Secretario del DACO emite orden de control de precios en materiales de construcción

Al centro, el secretario del DACO, Michael Pierluisi. (Suministrada)

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, emitió el jueves, una orden de control en el precio de los materiales de construcción ante el alza observada como parte del proceso de monitoreo de los trabajos de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María.

“Ningún vendedor al detal o al por mayor de materiales de construcción (incluye sin limitarse a los importadores, distribuidores, intermediarios, productores, mayoristas, detallistas y los respectivos representantes de todos los anteriores, que vendan materiales de construcción) podrá cobrar precios excesivos en la venta de dichos artículos. Se entenderá como “precio excesivo” un precio que sea mayor a la suma del precio del producto al 3 de septiembre de 2017 y cualquier aumento en el costo de adquisición o producción del artículo desde esa fecha, más un quince por ciento (15%)”, lee la Orden 2018-003.

Los precios de los materiales de construcción estuvieron congelados por DACO por un período de 94 días durante la emergencia y luego entraron en un proceso de monitoreo, mediante orden del secretario. La orden seguía la política pública del gobernador Ricardo Rosselló de proteger al consumidor y tenía la intención de asegurar que no se aumentaran los precios de forma desmedida y advertía que se emitiría una orden de control de precios si se observaban aumentos irrazonables.

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“Durante la vigencia del monitoreo se ha observado un marcado aumento en los precios de los materiales de construcción, particularmente los precios de productos como la varilla, el cemento y la madera”, lee la orden.

Algunos de los aumentos en los precios de los materiales de construcción se deben a que los vendedores, distribuidores y productores de esos artículos han incurrido en gastos adicionales para sufragar: 1) el aumento en los costos de los insumos de producción; 2) el aumento en los costos de operación debido a la fragilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico; 3) el aumento en los costos de transportación y acarreo; y 4) las inversiones necesarias para expandir la oferta de sus productos.

“No obstante, algunos comerciantes han establecido precios irrazonables con el propósito de lucrarse injustificadamente”, dijo el secretario en declaraciones escritas.

“El aumento en los costos de materiales de construcción reduce el valor del dinero disponible para llevar a cabo las obras de reparación y reconstrucción que son necesarias luego del paso del huracán María. A muchos consumidores el dinero no les va a dar para completar la totalidad de las reparaciones que tienen que realizar en sus hogares. Esto se torna sumamente peligroso ante la cercanía de la próxima temporada de huracanes. Ante este escenario, el Departamento tiene la responsabilidad de proteger a los consumidores creando un marco regulatorio mediante el que se promueva una oferta adecuada de materiales de construcción a precios razonables”, agregó el funcionario.

El término “materiales de construcción” significará todo bien, artículo y material necesario para llevar a cabo una obra de construcción o reparación. Incluye, pero no se limitará a, los siguientes: 1) cemento; 2) arena; 3) piedra; 4) varillas; 5) clavos; 6) tornillos; 7) maderas; 8) zinc; 9) materiales para instalaciones eléctricas; 10) tubos PVC; 11) tubos de cobre; 12) hormigón; 13) bloques de concreto; y 14) cualquier otro bien, artículo y material que no haya sido expresamente identificado anteriormente y que es necesario para llevar a cabo una obra de construcción o reparación.

Las violaciones a la orden conllevan multas de hasta $10,000.

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Requieren informe de comercios que fueron intervenidos por DACO y Hacienda tras María

La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez, reanudó el miércoles, el análisis de la Resolución de la Cámara 601 que busca investigar el cumplimiento de los comercios con las leyes vigentes de congelación de precios, ley seca y de las órdenes ejecutivas tras el impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico.

El licenciado Ángel Pantoja, subdirector de Rentas Internas del Departamento de Hacienda (DH), informó que en medio de la emergencia, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, emitió una orden Ejecutiva que creó un Cuerpo de Auditores, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, solicitó al DH apoyo en las gestiones de fiscalización de las congelaciones de precios y márgenes de ganancias.

“Durante los días 11, 12 y 13 de octubre del pasado año, inspectores del DACO y funcionarios del Departamento llevaron a cabo operativos conjuntos con el objetivo de fiscalizar y velar por el cumplimiento de las órdenes emitidas por el secretario del DACO”, argumentó en declaraciones escritas.

Seguido, Lebrón Rodríguez requirió al DH que presente un informe con los comercios que fueron impactados durante el periodo de emergencia con relación a la congelación de precios, rotulación y ley seca.

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Gilberto Arvelo, mejor conocido como “Doctor Shopper”, respaldó la pieza legislativa e incitó a que se continúe observando que se cumpla con las leyes y reglamentos establecidos en beneficio de los consumidores.

Doctor Shopper expuso que “como consumidores fuimos abusados prácticamente en todo lo relacionado con la venta de generadores eléctricos”. Mencionó, que uno de los trucos legales que utilizaron los comerciantes con relación a la demanda en las ventas de las plantas eléctricas, fue traer marcas o tamaños de los cuales en Puerto Rico no existía historial de precios para evitar las regulaciones del DACO y así poderlas cobrarlas a un precio mayor.

De igual forma, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Alicia Lamboy, apoyó la investigación de la medida de la autoría de la representante Lebrón Rodríguez y argumentó que “esté dirigida a encontrar la causa de las dificultades que surgieron para los comerciantes y los consumidores tras el paso de los huracanes y buscar formas de corregirlas”.

Sostuvo que tras la emergencia la CCPR orientó e informó a todos los empresarios de las determinaciones administrativas o reglamentarias que iban surgiendo. “Nosotros enviamos correos electrónicos y publicamos por las redes sociales las múltiples órdenes del DACO y DH, entre otras agencias”. Sin embargo, recordó que tras el colapso de las comunicaciones muchos de los comercios no tenían el acceso inmediato a las determinaciones tomadas por las agencias gubernamentales.

Recomendó a la Comisión que tenga en consideración este señalamiento para “evitar que los empresarios estén sin acceso a sistemas de comunicación” y puedan estar al tanto de las determinaciones que tengan vigencia inmediata.

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DACO emite orden de congelación de precios en medicamentos contra la influenza

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, informó el miércoles, que ante el aumento en los casos reportados de Influenza, emitieron una orden de congelación de precios, tras el Departamento estimar necesario prevenir el posible aumento injustificado en los precios de los artículos que son necesarios para protegerse o recuperarse de esta situación de salud.

Esta Orden entrará en vigor inmediatamente y, de acuerdo a la Ley Número 50-2017, tendrá una duración de diez (10) días, contados desde la fecha de su emisión, a menos que el secretario disponga una duración menor o mayor, durante la vigencia de la misma.

De acuerdo a la orden emitida por el DACO, se declaran artículos de primera necesidad todo producto, material, suministros y cualquier artículo objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido y que su consumo o uso sea necesario para que el consumidor pueda prevenir, combatir o mitigar los efectos de la Influenza.

Esta definición incluye, pero no se limita, a analgésicos y medicamentos con Acetaminophen (tabletas, supositorios, líquido), artículos de desinfección personal (tal como hand sanitaizer), termómetros, artículos de desinfección para el hogar, guantes de vinil, jabones antibacteriales, mascarillas, pañuelos desechables, Relenza (5 mg) y Tamiflu – o su equivalente – (30 mg, 45 mg, 75 mg o en polvo para suspensión de 60ml), vacunas contra la Influenza y cualquier otro artículo que un consumidor pueda razonablemente necesitar para prevenir, combatir o mitigar los efectos de la de la situación de salud antes mencionada.

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Se prohíbe aumentos en todos los niveles de distribución y mercadeo de los precios regulares ya en vigor a partir de la firma de esta Orden. Todo artículo que hubiera sido anunciado en venta especial previo a expedirse la presente Orden deberá honrarse sus términos y condiciones hasta la fecha límite anunciado.

No se podrán alterar los términos y condiciones de venta en ninguna forma que pudiera resultar en el encarecimiento de algún producto. No obstante, los precios de todo producto y servicio podrán ser reducidos.

Los vendedores al por mayor o al detal al que su suplidor le notifique un aumento de precio en los artículos de primera necesidad, podrá aumentar el precio del producto en particular –sin autorización previa del DACO– siempre y cuando mantenga un margen de ganancia bruta igual o menor al que tenía al momento de emitirse la presente Orden.

Todo vendedor al por mayor o al detal al que su suplidor le notifique un aumento de precio para cualquiera de los artículos mencionados, vendrá inmediatamente obligado a notificar al DACO sobre dicha notificación de aumento.

Los comerciantes al por mayor o al detal que se dispongan a vender alguno de los artículos de primera necesidad que no vendía al momento de emitirse la presente Orden, está autorizado a vender el mismo –sin autorización previa del Departamento de Asuntos del Consumidor– siempre y cuando su margen de ganancia bruta sea de treinta por ciento (30%) o menos, calculado a base de precio de venta y costo de adquisición.

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Los documentos acreditando el cumplimiento con el margen autorizado en virtud de esta disposición, deben estar disponibles para inspección en todo momento.

Toda persona que venda artículos de primera necesidad, vendrá obligado a preservar los documentos pertinentes relacionados a la compra y venta de estos artículos, por el término de un año, desde la vigencia de esta Orden.

Las violaciones a esta Orden y a las leyes y reglamentos que la autorizan estarían sujetas a las sanciones administrativas y penales dispuestas por las Leyes Número 5 de 23 de abril de 1973 y Número 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendadas; las sanciones incluyen la imposición de multas administrativas por cada violación cometida.

Cualquier persona sujeta a las disposiciones de esta Orden podrá presentar una solicitud de reconsideración especificando sus objeciones a cualquiera de las disposiciones, acompañándola de declaraciones juradas (affidavits) o de otra prueba escrita en apoyo de tales objeciones, según el artículo 11 de la Ley Insular de Suministros, según enmendada.




DACO recibe refuerzos para fiscalizar congelación de precios

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, anunció hoy que 200 agentes adscritos al Departamento de Hacienda (DH) estarán asistiendo desde hoy, martes, a los inspectores de esa agencia en la fiscalización de las órdenes de congelación de precios que están en vigor actualmente por la emergencia que vive Puerto Rico.

Según explicó Pierluisi, la petición que hizo al gobernador esta semana responde a la gran cantidad de querellas del público sobre comercios que presuntamente especulan con los precios de artículos de primera necesidad, sometidas a través de las redes sociales y de la página del Gobierno, statuspr.com.

El secretario del DACO, Michael Pierluisi, indicó que 200 agentes de Hacienda se sumarán a la batería de inspectores de esa agencia. (Jaime Rivera/CB)

Tanto los inspectores del DACO como los 200 agentes adicionales del DH velarán porque se cumplan las dos órdenes de la agencia; la primera sobre la congelación de artículos de primera necesidad, y la segunda sobre la congelación del margen de ganancia en la venta de combustible.

“En los próximos días tendremos 200 agentes adicionales en la calle ayudándonos con la fiscalización de estas órdenes. Eso fue una solicitud que le hice al gobernador hace dos días, el gobernador la aprobó inmediatamente y el secretario de Hacienda ya está poniendo en vigor esa directriz del gobernador de manera eficiente”, indicó el funcionario durante una conferencia de prensa improvisada en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno.

“Ya después de hoy los agentes están en distintas regiones, van a estar trabajando directamente con los inspectores del DACO en las dos o tres primeras visitas que realicen y de ahí en adelante van a estar ellos por su cuenta emitiendo los avisos de infracción que sean necesarios”, añadió.

Pierluisi indicó además que desde ayer, lunes, se comenzaron a atender las querellas que se someten a través de la página del gobierno central, que hasta el momento suman unas 200 denuncias. No obstante, el funcionario admitió que no todas caen sobre la jurisdicción de su agencia aunque aseguró que la mayoría de estas sí lo son, y ya se comenzaron a investigar.

“Las redes sociales han sido tremenda herramienta de fiscalización para nosotros y la mayoría de las multas que estamos dando fueron a través de quejas en las redes, pero también hay que ser justo y aclaramos que no todas las denuncias que se están viendo en las redes sociales son en efecto infracciones a nuestras órdenes”, aclaró el titular del DACO.

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“A la vez que hay muchos incumpliendo, hay muchos más que sí están cumpliendo con las órdenes. La mayoría de los comerciantes en Puerto Rico son gente honesta y están cumpliendo con la ley. Lo que sucede es que es indignante que una minoría esté utilizando esta emergencia y el sufrimiento de un pueblo para lucrarse de esta manera”, denunció.

Pierluisi también explicó que los comercios multados han sido de todo tipo, pero informó que el pasado lunes particularmente se multaron varios supermercados en Bayamón y Vega Alta así como varias gasolineras en la zona metropolitana.

El titular del DACO indicó que se incluyeron más artículos dentro de la orden de congelación de precios sobre artículos de primera necesidad, aunque aclaró que no se trata de una ampliación, sino de una reinterpretación del reglamento.

“La lista original tiene una disposición que dice que también incluye todos aquellos artículos que son necesarios para recuperarse de una emergencia, y eso puede ir variando durante la emergencia. Hace dos días hicimos una interpretación de artículos que no estaban específicamente mencionados pero que están incluidos y que su precio debería ser el que tenían antes de septiembre”, explicó Pierluisi.

Entre los artículos revisados para ser incluidos en el nuevo listado están las velas de citronela y otros repelentes de insectos, linternas portátiles (flash lights), medicamentos, plantas eléctricas, baterías tipo Tesla y servicios de instalación, entre otros. El funcionario indicó que la lista completa de artículos está disponible en las plataformas web del DACO.

Investigan especulación con diésel

Sobre la presunta práctica de algunos distribuidores que, según denuncias de la ciudadanía, continúan especulando con el precio de este combustible y vendiéndolo a altos precios a sectores privilegiados de la población, Pierluisi aseguró que su agencia mantiene abierta una investigación.

El secretario del DACO señaló que una vez concluya ese proceso, se referirán los hallazgos al Departamento de Justicia.

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“Se está haciendo la investigación. Tenemos varias maneras de cómo hacerlo empezando por los mismos mayoristas, que son los que importan el diésel y son quienes lo venden”, explicó Pierluisi.

“En cuanto al referido de Justicia, se va a hacer después de hacer la investigación de DACO y yo creo que se ha normalizado un poco la cosa, pero todavía sigue muchas personas y entidades que están vendiendo a sobreprecio y eso lo vamos a investigar”, añadió.

El titular del DACO aseguró que requerirá información a los comercios, condominios y particulares que adquirieron el combustible a sobreprecio, para que informen a quién lo compraron y proceder legalmente contra estos.

“No se va a estar penalizando a estas personas, pero requeriremos que nos den esa información porque por ley está obligado a contestarme con la verdad. Si se rehúsa, entonces se podría penalizar”, concluyó.