Solicitan a la junta fiscal revaluar demandas de cobro por servicios al gobierno

El representante, José Aponte Hernández también requirió que el ente rector investigue las decenas de firmas de abogados que han llegado a Puerto Rico para ofrecer representación legal a los demandantes. (Archivo/CyberNews)

El representante, José Aponte Hernández informó el martes que envió una carta a la directora ejecutiva de la junta de control fiscal (JCF), Natalie Jaresko, para solicitarle que revalúe la acción de radicar cientos de demandas de cobro de dinero contra individuos, empresas y suplidores que proveyeron servicios esenciales al gobierno por muchos años.

En la misiva de dos páginas, el legislador también requirió que la Junta investigue las decenas de firmas de abogados que han llegado a la isla para ofrecer representación legal a los demandantes.

“Aunque nosotros entendemos las responsabilidades de la Junta, estamos altamente alarmados por el proceso adoptado por el Comité de Reclamaciones Especiales en el que se generalizan las acusaciones de acciones ilegales que son en contra de los principios básicos de nuestra sociedad, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a un proceso justo bajo la ley”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escritas.

Además, dijo estar preocupado por el impacto que esta acción tendrá en estos negocios y el posible efecto en la economía en general. Alegó que algunos de estos negocios han reportado que pagos por servicios debidamente rendidos luego de ser contratados por las agencias están siendo retenidos para satisfacer cualquier veredicto judicial.

“Es imposible esperar que los negocios financien las operaciones del gobierno sin la esperanza de recobrar los gastos incurridos”, comentó.

Además, alegó que versiones apuntan a que los demandados son contactados por firmas legales para ofrecerle representación y que cuentan con la lista de demandados mucho antes de que los pleitos fueran hecho públicos o los demandados fueran emplazados.

“Ante la importancia de este asunto, solicitamos a la Junta que reconsidere el impacto de estas acciones y como estas compaginan con los intereses de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Adicional, requerimos que la Junta verifique la veracidad de estos ofrecimientos de representación legal no solicitados y cuáles son los procedimientos internos que los están promoviendo. Su pronta y decisiva atención en este asunto es esencial para salvaguardar los intereses y derechos de todas las partes afectadas”, terminó el también expresidente de la Cámara de Representantes.




Junta fiscal establece proceso para resolver demandas contra suplidores fuera del Tribunal

El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta Control Fiscal estableció un proceso informal para resolver las demandas que radicó recientemente contra suplidores del gobierno.

“La Junta tiene la responsabilidad de recobrar pagos que posiblemente no fueron emitidos apropiadamente antes de que Puerto Rico se acogiera a la quiebra”, dijo David Skeel, uno de los miembros del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta. “Reconocemos muy bien la carga que representan estas acciones sobre los suplidores, por lo que hemos estado desarrollando este proceso de resolución para evitar litigios que conlleven gastos y tiempo para resolver”.

Este proceso no requerirá que los demandados tengan que incurrir en gastos legales onerosos. El proceso de resolución de casos está diseñado para resolver la mayoría, si no todas, las reclamaciones antes de que se requiera litigio alguno o que el suplidor tenga que contratar los servicios de un abogado, a menos que así lo desee.

El mes pasado, el Comité Especial de Reclamaciones y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) radicaron demandas contra unos 250 suplidores para recobrar pagos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Sistema de Retiro, y que eran inconsistentes con las leyes de quiebra de EEUU y Puerto Rico. Las acciones legales no necesariamente implican que esos suplidores cometieron alguna irregularidad.

El proceso se inicia con un intercambio de información para determinar si los pagos emitidos a los suplidores fueron legítimos y, en consecuencia, si la demanda debe ser retirada. Los suplidores deben proveer la información correspondiente a DiCicco Gulman and Company (DGC), la firma asesora en asuntos financieros del Comité Especial de Reclamaciones, antes del 17 de julio próximo.

Mientras, el bufete de abogados Estrella LLC (Estrella), representando al Comité Especial de Reclamaciones; y Casillas, Santiago & Torres (CST) en representación del UCC, asistirán en la búsqueda de la información y servirán como los puntos de contacto para los suplidores. Si los suplidores entienden que necesitan más tiempo para responder, DGC, Estrella y CST se encargarán de trabajar tales extensiones.

Los casos que no se pudieran resolver durante la primera fase de intercambio de información, ahora tendrán la oportunidad de resolverlos. En aquellos casos donde el valor de la cantidad potencial a ser recobrada es menor de cierta cantidad de dólares, el Comité Especial de Reclamaciones espera resolverlos sin una orden del tribunal, si es que este foro accede a tal autoridad para transar. Las demandas que no sean retiradas o resueltas pudieran entrar en un proceso de mediación. Solo aquellas demandas que no puedan ser resueltas mediante el intercambio de información, acuerdo mutuo o mediación, tendrán que atenderse en un proceso legal.

Asimismo, el Comité Especial de Reclamaciones y el UCC radicarán una moción ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Puerto Rico, para establecer plazos para respuestas que cómodamente den paso al proceso de resolución sin las presiones de las fechas de vencimiento de los litigios. Para más información sobre el proceso de resolución y el protocolo que deben seguir los suplidores, así como las fechas de vencimiento de cada fase puede visitar la página web https://cases.primeclerk.com/puertoricoavoidanceactions/




Asociación de Constructores de Puerto Rico rechaza reclamaciones de la junta fiscal

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) rechazó el martes, las acciones de la junta de control fiscal (JCF) en contra de contratistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en acción en cobro de dinero.

“El cuestionamiento que hace la Junta de Control Fiscal en sus demandas contra los contratistas pone el peso de la prueba en los contratistas y no en la Junta que es donde corresponde. Todos sabemos lo difícil y complicado que es contratar con el gobierno y estas acciones afectan el clima de certeza a la inversión y cumplimiento de contratos”, indicó el ingeniero Emilio Colón Zavala presidente de la ACPR.

Explicó que la JCF, estableció una acción de cobro a estas corporaciones y bonistas que según alegan recibieron pagos por sobre 2.5 millones de dólares, sin un contrato vigente o recibieron pagos que no correspondían a sus respectivos contratos durante un periodo de cuatro años previos a mayo de 2017.

“La estrategia de buscar convertir acreedores asegurados en no asegurados afectará sin duda la disponibilidad de empresas en contratar con el gobierno en proyectos de la reconstrucción. Puerto Rico no necesita incertidumbre adicional a la que ya existe”, enfatizó el presidente de la ACPR.

Colón Zavala exhortó una vez más a la JCF a que contribuya a un clima de desarrollo económico sostenido, colaborando estrechamente con el Gobierno de Puerto Rico en los esfuerzos que este realice.




Levantan alarma por petición para extender plazo en demandas a bonistas

(Arek Socha/Pixabay)

Los examinadores de tarifas levantaron la voz de la alarma ante una solicitud hecha por la Junta de Supervisión Fiscal ante el Tribunal federal para el Distrito de San Juan, para que se extienda el plazo de 90 días otorgado para emplazar a sobre 1,200 demandados como parte de los pleitos e impugnación de ciertos bonos de obligaciones generales.

La petición es “duplicativa” y su costo será “significativo”, dice una de las  mociones firmada por Eyck O. Lugo Rivera, uno de los asesores del examinador de tarifas Brady Williamson, de las varias que se presentaron en el tribunal a esos mismos efectos.

La Junta de Supervisión Fiscal, su Comité de Reclamaciones Especiales y el Comité de Acreedores No Asegurados presentaron a principios de este mes cientos de demandas para impugnar unos $6 mil millones en bonos de obligación generales o para tratar de recuperar dinero pagado a los suplidores del gobierno.

A principios de esta semana, sin embargo, presentaron una petición para extender el tiempo para emplazar a los demandados y retrasar las acciones. La solicitud de 10 páginas fue firmada por seis firmas de abogados y un total de 20 abogados.

Debido a la naturaleza retrospectiva del proceso de revisión de tarifas, nadie sabrá el costo de preparar y presentar el documento procesal de diez páginas hasta que se haya presentado una solicitud para el pago de honorarios, dijo el examinador.

“Sin embargo, suponiendo que las reglas éticas y las buenas prácticas obligaron a cada uno de los 20 abogados a revisar y aprobar la moción que aparentemente firmaron, ese costo podría ser significativo”, insistió el examinador.

Para evitar disputas sobre honorarios y otras tarifas, el examinador dijo que requerirá que los planes sobre el personal que trabajaran en el caso de quiebra del Título III deben ser detallados y presentarse antes de que comiencen a prestar servicios.

“La duplicación de esfuerzos y la ineficiencia del personal siguen siendo motivo de gran preocupación”, afirma el documento. En el último desembolso de fondos, la jueza Laura Taylor Swain autorizó el pago de $14 millones en honorarios a nueve firmas por servicios prestados en períodos de compensación que van desde junio del año pasado.

El examinador de tarifas espera que los costos aumenten con las últimas acciones, a las que se unirán nuevos reclamos que se anticipa la Junta de Supervisión presente la semana que viene.

En la petición firmada por los 20 abogados, la Junta dijo que el 2 de mayo inició 15 demandas contra más de 1,200 demandados relacionados con unos $6 mil millones en bonos de obligaciones generales del ELA que han sido impugnados.

Ocho de los procedimientos adversativos son acciones para  recuperar ciertos pagos de capital e intereses como, entre otras cosas, transferencias fraudulentas de los demandados que poseían o poseen actualmente los bonos. Las siete acciones restantes, conocidas como “Lien Avoidance” (reclamo preventivo), fueron radicadas contra más de 470 demandados que han afirmado que los bonos de obligaciones generales que poseen están garantizados por los activos del Estado.

Debido a que sería “extraordinariamente difícil”, si no imposible, atender a todos los demandados dentro de los 90 días requeridos por la Regla Federal de Procedimiento Civil, la Junta alega que necesita una extensión hasta noviembre o una suspensión de los procedimientos.

“La concesión de este alivio beneficiará no solo a los demandantes y al ELA, sino a todas las partes interesadas. Como se indicó anteriormente, los demandantes tienen la intención de usar el tiempo adicional para resolver algunas reclamaciones contra ciertos demandados”, dice el documento.

Swain remitió el asunto a la magistrada Judith Dein para el seguimiento.




Junta fiscal demanda decenas de bancos, cooperativas, individuos y fondos de cobertura

(Juan J. Rodríguez/CB)

El Comité Especial de Reclamaciones (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal en conjunto con el Comité de Acreedores no Asegurados nuevamente demandaron tarde el jueves decenas de bancos, cooperativas, individuos y fondos de cobertura con miras a anular sus bonos de obligaciones generales.

El proceso adversativo surge de una disputa entre el Estado Libre Asociado y los demandados, titulares de los Bonos de Obligaciones generales, con respecto a la existencia, el alcance y la exigibilidad de gravámenes sobre recursos del gobierno.

Con las demandas, la Junta no persigue recuperar fondos pagados sino que busca invalidar reclamaciones por parte de las entidades demandadas en las que afirman que sus bonos de obligaciones generales están garantizados por la entera fe y crédito de la constitución del ELA; por los “recursos disponibles” del ELA luego de haber pagado servicios esenciales y por las contribuciones a la propiedad.

Las demandas alegan que aun suponiendo que el gobierno haya otorgado a estos bonistas de obligaciones generales gravámenes sobre los recursos disponibles del estado o las contribuciones a la propiedad, esos gravámenes pueden dejarse sin efecto en un proceso de evitación bajo la ley de quiebra.

Entre los demandados figura Banco Popular, entidad que la Junta no ha demandado por su rol en una emisión de bonos hecha en el 2014 que ayudó a llevar al país a la insolvencia. Una investigación de las causas de la deuda encontró que el banco alegadamente aconsejó en contra de hacer la emisión, pero luego se benefició de la misma como suscriptor.

También se han demandado a fondos de cobertura como Whitebox, Fir Tree y Canyon Value Fund así como varias aseguradoras de bonos como Syncora Guarantee y hasta hospitales como el Doctor’s Center Hospital.

Muchos fondos de cobertura compraron bonos de obligaciones generales en el 2014 a precios chatarra porque en ese momento Puerto Rico no se podía acoger al beneficio de una ley de quiebra. La ley federal Promesa fue aprobada posteriormente en el 2016.




Industriales repudia acción de junta fiscal de demandas para devolución de pagos a suplidores

El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)
El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) repudió el miércoles la acción de la junta de control fiscal de demandar la devolución de pagos efectuados a suplidores de bienes y servicios del gobierno de Puerto Rico por servicios que fueron prestados.

“La acción de la Junta de Supervisión Fiscal de demandar la devolución de pagos efectuados a suplidores de bienes y servicios del gobierno de Puerto Rico por servicios que fueron prestados hace daño a la certidumbre de nuestro clima de negocios y al país. Estaremos evaluando la situación y pendientes de las reclamaciones que se hagan a nuestros socios y a la comunidad de negocios en general”, expresó el presidente de la AIPR, Rodrigo Masses.

“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos el derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios y mantener un clima de negocios favorable donde impere la certidumbre de los contratos con el gobierno”, señaló.

“Hacemos un llamado a nuestros socios afectados que se comuniquen con nuestra Asociación. Estamos trabajando con nuestro personal y asesores para identificar mecanismos para proteger los derechos de los suplidores en este proceso de la Ley federal Promesa y hacer las expresiones y acciones necesarias para no desestabilizar tantas empresas “bonafide” que son una parte central de nuestra economía. Todo esto como siempre, respetando las normas y procesos federales aplicables”, indicó.

El Comité de Reclamaciones Especiales (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal demandó el martes a decenas de empresas e individuos, con la intensión de recuperar millones de dólares en pagos hechos alegadamente “de manera fraudulenta”.

Los pagos que el SCC está tratando de recuperar de los acreedores demandados hoy, se realizaron antes de que el gobierno solicitara la quiebra en virtud del Título III de ley federal Promesa en mayo de 2017.

“El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión identificó a individuos y entidades que recibieron pagos mayores de $2.5 millones sin un contrato válido o para quienes los pagos no corresponden a sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo del 2017, cuando la Junta de Supervisión inició el procedimiento de ajuste de la deuda bajo Promesa”, explicó la junta en un comunicado de prensa.

El gobierno de Puerto Rico, a través de la junta de control, tenía hasta el jueves para presentar este tipo de reclamaciones.




230 empresas e individuos son demandados por la junta de control fiscal

El Comité de Reclamaciones Especiales (SCC) de la Junta de Supervisión Fiscal demandó hoy a decenas de empresas e individuos, con la intensión de recuperar millones de dólares en pagos hechos  alegadamente “de manera fraudulenta”.

Los pagos que el SCC está tratando de recuperar de los acreedores demandados hoy, se realizaron antes de que el gobierno solicitara la quiebra en virtud del Título III de Ley federal Promesa en mayo de 2017.

“El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión identificó a individuos y entidades que recibieron pagos mayores de $2.5 millones sin un contrato válido o para quienes los pagos no corresponden a sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo del 2017, cuando la Junta de Supervisión inició el procedimiento de ajuste de la deuda bajo PROMESA”, explicó la junta en un comunicado de prensa.

El gobierno de Puerto Rico, a través de la junta de control,
tenía hasta el jueves para presentar este tipo de reclamaciones.

Bajo la Ley de Quiebras regular,  generalmente, se busca recuperar los pagos realizados por el deudor 90 días antes de haber radicado quiebra. Sin embargo, en este caso, bajo la Ley Promesa, las demandas presentadas por el SCC no dejan claro cuan atrás pretenden recobrar el dinero de esos pagos, ya que se alude a que desde el 2012 el gobierno ya estaba insolvente.

Esa duda queda aclarada, sin embargo, en el comunicado de prensa al establecer que son pagos hechos cuatro años previos a mayo del 2017.

Todas las reclamaciones radicadas establecen que los pagos
fueron “constructivamente fraudulentos”. Esto quiere decir, que fueron
pagos realizados a cambio de una consideración “sumamente” inadecuada.

El fraude constructivo requiere dos condiciones. La primera es que a cambio del pago, el deudor recibió menos del “valor razonablemente equivalente”. La segunda requiere que se establezca que el deudor no podía pagar esas cuentas en el momento en que las realizó o como resultado del mismo.

“La Junta de Supervisión presenta esta acción y otras acciones similares para evitar y recuperar las transferencias que el Estado Libre Asociado realizó a ciertas personas y entidades durante un período de tiempo específico anterior a la fecha de la petición (de quiebra), debido a que, entre otras cosas, dichas transferencias fueron constructivamente
fraudulentas en el marco del Código de Quiebra y la Ley de Puerto Rico”, expresó la junta en las demandas.

En el comunicado, la junta aclara que las acciones legales presentadas
“no necesariamente implican que los individuos o entidades cometieron algún
delito”.

“Si un suplidor demuestra una base apropiada para los pagos, la Junta de Supervisión desestimará el reclamo”, especificaron.

Las partes demandadas incluyen individuos pese a que abogados de la Junta dijeron recientemente que no iban a demandar a personas privadas. También incluyeron numerosas empresas locales, muchas de ellas empresas educativas que proporcionaron servicios de tutoría a las escuelas públicas a través del Departamento de Educación.

La lista incluye a Arcos Dorados, la compañía educativa América Aponte; Intervoice Communication de Puerto Rico; la farmacéutica Brystol Myers Squibb; Community Cornerstone, una clínica especializada para pacientes ambulatorios; Evertec; Innovative Solutions; Action to Build Change, empresa educativa; Taller de Desarrollo Escolar e Infantil Chiquirimundi; Clínicas de Terapias Pediatricas; y Computer Learning Centers.

Los recursos legales establecen que entre los demandados y el gobierno no existían contratos validos debido a que no fueron radicados en el registro del contratos de la Oficina del Contralor. La ley de Puerto Rico establece que para que un contrato con el gobierno sea valido, este tiene que se presentado ante la Oficina del Contralor.

Los demandados, rezan los documentos, sabían o deberían
haber sabido acerca de la incapacidad de pago del ELA. “Desde y después de
2012, el ELA ha emitido deuda de bonos de obligación general, incurriendo en obligaciones
que estaban más allá de su capacidad de pago a la fecha de vencimiento”, rezan
las demandas.    

El abogado John Mudd dijo que las demandas parecían haberse
hecho con prisa y, por lo tanto, no dejan claro cuánto dinero quieren recuperar
ni proporcionan explicaciones adecuadas sobre las razones por las que los pagos
hechos a estas entidades e individuos fueron incorrectos.

No obstante, en el comunicado de prensa envíado en horas de
la tarde, se especifica que en total se presentaron 230 demandas y se busca
recobrar $4,200 millones.  




Vista sobre quiebra de Puerto Rico atenderá demandas contra la junta fiscal

En la vista del miércoles 25 de julio sobre la insolvencia de Puerto Rico, se abordarán numerosos asuntos, incluidas las controversias sobre la divulgación de documentos utilizados por un investigador independiente que está investigando las causas de la deuda de la isla; la demanda presentada por el gobernador Ricardo Rosselló sobre el presupuesto del gobierno que se debate con la junta de control fiscal; y una moción para obligar al Departamento de Hacienda a realizar ciertos pagos.

La junta de control fiscal está tratando de desestimar la demanda de Rosselló para prohibirle implementar y hacer cumplir ciertas iniciativas a través del plan fiscal y el presupuesto certificado que el gobernador alega son recomendaciones no vinculantes. El primer ejecutivo alega que la junta está tratando de imponer una política pública que está prohibida por la ley Promesa.

En la vista, la junta fiscal también quiere que se desestime una demanda de la legislatura de Puerto Rico. Los legisladores solicitan una declaración de que la junta excedió su autoridad al intentar obligar a los legisladores a derogar la Ley 80, mejor conocida como la ley de despido injustificado, así como prohibir que el panel aplique su propia versión del presupuesto del año fiscal del gobierno.

La audiencia comenzará con un informe proporcionado a la junta fiscal sobre las operaciones, el liderazgo, las proyecciones sobre las necesidades de financiamiento y el proceso de presentación de reclamaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Posteriormente, la audiencia pasará a una Moción Informativa del Comité de Acreedores que busca el descubrimiento o la divulgación de documentos obtenidos por el investigador independiente que investiga las causas de la deuda de Puerto Rico.

El investigador desea obtener la aprobación de los procedimientos para resolver disputas de confidencialidad y deshacerse de los documentos una vez que se proporcione un informe el próximo mes. El comité, sin embargo, parece no confiar en el investigador y está tratando de hacer su propia investigación.

La audiencia también abordará una solicitud de ciertos bonistas del Sistema de Retiro de Empleados para que se les libere de la suspensión automática de litigios establecida por la ley Promesa.

Además, el Comité de Jubilados ha presentado una moción para obligar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a cumplir con las órdenes judiciales de pagar sus honorarios legales. El comité se opone a la decisión de Hacienda de imponer un impuesto del 29% para los servicios en el extranjero.

El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo que examinará cada proyecto de ley por separado para determinar si deducirá el impuesto. Los profesionales que trabajan con Cofina tienen una solicitud similar.

El Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como agente del gobierno de Puerto Rico, también está tratando de discutir una moción renovada para establecer procedimientos para lidiar con el 5.5% de las ventas y el impuesto sobre el uso, pero el asunto no parece ser cuestionado.

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[VIDEO] Gobierno de Puerto Rico demanda a la junta de control fiscal por presupuesto

El gobernador Ricardo Rosselló. (Juan J. Rodríguez/CB)

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares anunció que radicará el jueves una demanda en el Tribunal Federal en contra de la junta de control fiscal para que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain decida cuál presupuesto debe implantarse en el país.

Poco después de la 1:00 p.m., el documento fue presentado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. En esencia,  el documento de 39 páginas establece que el gobierno de Puerto Rico busca que se les conceda un interdicto y una sentencia declaratoria, para disponer que la junta se excedió en sus facultades concedidas en la ley Promesa al certificar su propia versión del presupuesto y Plan Fiscal.

“La Junta quiere llegar a renegociar los términos de la deuda, pero lo cierto es que aquí tenemos que tener un balance de qué es lo mejor para Puerto Rico y por eso hoy yo voy a estar sometiendo una demanda ante el Tribunal Federal de varios asuntos contra la Junta de Control Fiscal”, dijo Rosselló Nevares en entrevista radial (Radio Isla).

“… Como ejecutivo ya yo firmé un presupuesto que fue el de la Asamblea Legislativa pero le expongo esto ante la jueza diciendo: tengo dos presupuestos ante mí. Yo firmé el de la Asamblea Legislativa. Estas son las consideraciones para hacerlo. Estamos solicitando un ‘injunction’ para que se pueda llevar a cabo este presupuesto, y si no, declare usted cuál es el presupuesto que va operar”, explicó Rosselló Nevares.

Indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recibió instrucciones para operar con la versión presupuestaria del gobierno.

El presupuesto del Gobierno, aprobado por la JCF entre la noche del sábado y la madrugada del domingo delinea gastos para el año fiscal 2018-2019 de $8,757,524,000 para el Fondo General y $20,663,643 al Presupuesto Consolidado del Gobierno, que incluye todas las entidades independientes, otros fondos, y fondos federales, en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico del 29 de junio. Esta cantidad no incluye, sin embargo, entidades gubernamentales que tienen sus propios planes fiscales.

Detalló que el recurso legal se compone de un “injunction” y un proceso declaratorio y que también contempla el asunto de las facultades del ente federal sobre la política pública del gobierno.

“Nosotros entendemos que la junta de control fiscal, cuando uno lee el plan fiscal y el presupuesto, particularmente el lenguaje que pone en el presupuesto, se extralimitan sobre lo que son sus podere reales. Queremos ir a corte a establecer que nosotros queremos una decisión de la juez diciendo que todos los asuntos de política pública y administrativa que vienen de la junta de control fiscal, son meramente recomendaciones como lo establece la sección 205 de la ley Promesa”, expresó el ejecutivo.

“Estaremos radicando eso hoy comenzando el proceso de litigio que habíamos adelantado”, advirtió el mandatario.

Por otro lado, Rosselló Nevares denunció que el plan fiscal fue certificado el sábado por la Junta, pero que “se hizo sin inherencia del gobernador y ese es otro asunto que está en controversia”. “Ese será algunos de los asuntos que se estarán viendo en el camino”, adelantó.

“Para mí la vía constructiva y del diálogo nos permitía un mecanismo donde pudiesemos llegar a los objetivos de Puerto Rico de manera más clara. Utilizaré todos los recursos que tengo a mi disposición para proteger al pueblo de Puerto Rico y proteger el poder de tomar decisiones de política pública del gobierno electo”, finalizó.

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Aafaf emite orden para modificar paralización automática de demandas bajo Promesa

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) emitió una orden administrativa para modificar la paralización automática de demandas bajo Promesa y permitir que ciertas querellas y agravios presentados por cinco uniones bajo convenios colectivos puedan continuar su curso.

Desde el 28 de julio del 2017, la International Union; la United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW) ; la Service Employees International Union (SEIU), la American Federation of Teachers y la American Federation of State, County and Municipal Employees Union, (AFL-CIO) han estado en conversaciones con el gobierno con miras a poder continuar los procedimientos de quejas y agravios que versen sobre hechos ocurridos con anterioridad al 3 de mayo del 2017, cuando el Estado Libre Asociado radicó quiebra bajo el Título III de Promesa.

Según la orden administrativa firmada el 2 de abril, el gobierno suscribió una estipulación con la AFL-CIO y con la American Federation of Teachers el 6 de marzo para modificar parcialmente la paralización automática bajo Promesa en ciertos casos. La UAW y la SEIU no aceptaron la estipulación pero accedieron a seguir sus términos temporeramente.

La orden administrativa establece un protocolo para identificar los casos que podrán continuar su curso. Dispone que todas las agencias o departamentos que tenga uniones deben identificar todos los casos de empleados representados por estas y que hayan sido presentados en los procedimientos de quejas, agravios, y arbitrajes de los convenios para separar aquellos cuya causa de acción haya ocurrido antes del 3 de mayo del 2017.

Querellas o agravios que versan sobre conductas ocurridas después del 3 de mayo del 2017 no estarán sujetos a la paralización de Promesa ni a la orden administrativa, por lo que podrán continuar su curso.

Los casos o querellas sobre hechos ocurridos antes del 3 de mayo continuaran sujetos a la paralización automática pero la orden administrativa establece una “excepción automática” para permitir que algunos puedan proseguir.

Esta excepción cubre aquellos casos que impugnen la constitucionalidad de una ley esencial para la implementación del plan fiscal; aquellos procedimientos cuyo remedio final impida o sea inconsistente con cualquier ley esencial para la implementación del plan fiscal del gobierno y aquellos casos en los que se solicite un interdicto que impida o contravenga la implementación de cualquier política pública del gobierno o las facultades administrativas de los departamentos. Esa excepción no cubre interdictos dirigidos a conseguir la reinstalación de funcionarios o empleados públicos.

Sin embargo, los casos sobre hechos ocurridos antes del 3 de mayo del 2017 que involucren solamente amonestaciones, suspensiones disciplinarias o despidos y destituciones disciplinarias no estarán sujetos a la paralización automática bajo Promesa.

La orden establece unos criterios para que las agencias puedan identificar aquellos casos que quedarían paralizados e incluyen aquellos en que se impugne la clasificación de empleados, que afecten a mas de cinco empleados o que persigan una exposición monetaria de mas de $200,000.

Los casos sobre hechos ocurridos antes del 3 de mayo del 2017 estarán sujetos a la paralización automática de Promesa luego que Aafaf notifique a las uniones, agencias y departamentos mediante un proceso establecido en la orden administrativa, según la orden.