Retratada la influencia del gobierno federal sobre la junta de control fiscal

Por Luis J. Valentín Ortiz y Joel Cintrón Arbasetti

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017.

Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó: “Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años. Debo saber más para la próxima semana”.

Esa misma noche, McCann ripostó: “Ninguno de los principales grupos de acreedores (Oppenheimer, Franklin, Goldman, Ambac, etc.) con los que he hablado ha dicho que haya estado en contacto con ustedes. ¿Cuál es la discrepancia aquí?”.

“No lo sé, averiguo”, contestó García.

Decenas de ejemplos como este retratan, en blanco y negro, la relación de poder colonial del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico por medio de la Junta de Control Fiscal en más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras una demanda presentada hace un año y medio en contra de la Junta para lograr acceso a esta información pública. La entrega de documentos corresponde a las comunicaciones entre el ente rector y el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales, desde el comienzo de la Junta en el verano del 2016 hasta mayo de este año.

Ya sea desde la oficina de un congresista o de algún funcionario federal, predominan en las comunicaciones obtenidas los pedidos continuos de información y de reuniones dirigidos a miembros y oficiales de la Junta, quienes usualmente los atienden casi al instante. También aparecen discusiones, advertencias, “recomendaciones” y cuestionamientos sobre temas como la aprobación de los planes fiscales, la negociación de la deuda, el estatus político, el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las operaciones de la Junta y los fondos federales destinados a la isla tras los huracanes Irma y María.

Responden a sus oficinas congresionales

En una carta del 29 marzo de este año y dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, el congresista republicano Rob Bishop (R-Utah) arremetió contra la Junta por la falta de acuerdos entre el Gobierno y sus acreedores, así como por la implementación insatisfactoria de PROMESA.

Ese mismo día, Andrew Vecera, quien trabaja para el Comité de Recursos Naturales liderado por Bishop, escribió a Carrión: “Espero que te encuentres bien (y perdón por agobiarte con más trabajo). Anejo una carta del [representante] Bishop sobre la revisión de los Planes Fiscales. Queremos reiterar el poder que tiene la Junta con respecto a los Planes Fiscales para rechazar las acciones recientes del Gobernador [Rosselló Nevares]. Es un poco agresiva… Déjame saber si tienes preguntas, si no, espero que tengas felices Pascuas”.

Horas después, el presidente de la Junta contestó: “Gracias Andrew. Han sido unos días interesantes. Confirmo el recibo de la carta y sí, la veo fuerte y en mi opinión, en su totalidad, útil para la Junta y lo que se tiene que hacer. Entiendo el raciocinio del componente de acreedores en la carta, pero aquí mi único comentario sería que estamos activamente, en distintos frentes, buscando un acuerdo, pero se necesita buena fe de múltiples partes. De todas formas, sabemos que esto es esencial a nuestro mandato y lo vamos a luchar. Esperamos que eso se acelere después de la certificación [de los planes fiscales] del 19 y 20 [de abril]”.

Poco más de tres meses antes, en diciembre del 2016, Carrión recibió desde la oficina de Bishop copia confidencial de una carta que ese mismo congresista le enviaría a la Junta unos días después. Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bishop ha estado involucrado con el tema de Puerto Rico desde la concepción de la ley PROMESA. La semana pasada, comenzó a impulsar un nuevo plebiscito de estatus para la isla tipo ‘estadidad sí o no’, a pesar del proyecto propuesto por la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González.

“José, según discutimos hoy, anejo un borrador confidencial de la carta que el Comité de Recursos Naturales interesa enviarte como presidente [de la Junta]. Puedes compartirla con el resto de los miembros de la Junta, pero más allá de eso, favor de mantenerla confidencial. […] Por favor, déjame saber si esta carta causará problemas a la Junta”, escribió Bill Cooper, un asesor de la oficina de Bishop, a Carrión.

Cooper, uno de los autores intelectuales de la ley PROMESA y quien sonó como posible director ejecutivo de la Junta, aparece en un gran número de las comunicaciones obtenidas. En el 2017, abandonó el Congreso para liderar la nueva oficina en la capital federal del bufete puertorriqueño McConnell Valdés. El pasado mes de agosto, fue nombrado por Trump como asesor en el Departamento de Energía federal y ahora trabaja, una vez más, en el tema de Puerto Rico.

Del lado Republicano, Carrión, García, Biggs y Skeel son contactados frecuentemente por las oficinas de Ryan y Bishop, así como también del senador Orrin Hatch (R-Utah) y el líder de la mayoría Republicana en el Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky). En el caso de Hatch, el presidente del Comité de Finanzas en el Senado participó activamente en la concepción de la Junta y PROMESA y ha sido uno de los congresistas más vocales en temas relacionados a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico como la reforma contributiva y los fondos federales de salud.

La Junta también recibe supervisión directa del lado Demócrata. En el caso de Ana Matosantos — una de las tres personas impulsadas por los Demócratas para la Junta — mantiene comunicación directa con la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York).

“Este juego de acusar/adjudicarse crédito es ridículo”, escribió en un email Rosanna Torres, una asesora de Velázquez, sobre una noticia que citaba a Rosselló Nevares diciendo que la Junta no se había comunicado con él tras el paso del huracán Irma.

“De acuerdo. Especialmente dadas las circunstancias. ¿Viste nuestro comunicado? Pensé que era un asunto de circunscribirse a los hechos. No sé cómo terminamos en dime direte de nuevo (sic)”, reaccionó Matosantos.

Miembros de la Junta y el Congreso también se circulan documentos que están fuera del dominio público. Este es el caso de los comentarios de los consultores financieros de la Junta sobre los planes fiscales de Puerto Rico, los cuales compartieron con la oficina de Bishop, pero pidieron mantener confidenciales.

Según la Junta, sus decisiones responden “únicamente a los mandatos de PROMESA y a los mejores intereses de Puerto Rico”. La entidad confirmó al CPI que se comunica “regularmente con múltiples partes interesadas, incluyendo congresistas y funcionarios del Gobierno Federal, cuyas políticas públicas y acciones tienen un impacto significativo sobre la economía de Puerto Rico”.

Para leer la historia completa, visita el Centro de Periodismo Investigativo




Alegan propuesta micro red energética para la montaña recibe importantes endosos

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández alegó el miércoles que la propuesta micro red energética para la montaña recibió el endoso de la Asociación de Industriales, la Universidad de Puerto Rico (UPR), Medtronic y gran parte del poder ejecutivo y legislativo del país.

El alcalde villalbeño alegó además que la propuesta energética ha recibido también el endoso del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) de la UPR y el Sustainability Energy Center (SEC), que es el único laboratorio de micro redes en Puerto Rico.

Hernández mencionó que junto a los alcaldes de Orocovis, Morovis y Ciales, crearon el primer Consorcio Energético de la Montaña, con el que buscan utilizar la Central Hidroeléctrica y generación solar, para levantar la primera micro red de energía para la montaña. Con ello apuestan, a un nuevo surgir económico y social en dicha región.

Detalló que la iniciativa persigue producir 130 MV, combinando métodos alternos y redundancia, para beneficio de los mencionados pueblos. Ello permitirá la creación de un sistema energético sostenible que aprovecharía la energía renovable, específicamente la energía hidroeléctrica y solar. Además, el proyecto contribuirá a la reducción de la dependencia al petróleo y promoverá la protección del ambiente mediante la generación de energía limpia.

“El apoyo de la Asociación de Industriales ha sido fundamental en el progreso de nuestro proyecto”, indicó Hernández en declaraciones escritas.

Sostuvo que la gerencia de Medtronic, que lleva establecida en Villalba desde 1974 con una empleomanía de sobre 1,500 empleados provenientes del área sur-central indicó que “este proyecto nos beneficiaría al obtener estabilidad y eficiencia energética a un mejor costo, lo que nos haría más competitivos a nivel global y podría asegurar la permanencia de Medtronic en el Municipio por muchos años más”.

“En el pasado mes de septiembre, acompañamos al alcalde, Luis Javier Hernández al Congreso y hemos visto de primera mano el apoyo que esta gran iniciativa tiene en todos los congresistas. Significamos el hecho que visitamos el Departamento de Energía federal y allí el representante de la agencia, Bruce Walker, le pareció la ruta correcta para garantizar un sistema resiliente en una de las áreas más vulnerables del país. El Departamento de Energía federal, puso a su disposición su personal técnico para garantizar que este proyecto cumpla con la meta propuesta”, agregaron.

“De particular importancia resulta resaltar que el proyecto viabilizará el desarrollo económico de la región, puesto que las industrias manufactureras establecidas en la región reducirán sus costos de operación y podrán confiar en un sistema rehabilitado mediante inversión privada. Ello conduce a la creación de empleos en un área económicamente debilitada”, dijo el ejecutivo villalbeño.

Hernández dijo que la operación de la central no le es ajena al municipio de Villalba. Tras el paso del huracán María, en ánimo de proveer energía a la región, el municipio de Villalba realizó una inversión para reparar la planta utilizando sus recursos y empleados municipales. Ello le permitió proveer energía eléctrica, a tan solo 30 días luego del huracán, al casco urbano, residenciales y escuelas públicas y a Medtronic.

Por último dijo que el consorcio energético ha encaminado también un diálogo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a los fines de garantizar que el servicio de agua se mejore para el beneficio de nuestra gente. Las mejoras que realizarán al sistema de embalse y tuberías beneficiaran a la AAA y lograrán brindar a dicha agencia el ahorro energético que tanto necesita.




Presentan en el Congreso proyecto para extender cubierta de FEMA en Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González anunció el lunes que coauspició la Ley Compromiso (HR 6859) junto al congresista José Serrano que extendería el 100 por ciento de las exenciones de costos compartidos para las categorías A y B de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico.

La medida busca garantizar que el gobierno federal cubra los costos de asistencia de emergencia a la isla como resultado del huracán María.

“Un año más tarde, tenemos los elementos para reconstruir a Puerto Rico. Tenemos el espíritu de lucha para enfrentar la adversidad, tenemos la fuerza para abrirnos camino, pero, sobre todo, y tenemos la fe para emprender esta encomienda con firmeza. La firma de este proyecto nos ayudará a continuar trabajando por nuestra isla para proveerles las herramientas necesarias para la reconstrucción total que Puerto Rico necesita”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

Detalló que en 2007, se incorporó un lenguaje similar en la Ley Pública 110-28 para ampliar las exenciones de costos compartidos locales para los estados de la costa del golfo después de los huracanes Katrina por lo cual se entiende que el Congreso debería actuar de la misma forma ante el resultado de este desastre en la isla.

“El 15 de agosto pasado FEMA anunció que no continuaría cubriendo el costo total de estos gastos, que ahora será una carga adicional para el gobierno local y obstaculizará los esfuerzos de recuperación. Para la Categoría A, la decisión fue efectiva ese mismo día; para la categoría B, la decisión entró en vigor el 15 de septiembre. Si bien el Gobernador de Puerto Rico apeló la decisión, no es aparente que FEMA tenga la intención de revertirla”, sostuvo la funcionaria.

Señaló que los reportes que se han recibido de FEMA indican el nivel de desastre que Puerto Rico sufrió luego del huracán fueron mucho mayor y aún se continúan llevando a cabo trabajos de recuperación para la isla.

“La incorporación de este lenguaje ayudará a asegurar que el gobierno federal asuma responsabilidad total por la recuperación de Puerto Rico ya que como ciudadanos americanos que continúan recuperándose, no merecen menos”, finalizó.

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Congreso realiza vista sobre préstamos por desastre de Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, quien es miembro del Comité de Administración de Pequeños Negocios, interrogó a oficiales de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) sobre la demora en el proceso de desembolso de los préstamos por desastre a los pequeños empresarios en la Isla.

La Comisión de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes federal, presidida por Steve Chabot, celebró una audiencia pública el miércoles para supervisar la respuesta de la SBA al huracán María en Puerto Rico.

Existen más de 8,000 pequeñas empresas que no han podido abrir sus puertas después de que el fenómeno atmosférico azotara la isla el pasado mes de septiembre por varias razones, como la negativa de las compañías de seguros a pagar los montos adeudados por reclamos por daños y perjuicios, expresó el presidente del Centro Unido de Detallistas, doctor Jorge Argüelles Morán.

Entre las agencias federales que desempeñan un papel activo en la respuesta y recuperación ante desastres, SBA tiene un papel principal en la asistencia directa a pequeños empresarios, incluida la disponibilidad de préstamos de reparación de viviendas de hasta $200,000 y para reparaciones de empresas o negocios de hasta $2 millones.

En Puerto Rico, la división de desastres de la SBA recibió 102,619 solicitudes de préstamos después de María. De estos, 52,045 han sido aprobados, por un total de $1,835,548,900 billones en préstamos a bajo interés.

Como parte del proceso de alivio de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los sobrevivientes del huracán tuvieron que completar la solicitud de préstamo de la SBA. Cuando la solicitud fue denegada, el solicitante automáticamente podía acceder a la ayuda a través de FEMA, según un comunicado.

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Esto se divide en 49,433 préstamos para vivienda, 2,188 para negocios, 424 por daños económicos para un total de 52,045 préstamos aprobados. Se reflejan en asignaciones de fondos de $1,630,533,800 para vivienda, $182,950,900 para negocios, $22,064,200 para pagar daños económicos que se traducen en $1,835,548,900 en dólares aprobados, lee el comunicado.

Con el huracán Irma, esto se divide en 28 préstamos para vivienda, 2 para empresas y 7 para daños económicos por un total de 37 préstamos aprobados. Se reflejan en asignaciones de fondos de $1,142,300 para vivienda, $238,800 para negocios, $272,000 por daños económicos que se traducen en $1,653,100 aprobados.

“Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, le agradezco a la Administración de Pequeñas Empresas por su compromiso de mejorar las condiciones en Puerto Rico. Quiero agradecer al comité por celebrar esta audiencia sobre préstamos por desastre y aprobar el dinero para empresarios. En algunos casos, el proceso de desembolso de estos ha tomado de uno a seis meses. Esa es la preocupación que recibo de los comerciantes. Tenemos que acelerar el desembolso de los recursos aprobados por el Congreso “, dijo la comisionada




Cámara federal aprueba legislación para revisar la seguridad en la frontera marítima

La comisionada residente, Jenniffer González Colón informó el miércoles que la Cámara de Representantes federal aprobó unánimemente la noche del martes el proyecto HR 5869 que viabiliza la Ley de Revisión de la Seguridad en la Frontera Marítima.

Explicó que el proyecto de ley, de su autoría, fue presentado de manera bipartita y requiere que el secretario de Seguridad Nacional realice un análisis detallado de la amenaza en la frontera marítima de los Estados Unidos, incluyendo la llamada Zona de Tránsito y las fronteras y aguas territoriales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“A medida que Estados Unidos avanza para proteger sus fronteras, es imperativo que enfrentemos las amenazas planteadas por organizaciones delictivas y de narcotráfico que buscan entrar a la Nación a través de nuestra frontera marítima. También es necesario que abordemos los desafíos de seguridad pública que enfrentan los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, los únicos territorios de Estados Unidos ubicados geográficamente dentro de la Zona de Tránsito”, dijo González Colón en un mensaje en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal.

Indicó que las autoridades federales han estado preocupadas por la actividad criminal a lo largo de la Zona de Tránsito, un área de siete millones de millas cuadradas, aproximadamente el doble del tamaño del territorio continental de los Estados Unidos, que incluye los corredores marítimos del oeste del Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el este del Océano Pacífico.

Agregó que Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, por ejemplo, han sido explotados como punto de destino y transbordo de drogas ilícitas enviadas a tierra firme, poniendo en peligro la vida de los residentes en los dos territorios y en los Estados Unidos continentales.

Según la Guardia Costera, expresó que el flujo total conocido de inmigrantes indocumentados que intentan ingresar a los Estados Unidos por rutas marítimas en 2016 fue de casi 10,000. El conocido tráfico de cocaína a través de la Zona de Tránsito alcanzó aproximadamente 2,700 toneladas en el año fiscal 2017.

Durante el mismo año, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron casi 66,000 libras de narcóticos en y alrededor de Puerto Rico de los carteles de la droga y traficantes, más que en cualquier otro año registrado.

“El proyecto de ley incluye disposiciones que requieren una evaluación del terrorismo y las amenazas criminales a lo largo de la frontera marítima, las mejoras necesarias en los puertos marítimos de Estados Unidos para reducir la actividad delictiva y las vulnerabilidades actuales que impiden una seguridad fronteriza efectiva”, explicó.

Entretanto, sostuvo que para comprender mejor estas y otras amenazas, la medida requiere además que el Secretario de Seguridad Nacional considere las necesidades de tecnología y personal en la frontera marítima, la función de la aplicación de la ley estatal y local en las actividades de seguridad marítima en la frontera; los desafíos geográficos de la frontera marítima; y, el impacto de los devastadores huracanes del año pasado en las actividades generales de seguridad fronteriza en la frontera marítima.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes federal aprobó por unanimidad HR 5869 el pasado 24 de julio. Al momento de radicación, el proyecto contó con la coautoría de los congresistas Peter King (R-NY), Dan Donovan (R-NY), Don Bacon (R-NE), Stephanie Murphy (D-FL), Mario Diaz-Balart (R-FL) y Sean Duffy (R-WI).




Junta fiscal certifica el Plan de Recuperación Económica y de Desastres del gobierno

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, informó el martes, que certificó por consentimiento escrito unánime el Plan de Recuperación Económica y de Desastres del Gobierno de Puerto Rico (“Plan de Recuperación”) sometido el 8 de agosto.

La junta también instó al Gobierno a evitar riesgos presupuestarios y de implementación asociados con el Plan de Recuperación.

“Ahora que hemos revisado y analizado el documento de acuerdo con nuestro deber estatutario, estamos preparados para certificar que el Plan de Recuperación cumple con los requisitos de la Sección 21210 (a) (6) de la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

También advirtió contra los riesgos presupuestarios y de supervisión, indicando que los costos de implementación del Plan de Recuperación podrían exceder los estimados de financiamiento federal del Plan Fiscal certificado del Gobierno y señalando que “no establecer y cumplir estrictamente” los protocolos de cumplimiento “puede poner en peligro gran parte del financiamiento federal que Puerto Rico espera recibir”.

En una carta dirigida al portavoz de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell (R-KY), al Speaker de la Cámara federal, Paul Ryan (R-WI), y a los portavoces de la minoría en ambos cuerpos, el senador Charles Schumer (D-NY) y la representante Nancy Pelosi (D-CA), la Junta determinó que el Plan de Recuperación cumplió con la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018, que describe el plan de recuperación económica y de desastre a 12 y 24 meses para el alivio por desastres y el gasto de recuperación por la emergencia para Puerto Rico.

Se adjunta una copia de la carta y la misma está disponible en la página de la junta de control fiscal: www.juntasupervision.pr.gov.

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Comercio federal otorgará $4.9 millones en subvenciones a compañías en Puerto Rico

El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció el miércoles que la Administración de Desarrollo Económico (EDA) del Departamento otorgará $4.9 millones en subvenciones a compañías en todo Puerto Rico, para apoyar nuevas empresas tecnológicas y de manufactura, además de brindar una gran ayuda para la recuperación económica y la resiliencia de esfuerzos a raíz de los huracanes Irma y María.

Según las estimaciones del concesionario, se espera que los proyectos creen 687 empleos y brinden asistencia técnica a 300 entidades locales.

“La Administración Trump ha estado trabajando diligentemente para ayudar a las comunidades devastadas y reconstruir las vidas rotas causadas por los huracanes en 2017”, expresó Ross en declaraciones escritas.

“Estas inversiones respaldarán a los empresarios y fabricantes locales que están trabajando para reconstruir Puerto Rico y su comunidad empresarial”, añadió.

Las inversiones de EDA anunciadas hoy son:

  • El Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico recibirá $ 4.4 millones para construir un edificio de 30,000 pies cuadrados llamado The Forward Center, que albergará hasta 60 nuevas empresas tecnológicas, y una compañía manufacturera que investiga y desarrolla prototipo de actividad de neuro-modulador médico dispositivos. Según las estimaciones del concesionario, se espera que el proyecto cree 687 empleos.
  • La Universidad de Puerto Rico-Mayagüez recibirá $ 500,000 para diseñar y llevar a cabo talleres de desarrollo de capacidades, proporcionando asistencia especializada para el desarrollo. Este proyecto servirá al menos a 300 municipalidades, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales actualmente comprometidas con los esfuerzos de recuperación de negocios.

“La crisis económica de más de una década que atraviesa Puerto Rico, fue sin duda exacerbada por el impacto de dos huracanes continuos (Irma y María). Es el sector privado el motor de nuestra economía y estos fondos aprobados por el Congreso muestran, una vez más, el compromiso del gobierno federal con la recuperación de la isla. Estos recursos le proveerán las herramientas necesarias a nuestros comerciantes emprendedores para robustecer nuestra economía y hacerla próspera ”, expresó la comisionada residente, Jennifer González Colón.

Estos proyectos están financiados por la Ley de presupuesto bipartidista de 2018 (PL 115-123) (PDF), en la cual el Congreso asignó a EDA $ 600 millones en fondos adicionales del Programa de Asistencia para el Ajuste Económico (PDF) para ayuda en casos de desastre y recuperación como resultado de los huracanes Harvey, Irma y María, incendios forestales y otros desastres naturales del año 2017 según la Ley Stafford.




Gobierno entrega al Congreso el Plan de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR) entregó el miércoles al Congreso de los Estados Unidos el Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico, con un estimado de $139,000 millones en proyectos para la reconstrucción.

Dicho plan se entrega en cumplimiento con los requisitos de la Ley federal de Presupuesto Bipartidista de 2018, la cual requiere que el Gobierno de Puerto Rico desarrolle dicho plan para el 8 de agosto, según explicó el gobernador.

“Puerto Rico tiene una oportunidad única para innovar y reconstruir ese Puerto Rico que todos queremos. El Plan de Transformación que se presenta hoy se divide en 17 iniciativas, unas de inversiones de capital y otras iniciativas estratégicas. Todas las iniciativas tienen el fin de hacernos más fuertes y resilientes, mientras garantizamos una recuperación económica a largo plazo”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Por su parte, el director ejecutivo, Omar Marrero, explicó que “el Plan tiene plasmado una cantidad de proyectos de recuperación que tienen un estimado de $139,000 millones para la reconstrucción de Puerto Rico. Proyectos como mejoras a los aeropuertos, puertos, carreteras y sistema energético; es un plan abarcador, para un Puerto Rico más fuerte”.

En el plan presentado se plasma la necesidad de recibir $139,000 millones para lograr una recuperación completa. Esta cifra se divide por cada uno de los sectores de la siguiente manera: $33,000 millones para Vivienda; $30,000 millones para Sistemas de Agua; $26,000 millones para Sistemas de Energía y $15,000 millones para Educación.

Asimismo, contiene $8,400 millones para Transportación; $6,300 millones para Salud; $6,300 millones para Economía; $5,800 millones para Edificios Públicos; $3,900 millones para Ambiente; $3,200 millones para Comunicación; $590 millones para Planificación; y $190 millones para Municipios.

Huracanes Irma y María ocasionan impacto económico de sobre $40,000 millones en Puerto Rico

Marrero indicó que se está trabajando con la infraestructura de toda la isla. El Plan considera proyectos tales como el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. Esto incluye la rehabilitación a los terminales, áreas de abordaje y carga, los hangares y otras estructuras, con una inversión estimada de $80 millones.

También se están considerando los proyecto de Control de Inundación del Río Guanabijo en Mayagüez, con un estimado de inversión de $60 millones; la reconstrucción y expansión de la PR-10, con un estimado de inversión de $510 millones y la remodelación del Hospital de Vieques, con un estimado de inversión de $30 millones.

Entretanto, explicó que en el Plan se identifican proyectos que impactan a todo Puerto Rico, como los de restauración de sistemas naturales de protección costera en toda la Isla; la rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de viviendas; además de proyectos de mejoras a instalaciones de desperdicios sólidos.

Asimismo, dentro del Plan se encuentran otros proyectos considerados para la reconstrucción de la isla.

Durante seis meses, la OCRR, en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), el Centro de Análisis Operacional de la Seguridad Nacional (HSOAC, en inglés), distintas agencias federales y estatales, además de otras entidades participantes, llevaron a cabo reuniones de planificación con representantes de los diversos sectores, municipios, agencias estatales y federales para trabajar en el Plan.

Una vez se preparó un borrador —y debido al compromiso de transparencia de la Administración Rosselló Nevares y el interés de ser participativos en este proceso— se realizaron vistas públicas en Fajardo, Cataño, Ponce y Mayagüez para recibir el insumo de la ciudadanía.

“En la página web www.p3.pr.gov se publicó el borrador del Plan, el cual estuvo disponible para comentarios del público en sus versiones tanto en inglés como en español. Una vez se completó el periodo de recibir comentarios, se evaluaron e incorporaron las recomendaciones del público. Ese fue el Plan final que se entregó hoy ante el Congreso”, puntualizó el director ejecutivo.

Autoridad para las APP publicará plan de recuperación en español

En las prioridades en el Plan de Recuperación, de 1 a 2 años están:

  1. Restauración de Sistemas Esenciales: esto incluye sistema eléctrico, agua, comunicación y transportación.
  2. Mejorar la Preparación para Emergencias: preparar la infraestructura y capacidad de la empleomanía gubernamental para proteger a los ciudadanos en desastres futuros.
  3. Optimizar Tenencia y Responsabilidad: de instalaciones y edificios públicos, al promover su reparación y reducir futuro riesgo.

Por otra parte, los objetivos a largo plazo incluyen detener la emigración y fomentar el desarrollo económico; revitalizar los centros urbanos; optimizar la escala de servicios públicos; reconstruir la infraestructura; y la información precisa y comprensiva para que el Gobierno pueda responder a la ciudadanía.

En noviembre de 2017, el Gobierno presentó ante el Congreso el documento titulado Build Back Better el cual incluyó una descripción preliminar de los daños producidos por el embate de los huracanes Irma y María, junto con una evaluación inicial de los fondos de recuperación requeridos para construir a Puerto Rico de manera más fuerte, más inteligente y más resiliente.

La OCRR ha ampliado en el Plan la discusión y metodología del Build Back Better para recibir más fondos a fin de continuar encaminando los procesos de recuperación para construir un nuevo Puerto Rico.

“Además, el Plan incluye la visión, los objetivos y las estrategias del primer ejecutivo, los cuales se enfocan mayormente en promover el crecimiento económico sostenible, optimizar la infraestructura crítica de Puerto Rico, aumentar la capacidad de resistencia y recuperación en desastres futuros, y promover una sociedad educada, segura y saludable”, concluyó Marrero.

El Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico estará disponible a partir del jueves 9 de agosto en el portal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas: http://www.p3.pr.gov.




Funcionarios de la AEE sostienen reuniones en Washington D.C.

A la derecha, desde la izquierda: El ingeniero Elí Díaz Atienza, presidente de la Junta de Directores de la AEE, el ingeniero José Ortiz, principal oficial ejecutivo de la AEE y el licenciado Carlos Mercader, director ejecutivo de PRFAA. (Suministrada)

A la derecha, desde la izquierda: El ingeniero Elí Díaz Atienza, presidente de la Junta de Directores de la AEE, el ingeniero José Ortiz, principal oficial ejecutivo de la AEE y el licenciado Carlos Mercader, director ejecutivo de PRFAA. (Suministrada)

El ingeniero Elí Díaz Atienza, presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el ingeniero José Ortiz, presidente de la corporación pública, participaron esta semana en Washington D.C. de una cargada agenda de trabajo en la que informaron y promovieron los planes de transformación de la compañía ante el ejecutivo federal y miembros del Congreso.

“Esperamos que, en un futuro cercano, los puertorriqueños cuenten con energía eléctrica de calidad a un precio asequible mientras reducimos nuestra huella de carbono y combatimos el cambio climático,” comentó Díaz Atienza en declaraciones escritas.

El licenciado Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) acudió en representación del ejecutivo puertorriqueño.

Díaz Atienza, Ortiz y Mercader se entrevistaron con oficiales de las oficinas de la senadora por Alaska y presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Lisa Murkowksi, el portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan y la líder de la minoría, Nancy Pelosi.

También visitaron las oficinas del Departamento de Energía federal y el Tesoro de los Estados Unidos. Sostuvieron además reuniones con la oficina del senador Marco Rubio; la senadora Maria Cantwell; el senador Bernie Sanders; y el congresista Daniel Webster.

Resurge el Aguirre Offshore Gasport en el plan fiscal de la AEE

Ortiz presentó su plan de reestructuración para la corporación pública, enfatizando la meta trazada por el gobernador Ricardo Rosselló para que al menos un 40% de la energía provenga de fuentes renovables en los próximos cinco años.

“Trabajamos para que tanto en la Administración Trump como en el Congreso sean conscientes del profesionalismo del nuevo presidente de la AEE, el ingeniero José Ortiz, y del presidente de la Junta de Directores, el ingeniero Díaz Atienza. Ambos son personas de una reputación intachable y están comprometidos con la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica,” expresó Carlos Mercader.

“Nuestra meta a mediano plazo es despojar a la AEE de la tarea de generar energía eléctrica, pasándola a manos privadas. Esto abrirá el mercado a la competencia y, tal como ocurrió con la telefonía móvil, ofrecerá a los ciudadanos un producto más económico y de mayor calidad,” enfatizó por su parte José Ortiz.

“A corto plazo, tenemos planificado dejar de utilizar diésel en las plantas de la AEE para pasar a utilizar gas natural. El gas natural es mucho más económico y es un producto más limpio que reduce nuestro impacto en el medioambiente,” concluyó el presidente de la corporación pública.

Mencionó que la agenda de esta semana servirá no solo para informar al Congreso de los planes de la corporación pública, sino para comenzar una estrecha relación de trabajo con el Departamento de Energía del gobierno federal de cara a la transformación de la corporación.

Tarifas de la AEE podrían afectar viabilidad del plan fiscal de la AAA




Resurge el Aguirre Offshore Gasport en el plan fiscal de la AEE

El uso de gas natural jugará un papel importante en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El nuevo plan fiscal de la AEE dice que los funcionarios han vuelto a aflorar el Aguirre Offshore Gasport (AOGP), un proyecto que ha generado preocupación sobre su viabilidad económica.

El plan confirma comentarios hechos por el gobernador Ricardo Rosselló sobre el uso del gas natural como combustible de transición, junto con fuentes renovables, para impulsar a Puerto Rico. Se espera que las renovables comprendan el 40 por ciento de las fuentes de energía.

La AEE está analizando tecnologías para lograr las tarifas más económicas, incluidas la energía solar, las turbinas de gas de ciclo combinado, el viento, el almacenamiento de baterías y los motores alternativos que utilizan múltiples combustibles.

La ubicación del Offshore Gasport y el gasoducto submarino de 4 millas de largo y 21 pulgadas de diámetro externo que conecta con la planta de Aguirre. (Captura de pantalla de www.energy.gov)

La ubicación del Offshore Gasport y el gasoducto submarino de 4 millas de largo y 21 pulgadas de diámetro externo que conecta con la planta de Aguirre. (Captura de pantalla de www.energy.gov)

Los conceptos de mejora del diseño del sistema que están siendo evaluados por la AEE y por Siemens, la compañía que está elaborando un nuevo plan integrado de recursos (IRP, en inglés) para la empresa, incluye la reducción del tamaño de la unidad más grande de la AEE para reducir la adquisición de reserva rotativa.

Los conceptos también incluyen la conversión de plantas del norte para usar gas natural, así como la “reforestación de plantas sureñas y la expansión del suministro de gas en el AOGP en Costa Sur y otras oportunidades de suministro de gas natural”, dice el plan, con un gráfico que muestra todas las tecnologías y conceptos que suman más de $3 mil millones.

Como parte del análisis de un IRP anterior, la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) paralizó el proyecto del AOGP hace algunos años, lo que le permitió a la AEE gastar hasta $15 millones en planificación.

La AEE apeló, pero el regulador archivó la apelación porque la utilidad no cumplió con ciertas solicitudes de información sobre la costo-efectividad del proyecto, pero dijo que el controversial proyecto podría considerarse parte de su IRP con fecha límite para el mes de octubre.

El plan fiscal parece confirmar la información publicada por CB en Español y los medios de comunicación de los Estados Unidos de que el Congreso puede estar presionando para un mayor uso de gas natural en Puerto Rico a pedido de los donantes políticos.

Por otro lado, el plan fiscal exige un recorte en las tarifas de energía a menos de 20 centavos por kilovatio-hora (kWh), aunque un pacto preliminar para reestructurar la deuda de la AEE aumentaría las tarifas en 6 centavos a 7 centavos en 10 años.

Tarifas de la AEE podrían afectar viabilidad del plan fiscal de la AAA

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), un grupo de expertos en energía limpia, se expresó el miércoles en contra del acuerdo porque los clientes soportarán un alza de tasas del 10%.

“Para el 2063, los clientes de la AEE seguirán pagando por el petróleo quemado en 2008”, escribieron los analistas de IEEFA. “Las buenas noticias para los bonistas, en el corto plazo, de todos modos, es que se les paga primero por el aumento de la tarifa a través de un mecanismo de bloqueo. Los primeros 2.6 centavos de cada kWh de energía de la AEE que se vende van para ellos. Si no queda lo suficiente para pagar los gastos operativos de la AEE”.

El IEEFA agregó que la AEE ya “ha reducido las necesidades de capital” en $300 millones este año.

La junta de control fiscal exige que el gobernador presente antes del 6 de agosto un presupuesto para la AEE que cumpla con el nuevo plan fiscal.