murphy (D-FL), Mario Diaz-Balart (R-FL) y Sean Duffy (R-WI).




Cámara federal aprueba legislación para atender escasez de personal en Departamento de Veteranos

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció que con el respaldo de sus colegas en la Cámara de Representantes federal, logró la aprobación en la sesión del martes de su proyecto, HR 5938, Ley de Veteranos Sirviendo a Veteranos.

La medida busca atender la escasez de personal a nivel nacional del Departamento de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), según explicó la comisionada.

Durante la sesión, la comisionada residente defendió su propuesta en el Hemiciclo de la Cámara federal y apeló a sus compañeros para que aprobaran esta medida que presenta una vía para aliviar la falta de personal en VA y permite ayudar a veteranos en su transición de las fuerzas armadas y el proceso de búsqueda de trabajo como civil.

“Señor presidente, este proyecto de ley busca aliviar la escasez crónica de personal que actualmente afecta al Departamento de Asuntos de Veteranos y obstaculiza la capacidad de servir a nuestros veteranos de manera efectiva y oportuna. Este problema siempre surge cuando nos reunimos con veteranos que residen en Puerto Rico, y mis colegas aquí en la Cámara lo discuten a menudo”, dijo González Colón durante su mensaje.

La funcionaria detalló que en primer lugar, esta medida busca enmendar la Sección 208 de la Ley de Igualdad y Elección en el Empleo del Departamento de Veteranos (VA Choice and Quality Employment Act de 2017) para incluir las especialidades militares ocupacionales (MOS) de los miembros que próximamente se separaran del servicio en la base de datos de reclutamiento de VA, así como su información de contacto y la fecha que culmina su servicio.

Explicó que la inclusión en la base de datos es completamente opcional. Además, si se incluyen en la base de datos, potencialmente podrían combinarse para puestos vacantes en el VA que correspondan con las habilidades que adquirieron con el Departamento de Defensa. Esto le provee a los miembros una forma de anunciarse para un puesto en el VA, mientras embarcan en la búsqueda de empleo y brinda la oportunidad de servir a la comunidad de veteranos en áreas con escasez de personal.

“Este proyecto de ley también requiere que el VA implemente un programa para capacitar y certificar a los técnicos de salud del Departamento de Defensa como Técnicos de Cuidado de Salud (ICTs, por sus siglas en inglés) y para atender la gran demanda de proveedores de atención médica en Veterans Health Administration (VHA)”, agregó González Colón.

Dijo que en la actualidad, estos técnicos altamente capacitados, entrenados por el Departamento de Defensa a un costo significativo para los contribuyentes, tienen dificultades para obtener empleo en su campo después de separarse de las Fuerzas Armadas debido a la falta de una certificación. Al mismo tiempo, la Administración de Salud de Veteranos tiene una escasez significativa de proveedores. El programa de ICT tiene altas tasas de satisfacción y ayuda a llenar este vacío.

Asimismo, explicó que la implementación de un programa para capacitar y certificar a veteranos elegibles para trabajar como ICT ayudará a formalizar el proceso, proporcionar apoyo y expansión continua al programa y proporcionar un conjunto de ICT elegibles para seguir creciendo y satisfacer las necesidades de atención médica de los veteranos.

Antes de González Colón dar su mensaje en el Hemiciclo, el presidente de la Comisión de Veteranos de la Cámara de Representantes federal, Phil Roe, tuvo palabras de elogio para la comisionada. Relató que pudo dialogar con ella momentos antes de que el huracán María entrara a Puerto Rico y que organizaron una visita a la isla donde vieron el Hospital de Veteranos y hablaron con la gente.

Destacó que es testigo de “la pasión que ella muestra por las personas que ella representa y la pasión que demuestra por los veteranos es inigualable”.

El pasado 13 de junio González Colón, defendió su proyecto en la vista legislativa del Subcomité de Salud donde se recogieron las recomendaciones de organizaciones de veteranos y de VA. El 27 de junio, se presentó el proyecto con las enmiendas y fue aprobado por el Subcomité de Salud, el 12 de julio fue aprobado en el Comité reunido en su totalidad y el martes el pleno de la Cámara lo aprueba pasando ahora al Senado.




Otorgan millonario contrato a empresa de EE.UU. con manufacturera en Arecibo

El Departamento de la Defensa de Estados Unidos otorgó un contrato de $18,325,895  a la empresa The Original Footwear Company, que tiene una manufacturera en Arecibo, para la confección de botas militares durante un año, anunció la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

González Colón señaló mediante comunicación escrita la importancia de estas contrataciones, sobretodo en la economía de Puerto Rico luego del impacto de los huracanes Irma y María, donde tantas empresas se han visto en la obligación de cerrar sus negocios.

La comisionada residente, quien es miembro del Comité de Pequeños Negocios en la Cámara federal, destacó la calidad y eficiencia de los trabajadores en Puerto Rico, la cual es reconocida por el Gobierno federal al depositar su confianza para, en esta ocasión, vestir a los miembros dentro del Ejército de Estados Unidos y la Marina de Guerra.

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Sobre la manufacturera ubicada en Arecibo, el contrato estará destinado a la fabricación de botas de combate en clima cálido por espacio de un año, pero con posible extensión de cuatro contratos adicionales de un año cada uno, siendo el 16 de marzo de 2023 la fecha de culminación.

La empresa The Original Footwear Company diseña y fabrica calzado táctico para agentes de ley y orden, oficiales correccionales, militares y otros. Sus botas están disponibles a través de una red de concesionarios y distribuidores en línea. La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Stockton, California.




González: Yo creo que es momento de celebración

La comisionada residente Jenniffer González celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del presupuesto federal que incluye asignaciones millonarias para el proceso de recuperación de Puerto Rico después del azote del huracán María.

“El logro más grande es conseguir $4,900 millones de Medicaid, que nos elimina el precipicio fiscal que teníamos en abril de este año. Es la asignación de Medicaid más grande, no requiere ningún pareo estatal […] Esto es una medida que se trabajó, el ‘speaker’ [de la Cámara Paul] Ryan estuvo empujando estos votos hasta el final. No se hubiera logrado sin él en la Cámara”, manifestó la comisionada en entrevista radial (WKAQ 580).

“Estoy bien emocionada, la gente no sabe los meses que llevamos en esta lucha, buscando convencer, viendo cómo mucha gente habla en Puerto Rico y pidiendo para Puerto Rico pero en el momento de la verdad le votaron en contra al proyecto”, sostuvo la comisionada residente. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Me siento bien satisfecha; el gobernador movió votos demócratas. Lamentablemente, la mayoría de los votos en contra de este proyecto fueron votos demócratas. Pero el Partido Republicano cumplió. Yo creo que es un momento de celebración para todos los puertorriqueños, de que, aunque falte mucho todavía, esta es la asignación billonaria del Gobierno federal más grande en las últimas décadas”, afirmó González.

La aprobación del presupuesto se produjo durante la madrugada del viernes, según trascendió en informes de prensa. La votación fue de 240 a favor y 186 en contra. Asimismo, la pieza legislativa evita el cierre del gobierno federal. El Senado federal había aprobado la legislación con 70 votos a favor y 28 en contra. Horas después, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó el presupuesto.

Para Puerto Rico, no habíamos recibido una inyección económica de esta magnitud para la reparación de puentes, carreteras, vivienda […] Estoy bien emocionada, la gente no sabe los meses que llevamos en esta lucha, buscando convencer, viendo cómo mucha gente habla en Puerto Rico y pidiendo para Puerto Rico pero en el momento de la verdad le votaron en contra al proyecto”, agregó la comisionada residente.

El proyecto incluye sobre $6,800 millones asignados específicamente a Puerto Rico y las Islas Vírgenes americanas. De estos, $4,800 millones ayudarán directamente a 600,000 beneficiarios de Medicaid en Puerto Rico, quienes estaban en riesgo de perder su cobertura en abril debido al precipicio fiscal de Medicaid.

Según la funcionaria, las partidas para Puerto Rico incluyen “100% en fondos federales de salud por dos años; 100% en costo federal para proyectos del Cuerpo de Ingenieros, que los municipios tenían que pagar el 20%, eso se elimina; lo mismo en Carreteras, tampoco vamos a tener que parear fondos […] Esto nada más significa más dinero […] podría representar más de $1,700 millones”.




Rosselló se reúne en Washington con líderes demócratas del Congreso

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el martes, que se reunió con el representante Joseph Crowley (D-NY), líder del caucus demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Más tarde, el primer mandatario explicó que sostuvo una reunión con el líder de la minoría demócrata en el Senado federal, Chuck Schumer (D-NY).

Rosselló Nevares y Crowley conversaron sobre la necesidad de que Puerto Rico reciba trato igualitario al de otras jurisdicciones —que han sufrido el embate de desastres naturales— mediante el proyecto de ayuda suplementaria.

Gobernador y comisionada residente continúan trabajos de la Comisión de la Igualdad

También, Crowley expresó su interés en visitar la Isla junto a una delegación congresional bipartita, para evaluar los daños ocasionados por los huracanes Irma y María.

Asimismo, Schumer, al igual que el representante Crowley, discutió con el primer ejecutivo la importancia de un trato justo para Puerto Rico durante el proceso de recuperación.

Más temprano, el primer ejecutivo se reunió con la comisionada residente, Jenniffer González y miembros de la Comisión para la Igualdad, así como con la la senadora Patty Murray (D-WA) de la Comisión del Senado de los Estados Unidos sobre Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP, en inglés).

Gobernador viaja a EE.UU. para continuar mitigación de la reforma contributiva federal




Preocupada la Asociación de Industriales por impacto de reforma contributiva federal

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) intensificará su cabildeo esta semana para “exigir”, y no pedir, que a Puerto Rico se le trate con equidad y que a los “corporaciones foráneas controladas” (CFCs) de la isla se les excluya, aunque sea parcialmente, de los impuestos de la reforma contributiva del presidente Donald Trump.

El presidente de la Asociación, Rodrigo Masses, admitió que fracasaron en conseguir los cambios antes de que las versiones de medidas de reforma se aprobaran en Cámara y Senado federal pero aseguró que confían en que puedan lograr enmiendas al proyecto en su etapa de comité de conferencia, que se hace para crear una única versión de la medida, dentro de los próximos 10 días.

“No nos han tomado en consideración […]”, dijo Masses.

“Lo único que le queda a Puerto Rico después de María es el sector industrial […] Los empleos de manufactura es lo único que puede apoyar la economía”, dijo Masses. (Archivo/CB)

Sin embargo, Masses reconoció que “estamos preocupados” debido a que la organización cuenta con “amigos” en la Cámara pero no así en el Senado. De hecho, indicó que le exigieron al senador Marco Rubio que se convierta en un aliado de Puerto Rico para evitar que la debacle económica impulse más aún la migración, ya que su distrito de la Florida tiene más de dos millones de puertorriqueños.

Lo único que le queda a Puerto Rico después de María es el sector industrial […] Los empleos de manufactura es lo único que puede apoyar la economía”, dijo Masses.

El sector industrial en Puerto Rico crea 73,000 empleos directos y 250,000 indirectos.

Por su parte, el excomisionado residente Antonio Tito Colorado señaló que al momento Puerto Rico tiene dos opciones. La primera es que se excluya a la isla de los impuestos que aniquilarían la economía. Estos impuestos serían el de 20% a las importaciones, según la versión de la Cámara de Representantes, y el 12.5% a los activos intangibles, o sea propiedad intelectual, en la versión del Senado.

La segunda es una enmienda a la reforma que diga que todas las industrias localizadas en la zona aduanera de Estados Unidos estarían exentas de los impuestos. Puerto Rico ya es parte de esa zona aduanera, dijo Colorado y tiene que pagar barcos americanos e incurrir en otros gastos.

“Lo que estamos diciendo es que no puedes comparar una CFC de Puerto Rico con una CFC en otra parte del mundo. Lo que pedimos es equidad”, dijo Colorado.

Senado federal aprueba reforma contributiva que afectaría la economía de Puerto Rico

Mientras tanto, Masses compartió que la última información que tiene es que el Congreso muy probablemente trabajará sobre la versión del Senado, por lo que se eliminaría el peligro del impuesto de 20% a las importaciones.

“Toda la atención está centrada en el 12.5% que afectaría la propiedad intelectual”, dijo Masses.

Además de la exclusión, la posición oficial del Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares es que en efecto se legisle para dotar a Puerto Rico de un “empowerment zone” que ayude a empresas medianas y pequeñas a desarrollarse.

“Por ahí vamos todos, aunque podemos tener voces distintas, la realidad es que por ahí vamos todos”, dijo Masses.

La semana pasada, sin embargo, el gobernador en conjunto con la Asociación y otras organizaciones del sector privado dijeron que abogarían porque a Puerto Rico se le tratara como una jurisdicción doméstica igual que a los demás estados. En la discusión en el Senado federal, se enfocó en que Puerto Rico fuera un “empowerment zone”, áreas que les dan incentivos por estar económicamente sofocadas. Masses insistió en que lo que se pide es lo mismo que está pidiendo el gobernador.

“Estamos hablando que desde hace 100 años, Puerto Rico está bajo el Código Aduanal que es doméstico para propósitos de importación, de aduanas, y está definido dentro del territorio estadounidense. De otra parte, Puerto Rico está en el U.S. Internal Revenue Code y allí nos tratan como una jurisdicción no doméstica. Por tanto, no es difícil hablar de los dos contextos porque aplican los dos”, explicó Masses.

Sobre las opciones que le quedan a la isla y cuál sería el Plan B de convertirse la reforma contributiva en ley, Masses dijo “tenemos que lograr que estas enmiendas o cambios ocurran dentro de los próximos días”.

De otro lado, Kenneth Rivera, el contador público autorizado que también es presidente de la Cámara de Comercio, dijo que eso consiste en conseguir una cláusula que diga “excepto Puerto Rico” o “excepto los sujetos en  área aduanera.”

Colegio de CPA se expresa sobre propuesta local de enmiendas a reforma contributiva federal

Masses indicó que las empresas en Puerto Rico están en territorio americano por lo que merecen un trato distinto a las que están en Uruguay, China, Irlanda o Singapur.

“[Queremos que] para las empresas que están dentro de la Sección 931 del Código de Rentas Internas, que por lo tanto son CFCs, se les excluya de aquel arbitrio impositivo que finalmente vaya a sobrevivir, si alguno sobrevive en este proyecto”, dijo Masses.

En Cámara al menos hay 10 congresistas que ya han levantado las voces a favor de Puerto Rico pero no existe ese tipo de relación en el Senado pese a que el senador Orin Hatch fue la persona que presidió el grupo de trabajo de desarrollo económico de Puerto Rico bajo la ley federal Promesa. Esto se debe a que los demócratas no están participando en el proceso porque se oponen a la medida. Por lo tanto, la AIPR solicitará ayuda al senador Charles Schumer para que abogue por Puerto Rico. También pedirán apoyo al senador republicano Marco Rubio, quien representa la Florida donde hay un gran número de puertorriqueños y quien “debe de levantarse y con valentía defender a Puerto Rico”.

La comisionada residente Jenniffer González ya ha dicho que en el Congreso no hay ambiente para que se apruebe nada similar a la desaparecida Sección 936 del Código de Rentas Internas que daba a Puerto Rico un trato diferencial.

De convertirse en ley la reforma contributiva, Masses dijo que hay que evaluarla y ver si hay algún tipo de salida. Cuando se eliminó la Sección 936, las industrias textiles y de electrónicas entre otras se fueron de la isla pero muchas farmacéuticas se reinventaron como CFCs.

“Puede ser que lo que se ve, no sea tan malo si puedo variar el modelo de negocios […] Una mala ley puede tener una salida”, opinó.

Además de enviar cartas y cabildear, hoy lunes salen Rivera en conjunto con otros miembros de la Asociación para Washington DC. Masses dijo que irá a finales de semana.

Devastadora para Puerto Rico propuesta cameral de reforma contributiva federal

También irán a Washington los líderes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, para cabildear a favor de la isla. La semana pasada, la Legislatura aprobó una resolución para que Puerto Rico sea considerada una jurisdicción doméstica dentro de la reforma contributiva




Advierten sobre consecuencias de considerar a Puerto Rico una jurisdicción doméstica

El representante popular, Luis Vega Ramos, fustigó a la mayoría legislativa por apoyar la propuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica como parte de la reforma contributiva federal pues ello implicaría que Puerto Rico tenga que pagar impuestos federales.

Vega Ramos dijo que los esfuerzos del Gobierno, apoyados por la Asociación de Industriales y otras organizaciones del sector privado, van dirigidos a convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado en donde los puertorriqueños tendrían que pagar impuestos federales pero no tendrían derecho a paridad en los fondos como un estado de la unión.

“Eso implica la derogación de la Sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Te incorporan y te aplican todos los demás taxes:  ‘income taxes’ y corporativos. Eso le costaría $9,000 millones al país según el informe del GAO (del 2014). La solución no es decir que le apliquen a Puerto Rico las contribuciones”, dijo Vega Ramos en referencia a un informe que analizó el impacto de la estadidad.

El legislador popular sostuvo que el hecho de que Puerto Rico pague impuestos federales como jurisdicción doméstica no implica que el Gobierno federal esté obligado a darle fondos federales en paridad con los demás estados porque se convertiría en territorio y el Congreso nos podría tratar de forma diferente.

Urgen a la junta fiscal insertarse en debate de reforma contributiva federal

Las expresiones del legislador tienen lugar mientras representantes del gobernador Rosselló Nevares y organizaciones del sector privado cabildean en el Senado federal para que se incluya lenguaje en la reforma contributiva federal -impulsada por  la administración de Donald Trump que considere a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

Actualmente, la isla es considerada una jurisdicción foránea, lo que permite evitar el pago de contribuciones federales a sus residentes y recibir ciertas ventajas contributivas que la hacen más atractiva para que empresas principalmente manufactureras se establecieran aquí.

La propuesta reforma contributiva que se discute en el Congreso le impondría mayores impuestos a los productos de empresas estadounidenses que se manufacturen en el extranjero para ser vendidos en Estados Unidos.

La versión cameral de la reforma contributiva impone una contribución de 20% a las importaciones hacia Estados Unidos de empresas estadounidenses que operen en una jurisdicción foránea como lo es hoy Puerto Rico. Mientras, la versión del Senado federal impone un impuesto de 12.5%  sobre la propiedad intelectual que utilizan esas empresas foráneas.

Hasta la semana pasada, el gobernador abogaba para que se excluyera a la isla de esos impuestos pero no había pedido que Puerto Rico se convirtiese en jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

Solicitan al Congreso que Puerto Rico sea territorio doméstico en reforma contributiva federal

La idea de la reforma es que las firmas manufactureras en el extranjero regresen a Estados Unidos para beneficiarse de una reducción en sus impuestos corporativos. Por eso, RossellóNevares argumenta que pedir que la isla sea considerada una jurisdicción doméstica sería beneficioso para la industria local, sin considerar las implicaciones que ello podría tener para los individuos.

Vega Ramos admitió que mantener a Puerto Rico como jurisdicción foránea bajo la reforma contributiva también sería igual de desastroso.

“Por eso es que yo digo que lo que tenemos que pedir es que se nos excluya de estas disposiciones. Lo que hay que defender es el trato diferenciado […] Ser jurisdicción doméstica no es la solución”, dijo Vega Ramos a este medio.

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El representante popular también alegó que si Puerto Rico fuese jurisdicción doméstica, sería igual que los demás estados para propósitos contributivos por lo que los inversionistas no tendrían incentivos para mudar sus operaciones a la isla.

“La Coca Cola pagaría aquí lo mismo que paga en Atlanta, por lo que no tendría motivos para quedarse”, sostuvo Vega Ramos.