Recrean cementerio simbólico por muertos de María tras mofa en “chat” de Telegram

(Suministrada)

Integrantes del Proyecto 4645 hicieron una manifestación la mañana del jueves en la que marcharon desde el cementerio de San Juan hasta la Plaza de la Rogativa, donde recrearon un cementerio simbólico para recordar a los fallecidos como consecuencia del huracán María.

“Convocamos a hacer aquí un cementerio simbólico por la indignación de las expresiones que se hicieron en Telegram, específicamente de Christian Sobrino. Esto es una expresión directa a sus expresiones despectivas”, dijo a la prensa, Gloribel Delgado Esquilín portavoz del grupo.

“La gente está destruída. Es como si estuvieran volviendo a sentir la muerte de sus familiares. Es totalmente indignante y no lo pueden creer, que no pueden creer que a estas alturas se estuvieran mofando de los muertos. Es rabia”, añadió.

En la controversial conversación de Telegram en la que participó el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y varios exfuncionarios de su administración, el representante de la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino preguntó que si “¿no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”, en referencia despectiva a los fallecidos después del ciclón.

“Más que nada es para hacer un cierre final, por eso es un círculo. En el Capitolio hicimos un reclamo directamente al gobierno porque eran 64 víctimas lo que ellos habían documentado en aquel momento y gracias a esa manifestación se hizo una investigación y empezaron a moverlo a 3 mil. Todavía no estamos satisfechos con ese número, pensamos que es más”, sostuvo. 

“Queremos cerrar y finalmente decirle al gobierno que sus expresiones fueron completamente fuera de lugar. Por lo que están haciendo en Ciencias Forenses que no tienen recursos y todavía los muertos en este país no se respetan. Ya estamos hartos de cómo están tratando la dignidad del pueblo y las víctimas del país”, agregó.

Delgado Esquilín invitó a los familiares de víctimas fallecidas a unirse a esta manifestación. “La gente nos escribió de qué íbamos a hacer con los zapatos y nos pidieron que querían volver a tener un memorial y a raíz de las peticiones lo hicimos”, dijo la portavoz.




Sobrino asegura podrá llevar a cabo todas sus tareas en el gobierno

El director ejecutivo de Aafaf, Christian Sobrino. (Suministrada)
El director ejecutivo de Aafaf, Christian Sobrino. (Suministrada)

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, aseguró el miércoles que podrá llevar a cabo sus tareas en conjunto como principal oficial financiero del gobierno y como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“En la medida que yo vea que algo no es manejable, el primero que levanta la bandera soy yo”, dijo el funcionario en una mesa redonda.

Sobrino fue nombrado a ambas plazas el lunes luego del despido del exprincipal oficial financiero, Raúl Maldonado, quien también fungía como secretario de Hacienda y de director de OGP tras no haber informado a La Fortaleza de que en Hacienda existía una “mafia institucionalizada” y que fue víctima de extorsión.

El rol de principal oficial financiero (“chief financial officer” o “CFO”, en inglés) fue creado por orden ejecutiva y no es el equivalente al CFO descrito en el plan fiscal certificado, ya que este último es una agencia separada, explicó Sobrino.

El CFO local está encargado de implantar política pública y de coordinación. “Nuestro rol es supervisar la implantación de política pública, reportarle al secretario de la Gobernacion, al gobernador y ayudar a atender cualquier asunto cuando se quiera ese apoyo, pero la ejecución como tal ocurre a nivel de las agencias, entiéndase Aafaf, OGP y Hacienda”, dijo.

Asimismo, sostuvo que se enfocará por el momento en asegurar la aprobación del presupuesto y que el mismo se certifique por la junta de control fiscal. “En OGP no es tan diferente a lo que hago aquí”, dijo tras destacar que asignará más recursos de Aafaf a esa agencia pues ha sufrido bajas en su nómina.

Tras destacar “los tapones” que se forman en las oficinas de OGP, dijo que dirigirá la misma desde Aafaf en el Centro Gubernamental Minillas porque tienen estacionamiento. De hecho, dijo que recomendará la posibilidad de mover a la OGP de sus actuales oficinas. “El tapón allí no sé cómo se presta para relación con las agencias cuando es tan difícil llegar allí”, dijo.

Sobrino dijo que fue nombrado de forma interina a las plazas ya que que fue un “nombramiento repentino” debido a los abruptos eventos ocurridos el lunes. Aseguró que su salario se mantiene igual.

¿Cómo va a distribuir su tiempo?

Sobrino dijo que su oficina principal será en el Centro Gubernamental Minillas pero que de todas maneras tiene que ir a La Fortaleza todos los días a reunirse con el gobernador. “En todos mis asuntos hay un equipo de trabajo que se monta y responde a mí…y soy bien estricto con eso”, dijo.

Sobre el personal que tenía Maldonado en la Oficina del CFO, Sobrino dijo que el equipo es del Departamento de Hacienda. “No preveo cambios sustanciales… La implementación del plan fiscal seguirá siendo mía”, dijo.

Además del presupuesto, también será su prioridad sacar los informes auditados del gobierno, especialmente luego de la salida abrupta de Maldonado tras haber alegado corrupción en el Departamento de Hacienda.

Al preguntársele acerca de cómo puede un principal oficial financiero descargar su función cuando por ley el Departamento de Hacienda es la agencia encargada de implantar la Ley de Contabilidad, Sobrino dijo la ley de Aafaf le da autoridad legal para supervisar la función financiera del gobierno.

Negó que tuviera en estos momentos mucho poder porque no ha sido confirmado por el Senado y su puesto es de fácil remoción. “Yo gerencio procesos y gerencio equipos,” dijo.

Acerca del impacto negativo en las operaciones del gobierno que pudiese tener la abrupta salida de Maldonado, Sobrino dijo que el exsecretario era parte importante del equipo del gobernador y tenía apoyo pero que “the show must go on”.

Sobre si se impacta las relaciones en Washington, Sobrino dijo que la impresión que recibió de funcionarios del Departamento del Tesoro, Casa Blanca y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otros, fue que “that was just bizarre” pero aceptó que el evento puede ser utilizado para hacer a la isla lucir mal.

Al preguntársele sobre la reacción de la Junta, Sobrino dijo que ese organismo está enfocado en el presupuesto.

De otra parte, Sobrino informó que el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está retrasado luego que la Jueza federal, Laura Taylor Swain lo paralizara y que, por lo tanto, cualquier legislación para implantarlo se hará en la sesión legislativa que comienza en agosto.

Esto quiere decir que ya no entrará en vigor en julio el aumento de un centavo el kilovatio hora para pagar deuda de la utilidad pública, dijo Sobrino.

El lunes es la fecha límite que tiene la AEE para recobrar pagos de deudas hechos indebidamente antes de radicar quiebra en el 2017. Sobrino dijo que todavía se están examinando cuáles suplidores de esa corporación pública son los “críticos” para trabajar con ellos acuerdos para retrasar cualquier demanda o “tolling agreements”.




Sobrino asegura no confirmarán plan de ajuste del gobierno central mientras existan diferencias con la junta fiscal

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, aseguró el viernes que no se confirmará un plan de ajuste de deuda del gobierno central mientras existan diferencias con la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto al recorte de las pensiones.

Sobrino aseguró que el poder de la Junta de Supervisión Fiscal es limitado bajo la ley Promesa y tiene que contar con la anuencia del gobierno central y la Legislatura para poder implantar un plan de ajuste de deuda.

“Eso no es correcto. Se que hay veces que en estas discusiones tanto la Junta como en otras partes por cuestiones retóricas hablan como si lo que dice la Junta es inevitable; es ya mandato divino, es Moisés bajando la montaña con la ley de Dios gritando y tirando relámpagos”, sostuvo Sobrino a preguntas de los medios.

Sobrino brindó como ejemplo la reciente decisión de la Jueza Laura Taylor Swain de no aprobar el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta tanto los abogados de la Junta no la pongan en posición de aprobarlo. Esto, debido a que la sección 315 de la ley federal Promesa establece que se tienen que tomar los pasos legislativos, regulatorios y administrativos bajo la ley local para poner a la juez en posición de confirmar un plan de ajuste.

En la situación de un plan de ajuste de deuda en el cual se emita deuda nueva para remplazar la deuda vieja que se vaya a reestructurar, como sería un intercambio de bonos, se requiere la aprobación del gobierno local.

“Bajo la ley estatal se requiere que antes de hacer esa emisión, se legisle esa emisión y este servidor la tiene que firmar como agente fiscal del gobierno. Pues si ellos quieren que ese deuda incluya un recorte de pensiones, eso no va a ocurrir. El plan no sería confirmable. Eso es realidad legal y estatutaria escrita allá por los rubios de siete pies”, dijo.

El también miembro ex-oficio de la Junta de Supervisión Fiscal hizo sus comentarios durante una rueda de prensa en donde habló acerca de la reestructuración de la Compañía de Fomento Industrial y en donde aseguró que un análisis sobre las pensiones muestra que si las mismas no se recortan, el déficit operacional establecido en el plan fiscal aprobado por la Junta, se adelantaría por solo un año.

Un recorte de un 10% en el pago de las pensiones, traería ahorros estimados de $180 millones a $200 millones. Un recorte de un 8%, como negocio el Comite Oficial de Retirados del caso de quiebra, traería ahorros de $100 millones a $150 millones, dijo.

“Si no se hacen recortes de pensiones, el deficit operacional se adelanta un solo ano…El recorte de pensiones te ahorra un solo ano…Felicidades, eso muestra que esto no es para nada de sostenibilidad fiscal”, indico Sobrino.

Al preguntársele sobre declaraciones que hiciera el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, Martin Bienenstock, quien aseguró que tendrá un plan de ajuste de deuda para el gobierno central en 30 días, Sobrino contestó que no endosaba las palabras del abogado. “Él tiene un estilo discusión en el tribunal que coge a mucha gente por sorpresa”, dijo.

Sobrino destacó, sin embargo, que la única diferencia con la Junta es en cuanto a las pensiones y que cualquier otra diferencia, ya sea con la Junta o con las acreedores, se puede negociar.




Pridco acuerda reestructuración de su deuda bajo Título VI con bonistas

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares anunció que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco, en inglés), entró en un acuerdo para respaldar la reestructuración (RSA, en inglés) de los bonos de renta pendientes de pago con GoldenTree Asset Management, tenedor de sobre dos terceras partes de estos.

El RSA contempla una reestructuración financiera de los bonos de Pridco mediante una modificación cualificada al amparo del Título VI de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

De aprobarse e implementarse la Modificación Cualificada, Pridco establecerá una nueva subsidiaria de quiebra remota (Nuevo Emisor) y transferirá ciertas propiedades en la cartera de Pridco al Nuevo Emisor (las Propiedades en Fideicomiso).

A su vez, los tenedores de los bonos de Pridco intercambiarán los bonos de Pridco por bonos de renta especiales emitidos por el Nuevo Emisor y asegurados por los ingresos del Nuevo Emisor, incluyendo todos los ingresos generados por las Propiedades en Fideicomiso.

El Nuevo Emisor será supervisado por una junta de directores independiente y las Propiedades en Fideicomiso serán administradas por un gerente profesional de activos que será seleccionado por el Gobierno y una mayoría de los bonistas que favorecen la transacción tras un proceso de solicitud de propuestas.

A cambio, los tenedores de bonos aceptarán una reducción al principal de los bonos de Pridco (que serán intercambiados a una tasa de cambio adelantada de 94%), una extensión en el vencimiento de los bonos y una moratoria de dos años en los pagos del principal.

La Modificación Cualificada —que permite a Pridco retener el efectivo generado por las Propiedades en Fideicomiso que actualmente pertenecen a Pridco (sujeto a una cuota de consentimiento pagada a las partes del RSA y a la implementación de la reestructuración) y los ingresos recibidos por concepto de la moratoria de dos años en el principal— proveerá a Pridco la liquidez necesaria para financiar una reestructuración operacional, incluyendo las obligaciones vencidas y las pagaderas según venzan en el futuro, y enfocar sus esfuerzos en ciertas iniciativas a largo plazo.

La transacción también adelanta una prioridad importante para la Administración al establecer una estructura de gobierno más eficiente mediante la separación de las actividades de desarrollo de las actividades de administración de propiedades.

Finalmente, al proceder al amparo del Título VI de Promesa con el apoyo de dos terceras partes de los bonistas de Pridco, el Gobierno entiende que logrará su objetivo de maximizar el valor para las partes interesadas de Pridco a la vez que evita retrasos, gastos y la incertidumbre asociada con un ajuste de deudas como sería el caso conforme al Título III de Promesa.

La Modificación Cualificada aún está sujeta a ser certificada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, aprobada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y a que se perfeccionen los documentos definitivos.

“El RSA es el resultado de intensas negociaciones y representa lo que se puede lograr cuando las partes están dispuestas a negociar de buena fe y buscar soluciones cónsonas con las necesidades de las partes.  A nombre de la Aafaf y de la Administración, quiero expresar mi agradecimiento a Pridco y sus componentes principales por su trabajo para lograr este resultado. El RSA representa un paso importante en la meta de Pridco de lograr una reestructuración operacional y adelantar su misión de apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEDC), Manuel A. Laboy Rivera, dijo “estamos muy complacidos con el resultado de las negociaciones”. También explicó que “esta reestructuración coloca a Pridco en posición para mantenerse sostenible financieramente, si se ejecuta totalmente la reestructuración operacional. Además, la reestructuración posibilita que Pridco provea fondos para cubrir obligaciones vencidas y pagaderas según venzan en el futuro, provee para una estructura de gobierno más eficiente al separar las actividades de desarrollo de las de administración de propiedades y evita litigios costosos con los bonistas y un potencial ajuste de Título III, entre otros beneficios”.

Mientras, GoldenTree divulgó las siguientes declaraciones: “Apreciamos el trabajo intenso y enfoque constructivo demostrado por el Gobierno de Puerto Rico para reestructurar exitosamente la deuda de Pridco, una entidad gubernamental importante que ha facilitado el desarrollo económico y la creación de empleos en la isla desde el 1942.  Este acuerdo coloca a Pridco en posición de continuar desempeñando un rol en el crecimiento económico futuro de Puerto Rico, beneficiando a todas las partes interesadas, incluyendo principalmente al pueblo de Puerto Rico”.

En las negociaciones, Aafaf y Pridco recibieron asistencia de O’Melveny & Myers LLP y Pietrantoni Mendez & Alvarez LLC, como asesores legales, y de Ankura, como asesores financieros. Por su parte, GoldenTree recibió asistencia de parte de Latham & Watkins LLP y Reichard & Escalera LLC, como asesores legales.




Asociación de Maestros aclara acuerdo de negociación con la junta fiscal

La presidenta de la AMPR, Aida Díaz (centro) y la secretaria general de la Local Sindical de la AMPR, Grichelle Toledo (derecha). (Suministrada)
La presidenta de la AMPR, Aida Díaz (centro) y la secretaria general de la Local Sindical de la AMPR, Grichelle Toledo (derecha). (Suministrada)

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz detalló el lunes que la organización lleva un año negociando con la junta de control fiscal, las pensiones de los maestros activos actualmente en el sistema, en un intento por evitar que queden desprotegidos en el proceso de negociación de deuda del gobierno.

“Hay una realidad que nadie debe negar; la deuda gubernamental con el Sistema de Retiro de los Maestros es una deuda que no está asegurada en el proceso de quiebra”, dijo Díaz. “Los maestros no pueden quedarse con los brazos cruzados y ser los últimos en la línea de pago. Por eso, nos sentamos a negociar una propuesta tentativa que no es perfecta, pero que protege nuestro futuro a largo plazo”.

El acuerdo provisional garantizaría que los maestros activos reciban una “pensión garantizada” y el actual fondo de retiro de maestros se convertirá en un fondo fiduciario, en el que los maestros podrán participar.

“En este proceso, la Asociación es firme en que rechazamos cualquier recorte a las pensiones”, dijo Díaz. “Sin embargo, en los procesos de quiebra, las partes tienen que luchar y negociar para obtener lo que pueden. Este acuerdo tentativo es un producto del proceso de batalla”, añadió.

La líder gremial dijo que aunque el acuerdo pendiente “no es el mejor, es lo más que podíamos conseguir”.

En una entrevista telefónica con CB en Español / Caribbean Business, Díaz dijo que “las cifras que se están negociando tendrán que pasar por un proceso de votación en el que todos los profesores que formen parte de la Asociación de Maestros, votarían a favor o en contra del acuerdo.”

“Lo que hicimos fue congelar el plan actual de [jubilación], el plan actual dice que, si tiene 50 años y tiene 30 años de experiencia, recibirá 65 por ciento, si tiene 55 años y trabajó durante 30 años, se retiraría con un 75 por ciento”, afirmó.

“Lo que hicimos fue decir, mira, hay gente que tiene 29 años y medio de servicio puede darnos seis meses más para que puedan alcanzar los 30 años en servicio”, agregó. “Pero esto tomará otros dos años y el plan no es efectivo hasta que se empiece a pagar seguro social a los maestros.”

Por ejemplo, Díaz dijo que algunos educadores tendrán una pensión vitalicia de unos $820, además recibirían beneficios de seguro social y el dinero que tengan ahorrado en sus planes 401k. “Además, si este acuerdo es aprobado [por los maestros], recibirán un bono cuando se firme el acuerdo”, puntualizó.

La cifra exacta de la bonificación fluctuará, dijo Díaz, dependiendo del número de años de servicio.

La líder magisterial dijo que ahora comenzará un proceso de consulta a los maestros en las diferentes regiones de la isla, la propuesta será llevada a votación el 10 de junio.

“No les vamos a decir cómo votar”, explicó. “Esta es una decisión muy personal porque su futuro está en juego. Votarán el 10 de junio.”

Díaz reconoció que el pasado cuatrienio los maestros debieron haber aceptado el acuerdo que les propuso el entonces gobernador Alejandro García Padilla, que les permitía una pensión garantizada de $1,600 al mes, si hubiese incluido cotizar para el beneficio del seguro social.

“Pero él (gobernador) no especificó que si incluía obtener beneficios del seguro social… La Junta de Supervisión y Administración fiscal está negociando esto con la Administración del Seguro Social”, explicó Díaz.

El director de Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino dijo en una declaración escrita, que Díaz “ha indicado que es la postura legal de su organización que ‘la obligación del Gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra’”.

“Desde el 2017, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Asamblea Legislativa y Aafaf han argumentado totalmente lo contrario. La postura de la Asociación de Maestros equivale a una entrega total de nuestros pensionados a cambio de nada. Rechazamos vehementemente la postura de la señora Díaz y su organización de que los pensionados no merecen una consideración en el proceso de quiebras más allá de otro acreedor general no garantizado. Esta postura es una peligrosa que amenaza a nuestros pensionados sin consideración de los postulados básicos de nuestra jurisprudencia”.

El gobernador hizo un mensaje televisado hace varias semanas para pedir a los distintos grupos afectados por la quiebra que no negociaran con la junta, si eso conllevaba un recorte a las pensiones de los empleados públicos.

En su mensaje, Rosselló convocó al país a conformar un frente común, pero no especificó la estrategia ni las acciones que tomaría.

El lunes, en su cuenta de Twitter, Rosselló afirmó que “defenderemos a nuestros jubilados y sus pensiones.”

” A las uniones: No es opción ser cómplices de la Junta para justificar un golpe adicional a los pensionados, traicionando a quienes alegan representar. ¡Firme en defensa de las pensiones en Puerto Rico!”, dice la comunicación por redes sociales. El gobernador se encontraba en la ciudad de Nueva York, participando de la Conferencia Internacional de Inversión en la Industria Hotelera de la Universidad de Nueva York (NYU) de 2019.




Aafaf declara en sindicatura al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) declaró el jueves en sindicatura al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), entidad adscrita a la Junta de Planificación, pero que opera con fondos federales.

Este proceso de sindicatura se establece para subsanar los serios señalamientos que realizó el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal (HHS), los cuales ponen en riesgo alrededor de $2.5 millones en fondos federales destinados a la creación de programas que benefician a la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico.

El CEDD se encuentra catalogado en Alto Riesgo (Tier3) desde el 17 de enero de 2013. Desde entonces, el Gobierno Federal le ha requerido planes de acción correctiva y brindado asistencia técnica, sin embargo, la entidad no ha atendido los señalamientos adecuadamente.

El pasado 4 de febrero de 2019, el CEDD recibió una notificación final en donde se les advirtió sobre la posibilidad de descontinuar la asignación de fondos federales. El incumplimiento se fundamenta principalmente en el manejo incorrecto fiscal y programático. Entre otros señalamientos, resaltan el manejo y gastos indebidos de fondos federales y gastos administrativos superiores a los autorizados por las normas federales.

De acuerdo con Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Aafaf, la Junta de Planificación (JP) también formuló señalamientos similares a raíz de una auditoria que realizó de las operaciones fiscales del CEDD. “La misma reveló múltiples irregularidades, tales como la creación de proyectos fuera del periodo determinado por el Gobierno Federal, ausencia de actividades para dar a conocer la disponibilidad de fondos, y demora en los procesos de aprobación y adjudicación propuestas. Este trasfondo de incumplimiento fiscal y programático ha limitado la creación de proyectos dirigidos a las personas con deficiencias en el desarrollo y sus familias.”

Por su parte, la presidenta de la JP, María Gordillo reiteró su compromiso con este sector y aseguró que continuará ejerciendo sus responsabilidades para garantizar el uso correcto de los fondos conforme a la reglamentación Estatal y Federal.

“Aafaf atenderá con urgencia los señalamientos del Gobierno Federal y presentaremos un Plan de Acción Correctivo para enmendar las deficiencias notificadas y cumplir el compromiso de la Administración de Ricardo Rosselló devolverle a nuestra población los servicios que merece. No permitiremos que se pierdan fondos federales por el pobre manejo del aparato administrativo de este Consejo. Se va a corregir de una vez por todas”, sentenció Sobrino Vega.

El CEDD es la segunda entidad declarada en sindicatura por la Aafaf este año. El pasado 26 de marzo de 2019, la Aafaf también se vio en la obligación de colocar en sindicatura al componente administrativo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos por señalamientos similares adjudicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal.

A raíz de la intervención de la Aafaf, se ha logrado establecer comunicación directa y efectiva con el Gobierno Federal, logrando la aprobación de un Plan de Acción Correctiva que atiende los señalamientos realizados.

De esta forma, se evitó que se realizara un proceso de retirar los fondos federales, garantizado el beneficio y la continuidad de servicios a las personas con impedimentos.

La sindicatura del CEDD entrará en vigor inmediatamente y se mantendrá vigente hasta que el director ejecutivo de la Aafaf certifique que se han subsanado los incumplimientos y las deficiencias del CEDD.




AFICA emite bonos para financiar proyecto en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, anunció el miércoles que la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA) emitió $21,600,000 millones en nuevos bonos AFICA para financiar la construcción y el desarrollo de un nuevo complejo de vivienda estudiantil, un estacionamiento e instalaciones relacionadas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Sobrino Vega destacó que los nuevos bonos de AFICA no están garantizados por el Gobierno de Puerto Rico ni por ninguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y que el pago de principal e intereses de dichos bonos provendrá únicamente de la Universidad Interamericana.

“Esta es la segunda emisión de bonos de AFICA en el presente año fiscal 2018-2019, lo cual refleja que Puerto Rico continúa recuperando la confianza del sector inversionista que está dispuesto a comprometer capital en proyectos educativos de la isla. Así mismo, estamos muy complacidos con el hecho de que esta emisión de bonos AFICA facilitará una inversión de unos 37 millones de dólares por parte de la Universidad Interamericana lo cual beneficiará a la comunidad estudiantil del recinto Metro en Cupey al proveerles una nueva residencia estudiantil y estacionamientos adicionales. Nuevamente, queda demostrado el compromiso del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares de fortalecer este importante sector educativo, el cual forma parte integral de nuestro crecimiento económico y social”, expresó Sobrino Vega en comunicación escrita.

Sobrino Vega indicó que esta emisión de bonos AFICA recibió una clasificación crediticia de grado de inversión, lo cual no solo refleja la buena condición financiera de la Universidad Interamericana, sino que además es positivo para el financiamiento del sector privado en Puerto Rico.

El director ejecutivo también dijo que esta es la tercera vez que la Universidad Interamericana ha optado por utilizar AFICA para financiar un proyecto y que en esta ocasión fue un fondo de inversión de California el que eligió comprar la totalidad de la emisión de bonos, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas privados en Puerto Rico.

En torno al proyecto de la Universidad Interamericana que está siendo financiado a través de AFICA el presidente de la institución académica, el licenciado Manuel Fernós indicó que esta financiación representa un reconocimiento a la Interamericana que hace la agencia crediticia Standard & Poor’s al reafirmar en la calificación crediticia de A- con perspectiva estable que es la única institución con tan alta clasificación a largo plazo en Puerto Rico. Esto como resultado de mantener las tasas de matrícula, retenciones sólidas y operaciones saludables, en gran medida por la reducción en los costos y control de gastos, sin déficit en el presupuesto y sin activar líneas de crédito.

Añadió que la construcción de estas facilidades vendrá a ampliar el proyecto de internacionalización de la Universidad toda vez que se espera que estudiantes que residen fuera de Puerto Rico puedan hospedarse en las futuras facilidades al igual que estudiantes locales de diversos municipios.

AFICA fue creada mediante la Ley Número 121 de 27 de junio de 1977, según enmendada, para emitir bonos y prestar el producto de la venta de dichos bonos para proporcionar financiamiento a proyectos elegibles, tal como se define en la Ley y las regulaciones de AFICA. El propósito de esta entidad es promover el desarrollo económico, la salud, la educación, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Puerto Rico. AFICA no recibe calificación crediticia ya que actúa como un emisor conducto para el beneficio de entidades privadas.




Aafaf emite políticas para regular inversiones de entidades gubernamentales

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega informó el jueves la emisión de las nuevas “Directrices sobre Políticas de Inversión de 2019” que regularán las inversiones que realizan todas las entidades gubernamentales en Puerto Rico, incluso las corporaciones públicas.

Sobrino Vega explicó que las nuevas políticas de inversión se emitieron en virtud de los poderes delegados a la Aafaf por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, mediante la Orden Ejecutiva 2019-13, la cual se emitió conforme a la Ley 113-1995.

“Las nuevas ‘Directrices sobre Políticas de Inversión de 2019’ forman parte de las medidas de responsabilidad fiscal que nuestra administración se encuentra implementando y fiscalizando. Las mismas permitirán que todas las inversiones de fondos públicos se lleven a cabo de una forma prudente, transparente y conforme a las mejores prácticas en este campo. De esta forma, la Aafaf continúa robusteciendo sus funciones y servicios como asesor financiero de todas las entidades gubernamentales de Puerto Rico”, indicó el jefe de la Aafaf en declaraciones escritas.

Especificó que entre otros aspectos, las directrices emitidas por la Aafaf abordan aspectos tales como la gobernanza de los programas de inversión (ética y conflictos de interés), criterios para la delegación de la administración a la entidad gubernamental, planificación para las asignaciones adecuadas de activos, manejo de riesgos, monitoreo de resultados, rendición adecuada de informes, así como la implementación de programas de inversión con gestores de inversiones internos y/o externos, entre otros.

Sobrino Vega señaló que las nuevas políticas no aplican a fondos de reserva para el servicio de la deuda, ni a entidades que solo mantienen cuentas en bancos depositarios, certificados de depósito o fondos del mercado monetario (money market funds).

Las directrices recién emitidas por la Aafaf sustituyen las aprobadas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico de 2007 y enmendadas en el 2013. Las mismas se encuentran disponibles en el portal electrónico de la Aafaf www.aafaf.pr.gov.




Director ejecutivo de Aafaf solicita nombramiento de un nuevo coordinador de revitalización

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino Vega, informó que le cursó dos cartas a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, para que atienda con premura el nombramiento de un nuevo coordinador de revitalización y reiterando que el organismo federal carece de base legal para invalidar 24 resoluciones presupuestarias conjuntas aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

En la primera carta, Sobrino Vega exhortó a que la JCF cumpla con el proceso establecido para el nombramiento del coordinador de revitalización, según lo establece la Sección 502(b)(1) de la Ley Federal Promesa. De igual forma, recordó que “la Ley Federal Promesa no provee un mecanismo para que la JCF nombre interinamente a un coordinador de revitalización, tal y como ha hecho la JCF luego de la súbita salida de Noel Zamot, quien ocupó este cargo”.

La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, es la persona que sustituye interinamente a Zamot luego de su renuncia ante frustraciones de que el gobierno central estaba tratando de monopolizar proyectos de infraestructura. Sobre eso, ya el FBI y el Departamento de Justicia local han hecho acercamientos para entrevistar a Zamot, según informes.

En una segunda carta dirigida a Jaresko, Sobrino Vega reiteró a la JCF que carece de base legal para invalidar unas 24 resoluciones presupuestarias conjuntas que fueron debidamente aprobadas en la Legislatura de Puerto Rico y firmadas por el gobernador. “La JCF no tiene autoridad para invalidar caprichosamente resoluciones conjuntas que son consistentes con el plan fiscal y el presupuesto”, sentenció Sobrino Vega.

La carta alega que la Junta no tiene autoridad porque el gobierno actualmente esta impugnando en el Tribunal de Apelaciones de Boston una decisión que le impide hacer transferencias de presupuesto. El gobierno está pidiendo al tribunal dos temas, uno de los cuales tiene que ver con las transferencias. Sobrino también dijo que las resoluciones no van en contra del plan fiscal certificado en octubre.




AEE salda préstamo de $300 millones con el gobierno central

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cumplió con el saldo al gobierno central del préstamo de $300 millones que le fue concedido en febrero de 2018 para añadirle liquidez financiera a la corporación luego de los huracanes Irma y María, se informó el jueves.

José Ortiz Vázquez, director ejecutivo de la AEE confirmó en comunicación escrita que “el pasado viernes, 8 de marzo de 2019 se cumplió con el pago de este préstamo que fue de vital importancia para darle estabilidad a la agencia, mientras se lograba estabilizar el servicio de energía eléctrica y restablecer el flujo de efectivo”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, indicó que el préstamo fue pieza clave para brindarle liquidez a corto plazo a la AEE en momentos donde el pueblo de Puerto Rico a penas se recuperaba del impacto de dos huracanes.

“Desde la AAFAF continuaremos trabajando mano a mano con la AEE para mantener la estabilidad fiscal de la corporación pública. Por tal razón, continuaremos monitoreando rigurosamente la liquidez de la AEE para proteger el servicio que se le ofrece a la ciudadanía”, explicó Sobrino Vega al expresar que este desembolso no impactó la liquidez del Gobierno.

La AEE pagó $9,050,000 millones por concepto de intereses, o el 5 por ciento.

Ortiz añadió además que “la Autoridad aún enfrenta retos financieros mientras continúa su transformación después de entrar en el proceso de Título III, bajo la ley Promesa. Agradecemos el apoyo financiero brindado por el Gobierno Central durante estos últimos dos años”, sostuvo el funcionario.