Gobierno alega no va a acatar acuerdo de retirados con la junta fiscal

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino rechazaron el miércoles que el gobierno vaya a acatar el acuerdo del Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.

“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.

“Ante esto, nuestra postura es clara: no accederemos a ningún recorte de pensiones y exhortamos a los distintos grupos de interés que no se dejen engañar ni intimidar por la Junta de Control Fiscal”, agregó.

Según informó el COR, con el acuerdo tentativo con la JCF se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por el ente federal en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.

El exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.

“Los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas 100 millones de dólares al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico”, señaló Maceira.

Asimismo, dijo que hablar de la insolvencia de los Sistemas de Retiro para justificar cualquier medida que atente contra los pensionados será rechazada en cualquier foro al que tengan que acudir. Desde el 2017 el sistema para el pago de pensiones es ‘PayGo’, una obligación del fondo general y no del fondo de retiro, el cual fue quebrado por pasadas administraciones.

“Ante este escenario, debemos reiterar que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es una de cero recortes. Del mismo modo, repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, reiteró el funcionario.

Por su parte, Sobrino dijo en declaraciones escritas que “este acuerdo entre la JCF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.

“Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados”, agregó.




Industriales enfocarán en energía su programa de la convención

El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)
El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)

El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses anunció el miércoles el programa que presentarán como parte de las actividades de la convención anual de dicha entidad que se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio en el Wyndham Grand Rio Mar Beach Resort, bajo el lema “Puerto Rico Renaissance, a new era in economic development” (Renacimiento de Puerto Rico, una nueva era en desarrollo económico).

Masses
dijo que la crisis energética será uno de los temas más importantes que se
tocará en la convención ya que la organización está preocupada por las
consecuencias del acuerdo de restructuración de la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE), el cual ya fue sometido para la aprobación del Tribunal y se
podría ver en junio.  

“Estamos
muy preocupados con el RSA. Estamos inconformes”, dijo Masses, quien sostuvo
que la organización todavía analiza el pacto de restructuración anunciado el
pasado 3 de mayo.

Masses
expresó preocupación por el centavo or kilovatio-hora que se cobrará a partir
de julio y que se utilizará para producir unos $180 millones para pagar a los
consultores del acuerdo. “Me parece ofensivo”, dijo al destacar que Alix
Partners cobró $40 millones en el pasado que llevaron a un pacto de restructuración
rechazado por la junta fiscal en el 2016.

También
le preocupa la forma “en que han armado este acuerdo”  por el cobro
de un cargo de transición o lo que llamó impuesto al sol a los que no están
vinculados a la Autoridad de Energía Electrica para pagar la deuda. Dijo que si
la tarifa aumenta a 26 centavos el kilovatio hora como se prevé sería
detrimental para la economía.

El
director de Aafaf, Christian Sobrino, sin embargo dijo el pasado 3 de mayo que
el llamado cargo de transición no se le cobrará a las propiedades que no estén
conectadas a la AEE pero si a los demás. A eso, Masses dijo que la estructura
para pagar la deuda “tiene que ser pagable porque si es impagable nada hace”.

Dijo
que favorece que personas que tengan su propio equipo de producir energía pero
que se mantengan conectadas a la AEE paguen algún tipo de “down time fee” por
el servicio. “Pero que se le adjudique a una compañía que viene de afuera y le
impongan este impuesto puede ser ilegal”, dijo.
Masses no
descartó ir a los tribunales o radicar alguna acción legal ante el Negociado de
Energía para tratar de detener el acuerdo.

Oradores de alto calibre

En
torno a la Convención de Industriales, Masses dijo que consistirá de cuatro
días de conferencias con oradores de alto calibre, exhibiciones, gala de premios,
eventos sociales, la asamblea anual y el torneo de golf.

En
el evento se integran diversos sectores
productivos de la economía en un programa educativo de alto nivel con oradores
locales e internacionales. Además de energía, se discutirán temas relativos a
la competitividad, investigación y desarrollo, pharma, dispositivos médicos,
agroindustria, zonas de oportunidad, telecomunicaciones, seguridad alimentaria,
libertad económica, y un “update” de Promesa y del plan fiscal.

El
jueves 30 de mayo, como antesala a la convención, se llevará a cabo la primera
ronda del PRMA Golf Tour 2019.

El jueves en la tarde comenzará la oferta educativa tocando el tema de energía con un panel para la discusión sobre la Reducción de costos energéticos e iniciativas de cogeneración, integración de microrredes y generación del sector productivo.

El evento contará con la participación de José Ortiz, CEO de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, contará con la participación de Ross Eisenberg, vicepresidente de Política de Energía y Recursos del National Association of Manufacturers, para presentar la perspectiva de los industriales de EE.UU sobre el tema energético.

Además, varias empresas hablarán sobre sus experiencias en el establecimiento de microredes y se presentará el proyecto del consorcio de la Montana. Los panelistas serán: Alfredo Vicenty, Gerente General, Genplant Onsite Energy, Mark Roumain, Esq. Asesor jurídico, Grupo Windmar. Hon. Luis Javier Hernández, Alcalde de Villalba. Como moderador tendremos a Pedro Nieves, co-presidente del Comité de Energía de la AIPR.

El viernes en la mañana habrá un programa que discutirá el rol de la industria multinacional en la nueva era de desarrollo económico de Puerto Rico. Representantes del programa de Embajadores Industriales y del Capítulo de la Mujer Industrial discutirán los indicadores para mantenerse competitivo en el mercado global, la perspectiva de los “site selectors” y qué oportunidades nos presenta. Se presentarán dos estudios de caso de nuevas plantas de investigación y desarrollo en Puerto Rico y al final un panel compuesto por el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy y embajadores industriales y líderes del Capítulo de la Mujer Industrial presentarán sus perspectivas de los temas de discusión en la mañana.

A
mediodía la Asociación tendrá de invitado al senador Hon. Rick Scott para
hablar de “Economic growth strategy for Puerto Rico and the role of PR’s
manufacturing sector” y
a Sr. Daniel Kowalski, consejero del secretario,
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hablando sobre “The role of
Opportunity zones on an economic growth strategy for Puerto Rico”.  

En
la tarde habrá un panel con líderes de compañías de telecomunicaciones hablando
del rol del sector en la innovación y su impacto en la competitividad y el
desarrollo económico de Puerto Rico.

El sábado habrá dos paneles dedicados
al tema de la agroindustria y en el almuerzo la oradora invitada será Natalie Jaresko,
directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de
Puerto Rico quien dará un “update” de Promesa y plan fiscal.

Luego
se presentarán los resultados del estudio de Libertad Económica en Puerto Rico
comisionado por el Centro para Renovación Económica. En el panel participarán
Luis E. Fortuño, exgobernador; Joaquín Villamil, economista; Rodrigo Masses,
presidente de la AIPR y como moderador, Gustavo Vélez, economista.

Como un elemento nuevo del Programa de Excelencia Operacional Quest, en esta convención se llevará a cabo por primera ocasión un programa Quest exclusivo para estudiantes universitarios, el sábado 1 de junio.

En este programa equipos de trabajo presentan proyectos de mejora continua y excelencia operacional que serán evaluados por profesionales del campo especialistas en mejores prácticas.

Alrededor de 50 estudiantes de 4 universidades con programas de Ingeniería Industrial (Universidad Politécnica, Ana G. Méndez-Turabo, Interamericana Bayamón y UPR Mayagüez), se beneficiarán de esta experiencia presentando cerca de 15 proyectos.

Los estudiantes expondrán y presentarán sus proyectos al jurado. Con esta evaluación los estudiantes podrán conocer las expectativas de ejecución en la industria. Cada equipo recibirá una evaluación de su proyecto y se reconocerá cada trabajo individual.

Los
participantes de la convención tendrán la oportunidad de visitar más de 200
exhibidores, múltiples oportunidades de networking, Programa de Compradores y
Suplidores y un programa social inigualable, Además, en las distintas
actividades de convención presentaremos una serie de reconocimientos a líderes
de diversos sectores industriales y relacionados.

En
la Asamblea anual se presentarán el informe de logros del presidente, enmiendas
al reglamento, resoluciones que pasarán a formar parte de la política pública
de la Asociación de Industriales y se elegirán los miembros de la próxima Junta
de Directores.




CPI demanda al Gobierno para obtener planes de implementación entregados a la Junta

El director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino. (Jaime Rivera/CB)

Por Luis J. Valentín Ortiz

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó el lunes al Gobierno de Puerto Rico para que haga públicos todos los planes de implementación e informes de progreso que ha sometido hasta el momento a la Junta de Control Fiscal.

Los planes de implementación detallan cada una de las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. Hay otros que cubren las medidas del Gobierno para aumentar los recaudos, al igual que reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud.

Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes y los ahorros logrados, si alguno, hasta el momento.

La acción legal, radicada en el Tribunal Superior de San Juan, es contra el principal oficial financiero del Gobierno (CFO), Raúl Maldonado, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino.

“Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, lee la demanda.

Según la página web de la Junta, el Gobierno ha entregado 91 planes de implementación de un total de 129 que le fueron requeridos. Ninguno de estos planes se ha hecho público. En cuanto a los informes mensuales de progreso, el Gobierno ha sometido a la Junta poco menos de la mitad de los informes requeridos.

Tras culminar una reunión pública de la Junta el pasado 28 de marzo, el CPI cuestionó a Maldonado sobre por qué el Gobierno no había entregado todos los documentos pedidos por la Junta.

“Porque ahora mismo llevo 30 días en la posición [de CFO]. Lo que hicimos fue que asignamos recursos a agencias más sensitivas como Seguridad Pública, Salud, la parte económica. De ahí estamos yendo a todas las demás. Ahora mismo estamos en aproximadamente 100 agencias donde tengo recursos asignados para esto [los planes de implementación e informes de progreso]”, dijo Maldonado, quien agregó que los recursos incluyen personal de carrera de la Oficina del CFO, los consultores privados Deloitte y BDO, y “otros contratistas locales”. Contrario a lo que expresó el funcionario, Maldonado ejerce como CFO del Gobierno desde enero de 2017.

A principios de febrero, el CPI solicitó a la Oficina del CFO todos los planes de implementación e informes de progreso entregados a la Junta. A pesar de que la oficina que dirige Maldonado es la responsable de coordinar la entrega de estos documentos según el plan fiscal, la petición fue referida por La Fortaleza a AAFAF.

Al cabo de un mes, AAFAF realizó una entrega parcial de los documentos solicitados en un CD. Dejó fuera todos los planes de implementación y más de la mitad de los informes de progreso que, según la Junta, ya fueron sometidos por el Gobierno.

Entre los informes de progreso no entregados al CPI se encuentran agencias clave como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Algunos de los documentos entregados son ilegibles, mientras que otros tienen tachones sin justificación.

El CPI dio seguimiento para obtener la totalidad de los documentos solicitados y atender las deficiencias identificadas en la entrega del 8 de marzo. Sin embargo, al día de hoy, el CPI todavía espera por la respuesta de AAFAF.

“Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, enfatiza la demanda radicada por la representación legal del CPI, los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana.

Hallazgos preliminares

Información tachada sin justificación; datos incompletos o ausentes; retrasos en la implementación y el reconocimiento de parte de algunas agencias del Gobierno de que hay medidas que no pueden implementar. Este es el saldo de una revisión inicial de la entrega que hizo AAFAF al CPI.

Ninguno de los tachones realizados y que ocultan información en los informes de progreso está justificado por el Gobierno. Las agencias con tachones en sus informes van desde la Administración de la Industria y el Deporte Hípico hasta el Departamento de Educación. Uno de los informes de progreso de Educación muestra como un “action item” el cierre de 307 escuelas. El indicador de progreso: haber conseguido el cierre de 255. Un comentario sobre esta medida aparece tachado.

Durante la vista pública de la Junta a finales del pasado mes de marzo, la directora ejecutiva de la entidad impuesta por la ley PROMESA, Natalie Jaresko, enfatizó que los planes de implementación e informes de progreso “dan transparencia” al proceso, tanto para la Junta como para la ciudadanía. Esto a pesar de que ninguno de estos documentos han visto la luz pública.

Ambos documentos son exigencias de la Junta como parte de los planes fiscales del Gobierno. En la última vista de la Junta — cuya discusión giró en torno a la falta de entrega de planes de implementación e informes de progreso en el Departamento de Seguridad Pública — Sobrino manifestó que PROMESA no exige al Gobierno producir y entregar planes de implementación a la Junta. Para el funcionario, estos documentos son “herramientas de ejecución” para las agencias.

Jaresko, en cambio, piensa diferente. “Hay dos perspectivas. Una es que el plan fiscal necesita ser impuesto. Esos requisitos de informar son parte del plan fiscal. Ese es un ángulo por el cual creo [que es requerido]. El segundo es que la Junta tiene el derecho por ley para exigir cualquier información e informe según dice otra sección en la ley PROMESA. Por lo tanto yo diría que si no se mira desde el plan fiscal – con lo cual estoy en desacuerdo – se puede mirar de forma aparte, y el Gobierno está supuesto a responder a cualquier información solicitada”, manifestó Jaresko en un aparte con el CPI.

Durante la vista, la directora ejecutiva enfatizó que los planes e informes deben ser “claros, con objetivos medibles, para que no solamente veamos lo que está pasando, pero también entender lo que no está ocurriendo y por qué no está ocurriendo”. A juzgar por los documentos revisados hasta el momento por el CPI, las palabras de Jaresko parecen ser más una aspiración que la realidad.

Muchos de los informes de progreso entregados describen de manera incompleta los “ahorros” — o recortes — que han logrado hasta el momento. Otros no contienen una sola cifra en las partes donde deben detallar los ahorros logrados por mes. Hay casos como el del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cuyo informe de progreso del mes de agosto muestra que una cuarta parte de las medidas que deben implementar tienen “issues” de financiamiento, mientras que ocho de las 35 medidas que detalla no recibieron partidas presupuestarias para ser ejecutadas.

Los informes de progreso también muestran retrasos en la implementación de medidas. Desde agosto, el Departamento de Corrección advertía que no lograría implementar a tiempo el programa “out of state”, o el traslado de presos a cárceles en los Estados Unidos — una medida para recortar gastos operacionales y dar paso a la consolidación de instituciones penales en la isla. Sin embargo, el informe decía que esperaba dar inicio al programa para octubre del 2018. Esto no ha pasado todavía, según informó el CPI.

En algunos casos, la agencia muestra en sus comentarios resignación por no poder implementar ni una sola medida. Este es el caso de la Comisión Industrial, la agencia administrativa encargada de revisar las decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, asegurándose de que se den “tratamientos médicos adecuados y compensaciones justas y razonables”. Su informe de progreso no dice más que esta cita: “El presupuesto operacional de la Comisión Industrial de Puerto Rico para el año fiscal 2018-2019 fue reducido drásticamente. Ante este hecho, no podemos presentar proyectos que representen economías, ya que con el presupuesto actual aprobado no tenemos margen para operar en un cien por ciento (100%) de capacidad”.

Cada año el Gobierno debe entregar a la Junta nuevos planes de implementación. La Junta anunció esta semana que espera certificar en o antes del 9 de mayo un nuevo plan para el Gobierno central. En el último plan fiscal que entregó el Gobierno en marzo, dejó fuera la sección que exige la entrega de los planes de implementación e informes de progreso. La Junta se expresó opuesta a esta movida y pidió la inclusión de este lenguaje.




Gobernador firma ley de política pública energética de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el nuevo marco regulatorio que requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el jueves la ley que establecerá la política pública energética de Puerto Rico y que requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles a favor de renovables como fuente de generación de energía.

La medida, la cual establece como una “aspiración” el que las tarifas energéticas bajen a menos de 20 centavos el kilovatio hora, ocurre a semanas de que entre en vigor el primero de mayo la nueva tarifa básica permanente. La AEE no ha dicho de cuánto será la nueva tarifa permanente que sustituiría la tarifa provisional implantada en el 2016 que conllevó un aumento de 1.29 centavos el kilovatio hora.

A preguntas sobre las garantías de que no habrá un aumento en las tarifas, Rosselló dijo que al presente el 60% de los gastos de la AEE son en combustibles fósiles caros, y aseguró que el uso del gas natural, que es más económico, en combinación con fuentes renovables, brindarán alivio a los consumidores.

En relación al tope de 20 centavos como una aspiración, Rosselló sostuvo que no quería imponerse una camisa de fuerza en momentos en que la AEE se dispone a ser privatizada. “Queríamos estuviese abierto al mercado”, dijo.

La medida establece una nueva cartera de energía renovable: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050.

El congresista Rob Bishop, quien ha recibido mas de medio millón de la industria de gas natural, expresó sus dudas recientemente en que Puerto Rico pudiese lograr sus metas en el uso de renovables debido a que el sistema energético no está preparado para aceptar fuentes renovables y necesita $2 mil millones en fondos para poder modificar los sistemas.

“Esa es su opinión”, dijo el gobernador.

Tras el esfuerzo de la Asamblea Legislativa y todos los sectores involucrados, el gobernador dijo que se ha diseñado un marco regulatorio para adaptar nuestro sistema energético a uno resiliente, confiable y robusto con tarifas “justas y razonables” para todos los consumidores.

Rosselló Nevares añadió que “esta nueva medida, junto con la ley para la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos provee las herramientas necesarias para reformar la manera en que vemos la producción y el consumo energético. Estamos dando un paso de avanzada para mejorar la calidad de vida de todos quienes residimos en la Isla”.

La medida provee una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.

El decreto ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o APP; también se puntualiza que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación.

Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor a cinco años.

Asimismo, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala.

Deberán, además, tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.

La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año.

A preguntas acerca de cómo se garantizarían tarifas razonables con el nuevo modelo de privatización, Rosselló dijo que se haría mediante el esquema de alianzas público-privadas, las cuales estarían monitoreando los contratos.

Por su parte, el principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz Vázquez, indicó que “la baja en los costos de energía solar y los sistemas de baterías harán posible la implantación de esta ley, con muchas opciones al abonado y añadiendo resiliencia en la red”.

Ortiz destacó que hacen falta personas y recursos especializados en el diseño de fuentes renovables y pronosticó que creará “un mercado enorme de empleo” en el sector energético.

Mientras, el senador Larry Seilhamer Rodríguez sostuvo que “esta ley encamina a Puerto Rico en la dirección correcta, colocándonos en un futuro cercano a la generación de energía a menor escala, en la que los mayores proveedores sean los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales, microrredes, entre otros. Puerto Rico está ahora a la vanguardia con otras jurisdicciones y lugares en el mundo que se mueven a producir el 100 por ciento de electricidad con fuentes de energía renovables”.

Ortiz, al igual que Rosselló, anticiparon que se renegociarán los contratos con Ecoeléctrica y con AES, ambos proveedores de electricidad, para que usen fuentes renovables antes del vencimiento de sus contratos. Ortiz dijo que se le pedirá a AES que use biomasa en vez de carbón para generar energía. “Me gustaría hacer la transición ahora. No hay porque esperar al 2028”, dijo el gobernador.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, el representante Víctor Parés Otero, explicó que “esta ley va a establecer las guías correctas para que Puerto Rico cuente con un sistema energético confiable, moderno y resiliente que sirva de vehículo para un desarrollo económico sostenible”.

El presidente de la Comisión añadió que “pero más importante aún, establece unas salvaguardas para que el proceso de privatización sea transparente y que beneficie al consumidor. Agradezco al gobernador por trazar la ruta para este importante cambio y para que la Isla se mueva el 100 por ciento a energía renovable”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, destacó que “la firma en ley del PS 1121 envía un mensaje contundente a los mercados de inversión y la industria energética internacional. El mensaje es que en Puerto Rico hay consenso, voluntad y determinación de transformar su sistema energético a uno resiliente y de avanzada”.

Por otra parte, la nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (“full retail net metering”, en inglés) para los participantes del Programa de Medición Neta.

Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible —que utilice una fuente renovable de energía— puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.

La AEE medirá la energía que el cliente exporte a la red y facturará al cliente por la energía neta que este consuma; la energía neta es igual a la energía consumida por el cliente menos la que este exporte a la red.

Si el cliente exporta más energía de la que consume de la AEE, el exceso se contabilizará en su cuenta y podrá utilizarlo en meses subsiguientes.

Mediante el Programa de Medición Neta y bajo la nueva medida, el operador de la red compensará al consumidor-proveedor por la energía que exporte a la red a la misma tarifa por kilovatio hora al que compra la energía de la red, luego de que consuma la energía autogenerada.

El decreto, además, fortalece el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como ente regulador encargado de ejecutar la implementación de la política pública energética.

El presupuesto del Negociado se aumentará a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.

Por otra parte, la medida crea un Fideicomiso de Energía Verde que promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores.

El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o apoyar financieramente a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos.

La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microrredes en comunidades aisladas y aquellas comunidades de bajos y medianos ingresos; y facilitará el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas.

Se informó, además, que la nueva ley ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030; y también garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo

Sobre si la Legislatura tendrá alguna participación en la transformación del sistema, el gobernador dijo que miembros de la Legislatura forman parte de los comités de alianza público-privadas que supervisarán los contratos con las compañías privadas.




AFI y Autoridad de Puertos suscriben acuerdo de apoyo de reestructuración de deuda

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico suscribieron un acuerdo de apoyo de reestructuración con el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos que fueron emitidos en el 2011.

El anuncio fue hecho en declaraciones escritas por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Aafaf.

La reestructuración contemplada en el RSA (la “Reestructuración”) tiene dos componentes principales. Primeramente, los miembros del Grupo Ad Hoc —que poseen más del 90% de los bonos AFI-Autoridad de los Puertos en circulación—ofrecerán todas sus participaciones en Bonos AFI-Autoridad de los Puertos a cambio de su participación proporcional en la distribución que recibió AFI como parte del Tercer Plan de Ajuste Enmendado al amparo del Título III de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante por concepto de $91.5 millones en reclamaciones de bonos subordinados de Cofina y en un pagaré emitido por la Autoridad de los Puertos.

Segundo, la operación de carga y logística de Puerto Nuevo en la Bahía de San Juan será modernizada mediante una aportación que realizará el Grupo Ad Hoc a una nueva subsidiaria de la Autoridad de los Puertos y que consistirá en al menos $11 millones, el pagaré y hasta un 10% del ingreso bruto de rentas generado por la Propiedad.

A cambio, la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica) —una entidad creada en 1977 para emitir bonos con el propósito de financiar proyectos de desarrollo económico— emitirá nuevos bonos al Grupo Ad Hoc con un valor nominal igual al flujo de efectivo proyectado del puerto.

La Reestructuración debe ser aprobaba por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. De ser aprobada e implementada, la reestructuración propuesta reducirá significativamente el servicio a la deuda y permitirá a la Autoridad de los Puertos centrar sus esfuerzos en alianzas público-privadas y otras iniciativas de mejoras capitales a largo plazo.

“El acuerdo representa lo que podemos lograr cuando las partes emplean la creatividad y la buena fe para llegar a soluciones adecuadas a las necesidades de las partes. Se une a los acuerdos que ya hemos formalizado con los bonistas de Cofina y del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Más aun, estos acuerdos son un paso importante para recuperar el acceso a los mercados de capital”, expresó Christian Sobrino, director ejecutivo de Aafaf.

Por su parte, el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, se mostró complacido con el acuerdo. “Cabe destacar, que tenemos encaminada la APP para los muelles de cruceros, así como la de los aeropuertos regionales y hemos monetizado activos en desuso”, sostuvo.

“Ahora colaborando con la Aafaf se logrará la reestructuración gran parte de la deuda para sacar a la Autoridad de los Puertos de la situación en que se ha encontrado por décadas”, concluyó Maceira Zayas.

Aafaf fue asistida en las negociaciones por O’Melveny & Myers LLP y Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC, como asesores legales, y Ankura, como asesor financiero. El Grupo Ad Hoc estuvo representado por Morrison Foerster LLP y Reichard & Escalera LLC.




Gobierno rechaza designación de coordinador de revitalización interino en la junta fiscal

El representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino envió el lunes una carta al presidente del ente federal, José Carrión, en la que rechaza que se designe un coordinador de revitalización interino.

“La posición del Gobierno de Puerto Rico en nuestra carta del 19 de marzo de 2019 fue clara. Dicho cargo responde al claro lenguaje de Promesa. Como el asunto se explicó con claridad, Promesa no contempla ni permite los coordinadores interinos de revitalización. Por lo tanto, nuestra posición es que dicha designación de la señora Jaresko no tiene autoridad, ninguna consecuencia y ninguna validez de ningún tipo”, dijo Sobrino en la misiva.

“Este no es un asunto de poder de voluntad o preferencias de políticas. Es una cuestión de autoridad legal de una persona para ejercer acción oficial. Tenga esto en cuenta para evitar controversias innecesarias o causar confusión en el sector privado”, agregó.

El pasado 20 de marzo, Carrión envió una carta a Sobrino en la que anunciaba la designación de Jaresko, quien es la directora ejecutiva del ente federal, como la coordinadora interina de revitalización. Esto luego de la renuncia de Noel Zamot, quien levantó una controversia por alegaciones de irregularidades de parte de funcionarios del gobierno en el manejo de proyecto de reconstrucción costeados con fondos federales.

El funcionario insistió en que la JCF presente al gobernador, Ricardo Rosselló lo antes posible la lista de posibles candidatos para su evaluación y consideración. Solicitó además, los credenciales de los candidatos y su postura sobre el rol del coordinador de revitalización del Título 5 de Promesa y que estén disponibles para ser entrevistados con el gobernador y/o su personal.

“En cuanto a la intención de la JCF de informar a los inversionistas sobre el proceso de obtención de permisos acelerado que es el único objeto del Título 5 de Promesa, no hemos objetado la medida en que dichos esfuerzos educativos son precisos y no pretenden tergiversar el alcance del Título 5 de Promesa y el rol apropiado del Coordinador de Revitalización”, finalizó Sobrino.

Director ejecutivo de Aafaf solicita nombramiento de un nuevo coordinador de revitalización




Gobernador anuncia permanencia de reglamento en protección de pacientes

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el martes, que prevalece el reglamento en protección de los pacientes, pese a cuestionamientos iniciales de la junta de control fiscal.

Se trata del Reglamento 9063, aprobado al amparo de la Ley 47-2017 para brindar mayores protecciones a los pacientes en Puerto Rico.

“A pesar de que dicho reglamento fue inicialmente cuestionado por la Junta, nuestra administración realizó los esfuerzos necesarios para que los derechos de los pacientes fueran salvaguardados y protegidos, según lo ordena la Ley 47-2017 y su reglamento”, dijo Rosselló Nevares en comunicación escrita.

Explicó que la aprobación de la Ley 47 tuvo el objetivo de que los servicios de salud de los pacientes no se vieran afectados por discrepancias y divergencias de criterios entre las aseguradoras y los proveedores de salud.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, informó que la Aafaf y la procuradora del Paciente, Edna Díaz de Jesús, presentaron al organismo creado por Promesa toda la información solicitada referente al Reglamento para Implementar el Procedimiento Sumario al Amparo de las Disposiciones de la Ley Número 47-2017.

“Luego de un proceso iterativo, la junta revirtió su determinación inicial y dio paso al reglamento. Dicha aprobación permite que la Procuradora del Paciente comience a implementar mecanismos de fiscalización que garanticen la calidad de los servicios que reciben los pacientes en Puerto Rico”, expresó Sobrino Vega.

Por su parte, Díaz de Jesús, indicó que “con la decisión de dicho ente, sin duda alguna, se favorecen a todos los pacientes, al validar un instrumento que garantiza y provee las herramientas necesarias para que el sistema de servicios de salud ofrezca un cuidado de calidad, seguro, eficiente y centrado en sus necesidades. Estoy satisfecha con la determinación y reitero que este reglamento dará dirección a las entidades aseguradoras y a los proveedores”.

Explicó que con la aprobación de este reglamento se le permite a la Oficina del Procurador del Paciente implementar mecanismos de fiscalización que garanticen la calidad de los servicios que reciben los pacientes en Puerto Rico. Un ejemplo de lo anterior es que se prohíbe que se le nieguen o dilaten la autorización de una hospitalización a un paciente, siempre que exista una recomendación médica basada en el criterio de necesidad médica.

De igual forma, mencionó que, de denegársele a un paciente su hospitalización o tratamiento en medio de una emergencia médica, el paciente podrá presentar una querella ante el Procurador del Paciente y el aludido Procurador tendrá un término no mayor setenta y dos (72) horas para adjudicar dicha querella.

Díaz De Jesús agradeció a todos aquellos que colaboraron en la elaboración de la Ley Núm. 47 y en el desarrollo del Reglamento 9063 y añadió que “esto ha sido un esfuerzo que unió voluntades con un mismo fin, dar transparencia a unos procesos y garantizar el derecho de los pacientes a recibir servicios de calidad”.




Aseguran no se puede implantar hasta el 2020 requisito de trabajo para beneficiarios del PAN

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos dijo el martes que el requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no se puede implantar hasta el 2020 a pesar que la junta de control fiscal (JCF) quiere que se aplique desde julio de 2019.

“Vamos a ir por fases. En la primera fase se le va a exigir el requisito (de trabajo) sin una penalidad a la persona en el sentido de limitarle los beneficios. Ya para el próximo año se empieza con la limitación de los beneficios… Sería en octubre del 2020. Lo que sí van a tener es el apoyo para poder conseguir ese empleo”, dijo Andújar Matos en entrevista radial (Radio Isla).

“Eso es lo que le estamos comunicando a la Junta”, dijo la funcionaria cuando se le preguntó si no es posible que el requisito se implante en julio o en octubre de 2019.

A pesar que la secretaria del DF no ha recibido la carta de la JCF oficialmente, señaló que no hay objeción con el requisito de empleo a los beneficiarios del PAN y explicó algunas consideraciones que rodean la solicitud del ente federal.

“No tenemos ningún problema con la implantación de lo que va a ser la transición al empleo… Las conversaciones con la Junta se tornan en términos de cómo se va a hacer esa implantación. No podemos perder de perspectiva que el Programa de Asistencia Nutricional es una asistencia suplementaria para alimentos y que realmente la cantidad que se recibe en Puerto Rico es ínfima en comparación con lo que se recibe en los estados”, explicó Andújar Matos.

“Imagínese que una persona que ha estado toda la vida trabajando, lo que recibe de PAN cuando está en su edad de jubilación son $132. ¿Para qué realmente da eso? Tampoco podemos perder de perspectiva que la mayor cantidad de personas que reciben asistencia nutricional son personas de edad avanzada y menores de edad y que sí existen dentro del programa personas que están trabajando”, agregó.

Fondos del PAN de Puerto Rico enfrentarán “precipicio” en marzo

La directora de la JCF, Natalie Jaresko envió el martes una carta a Andújar Matos, en la que le hace un llamado enfático al gobierno a alinear el plan propuesto por la agencia para la implementación del requisito de trabajo para el PAN con el Plan Fiscal.

Jaresko señaló que en la carta se reitera que este requisito debe comenzar antes de lo propuesto por el Gobierno, para crear un mayor incentivo y mover la isla lo más rápido posible hacia un crecimiento más sostenido. La carta dice que posponer la implementación completa del requisito de trabajo tendrá un efecto negativo en la expectativa de crecimiento y desacelerará cualquier reducción en la pobreza de la isla, dado que la nueva política será menos efectiva en incrementar los incentivos para integrarse al mercado laboral formal.

Explicó que el Plan Fiscal Certificado requiere que cada participante del programa entre las edades de 18 y 59 años contribuya 80 horas al mes, sea empleado formalmente o como voluntario. El Plan Fiscal certificado requiere que esta transición comience en el año fiscal 2020 (empezando en julio del 2019) y que el requisito de trabajo/voluntariado/educación sea requerido una vez el beneficiario haya recibido el beneficio del PAN por más de tres meses.

Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino envió una carta a la directora de la JCF en la que insiste que la implantación de este requisito se debe dar por fases.

“Implementar un requisito de trabajo adecuadamente es importante para su efectividad y es fundamental que se consideren las particularidades del mercado laboral específico de Puerto Rico de alta tasa de desempleo (demanda de empleo) y asistencia federal limitada para el trabajo (no EITC Federal, CTC y otros). Es por esto que la fase gradual es el enfoque más efectivo”, dijo Sobrino en la carta enviada a Jaresko.

“Estamos sorprendidos por el momento de su carta, ya que hace mucho que conoce el enfoque gradual del gobierno. Esto se ha discutido en cada reunión de implementación de la Reforma Laboral entre el gobierno y el JCF este año fiscal”, agregó.

Señaló que según han informado al ente federal previamente, las dos razones para que este requisito de empleo se maneja de forma escalonada responde a un asunto de empleo y programas de adiestramiento, así como a aspectos demográficos.

“No estamos de acuerdo con el enfoque que la Junta de Control Fiscal recomienda para su implementación. El gobierno recomienda encarecidamente a la Junta de Control Fiscal que se alíe con su enfoque por las razones expuestas anteriormente y que se convierta en defensora de los grandes éxitos que el gobierno y la Junta han logrado mediante el diálogo y la cooperación”, finalizó el funcionario.

El texto íntegro de la carta enviada a la secretaria Andújar Matos está disponible en la página de internet de la Junta de Supervisión www.juntasupervision.pr.gov.




Proyecto sobre nueva política pública energética no completa el trámite legislativo

La legislación que crearía una nueva política pública energética no completó el trámite legislativo debido a que la Cámara de Representantes solicitó tiempo adicional para evaluar la medida.

A menos que el gobernador convoque a la Legislatura a una sesión extraordinaria, la medida tendrá que esperar a la sesión de enero. En los próximos días, los legisladores se dedicarán a resolver sus diferencias en medidas aprobadas por ambos cuerpos antes de irse en receso.

El proyecto senatorial impone a Puerto Rico el uso de fuentes renovables en un 100 por ciento para el 2050 y deroga el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Comprendemos y respetamos el tiempo adicional que solicitó la Cámara de Representantes para evaluar el Proyecto del Senado 1121, mediante el cual se adopta la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.” La confección de una política pública energética para Puerto Rico es crítica para nuestro futuro. Tomamos, igualmente, la oportunidad para agradecer el trabajo de los pasados meses en la Comisión de Energía del Senado en elaborar dicho proyecto según contemplado en la Ley 120-2018″, dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino.

“El gobernador, tiene una visión clara sobre hacia dónde vamos en la transformación de lo que ha sido un ineficiente sistema energético. Le hemos expresado al senador Larry Seilhamer y al representante Víctor Parés Otero que, aunque continuaremos los procesos de privatización de la AEE, según autorizado por la Ley 120-2018, no formalizaremos contrataciones que pudieran ser contrarias a la política pública establecida por el primer ejecutivo o los principios cardenales del proyecto de ley elaborándose en la Legislatura. El nuevo sistema energético será uno menos costoso, resiliente y seguro para nuestro Pueblo”, dijo Sobrino.




Junta de control fiscal certifica planes fiscales del gobierno y la UPR

La junta de control fiscal aprobó por unanimidad los planes fiscales a cinco años para el gobierno y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Con respecto al plan fiscal del gobierno, Ana Matosantos reconoció que el plan fiscal tenía deficiencias porque no reduce la brecha presupuestaria, no restablece el crecimiento ni libera dinero para los acreedores.

“Hablando francamente, no me gusta este plan fiscal”, dijo al expresar su preocupación por el hecho de que afecte demasiado a los servicios públicos para los ciudadanos.

Al igual que en versiones anteriores, el plan fiscal revisado del gobierno requiere una serie de reformas fiscales y estructurales, así como fuertes reducciones en el gasto gubernamental.

Mientras la junta directiva celebraba su decimoquinta reunión pública el martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tuiteó que los funcionarios corruptos de la isla iban a utilizar fondos federales para pagar la deuda pública, lo que la junta negó.

“Los fondos federales para desastres no corren a través del presupuesto o el cálculo de los excedentes”, dijo la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló respondió al tuit de Trump diciendo: “Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente, por eso me opongo al plan escandaloso de la junta de control fiscal que obstaculizaría gravemente la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico”.

Rosselló Nevares alega “plan de austeridad” de la junta fiscal afectará servicios del gobierno

El plan fiscal toma en cuenta cerca de $82 billones en ayudas federales y pagos de reclamaciones de seguros privados relacionados con los daños causados ​​por el huracán María, pero solo como un estímulo.

El lunes, Jaresko dijo que solo si Puerto Rico implementa ciertas reformas estructurales y medidas fiscales, podría tener un superávit acumulativo de $30 billones hasta 2033, del cual luego tendrá mayormente déficits en forma conjunta con la suspensión de fondos federales.

Las medidas fiscales requeridas incluyen la reforma de las pensiones, la adecuación de las agencias del gobierno, la reducción de subsidios, la reforma del plan de salud y las medidas relacionadas con las utilidades, así como la reforma de las adquisiciones. Las reformas estructurales que podrían ayudar a impulsar la economía a largo plazo involucran energía, capital humano, asistencia pública y mejorar la facilidad para hacer negocios. Jaresko dijo que la junta debe hacer un trabajo “por encima y más allá” para poder ayudar a impulsar la economía.

Jaresko había criticado la falta de voluntad política del gobierno para implementar algunas de las reformas sugeridas por la junta que incluyen la facilidad para hacer negocios y la reforma laboral.

“Hay medidas adicionales para facilitar el hacer negocios que no están en el plan fiscal porque no hay voluntad política para adoptar estas reformas”, dijo Jaresko.

Durante la reunión, Andrew Biggs, un experto en sistemas de pensiones públicas, dijo en muchos aspectos que el plan fiscal logra mucho, pero también es un reconocimiento de la junta y el “mayor fracaso del gobierno de Puerto Rico” porque las reformas estructurales necesarias para impulsar la economía están ausentes.

“No podemos decir con precisión qué sucederá en los próximos años. Sin una reforma económica seria … Puerto Rico seguirá siendo pobre en el futuro”, dijo.

Biggs también dijo que las fuerzas políticas de la isla se niegan a reducir los beneficios laborales, incluida la derogación de la Ley de Despido Injustificado, y agregó que la historia que llevará a Washington es que el gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer.

El representante del gobernador ante la junta de control fiscal, Christian Sobrino, dijo que no entendía por qué “algunos de los miembros de la junta son tan sombríos cuando hemos tenido un tremendo récord de éxitos desde que comenzamos el año pasado”. Señaló que una parte sustancial de la deuda ha sido reestructurada, los ingresos del gobierno han superado las proyecciones y los planes de privatización para el sector energético están en marcha.

“Hemos logrado mucho”, pero la reforma laboral no lo es todo, dijo y agregó que el gobierno ha reducido el gasto. “Si vas a Washington, deberías ser defensor de Puerto Rico … También habla sobre el éxito. No consigo todo lo que quiero … pero seguimos adelante”, dijo.

Si bien los inversionistas esperaban que el superávit pudiera usarse para pagar el servicio de la deuda, los miembros de la junta dijeron que no pueden usar fondos que no son recurrentes para pagar gastos recurrentes.

La junta también aprobó el plan fiscal de la UPR para implementar los cambios necesarios para enfrentar una reducción del subsidio gubernamental de $441 millones para 2023, según el plan fiscal. El plan exige un aumento de la matrícula y urge a la universidad a implementar ayuda para la matrícula basada en la necesidad.

El plan contempla la creación de tres centros universitarios. Uno de los conglomerados estaría encabezado por el recinto de Río Piedras y comprendería los recintos de Bayamón y Carolina. El segundo centro estaría encabezado por el recinto de Mayagüez e incluiría los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado. El Conglomerado de la Región Sureste estaría formado por los recintos de Ponce, Cayey y Humacao.

El Recinto de Ciencias Médicas se mantendría separado y autónomo. Jaresko dijo que el presidente de la universidad, Jorge Haddock, quien informó que el viernes estaba diseñando sus propios conglomerados de los recintos, aún tenía que presentar su plan.

Haddock, quien no asistió a la reunión, dijo que el plan sería perjudicial para la UPR. Algunos miembros del público criticaron la insistencia de la junta directiva en cambiar el plan de pensiones de beneficios definidos de la universidad a un plan de contribuciones definidas.