Bernier descarta aspirar a la gobernación, en este momento

(Juan Rodríguez/CB)

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier dijo el lunes que por el momento descarta aspirar a alguna posición política para las elecciones de 2020, mientras aseguró hace todo lo posible para pagar la deuda de su pasada campaña política sin ayuda del partido.

“Yo hoy estoy siendo muy específico con lo que dice el informe del Contralor Electoral. Yo hoy estoy enfocado en mi profesión, estoy enfocado en echar para adelante a mi familia. Estoy enfocado en cumplir con las responsabilidades que quedan y no tengo ahora mismo en agenda ningún esfuerzo proselitista. No estoy participando de ninguna campaña política y no es algo que yo hoy esté considerando”, dijo Bernier en entrevista radial (Radio Isla).

“Sin embargo, he sido siempre consistente en mi vida de no abrazarme a calendarios absolutos ni descartar cosas, ni a afirmarlas tampoco porque uno sabe como es la vida”, agregó el también expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

Bernier hizo las declaraciones luego que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) divulgara las auditorías sobre las campañas de los partidos y candidatos a la gobernación del 2016.

“No, yo no quiero entrar en esos detalles específicos”, contestó cuando se le preguntó si el PPD le habría ayudado con la deuda.

“Sí quiero entrar en lo que tiene que ver con mi responsabilidad. Gracias a Dios he tenido el respaldo de mi familia y hemos usado dinero propio para nosotros poder atender todo lo que implica una auditoría como esta. Esto es bien importante. El que no prevalece siempre la tiene más difícil porque es su casa, es su familia lo que se convierte en el comité. Por ejemplo, la campaña del último candidato que no prevaleció antes que yo, sus multas fueron de 140 mil dólares. Las mías son de 1,000 dólares. Esa es la verdad que está incluída en el informe que el contralor electoral acaba de publicar”, aseguró.

Detalló que la deuda auditada a diciembre 31 de 2018 era 453 mil dólares y que ya la ha reducido a 413 mil dólares.

“Ahora me voy a sentar poco a poco con todas esas personas que tienen deudas certificadas como la ley lo permite a ver si podemos llegar a acuerdos que sean razonables y podemos bajar esa deuda de 413 mil dólares a 250 mil o 300 mil dólares. Cualquier ajuste es bueno porque al final va a salir de los recursos propios. Cuando eso ocurra, la saldaré, pero no es como mucha gente dice”, dijo Bernier al reiterar que siguió su práctica privada como dentista una vez acabó el proceso eleccionario de 2016.

Por su parte, el representante penepé José “Pichy” Torres Zamora señaló que referirá el informe sobre las finanzas de la campaña de Bernier a las autoridades federales al alegar que la misma utilizó sobre medio millón de dólares producto del alegado esquema que involucró al exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta y al exdirector de finanzas de su campaña, Miguel Sosa para desviar cerca de 10 millones de dólares de fondos federales del Departamento de Educación (DE).

“De esos, sobre medio millón de dólares recogió la campaña de David Bernier con Miguel Sosa como tesorero y director de finanzas. Dinero ‘cash’, dinero anónimo y entendemos que debe ser investigado, más cuando el señor Sosa ha sido encausado por las autoridades federales y vamos a someter el informe para que investiguen”, sostuvo el legislador en entrevista en la misma emisora.




Cámara aprueba proyecto para que policías cobren dinero adeudado sin pagar contribuciones

Con una votación unánime y el endoso de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 1911 con la intención de eximir del pago de contribución sobre ingresos los salarios que se les paguen retroactivamente a los miembros de la Policía de Puerto Rico.

Solo 10 representantes estuvieron ausentes durante los trabajos, pero no hubo votaciones en contra de la medida.

“Es un día histórico. Dejamos a un lado las diferencias políticas e ideológicas y nos unimos para atender un problema que nos preocupa a todos como representantes del pueblo. Hicimos lo que estamos debidos a realizar, hacer justicia por nuestros miembros de la Policía de Puerto Rico para que puedan ganarse justamente el dinero del trabajo que han realizado, que se han ganado y que otras administraciones les negaron”, dijo el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, autor del proyecto.

Explicó que el proyecto busca hacer justicia por los miembros de la Policía de Puerto Rico que se les adeuda dinero por el trabajo realizado por más de 10 años. La medida expresa en su exposición de motivos que durante el pasado, a través de la Ley 227-2004, se le realizaron aumentos salariales a las diferentes escalas de los policías, agentes y altos oficiales. Pero, a pesar del compromiso contraído por el gobierno para premiar la labor y el sacrificio de estos servidores públicos, nunca se les honró el aumento legislado.

Meléndez había expresado anteriormente que la legislación no representaría un impacto adverso al erario porque los fondos ya se habían identificado dentro del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y que fue revisado por la junta de control fiscal. Aseguró que alrededor de unos $122 millones han sido incluidos para iniciar el pago a los policías de los $366 millones que se les debe hace más de 10 años.

El legislador agregó que el informe positivo del proyecto menciona que el actual gobierno “ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto Ia identificación de una partida millonaria para dar inicio al pago de esa deuda salarial. De esta forma, se logró la asignación de $122 millones, en aras de hacerle justicia a los Miembros de la Uniformada, cuyo trabajo diario los expone a arriesgar su vida, ante su deber de proteger la vida y la propiedad del colectivo. La deuda acumulada por diferentes conceptos con el personal activo e inactivo del Sistema de Rango data del 2004. Durante el año 2010 se comenzó a trabajar con el cálculo de la deuda; no obstante, no se les satisfizo la misma por su trabajo desde el 2004”.

Asimismo, dijo que información publicada en algunos medios de comunicación revelan que al momento se han pagado alrededor de $100 millones en pago de horas extras desde que el actual gobierno asumió las riendas en el 2017.

El legislador agradeció a todos los integrantes de la Cámara de Representantes por unirse para aprobar la medida.




Establecen nueva Coalición de Deuda Constitucional Legítima

La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que representa ciertos titulares de bonos de obligación general de Puerto Rico (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) emitidos antes de marzo de 2012, anunció su creación el miércoles.

Susheel Kirpalani, del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, es el representante legal principal de la CDCL, según indicó en declaraciones escritas.

Kirpalani sostuvo que la CDCL será un participante orientado a soluciones en el proceso en curso para reestructurar la deuda constitucional de Puerto Rico. Su esperanza es que las partes interesadas y los acreedores quieran colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo de reestructuración consensual que respete, tanto la prioridad legal incuestionable de la deuda constitucional pre-2012 así como la estructura de la AEP, que ha estado en vigor desde la adopción de la Constitución del territorio de Puerto Rico.

“Creemos que este resultado puede generar un alivio significativo de la deuda para el Estado Libre Asociado, acelerar la recuperación económica de la isla y, en última instancia, restaurar el acceso a los mercados de capital. A medida que trabajamos hacia esa solución, nuestra coalición se compromete a proteger los derechos de la deuda de GO y de la AEP pre-2012 al garantizar que se respete su estatus legal de prioridad”, dijo.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & Escalera, LLC, sirven como representantes legales de la CDCL, con Miller Buckfire actuando como el asesor financiero de la Coalición.




Entra en vigor el plan de ajuste de Título III de Cofina

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) anunciaron que el tercer plan de ajuste enmendado al amparo del Título III de Cofina del 9 de enero de 2019, el cual fue confirmado por el Tribunal de Distrito federal para el distrito de Puerto Rico mediante una orden enmendada emitida el 5 de febrero de 2019, entró en vigor.

“Con esto se marca un hito, ya que es el primer plan de ajuste al amparo del Título III de la Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) en ser confirmado y entrar en vigor”, indicaron.

“La emisión de bonos nuevos y otras transacciones que forman parte de la reestructuración proveen beneficios económicos claros para Puerto Rico. En el día de hoy Cofina reestructuró cerca de 24 por ciento de la deuda consolidada de Puerto Rico y se le ahorraron a Cofina más de $17,000 millones en servicio a la deuda. Los acuerdos implementados gracias al plan de ajuste proveerán al gobierno de Puerto Rico acceso a un promedio de $425 millones anuales durante los próximos 40 años, dinero que en el pasado era utilizado para pagar la deuda de Cofina”, expresaron.

“Conforme al plan de ajuste, Cofina emitió alrededor de $12,000 millones en nuevos bonos por concepto de ingresos del impuesto sobre las ventas conforme al plan de ajuste”, informó la junta de control fiscal en declaraciones escritas.

Además, la junta de control fiscal certificó, por consentimiento escrito unánime, el presupuesto en cumplimiento para Cofina para el año fiscal 2019. “El presupuesto incluye los fondos para cubrir los gastos operacionales pasados y futuros de Cofina. La certificación de cumplimiento y el presupuesto, los cuales fueron enviados al gobernador de Puerto Rico, están disponibles en la página de internet de la junta de control fiscal”, indicó el ente rector.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó en comunicación escrita que “la salida de Cofina del Título III de Promesa es un paso importante para la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, el regreso a los mercados de capital y sentar las bases de una economía más resiliente, vibrante y fuerte. El logro de hoy es prueba de que el gobierno de Puerto Rico puede alcanzar soluciones para reestructurar la deuda que salvaguardan los intereses del pueblo de Puerto Rico”.




AEE y AAA comenzarán recortes de servicio a clientes morosos en las próximas semanas

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza en unión al representante, José “Che” Pérez urgieron el jueves a todos los clientes de la corporación pública a ponerse al día en sus cuentas para evitar cortes de servicio por falta de pago.

En conferencia de prensa detallaron el nuevo proceso de planificación, notificación y ejecución de suspensión de servicio como parte de la implementación de una enmienda a la Ley 33 de la autoría del Representante. La misma establece que la AAA deberá notificar al cliente 48 horas antes de cualquier corte de servicio por falta de pago.

Explicaron que durante las próximas dos semanas aquellos clientes que no tengan al día sus cuentas deberán actualizar sus datos en el sistema para recibir las notificaciones pertinentes.

“Como hemos mencionado hace semanas, nuevamente, exhortamos a nuestros clientes que actualicen su información de correo electrónico y teléfonos relacionados a su cuenta de agua para que puedan recibir los avisos con relación al estado de su factura. De esta manera, podrán obtener el detalle actualizado sobre su cuenta, y evitar un corte en el servicio”, explicó el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.

“El próximo 22 de febrero se emitirán los primeros avisos a los clientes con facturas atrasadas mediante un sistema de llamada telefónica, mensaje de texto y correo electrónico. Ya pasadas las 48 horas del aviso de suspensión de servicio, si el cliente no ha tomado ninguna acción, se comienza a tomar acción en el terreno. Esto significa que para el 25 de febrero se estarían realizando los primeros cortes de servicio”, indicó el funcionario.

Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció también que en las próximas semanas la corporación retomará los cortes de energía eléctrica a los clientes morosos de cuentas comerciales, industriales, residenciales, municipales y de las agencias del gobierno.

La directora de servicio al cliente de la corporación pública, Noriette Figueroa, detalló según un informe radial, que como parte del proceso, personal de la agencia se ha estado comunicando con los clientes con atrasos para que se pongan al día, al tiempo que hizo un llamado a los clientes con deudas a que se acerquen a la Autoridad para hacer un plan de pago o paguen la deuda completa para evitar la suspensión del servicio.

La Autoridad detalló que la deuda por cobrar de clientes morosos asciende a $542.3 millones.

No obstante, la AEE no dijo que el corte conlleva luego un cargo de reconexión que va desde $25 para clientes residenciales y de entre $50 a $150 para clientes comerciales. En el caso de la AAA, el cargo es de $50.

El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Freddyson Martínez, expresó a este medio que la AEE ya tenía planificado los cortes desde hace tiempo, pero lo aplazaron para realizar un aviso primero o hacer un “media tour”.




Declaración del tribunal sobre ilegalidad de la junta fiscal no invalidaría el plan de ajuste de Cofina

La declaración por parte de un tribunal de que la junta de control fiscal es ilegal o inconstitucional no invalidaría el plan de ajuste de deuda de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El plan para reestructurar la deuda de $17 billones de Cofina se aprobó por la jueza Laura Taylor Swain esta semana. El plan, según los funcionarios del gobierno, debería entrar en vigencia en marzo.

Al momento, existen varias demandas que cuestionan la constitucionalidad de la junta porque sus miembros no fueron nombrados según lo establecido por la cláusula de nombramientos de la constitución. Estos incluyen la junta de control fiscal como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos; la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) v. la Autoridad de Energía Electrica actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos; René Pinto Lugo, et al. v. El Gobierno de los Estados Unidos de América, actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito; La Hermandad De Empleados Del Fondo Del Seguro Del Estado, Inc., et al. v. Gobierno de los Estados Unidos de América, pendiente en el Tribunal de Distrito; y Rafael Hernández-Montañez, et al. v. la junta de control fiscal también pendiente en el Tribunal de Título III.

No obstante, el plan dice que en el caso de que se emita una orden relacionada con algunos de estos litigios, todas las partes acuerdan que la misma no impactará el acuerdo ni disposiciones que prohiben ciertos litigios o que eximen a ciertos funcionarios de ser demandados. Esto, a pesar de que se presume que cuando un ente es inválido, todas sus acciones son nulas.

La orden no “invertirá, afectará ni modificará de ninguna manera ni de ninguna manera las transacciones contempladas en el Plan, el Acuerdo de Conciliación, la Orden de Confirmación y la Orden de Liquidación, incluyendo, sin limitación, el compromiso y la solución de la disputa entre el ELA y Cofina y las liberaciones, exculpaciones y requerimientos”, dice el plan.

Anuncian confirmación del plan de ajuste de Título III de Cofina




García Padilla asegura acuerdo de Cofina valida que la deuda era impagable

El exgobernador Alejandro García Padilla expresó el martes que el acuerdo de reestructuración de deuda de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) valida sus comentarios hechos en el pasado de que la deuda era impagable.

“Aunque lo alcanzado con Cofina es un recorte tímido, el mero hecho de que sucediera hace que la historia nos de la razón a los que iniciamos esos procesos. Buscar un mecanismo de reestructuración de deuda fue una decisión correcta y necesaria. En cambio, la imposición que nos exigieran a cambio de darnos la capacidad de reestructurar, la Junta, ha probado ser ineficiente”, sostuvo en declaraciones escritas.

El exgobernador agradeció la creación de la ley federal Promesa que hizo posible que se llevara a cabo la reestructuración.”Con la libertad de quien no aspira a ningún cargo electivo, agradezco a los que en mi gobierno y en la administración del Presidente Barack Obama trabajaron en esa dirección. Igualmente, agradezco que el actual gobierno continuara el camino trazado, aún discrepando en algunas áreas”, declaró.

“Como dije hace ya más de tres años, la deuda según pactada era impagable y es necesario recortarla. Repito hoy lo que dije entonces: le daremos en herencia a nuestros hijos un país con menos deuda del que heredó mi gobierno”, dijo García Padilla.

“El acuerdo de Cofina tendrá que ser revisado y ampliado en unos años. Es demasiado generoso con los bonistas y deja un pagaré muy alto, aunque más bajo que lo que pactaron algunos gobiernos anteriores al mío. Es un punto de comienzo demostrando que dije la verdad: es necesario y es posible reestructurar y reducir la deuda”, señaló.




Bonos de la deuda de Venezuela aumentan tras posible cambio político

Debido a las expectativas sobre un posible cambio político, la deuda venezolana aumentó significativamente este miércoles con un incremento promedio de 5.37% para los Bonos Soberanos y 7.51% para los títulos de Petróleos de Venezuela.

La información fue dada a conocer por el diario eluniversal.com que citó a @Rendivalores, entidad que utilizó datos de la agencia Bloomberg.

El experto en Finanzas, José Ignacio Guarino, sostuvo en entrevista con eluniversal.com que bonistas aprecian que puede haber un cambio político pronto en Venezuela. “En teoría hay muchas expectativas sobre Venezuela desde que la Asamblea Nacional fue asumida por Juan Guaidó a nivel internacional”, precisó al tiempo que señaló que es un juego de expectativas.

Agregó además que el mejor tono que han tenido los bonos de países emergentes y un poco el repunte de los precios del petróleo. En el transcurso de este año, Venezuela debe responder a compromisos por 9,336 millones de dólares a tenedores de bonos. La cifra es un estimado difundido por la firma Torino Capital, según eluniversal.com.

El primer compromiso de pago de la deuda este año estaba pautado para ser ejecutado el 14 de enero, en esa fecha el Gobierno debía cancelar 70 millones de dólares a los inversionistas poseedores del bono Venz 2034s.

Hasta el momento no ha trascendido información sobre si el desembolso fue hecho parcial o totalmente por alguna de las instancias del Ejecutivo facultadas para ello, lo que se presume que el referido monto pasó a engrosar el monto adeudado que sumó al cierre de 2018 alrededor de 7.869,3 millones de dólares en compromisos de deuda externa no pagados ni por la República ni por Petróleos de Venezuela, sostiene la publicación.

En cuanto a la deuda soberana trascendió que el 6 de diciembre de 2018, cinco fondos de inversión estadounidenses se agruparon para demandar el pago de $1,500 millones del bono Venz 34. La acción se inició ante el organismo custodio de la acreencia, el Bank of New York Mellon, debido a que el Gobierno incumplió con el desembolso de $140 millones que debió cancelar este año por concepto de intereses. La demanda sobre el Venz 34 provocó acciones por parte de otros acreedores. A mediados de diciembre, la firma Casa Express Corp exigió ante la Corte del Distrito Sur Nueva York la cancelación de $34 millones por el impago del Bono Venz 18 (13.625%) que venció en agosto, dijo eluniversal.com.




Junta fiscal y Comité de Acreedores no Asegurados objetan $6 billones de deuda inconstitucional

El Comité Especial de Reclamaciones de la junta de control fiscal anunció que, junto al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (Comité de Acreedores) en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, han presentado una objeción a más de $6 billones de deuda en bonos de Puerto Rico.

Según se informó en una comunicación escrita, la objeción afirma que la Deuda Inválida fue emitida en clara violación a la Constitución de Puerto Rico y debe ser declarada nula y sin efecto.

“La junta de control fiscal y el Comité de Acreedores le han pedido a la juez federal que está supervisando el caso de la reestructuración de Puerto Rico que declare nula y sin efecto la Deuda Inválida, y a rechazar las reclamaciones de la Deuda Inválida bajo el Título III de Promesa”, indicó el ente federal.

Detallaron que el 13 de septiembre de 2017, el Comité Especial de la junta de control fiscal contrató a Kobre & Kim como un equipo investigativo independiente para llevar a cabo una investigación de la deuda de Puerto Rico y su conexión a la presente crisis fiscal. El Comité Especial describió la investigación como “una parte integral de la misión de la Junta para restaurar el balance fiscal y las oportunidades económicas, así como promover el regreso de Puerto Rico a losmercados de capital”. Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20de agosto de 2018, la junta de control fiscal designó el Comité Especial de Reclamaciones, compuesto por los miembros de la junta de control fiscal Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, para investigar posibles reclamaciones que surjan del Informe de Kobre & Kim. El Comité Especial de Reclamaciones contrató a Brown Rudnick LLP para asistirle en ese proceso.

“La objeción presentada es la primera acción importante tomada por la junta de control fiscal como resultado de su concienzuda y exhaustiva investigación”, indicaron.

Asimismo, se informó que la junta de control fiscal y el Comité de Acreedores identifica más de 6 mil millones de dólares de Deuda Inválida como excediendo el límite constitucional de deuda del Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. La Deuda Inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos por Puerto Rico en el 2012 y 2014.

Separadamente, el Comité de Acreedores también alega que la Deuda Inválida viola el requerimiento de balancear el presupuesto en el Artículo VI, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, porque los dineros procedentes de las emisiones de deuda fueron usados para financiar déficits. El Comité de Acreedores está representado por Paul Hastings LLP como abogados y Zolfo Cooper LLC como consultores financieros.




Gobernador anuncia millonario desembolso para la Policía de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes, el desembolso de $30.4 millones para el personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico por concepto de nómina por ajuste salarial que les correspondía y no habían recibido.

Este pago es el segundo realizado por concepto de esta deuda e impactará a 2,884 policías activos e inactivos. El total de desembolsos efectuados hasta la fecha suman $43.1 millones.

“Continuamos con el proceso y las acciones necesarias para cumplir con la asignación del dinero que corresponde a estos funcionarios del orden público. Ellos están comprometidos con la seguridad de nuestro Pueblo y nosotros reiteramos el compromiso de hacerles justicia por los años en que no se realizó el pago a su deuda”, señaló el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

En tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, sostuvo que “el grupo de trabajo en el Negociado de la Policía ha trabajado arduamente, llevando a cabo distintos esfuerzos con el propósito de liquidar la deuda y continuar realizando los pagos a un tiempo razonable, para así cumplir con los miembros del Negociado de la Policía”.

La deuda acumulada por diferentes conceptos con el personal activo e inactivo del Sistema de Rango y Clasificado del Negociado data del 2004. Sin embargo, no fue hasta el 2009 que el Gobierno de Puerto Rico reconoció la deuda en los estados financieros de ese año y en el 2010 se comenzó a trabajar el cálculo de la deuda, pero no se había asignado el dinero para su pago.

El secretario explicó que todos los pagos se realizarán mediante cheque y en el portal web de la Policía https://policia.pr.gov/pay-out/ se podrá validar el nombre y la placa de los oficiales que recibirán su pago, así como el lugar donde deberán recogerlo. Al momento de buscar su cheque, el beneficiario deberá firmar un documento que sirve de evidencia para ambas partes de la transacción.

Si quien recoge el cheque es una tercera persona, deberá llevar una carta de autorización, así como una identificación válida de la persona a quien le corresponde el cheque y de la persona que lo recoge.

Es importante recordar que a los empleados inactivos se les deducirá cualquier deuda con agencias gubernamentales según el expediente y las certificaciones que obran en el mismo.

Si alguna persona tiene reparo, puede solicitar una revisión. La División de Nombramientos y Cambios y la División de Nóminas del Negociado de la Policía estarán disponibles para recibir a estos empleados los martes y jueves en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Entretanto, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero anunció más temprano el lunes que luego de hacer un análisis en diferentes partidas presupuestarias se le asignaron $5.7 millones adicionales a la Policía de Puerto Rico.

“La seguridad de nuestra isla es prioridad. No descansaremos hasta que nuestra gente se sienta segura en sus calles. Es por esto que, específicamente el monto mencionado se reprogramará para gastos y funcionamiento de la agencia de seguridad”, explicó el director ejecutivo de la OGP en una comunicación escrita.

Detalló además que el impacto fiscal de esta transacción es cero para propósitos del presupuesto aprobado por la junta de control fiscal para el 2019. Asimismo, indicó que parte del dinero que se transfiere será utilizado para el pago de deudas de años anteriores.

“Continuaremos fortaleciendo iniciativas de impacto además de allegar fondos necesarios para que nuestros héroes que a diario sacrifican sus vidas en las calles, tengan los recursos necesarios para mantener nuestras calles seguras”, aseveró el funcionario.

Señaló que la transacción fue aprobada por la junta de control fiscal.