Presentan legislación para tipificar como delito grave bloquear paso de transportistas

El representante José “Che” Pérez Cordero informó el martes que presentó legislación para establecer que constituirá restricción a la libertad agravada el bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación pública o privada, ya sea de forma gratuita o mediante paga.

Pérez Cordero explicó que se trata del Proyecto de la Cámara 1348 a los fines de enmendar el artículo 156 del Código Penal de Puerto Rico que actualmente dispone que “toda persona que restrinja a propósito o con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.”

“Han sido numerosos los casos reportados donde se restringe la libertad de conductores, turistas o ciudadanos locales por hacer uso de algún método privado de transporte. Dichas actuaciones, más allá de lacerar la imagen de Puerto Rico como un destino turístico seguro y confiable, constituyen actos que deben ser penalizados, pues se atentan gravemente contra la libertad, movilidad y seguridad de terceros inocentes que solo interesan transportarse dentro de nuestras demarcaciones territoriales”, sostuvo el representante en declaraciones escritas.

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Añadió que buscan tipificar como delito grave estos incidentes ya que muchos de los casos documentados han incluido severos daños a la propiedad, laceraciones físicas de gravedad, y amenazas.

“Estos son actos criminales que deben tener mayores consecuencias, más aún ante la falta de acuerdos finales sobre el reglamento de los taxistas y conductores de las redes de transporte privado”, sentenció.

Detalló que el Código Penal de Puerto Rico contiene en sus disposiciones el artículo 155 y 156, que regulan el delito de Restricción a la Libertad y Restricción a la Libertad Agravada.

Dichos artículos establecen que “toda persona que restrinja a propósito o con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.” Constituirá delito grave si concurren ciertas circunstancias que agraven el hecho, según establecido en el artículo 156.

“Por tanto, el bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación privada, debe constituir restricción a la libertad de la persona, en su modalidad de restricción a la libertad agravada. Con este tipo de acción, estamos protegiendo la integridad personal y seguridad, tanto del conductor como del usuario común, en su mayoría turistas y terceros inocentes”, afirmó el legislador.

La medida dispone que se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres años.




Cámara aprueba enmienda al Código Penal sobre información difamatoria

Luego de un extenso debate, la Cámara de Representantes aprobó dos medidas para enmendar el Código Penal de Puerto Rico una vez más, en esta ocasión, para constituir como delito el que se publique información falsa y difamatoria en internet que afecte la reputación de un ciudadano.

De acuerdo al Proyecto de la Cámara 63 de la autoría del representante José Aponte Hernández, un comentario publicado en internet podría causar “daños irreparables” al difamado, por lo que se propone instituir una pena de reclusión fija de tres años a quien incurra en un patrón de conducta. 

“Me parece que no adelantamos nada como sociedad al aprobar este tipo de delito, que va dirigido a establecer menoscabo de la libertad de expresión e incluso menoscabo a la libertad de prensa”, sostuvo el representante del PIP, Denis Márquez. (Jaime Rivera/CB)

La objeción a la medida no se hizo esperar cuando el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, sostuvo que atenta contra la libertad de expresión al restringir los derechos de la ciudadanía a expresarse sin importar “el contenido de la expresión”.

“Me parece que no adelantamos nada como sociedad al aprobar este tipo de delito, que va dirigido a establecer menoscabo de la libertad de expresión e incluso menoscabo a la libertad de prensa, porque puede cohibir, porque el Estado –que, al fin y al cabo, tiene el control de la información que el propio Gobierno genera– tiene todo el poder para ejercer acusaciones de delito”, dijo Márquez.

El portavoz independentista resaltó que se trata de una “medida de censura previa” que busca limitar ejercicios de libertad de expresión. Ante esto, esbozó que no se puede usar el Código Penal para establecer categorías amplias e imponer penas fijas, “sin tener claro el propósito del delito”.

El P. de la C. 63 indica que el término “información difamatoria” significa “información que tienda a desacreditar y afectar la reputación de la persona a la que se refiere”. A estos fines, advierte que la persona autora de la información difamadora, debe asegurarse de que las mismas “son ciertas”.

Mientras, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, señaló que la medida es innecesaria pues las víctimas de libelo ya cuentan con otros recursos para demandar a los autores de las difamaciones, además de que es “muy cara a la democracia puertorriqueña”.

“[La medida] es un disuasivo, es decirle al que tiene evidencia de un acto de corrupción, o de un acto de ilegalidad, o de un acto de inmoralidad, que no la publique, porque se expone a que le radiquen unos cargos criminales, cuando hay otros remedios civiles”, esbozó el legislador popular.

Por otro lado, la Cámara aprobó el P. de la C. 1241, que también enmienda el Código Penal para establecer una pena fija de 15 años a quienes realicen un escalamiento en un edificio ocupado durante un estado de emergencia, luego de los casos de robos reportados tras el huracán María.

La Cámara recesó sus labores hasta el jueves, 9 de noviembre a las 11:00 de la mañana.




Cámara va tras saqueadores de contadores de agua y luz

El Código Penal de Puerto Rico resurgió hoy en la Asamblea Legislativa, cuando la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 699, que propone sancionar con una pena de reclusión de ocho años a quienes obstruyan o alteren contadores de agua, gas o electricidad.

La aprobación de la medida legislativa llegó luego de un acalorado debate entre rojos y azules. Entre los oponentes más vocales al proyecto estuvo el representante popular Luis Vega Ramos, quien destacó que la creencia de “mayor pena conlleva menos conducta criminal” es errónea.

“Se ha probado que el costo de una persona en cárcel un año, es en promedio $40,000 […] La pregunta que tenemos que hacer [es] ¿ganamos con la inversión de decenas de miles de dólares por procesar y encarcelar a estas personas que cometen conductas delictivas?”, cuestionó.

El representante Luis Vega Ramos. (Suministrada/Vía Twitter)

Vega Ramos sostuvo que se deben considerar otras penas para sancionar a quienes incidan en esta conducta, pues el país se encuentra en una crisis fiscal sin precedentes. Además, criticó las penas fijas por entender que no permiten a los jueces “analizar cuál es la sentencia prudente”.

En respuesta a la postura del legislador popular, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, indicó que también se debe tomar en consideración “el otro lado”, en referencia a las víctimas, pues el robo se trata de un delito “contra la función pública”.

“Lo que quizás deja de ver el compañero y pierde de vista es que no es menos cierto que el aumento desproporcionado en el robo de agua y de luz, del cambio de contadores, lo paga él [Vega Ramos], lo pago yo, lo pagamos todos, los paga el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

En cuanto a la crítica a la pena fija de ocho años a aquellas personas que alteren, interfieran u obstruyan contadores o medidores a cambio de un beneficio económico, la legisladora destacó que también se permite al juez sancionar al convicto con multa de $10,000 para personas jurídicas.

Gobernador convierte en ley enmiendas al Código Penal

El pasado mes de mayo, el gobernador Ricardo Rosselló firmó el Proyecto de la Cámara 743, para enmendar el Código Penal y así penalizar el uso de capuchas u otro tipo de disfraz mientras se interrumpan o detengan labores de instituciones educativas públicas, de salud o Gobierno.

Por otro lado, se aprobó además el Proyecto de la Cámara 276, para disponer que toda entidad adscrita a la rama ejecutiva que incumpla con el pago de agua potable, alcantarillado sanitario o electricidad debe detener los gastos de publicidad y relaciones públicas para pagar los servicios.

Entretanto, se dio paso al Proyecto de la Cámara 913, con el fin de eliminar la prohibición a la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y traspaso de los perros “Pitbull Terriers”, disposición cuestionada por sectores como veterinarios y protectores de animales.

Con los cambios sugeridos en la medida legislativa, los dueños de Staffordshire Bull Terriers, American Staffordshire Terriers, American Pitbull Terriers o mezclas de otras razas de Terriers tendrán un año para inscribir a su mascota en un registro del Departamento de Agricultura.

Todo perro, que luego de un año de gracia no tenga la placa indicativa de su número de registro y su dueño no produzca el Certificado de Registro será inmediatamente confiscado por las autoridades pertinentes”, dicta la medida aprobada con 36 votos a favor y siete en contra.

En curso investigaciones de gastos en San Juan

Mientras, la Cámara aprobó también las Resoluciones 388 y 503. La primera de estas ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar a “personas, grupos o entidades que proveen financiamiento” a quienes realizan algún tipo de acto de violencia en manifestaciones.

Contralor detecta “ambigüedades” en uso de fondos públicos de San Juan

La segunda, propuesta por el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez, solicita una investigación sobre los donativos de al menos $1 millón que ha realizado el Municipio de San Juan a dos franquicias de voleibol superior desde 2015 y cuáles fueron las razones para detenerlos.

Ante la solicitud de estas investigaciones, varios miembros de la delegación popular –entre ellos Manuel Natal– acusaron al PNP de sostener una persecución contra la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto. La Oficina del Contralor encontró “ambigüedades” en el uso de fondos de la capital.

La Cámara decretó receso hasta el viernes, 7 de septiembre a las 11:00 de la mañana.




Gobernador convierte en ley enmiendas al Código Penal

El gobernador Ricardo Rosselló convirtió hoy en ley el Proyecto de la Cámara 743, que enmienda el Código Penal para penalizar, entre otras cosas, el uso de capuchas u otro tipo de disfraz cuando se interrumpan o detengan las labores en instituciones educativas públicas, de salud o de gobierno.

El mandatario aseguró que las enmiendas al Código Penal “darán más fuerza al gobierno para combatir el crimen”, y ayudarán a las agencias de ley y orden de Puerto Rico “en la lucha”.

Los cambios al Código Penal se dan en momentos que algunos sectores del país cuestionan la intención de la administración Rosselló con la medida, particularmente ante las manifestaciones que se han llevado a cabo en Puerto Rico durante los pasados meses relacionadas a la crisis fiscal y los ajustes que tanto el gobierno como la junta de control fiscal buscan implementar.

Enmiendas al Código Penal podrían terminar en los tribunales

A continuación, una lista de cambios significativos como resultado de la firma del proyecto de la Cámara 743.

  1. Establece como delito menos grave el uso de un disfraz mientras se altera o interviene en las actividades ordinarias de instalaciones públicas educativas, de salud o gubernamentales.
  2. El uso del disfraz se convierte en delito grave con pena de tres años de cárcel si, mientras se utiliza, se comete o intenta cometer un delito grave.
  3. Establece como delito menos grave, con pena de un año, interrumpir o impedir una reunión oficial realizada, convocada o a cargo de una entidad u organismo gubernamental.
  4. Restituye como delito grave lo que se conoce como la “Ley Tito Kayak”, para penalizar con tres años de cárcel la obstrucción o paralización de obras de construcción públicas o privadas que cuenten con los permisos necesarios. Incluye impedir la entrada o el acceso u ocupar los terrenos.
  5. Restituye como delito menos grave la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público.
  6. Convierte en delito grave con cárcel por 3 años cuando una persona entra a una propiedad para delinquir, conocido como escalamiento.
  7. Establece como delito menos grave el que una persona intencionalmente obstruya o impida permanente o temporeramente el acceso, uso o disfrute de cualquier actividad turística.
  8. Aumenta la pena de seis meses a un año de cárcel a toda persona que pegue, fije, imprima o pinte sobre propiedad pública, excepto en postes y columnas.
  9. Establece como delito menos grave con pena de un año de cárcel el que una persona incite o promueva el uso de fuerza, violencia o intimidación para que se cometa delito contra la persona o propiedad. Si se comete un delito grave como resultado directo de la incitación, la persona incurrirá en delito grave con pena de reclusión de tres años.
  10. Aumenta la pena de 8 a 15 años de cárcel por la apropiación ilegal de fondos públicos.
  11. Aumenta de 25 años a 35 años el término que tendrá que esperar una persona acusada de un delito que conlleve una pena de 99 años de reclusión, para ser elegible a la Junta de Libertad Bajo Palabra.
  12. Aumenta de 5 a 10 años el periodo que podrá tomarse en consideración para alegar reincidencia por convicciones previas.

Amnistía Internacional denuncia enmiendas al Código Penal de Puerto Rico




Cámara aprueba enmiendas al Código Penal y asignación millonaria para municipios

Tal y como lo hizo el Senado mediante votación partidista, la Cámara de Representantes concurrió hoy con el proyecto que enmienda el Código Penal que ahora penaliza con cárcel el utilizar capucha en manifestaciones que interrumpan labores en diversas instituciones del gobierno y se cometa un delito grave.

Con 34 votos a favor y 15 en contra, la Cámara dio paso a las enmiendas que le hizo el Senado a la medida y ahora el Proyecto de la Cámara 743 pasará a La Fortaleza para la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Según la medida aprobada en ambos cuerpos, se restituirá en el Código Penal lo que se conoció en la administración de Luis Fortuño como la Ley Tito Kayak que penalizaba con tres años de prisión el obstruir o paralizar obras de construcción públicas o privadas que cuentan con los permisos.

Cámara de Representantes concurrió esta tarde con las enmiendas que hizo el Senado al Código Penal. (Archivo)

Cámara de Representantes concurrió esta tarde con las enmiendas que hizo el Senado al Código Penal. (Archivo)

Una vez el gobernador firme la medida todo aquel que interrumpa una reunión, coloque pasquines o carteles, pinte propiedad pública o privada sin autorización y obstruya actividades turísticas en hoteles o puertos incurrirá en la comisión de delito menos grave.

Cerca de 20 enmiendas de la medida están dirigidas a penalizar acciones típicamente relacionadas con el derecho a la libertad de expresión.

Según el portavoz  cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, las enmiendas aprobadas en Cámara “no es otra cosa que la criminalización de la protesta”.

Senado aprueba enmiendas al Código Penal

Por otro lado, justo en momentos en que Puerto Rico está en quiebra, la Cámara aprobó también hoy la Resolución conjunta del Senado 131 para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas $11.8 millones proveniente del Fondo de Mejoras Municipales.

Específicamente, la resolución reparte los $11.8 millones en 30 municipios del Partido Nuevo Progresista y en otros 18 ayuntamientos del Partido Popular Democrático (PPD) para obras de mejoras permanentes sin precisar. Tambén asigna dinero a nueve agencias y entidades.

La Fundación Sila María Calderón es la organización que más dinero recibirá al asignársele $300,000. Los Centros Sor Isolina Ferré obtendrán $75,000.

Por su parte, el Departamento de Educación obtendrá $317,500 para mejoras de planteles escolares.

Con relación a los municipios, Ciales fue el que más dinero se le asignó con un total de $1.08 millones, luego le sigue Guánica con $1.05 millones, Cidra con $1.05 millones, en cuarto lugar está Aibonito que recibirá $1.05 millones, luego Trujillo Alto con $805,000 y finalmente Adjuntas que recibirá $619,460.

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Asimismo, la Cámara aprobó el P. de la C. 261 que busca establecer la Ley Uniforme de Profesionales, Arquitectos e Ingenieros de Puerto Rico y requiere que toda obra de construcción que se lleve a cabo por las agencias y corporaciones se debe contratar en primer instancia los servicios profesionales de los programas de práctica intramural universitaria y/o las divisiones de educación continua y estudios profesionales de las escuelas de arquitectura y la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras.

De igual forma, se aprobó el Proyecto de la Cámara 296 que dispone que toda orden de congelación de precios de los artículos de primera necesidad emitida por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tenga una duración de 10 días contados desde la fecha de su emisión, a menos que el secretario disponga una duración menor o mayor.

El Proyecto de la Cámara 734 también fue aprobado y busca crear la Ley de Protección Social del Ciclista al facultar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles a establecer una póliza especial dirigida a proteger a los ciclistas de todo accidente sufrido en las vías públicas.

La Cámara de Representantes recesó hasta este viernes a las 11:00 a.m.




Amnistía Internacional denuncia enmiendas al Código Penal de Puerto Rico

El movimiento Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) denunció las enmiendas al Código Penal de la isla durante la exposición de su nueva campaña global en solidaridad con los defensores de los derechos humanos en un encuentro realizado hoy en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan.

Horas antes de que la Cámara de Representantes evaluara el Proyecto de la Cámara 743 con las revisiones del Senado -que incluye enmiendas al Código Penal para criminalizar ciertos tipos de expresiones de protesta pacífica- AIPR presentó la campaña “Valiente”, que reconoce la labor de los defensores de los derechos humanos y repudia los gobiernos del mundo que coartan la libertad de expresión y los derechos constitucionales.

En un nuevo documento, “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: La reducción del espacio para la sociedad civil”, AIPR recopiló data de docenas de países para ilustrar la represión social y gubernamental en contra de los opositores de sus respectivos gobiernos.

“Estamos en un momento crítico porque los derechos humanos de todo el mundo están bajo presión”, dijo Ruben Kondrup, coordinador de activismo de AIPR.

Kondrup, un dinamarqués, enfatizó que aunque hay ciertos países con un historial represivo hacia la libertad de expresión, esto es “un fenómeno en aumento” que se extiende a países occidentales, incluyendo Puerto Rico, y afirmó que las enmiendas al Código Penal son “bastante preocupantes”.

Por su parte, la licenciada Mariana Nogales, integrante del Comité de Acción Legal (CAL), acusó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló de menoscabar el derecho de manifestación pública y llevar a cabo una agenda administrativa para “atacar y acosar a defensores y defensoras a fin de deslegitimarlos, a ellos y sus causas, de disuadir, limitar e incluso impedir su trabajo de derechos humanos”.

Específicamente, Nogales repudió el P. de la C. 743, el cual, entre otras cosas, busca catalogar como delito menos grave el interrumpir labores en una institución educativa usando capucha, interrumpir una reunión pública, colocar carteles disidentes o pintar sobre propiedades públicas o privadas sin autorización, obstruir actividades turísticas, entre otros.

Entretanto, Liza Gallardo Marín, directora ejecutiva de AIPR, tildó la pieza legislativa como “una ley retrógrada” y le hizo un llamado al gobernador a no firmarla tras ser aprobada hoy en la Casa de Leyes.

“Campaña de desprestigio” contra estudiantes

Mientras, el activista y presidente de la Junta Directiva de AIPR, el licenciado Osvaldo Burgos afirmó que si el Ejecutivo aprueba las enmiendas incluidas en el proyecto, se hará un llamado a los tribunales de la isla, “que tienen el deber de defender nuestra Constitución”, ya que “la Legislatura solo quiere defender los intereses de los poderosos”, tales como los bonistas y acreedores.

Sin embargo, el licenciado advirtió que los activistas no deben “recostarse” bajo el argumento que la aplicación de esta y otras legislaciones es “inconstitucional”, porque el proceso de demostrar la inocencia de un manifestante arrestado mientras ejercía su derecho podría extenuar tanto sus recursos como el de su abogado mientras permanece encarcelado.

Burgos recalcó que aunque se demuestre la inocencia de un manifestante, ya su imagen e información personal habrían sido difundidas en los medios, en lo que catalogó como una “campaña de desprestigio”, particularmente hacia los estudiantes, quienes lideran las diversas protestas contra la administración actual.

Según el presidente de la Junta Directiva de AIPR, ese supuesto intento de desprestigiar a los estudiantes de la UPR se manifiesta también entre las masas con epítetos comúnmente usados hacia estos, tales como “pelús”, “vagos”, “títeres”, entre otros.

En esa línea, Burgos buscó combatir el estereotipo de la imagen del manifestante y recalcó que hay una “amplia gama” de defensores, utilizando a modo de ejemplo maestras que se oponen al cierre de escuelas y “mamás luchando por el derecho sus hijos del programa de educación especial”, entre otros.

“Estamos hablando de personas que están en el plano individual defendiendo derechos muy particulares, derechos locales y comunitarios, hasta personas que hacen trabajo nacional o trabajo en defensa de grupos particulares de derechos humanos, o trabajo a nivel internacional”, dijo el licenciado.

Alegan Seguridad Pública trae “entes represores”

El informe de AIPR también explicó el uso indebido del sistema de justicia, en el cual recaen cargos infundados, detención arbitraria, leyes excesivas implementadas bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional y combatir el terrorismo, proliferación de nuevas leyes represivas y legislaciones anti-protesta.

CB en Español les preguntó a los panelistas si la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la designación de Héctor Pesquera como el secretario de esa nueva agencia – anunciada dos días antes del Paro Nacional el pasado 1 de mayo- representa un uso indebido del sistema de justicia.

Burgos alegó que “[la creación del DSP] es un mecanismo para evadir el cumplimiento de la reforma de la Policía”, porque un agente del nuevo departamento podría evitar ser acusado de incumplir con órdenes de algún tribunal bajo el argumento de que no labora bajo la Policía, por lo que no sería “parte de los demandados” en casos de abuso policiaco.

El licenciado además enfatizó que Pesquera trae consigo una “trayectoria de violaciones de derechos civiles” mientras fungió como superintendente de la Policía del 2012 al 2013.

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Aseguró que este “andamiaje” traerá “entes represores” porque el DSP recopila los negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Investigaciones Especiales (NIE) y los Sistemas de Emergencia 9-1-1, de modo que estos recursos se pudieran emplear para silenciar a los manifestantes. Por ejemplo, dijo Burgos, el Cuerpo de Bomberos podría ser invocado en alguna protesta para desplegar mangueras de agua contra los manifestantes, si el departamento considera que estos atentan contra la seguridad nacional.

Ante estas “amenazas” a la libertad de expresión, Gallardo Marín justificó la desobediencia civil y afirmó que visualiza a Puerto Rico “como un país que se empieza a levantar y a decir ‘basta ya’, lleno de personas valientes que van a luchar y van a salir a las calles”.




Cámara aprobaría hoy enmiendas al Código Penal

La Cámara de Representantes aprobaría hoy la medida que enmienda el Código Penal, concurriendo así con los cambios que hizo el Senado al aprobar el proyecto la semana pasada, confirmó un portavoz de la Cámara a CB en Español.

“En el caso del Código Penal, es concurrir con las enmiendas [del Senado al Proyecto de la Cámara 743]. Las estamos examinando y si no tenemos ningún tipo de objeción vamos a concurrir con ellas”, dijo hoy el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, a su llegada a La Fortaleza para la reunión semanal entre los líderes legislativos y el gobernador Ricardo Rosselló.

El proyecto busca penalizar, entre otras cosas, el uso de capuchas cuando se interrumpan o detengan las labores en instituciones educativas públicas, de salud o de gobierno. También restituiría lo que se conoce como la Ley Tito Kayak, para penalizar con tres años de cárcel la obstrucción o paralización de obras de construcción públicas o privadas que cuenten con los permisos.

Una de las enmiendas que el Senado realizó a la medida dispone que la aplicación de los cambios será de manera inmediata, una vez el gobernador firme la medida.

En cuanto al Proyecto del Senado 340, que busca regular la industria del cannabis medicinal, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, explicó que aún reciben “sugerencias” sobre cambios a la legislación.

“Todavía hoy estamos recibiendo algunas sugerencias de algunas personas que dominan el tema”, dijo el líder senatorial, quien manifestó el pasado lunes que esperaba la aprobación del proyecto entre finales de la semana pasada y principios de esta.

Senado aprueba enmiendas al Código Penal

Tras terminar su reunión con el gobernador -donde anticiparon la discusión del presupuesto, el recién anunciado acuerdo entre acreedores y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el calendario de medidas pendientes- los líderes legislativos salieron de La Fortaleza sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Nombramientos con problemas

El presidente del Senado adelantó hoy que algunos nombramientos pendientes a confirmación no cuentan aún con los votos de la delegación de mayoría, aunque no precisó cuáles serían los nombramientos que carecen del aval necesario.

“Hay unos nombramientos que no tienen los votos, uno que otro, en estos momentos”, dijo Rivera Schatz, quien dejó la puerta abierta a lograr acuerdos que permitan la confirmación de todos los nombramientos pendientes.

Según fuentes consultadas por CB en Español, uno de los nombramientos que al día de hoy confronta problemas es el de la Procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat.

“En mi caso particular, no tengo ningún reparo con ningún nombramiento, pero algunas senadoras y senadores tienen incomodidad con algunos”, manifestó el presidente del Senado.  




Senado aprueba enmiendas al Código Penal

A pesar de los serios cuestionamientos sobre los propósitos de la medida, el Senado aprobó hoy en una votación partidista el Proyecto de la Cámara 743, que incluye una serie de enmiendas al Código Penal para penalizar, entre otras cosas, el uso de capuchas cuando se interrumpan o detengan las labores en instituciones educativas públicas, de salud o de gobierno.

También se restituye lo que se conoce como la Ley Tito Kayak, para penalizar con tres años de cárcel la obstrucción o paralización de obras de construcción públicas o privadas que cuenten con los permisos.

Rivera Schatz quiere aplicar Código Penal de forma inmediata por universitarios

Solo la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó a favor de la medida alegando que se trata de una forma de mantener el orden público. El senador independiente José Vargas Vidot, así como las delegaciones de los Partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) se opusieron al proyecto por entender que busca penalizar la protesta, silenciar la oposición e imponer una nueva “Ley de Mordaza”.

El Senado incluyó a última hora una enmienda a la medida para eliminar los cambios al artículo 246 del Código Penal de “resistencia u obstrucción a la autoridad pública”. Los cambios solo incluían la frase “mediante fuerza, violencia o intimidación” a los delitos de estorbar u obstruir a un funcionario o empleado público a que cumpla su deber o cobre impuestos y otros.

El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, explicó que la enmienda se incluyó debido a una “discrepancia” que existía entre los senadores, por lo que acordaron dejarlo “tal y como estaba” actualmente en el Código Penal. “Si usted obstruye a una persona que está cumpliendo con su deber, eso es una obstrucción a la justicia, no tiene otro elemento más a lo que existe hoy”, dijo.

El Senado enmendó el Proyecto de la Cámara 743 para que aplique inmediatamente, y no 90 días después de ser convertido en ley, como originalmente decía el lenguaje de la medida. Las intenciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es que la medida se convierta en ley lo antes posible y que sea aplicable a los estudiantes que mantienen paralizados ciertos recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como protesta a los recortes de sobre $400 millones a la entidad y la falta de una auditoría de la deuda pública.

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Otros cambios que incluyó el Senado a la medida del Ejecutivo iban dirigidos a penalizar como delitos menos grave asuntos como interrumpir una reunión, colocar carteles o pintar sobre propiedad pública o privada sin autorización y obstruir actividades turísticas en hoteles o puertos.

“No hay correlación entre un aumento de penas y una baja en la criminalidad, pero sí existe una correlación en el aumento en la certeza del castigo y la merma del crimen. Nos debemos enfocar en exigirle a la Policía que resuelva el delito. Es ahí donde reside la protección de la sociedad. Es el esclarecimiento de delitos lo que nos protege”, declaró el senador popular Miguel Pereira durante el debate.

El legislador, que fue superintendente de la Policía y secretario de Corrección, defendió el uso de una capucha en ciertas instancias, sobre todo si se trata de miedo a ser identificado por la persecución del estado. Agregó que es “inconstitucional” intentar regular “una expresión” porque “no nos gusta”.

Por su parte, el senador del PIP, Juan Dalmau, consideró irónico que se debatan estos cambios al Código Penal en el salón Leopoldo Figueroa, el senador estadista que se opuso en 1948 a lo que llamó una Ley de Mordaza. Esta era la Ley 53, posteriormente declarada inconstitucional, que tipificaba como delito grave la paralización del gobierno o emitir publicaciones con ese fin.

“Estamos aprobando hoy una nueva Ley de Mordaza y lo están haciendo en el salón Leopoldo Figueroa, deshonrando la memoria de uno que, siendo estadista, tuvo los pantalones… de pararse y defender a los independentistas… Si bien no estaba de acuerdo con los movimientos huelgarios de la época [había huelga en la UPR en ese entonces también], no podía prestarse para esa patraña”, sostuvo Dalmau.

A este planteamiento, el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, agregó: “No hay una sola categoría que se esté legislando que ya el Código Penal existente lo considere como un delito… Ustedes le están enviando un mensaje al país para silenciarlo, un ejercicio político para silenciar la oposición”.

Encapucharse para protestar no es un delito, pero podría serlo

“Frente a esta pieza, yo estaría preso miles de veces defendiendo deambulantes y adictos… Estamos en el principio de un camino oscuro que nos lleva a criminalizar la vida, la existencia. Estamos criminalizando vivir. Estamos frente al nacimiento de un régimen fundamentado en el castigo y la represión”, acotó Vargas Vidot, que hizo un llamado a la paz.

Aunque reconoció no ser un “científico social”, Rivera Schatz —uno de los dos senadores que defendieron la medida— insistió en sus críticas a quienes se cubren el rostro en las protestas, asunto que actualmente es protegido por la libertad de expresión. “No recuerdo que los negros se encapucharan, no lo recuerdo, pero los racistas blancos sí se encapuchaban”, afirmó durante el debate.

“Nos comprometimos con el pueblo a poner orden y lo pondremos. Respetaremos el derecho a protestar, que es sagrado… Lo que no vamos a tolerar es que un puertorriqueño agreda a otro o dañe la propiedad de otro, o que pretenda con capucha y armado gobernar, intimidar y establecer política pública. Nuestra responsabilidad es establecer la ley y el orden, fomentar la calidad de vida”, declaró el líder senatorial.

La Cámara deberá ahora concurrir con las enmiendas al proyecto para que pase ante la consideración del gobernador.

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Rivera Schatz quiere aplicar Código Penal de forma inmediata por universitarios

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, confirmó hoy que su interés en que se atiendan con premura las enmiendas al Código Penal, que catalogarían como delito menos grave interrumpir labores en una institución educativa utilizando capucha, responde a que quiere que sean aplicables a los estudiantes que mantienen un paro en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Los estudiantes reclaman la auditoría de la deuda pública y se oponen a los recortes de sobre $400 millones propuestos al primer centro docente del país.

El presidente del Senado defendió la intervención de la Policía con encapuchados, aunque estos no estén en medio de la comisión de un delito, a pesar de que el mero uso de una capucha es legal. (Suministrada)

El presidente del Senado defendió la intervención de la Policía con encapuchados, aunque estos no estén en medio de la comisión de un delito, a pesar de que el mero uso de una capucha es legal. (Suministrada)

De hecho, el Senado enmendó el Proyecto de la Cámara 743, que incluye los cambios al Código Penal, para que aplique inmediatamente, y no 90 días después de ser convertido en ley, como originalmente decía el lenguaje de la medida. La intención del presidente del Senado es que la medida se convierta en ley mañana mismo, dijo.

Otros cambios que incluyó el Senado a la medida del Ejecutivo iban dirigidos a penalizar como delitos menos grave asuntos considerados libertad de expresión, como interrumpir una reunión, colocar carteles o pintar sobre propiedad pública o privada sin autorización y obstruir actividades turísticas. Esto podría ser penalizado con un año de cárcel.

“Hay ánimo de aprobarlo rápido. Lo vamos a aprobar aquí [en Senado] hoy. No sé cuál es la dinámica allá [en la Cámara]. Lo vamos a aprobar con vigencia inmediata. No he recibido una sola queja ni lamento, más allá de uno que otro periodista que haya comentado, porque se convierta en delito la capucha. Parece que la gente está de acuerdo con eso. He escuchado y he recibido apoyo”, declaró el senador.

Junta de Gobierno UPR asegura no utilizará la Policía para reabrir recintos

Acto seguido, el líder senatorial aclaró que el uso de una capucha o disfraz no es ilegal en la isla y, de hecho, se considera libertad de expresión. “Es delito usar capucha en unas instancias que están estipuladas en el artículo penal”, como cubrirse la cara durante la comisión de un delito o para escapar de ser encausado por un delito.

“El mero uso de usar capucha va a levantar sospecha en un policía y va a intervenir y va a decir: ‘mira, ¿por qué usted tiene una capucha?’ […] El que se encapucha es porque tiene miedo… Los vamos a combatir”, declaró Rivera Schatz.

En el Recinto de Río Piedras de la UPR hoy mantienen una Asamblea General de Estudiantes para determinar la continuidad del paro. Un mandato judicial ordenó que se abran mañana los portones del recinto, sin importar lo que pase hoy, lo cual ha levantado ronchas entre los estudiantes que defienden la paralización de labores y la posibilidad de utilizar fuerza policiaca para cumplir con el mandato.

Rechaza hablar del salario de Pesquera

De otro lado, el presidente del Senado dejó en manos del gobernador Ricardo Rosselló la divulgación del salario que devengará el nuevo secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Los detalles de su contrato o su salario no han sido divulgados, aunque el funcionario fue confirmado a su cargo el lunes pasado.

“No administro el Ejecutivo… Le toca al gobernador anunciarlo”, se limitó a decir Rivera Schatz, que sostuvo que confirmó a Pesquera “por sus capacidades”. Agregó que el salario de Pesquera será “menor”, según sostuvo el gobernador, pero no detalló cifras.

En el pasado, Pesquera devengaba $283,100 al año cuando fue superintendente de la Policía entre 2012 y 2013.

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Secretaria de Justicia asegura evidencia contra estudiantes de la UPR es contundente

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez sostuvo que la evidencia presentada contra estudiantes que irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico es contundente, razón por la que se halló causa para arresto contra siete de ellos.

“Había video, declaraciones juradas, fueron testigos personalmente a declarar. La evidencia que se presentó fue de que ellos estaban en una acción concertada, que entraron amotinados, que irrumpieron en un lugar que no es público donde causaron daños a la propiedad, donde estas personas le restringieron la libertad”, señaló en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Vázquez señaló que basta solamente con escuchar el sonido del video en el que los estudiantes no les permiten a los presentes salir del lugar y les gritan improperios. La secretaria reveló además que la fiscalía se estaría reuniendo hoy con la jefa de los fiscales para establecer cuando irán en alzada contra cuatro estudiantes a los que no se les halló causa para arresto, aún cuando fueron identificados como participantes de los hechos.

La funcionaria aseguró que podrían venir más acusaciones, pues continúan en el proceso de investigación.

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“Hay unas personas que han cooperado en la investigación, principalmente en la parte de la identificación y que estaban allí o que de alguna manera conocen a estos jóvenes. Son compañeros probablemente universitarios que saben quiénes son sus compañeros. La Policía de Puerto Rico para identificar a estos jóvenes, va a utilizar toda las herramientas y las estrategias de los procesos investigativos para que sean identificados”, indicó.

De ser encontrados culpables, los jóvenes podrían enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel.

“Vamos para la vista preliminar y si el tribunal con la prueba que lleva el ministerio público determina causa y enfrentan un juicio, al final del camino esa es la pena que establece el código penal de Puerto Rico, no es una pena que pide el ministerio público, es una pena que establece el código penal”, aseveró sin adelantar si pedirían la pena máxima.

Vázquez insistió en que el derecho a la libre expresión se va a garantizar, pero que el mismo no puede ser utilizado como una salvaguarda para cometer delitos.

“Estos jóvenes evidentemente y de una manera ofensiva, no solamente para los miembros de la junta, sino para todas las personas que vieron este video, entraron de una forma violenta, intimidante y de esa manera no se hacen unos reclamos válidos”, puntualizó.

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