Cámara federal aprueba medida con más ayuda para Puerto Rico

La Cámara de
Representantes federal aprobó el viernes, con el voto a favor de 34
congresistas republicanos, un paquete de ayuda para jurisdicciones afectadas
por desastres naturales, que incluye $600 millones para extender el programa de
Asistencia nutricional (PAN) para Puerto Rico.

En esencia, la medida es muy similar a la aprobada a principios de año en la Cámara y que fuera rechazada por el Senado, de mayoría republicana.

Entre las ayudas que contempla para Puerto Rico está restablecer la dispensa en el pareo de fondos que tendría que hacer el gobierno de Puerto Rico para poder tener acceso a los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Además contempla $25 millones para la restauración del Caño Martín Peña y $5 millones para financiar un estudio sobre el impacto de la ayuda nutricional de emergencia.

El presidente Trump ha estado toda la
semana utilizando su cuenta de Twitter para pedir a los congresistas
republicanos un frente unido en contra de la legislación.

El proyecto destina en total, $19,100
millones a estados y territorios afectados por desastres naturales entre el
2018 y el 2019.

El voto de los republicanos toma relevancia
ya que el presidente Donald Trump se opone a otorgar más dinero para Puerto
Rico para atender las necesidades de la Isla luego de los huracanes que azotaron
al país en el 2017.

Los republicanos en contra de la asignación
a la Isla argumentan que el territorio ya ha recibido demasiada asistencia
después del catastrófico huracán María.

La medida se aprobó con 257 votos a favor –
34 de ellos congresistas republicanos- y 150 en contra.

Los congresistas republicanos que votaron a favor representan estados que también fueron afectados por desastres naturales y están incluidos en la Legislación.

El proyecto de ley se dirige ahora al Senado, que tiene una mayoría republicana, y donde se anticipa un arduo pulseo para que se apruebe bajo los mismos términos que lo hizo la Cámara.




Trump confirma renominará a los siete miembros de la junta de control fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó ayer su intensión de renominar a los siete miembros de la junta de control fiscal para que sean confirmados como dispone la Constitución estadounidense. La designación sería hasta que culmine el término actual que vence en agosto de este año.

La información la dio a conocer anoche la comisionada residente Jenniffer González en su cuenta de Twitter.

Aquí la nominación oficial del Presidente de los miembros de la Junta. Ahora pasarán al Senado para el proceso de confirmación. pic.twitter.com/ynZxmVdQKr— Jenniffer González (@Jenniffer2012) April 30, 2019

Esta mañana, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira reaccionó a la renominación destacando que “el nombramiento busca subsanar la incertidumbre jurídica causada por la decisión reciente del Tribunal Apelativo Federal para el Primer Circuito, mas no un endoso de lo que ha sido en múltiples ocasiones un manejo errado de la Ley PROMESA”.

Añadió que “exhortamos a que en el proceso de confirmación no medie la utilización de fondos públicos para cabildear a favor de la supervivencia de individuos que buscan permanecer en sus asientos. Sino, que se aprovechen para impulsar la agenda que busca atender las necesidades Puerto Rico. Lo contrario sería un malgasto de fondos públicos”.

Los miembros de la JCF son Carlos García; José Carrión, tercero, presidente; Andrew Briggs; David A. Skeel; Arthur González; José Ramón González y Ana Matosanto. La directora ejecutiva del ente es Natalie Jaresko, es una designación de la junta y no tiene que ir a confirmación.

Maceira planteó que en lugar usar fondos públicos para impulsar la renominación de sus miembros, ese dinero debe utilizarse para “alcanzar paridad en Medicaid y Medicare, lograr el 100 por ciento de paridad en categorías A&B de FEMA, recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de nuestra red eléctrica de manera más resiliente además  de conseguir los fondos necesarios para atender el Caño Martín Peña, la extensión del SNAP y otros incluidos en la agenda de la Administración Rosselló”.

Maceira explicó que “el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en que sean quienes sean los miembros de la Junta, deben respetar los límites de PROMESA y no interferir en las determinaciones de política pública del gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico”.

Por su parte, los mimebros de la JCF le dieron la bienvenida a la decisión de Trump, de renominarlos para que continúen en sus funciones bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016). De paso, agradecieron la renominación y dijeron esperan “continuar sirviendo luego del proceso de confirmación del Senado de los Estados Unidos”.

“Los integrantes de la Junta tienen un mandato claro: ayudar a que Puerto Rico pueda recuperarse del lastre de una deuda insostenible y de décadas de mala administración fiscal. La Junta de Control Fiscal ha renegociado gran parte de la deuda de Puerto Rico y confía en que logrará acuerdos adicionales próximamente. Asimismo, la Junta ha estado trabajando consistentemente en la implementación de planes fiscales y presupuestos balanceados a largo plazo. Los miembros de la Junta de Control Fiscal esperan continuar sirviendo a la ciudadanía de Puerto Rico como hasta ahora”, señalaron en declaraciones escritas.

Recientemente, 13 organizaciones conservadoras solicitaron a Trump la renominación de los integrantes del ente federal. El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston dio un plazo hasta 16 de mayo para mantener los nombramientos o designar nuevos miembros. A finales de diciembre del año pasado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no haría campaña a favor de los miembros de la JCF.




Congreso convoca vista pública sobre Promesa

El Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de los Estados Unidos celebrará una audiencia sobre el estado de Puerto Rico bajo la Ley Promesa el 2 de mayo.

La audiencia se titula, El estado de la Ley de Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa): lecciones aprendidas tres
años después.

“Debemos asegurarnos de que no estamos empeorando la crisis humanitaria en la isla a través de la austeridad”, publicó el comité congresional en su cuenta de Twitter.

Campaña lanzada en redes sociales por el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos sobre Promesa.

“Si el Congreso realmente quiere ayudar al pueblo puertorriqueño en el esfuerzo por recuperarse de los huracanes Irma y María, debemos entender el impacto de la austeridad fiscal y Promesa en las familias trabajadoras”, añadieron en otro twit.

La medida se produce en un momento en que la Junta de Supervisión
y Administración Financiera está apelando una decisión que la declaró
inconstitucional la designación de sus miembros ya que estos no pasaron por el
proceso ordinario de confirmación en el Senado federal.

Desde su creación en el 2016, Promesa a través de su brazo ejecutor, la junta de control fiscal, ha sido utilizada como base para reducir los gastos del gobierno afectando en muchas ocasiones el servicio esencial que se brinda a los ciudadanos.

El presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva, junto a varios congresistas realizaron una reunión abierta en Puerto Rico, visitaron varios municipios y se reunieron con funcionarios locales y representantes de organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de escuchar directamente el sentir de los puertorriqueños sobre los temas que les afectan.

Durante esa visita, Grijalva abrió la puerta para posibles enmiendas al estatuto, creado para supervisar las políticas fiscales del gobierno electo de Puerto Rico, que permitan una ley “menos opresiva”.




Senado federal rechaza aprobar aumento en fondos del PAN para Puerto Rico

Jenniffer González junto al gobernador Ricardo Rosselló inauguran primera fase del proyecto de control de inundaciones del río La Plata en Dorado.

El Senado federal no avaló ninguna de los dos proyectos que bajaron a consideración hoy y que incluían una asignación de $600 millones adicionales para beneficiarios del Programa de Asistencia Económica (PAN) para Puerto Rico.
El proyecto del Senado de autoría republicana recibió 44 votos a favor y 49 en contra; mientros que el proyecto de la Cámara, que incluía beneficios adicionales para Puerto Rico como el dinero para el dragado del Caño Martín Peña, terminó empate con 46 votos.
La legislación republicana incluía $600 millones para el PAN y $5 millones para realizar un estudio sobre el impacto de dicha ayuda tras el huracán. El proyecto de los demócratas como una dispensa en el pareo de fondos que tienen que hacer los gobiernos locales para obtener el reembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) por los gastos incurridos en medidas de emergencia y recogido de escombros, y los $25 millones para la restauración del Caño Martín Peña.
Más temprano en el día, la comisionada residente Jenniffer González Colón junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, rechazaron que el hecho de que cada uno apoyara un proyecto distinto implicaba un choque que pondría en problemas la aprobación de la ayuda.
“Al final del camino, lo que queremos es que el dinero para Puerto Rico aparezca. Lo que a mi más me preocupa es que esto se pudo haber aprobado en enero, se pudo haber aprobado en febrero y ya estamos en abril y ya comenzó una reducción en los beneficios del PAN (programa de asistencia nutricional). Por eso yo entiendo que el Proyecto del Senado fuerza a ambas delegaciones, demócratas y republicanas a trabajar los detalles en las partes en diferencia. El gobernador y yo queremos la mayor cantidad de fondos para Puerto Rico. Eso se cae de la mata. Y cae de la mata que estemos trabajando para eso”, dijo González Colón en conferencia de prensa.
Cuestionado entonces sobre cuál será la estrategia, Rosselló Nevares expresó que “la estrategia es negociar con todas las partes para conseguir el mayor recurso para Puerto Rico. Si la comisionada residente y yo hacemos el diagrama acá, nos ponemos en desventaja de lo que estamos negociando allá. Así que nuestro objetivo es conseguir el mayor número de recursos”.
La vez anterior en la que la comisionada residente y el gobernador apoyaron versiones distintas de un proyecto fue en el contexto de la evaluación de la nueva Ley tributaria federal. En aquella ocasiones Puerto Rico tampoco logró que se aprobara el lenguaje necesario para no afectar a las industrias foráneas que operan en la Isla.




Investigador de la deuda: Revivir incentivos de la Sección 936 no mejorará la economía

El investigador independiente que analizó las causas que llevaron a Puerto Rico a amasar una deuda de $74 mil millones dijo que no ha encontrado evidencia suficiente para respaldar la reinserción de los incentivos contributivos de la Sección 936, tras entender que no se mejoraría sustancialmente el estado económico actual de la isla.

La evidencia sugiere que, para engendrar un crecimiento autosostenible, la política contributiva debe enfocarse en abordar los desafíos estructurales como la emigración, el desarrollo de capital humano y la inversión local“, afirma el informe del investigador publicado esta semana. Los comentarios ocurren en momentos en que la Legislatura analiza una reforma contributiva local.

Aunque el Investigador Independiente, Kobre & Kim, fue encargado por la junta de control fiscal para investigar las causas de la deuda, la firma también estudió el impacto de la eliminación gradual de los incentivos contributivos de la Sección 936 para comprender la crisis financiera de Puerto Rico y el impacto que la terminación de estos tuvo en la capacidad de la isla para acceder a los mercados de capital.

El Congreso promulgó el “Crédito Tributario por Posesión” conocido como la Sección 936 del Código de Rentas Internas en el 1976 para sustituir incentivos anteriores que databan de 1921 pero que fueron derogados debido a una crisis fiscal en los Estados Unidos.

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La Sección 936 esencialmente eximia de impuestos federales los ingresos corporativos que las subsidiarias de las empresas de los EE. UU. obtuvieran en Puerto Rico si se cumplían ciertas condiciones. Las compañías podían beneficiarse de este trato, independientemente de si posteriormente transferían esas ganancias a sus entidades matrices en Estados Unidos. Muchas compañías sólo pagaron un impuesto menor a Puerto Rico sobre tales ingresos.

El incentivo fiscal fue derogado paulatinamente en un periodo de diez años que comenzó en 1996 para reducir el déficit federal y apaciguar el descontento de ciertos congresistas por la pérdida de ingresos al Tesoro de los Estados Unidos por el crédito fiscal para beneficiar a las farmacéuticas. Sin embargo, algunos partidarios de la derogación, principalmente funcionarios del Partido Nuevo Progresista, también caracterizaron la Sección 936 como “mantengo corporativo” y señalaron que no beneficiaba al pueblo. Más tarde se supo que partidarios de la estadidad habían hecho un quid pro quo de apoyar la derogación de la Sección 936 a cambio de que se le otorgara la estadidad a Puerto Rico, cosa que nunca se materializó.

Después de la derogación, muchas industrias cerraron sus operaciones en Puerto Rico, causando la pérdida de más de 200,000 empleos. El último año de la Seccion 936 que fue en el 2006, última vez que algunos dijeron que Puerto Rico tenía una economía sólida, por lo cual se dice que la Sección 936 ocasionó la recesión de Puerto Rico.

El investigador independiente examinó si revivir el “Crédito Tributario por Posesión o un incentivo fiscal comparable” ayudaría a Puerto Rico a restaurar su salud fiscal. (Visualhunt.com)

“Finalmente, no encontramos suficiente evidencia para concluir que la reactivación del Crédito Tributario de Posesión (Sección 936) mejoraría sustancialmente las circunstancias actuales de Puerto Rico … Esto se debe en parte a la falta de evidencia confiable que demuestre que el Crédito Fiscal de Posesión ocasionó cualquier grado significativo de crecimiento permanente o autosuficiente a la economía de Puerto Rico”, dice el informe de Kobre & Kim.

El investigador independiente reconoció que la Sección 936 tuvo efectos positivos para Puerto Rico, incluyendo el aumento de los productos farmacéuticos; alimentos y productos relacionados; productos químicos; maquinaria; y electrónica. Se formaron nuevas industrias locales; el desempleo disminuyó entre el 1982 al 1996, los ingresos aumentaron y los bancos tuvieron más liquidez.

“También reconocemos que la derogación del Crédito Fiscal por Posesión coincide con el inicio de la crisis fiscal de Puerto Rico … Además, ciertos testigos sugirieron que la derogación puede haber contribuido a la cultura de la deuda de Puerto Rico. Observaron que los esfuerzos en vender bonos se volvieron más importantes después de la derogación (de la 936), ya que se disminuyó la liquidez y los incentivos para la inversión corporativa externa. Puerto Rico se vio obligado a buscar nuevas fuentes de capital y las emisiones de deuda fueron opciones naturales debido al apetito de los inversionistas por la triple exención en el pago de impuestos “, indica el informe.

En general, sin embargo, Kobre y Kim dijo que el incentivo no solucionó los problemas más profundos de la isla de una manera que pudo haber llevado a una prosperidad a largo plazo.

El informe establece que la Sección 936 ofreció beneficios con la mera generación de ingresos que podría atribuirse a Puerto Rico, aunque solo fuese en papel. El crédito fiscal no ordenó a las compañías crear una cierta cantidad de empleos para los residentes locales o que transfieran un porcentaje de sus ganancias exentas de impuestos a los empleados locales en forma de un mejor pago o que inviertan una cierta cantidad por año en locales, plantas o equipos.

“Como resultado, la medida atrajo desproporcionalmente a las empresas que podrían obtener ingresos sustanciales de tareas que no requiriesen de mucha mano de obra, como bienes intangibles que generaron ganancias como marcas comerciales y patentes. Estas compañías usaron sus subsidiarias en Puerto Rico para mantener dichos activos, lo que les permitió cosechar cantidades significativas de ingresos que se generaron técnicamente en Puerto Rico, pero que requirieron comparativamente poca inversión en la economía de Puerto Rico “, reza el informe.

Por lo tanto, no es de extrañar que, aunque la (Seccion 936) le haya otorgado enormes ahorros impositivos a ciertas compañías, los investigadores hayan identificado pocos beneficios claros para los residentes locales“, dice el informe tras citar diferentes estudios como uno del Departamento del Tesoro federal que concluyó que aunque las compañías farmacéuticas gozaban del crédito fiscal, emplearon a menos del 20% de trabajadores en Puerto Rico.

El informe también dice que la evidencia no demostró una clara relación de causa y efecto entre la eliminación progresiva de la 936 y la contracción de la economía de Puerto Rico en 2006. “Como señaló recientemente la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el retiro paulatino comenzó en 1996 y la economía de Puerto Rico continuó creciendo “, dijo el informe.

En tercer lugar, el Crédito Tributario no fomentó la mejora económica local que muchos creen que es necesaria para un crecimiento sostenible a largo plazo. “Lejos de equipar a los residentes de Puerto Rico con las herramientas para la autosuficiencia, la medida mantuvo la dependencia de Puerto Rico de la inversión externa”, dijo el informe.

La Sección 936 también fue una solución política sujeta a los vaivenes políticos del Congreso, según se desprende del documento. “Como tal, era vulnerable al capricho político”. Los impactos positivos del incentivo se evaporaron en gran medida junto con el incentivo fiscal, cuando los legisladores lo eliminaron en cumplimiento del deseo del Presidente Clinton de reducir el déficit federal y las preferencias anti-farmacéuticas de ciertos miembros del Congreso”, plantea el informe.

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Presentan proyectos para llevar a votación eliminación de Junta de Control Fiscal

Los legisladores del PIP, Juan Dalmau y Denis Márquez. (Archivo / CB)

Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron proyectos de ley para llevar a votación “exigir al Congreso y al Presidente de EEUU la eliminación” de la junta de control fiscal y exigir que se lleve a cabo un proceso de descolonización.

El portavoz del PIP en el Senado, Juan Dalmau, y el representante Denis Marquez indicaron que la votación sería el día de las elecciones en el 2020. Además, añadieron que intentaron buscar consenso del gobernador Ricardo Rosselló pero que sus esfuerzos no rindieron frutos.

“Ante la ausencia de voluntad del Ejecutivo para encaminar un plan de acción concertado con otros presidentes de los partidos políticos, hemos decidido tomar la ruta del proceso legislativo para estructurar un mecanismo que permita a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo repudiar a la junta y exigir al Gobierno de los EE.UU. un proceso de descolonización. Esa votación se llevaría a cabo el mismo día de las elecciones, lo que evitaría el gasto excesivo de fondos públicos”, expresó Dalmau en sus redes sociales.

En específico, el proyecto de la Cámara 1714 y el Senado 1053 buscan ordenar la celebración de una consulta en la que “el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta mediante la Ley P.R.O.M.E.S.A., y exigir al Congreso de los Estados Unidos que ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico”, leen los documentos presentados simultáneamente.

En conferencia de prensa, ambos legisladores recordaron que han intentado implementar sin éxito una agenda de acción política en conjunto con los líderes políticos, organismos internacionales y medios de comunicación para ponerle fin a la junta de control fiscal y para que el Congreso de Estados Unidos atendiera con premura el tema del status.

“Hemos tenido que entender que el gobernador seguirá la ruta de la obediencia”, acotó Dalmau en referencia a las múltiples llamadas que le ha realizado al primer ejecutivo y que no han recibido respuesta.

“Es nuestra responsabilidad buscar alternativas en contra de la Junta y del colonialismo”, agregó Marquez, quien fue enfático en señalar que su colectividad advirtió sobre los efectos de la imposición de un ente territorial bajo legislación federal a los intereses del sector trabajador.

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Bishop: Gobierno de Puerto Rico convirtió a la AEE en corporación disfuncional

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en EE. UU., Rob Bishop, lleva a cabo una audiencia para analizar la necesidad de una solución legislativa a la difícil situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se centra en su despolitización, la necesidad de un regulador fuerte e independiente, la reestructuración de su deuda y su privatización.

Bishop criticó la administración del gobernador Ricardo Rosselló por convertir a la AEE en una corporación disfuncionalnal al inyectar “cálculos políticos” en su gestión y obstaculizar la autoridad de su regulador, la Comisión de Energía de Puerto Rico.

“Gran parte del futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica depende del liderazgo y el compromiso del Gobierno de Puerto Rico, y desafortunadamente, el gobierno actual continúa inyectando cálculos políticos en el esquema de gestión de la AEE. A menos que el liderazgo de Prepa pueda separarse de la política de Puerto Rico, la AEE seguirá siendo una corporación disfuncional”, dijo en un comunicado.

El año pasado, Bishop arremetió contra la decisión de la junta de control fiscal de rechazar el Acuerdo de Restructuración de Soporte (RSA, en inglés) negociado para la AEE, sometiendo a la empresa a un futuro de litigios y obstaculizando su transformación. La junta rechazó el acuerdo porque habría impedido la privatización de la empresa con problemas de tarifas insostenibles en el futuro.

En la audiencia que comenzó con 40 minutos de atraso estuvieron presente el líder de la minoría del Senado, Eduardo Bhatia, quien anticipó que la legislación permitiría que el Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE) se haga cargo de la administración de la nueva empresa; Thomas Emmons, socio de Pegasus Capital Advisors New York; James Spiotto, director general de Chapman Strategic Advisors LLC de Chicago; David Svanda, director de Svanda Consulting of Clarksville, Md .; y Bruce Walker, secretario adjunto de la Oficina de Electricidad del DOE en Washington, D.C.

Se espera que Walker hable sobre la legislación que permitiría al Departamento de Energía hacerse cargo de la AEE, según Bhatia.

Manténgase conectado a CB en Español para las actualizaciones de esta historia en desarrollo.




Advierten sobre consecuencias de considerar a Puerto Rico una jurisdicción doméstica

El representante popular, Luis Vega Ramos, fustigó a la mayoría legislativa por apoyar la propuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica como parte de la reforma contributiva federal pues ello implicaría que Puerto Rico tenga que pagar impuestos federales.

Vega Ramos dijo que los esfuerzos del Gobierno, apoyados por la Asociación de Industriales y otras organizaciones del sector privado, van dirigidos a convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado en donde los puertorriqueños tendrían que pagar impuestos federales pero no tendrían derecho a paridad en los fondos como un estado de la unión.

“Eso implica la derogación de la Sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Te incorporan y te aplican todos los demás taxes:  ‘income taxes’ y corporativos. Eso le costaría $9,000 millones al país según el informe del GAO (del 2014). La solución no es decir que le apliquen a Puerto Rico las contribuciones”, dijo Vega Ramos en referencia a un informe que analizó el impacto de la estadidad.

El legislador popular sostuvo que el hecho de que Puerto Rico pague impuestos federales como jurisdicción doméstica no implica que el Gobierno federal esté obligado a darle fondos federales en paridad con los demás estados porque se convertiría en territorio y el Congreso nos podría tratar de forma diferente.

Urgen a la junta fiscal insertarse en debate de reforma contributiva federal

Las expresiones del legislador tienen lugar mientras representantes del gobernador Rosselló Nevares y organizaciones del sector privado cabildean en el Senado federal para que se incluya lenguaje en la reforma contributiva federal -impulsada por  la administración de Donald Trump que considere a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

Actualmente, la isla es considerada una jurisdicción foránea, lo que permite evitar el pago de contribuciones federales a sus residentes y recibir ciertas ventajas contributivas que la hacen más atractiva para que empresas principalmente manufactureras se establecieran aquí.

La propuesta reforma contributiva que se discute en el Congreso le impondría mayores impuestos a los productos de empresas estadounidenses que se manufacturen en el extranjero para ser vendidos en Estados Unidos.

La versión cameral de la reforma contributiva impone una contribución de 20% a las importaciones hacia Estados Unidos de empresas estadounidenses que operen en una jurisdicción foránea como lo es hoy Puerto Rico. Mientras, la versión del Senado federal impone un impuesto de 12.5%  sobre la propiedad intelectual que utilizan esas empresas foráneas.

Hasta la semana pasada, el gobernador abogaba para que se excluyera a la isla de esos impuestos pero no había pedido que Puerto Rico se convirtiese en jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

Solicitan al Congreso que Puerto Rico sea territorio doméstico en reforma contributiva federal

La idea de la reforma es que las firmas manufactureras en el extranjero regresen a Estados Unidos para beneficiarse de una reducción en sus impuestos corporativos. Por eso, RossellóNevares argumenta que pedir que la isla sea considerada una jurisdicción doméstica sería beneficioso para la industria local, sin considerar las implicaciones que ello podría tener para los individuos.

Vega Ramos admitió que mantener a Puerto Rico como jurisdicción foránea bajo la reforma contributiva también sería igual de desastroso.

“Por eso es que yo digo que lo que tenemos que pedir es que se nos excluya de estas disposiciones. Lo que hay que defender es el trato diferenciado […] Ser jurisdicción doméstica no es la solución”, dijo Vega Ramos a este medio.

González reconoce diferencias con el gobernador en torno a reforma contributiva federal

El representante popular también alegó que si Puerto Rico fuese jurisdicción doméstica, sería igual que los demás estados para propósitos contributivos por lo que los inversionistas no tendrían incentivos para mudar sus operaciones a la isla.

“La Coca Cola pagaría aquí lo mismo que paga en Atlanta, por lo que no tendría motivos para quedarse”, sostuvo Vega Ramos.




Rosselló: Junta fiscal está para recomendar, no administrar

(Felipe Torres/CB)

Una hora y media después que la junta de control fiscal anunciara su intención de nombrar un “oficial de transformación” para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares advirtió que el ente creado por Promesa está para recomendar, y no para administrar al gobierno y sus corporaciones públicas.

Según el mandatario, la ley federal es “clara y precisa” en que la gerencia del Gobierno y sus entidades públicas recae exclusivamente sobre aquellos oficiales “democráticamente electos” por el pueblo de Puerto Rico.

“El gobierno de Puerto Rico será celoso en defender al pueblo de cualquier acción que busque minar dicho proceso, venga de donde venga“, manifestó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Las expresiones del gobernador surgen en respuesta al anuncio hecho por la junta sobre su “intención de designar” a Noel Zamot —quien ya funge como coordinador de revitalización según define el Título V de Promesa— como “principal oficial de transformación” para la AEE, según reportó en primicia CB en Español.

Junta fiscal nombra principal oficial de transformación para la AEE

A más de un mes del paso del huracán María por Puerto Rico, la discusión en torno a un contrato de $300 millones con Whitefish Energy —una compañía con sede en Montana, compuesta por dos personas y con un exiguo historial— sería el catalítico para la decisión de la junta.

“El nombramiento de Noel es un paso esencial para lograr las metas de una electricidad confiable a un precio competitivo, así como de atraer el capital privado que necesitamos para revitalizar la economía”, indicó por escrito Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente creado por la ley federal Promesa.

La AEE se encuentra actualmente bajo un proceso de quiebra en el tribunal federal bajo el Título III de Promesa. Sobre el particular, Jaresko manifestó que es una “práctica común” nombrar a un “oficial de reestructuración para manejar efectivamente la entidad mientras la misma se encuentra en bancarrota”.

AEE otorga millonario contrato a Whitefish Energy

Un grupo de acreedores de la corporación pública recientemente intentó que la jueza federal Laura Taylor Swain -quien lidera los casos de quiebra bajo Título III- les permitiera solicitar el nombramiento de un síndico para la AEE. La jueza puso freno a la acción que recibió una feroz  oposición tanto del gobierno como de la junta.




Junta fiscal nombra principal oficial de transformación para la AEE

En la foto, el coordinador de revitalización Noel Zamot. (Jaime Rivera/CB)

Por Philipe Schoene Roura & Luis J. Valentín Ortiz

La junta de control fiscal anunció hoy su “intención de designar” a Noel Zamot como “principal oficial de transformación” para la Autoridad de Energía Eléctrica (Prepa), según reportó en primicia CB en Español.

A más de un mes del paso del huracán María por Puerto Rico, la discusión en torno a un contrato de $300 millones con Whitefish Energy —una compañía con sede en Montana, compuesta por dos personas y con un exiguo historial— sería el catalítico para al decisión de la junta.

“El nombramiento de Noel es un paso esencial para lograr las metas de una electricidad confiable a un precio competitivo, así como de atraer el capital privado que necesitamos para revitalizar la economía”, indicó por escrito Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente creado por la ley federal Promesa.

CB en Español reportó más temprano que, según dos fuentes, miembros de la junta sostuvieron reuniones hoy con miembros republicanos y demócratas del Senado de los Estados Unidos para informar sobre los esfuerzos de recuperación lánguidos y desorganizados liderados por la AEE y el interés en nombrar al coordinador de revitalización, Noel Zamot al puesto en la corporación pública. El Wall St. Journal reportó en primicia la intención de la junta en nombrar a alguien para asumir las riendas de la AEE tras el paso del huracán María.

“Ellos sostuvieron reuniones para esencialmente informar al liderato de ambos partidos sobre el curso que se intenta seguir para nombrar al coordinador de revitalización Noel Zamot como administrador de emergencia para la AEE”, dijo una fuente cercana al Partido Republicano en el Congreso. Otra fuente confirmó por separado la intención de la junta en que fuera Zamot el administrador de emergencia.

Intentan desvincular a Trump de la contratación de Whitefish en Puerto Rico

“Ellos también solicitaron apoyo inmediato a todas las agencias federales para enviar expertos para trabajar junto a Zamot.  Él estará a cargo de cualquier cosa que tenga que ver con la AEE. El gobierno de Estados Unidos proveerá la pericia que la junta estime necesaria”, añadió otra fuente de este medio.

El 27 de julio, la junta anunció el nombramiento de Zamot —un puertorriqueño experto en infraestructura aeroespacial y de defensa con más de 25 años de experiencia— como coordinador de revitalización bajo el Título V de la ley federal Promesa. Este capítulo proporciona un proceso expedito de obtención de permisos, tanto a nivel local como federal, para aquellos proyectos de infraestructura que la junta certifique como críticos.

“La autoridad de nombrar un administrador de emergencia para la AEE es invocada bajo Promesa”, expresó la fuente del Congreso quien añadió que “están presionando a la junta para tomar acción y detener la ola de muertes prevenibles que están ocurriendo debido a la fragilidad del sistema”.

Los miembros de la junta ya habrían notificado al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop (R-Utah), quién expresó “el deseo de que la junta hubiese hecho esto antes”, según una fuente.  Se espera que el Congreso asuma un rol más activo de supervisión sobre el tema de Puerto Rico y su recuperación del huracán María, a partir de la visita a la isla de Bishop a finales de esta semana.

La AEE se encuentra actualmente bajo un proceso de quiebra en el tribunal federal bajo el Título III de Promesa. Sobre el particular, Jaresko manifestó que es una “práctica común” nombrar a un “oficial de reestructuración para manejar efectivamente la entidad mientras la misma se encuentra en bancarrota”.

Un grupo de acreedores de la corporación pública recientemente intentó que la jueza federal Laura Taylor Swain -quien lidera los casos de quiebra bajo Título III- les permitiera solicitar el nombramiento de un síndico para la AEE. La jueza puso freno a la acción que recibió una feroz  oposición tanto del gobierno como de la junta.

“Como el representante de la AEE bajo el Título III de Promesa, la junta entiende que la salida exitosa de esa entidad del Título III requiere adaptar los planes de transformación previos al huracán con los esfuerzos federales de reconstrucción en curso”, dijo Jaresko.

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