Anuncian $18 millones en fondos federales para atender a personas sin hogar

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el jueves, $18,107,265 en fondos federales para 56 entes en Puerto Rico dedicados a prevenir que las personas estén sin un hogar; estos fondos provienen del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

Los fondos, anunciados para toda la nación, se dan bajo el programa de continuidad del cuidado (CoC) diseñado para promover el compromiso de toda la comunidad con el objetivo de acabar con la falta de vivienda.

La comisionada felicitó a las organizaciones recipientes de estos fondos y expresó en comunicación escrita su “total respaldo a la labor encomiable que realizan al proveerles un techo a las personas que por diversas razones no puede sostener un hogar”.

“En esta época del año, miles de proveedores locales de asistencia para personas sin hogar reciben fondos federales para operar y mantener una vivienda estable para aquellos que viven en nuestro sistema de refugio y en nuestras calles”, dijo el secretario de HUD, Ben Carson. “Renovar estas subvenciones vendrá como un gran alivio para estos proveedores, y les permitirá continuar su trabajo para albergar y servir a nuestros vecinos más vulnerables”, añadió.

Según el informe entregado por HUD al Congreso el pasado mes de diciembre sobre las personas sin hogar, a nivel nacional hay 552,830 personas que no tienen un hogar de estas 122,476 son latinos. El informe excluye a Puerto Rico de las estadísticas, asunto que ha combatido la comisionada al presentar legislación y reuniones con agencias federales para la inclusión de Puerto Rico en toda estadística y así recibir la cantidad de fondos realmente justa para la isla además de acceso a programas.

Entre los recipientes se encuentran Lucha contra el SIDA, Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos y otros 53 centros y algunos municipios.




USDA anuncia plan para proteger acceso a cupones de alimentos en febrero

El secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Sonny Perdue anunció un plan para garantizar que los estadounidenses de bajos ingresos tengan acceso a la nutrición que necesitan, “a pesar de la incapacidad del Congreso aprobar un proyecto de ley de apropiaciones que asegure con seguridad nuestras fronteras”.

El plan proporciona beneficios completos para los participantes en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) del USDA para el mes de febrero, que serían desembolsados por adelantado.

“Para proteger el acceso de los participantes de SNAP para febrero, el USDA está trabajando con los estados para emitir los beneficios de febrero antes de lo habitual. El USDA se basará en una disposición de la Resolución Continua (CR) que acaba de expirar, que proporciona una asignación para programas como SNAP y Nutrición infantil para incurrir en obligaciones para las operaciones del programa dentro de los 30 días posteriores a la expiración del CR”, dijo Perdue en una comunicación escrita.

El funcionario explicó que cuando los fondos del USDA expiraron el 21 de diciembre de 2018, los beneficios de SNAP para enero fueron totalmente financiados. Los estados ya han recibido ese dinero y lo han estado distribuyendo a los participantes. Desde el lapso en las asignaciones, el USDA ha estado revisando las opciones disponibles para el departamento para financiar los beneficios de febrero sin una asignación adicional del Congreso.

Explicó que el USDA se comunicará con los estados para pedirles que soliciten la emisión temprana de los beneficios de SNAP para febrero. Los estados tendrán hasta el 20 de enero para solicitar e implementar la emisión temprana. Una vez que se hacen las primeras emisiones, los beneficios de febrero estarán disponibles para los participantes de SNAP en ese momento.

“El USDA también se ha asegurado de que otros programas importantes de asistencia nutricional cuenten con fondos suficientes para continuar las operaciones hasta febrero. Los programas de nutrición infantil, incluidas las comidas escolares y los programas extracurriculares, cuentan con fondos disponibles para continuar las operaciones hasta marzo”, afirmó el funcionario federal.

Entretanto, el titular del USDA aseguró el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) tiene fondos del año anterior que el USDA comenzará a proporcionar a los estados esta semana para facilitar los beneficios de febrero. Otros programas de FNS, que brindan asistencia crítica a los bancos de alimentos, los ancianos y las naciones tribales de nuestra nación, pueden continuar utilizando los fondos de la subvención que se proporcionan antes de que caduquen las asignaciones. Las entregas de productos básicos a esos programas continuarán.

En el caso de SNAP, Purdue detalló que una vez que se realicen estas emisiones tempranas, los beneficios de febrero estarán disponibles para los participantes de SNAP en ese momento. La emisión mensual de SNAP para febrero se estima en aproximadamente 4,800 millones de dólares y el gasto administrativo estatal (SAE) se estima en alrededor de 350 millones de dólares para una necesidad total de aproximadamente 5,100 millones de dólares.

En el caso de los programas de nutrición infantil, los estados ya cuentan con fondos para cubrir las operaciones del programa CN para el mes de enero (aproximadamente 2.1 mil millones de dólares sobre la base de la última resolución continua. Esta semana, proporcionarán fondos adicionales por un valor de dos meses, de acuerdo con la práctica estándar de financiar estos programas trimestralmente.

De otra parte, el funcionario detalló que para el WIC, el FNS identificó recursos para cubrir los gastos estatales proyectados para febrero. La agencia asignará al menos 248 millones de dólares a las agencias estatales esta semana y hemos identificado 350 millones de dólares adicionales en fondos no utilizados del año anterior para asignar en una fecha posterior. Se proporcionará un total de aproximadamente 600 millones de dólares en fondos a las agencias estatales de WIC.




AIPR celebra segundo congreso de mujeres industriales

En un salón en el Hotel San Juan, decenas de mujeres estaban descalzas y con los ojos cerrados mientras movían sus manos del hombro hacia abajo como si estuvieran cortando el aire en un esfuerzo por limpiar sus auras espirituales.

No fue una conferencia de “New Age” o “Zen”, sino una actividad del Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) que reunió a expertos en bienestar para enseñar a mujeres profesionales a fortalecer su ser interior.

El ritmo cada vez mayor del trabajo hace que sea más difícil mantenerse al día, por lo que las técnicas de meditación ayudan a reducir el estrés y aumentan la productividad en el trabajo.

“Nuestro bienestar físico, emocional y espiritual ocupa un lugar especial cuando hablamos de redefinir el éxito. Durante nuestro congreso, escucharemos a oradores espectaculares que compartirán su experiencia y conocimiento para ayudarnos a comprender mejor nuestro ser interior y aprender cómo nutrir nuestros cuerpos y nuestra sabiduría”, expresó la presidenta del Capítulo de Mujeres de la AIPR, Elizabeth Plaza.

Linda Clemons, experta en lenguaje corporal y CEO de Sisterpreneur, Inc., habló sobre la importancia de dejar ir los pensamientos tóxicos y de mantener una actitud positiva. Con un aspecto mucho más joven que sus 61 años, su entusiasmo es contagioso.

Clemons dijo que pasó siete días en coma debido a la anestesia que le administraron para un procedimiento quirúrgico simple. Cuando se despertó del coma, “se dio cuenta de que la vida es demasiado corta y que estoy muy bendecida para estar estresada … No permitas que nada negativo reine libremente en tu mente”, dijo.

Mayra Rodríguez-Mohamed, presidenta y CEO de Reiki Institute de Puerto Rico, hizo una presentación titulada “Más allá del éxito: Aprendiendo el arte de despertar tu poder interior”. Pidió a la audiencia, la mayoría de los cuales eran mujeres, que se pusieran de pie y probaran para conectarse con la energía cerrando los ojos y abriendo sus corazones.

“Mientras te desconectas del ruido externo y te conectas con tu corazón, trata de inhalar luz, paz y amor y exhala preocupaciones y estrés”, dijo.

Ella también enseñó los ejercicios de la audiencia para lidiar con el estrés. Una técnica consiste en bajar el brazo, en un movimiento de corte, mientras se aprietan los glúteos.

Yaisha Vargas, la editora de “Mindful Writings and Translation”, enseñó a la audiencia sobre la atención plena, un estado mental que se logra al enfocarse en el presente y reconocer los sentimientos de uno.

“No estoy solo. Merezco gentileza, merezco serenidad… Merezco compasión”, dijo mientras enseñaba a la audiencia un ejercicio de meditación para la auto-conciencia.

“¿Qué es la auto-compasión? Es ser un amigo para nosotros mismos”, explicó.

Los asistentes siguieron los ejercicios y uno de ellos le dijo a CB en Español que “realmente se sentía nueva. Voy a hacer esto más”.

El programa educativo en la conferencia incluye cinco conferencias y tres paneles, así como talleres. El congreso comenzó con una presentación, “The Thrive Revolution At Work: Redefiniendo The Bottom Line for Our Organizations and Our Lives” por Renee Moorefield, Ph.D. y CEO de Wisdom Works Group, presidenta de Wellness at Work-Global Wellness Institute Inc. (GWI).

Entre los temas tratados, Kathy Wengel, vicepresidenta ejecutiva y directora de la cadena de suministro global de Johnson & Johnson, habló sobre “Salud para la Humanidad”. Además, la Dra. Patricia Baxter, CEO de la Dra. Pat Baxter & Associates, LLC., habló sobre el manejo de las emociones en una charla titulada: “Emotions & Mental Wellness: Pathways, Evidence And Horizons”.




Celebrarán segundo congreso internacional de la mujer industrial en Puerto Rico

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) llevará a cabo el segundo Congreso Internacional de la Mujer Industrial bajo el lema “Redefiniendo el Éxito” los días 12 y 13 de diciembre en el Hotel San Juan.

“Luego de un exitoso primer Congreso celebrado en diciembre 2016 y que el del 2017 se viera afectado por el huracán María, venimos con muchos bríos a celebrar el segundo Congreso con un enfoque holístico promoviendo el bienestar físico y emocional de nuestro talento para cultivar organizaciones que prosperen”, anunció Elizabeth Plaza presidenta del Capítulo Mujer Industrial de la AIPR.

Esta iniciativa surge de nuestro compromiso con una agenda que identifique los mecanismos para la competitividad y balance familiar de la mujer. Sean estos via legislación, incentivos, programas patronales y o iniciativas comunitarias, queremos lograr cerrar la brecha y facilitar su progreso como recurso clave para el desarrollo socioeconómico de PR, anunció Rodrigo Masses, presidente de la AIPR.

En el Congreso de la Mujer Industrial oradores locales e internacionales, expertos en neurociencias, filosofía, psicología y gurús de la industria presentarán la última información para proveer a los participantes de herramientas claves para impulsar su poder transformador, redefinir el éxito y lograr una vida balanceada, satisfactoria y significativa.

El programa educativo incluirá cinco conferencias y tres paneles el 12 de diciembre y el 13 tendremos tres talleres. Como parte del evento se hará entrega de dos reconocimientos, uno dirigido a la Mujer Industrial por sus logros y compromiso con el desarrollo de la mujer y otro a las empresas “Driven by Women” que ofrecen oportunidades a las mujeres de potenciar su talento.

El Congreso comienza con una presentación titulada “The Thrive Revolution At Work: Redefining The Bottom Line For Our Organizations And Our Lives” a cargo de Renee Moorefield, Ph.D./CEO de Wisdom Works Group, Chair Wellness at Work-Global Wellness Institute, Inc. (GWI). Por su parte, Kathy Wengel, Executive Vice President and Chief Global Supply Chain Officer de Johnson & Johnson hablará sobre “Health For Humanity”. El tema de manejo de emociones “Emotions & Mental Wellness: Pathways, Evidence And Horizons” será presentado por la Dr. Patricia Baxter, CEO Dr. Pat Baxter & Associates, LLC.

Otros importantes temas que se tocarán son el lenguaje no verbal “Does Your Body Language Speak What You Want?” a cargo de Linda Clemons, Body Language Expert, CEO of Sisterpreneur Inc., y el poder interno “Beyond Success: Learning The Art Of Awakening Your Inner Power” a cargo de Mayra Rodríguez-Mohamed, Presidenta & CEO de Reiki Institute of PR, Health and Wellness Advisor WCP United Nations.

Durante el día habrá una serie de paneles sobre los siguientes temas: Cómo la energía transformativa promueve el éxito y la transformación cultural con la neurociencia a cargo de Yaisha Vargas, Experta en el tema de “Mindfullness” y el Dr. Noel Alicea, Ph.D. en Neurosciencia.

Por otro lado, varias empresas analizarán los programas de “wellness” en el lugar de trabajo y como cierre, ejecutivos de empresas discutirán la información compartida durante el día e intercambiarán ideas de cómo redefinir el éxito en el plano personal y corporativo.

El 13 de diciembre habrá dos presentaciones y dos paneles con temas de manejo de finanzas y calidad de vida. Entre los oradores de estos talleres se encuentran: Myrna M. Rivera, Founder and CEO, Consultiva Internacional, Inc.; Yolanda Rosich, CPA/PFS, CFP, Senior Vice President – Investments Banco Popular; Myrna Vázquez, Founder FitWallet, Industrial Engineer, Design Thinker, Educator, CCFP, CPFC; Anita Brennan, Senior Vice President – Wealth Management, UBS • Michell Feliciano, Senior Corporate Counsel, Ferraiouli LLC.; José Vélez, Director of Finance, Cardinal Health.

Para más información puede acceder a la página del Congreso: http://www.industrialwomenprma.com/




Fondos del PAN de Puerto Rico enfrentarán “precipicio” en marzo

Unos 1.4 millones de residentes de Puerto Rico se enfrentan a beneficios reducidos de asistencia nutricional o podrían perderlos por completo en marzo, a menos que el Presidente Trump y el Congreso proporcionen más fondos para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), según un informe del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.

El llamado “precipicio de marzo” se puede evitar en la legislación de desastres que los legisladores pueden considerar este mes en respuesta al huracán Michael, según el centro, un instituto de investigación y política no partidista que trabaja a nivel federal y estatal en materia de política fiscal y programas públicos que afectan a familias e individuos de ingresos bajos y moderados.

La consecuencia de la inacción será que alrededor de 100,000 personas pueden perder beneficios. Otros verán un recorte fuerte.

“Para una familia muy pobre de cuatro, por ejemplo, el beneficio máximo que actualmente asciende a $649 al mes se reducirá a $410, reduciendo los beneficios en casi $60 por persona”, según el informe.

Los beneficios del PAN no se expanden ni se reducen según la necesidad. Es una subvención global en virtud de la cual Puerto Rico obtiene un monto máximo de aproximadamente $2 billones al año y lo utiliza para brindar beneficios a hogares de muy bajos ingresos. Los $2 billones, sin embargo, no son suficientes, destaca el informe.

Según el informe, el gobernador Ricardo Rosselló ya le solicitó al presidente y al Congreso otros $600 millones en fondos del PAN para desastres, lo que permitiría al gobierno mantener los beneficios actuales durante unos seis meses más.




CPI: Los documentos que la junta quiere ocultar

Por Luis J. Valentín Ortiz

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio.

En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”.

La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público.

La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico. El pasado mes de mayo, el juez federal Jay A. García falló a favor del CPI y ordenó la entrega de estos documentos al considerarlos públicos bajo el derecho puertorriqueño. La Junta — cuyos abogados buscaron desestimar la acción para no tener que entregar los documentos requeridos — no apeló la decisión de García.

Tras más de cinco meses de espera e incumplimientos en las fechas acordadas, la Junta realizó a principios de octubre una entrega parcial: poco más de 5,600 documentos. Se espera que en enero se haga un nuevo envío de las comunicaciones requeridas, esta vez entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, según indicó la representación legal de la Junta.

Los documentos obtenidos a esta fecha corresponden a intercambios entre la Junta y entidades federales tales como el Congreso, el Tesoro y la Casa Blanca y comenzaron a publicarse hoy como parte de una serie llamada Los emails de la Junta.

Retratada la influencia del gobierno federal sobre la junta de control fiscal

¿Qué no entregó la Junta?

La Junta usó cinco tipos de justificaciones para dejar fuera de su entrega comunicaciones entre oficiales de la entidad y personas en el Congreso, el Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca, entre otras dependencias federales.

En primer lugar, la Junta mencionó el privilegio legal llamado “proceso deliberativo”. Los abogados de la Junta aseguran que las conversaciones con funcionarios federales que se dan internamente previo a la toma de decisiones de política pública, deben permanecer confidenciales. La carta indica que estas discusiones incluyen temas como el desarrollo de los planes fiscales del Gobierno, los fondos federales que recibe la isla, el uso del Título V de PROMESA para acelerar “proyectos críticos” de infraestructura y la gobernanza de la Junta.

En segundo lugar, no se entregó “un número pequeño” de comunicaciones con el Congreso, cuya divulgación alegadamente sería “detrimental al interés público y afectaría la habilidad de la Junta en ejercer sus deberes estatutarios”.

“[Los] documentos en esta categoría incluyen comunicaciones confidenciales para las cuales el interés público que se atiende en no divulgarlas prevalece claramente sobre cualquier interés público en su divulgación”, lee la misiva firmada por el abogado de la Junta, Guy Brenner del bufete Proskauer Rose. La carta no define el interés público que la Junta busca proteger.

En un tercer renglón, ciertas comunicaciones entre la Junta y agencias federales como el Tesoro no fueron entregadas debido a que “podrían tener un efecto adverso” en la economía de la isla y los mercados de capital.

Otra categoría de documentos confidenciales según la Junta corresponde al proceso de mediación que se da entre el Gobierno y sus acreedores, sujeto a una orden de la juez federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain. Esto abre la puerta a la posibilidad de que la Junta haya compartido información relacionada a la mediación con funcionarios federales o que el Gobierno de EE UU participa de estas discusiones.

Por último, las comunicaciones relacionadas “a procesos de investigación de agencias federales de orden público” como el Departamento de Justicia o el DHS, tampoco fueron divulgadas para no afectar pesquisas en curso, ni revelar técnicas de investigación.

Le aplica a la Junta el Derecho puertorriqueño

El juez federal Jay García sostuvo que la ley PROMESA no prohíbe ni limita que la Junta esté sujeta al derecho puertorriqueño en materia de acceso a la información pública.

“Debido a su relación cercana con la libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda, y el derecho a llevar pleitos contra el Gobierno, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado el acceso a la información pública como un derecho fundamental bajo la Constitución de Puerto Rico”, lee la decisión de García en el caso del CPI contra la Junta que ordena la publicación de los documentos requeridos.

El juez federal también advierte que este derecho no es absoluto y que existen ciertas excepciones reconocidas por la jurisprudencia local. Sin embargo añade que “cualquier intento de la Junta en proteger documentos de ser divulgados tiene que estar adecuadamente apoyado por el Derecho de Puerto Rico en este tema”.

En su carta, la Junta no hace alusión al derecho puertorriqueño, ni incluye referencias directas a las cinco excepciones reconocidas por el Tribunal Supremo de la isla. Estas incluyen si una ley dispone la confidencialidad de cierta información, se trata de material protegido bajo las Reglas de Evidencia, se afectan derechos constitucionales de terceros o se pone en riesgo la identidad de informantes.

También está lo que se conoce como el privilegio ejecutivo de mantener en secreto cierta “información oficial” del Gobierno, incluyendo documentos que sean parte del “proceso deliberativo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que este privilegio tampoco es absoluto y el Estado no puede reclamarlo de manera generalizada.

“Así pues, ante un balance inclinado en contra del privilegio, el gobierno — en su momento — tendrá la obligación de ‘presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos’”, lee la decisión del Juez Asociado del Tribunal Supremo, Roberto Feliberti, en el caso que llevó el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, durante el verano del 2017 en contra de la administración del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares para obtener copia de los presupuestos que entregó el Gobierno a la Junta en aquel momento.

A principios de este mes, el equipo de abogados del CPI — liderados por Judith Berkan y Steven Lausell — requirió como parte de la producción de documentos lo que se conoce en inglés como el “privilege log”, o el listado de aquellos documentos que no formen parte de la entrega bajo argumentos legales. Esta especie de bitácora debe incluir suficiente información para objetar, de ser necesario, cualquier reclamo de material privilegiado, así como las personas que participan del intercambio de estos documentos, entre otros detalles.

En su carta, los abogados de la Junta aseguran que la entrega del “privilege log” no es necesaria.




Retratada la influencia del gobierno federal sobre la junta de control fiscal

Por Luis J. Valentín Ortiz y Joel Cintrón Arbasetti

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017.

Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó: “Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años. Debo saber más para la próxima semana”.

Esa misma noche, McCann ripostó: “Ninguno de los principales grupos de acreedores (Oppenheimer, Franklin, Goldman, Ambac, etc.) con los que he hablado ha dicho que haya estado en contacto con ustedes. ¿Cuál es la discrepancia aquí?”.

“No lo sé, averiguo”, contestó García.

Decenas de ejemplos como este retratan, en blanco y negro, la relación de poder colonial del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico por medio de la Junta de Control Fiscal en más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras una demanda presentada hace un año y medio en contra de la Junta para lograr acceso a esta información pública. La entrega de documentos corresponde a las comunicaciones entre el ente rector y el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales, desde el comienzo de la Junta en el verano del 2016 hasta mayo de este año.

Ya sea desde la oficina de un congresista o de algún funcionario federal, predominan en las comunicaciones obtenidas los pedidos continuos de información y de reuniones dirigidos a miembros y oficiales de la Junta, quienes usualmente los atienden casi al instante. También aparecen discusiones, advertencias, “recomendaciones” y cuestionamientos sobre temas como la aprobación de los planes fiscales, la negociación de la deuda, el estatus político, el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las operaciones de la Junta y los fondos federales destinados a la isla tras los huracanes Irma y María.

Responden a sus oficinas congresionales

En una carta del 29 marzo de este año y dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, el congresista republicano Rob Bishop (R-Utah) arremetió contra la Junta por la falta de acuerdos entre el Gobierno y sus acreedores, así como por la implementación insatisfactoria de PROMESA.

Ese mismo día, Andrew Vecera, quien trabaja para el Comité de Recursos Naturales liderado por Bishop, escribió a Carrión: “Espero que te encuentres bien (y perdón por agobiarte con más trabajo). Anejo una carta del [representante] Bishop sobre la revisión de los Planes Fiscales. Queremos reiterar el poder que tiene la Junta con respecto a los Planes Fiscales para rechazar las acciones recientes del Gobernador [Rosselló Nevares]. Es un poco agresiva… Déjame saber si tienes preguntas, si no, espero que tengas felices Pascuas”.

Horas después, el presidente de la Junta contestó: “Gracias Andrew. Han sido unos días interesantes. Confirmo el recibo de la carta y sí, la veo fuerte y en mi opinión, en su totalidad, útil para la Junta y lo que se tiene que hacer. Entiendo el raciocinio del componente de acreedores en la carta, pero aquí mi único comentario sería que estamos activamente, en distintos frentes, buscando un acuerdo, pero se necesita buena fe de múltiples partes. De todas formas, sabemos que esto es esencial a nuestro mandato y lo vamos a luchar. Esperamos que eso se acelere después de la certificación [de los planes fiscales] del 19 y 20 [de abril]”.

Poco más de tres meses antes, en diciembre del 2016, Carrión recibió desde la oficina de Bishop copia confidencial de una carta que ese mismo congresista le enviaría a la Junta unos días después. Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bishop ha estado involucrado con el tema de Puerto Rico desde la concepción de la ley PROMESA. La semana pasada, comenzó a impulsar un nuevo plebiscito de estatus para la isla tipo ‘estadidad sí o no’, a pesar del proyecto propuesto por la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González.

“José, según discutimos hoy, anejo un borrador confidencial de la carta que el Comité de Recursos Naturales interesa enviarte como presidente [de la Junta]. Puedes compartirla con el resto de los miembros de la Junta, pero más allá de eso, favor de mantenerla confidencial. […] Por favor, déjame saber si esta carta causará problemas a la Junta”, escribió Bill Cooper, un asesor de la oficina de Bishop, a Carrión.

Cooper, uno de los autores intelectuales de la ley PROMESA y quien sonó como posible director ejecutivo de la Junta, aparece en un gran número de las comunicaciones obtenidas. En el 2017, abandonó el Congreso para liderar la nueva oficina en la capital federal del bufete puertorriqueño McConnell Valdés. El pasado mes de agosto, fue nombrado por Trump como asesor en el Departamento de Energía federal y ahora trabaja, una vez más, en el tema de Puerto Rico.

Del lado Republicano, Carrión, García, Biggs y Skeel son contactados frecuentemente por las oficinas de Ryan y Bishop, así como también del senador Orrin Hatch (R-Utah) y el líder de la mayoría Republicana en el Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky). En el caso de Hatch, el presidente del Comité de Finanzas en el Senado participó activamente en la concepción de la Junta y PROMESA y ha sido uno de los congresistas más vocales en temas relacionados a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico como la reforma contributiva y los fondos federales de salud.

La Junta también recibe supervisión directa del lado Demócrata. En el caso de Ana Matosantos — una de las tres personas impulsadas por los Demócratas para la Junta — mantiene comunicación directa con la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York).

“Este juego de acusar/adjudicarse crédito es ridículo”, escribió en un email Rosanna Torres, una asesora de Velázquez, sobre una noticia que citaba a Rosselló Nevares diciendo que la Junta no se había comunicado con él tras el paso del huracán Irma.

“De acuerdo. Especialmente dadas las circunstancias. ¿Viste nuestro comunicado? Pensé que era un asunto de circunscribirse a los hechos. No sé cómo terminamos en dime direte de nuevo (sic)”, reaccionó Matosantos.

Miembros de la Junta y el Congreso también se circulan documentos que están fuera del dominio público. Este es el caso de los comentarios de los consultores financieros de la Junta sobre los planes fiscales de Puerto Rico, los cuales compartieron con la oficina de Bishop, pero pidieron mantener confidenciales.

Según la Junta, sus decisiones responden “únicamente a los mandatos de PROMESA y a los mejores intereses de Puerto Rico”. La entidad confirmó al CPI que se comunica “regularmente con múltiples partes interesadas, incluyendo congresistas y funcionarios del Gobierno Federal, cuyas políticas públicas y acciones tienen un impacto significativo sobre la economía de Puerto Rico”.

Para leer la historia completa, visita el Centro de Periodismo Investigativo




Alegan propuesta micro red energética para la montaña recibe importantes endosos

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández alegó el miércoles que la propuesta micro red energética para la montaña recibió el endoso de la Asociación de Industriales, la Universidad de Puerto Rico (UPR), Medtronic y gran parte del poder ejecutivo y legislativo del país.

El alcalde villalbeño alegó además que la propuesta energética ha recibido también el endoso del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) de la UPR y el Sustainability Energy Center (SEC), que es el único laboratorio de micro redes en Puerto Rico.

Hernández mencionó que junto a los alcaldes de Orocovis, Morovis y Ciales, crearon el primer Consorcio Energético de la Montaña, con el que buscan utilizar la Central Hidroeléctrica y generación solar, para levantar la primera micro red de energía para la montaña. Con ello apuestan, a un nuevo surgir económico y social en dicha región.

Detalló que la iniciativa persigue producir 130 MV, combinando métodos alternos y redundancia, para beneficio de los mencionados pueblos. Ello permitirá la creación de un sistema energético sostenible que aprovecharía la energía renovable, específicamente la energía hidroeléctrica y solar. Además, el proyecto contribuirá a la reducción de la dependencia al petróleo y promoverá la protección del ambiente mediante la generación de energía limpia.

“El apoyo de la Asociación de Industriales ha sido fundamental en el progreso de nuestro proyecto”, indicó Hernández en declaraciones escritas.

Sostuvo que la gerencia de Medtronic, que lleva establecida en Villalba desde 1974 con una empleomanía de sobre 1,500 empleados provenientes del área sur-central indicó que “este proyecto nos beneficiaría al obtener estabilidad y eficiencia energética a un mejor costo, lo que nos haría más competitivos a nivel global y podría asegurar la permanencia de Medtronic en el Municipio por muchos años más”.

“En el pasado mes de septiembre, acompañamos al alcalde, Luis Javier Hernández al Congreso y hemos visto de primera mano el apoyo que esta gran iniciativa tiene en todos los congresistas. Significamos el hecho que visitamos el Departamento de Energía federal y allí el representante de la agencia, Bruce Walker, le pareció la ruta correcta para garantizar un sistema resiliente en una de las áreas más vulnerables del país. El Departamento de Energía federal, puso a su disposición su personal técnico para garantizar que este proyecto cumpla con la meta propuesta”, agregaron.

“De particular importancia resulta resaltar que el proyecto viabilizará el desarrollo económico de la región, puesto que las industrias manufactureras establecidas en la región reducirán sus costos de operación y podrán confiar en un sistema rehabilitado mediante inversión privada. Ello conduce a la creación de empleos en un área económicamente debilitada”, dijo el ejecutivo villalbeño.

Hernández dijo que la operación de la central no le es ajena al municipio de Villalba. Tras el paso del huracán María, en ánimo de proveer energía a la región, el municipio de Villalba realizó una inversión para reparar la planta utilizando sus recursos y empleados municipales. Ello le permitió proveer energía eléctrica, a tan solo 30 días luego del huracán, al casco urbano, residenciales y escuelas públicas y a Medtronic.

Por último dijo que el consorcio energético ha encaminado también un diálogo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a los fines de garantizar que el servicio de agua se mejore para el beneficio de nuestra gente. Las mejoras que realizarán al sistema de embalse y tuberías beneficiaran a la AAA y lograrán brindar a dicha agencia el ahorro energético que tanto necesita.




Presentan en el Congreso proyecto para extender cubierta de FEMA en Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González anunció el lunes que coauspició la Ley Compromiso (HR 6859) junto al congresista José Serrano que extendería el 100 por ciento de las exenciones de costos compartidos para las categorías A y B de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico.

La medida busca garantizar que el gobierno federal cubra los costos de asistencia de emergencia a la isla como resultado del huracán María.

“Un año más tarde, tenemos los elementos para reconstruir a Puerto Rico. Tenemos el espíritu de lucha para enfrentar la adversidad, tenemos la fuerza para abrirnos camino, pero, sobre todo, y tenemos la fe para emprender esta encomienda con firmeza. La firma de este proyecto nos ayudará a continuar trabajando por nuestra isla para proveerles las herramientas necesarias para la reconstrucción total que Puerto Rico necesita”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

Detalló que en 2007, se incorporó un lenguaje similar en la Ley Pública 110-28 para ampliar las exenciones de costos compartidos locales para los estados de la costa del golfo después de los huracanes Katrina por lo cual se entiende que el Congreso debería actuar de la misma forma ante el resultado de este desastre en la isla.

“El 15 de agosto pasado FEMA anunció que no continuaría cubriendo el costo total de estos gastos, que ahora será una carga adicional para el gobierno local y obstaculizará los esfuerzos de recuperación. Para la Categoría A, la decisión fue efectiva ese mismo día; para la categoría B, la decisión entró en vigor el 15 de septiembre. Si bien el Gobernador de Puerto Rico apeló la decisión, no es aparente que FEMA tenga la intención de revertirla”, sostuvo la funcionaria.

Señaló que los reportes que se han recibido de FEMA indican el nivel de desastre que Puerto Rico sufrió luego del huracán fueron mucho mayor y aún se continúan llevando a cabo trabajos de recuperación para la isla.

“La incorporación de este lenguaje ayudará a asegurar que el gobierno federal asuma responsabilidad total por la recuperación de Puerto Rico ya que como ciudadanos americanos que continúan recuperándose, no merecen menos”, finalizó.

Gobierno firma acuerdo de $1,500 millones en subsidios para recuperación de desastres




Congreso realiza vista sobre préstamos por desastre de Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, quien es miembro del Comité de Administración de Pequeños Negocios, interrogó a oficiales de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) sobre la demora en el proceso de desembolso de los préstamos por desastre a los pequeños empresarios en la Isla.

La Comisión de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes federal, presidida por Steve Chabot, celebró una audiencia pública el miércoles para supervisar la respuesta de la SBA al huracán María en Puerto Rico.

Existen más de 8,000 pequeñas empresas que no han podido abrir sus puertas después de que el fenómeno atmosférico azotara la isla el pasado mes de septiembre por varias razones, como la negativa de las compañías de seguros a pagar los montos adeudados por reclamos por daños y perjuicios, expresó el presidente del Centro Unido de Detallistas, doctor Jorge Argüelles Morán.

Entre las agencias federales que desempeñan un papel activo en la respuesta y recuperación ante desastres, SBA tiene un papel principal en la asistencia directa a pequeños empresarios, incluida la disponibilidad de préstamos de reparación de viviendas de hasta $200,000 y para reparaciones de empresas o negocios de hasta $2 millones.

En Puerto Rico, la división de desastres de la SBA recibió 102,619 solicitudes de préstamos después de María. De estos, 52,045 han sido aprobados, por un total de $1,835,548,900 billones en préstamos a bajo interés.

Como parte del proceso de alivio de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los sobrevivientes del huracán tuvieron que completar la solicitud de préstamo de la SBA. Cuando la solicitud fue denegada, el solicitante automáticamente podía acceder a la ayuda a través de FEMA, según un comunicado.

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Esto se divide en 49,433 préstamos para vivienda, 2,188 para negocios, 424 por daños económicos para un total de 52,045 préstamos aprobados. Se reflejan en asignaciones de fondos de $1,630,533,800 para vivienda, $182,950,900 para negocios, $22,064,200 para pagar daños económicos que se traducen en $1,835,548,900 en dólares aprobados, lee el comunicado.

Con el huracán Irma, esto se divide en 28 préstamos para vivienda, 2 para empresas y 7 para daños económicos por un total de 37 préstamos aprobados. Se reflejan en asignaciones de fondos de $1,142,300 para vivienda, $238,800 para negocios, $272,000 por daños económicos que se traducen en $1,653,100 aprobados.

“Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, le agradezco a la Administración de Pequeñas Empresas por su compromiso de mejorar las condiciones en Puerto Rico. Quiero agradecer al comité por celebrar esta audiencia sobre préstamos por desastre y aprobar el dinero para empresarios. En algunos casos, el proceso de desembolso de estos ha tomado de uno a seis meses. Esa es la preocupación que recibo de los comerciantes. Tenemos que acelerar el desembolso de los recursos aprobados por el Congreso “, dijo la comisionada