Junta de Gobierno de la UPR aprueba plan fiscal con aumento de matrícula y proyección de menos estudiantes

A horas de que se cumpliera la fecha límite, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó un nuevo borrador de plan fiscal en el que se establece un aumento escalonado en el costo de la matrícula hasta el 2024, pero una reducción de cerca de 7,000 estudiantes en ese mismo período.

El nuevo plan fiscal mantiene además la reducción escalonada en los ingresos por concepto de la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966, de $648.5 millones para este año a $444.4 millones para el año fiscal 2024.

También propone una reducción en la partida presupuestaria para el pago de la deuda de la UPR, la cual en este momento es de alrededor de $451 millones . La Junta de Gobierno acogió la propuesta del presidente de la institución, Jorge Haddock, de agrupara a los recintos de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado, en dos conglomerados recintos del Este y recintos del Oeste. Los centros de estudios de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas se mantendrán como recintos independientes.

Aunque el documento establece la reducción escalonada en ingresos por Ley 2, se observan aumentos en los recados “intra-gubernamentales” de $275.3 millones a $285.8 millones para el año 2020, además de $40 millones provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés).

Igualmente, el plan fiscal presenta una serie de medidas de ingresos para recaudar $87 millones para el 2020, que irán incrementandose hasta el 2024, cuando se alcanzarían $134 millones en recaudos.

La partida mayor de estas medidas es los ingresos por matrícula que proyecta irán de $54 millones a $67 millones en matrícula subgraduada para el próximo año fiscal y a $91 millones para el 2024. Igualmente, los ingresos de matrícula graduada irían de $7.9 millones a $13.7 millones para el año entrante y $16.4 millones para el 2024.

Para lograr dichos aumentos en recaudos, el incremento en el costo de los créditos de los programas subgraduados de $115 a $124 para el 2020, hasta llegar a $157 dólares. En el caso de los programas graduados, los aumentos en el costo de créditos y cuotas varia por programa.

No obstante, el aumento en ingresos, el plan fiscal proyecta una reducción en la cantidad total de estudiantes. Según el documento este año académico hay unos 55,000 estudiantes matriculados, pero para el 2020 el número se reduce a 53,200 y para el 2024 la cifra sería de 48,000 estudiantes.

En cuanto la deuda de la UPR, el plan indica que se destinaría para ese propósito unos $43 millones, lo que equivale a $27 millones menos de lo que se pagaba y para el año fiscal 2021 la cantidad se reduce a $10.5 millones. El plan indica que la institución ahora mantiene $451 millones en deuda de las cuales $389 son bonos municipales y el restante son bonos AFICA.

El documento debe presentarse hoy ante la junta de control de fiscal. Según el calendario de la junta, en o antes del 1 de mayo se podrían emitir notificación de incumplimiento a la administración universitaria si el plan fiscal no cumple con sus parámetros.




Buscan que gobierno divulgue información sobre concesión de créditos e incentivos contributivos

El representante, Joel Franqui Atiles, informó el miércoles que presentó legislación que ordena al gobierno de Puerto Rico divulgar información sobre la concesión de créditos e incentivos contributivos en el portal cibernético del Departamento de Hacienda (DH) y el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), para promover la transparencia en el manejo de estos.

Explicó que se trata del Proyecto de la Cámara 1880 que crea la Ley de Transparencia de Transacciones de Créditos e Incentivos Contributivos para garantizar que los decretos o concesiones de estos incentivos sean publicados en el sistema de créditos contributivos integrados (CCI) que aparece en las páginas electrónicas de estas dependencias gubernamentales.

“Es política pública del gobierno promover el acceso a la información para mantener la transparencia de los procesos. Dirigido a ello, se debe divulgar información específica sobre a quiénes se le conceden estos créditos e incentivos contributivos. Esto para aumentar la accesibilidad y claridad sobre las transacciones con estas concesiones”, afirmó Franqui Atiles en declaraciones escritas.

El legislador explicó que el estatuto ordena se publique las ventas de créditos e incentivos con información que redunde en la transparencia total del manejo de estos, el nombre de las partes a quienes se les concede los créditos, la fecha de la concesión y el propósito.

Indicó, además, que actualmente el sistema CCI mantiene en el DH un registro de los créditos contributivos otorgados, pero no son públicos y no están accesibles.




Juventud Hostosiana condena aceptación de nuevo plan fiscal de la UPR

Miembros de la Juventud Hostosiana (JH) condenaron el miércoles la aceptación del nuevo plan fiscal, aprobado por la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y reafirmaron su defensa a una educación universitaria pública accesible y de calidad.

“Siempre hemos defendido el primer centro docente del país y continuaremos trabajando e impulsando acciones concretas para garantizar la accesibilidad de nuestra institución. Recordamos al pueblo puertorriqueño que hace un año el estudiantado sometió propuestas alternativas ante los recortes presupuestarios. Las mismas cayeron ante oídos sordos en la Legislatura y han sido ignoradas”, afirmó en declaraciones escritas, Cindy Santiago Villegas, compañera de la organización y estudiante de periodismo.

Según se informó la tarde del martes, el ente rector de la UPR aprobó un plan fiscal para cinco años que será entregado el miércoles a la junta de control fiscal, que contempla un aumento en el costo de la matrícula y en la posible eliminación de varios de los recintos que componen el sistema.

El aumento en el costo a los créditos se implantaría a partir del próximo año académico. Para el 2023 los estudiantes de bachillerato pagarían $140 por crédito.

Asimismo, se informó que el dicho plan fiscal debe incluir una reducción de $221.3 millones del dinero que recibe la universidad proveniente del Fondo General, la reducción de estudiantes y la reducción de recintos.

Catalogan como deficiente y carente de análisis plan fiscal de la UPR

“El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Gobierno pretende subir en más de un 350 por ciento el costo del crédito de la matrícula en un espacio de dos años. Dicho plan, que no contó con la participación de la comunidad universitaria, plantea la consolidación de programas académicos en la isla y limita la oferta educativa sub-graduada del Recinto de Río Piedras, reduciéndolo a programas graduados. Es decir, pone en riesgo la accesibilidad a una educación superior para la juventud que aún sufre los estragos de una mala administración gubernamental, agudizada tras el paso del huracán María”, agregó la líder estudiantil.

Los miembros de la JH anunciaron que se unirán a la marcha convocada por el Consejo General de Estudiantes (CGE) que se llevará a cabo mañana jueves 22 de marzo. La misma comenzará a las 11:30 de la mañana y saldrá desde el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

También, invitaron al estudiantado a participar del próximo pleno estudiantil convocado para el jueves 22 de marzo a las 5:00 de la tarde en el Centro de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.

“Es inconcebible que, en un país donde la media salarial de una familia es menos de $20,000, se intente desmantelar el único proyecto indispensable de desarrollo económico para el futuro del país. Con estas acciones solo se asegura la desigualdad, minimizando las oportunidades del futuro deseado de miles de jóvenes”, finalizó.




JRT asegura se ha restablecido el 94% de las telecomunicaciones en Puerto Rico tras María

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, le solicitó este martes, a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) un informe del plan de trabajo para sustituir las antenas y torres que se cayeron con el paso del huracán María y para cuándo sería restablecido el sistema de telecomunicaciones en su totalidad.

El presidente de la Comisión, Víctor Parés Otero, le requirió la información a la presidenta de la JRT, Sandra Torres en una vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 64.

La presidenta de la JRT, Sandra Torres, reiteró que cuando la AEE culmine de energizar las áreas que faltan, ellos esperan restaurar en su totalidad el servicio de telecomunicaciones e internet. (Suministrada)

“Hoy estamos dando seguimiento, a las vistas que comenzamos el pasado año, para conocer el estatus de cómo está el sistema de las telecomunicaciones, a cinco meses despúes de Irma y María. Como sabemos, hubo muchas antenas que se fueron al piso, otras perdieron cobertura porque no había electricidad para funcionar. Según nos informó hoy la presidenta de la Junta, actualmente un 94 por ciento de las radiobases ya están dando servicio de telecomunicaciones, pero de esa totalidad, un 46 por ciento está operando aún con generadores eléctricos”, indicó Parés Otero.

La presidenta de la JRT, destacó que el restablecimiento total del servicio de telecomunicaciones está directamente relacionado con el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. Dijo que la falta de comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha retrasado la recuperación del servicio.

Añadió que en los pueblos del centro de la isla y áreas de difícil acceso donde están las antenas, se ha hecho más complicado restaurar los equipos o suplir el diésel para poner a funcionar los sistemas con generadores eléctricos.

FCC evaluará que empresas de telecomunicaciones informen sobre servicio en Puerto Rico

“Es necesario aclarar que la Junta no sustituye antenas, esa labor, junto con la reparación, le corresponde a cada proveedora de servicio. La Junta como parte de sus funciones ministeriales se mantiene activa con las compañías de telecomunicaciones, asegurándose que estas cumplan con su trabajo para la restauración de los servicios en toda la isla”, expresó Torres en declaraciones escritas.

Torres reiteró que cuando la AEE culmine de energizar las áreas que faltan, ellos esperan restaurar en su totalidad el servicio de telecomunicaciones e internet.

Con relación a los créditos otorgados por las compañías de telecomunicaciones por la falta de servicio durante la emergencia, Torres indicó que en noviembre pasado se emitió una resolución para requerir información a las compañías y fueron citadas. Hasta el momento, informó, se han otorgado $223 millones en créditos a los clientes sin servicio.

Solicitan a la FCC incluir a Puerto Rico en fondo para desarrollo de telecomunicaciones

En cuanto a las compañías que no cumplieron con la información peticionada sobre los créditos, la Junta determinó emitir tres órdenes para mostrar causa a estas compañías que no han cumplido para que expresen las razones por las cuales no se les debe eliminar de los Registros de CMRS, o cancelarles la certificación que les autoriza a hacer negocios en Puerto Rico.

A preguntas del presidente de la Comisión sobre el servicio en Vieques, la presidenta de la JRT comentó que el restablecimiento del servicio y cobertura va a depender de la reparación del cable submarino que está roto en las dos puntas.

“Le dieron cobertura de emergencia al CDT y a los bancos para que las personas pudieran acceder a la tarjeta de la Familia”, manifestó.




Senado convoca a empresas de telecomunicaciones en torno a restauración del servicio

El presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, senador Miguel Laureano Correa, convocó hoy a las principales firmas de telecomunicaciones a una vista pública el día 5 de diciembre para conocer de primera mano cuál es la verdadera realidad con este importante servicio que mantiene incomunicadas a miles de familias y comerciantes en muchos municipios.

Laureano Correa hizo un enérgico llamado a las compañías de telecomunicaciones a que divulguen la verdad sobre las cifras y los servicios que se están ofreciendo a la ciudadanía.

El senador Miguel Laureano expresó no estar complacido con la respuesta del servicio de telefonía en muchos municipios tras cumplirse más de dos meses del paso del huracán María. (Génesis Ibarra/CB)

“Al día de hoy se reporta un 78 por ciento de conectividad en la red de telecomunicaciones de la isla, lo cual no contrasta con la realidad del día a día en que están viviendo los puertorriqueños. Ciertamente, hay una disparidad en las cifras que se están ofreciendo a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) versus la que informan a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés)”, denunció Laureano Correa en comunicado de prensa.

El legislador agregó que la falta de señal y de comunicación no sólo es esencial, sino que se torna más difícil cuando nos alejamos de la zona metro, “y es una situación seria y complicada que tiene que atenderse con urgencia”.

Proponen que telecomunicaciones sean declaradas como servicio esencial durante emergencias

Entretanto, señaló que presentó legislación la pasada semana dirigida a declarar como servicio esencial las comunicaciones en la isla y para asegurar que las compañías tengan planes de contingencias que hicieran más rápido y efectivo el trabajo de restablecimiento de los servicios de comunicaciones en caso de un desastre como el provocado con el huracán María. Expresó entonces, no estar complacido con la respuesta del servicio de telefonía en muchos municipios tras cumplirse más de dos meses del paso del huracán María .

“De nada nos sirve el anuncio de las súper ofertas de nuevos aparatos telefónicos y servicios, si la realidad es que al día de hoy tenemos seria dificultad con la señal de comunicaciones en una veintena de municipios que sigue afectando tanto a los consumidores como los trabajos de recuperación y de desarrollo en uno de esos municipios”, afirmó el senador.

Asimismo, reiteró que estará vigilante al tema de los créditos y moratorias que se han ofrecido a los consumidores, “un asunto que también se discutirá en las vistas de la semana próxima”.

Para diciembre esperan restablecer el 95% de las telecomunicaciones en Puerto Rico




Para diciembre esperan restablecer el 95% de las telecomunicaciones en Puerto Rico

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRT), Sandra Torres, anunció ayer que para diciembre debe estar restablecido entre el 90 y 95% del servicio celular inalámbrico en la isla. Según informó, las empresas actualmente trabajan en la fase de proveer el servicio de data, pues la prioridad fue viabilizar la transmisión de llamadas y mensajes de texto.

“Yo tengo una meta impuesta por el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] para diciembre de este año y, según cumplí la meta del 30 y 60% anteriormente, espero tener un 95% levantado para diciembre de este año”, expresó Torres.

Además, la presidenta explicó que el pasado 3 de noviembre la JRT les requirió a las compañías de telecomunicaciones información sobre el tipo de crédito que concederá a los clientes por el tiempo sin servicio, así como cuántos ciclos de facturación incluirá dicho crédito, de qué manera se lo han comunicado a sus clientes y cuántos clientes han solicitado esos créditos.

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, expresó que aunque las empresas han llevado a cabo sus planes de contingencia el restablecimiento se ha retrasado por problemas de hurto de materiales para operar en las torres. (Juan J. Rodríguez/CB)

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, expresó que aunque las empresas han llevado a cabo sus planes de contingencia el restablecimiento se ha retrasado por problemas de hurto de materiales para operar en las torres. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Nosotros nos vamos a asegurar, como regulador, que esos consumidores reciban ese crédito que tienen derecho a recibir durante el tiempo que estuvo inhabilitado de poder utilizar su sistema de telecomunicaciones, sea el celular, sea la telefonía fija, sea la internet y sea el cable”, aseveró la presidenta.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, el senador Miguel Laureano, mostró preocupación en relación a si estas compañías realmente honrarán su compromiso ya que ha recibido denuncias en torno a que estas no quieren cumplir con lo estipulado.

“Es importante asegurarnos que se honren esos acuerdos de los créditos a los clientes porque la realidad es que no han contado con el servicio”, esbozó el legislador.

La presidenta de la Junta de Planificación, María Del Carmen Gordillo, afirmó que a través de inspectores, evalúan y ven de primera mano cómo se comportaron las construcciones ante los vientos e inundaciones. (Juan J. Rodríguez/CB)

La presidenta de la Junta de Planificación, María Del Carmen Gordillo, afirmó que a través de inspectores, evalúan y ven de primera mano cómo se comportaron las construcciones ante los vientos e inundaciones. (Juan J. Rodríguez/CB)

De acuerdo a la información provista por la JRT en el portal status.pr, hasta el 7 de noviembre el 72% del servicio total de telecomunicaciones había sido restablecido. Ese porcentaje incluye el servicio alámbrico, el cual ronda entre un 80 y un 85%. Torres enfatizó que para lograr el restablecimiento total del sistema es necesario el servicio de energía eléctrica, cuya generación actualmente ronda 42%.

Las expresiones de la presidenta de la JRT se dieron en medio de una vista pública sobre las Resoluciones del Senado 457 y 467 dirigidas a investigar las razones por las cuales colapsó el sistema de las telecomunicaciones en la isla tras el paso del huracán María.

Torres indicó que el 5% de las torres de telecomunicaciones colapsó por el impacto del sistema atmosférico el pasado 20 de septiembre. “No debemos confundir las torres con antenas de telecomunicaciones, la torre es la estructura en la que las compañías ubican sus antenas y esta última es la que transmite la señal de la compañía”, explicó la funcionaria.

Liberty Puerto Rico depende de la AEE para restaurar el servicio

Sin embargo, la presidenta destacó que aunque las empresas han llevado a cabo sus planes de contingencia y han traído a la isla los materiales suficientes y generadores para restaurar el servicio, el proceso se ha retrasado debido a incidentes de hurto de los cables de las torres, así como robo de generadores y del combustible que utilizan para operar. También denunció que los cortes en las líneas de fibra óptica interrumpen el proceso de recuperación.

Torres señaló que de cara al futuro es importante implementar el soterrado de cablería por parte de las empresas de telecomunicaciones, debido a que la localización geográfica de Puerto Rico y su topografía presenta un gran reto para enfrentar eventos atmosféricos.




Contesta grupo de GOs a la oferta del gobierno

Un grupo de bonistas de obligaciones generales (GOs) aseguró hoy que la oferta de reestructuración que presentó el gobierno de Puerto Rico “no es creíble” y lanzó un llamado a la administración de Ricardo Rosselló para que trabaje con los acreedores y evite un proceso bajo el Capítulo III de Promesa.

“La oferta del gobierno no es un punto de partida creíble para negociar. Dentro de sus muchos errores, se basa completamente en el plan fiscal del 13 de marzo, el cual viola Promesa”, manifestó Andrew Rosenberg, portavoz el grupo de bonistas ad hoc de GOs.

Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, manifestó que el gobierno continúa comprometido a lograr acuerdos de buena fe con los acreedores. Aseguró que se anticipa que las conversaciones continúen durante “las próximas semanas”.

No obstante enfatizó que esto solo será posible dentro de los parámetros del plan fiscal.

Sobre la oferta del gobierno, Portela dijo que busca “maximizar el recobro de los acreedores de una manera consistente con la meta de crecimiento económico de Puerto Rico”.

Gobierno publica su primera oferta a los acreedores

La propuesta del gobierno -con fecha del 24 de abril y que lleva por nombre “GO/Cofina Project Estado”- incluiría recortes de principal que podrían ir desde un mínimo de 48 centavos por cada dólar para (GOs), hasta un máximo de 70 centavos por dólar para los créditos más débiles.

El grupo de bonistas GOs -cuyo crédito recibe el mejor trato bajo la oferta- añadió que exhortan a la administración Rosselló a que busque una solución consensual “basada en una proyección financiera creíble” y que evite un proceso de reestructuración de deuda bajo el Capítulo III de Promesa. Esta última ruta, según Rosenberg, parece ser la intención de la junta de control fiscal.

“El gobierno ha tenido, y continúa teniendo, discusiones con acreedores, incluyendo, pero sin limitarse, al proceso de mediación con el juez retirado Allan Gropper”, sostuvo hoy Portela en declaraciones escritas.

Mientras, el grupo de GOs reiteró sus críticas al plan fiscal sobre el cual están anclados las proyecciones financieras del gobierno.

La oferta del gobierno -la cual fue publicada en la madrugada de hoy- se da a tan solo días de que culmine la suspensión de demandas, o “stay”, de Promesa el 1 de mayo. También se desconoce si la junta fiscal decidirá radicar casos bajo el Capítulo III de la ley federal para mantener el “stay”.

No obstante, el ente rector ya abrió la puerta para poder aprobar el inicio de casos bajo Capítulo III sin tener que convocar una reunión pública. De igual forma, recientemente dejó entrever en una carta a dos congresistas que el Capítulo III -o el proceso de reestructuración de deuda al amparo de un tribunal- sería inevitable toda vez que es la única forma de mantener un “stay” en las demandas, así como para reestructurar obligaciones no relacionadas a la deuda, tales como pensiones.

Junta abre la puerta al Capítulo III de Promesa