[Detalles] Inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi

Los nueve jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico determinaron de forma unánime que la juramentación de Pedro R. Pierluisi Urrutia como gobernador de Puerto Rico es inconstitucional.

“Somos concientes de la trascendencia de nuestra decisión para la estabilidad del gobierno y la paz social. Unánimemente y tras un análisis detenido del derecho aplicable, concluimos que… es inconstitucional. El Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, secretario de Estado designado en receso, juró como gobernador el viernes 2 de agosto del 2019, amparado en la presunción de legalidad que acompaña a toda ley vigente. Sin embargo, en vista del resultado al que llegamos hoy, esa juramentación es inconstitucional”, reza la decisión del Supremo.

Con ese lenguaje, podría entenderse que Pierluisi Urrutia continúa como secretario de Estado en receso hasta tanto su nombramiento no sea derrotado en el Senado o renuncie a la posición.

El máximo foro ordenó que Pierluisi salga de la silla de gobernador a las cinco de la tarde de hoy por lo que siguiendo el orden de sucesión que se establece en la Ley 7 original, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced se convertirá esta misma tarde en la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico.

Hace siete meses Vázquez Garced fue denunciada por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por presuntamente intervenir indebidamente en un caso criminal en el que su hija había resultado víctima de un atraco. Vázquez Garced ha sido señalada además de supuesta inacción en investigaciones que involucran allegados del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Hoy el Supremo resaltó en su opinión, escrita por el juez asociado Rafael L. Martínez Torres y con la que votaron conforme todos los jueces, que tras una lectura del Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente el secretario de Estado tiene que ser confirmado por ambas cámaras legislativas para que pueda asumir la gobernación en caso de ausencia permanente del gobernador.

Pierlusi Urrutia solo logró la confirmación de la Cámara de Representantes el pasado viernes antes de decidir que juramentaría como gobernador de Puerto Rico ante la salida de Ricardo Rosselló Nevares.

“La intención de los padres de nuestra Constitución fue perpetuada en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente… En otras palabras, en lugar de la participación indirecta del Pueblo, mediante la elección del sucesor del Gobernador, se optó por la participación indirecta del Pueblo, mediante la confirmación del Secretario de Estado por los legisladores de ambas cámaras, a quienes el Pueblo eligió”, detalla la opinión del Supremo.

Según el máximo foro el nombramiento de secretario de Estado de Pierluisi fue ratificado por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado y “en esas circunstancias, no puede ocupar la gobernación”.

“No podemos aceptar la argumentación del secretario nominado (Pierluisi) para aseverar que el Senado perdió su autoridad para considerar su nominación como secretario de Estado, porque como él había tomado posesión del cargo mientras las cámaras legislativas estaban en receso, se podía adelantar a juramentar como primer ejecutivo al concretarse la vacante en ese cargo… La juramentación de un gobernador en propiedad para completar el término para el que otra persona fue elegida, requiere la participación de los legisladores electos en representación del Pueblo”, detalla.

El Supremo puntualizó que la única manera para resolver la situación y traer el sosiego que Puerto Rico merece es “ateniéndonos todos al mandato que nuestro Pueblo fijó en su Constitución”.

“Resolvemos, pues, que el secretario de Estado no puede ser gobernador por el resto del cuatrienio sin ser antes el secretario de Estado en propiedad. Para serlo, necesita el aval de ambas cámaras legislativas… Por ende, el Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que ésta opinión y sentencia sea efectiva. Para garantizar una sucesión ordenada en la posición de Gobernador, este dictamen será efectivo hoy a las cinco de la tarde”, concluye el Supremo.

Aplauden decisión del Supremo
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz celebró la sentencia en favor de su reclamo de que la juramentación de Pierluisi Urrutia era inconstitucional.

“Con absoluta legitimidad buscaremos verdadera paz y estabilidad. Ahora es cuando verdaderamente terminó y saldrá del gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba, violaba la ley y traicionaba Puerto Rico”, reaccionó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.

Rivera Schatz puntualizó que “ahora continuaremos la agenda de trabajo para un mejor Puerto Rico con Jenniffer González Colón y todo el liderato electo del Partido Nuevo Progresita”.

Por su parte, la comisionada residente y quien se perfila como la candidata predilecta de la Legislatura para llegar a la Gobernación en lo que resta del cuatrienio, expresó que hoy ganó el Pueblo de Puerto Rico tras la determinación del Supremo de mantener “la fiel obsercancia de la Constitución”.

“Lo que hizo el Supremo fue hacer valer la Constitución – que es el mandato del pueblo. El Senado hizo lo correcto. Sacó la controversia del debate político y partidista para que fuera decidida por el Tribunal Supremo de acuerdo a la Constitución. No se puede restaurar el sentido de estabilidad, ni recuperar la credibilidad a costa de la institucionalidad. Si algo es importante para recuperar la credibilidad en Washington es demostrar que somos capaces de gobernarnos de acuedos a nuestra propia Constitución”, indicó González Colón.

Sentencia




[Columna] Cláusula de separabilidad e interpretaciones inconstitucionales

Nota del editor: El autor es  abogado licenciado. Obtuvo un bachillerato en la Universidad de Syracuse y un J.D. de la Universidad Interamericana y fue director asociado de la Revista Jurídica.

Por licenciado Carlos Morell Caballero

El exsecretario de Estado, Ferdinand Mercado Ramos, expresó en una columna en el Nuevo Día que un “agravante” de la situación que vive Puerto Rico es que “[l]a ley de Sucesión no tiene cláusula de separabilidad[,] por lo que de declararse inconstitucional antes de que comience la próxima sesión ordinaria el gobernador Pierluisi tendría que abandonar su cargo y no existiría sucesión”. Similarmente el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández, se expresó en una columna, también en el Nuevo Día, al indicar que “un planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley 7 de 24 de julio de 1952, podría borrar de un plumazo todo su contenido por esta no contar, inexplicablemente con una cláusula de separabilidad”. 

Estos planteamientos han sido parte de la discusión pública ante la controversia de si la “Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador”, Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada en el 2005, permite la sucesión a la gobernación de forma permanente a un secretario de Estado que no fue confirmado por ambas cámaras legislativas previo a asumir el cargo; controversia que ahora se encuentra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico como resultado de la impugnación de la “juramentación”1 del licenciado Pierluisi Urrutia como Gobernador incoada por el Senado de Puerto Rico y su presidente, Thomas Rivera Schatz.  

De entrada, una cláusula de separabilidad es un estribillo que se incluye en las leyes en que se expresa que si una parte o artículo de una ley es declarada inconstitucional por un tribunal, el resto de la ley se mantiene vigente. En esencia, la ausencia de una cláusula de separabilidad sugiere que las cláusulas o artículos de una ley no son separables entre sí, y no considerar todos los artículos en conjunto crearía una ley hueca, mientras la presencia de este tipo de cláusula sugiere lo contrario, entiéndase que los artículos y secciones de una Ley son “separables”.  

Ahora bien, se ha resuelto que la presencia o ausencia de este tipo de cláusula ante el cuestionamiento de la validez de una ley lo que establece es una serie de presunciones: (1) que en ausencia de una cláusula de separabilidad, se presume que la Legislatura tuvo en mente que la ley fuera efectiva en su totalidad y (2) que se presume la separabilidad cuando el estatuto la contiene, ya que el propio texto decretativo demuestra tal intención legislativa. Debe quedar claro que toda presunción legal es rebatible, y la ausencia de este tipo de cláusula no debe verse como algo necesarimente “fatal”. 

Sin embargo, de considerarse “fatal” la ausencia de la “cláusula de separabilidad”, probablemente lo que se declararía inconstitucional es la enmienda del 2005, lo que “restauraría” la versión previa de la Ley, que no contenía la confusa y alegada “excepción de confirmación” en cuanto al secretario de Estado. Sin embargo, independientemente al posible efecto limitado de la ausencia de la cláusula, en el análisis de estos escenarios también se olvida constantemente que el Tribunal Supremo tiene las herramientas, y se podría decir la obligación, que al resolver la controversia lo haga sin dejar a Puerto Rico huérfano de una ley de sucesión. Y es que, como regla general, lo que existen son interpretaciones inconstitucionales de las leyes, no leyes inconstitucionales.  

Ya hace 61 años el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de ELA v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958), discutió uno de los principios básicos de análisis de controversias constitucionales ante los foros judiciales: si se cuestiona la validez de una ley, aun cuando existan serias dudas sobre su constitucionalidad, el tribunal debe vislumbrar si existe una interpretación razonable de la ley, para así evadir la controversia constitucional. En palabras sencillas: declarar inconstitucional una ley es la última alternativa.   

Podemos hallar un ejemplo de lo anterior en Milán v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981), en el que se cuestionó la constitucionalidad del entonces Artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico, el cual establecía que el derecho a alimentos luego de un divorcio era para la exesposa que no contara con suficientes medios para vivir. Dado que de una lectura del artículo se podía concluir que un hombre no podía solicitar alimentos, se cuestionó su validez. Sin embargo, para “salvar” la constitucionalidad del artículo en cuestión, el Tribunal Supremo confirmó al Tribunal de Primera Instancia, que había concluido que para cualquier propósito, el hecho de que únicamente se señalara a la mujer como quien podía solicitar alimentos, no excluía que un hombre pudiese hacerlo. ¿Qué hubiese ocurrido si el Tribunal Supremo hubiese acudido, sin mayor análisis, a la opción fatalista de declarar inconstitucional el artículo de alimentos entre excónyuges? Pues que Puerto Rico se hubiese quedado sin un artículo que regulara este tipo de causa de acción, obligando a la Asamblea Legislativa a crear y examinar un proyecto de ley para añadir nuevamente tal causa de acción, y creando posiblemente lagunas jurídicas en reclamaciones que se encontraban en trámite.  

El Tribunal Supremo también ha dejado claro que parte de sus obligaciones incluye brindarle efectividad a la intención legislativa de los estatutos, incluyendo situaciones en que sea menester sustituir o eliminar judicialmente alguna frase en la ley que pudiera haber sido incorporada a un estatuto por inadvertencia o error, protegiendo así la intención del legislador.  

De la acción que se encuentra pendiente ante el Tribunal Supremo —que probablemente decidirá la legitimidad de la “Gobernación” de Pierluisi Urrutia—, se desprende que la “inconstitucionalidad” de la Ley Núm. 7 se presentó en la alternativa, ya que el principal planteamiento se cimienta en la posibilidad de brindarle una interpretción constitucional a tal precepto, utilizando como base la Exposición de Motivos de la enmienda del 2005.2 

En fin, existen interpretaciones razonables a la presente situación —tomando en consideración lo dispuesto en nuestra Constitución y las expresiones plasmadas en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente— sin tener que llegar al declararla inconstitucional. De igual manera, si bien la señalada ausencia de una cláusula de separabilidad crea unas presunciones, el Tribunal Supremo no está desprovisto de las herramientas y la autoridad para subsanar la controversia en torno a la Ley Núm. 7 y armonizarla con los preceptos constitucionales que rigen nuestro ordenamiento, y así no tener que llegar a la medida extrema que Puerto Rico se quede sin una Ley de sucesión.  




Juez ordena vista urgente para atender impugnación del Senado

 El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan ordenó se lleve a cabo una vista urgente a las 6:00 de la tarde del lunes ante la demanda presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz con la que pretende impugnar la gobernación de Pedro Pierluisi.

El recurso de interdicto fue presentado el domingo en la noche a nombre del Senado de Puerto Rico para impugnar la juramentación del licenciado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico debido a que la ley en la que se basó para asumir el cargo es inconstitucional.

La parte demandanda es el gobierno de Puerto Rico representando por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi como gobernador juramentado.

En el escrito, el Senado argumenta que tras su designación como secretario de Estado el pasado 31 de agosto, el propio Pierluisi aceptó someterse al proceso de consejo y consentimiento de Cámara y Senado y pidió que previo a la votación se le diera la oportunidad de una vista pública.

Además sostienen que la convocatoria a la sesión extraordinaria por parte de Rosselló para atender como único asunto la confirmación de Pierluisi es un reconocimiento de que se requería el consentimiento de ambas cámaras.

La Cámara de Representantes realizó dicha vista pública el pasado 2 de agosto en la mañana y en horas de la tarde confirmó a Pierluisi como secretario de Estado. En el Senado la audiencia estaba citada para el lunes 5 de agosto y la votación para el miércoles.

Aún sin haber pasado por el aval del Senado, a las 5:01, cuando se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, Pierluisi juramento como gobernador, según dijo a la prensa, por decisión propia.

“Siendo efectiva la renuncia de Rosselló Nevares a las 5:00 pm del viernes 2 de agosto de 2019, el demandado Lcdo. Pierluisi Urrutia juramentó ese cargo sin haber completado el proceso constitucional de consejo y consentimiento legislativo. Poco después de la 5:00 pm, el demandado realizó una conferencia de prensa en La Fortaleza. A la pregunta específica de la prensa de “¿Si no se confirma, usted saldría del cargo de gobernador?”, el demandado Pierluisi Urrutia contestó textualmente: “[s]i no ratifican mi incumbencia, entonces la Secretaria de Justicia, con quien yo me he comunicado, está en plena disposición de asumir el cargo de gobernadora”, dice la demanda como argumento del reconocimiento de Pierluisi a la necesidad del aval senatorial.

De otra parte, la alcaldesa de San Juan junto al abogado Frank Torres Viada, radicó en el máximo foro judicial una petición de “quo warranto”, tal y como había adelantado. “A las 8:39 am se radicó caso en Tribunal Supremo. Ahora se están diligenciando emplazamientos”, anunció Cruz en su cuenta de Twitter @CarmenYulinCruz junto a varias imágenes.

Por su parte, Pierluisi señaló en declaraciones escritas, que espera los tribunales atiendan el pleito “con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”.

Mientras, Rivera Schatz publicó en su red social de Facebook que “no existe circunstancia que ubique a alguien por encima de la Ley. Nuestra ciudadanía recientemente exigió de forma contundente AUTORIDAD MORAL en el Gobierno. La democracia se robustece con las expresiones, marchas, protestas, reclamos en las cortes, primarias, plebiscitos y elecciones, entre muchos otros escenarios. ¡Que bueno que es así!… Jamás negociaré principios y valores por NINGUNA CONVENIENCIA INDIVIDUAL”.

El domingo además se informó que el Senado canceló una Comisión Total en la que se atendería el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado. Sin embargo, para las 3:00 de la tarde se convocó una sesión extraordinaria. La Cámara confirmó el nombramiento el viernes pasado.

En la mañana del lunes, el Senado presentó una petición de certificación al Tribunal Supremo para que acoja la solicitud de interdicto preliminar entendiendo que este es un caso novel de primer orden “y de un alto interés público relacionado con la interpretación de la ley número 7 del 2005.”

Entretanto, Pedro Pierluisi expresó que “he estado muy atento a las acciones del Senado de Puerto Rico en cuanto a mi juramentación e incumbencia como gobernador de Puerto Rico.”

“Me parece correcta la decisión de cancelar la vista pública de hoy, ya que, como he dicho en repetidas ocasiones, al presente no hay nombramiento alguno pendiente de confirmación ante la consideración de Senado”, añadió.

“Les recuerdo a todos que yo juramenté como gobernador estando en plena posesión del cargo de secretario del Departamento de Estado. Juré a ese cargo mientras la Asamblea Legislativa estaba en receso, pues ese juramento se dio el miércoles 31 de julio a las 5:00 de la tarde y la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa no comenzó hasta el jueves a las 11:00 de la mañana”, dijo.

“Según he dicho anteriormente, mi juramentación como gobernador estuvo fundamentada en el lenguaje expreso de la sección 7, del artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico y en las disposiciones expresas de la ley 7 del 2005, la cual fue debidamente avalada por el Secretario de Justicia en aquel entonces”, agregó.

“Una vez más, deseo expresar mi enorme gratitud ante las demostraciones de apoyo que he recibido luego de mi designación como secretario del Departamento de Estado y posterior a mi juramentación como gobernador de Puerto Rico. Esas muestras de cariño y respeto son significativas para mí porque vienen directo de la gente, de instituciones, de organizaciones sociales, en fin, de todos los sectores. Me siento sumamente honrado y agradecido”, indicó.

“Hoy, recabo la mayor mesura y prudencia posible de parte del Senado respecto a la presente situación y estaré muy pendiente a la sesión que se llevará a cabo en su hemiciclo a partir de las 3:00 de la tarde”, mencionó.

Por otro lado, el Tribunal Supremo anunció que atenderá la demanda del Senado sobre la impugnación de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

El Supremo dio hasta mañana a mediodía para que las partes presenten sus argumentos. Además, no concederán prórrogas.

-CyberNews contribuyó a esta nota




[Documento] Senado pide ‘injuntion’ para que Pierluisi no pueda seguir ejerciendo como gobernador

(Suministrada)

El Senado de Puerto Rico presentó ante el
Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda en la que pide a la corte
que ordene al licenciado Pedro Pierluisi, a cesar sus funciones como “gobernador
juramentado” debido a que la ley en la que se basó para asumir el cargo es inconstitucional.

La parte demandanda es el gobierno de Puerto
Rico representando por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced y Pedro
Pierluisi como gobernador juramentado.

En el escrito presentado el domingo a las 7:44 de la noche, el Senado argumenta que tras su designación como secretario de Estado el pasado 31 de agosto, el propio Pierluisi aceptó someterse al proceso de consejo y consentimiento de Cámara y Senado y pidió que previo a la votación se le diera la oportunidad de una vista pública.

Además sostienen que la convocatoria a la sesión extraordinaria por parte de Rosselló para atender como único asunto la confirmación de Pierluisi es un reconocimiento de que se requería el consentimiento de ambas cámaras.

La Cámara de Representantes realizó dicha
vista pública el pasado 2 de agosto en la mañana y en horas de la tarde confirmó
a Pierluisi como secretario de Estado. En el Senado la audiencia estaba citada
para el lunes 5 de agosto y la votación para el miércoles.

Aún sin haber pasado por el aval del Senado,
a las 5:01, cuando se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, Pierluisi
juramento como gobernador, según dijo a la prensa, por decisión propia.

“Siendo efectiva la renuncia de Rosselló Nevares a las 5:00 pm del viernes 2 de agosto de 2019, el demandado Lcdo. Pierluisi Urrutia juramentó ese cargo sin haber completado el proceso constitucional de consejo y consentimiento legislativo. Poco después de la 5:00 pm, el demandado realizó una conferencia de prensa en La Fortaleza. A la pregunta específica de la prensa de “¿Si no se confirma, usted saldría del cargo de gobernador?”, el demandado Pierluisi Urrutia contestó textualmente: “[s]i no ratifican mi incumbencia, entonces la Secretaria de Justicia, con quien yo me he comunicado, está en plena disposición de asumir el cargo de gobernadora”, dice la demanda como argumento del reconocimiento de Pierluisi a la necesidad del aval senatorial.

El escrito sostiene que tanto la juramentación
como la ocupación del cargo de gobernador por parte de Pierluisi, “son nulas,
ya que la Constitución de Puerto Rico establece de forma clara, para una
situación como la aquí descrita, que para ocupar el cargo de Gobernador ante
la renuncia efectiva de Rosselló Nevares, el Lcdo. Pierluisi Urrutia tenía
que ocupar el puesto de Secretario de Estado en propiedad al momento
en que la misma fue efectiva. Ello no ha ocurrido aún, pues el Senado de
Puerto Rico no ha finalizado su responsabilidad constitucional de consejo y
consentimiento para dicho nombramiento. Como corolario de ello, el Lcdo.
Pierluisi Urrutia no puede continuar ostentando el cargo de Gobernador al que
juramentó el 2 de agosto de 2019 y, cualquier decisión que haya tomado en
tales funciones desde dicha juramentación, es igualmente nula”.

Para el Senado, Pierluisi “usurpó las prerrogativas de consejo y consentimiento que tiene el Senado de Puerto Rico, con relación al nombramiento de Secretario de Estado”.

Demanda del Senado contra Pedro Pierluisi
https://www.documentcloud.org/documents/6239695-Documento-Principal-5.html

El Senado convocó a sesión a los miembros de
ese cuerpo para el lunes a las 3 de la tarde como parte de la convocatoria a
sesión extraordinaria que emitió el saliente gobernador Rosselló para
considerar la designación de Pierluisi como secretario de Estado.




Cámaras legislativas no iniciaran proceso para residenciar a Rosselló

La coyuntura para iniciar un proceso de redenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares pareció disiparse en la noche del domingo cuando tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz informaron que primero darán espacio para llenar las vacantes importantes que permitan dar orden al gobierno.

Por el momento, los legisladores de mayoría en ambas cámaras legislativas rechazaron también exigir la renuncia del mandatario hasta que no se haya puesto orden en la rama ejecutiva.

Los reclamos de renuncia a Rosselló Nevares se incrementaron este fin de semana luego de que se divulgaran 889 páginas de un chat de la aplicación Telegram, en el que el gobernador y su círculo más cercado de asesores y funcionarios se mofaban de correligionarios, opositores, miembros de la prensa y distintas personas del quehacer político y social; al mismo tiempo que atendían asuntos de política pública y compartían documentos sensitivos y confidenciales con personas contratistas y cabilderos.

La divulgación del documento llevó al gobernador a despedir al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, a su asesor en comunicaciones, Carlos Bermúdez y al representante del gobierno ante la junta de control fiscal, Christian Sobrino.

“Ahora mismo nosotros tenemos que atender la vacante que hay
de secretario de Estado. En caso de que pudiese ocurrir una renuncia del
gobernador, es la persona que está llamada a sustituir al gobernador hasta que
termina el mandato de ese gobernador que fue electo. Eso es un asunto que es
prioritario. El llamado que le estoy haciendo al gobernador, es que previo a
que envíe ese nombramiento, nos podamos reunir él y yo con el presidente del
Senado para buscar unos candidatos que cuando sean presentados a la Asamblea
Legislativa, no tenga ninguna dificultad en su confirmación”, dijo el
presidente cameral al culminar la reunión de Caucus en el hotel Confort Inn en
Toa Baja, entrada la tarde.

Al filo de las 10 de la noche, el líder senatorial Thomas Rivera Schatz indicó por su parte, que su delegación va “a resolver este asunto”.

“Vamos poner a poner orden donde corresponde poner orden y vamos a tener las personas adecuadas en los cargos en que deben estar”, dijo en referencia a las negociaciones internas que se llevan a cabo en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para buscar una salida al gobernador que no ponga en precario las posibilidades electorales de esa colectividad.

Manejo con madurez y carácter

“Lo vamos a estar manejando con madurez y carácter, con
un proceso inteligente y maduro”,  añadió.

Rivera Schatz fue enfático en decir que “la oposición
política no va a definir el curso de acción del gobierno de Puerto Rico”. “Nosotros
nos queremos revelar o discutir públicamente algo que nos corresponde resolver
y que confiamos en que va a resolverse en las próximas semanas”, sostuvo.

Más temprano, las senadores novoprogresistas Zoé Laboy y Evelyn
Vázquez insistieron en el programa “Jugando Pelota Dura” que Rosselló Neváres
debía renunciar.

En sus expresiones a la prensa, el presidente del Senado
pareció no rechazar esa posibilidad, pero anticipó que todo se daría a su
tiempo.

Por su parte, el presidente de la Cámara dijo que hay
interés en sugerir personas para la vacante.

“Estamos buscando hacerle una sugerencia al gobernador. No
la hay al momento, porque se requiere que hay consenso con los compañeros del
Senado, con el señor gobernador y tiene que haber disponibilidad de esas
personas. Estamos tratando de buscar a alguien que no esté actualmente en el
mundo político, sino una persona que pueda traerle tranquilidad al pueblo
puertorriqueño y venga a aportar también al gobierno. Ese nombre ahora no lo
tenemos”,  expresó.

“El problema es que a raíz de todos los acontecimientos y
poder pararse o sentarse frente a ustedes, tiene que haber una gran
disponibilidad y un sacrificio personal. Hay gente muy capacitada que yo podría
dar nombres ahora, pero de entrada me van a decir que no”, añadió.

El secretario de Estado es la única de las vacantes que tiene que ser escogido por ambos cuerpos legislativos. Rivera Schatz indicó que igualmente importante es llenar la silla del representante del gobierno ante la junta de control fiscal por lo adelantados que estan los procesos de negociación de la deuda ante el tribunal federal.

Representantes novopresista tras salir del caucus donde deliberaron sobre el posible residenciamiento de Ricardo Rosselló.

Retiro de confianza como candidato

En cuanto al retiro de confianza como candidato a la
reelección, no así para continuar como gobernador,  el presidente cameral
insistió en que se trata de dos procesos distintos.

“Una cosa es el candidato a un puesto político y otra cosa
es el candidato que escogió el pueblo. Yo le estoy dando espacio para que como
pidió hacer un acto de introspección y nos presente a nosotros cuál es su
decisión final. Si él decide mantenerse en el cargo, nosotros vamos a ver los
próximos acontecimientos y esos próximos acontecimientos pueden demostrarle a
él o a nosotros quien finalmente tiene la razón”  mencionó.

A su entender,  el gobernador fue electo por el pueblo
para el cargo, y por lo tanto, para comenzar un proceso de residenciamiento,
tienen que seguirse lo que dicta la Constitución.

“Yo- o ninguno de nosotros -puede obligar a una persona a
renunciar que fue electo para ocupar ese cargo. A menos que se constituyan unos
elementos que están especificados en la Constitución que hoy no existen.
Quieren que abramos nosotros una investigación a lo cacería de brujas y
empecemos a incautar celulares y computadoras, cuando ya la secretaria de
Justicia (Wanda Vázquez Garced) dijo que lo va a hacer. Vamos a mantener esa
puerta abierta y no vamos a renunciar a ella”, declaró.

“Hay cosas que aparentan la posible comisión de delitos.
Pero como la secretaria de Justicia dijo que iba a hacer una intervención y
evaluación sobre eso, es ella la experta en términos de la investigación. Yo le
voy a ella la deferencia sin cerrar la puerta “, abundó.

Los criterios que da la Constitución para residenciar al
gobernador son: soborno, traición, delito grave o menos grave que implique
depravación.

 “Tiene que haber una petición, que por lo menos llegue a 34 votos. Tiene que haber un pliego acusatorio, que él no lo somete. Así que yo le estoy devolviendo la comunicación diciéndole, ‘oye, tú eres estudiante de derecho, léete la Constitución, léete lo que dice la ley y cumple con lo que dice la Constitución y cumple con lo que dice la ley”, mencionó.

Rosselló no se quita

En la tarde, a pesar de haberse anticipado que no haría
declaraciones públicas, el gobernador  Rosselló
Nevares envió un comunicado de prensa en el que informó que se reunió con
miembros de su equipo de trabajo y jefes de agencia, así como que había conversado
“con otros que se agregarán al equipo”.

“Me encuentro realizando una evaluación profunda que
permitirá que se cumplan los objetivos de gobernanza, obra pública y servicios
a nuestro pueblo”, dijo Rosselló Nevares.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y
externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las
áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de
infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que
es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y
hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y
durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme
de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han
manifestado para continuar en esta gestión”, agregó.

Asimismo, se informó que Rosselló Nevares ha estado
trabajando en varias iniciativas de rendición de cuentas y transparencia para
combatir la corrupción. Estas serán dadas a conocer en el transcurso de esta
semana.

En la mañana, el gobernador participó  de un culto en la Iglesia El Calvario AD en
Carolina, donde pidió perdón y oración por el momento que estaba pasando.




Rosselló presenta reforma educativa con aumento salarial a maestros

El gobernador Ricardo Rosselló junto a la secretaria de Educación, Julia Keleher, y la senadora Zoé Laboy. (Suministrada)

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares enviará el martes a la Legislatura un anteproyecto de ley para “transformar” el actual sistema público de enseñanza que buscaría combatir la excesiva burocracia, darle un presupuesto adecuado a cada plantel, viabilizar las llamadas escuelas “charter” y establecer un programa de vales educativos.

Este es el segundo mensaje al país transmitido por radio, televisión e internet que realiza el mandatario en las últimas dos semanas. El anterior, realizado el lunes pasado, fue para anunciar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La legislación relacionada a ese anuncio aún no ha sido presentada.

En su alocución, el primer ejecutivo hizo énfasis en la necesidad de “un sistema enfocado en el estudiantado que fomenta modelos exitosos de educación”. En ese sentido, Rosselló Nevares manifestó su descontento con el sistema actual que catalogó de burocrático y poco efectivo para atender las necesidades del estudiantado, población que segun el mandatario se ha visto reducida en un 30% desde el 2010 hasta hoy.

“El sistema educativo actual no responde a lo que se necesita para capacitar a nuestros estudiantes para triunfar en un mundo cada vez más competitivo y complejo”, aseveró Rosselló Nevares.

Esta iniciativa del Ejecutivo no es nueva, pues el mandatario ya había adelantado su intención de realizar cambios estructurales al sistema público de enseñanza  durante su primer mensaje de situación en febrero pasado, anuncio que provocó fuertes críticas por parte de la clase magisterial, la cual catalogó las iniciativas como un refrito de lo que intentó impulsar sin éxito el exgobernador Pedro Rosselló González en la década de 1990.

De igual forma, durante el pasado cuatrienio se presentaron propuestas similares para mejorar los índices de aprovechamiento escolar y descentralizar el Departamento de Educación, pero la oposición de los grupos magisteriales y de algunos líderes políticos del ahora gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) mataron la iniciativa.

La transformación del sistema educativo viene acompañada, dijo Rosselló Nevares, de un aumento salarial de $125 mensuales a los maestros y la implementación de beneficios adicionales por logros, lo que se conoce en inglés como career ladder. De concretarse, este sería el primer aumento salarial en 10 años que reciben los maestros del sistema público.

“En Puerto Rico tenemos un extraordinario talento, inteligencia y capacidad creativa en nuestros estudiantes y maestros. Lo que falta es un sistema que les permita desarrollar esos talentos y destrezas a su máximo potencial. En esta misión, se nos va la vida”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas, tras concluir la transmisión.

Denuncian Rosselló intenta revivir medidas que son inconstitucionales

En concreto, el gobernador adelantó que le apostará a la descentralización y autonomía regional con una nueva estructura administrativa, la cual reduciría la burocracia e incrementaría la rendición de cuentas. “Los superintendentes seleccionados deberán ser profesionales capacitados con conocimiento en administración y finanzas”, expuso.

Además, indicó que en cumplimiento con el plan fiscal, establecerá una reducción en planteles y se designará una facultad completa para cada escuela, medida que entiende que garantizará que el dinero presupuestado llegue directamente a cada alumno.

“Le sigue el tema del presupuesto: estableciendo el concepto de asignación monetaria por estudiante, para tener claridad en las necesidades que se tienen que cumplir en los planteles escolares. Así garantizamos visibilidad en el uso del dinero, logrando con el sistema descentralizado, que al menos el 70% del presupuesto llegue a las escuelas”, auguró el mandatario.

Como segundo pilar de la reforma educativa, Rosselló Nevares anunció la implementación de las Escuelas Alianza o escuelas charter para permitir que organizaciones fuera del gobierno puedan administrarlas.

“Estudios recientes han demostrado que por cada $20 que invierte el Gobierno en educación, las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer un trabajo mejor con $1. Estas escuelas continuarán siendo del Estado y estarán sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas”, enfatizó el gobernador quien dejó claro que los padres tendrán la opción de matricular a sus hijos en esas escuelas o en los planteles bajo el manto de Educación.

Revive los vales educativos

Por último, el primer mandatario adelantó que su medida incluirá un Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas, iniciativa que daría inicio durante el año escolar 2019-2020.

“Como alternativa para promover la igualdad de acceso a la educación de calidad, se creará este programa de libre selección. Tú serás quien tendrás el poder de decidir dónde se educan tus hijos. Para lograrlo, se necesita hacer unos ajustes en el próximo semestre escolar”, indicó Rosselló Nevares en su mensaje. Sin embargo, no precisó cómo este programa logrará superar los escollos legales que su padre y exgobernador enfrentó durante su incumbencia.

Tras concluir el mensaje, La Fortaleza circuló un comunicado de prensa con detalles adicionales. Sobre los vales educativos, la misiva se limitó a expresar que “existen decisiones recientes del Tribunal Supremo federal y la estructura de este programa que aseguran su constitucionalidad”.

En el 1994, el programa de vales educativos fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en el 1994. Luego, en el 1998, la entonces jueza, Carmen Rita Vélez Borrás, declaró inconstitucional una nueva versión de la ley para establecer ayudas educativas. Esto provocó que en el 1999 surgiera nueva legislación, la cual fue paralizada y declarada inconstitucional en el 2001 por la jueza superior Sonia Vélez Colón.

La Constitución de Puerto Rico dispone que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean del estado”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher, manifestó por escrito su complacencia a la reforma educativa que se impulsa desde la Rama Ejecutiva y cónsona con el Plan para Puerto Rico.

“Esta nueva ley permitirá que los niños y niñas finalmente se conviertan en la prioridad del sistema que ha estado girando en torno a los adultos”, indicó Keleher quien aseguró que “ahora, estaremos encaminando todos los esfuerzos y trabajos para lograr la mejor educación posible y que, de esta forma, nuestros estudiantes estén listos para competir a nivel mundial”.




[ANÁLISIS] Empinado el camino para definir el ELA en el PPD

¿Cuál es el estatus político que debería respaldar el Partido Popular Democrático (PPD) en momentos en que han quedado señaladas las limitaciones del Estado Libre Asociado (ELA) en relación con la falta de poderes soberanos para Puerto Rico?

Esta pregunta podría tener finalmente una respuesta el año entrante, cuando se celebre la Asamblea General del PPD en la que la colectividad discutirá el desarrollo del ELA. Sin embargo, los 10 puntos que planteó el presidente del PPD, Héctor Ferrer, durante la conmemoración del 67 aniversario de la Constitución de Puerto Rico para  dirigir esa discusión podrían quedarse cortos ante los cuestionamientos legales que estos representan.

Para el presidente del PPD, el ELA debe desarrollarse con un “nuevo Pacto Autonomista” manteniendo la relación bilateral con Estados Unidos, garantizando la ciudadanía estadounidense, protegiendo la identidad cultural, idioma e historia de la isla, conservando la autonomía fiscal y política, y manteniendo un comité olímpico.

También debe buscar la eliminación de la legislación federal que limite el desarrollo económico de la isla, como lo son las leyes de cabotaje, la ampliación de la participación de Puerto Rico en foros internacionales, así como su participación comercial internacional.

El liderato del PPD lleva años tratando de establecer una fórmula para el desarrollo del ELA que permita mantener bajo la misma insignia a quienes desean una relación estrecha con Estados Unidos que incluya la ciudadanía americana por nacimiento pero con cierta autonomía para atender asuntos domésticos y fiscales, y quienes buscan que Puerto Rico como soberano establezca un pacto de asociación con Estados Unidos, también con ciudadanía americana y autonomía sobre los asuntos que se determinen mediante acuerdo de las partes.(Archivo/CB)

El último punto que propone Ferrer es que se reconozca que el ELA puede desarrollarse dentro de una cuarta opción política que no es la estadidad, la independencia o la libre asociación, sino dentro de los parámetros que dispone la Resolución 2625 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1970.

¿Ese desarrollo del ELA es fuera de la cláusula territorial?, cuestionó CB en Español al presidente del PPD, pues eso no quedó claro durante su mensaje.

“Claro, y es una discusión que se tiene que dar y se va a dar, pero según lo establece el partido”, respondió Ferrer, quien fue enfático en la necesidad de que la “agenda de trabajo” se establezca desde el PPD.

El líder de la Pava afirmó que esto no representa una forma de echar a un lado al ala soberanista del PPD, pues entiende que la soberanía puede desarrollarse dentro del ELA y que los soberanistas no necesariamente respaldan la libre asociación.

Sobre el particular, el representante Luis Vega Ramos, identificado con el ala soberanista del PPD, indicó que el desarrollo del ELA tiene que darse bajo dos premisas fundamentales: que esté fuera de la cláusula territorial y que la soberanía que presente esté en manos de Puerto Rico y no de Estados Unidos. Si no fuera de esta forma, la opción “es inaceptable” a su entender.

“Si las contestaciones a esas dos preguntas son que la soberanía está en manos de Puerto Rico y que el estatus está totalmente fuera de la cláusula territorial, le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner tiramisú de limón”, afirmó el legislador.

Presidente del PPD propone desarrollar el ELA autonomista, no soberanista 

Sin embargo, para el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, integrante de la Junta de Gobierno del PPD y quien se identifica con el ala más conservadora, la importancia del debate recaerá en que se aclaren ciertos elementos, como el hecho de que la ciudadanía estadounidense solo es posible para quienes nacen en territorio de Estados Unidos. Por ende, si el ELA está fuera de la cláusula territorial o se establece una relación mediante un pacto con Estados Unidos, será difícil mantener la ciudadanía americana por nacimiento en la isla.

“Los soberanistas lo que dicen es que ellos la negociarán [la ciudadanía estadounidense] y lo que nosotros lo que decimos es que: ‘ese será tu deseo, pero no lo puedes lograr porque no tiene ningún sentido’”, apuntó Hernández Mayoral.

La posición que asuma la mayoría de la Asamblea General del PPD sobre esos temas marcará la línea que seguirá el partido para unir las dos facciones o “demostrar que no son unibles”, agregó. En esa discusión, la facción que no resulte beneficiada deberá acatar lo que decide la mayoría o se creará una fisura que podría provocar el desarrollo de una nueva entidad política que agrupe a los seguidores de la fórmula que no resulte favorecida, especuló Hernández Mayoral.

El liderato del PPD lleva años tratando de establecer una fórmula para el desarrollo del ELA que permita mantener bajo la misma insignia a quienes desean una relación estrecha con Estados Unidos que incluya la ciudadanía americana por nacimiento pero con cierta autonomía para atender asuntos domésticos y fiscales, y quienes buscan que Puerto Rico como soberano establezca un pacto de asociación con Estados Unidos, también con ciudadanía americana y autonomía sobre los asuntos que se determinen mediante acuerdo de las partes.

Hasta ahora, las definiciones trabajadas en el seno del PPD habían permitido la convivencia de ambos sectores bajo la Pava, pero la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Sánchez Valle y las declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han revelado que no parece haber disposición política en la metrópoli para establecer un acuerdo novel con Puerto Rico en los términos que el PPD persigue.

Por un lado, en el caso Sánchez Valle se establece que, a pesar de que en el 1952 se le concedió a la isla cierto grado de soberanía sobre asuntos domésticos, el poder último lo mantiene el Congreso debido a que Puerto Rico se encuentra bajo la cláusula territorial.

Tan reciente como en abril pasado, el subsecretario de Justicia adjunto, Dana J. Boente, consignó en una carta enviada al gobernador Ricardo Rosselló que la propuesta de ELA mejorado que ha presentado el PPD en las últimas consultas fue rechazada por el Task Force sobre estatus que creó la Casa Blanca y por el propio Departamento de Justicia por ser inconsistentes con la Constitución de Estados Unidos.

Estas declaraciones del gobierno estadounidense establecen un parámetro mucho más claro para el PPD de lo que Estados Unidos no está dispuesto a ofrecer a la isla en términos de estatus, haciendo así más difícil el lenguaje ambiguo que hasta ahora habían utilizado para mantener contentos a soberanistas y conservadores.

Al mismo tiempo, esta discusión ocurre en momentos en que Ferrer, quien no ha descartado aspirar a la gobernación por ese partido en el 2020, se enfrenta a su virtual retadora, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. La alcaldesa representa la visión más radical del soberanismo dentro de la colectividad.




Conmemoración del 25 de julio será “fundamental” en el desarrollo del ELA

En momentos en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Congreso federal han dejado claro que el Estado Libre Asociado (ELA) carece de poderes soberanos, muchos se cuestionan sobre las razones que tiene el Partido Popular Democrático (PPD) para conmemorar la firma de la Constitución de Puerto Rico el 25 de julio de 1952 bajo esta formula territorial.

El desarrollo del ELA y de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que el PPD busca deberá quedar “fuera de la cláusula territorial”. (Felipe Torres/CB)

Para el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, aunque la decisión del Tribunal Supremo en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle y la ley federal Promesa “han puesto a prueba el ELA”, eso no quita que lo ocurrido en 1952 con la firma de la Constitución de Puerto Rico “cambió la relación política con Estados Unidos y el trato político y social” hacia la isla.

Es por esto que la colectividad conmemorará el ELA el 25 de julio con un evento en la plaza pública de Morovis a partir de las 5:00 de la tarde. Esta actividad servirá para que el presidente del PPD, Héctor Ferrer, establezca cuáles serán las bases para que el partido dialogue el desarrollo del ELA fuera de la cláusula territorial.

“La celebración del 25 de julio en Morovis le da la oportunidad al presidente del PPD de establecer unos lineamientos para encaminar ese diálogo que hay que buscar y establecer con Estados Unidos para poder alcanzar el desarrollo del ELA”, dijo Delgado Altieri a CB en Español.

El desarrollo del ELA y de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que el PPD busca deberá quedar “fuera de la cláusula territorial”. Esta es la única forma en que Puerto Rico “puede tener mayores poderes y flexibilidad para desarrollar nuestra economía”, afirmó el secretario general del PPD.

“Independientemente de cómo se llame el concepto que se utilice —de soberanistas, estadolibristas o autonomistas—, lo que buscamos es una relación en la que se mantenga la ciudadanía de Estados Unidos y se le provea a Puerto Rico la oportunidad de desarrollar nuestra economía a base de nuestras realidades”, agregó el alcalde de Isabela.

En esta discusión con Estados Unidos también habrá que negociar la aplicación de ciertos estatutos federales, como las leyes de cabotaje, que en muchas ocasiones limitan el comercio interestatal desde Puerto Rico.

Este desarrollo del ELA fuera de la cláusula territorial “es el único camino de éxito posible”, según el representante Luis Vega Ramos, identificado con el ala soberanista del PPD.

“La generación que se fajó para lograr lo del 1952 no se merece una celebración nostálgica. Se merece un grito de guerra decidido a luchar por la terminación del régimen colonial y por que Puerto Rico pueda tener una relación con Estados Unidos fuera de la cláusula territorial que garantice nuestro bienestar y prosperidad”, declaró Vega Ramos a este medio.

El legislador agregó que el evento deberá servir para que el PPD se comprometa con luchar por la eliminación de la junta de control fiscal impuesta por la ley Promesa y con la terminación de la relación colonial.

Aunque es soberanista y ha tenido diferencias con la delegación del PPD en la Cámara, Vega Ramos asistirá a la conmemoración del ELA. Sin embargo, otros líderes populares, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el representante Manuel Natal ya anticiparon que se ausentarán.

Cruz dijo que ya se había comprometido a participar de un evento de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien tampoco participará del 25 de julio. Mientras, Natal declaró que estará abogando por que no se depositen cenizas de carbón en Peñuelas. Ninguno respondió llamadas de este medio para una reacción.

“El llamado a Carmen Yulín y a Natal es que, si son populares y estadolibristas, deben particular dentro de la colectividad. No hacerlo envía un mensaje que ellos deben aclarar”, indicó el secretario general del PPD.

De otro lado, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, consideró que lo que pretende celebrar el PPD es “la declaración de defunción de su proyecto político”, que se hace evidente por las decisiones del Supremo y el Congreso federal.

Incluso la aprobación del presupuesto sin la firma del gobernador el pasado 30 de junio es la “muestra más cruda del colonialismo y de que vivimos en un régimen antidemocrático”. Por esto, conmemorar el ELA es “glorificar esa relación colonial”, a juicio de Dalmau, quien favorece la independencia para Puerto Rico.

“Muchos critican [al PPD], pero ¿qué han alcanzado ellos en sus aspiraciones de relación política? Absolutamente nada”, respondió Delgado Altieri a los críticos de la conmemoración del ELA.




Senado no incluye medidas importantes en calendario

Solo una de las 19 medidas que se convirtieron en ley en los primeros tres meses del gobierno de Ricardo Rosselló fue incluida en el calendario de órdenes especiales del día en que fueron aprobadas por el Senado.

Un análisis realizado por CB en Español reveló que por el contrario, en el caso de la Cámara, 16 de esos proyectos de ley estuvieron incluidos en el calendario, mientras tres no fueron informados con un día de antelación a los legisladores  como requieren los reglamentos de ambos cuerpos.

La razón para informar las medidas en calendario al menos con un día de anticipación se establece de forma reglamentaria en cuerpos deliberativos como la Legislatura para permitir que sus miembros puedan preparar enmiendas si así lo desean o preparar sus argumentos para debatir a favor o en contra de la propuesta.

“Fue un proceso que se utilizó y se ha utilizado siempre. Este proceso es extraordinario, no es la norma, y puedes atender medidas de urgencia, no es un capricho… Decidimos enviar un mensaje de que Cámara y Senado estaban en consenso y al unísono con el gobernador. Teníamos que enviar un mensaje a los bonistas, a la junta [de control fiscal]”, explicó a CB en Español el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, sobre las razones para que las leyes estuvieran ausentes en el calendario.

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El senador destacó que las primeras leyes aprobadas fueron asuntos programáticos del PNP que habían tenido discusión previa durante la campaña electoral. Afirmó que, en la mayoría de los casos, les anunció al resto de los portavoces de las minorías las medidas que se verían en la sesión.

Sin embargo, reconoció que “a veces me entero horas antes” de la sesión de algunos proyectos que bajarán a votación “porque viene Fortaleza y dicen que tiene acuerdos con la Cámara que se dan a última hora”. En esos casos, “si lo podemos bajar [el proyecto el mismo día], perfecto, ¿para qué dilatarlo?”, acotó Ríos, quien asegura que el proceso no violenta el reglamento del Senado, que permite el descargue de medidas.

Una medida que se baja por descargue es aquella que se presenta sin que haya un informe o un trámite legislativo previo a ser evaluada para votación en el pleno.

“Aunque esto no sea inconstitucional —no hay nada específico sobre los calendarios en la Constitución de Puerto Rico— lacera el derecho constitucional a que estos procesos legislativos en el hemiciclo sean públicos. Lo lacera en la medida en que se crea un manto de oscuridad o incertidumbre de lo que se va a discutir ese día, evitando que los propios legisladores —sobre todo de minoría— se enteren de lo que se va a discutir”, consideró el abogado constitucionalista Carlos Ramos.

El también profesor de Derecho Constitucional explicó que esta acción podría afectar la transparencia e incluso la democracia. Además, podría provocar errores por la rapidez con la que se quieren considerar los trabajos.

Cuando una medida no es presentada en el calendario de ordenes especiales, ni la prensa, ni los ciudadanos, ni la minoría puede elaborar una posición informada a favor o en contra de esa política pública.

De hecho, una de las leyes aprobadas —la Ley 11 de 2017— era precisamente para “aclarar la intención legislativa de la Ley 6-2017”, la cual alteraba la forma en que se seleccionarán los alcaldes en la junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). “Ahí tienes un ejemplo de las consecuencias terribles o negativas que puede tener no seguir un calendario de órdenes del día como es debido, sin publicidad adecuada”, afirmó Ramos.

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De otro lado, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, alegó que en muchas ocasiones conocen de las medidas a considerarse “unos minutos antes de empezar la sesión”.

“Los trabajos se están haciendo con un insumo unilateral: solamente el insumo de la mayoría. El país no sabe lo que se está aprobando. La gente no viene a protestar porque no saben lo que se está aprobando. Están legislando a espaldas del pueblo y eso es inconstitucional”, sentenció el expresidente del Senado, quien dijo que no había denunciado la situación con mayor ahínco porque “eran los primeros días y les dimos chance”.

Por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau, consideró que, aunque no se violenta el reglamento, es un “proceso atropellado” que les anuncien el mismo día las medidas que se aprobarán, sobre todo tomando en cuenta la magnitud de algunas leyes que representaron “el desmantelamiento de derechos adquiridos por el sector laboral privado” y “menoscabaron el derecho de los empleados públicos”.

“Como minorías, tenemos que estar listos en todo momento. Estamos operando pensando en que, después de una vista pública, la medida bajará a votación en la próxima sesión”, dijo sobre la forma en que ha tenido que organizar sus labores legislativas.

Además del impacto en las minorías, el presidente de la Asociación de Periodistas (Asppro), Juan Hernández, consideró que la falta de medidas en los calendarios afecta la cobertura noticiosa y, por ende, la información a la ciudadanía.

“La obligación de divulgación no es únicamente para los integrantes de la Asamblea Legislativa, es para con el país. En la medida en que no las informas, levantas una sospecha en torno a la medida en discusión y eso no abona a la transparencia”, sentenció.




Sin consulta al pueblo la limitación de la fianza

Por quinta ocasión en la historia de Puerto Rico, el gobierno busca limitar el derecho absoluto a la fianza, garantizado por la Constitución de Puerto Rico, esta vez mediante múltiples enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que actualmente son consideradas por la Legislatura.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó un proyecto de ley que propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. Las restricciones van desde impedir que se les otorgue el beneficio del pago del 10% en efectivo a un acusado, a que la fianza no pueda ser diferida e impedir que un fiador pueda prestar el dinero a un acusado si ha tenido una relación económica previa con el imputado del delito.

El Artículo II, Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio”. Las razones para ese derecho se basan en que la fianza es un mecanismo para garantizar la comparecencia de un imputado a juicio, no un castigo previo a ser hallado culpable de delito. Esta disposición tiene su raíz en que en nuestro ordenamiento legal, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La medida del gobernador Ricardo Rosselló propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. (iStock)

La medida del gobernador Ricardo Rosselló propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. (iStock)

Ante la creciente ola de violencia en el país, ya son cinco los gobernadores, incluyendo a Rosselló Nevares, que han intentado hacer de la fianza un castigo previo a la convicción de un imputado al argumentar que limitando, en ciertos casos, este derecho se protege la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

En todas las instancias previas se había intentado a través de una consulta al pueblo, enmendar la Constitución a esos efectos. Pero contrario sus antecesores Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset, en esta ocasión Rosselló Nevares busca restringir, limitar o condicionar el derecho a la fianza mediante enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal.

Según el Proyecto del Senado 307, el tribunal tendrá que imponer requisitos adicionales y restrictivos al momento de fijar una fianza a los imputados por los delitos de asesinato y su tentativa; genocidio; agresión grave en su modalidad mutilante; secuestro, secuestro agravado y secuestro de menores; abandono, maltrato o fraude a personas de edad avanzada; pornografía infantil; producción y distribución de pornografía infantil; envenenamiento de aguas de uso público; agresión sexual; actos lascivos a víctimas menores de 16 años; trata humana; aborto cometido por la fuerza; sabotaje de servicios esenciales y disparar un arma de fuego en un lugar público o abierto al público.

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“Es norma claramente establecida que a fin de proteger el interés del Estado en la seguridad general, resulta constitucionalmente válido el regular e imponer condiciones al ejercicio de este derecho a la fianza. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States v. Salerno, exploró la validez constitucional de imponer condiciones más estrictas al derecho de la fianza, basado en el elemento de peligrosidad. Dicho foro resolvió que es constitucionalmente válido privar a ciertos imputados del derecho a la fianza o imponer condiciones más estrictas a ese derecho, en atención al elemento de peligrosidad”, argumentó el pasado 29 de marzo en vista pública, la fiscal general de Justicia, Olga B. Castellón.

Hernández Colón, en su primer cuatrienio de 1973 a 1976, fue el primer gobernador de Puerto Rico que intentó enmendar la Constitución para eliminar el derecho absoluto de la fianza, pero fracasó en la búsqueda de votos en la Legislatura para realizar el referéndum.

En el 1980, Romero Barceló le siguió los pasos y radicó un proyecto de ley para que el derecho a la fianza le aplicara solamente a los imputados de delitos menos graves. Sin embargo, un grupo de ciudadanos derrotó sus esfuerzos para limitar la fianza en los tribunales.

Para el 1994, el exgobernador Rosselló González, como parte de su política pública de “Mano Dura contra el Crimen” propuso otro referéndum para enmendar la constitución a fines de prohibir la libertad bajo fianza a los imputados previamente convictos de delito grave, a los que representaran un peligro para la comunidad y a quienes estuvieran imputados de uno o más delitos graves. El 6 de noviembre de 1994, los puertorriqueños rechazaron en un referéndum la enmienda a la Constitución.

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En el 2012, Fortuño Burset también propuso un referéndum para enmendar la constitución a fin de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho de los acusados de delito grave a permanecer en libertad bajo fianza. El pueblo volvió a rechazar la enmienda con votación de 55% a favor del No y 45% por el Sí.

En su propuesta, Rosselló Nevares sostiene que no debe existir impedimento para que la Asamblea Legislativa pueda regular la fianza e imponer condiciones a la libertad en espera de juicio.

“Nuestra Constitución no impide que la Asamblea Legislativa tome en cuenta otros intereses públicos apremiantes para condicionar o reglamentar la imposición de la fianza. Uno de esos fines legítimos y apremiantes es proteger a la ciudadanía de imputados peligrosos”, puntualizó la jefa de los fiscales de Justicia al avalar en vista pública la aprobación de la medida.

Limitación que prohíbe

No obstante, la Oficina de la Administración de los Tribunales, en representación de la Rama Judicial, mostró reparos con la imposición de condiciones más restrictivas a la hora de fijar una fianza al establecer que esos requisitos “no pueden ser onerosos a tal punto que equivalgan a la negación de la fianza”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “un derecho que no se puede hacer valer meramente por razón de que su titular carece de recursos económicos para así hacerlo, en última instancia deja de ser un derecho”.

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL), en su ponencia sobre el proyecto de Rosselló Nevares, cuestionó las motivaciones del gobierno para “alterar dramáticamente el derecho penal puertorriqueño” y consideró los esfuerzos como un acto  “apresurado”.

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El proyecto propone un total de 12 enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal entre las que también se considera que el Estado pueda fichar y tomar huellas dactilares a un arrestado antes de ser llevado ante un juez para la vista de causa probable para arresto.

“La ola de criminalidad por la que atraviesa la isla no puede combatirse mediante la restricción de los derechos constitucionales otorgados a los ciudadanos en Puerto Rico. No debemos olvidar que las personas imputadas de delito gozan de la misma protección de los derechos constitucionales que cobijan al resto de la ciudadanía. Incluso, es precisamente el imputado a quien deben proteger estos derechos, toda vez que el proceso penal pone en controversia su libertad”, argumentó Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de SAL.

Vélez Alejandro enfatizó que no pueden existir dos cartas de derechos diferentes, una que se aplique al ciudadano que es enjuiciado y otra para el resto de los ciudadanos.

“La Regla 6.1 propuesta violenta la presunción de inocencia, es contraria a la igual protección de las leyes y establece un esquema de imposición de fianza muy oneroso que en ocasiones puede significar una confiscación del derecho constitucional. Una limitación al derecho de la fianza con un interés punitivo violenta de manera irreparable la presunción de inocencia”, subrayó.