Alegan no hace falta legislación sobre pensiones si jueza Swain avala acuerdo con junta fiscal

(succo/Pixabay)
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El portavoz del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel Fabre dijo el jueves que no hace falta legislación para atender el asunto de las pensiones, pues la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain será quien tome la última palabra sobre el acuerdo al que llegó el organismo con la junta de control fiscal (JCF).

Las expresiones de Fabre se dan luego que los líderes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz reiteraran el miércoles que no aprobarán legislación que impacte las pensiones.

“Yo no tengo problemas en que ellos asuman esa posición. Nosotros entendemos que no es necesario la creación de legislación… La sentencia del tribunal va a tener un cumplimiento diferente a que si fuera ley. Entendemos la posición del gobierno. Si el Senado y la Cámara promueven para poder pagar las pensiones y no es necesario recorte, bienvenido sea, pero entendemos que esto va a ser una decisión del Tribunal Federal que va a tener un efecto legal”, dijo Fabre en entrevista radial (NotiUno).

Según informes de prensa, el COR logró un acuerdo con la JCF que contempla que no se afecten las pensiones del 61 por ciento de los jubilados del gobierno; que sus beneficios del Seguro Social no sean considerados como ingresos y la creación de una reserva dirigida por los propios retirados como garantía para que esta situación no se repita. 

Asimismo, el acuerdo establece que aquellos pensionados que reciben más de 1,200 dólares mensuales verían un recorte de 8.5 por ciento, mientras que la JCF proponía que fuera de 25 por ciento. El acuerdo tiene que ser ratificado por los pensionados en verano del 2020.

“Cuando llegue el momento que la Junta presente el Plan Fiscal, una vez se presente, se abre un procedimiento en el tribunal y cualquier persona tiene la oportunidad de impugnar o presentar mejores ideas”, dijo el exjuez.

Fabre le presentó el acuerdo el miércoles a la gobernadora Wanda Vázquez Garced. El COR representa a los empleados retirados del sistema central del gobierno, los empleados del magisterio y de la judicatura.




Última palabra sobre acuerdos de retirados la tiene el tribunal, dice presidente de la junta fiscal

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, dijo el miércoles que los acuerdos de los retirados bajo un plan de ajuste sobre las disposiciones de sus pensiones, deben ser aprobados por el tribunal.

“Según el proceso del Título III de Promesa, los retirados son considerados acreedores y no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Control Fiscal ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

El gobierno ha expresado que no acatará los acuerdos a los que han llegado varios sindicatos con el ente federal.

Carrión señaló que décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. “Las restricciones fiscales y legales obligaron a la JCF a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones de dólares al año.”

El miércoles se anunció otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, esta vez con el Comité Oficial de Retirados (COR).

“Este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones. El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75 por ciento de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte”, indicó Carrión.

Alegó que esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados másvulnerables de cualquier reducción de pensión”, añadió.




Gobierno alega no va a acatar acuerdo de retirados con la junta fiscal

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino rechazaron el miércoles que el gobierno vaya a acatar el acuerdo del Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.

“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.

“Ante esto, nuestra postura es clara: no accederemos a ningún recorte de pensiones y exhortamos a los distintos grupos de interés que no se dejen engañar ni intimidar por la Junta de Control Fiscal”, agregó.

Según informó el COR, con el acuerdo tentativo con la JCF se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por el ente federal en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.

El exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.

“Los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas 100 millones de dólares al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico”, señaló Maceira.

Asimismo, dijo que hablar de la insolvencia de los Sistemas de Retiro para justificar cualquier medida que atente contra los pensionados será rechazada en cualquier foro al que tengan que acudir. Desde el 2017 el sistema para el pago de pensiones es ‘PayGo’, una obligación del fondo general y no del fondo de retiro, el cual fue quebrado por pasadas administraciones.

“Ante este escenario, debemos reiterar que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es una de cero recortes. Del mismo modo, repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, reiteró el funcionario.

Por su parte, Sobrino dijo en declaraciones escritas que “este acuerdo entre la JCF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.

“Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados”, agregó.




Más retirados llegan a acuerdo tentativo con la junta fiscal

(Thomas Breher/Pixabay)

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) llegó a un acuerdo tentativo con la Junta de Control Fiscal (JCF), bajo el que se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por la JCF en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.

“Luego de casi dos años de acciones legales, sesiones de mediación y negociaciones, hemos llegado a un acuerdo con la JCF que limitará sustancialmente los recortes a las pensiones y proveerá otras protecciones importantes”, dijo en declaraciones escritas el exjuez Miguel Fabre, presidente del COR.

Indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.

Asimismo, detalló que como fuera indicado en la carta abierta del COR a los retirados, los beneficios de Seguro Social y el beneficio mensual para seguro médico será protegido para aquellos que lo reciben. Bajo este acuerdo tentativo están cubiertos los pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Sistema de Retiro para Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura.

Fabre alegó que el acuerdo tentativo negociado por el COR marca un progreso significativo de los términos propuestos por la JCF, que habrían impactado al 75 por ciento de la población de pensionados en Puerto Rico. Entre los puntos más importantes del acuerdo están:

  • Aumento en la cantidad de pensión mínima que no estará sujeta a recortes de 600 dólares por mes según el Plan Fiscal, a 1,200 dólares por mes, según el acuerdo, aumentando así el número de pensionados que está completamente protegido de recorte alguno, de 25 por ciento (45,000 pensionados) bajo el Plan Fiscal a 61 por ciento (102,000 pensionados) bajo el acuerdo.
  • Seguridad de que el recorte máximo será de 8.5 por ciento, comparado con el 25 por ciento propuesto por la Junta.
  • Garantía de que el Seguro Social no se verá afectado por ningún recorte.
  • Se mantendrá el beneficio de aportación al Seguro Médico mensual para aquellos que lo reciben actualmente.
  • Protección a los pagos futuros de PayGo. Bajo el acuerdo, se va a crear una cuenta de reserva para aportar a los pagos de pensión, en aquellos años donde el Plan Fiscal proyecta déficits operacionales en el gobierno de Puerto Rico.
  • Seguridad de que, si la economía de Puerto Rico excede las proyecciones financieras del Plan Fiscal en cierta cantidad negociada, los retirados afectados por los recortes recibirán un reintegro por una porción del recorte durante ese año.
  • Creación de una Junta independiente compuesta por pensionados que serán electos por los mismos pensionados de los sistemas de retiro, para fiscalizar la cuenta de reserva, los pagos al PayGo y el cumplimiento con el acuerdo de los pensionados.
  • Los recortes no ocurrirían antes del 1 de julio del 2020, como temprano

“Aunque el COR hubiera preferido cero recortes, estamos convencidos de que bajo el proceso de quiebra la JCF hubiera insistido en recortes mucho peores y que ignorar dicha realidad hubiera sido irresponsable por parte nuestra y fatal para la comunidad de pensionados. Bajo las circunstancias, el COR se reitera en que este acuerdo es la mejor opción para asegurar el bienestar de nuestra comunidad y la continuidad del pago de las pensiones”, expresó el presidente del COR.

El acuerdo propuesto por el COR será incluido en el Plan de Ajuste para el gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA, y sometido al voto de los acreedores impactados en una fecha futura que será anunciada por la corte federal. En su momento, el COR proveerá información relacionada al voto sobre el Plan de Ajuste. Luego, la juez federal que preside el caso de quiebra bajo el Título III, Laura Taylor Swain, evaluará dicho plan para su confirmación.

“Es importante enfatizar que las pensiones no pueden sufrir modificaciones al menos hasta tanto la Corte haya confirmado un Plan de Ajuste para Puerto Rico”, indicó Fabre.

Dicha confirmación sucederá luego de que las partes perjudicadas hayan evaluado los detalles del Plan de Ajuste y votado a favor o en contra del mismo.

El COR llevará a cabo una campaña de divulgación para ofrecer información adicional sobre el acuerdo, su impacto en los pensionados, y el proceso de votación. Es importante que los retirados se mantengan informados respecto a sus pensiones registrando su información más reciente en www.porturetiro.com o Comité Oficial de Retirados en Facebook.




Presentan informe sobre alegado conflicto de interés en el Comité Oficial de Retirados

(Thomas Breher/Pixabay)

La iniciativa Construyamos Otro Acuerdo (COA) presentó hoy junto a un grupo de jubilados un informe denominado, “El Asalto de las Pensiones en Puerto Rico” en que se exponen los alegados conflictos de interés que existen en el actual comité que representa a los pensionados en el proceso de quiebra y propone acciones para frenar los recortes en pensiones propuestos por la junta de control fiscal.

“Hay 167,000 familias que solo sienten ansiedad al leer noticias sobre los cambios a sus pensiones con que amenaza la junta de control fiscal. Nos dimos a la tarea de investigar qué exactamente está sucediendo con los sistemas de retiro, quiénes se están beneficiando y cuáles serían las alternativas disponibles para evitar que se materialicen los recortes a las pensiones. En el proceso encontramos conflictos de interés que parecen estar impidiendo la mejor defensa posible de los intereses de los participantes de los sistemas de retiro en la quiebra”, explicó Abner Dennis, investigador de Little Sis y autor del informe.

El informe, publicado por la organización estadounidense Public Accountability Initiative (PAI), explica cómo los recortes propuestos por la junta de control fiscal afectarían a sobre 125 mil pensionados, tan pronto como a partir de julio de este año. Estos recortes reducirían las pensiones del 75% de los participantes de tres sistemas de retiro: el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR).

En la conferencia de prensa, los presentes expresaron su inconformidad con las decisiones del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que se designó por el gobierno federal para representar los intereses de pensionados en el proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa, y resaltaron los conflictos de interés de su abogado. Se trata del Lcdo. Héctor Mayol Kauffman, otrora banquero de inversiones y administrador de los sistemas de retiro bajo las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

“Cada quincena dependo de un chequecito que llega de mi retiro, al igual que más de 160 mil jubilados del Gobierno de Puerto Rico. Me pregunto qué acciones ha tomado el COR para retar a la Junta en su intención de recortar las pensiones y pedir la cancelación de la deuda de Retiro de $3 mil millones. Esa deuda está en manos de los fondos buitres y representa una amenaza al pago de nuestras pensiones”, cuestionó Emil Nieves, quien es economista y retirado del Banco Gubernamental de Fomento.

Por su parte, Pedro Pastrana del Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros de Puerto Rico manifestó que los pensionados están preocupados debido a que el COR “apoyó el acuerdo Cofina y no ha solicitado la auditoría de la deuda ni apoyado se investigue a los bancos responsables de esta crisis”.

“Si el COR sigue apoyando a la Junta en sus acuerdos con el resto de los bonistas al final no habrá dinero para las pensiones y estarían fallando al propósito principal para el cual fueron nombrados”, añdadió.

El grupo cuestionó que el exadministrador del Sistema de Retiro, Héctor Mayol, puede ser abogado fiel a los intereses de los retirados, cuando como director de una compañía de inversiones, participó personal y profesionalmente de las emisiones de bonos que desangraron a los sistemas de retiro y cuya legalidad también se cuestiona en el tribunal.

En el informe se detalla que “existen dos grupos grandes de fondos buitre que están buscando beneficiarse de los recortes a las pensiones: aquellos que son dueños de bonos de obligaciones generales y aquellos que son dueños de bonos de la Administración de Sistemas de Retiro. Varios fueron actores clave en el diseño del plan de ajuste de la deuda de COFINA”.

“El fondo buitre Mason Capital, por su parte, ha triplicado sus inversiones en bonos de retiro desde el huracán María y también tiene una cantidad considerable de bonos de obligaciones generales”, expusieron.

Tras presentar el informe a la prensa, el grupo partió en marcha hacia las oficinas del abogado del Comité Oficial de Retirados, Héctor Mayol, donde entregaron copia del mismo, junto con una carta exigiendo su renuncia como abogado de los pensionados.

Además, el grupo estará celebrando actividades en San Juan, Nueva York, Florida, Connecticut, Pennsylvania, Nevada y Chicago, para exigir la cancelación de toda la deuda ilegal y se procesen legalmente a quienes emitieron dicha deuda.