Bonos de la deuda de Venezuela aumentan tras posible cambio político

Debido a las expectativas sobre un posible cambio político, la deuda venezolana aumentó significativamente este miércoles con un incremento promedio de 5.37% para los Bonos Soberanos y 7.51% para los títulos de Petróleos de Venezuela.

La información fue dada a conocer por el diario eluniversal.com que citó a @Rendivalores, entidad que utilizó datos de la agencia Bloomberg.

El experto en Finanzas, José Ignacio Guarino, sostuvo en entrevista con eluniversal.com que bonistas aprecian que puede haber un cambio político pronto en Venezuela. “En teoría hay muchas expectativas sobre Venezuela desde que la Asamblea Nacional fue asumida por Juan Guaidó a nivel internacional”, precisó al tiempo que señaló que es un juego de expectativas.

Agregó además que el mejor tono que han tenido los bonos de países emergentes y un poco el repunte de los precios del petróleo. En el transcurso de este año, Venezuela debe responder a compromisos por 9,336 millones de dólares a tenedores de bonos. La cifra es un estimado difundido por la firma Torino Capital, según eluniversal.com.

El primer compromiso de pago de la deuda este año estaba pautado para ser ejecutado el 14 de enero, en esa fecha el Gobierno debía cancelar 70 millones de dólares a los inversionistas poseedores del bono Venz 2034s.

Hasta el momento no ha trascendido información sobre si el desembolso fue hecho parcial o totalmente por alguna de las instancias del Ejecutivo facultadas para ello, lo que se presume que el referido monto pasó a engrosar el monto adeudado que sumó al cierre de 2018 alrededor de 7.869,3 millones de dólares en compromisos de deuda externa no pagados ni por la República ni por Petróleos de Venezuela, sostiene la publicación.

En cuanto a la deuda soberana trascendió que el 6 de diciembre de 2018, cinco fondos de inversión estadounidenses se agruparon para demandar el pago de $1,500 millones del bono Venz 34. La acción se inició ante el organismo custodio de la acreencia, el Bank of New York Mellon, debido a que el Gobierno incumplió con el desembolso de $140 millones que debió cancelar este año por concepto de intereses. La demanda sobre el Venz 34 provocó acciones por parte de otros acreedores. A mediados de diciembre, la firma Casa Express Corp exigió ante la Corte del Distrito Sur Nueva York la cancelación de $34 millones por el impago del Bono Venz 18 (13.625%) que venció en agosto, dijo eluniversal.com.




Junta fiscal y Comité de Acreedores no Asegurados objetan $6 billones de deuda inconstitucional

El Comité Especial de Reclamaciones de la junta de control fiscal anunció que, junto al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (Comité de Acreedores) en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, han presentado una objeción a más de $6 billones de deuda en bonos de Puerto Rico.

Según se informó en una comunicación escrita, la objeción afirma que la Deuda Inválida fue emitida en clara violación a la Constitución de Puerto Rico y debe ser declarada nula y sin efecto.

“La junta de control fiscal y el Comité de Acreedores le han pedido a la juez federal que está supervisando el caso de la reestructuración de Puerto Rico que declare nula y sin efecto la Deuda Inválida, y a rechazar las reclamaciones de la Deuda Inválida bajo el Título III de Promesa”, indicó el ente federal.

Detallaron que el 13 de septiembre de 2017, el Comité Especial de la junta de control fiscal contrató a Kobre & Kim como un equipo investigativo independiente para llevar a cabo una investigación de la deuda de Puerto Rico y su conexión a la presente crisis fiscal. El Comité Especial describió la investigación como “una parte integral de la misión de la Junta para restaurar el balance fiscal y las oportunidades económicas, así como promover el regreso de Puerto Rico a losmercados de capital”. Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20de agosto de 2018, la junta de control fiscal designó el Comité Especial de Reclamaciones, compuesto por los miembros de la junta de control fiscal Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, para investigar posibles reclamaciones que surjan del Informe de Kobre & Kim. El Comité Especial de Reclamaciones contrató a Brown Rudnick LLP para asistirle en ese proceso.

“La objeción presentada es la primera acción importante tomada por la junta de control fiscal como resultado de su concienzuda y exhaustiva investigación”, indicaron.

Asimismo, se informó que la junta de control fiscal y el Comité de Acreedores identifica más de 6 mil millones de dólares de Deuda Inválida como excediendo el límite constitucional de deuda del Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. La Deuda Inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos por Puerto Rico en el 2012 y 2014.

Separadamente, el Comité de Acreedores también alega que la Deuda Inválida viola el requerimiento de balancear el presupuesto en el Artículo VI, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, porque los dineros procedentes de las emisiones de deuda fueron usados para financiar déficits. El Comité de Acreedores está representado por Paul Hastings LLP como abogados y Zolfo Cooper LLC como consultores financieros.




Gobernador anuncia millonario desembolso para la Policía de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes, el desembolso de $30.4 millones para el personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico por concepto de nómina por ajuste salarial que les correspondía y no habían recibido.

Este pago es el segundo realizado por concepto de esta deuda e impactará a 2,884 policías activos e inactivos. El total de desembolsos efectuados hasta la fecha suman $43.1 millones.

“Continuamos con el proceso y las acciones necesarias para cumplir con la asignación del dinero que corresponde a estos funcionarios del orden público. Ellos están comprometidos con la seguridad de nuestro Pueblo y nosotros reiteramos el compromiso de hacerles justicia por los años en que no se realizó el pago a su deuda”, señaló el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

En tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, sostuvo que “el grupo de trabajo en el Negociado de la Policía ha trabajado arduamente, llevando a cabo distintos esfuerzos con el propósito de liquidar la deuda y continuar realizando los pagos a un tiempo razonable, para así cumplir con los miembros del Negociado de la Policía”.

La deuda acumulada por diferentes conceptos con el personal activo e inactivo del Sistema de Rango y Clasificado del Negociado data del 2004. Sin embargo, no fue hasta el 2009 que el Gobierno de Puerto Rico reconoció la deuda en los estados financieros de ese año y en el 2010 se comenzó a trabajar el cálculo de la deuda, pero no se había asignado el dinero para su pago.

El secretario explicó que todos los pagos se realizarán mediante cheque y en el portal web de la Policía https://policia.pr.gov/pay-out/ se podrá validar el nombre y la placa de los oficiales que recibirán su pago, así como el lugar donde deberán recogerlo. Al momento de buscar su cheque, el beneficiario deberá firmar un documento que sirve de evidencia para ambas partes de la transacción.

Si quien recoge el cheque es una tercera persona, deberá llevar una carta de autorización, así como una identificación válida de la persona a quien le corresponde el cheque y de la persona que lo recoge.

Es importante recordar que a los empleados inactivos se les deducirá cualquier deuda con agencias gubernamentales según el expediente y las certificaciones que obran en el mismo.

Si alguna persona tiene reparo, puede solicitar una revisión. La División de Nombramientos y Cambios y la División de Nóminas del Negociado de la Policía estarán disponibles para recibir a estos empleados los martes y jueves en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Entretanto, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero anunció más temprano el lunes que luego de hacer un análisis en diferentes partidas presupuestarias se le asignaron $5.7 millones adicionales a la Policía de Puerto Rico.

“La seguridad de nuestra isla es prioridad. No descansaremos hasta que nuestra gente se sienta segura en sus calles. Es por esto que, específicamente el monto mencionado se reprogramará para gastos y funcionamiento de la agencia de seguridad”, explicó el director ejecutivo de la OGP en una comunicación escrita.

Detalló además que el impacto fiscal de esta transacción es cero para propósitos del presupuesto aprobado por la junta de control fiscal para el 2019. Asimismo, indicó que parte del dinero que se transfiere será utilizado para el pago de deudas de años anteriores.

“Continuaremos fortaleciendo iniciativas de impacto además de allegar fondos necesarios para que nuestros héroes que a diario sacrifican sus vidas en las calles, tengan los recursos necesarios para mantener nuestras calles seguras”, aseveró el funcionario.

Señaló que la transacción fue aprobada por la junta de control fiscal.




Espacios Abiertos asegura acuerdo de Cofina dificultará crecimiento de Puerto Rico

La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) dijo que “en guerra avisada no muere gente”, al referirse a “distintos elementos” de la propuesta para reestructurar el acuerdo de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que le “producen suspicacia”, y los señalamientos del experto en deuda, el economista Martín Guzmán, comisionado por EA para hacer un análisis de alivio de deuda necesario para Puerto Rico y para analizar la reestructuración del acuerdo de Cofina.

“Lo dijimos el año pasado y continuamos en la misma dirección”, dijo la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet, quien agregó que están recurriendo a la Jueza Laura Taylor Swain, quien entre el miércoles 16 y jueves 17 tomará una determinación en el acuerdo de reestructuración de los bonos Cofina, para que aquilate los planteamientos de los expertos en un contexto integral antes de “repartir” el dinero de Puerto Rico y de “poner en riesgo la salud, la seguridad y la educación de las y los puertorriqueños”.

Bajo el acuerdo de Cofina, el gobierno central y Cofina se dividen los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). De otra parte, los bonistas de Cofina intercambiaran sus bonos por unos nuevos.

En una mesa redonda para la prensa en San Juan, Blondet lanzó las siguientes interrogantes: ¿Cómo se verán afectadas las prestaciones de los servicios esenciales y el crecimiento económico de Puerto Rico “al haber hipotecado los recaudos” del IVU de los próximos 40 años para pagar la deuda reestructurada de Cofina? “¿Es razonable pensar que, ante la ausencia de futuro crecimiento económico y las proyecciones de población a la baja, los recaudos del IVU proyectados en el Plan Fiscal realmente podrán crecer a una tasa anual de casi el 4%?”

A éstas, sumó que “ante una crisis fiscal endémica que enfrentamos desde 2006 y sin un relevo de modelo económico a la vista, ¿cómo podrá Puerto Rico enfrentar pagos de casi $1 billón anuales (aproximadamente un 10% de sus recaudos actuales) cuando se acaben las ayudas de reconstrucción de los huracanes Irma y María?”

Por otra parte, hizo un llamado para que “en un asunto de tal envergadura donde los números son tan importantes como las personas a quienes van a impactar, se hiciera como en algunos estados de los Estados Unidos como Nueva Jersey y en algunas ciudades como Filadelfia, donde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil participan activamente en las decisiones que tienen que ver con las emisiones de deuda pública.”

“Sin embargo, vimos como el 7 de noviembre de 2018 el PC 1837-proyecto legislativo propuesto del acuerdo del Plan de Ajuste de Cofina- fue aprobado en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sin audiencias públicas y sin permitir que ningún miembro de la legislatura, organización o ciudadano hiciera preguntas, expresara sus opiniones o presentara cualquier propuesta o enmienda”, aseveró la directora de EA.

Por su parte, el economista Martín Guzmán, quien hace un año exactamente presentó en Puerto Rico el estudio que le comisionó Espacios Abiertos para hacer un análisis de la sostenibilidad de nuestra deuda junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann, planteó serias preocupaciones en torno al acuerdo que podrá aprobarse o rechazarse esta semana por la jueza Laura Taylor Swain.

Mediante dicho acuerdo, Puerto Rico deberá pagar $32.30 billones en los próximos 40 años en servicio de la deuda. Esos pagos anuales inician en $420 millones en 2019 e irían aumentando hasta alcanzar los casi $993 millones anuales entre 2041 y 2058.

Guzmán dijo que “desafortunadamente se ha desaprovechado una oportunidad para que Puerto Rico pueda enderezar su barco fiscal. Por el contrario, la junta de control fiscal recientemente certificó un nuevo plan fiscal y un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos por Cofina que podría poner a la isla en una camisa de fuerza de deuda por tiempo indefinido.”

Expresó que gracias a la junta de control fiscal, los tenedores de bonos de Cofina ahora “obtendrán mucho más” de lo que podrían haber esperado en diciembre pasado, cuando los bonos puertorriqueños tocaron fondo.

Los precios tanto de Cofina como de los bonos de obligación general se han recuperado constantemente, debido a un juego político sobre fondos de ayuda para desastres que se ha estado desarrollando entre la junta de control fiscal, el Congreso de los EE.UU. y los tenedores de bonos -un juego al que se unió la Cámara de Representantes de Puerto Rico cuando se aprobó una factura para permitir el acuerdo de Cofina.

Blondet agregó que hace tiempo pidieron que el Gobierno y la Junta presentaran su análisis de sostenibilidad y que la respuesta fue “parcial y a cuenta gotas.”

“Hicieron un nuevo plan fiscal y han estado tomando determinaciones sin el análisis para saber si la deuda es o no sostenible. Si existe un análisis por parte del Gobierno o la Junta no lo hemos visto. De nuestra parte fuimos transparentes al hacer disponible toda la metodología del análisis que preparó Guzmán con su grupo”, dijo Blondet.




Bonistas del Patio reitera necesidad de acuerdo de reestructuración de la deuda de Cofina

La organización Bonistas del Patio reiteró el miércoles que el acuerdo de reestructuración de la deuda de $17 billones de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) es necesario para detener la erosión de las inversiones locales y evitar litigios prolongados y costosos.

Las estadísticas muestran que la mayoría de los tenedores de bonos puertorriqueños no pueden darse el lujo de esperar el fin del litigio para recuperar el valor de sus bonos porque eso podría llevar años, dijo la organización local de tenedores de bonos.

Solo el año pasado, los tenedores de bonos puertorriqueños vendieron casi $1 billón de sus bonos de Cofina con pérdidas significativamente mayores que las acordadas en el acuerdo de reestructuración a inversionistas externos, lo que redujo las tenencias locales en Cofina de $4.8 billones a $3.8 billones.

“Tenga en cuenta que, desde mayo de 2017, los tenedores de bonos de Cofina no han recibido intereses sobre sus ahorros en este instrumento y están viendo en sus estados de cuenta, los altos descuentos del mercado y mucha volatilidad. A esta tasa, sin un acuerdo consensual, las posibilidades de que un tenedor de bonos recupere una parte razonable de su inversión se verían muy erosionadas”, dijo la organización.

Las declaraciones del grupo se hicieron en una carta a los corredores de inversión de la isla para aclarar los conceptos erróneos sobre el apoyo de la organización para el acuerdo de reestructuración que se evaluará en los tribunales el 16 de enero.

El presidente de Bonistas del Patio, Jorge Irizarry, y el director ejecutivo del grupo, Rafael Rojo, dijeron que se vieron obligados a escribir la carta porque algunos corredores de inversiones se opusieron al acuerdo y lanzaron sospechas sobre el apoyo del grupo al acuerdo de Cofina.

Cofina, que es una de las cinco entidades en quiebra a través de la ley federal Promesa, llegó a un acuerdo el año pasado para reestructurar su deuda de $17 billones, que es doble. El acuerdo divide los ingresos del impuesto a las ventas y uso de 5.5% que pertenece a Cofina de 11.5% del impuesto total a las ventas y uso.

Del 5.5% del impuesto a las ventas y uso que corresponde a Cofina, el 53.65% se mantendrá para los tenedores de bonos de Cofina y el resto será para el gobierno central. En segundo lugar, los tenedores de bonos de Cofina cambiarán sus bonos por otros nuevos, cuyo valor se reducirá en aproximadamente un 32%. Los bonos senior se redujeron en un 7%; es decir, podrán recuperar el 93% del valor nominal de los bonos, mientras que los bonos junior se redujeron en un 46.1%, permitiendo una recuperación de solo el 53.9% del valor de los bonos.

Una de las ideas erróneas es que el acuerdo perjudica a Puerto Rico porque los tenedores de bonos locales no compraron bonos senior sino solo bonos junior. Bonistas del Patio argumentó que, según los datos obtenidos y la información ofrecida por las casas de corretaje al grupo, los puertorriqueños invirtieron aproximadamente el 50% en bonos senior de Cofina y el 50% en bonos junior de Cofina.

Existe la idea errónea de que existe un amplio ingreso por el impuesto a las ventas y uso para pagar a los tenedores de bonos, lo que no explica la diferencia entre los valores de recuperación de los tenedores de bonos junior y senior.

Los bonistas argumentaron que aunque la fuente de reembolso es la misma, los contratos de deuda para los grupos son diferentes.

“El riesgo de los juniors es exponencialmente mayor debido a la realidad legal y contractual de un senior vs. un junior (tenedor de bonos). Los compradores de bonos junior, aunque muchos no lo sabían, están sujetos al hecho de que en un escenario por “defecto”, sus bonos solo se pagan después de que los tenedores de bonos senior recuperaron el 100% de su capital e intereses. Esto se debe a la cláusula de aceleración que favorece a los bonos senior en caso de por defecto”, dijo el grupo.

Si bien los críticos del acuerdo con Cofina han dicho que los tenedores de bonos senior deberían haber dado más a los tenedores de bonos junior durante la negociación, Bonistas del Patio dijo que los tenedores de bonos junior representados en la mediación, principalmente por fondos de cobertura, aceptaron el recorte para evitar el tiempo, los costos y los riesgos asociados con ser en un litigio judicial.

Bonistas del Patio también desestimó las reclamaciones de que el gobierno debería haber discriminado a los tenedores de bonos no puertorriqueños de Cofina, algunos de los cuales compraron sus bonos con un descuento a favor de los tenedores de bonos de Cofina de Puerto Rico.

La organización señaló que la realidad legal es que ni la ley Promesa ni la Ley de Quiebras, que rige el proceso de reestructuración de la deuda, permiten la discriminación entre grupos de tenedores de bonos.

“Por lo tanto, no puede pagar legalmente más a un tenedor de bonos no residente que a un tenedor de bonos bona fide de Puerto Rico”, dijeron.




Abogados de la junta fiscal advierten podrían imponer reducción forzosa de la deuda del gobierno

Desde la radicación de la quiebra del gobierno, por primera vez los abogados de la junta de control fiscal advirtieron públicamente el miércoles que podrían imponer una reducción forzosa (“cramdown”, en inglés) de la deuda del gobierno central a menos que se pueda llegar a un acuerdo con los acreedores.

La deuda del gobierno central es de aproximadamente $46,000 millones, incluidos aproximadamente unos $18,000 millones en bonos de obligación general, que están garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado. Un “cramdown” es una reducción forzosa ordenada por un tribunal en el saldo de la deuda, generalmente con el interés más bajo, a pesar de la oposición de los acreedores. Desde el 2017, se rumoraba la posibilidad sobre el uso del “cramdown.”

El abogado de la Junta, Martin Bienenstock, un abogado de la firma Proskauer Rose, dijo que el gobierno no dudará en usar el mecanismo si se enfrenta a objeciones legales. El abogado hizo sus declaraciones en la última audiencia mensual del año 2018 en el caso de quiebra que se lleva bajo el Título III de la ley federal Promesa en el Tribunal de Distrito de EE.UU.

Bienenstock, sin embargo, dijo que no será hasta marzo o abril que se sabrá con certeza cuándo se realizará y si habrá fecha cierta en torno a la reestructuración de la deuda del gobierno.

Algunos acreedores, quienes no quisieron que se publicaran sus nombres, vieron los comentarios del gobierno como un intento desesperado de presión pese a que la Junta sí puede solicitar el “cramdown”.

Durante su alocución, sostuvo que las negociaciones con acreedores serían más fáciles si el gobierno local implementara acciones que pudieran ayudar a aumentar el retorno de acreedores tales como la derogación de ciertas leyes laborales como la Ley de Despido Injustificado.

Durante la audiencia, Katherine Stadler, una abogada que trabaja con el examinador de tarifas Brady Williamson, argumentó a favor de imponer ciertos estándares o controles a la cantidad de honorarios que paga el gobierno. Stadler informó al tribunal que las firmas de abogados y asesores financieros han aumentado en $4 millones sus honorarios hasta mayo de este año.

El examinador de tarifas, Brady Williamson, de la firma Godfrey & Kahn’s, había presentado en noviembre un documento para establecer que aumentos en los honorarios serían declarados irrazonables a menos que las firmas de abogados tuvieran el respaldo del cliente y notificaran al Tribunal con 21 días de antelación.

El examinador de tarifas solicitó que se impusiera un límite del 5% aumento anual en los honorarios. Stadler sostuvo que era necesario porque cualquier ahorro realizado al gobierno al inicio del caso de quiebra, al establecer ciertos descuentos en las honorarios, podría perderse. También se solicitó la aprobación del pago de honorarios para el periodo de facturación de febrero hasta mayo de 2018, que según los cálculos de CB en Español, rondaba en sobre $50 millones. El pago autorizado por la Jueza fue por la cantidad de $10 millones.

En cuanto a los controles solicitados por el examinador de tarifas, Swain solo autorizó un aumento del 2% anual en los honorarios, pero se negó a imponer más controles con el propósito de que los abogados se reunieran con el examinador de tarifas para establecer en conjunto los cambios a los procedimientos para que estos últimos puedan cobrar por su trabajo.

De paso, Swain sugirió que las firmas de abogados fuera de Puerto Rico deberían encontrar maneras de reducir los costos delegando más trabajo a las firmas de abogados locales que trabajan en el caso de quiebra y que facturan tarifas más bajas.

Las firmas de abogados locales facturan una cuarta parte de lo que facturan las firmas de abogados fuera de Puerto Rico.
Swain, quien dijo que no había visto la ley porque no podía encontrarla, también le preguntó a Stadler sobre el impacto de la reforma contributiva de Puerto Rico, que impondría un impuesto del 29% sobre el ingreso bruto pagado por servicios prestados fuera de la isla para Puerto Rico. Stadler dijo que la situación aún no estaba del todo clara, pero que los abogados recibieron instrucciones de mantener el artículo separado.

De otra parte, el abogado de la junta de control fiscal, Brian Rosen anunció que los abogados de la Asociación de Maestros y de la Junta acordaron posponer hasta el 30 de enero la solicitud del sindicato para levantar la suspensión de su litigio que busca la liquidación ciertas licencias. La posposición se hizo para poder negociar un acuerdo.

Por otro lado, hubo una actualización sobre el procedimiento para llegar a una ajuste de la deuda de Cofina, cuya vista esta pautada para 16 de enero. Swain comentó que ha recibido numerosas cartas de individuos que se oponen a la liquidación de deudas de Cofina. Brian Rosen, abogado de Proskauer Rose, dijo que la Jueza era un “blanco de una campaña de cartas”.

La Jueza dijo que separaría al menos dos horas para permitir que personas pudiesen expresar sus opiniones sobre el acuerdo de reestructuración. Pese a que la deuda de Cofina es de $17,000 millones, hay unos $10,000 billones ($10 trillones) en reclamaciones que Rosen dijo en su mayoría son duplicados.

El abogado sostuvo que se habían radicado unas 16 objeciones al acuerdo de Cofina para reestructurar la deuda de $17,000 millones. La mayoría de esas objeciones se presentaron en noviembre antes de que Swain aprobara la declaración informativa sobre el acuerdo. La junta de control fiscal tendrá hasta el 9 de enero para responder a las objeciones.

Rosen informó que el Comité de Retirados del Gobierno retiró su objeción al acuerdo de Cofina. El Comité lo había objetado porque la reestructuración de Cofina no cumplía con los limites constitucionales impuestos sobre el nivel de deuda. De hecho, la deuda de Cofina se considera una deuda extraconstitucional.




Bonistas del Patio reitera su apoyo al plan de ajuste de Cofina

La organización Bonistas del Patio (BdP), que representa a más de 60,000 puertorriqueños que prestaron dinero al gobierno en bonos, reiteró su respaldo al plan de ajuste de Cofina y presentó seis razones específicas para apoyar este plan.

De acuerdo a la entidad, debido a las circunstancias actuales y riesgos de litigio, este plan proporciona una solución justa y razonable a los reclamos y disputas complejas. Además, ofrece un camino constructivo hacia adelante en el proceso de recuperación fiscal y económica de Puerto Rico.

“El plan representa un avance positivo en la recuperación a largo plazo de la economía de Puerto Rico porque allanará el camino para futuros acuerdos de reestructuración para otras deudas gubernamentales y alentar la inversión económica en la isla. Por tal razón, en un ambiente gubernamental de poco consenso, el Plan de Ajuste cuenta con el respaldo del Gobierno de Puerto Rico, la junta de control fiscal, la Cámara y el Senado de Puerto Rico, en adición a múltiples de los más grandes tenedores y aseguradores de los bonos de Cofina, expresó el presidente de la Junta de Directores de BdP, Rafael Rojo.

“Si se confirma el Plan, los tenedores de bonos de Cofina, comenzarán a recibir nuevamente pagos regulares del servicio de la deuda, a razón de una recuperación de 93% para los bonos Seniors y 56% los Subordinados, en un período de tiempo relativamente corto, que quizás será tan pronto como a principios de 2019. Esto es un gran alivio porque los aleja de tener que lidiar con la incertidumbre de que el litigio podría tomar años para resolver”, explicó Rojo.

Cofina es la mayor tenencia de bonos de Puerto Rico que poseen los ahorristas locales, lo que significa que cualquier reestructuración de deuda de Cofina tendrá un impacto significativo en la isla.

“Cofina no ha pagado principal ni interés a los tenedores de bonos (Senior o Subordinado) desde mayo de 2017. Además, la crisis fiscal y el extenso litigio sobre la estructura legal de Cofina y sobre quien tiene la prioridad entre los tenedores de bonos de Cofina, ha generado una gran incertidumbre sobre el monto y el momento en que, podría darse alguna recuperación para los tenedores de bonos. Como resultado, se ha creado una extrema volatilidad en el valor de mercado de los bonos de Cofina”, expresó Jorge Irizarry, director ejecutivo de BdP.

Irizarry añadió que los bonistas de Cofina han experimentado tanto una falta total de pagos desde 2017 y, desde agosto del 2013, una volatilidad extrema en el valor de mercado de sus bonos, generado una gran incertidumbre sobre cuándo y cuánto podrán recuperar.

De acuerdo con el documento de divulgación aprobado por el tribunal, BdP apoyó el Plan por las siguientes razones principales:

1. El tiempo trabaja en contra del bonista local: Las estadísticas demuestran que el bonista Puertorriqueño no puede esperar a que culmine un pleito legal ya que el mismo pudiese durar varios años en resolverse en corte. Solamente en el pasado año los bonistas locales tenedores de Cofina vendieron casi $1 billón de sus ahorros bajando así la tenencia local de $4.8 a $3.8 billones en Cofina. Sin lograrse un acuerdo consensual, es lógico predecir que más puertorriqueños venderían a precios de mercado altamente descontados perjudicando así una base importante de ahorros puertorriqueños.

2. Riesgo de bonos Subordinados: El Plan elimina el riesgo legal que corren los tenedores de bonos Subordinados de no recibir pago alguno hasta que los bonos Senior se paguen por completo, lo que ha sido objeto de extensas disputas legales.

  • Debido a las claúsulas existentes en los contratos de los inversionistas de bonos Subordinados, existe el riesgo de que tal litigio pueda dar lugar a que los tenedores de bonos Subordinados reciban muy poca consideración, o que solo reciban pagos en el futuro muy lejano.
  • Además, bajo el Plan, los tenedores de bonos Subordinados recibirán bonos Cofina reestructurados con las mismas características que los tenedores de bonos Senior, eliminando la subordinación que existía en la estructura anterior.

3. Riesgo de la estructura de Cofina: El Plan elimina el riesgo de que los tenedores de ambos tipos de bonos de Cofina puedan ser despojados del derecho a recibir el pago de los fondos del impuesto a las ventas y uso (“IVU”).

  • Las demandas presentadas por los acreedores del gobierno, antes y durante los casos del Título III han cuestionado la validez y exigibilidad de toda la estructura Cofina. Si dicho litigio fuera exitoso, los tenedores de bonos de Cofina podrían ser tratados como acreedores no garantizados (unsecured) del Estado Libre Asociado y no tendrían derecho a los fondos del impuesto de ventas y uso (IVU) dedicados a pagar sus bonos. Como resultado, los bonos enfrentarían un deterioro severo del valor con el potencial de una recuperación muy baja.

4. Reanudación pronta de pagos: El Plan proporciona el camino más rápido para la reanudación de los pagos a los acreedores, se espera que durante el primer trimestre se materialicen las recuperaciones acordadas en el Plan. Sin un Plan concensual, los litigios podrían durar años y consumir fondos que de otra manera podrían usarse para pagar a los acreedores. Además, persistiría la incertidumbre con respecto a las recuperaciones, manteniendo bajos los valores de mercado, y la falta de pago de los bonos de Cofina continuaría hasta que dicho litigio termine.

5. Protecciones legales fortalecidas: La Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el Gobernador Ricardo Rosselló apoyan el Plan y promulgaron una nueva legislación para fortalecer las protecciones legales de Cofina y los nuevos bonos reestructurados de Cofina distribuidos bajo el Plan. Según esta legislación, los bonos Cofina reestructurados estarán garantizados por un nuevo gravamen legal sobre los fondos del IVU dedicados a su pago. Además, la reestructuración de COFINA se regirá por una nueva junta directiva, independiente del gobierno.

6. Recuperación económica: El Plan es un paso importante en la recuperación fiscal de Puerto Rico. Las disputas relacionadas con los bonos de Cofina son de las más complejas y polémicas de todas las disputas legales que enfrentan actualmente los emisores de bonos de Puerto Rico.

“Creemos que Puerto Rico debe continuar buscando acuerdos consensuales con sus acreedores para comenzar el proceso de recuperación fiscal y, finalmente, recuperar el acceso a los mercados financieros para poder hacer crecer la economía de Puerto Rico en beneficio de todos los puertorriqueños. Resolver las disputas y reclamaciones que afectan a los bonos de Cofina en virtud de los acuerdos consensuales provistos bajo el Plan, allana el camino para futuros acuerdos de reestructuración de otras deudas gubernamentales.”

“Por estas razones, entre otras, BdP apoya el Plan y cree que la alternativa de perseguir un litigio sería desastrosa para los tenedores de bonos locales y para Puerto Rico”, concluyó Irizarry.

Bonistas del Patio lleva varios años defendiendo a los más de 60,000 residentes en la Isla que invirtieron en bonos de Puerto Rico para su retiro o para el desarrollo de negocios que crean empleos. Estos bonistas poseen sobre $12,000 millones de la deuda del gobierno a través de los bonos que compraron, y no han recibido su principal o reciben intereses.




Comisión de Derechos Civiles solicita nuevamente participar en procedimientos de quiebra

Preocupados por la falta de discusión sobre los derechos humanos y las leyes internacionales de derechos humanos con relación a la crisis de la deuda pública de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico quiere que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos le permita participar como amigo de la corte en el proceso de quiebra del Título III en virtud de la Ley Promesa.

Es la segunda vez que la entidad dentro de la rama legislativa del gobierno hace la solicitud. En julio, la comisión presentó un escrito de amicus curiae, pero la petición fue denegada.

“La Comisión somete respetuosamente que los materiales, estándares y principios a los que se hace referencia en su Amicus Curiae cubren no solo los planes y procesos de reestructuración, sino todas las acciones previas relacionadas, negociaciones y litigios sobre la gestión de la crisis de la deuda pública de Puerto Rico y las diversas cuestiones y asuntos ante este tribunal.

“La Comisión solicita además que esta Honorable Corte le dé la bienvenida a su Amicus Curiae, dado que la Corte tomará decisiones con respecto a las múltiples cuestiones que está considerando que afectan el sustento, la salud, la educación y la seguridad, entre otros derechos humanos que son vitales para nuestra comunidad”, dijo la comisión en el escrito que presentó el 7 de diciembre.

La comisión está especialmente preocupada por el impacto del acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Dicho acuerdo garantizaría el pago de aproximadamente el 75.5% de un grupo de la deuda de los acreedores de Cofina. Si se aprueba, este acuerdo comprometerá los fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico durante décadas, lo que socavará los servicios públicos esenciales que se requieren para garantizar a la gente de los derechos humanos de Puerto Rico”, dijo la organización.

La comisión destacó su utilidad en los procedimientos.

“Ninguna otra parte ante este Tribunal tiene interés o está institucionalmente equipada para presentar un enfoque basado en los derechos humanos para la gestión y administración de crisis de deuda. Esta perspectiva se necesita con urgencia para garantizar a las personas en Puerto Rico condiciones de vida dignas y la atención de sus necesidades más apremiantes”, dijo.




Jaresko advierte al gobernador sobre pago del bono de Navidad

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, creada bajo la ley federal Promesa, Natalie Jaresko advirtió el miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incumplió con el Plan Fiscal Certificado al emitir el pago del bono de Navidad y esta acción podrá dejar a las agencias de gobierno sin liquidez para sufragar la nómina en el 2019 por lo que deben, las agencias, lograr ahorros para compensar ese gasto.

“Como se indica en la carta al gobernador Rosselló con fecha del 14 de noviembre del 2018, el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico requiere la eliminación del Bono de Navidad como parte de las reducciones de costos de Nómina y Costos Relacionados dirigidas a evitar medidas más drásticas. Además, el Presupuesto Certificado refleja que el Gobierno no pagaría un bono de Navidad. El Presupuesto Certificado del Gobierno requiere que el Gobierno no exceda el total presupuestado para gastos de Nómina y Costos Relacionados. Según el Gobierno procede a pagar un bono de Navidad a sus empleados este año, cada agencia tendrá que lograr el equivalente en ahorros dentro de la asignación de Nómina y Costos Relacionados para compensar por este tipo de gasto. De no cumplir con este requisito de ahorros en el renglón de gastos de Nómina y Costos Relacionados, esto podría resultar en que agencias agoten sus asignaciones de Nómina y Costos Relacionados antes de que concluya el año fiscal 2019, poniendo en riesgo la habilidad del Gobierno de cubrir la nómina de sus empleados. Continuaremos supervisando los gastos y evaluaremos si tomar cualquier acción correctiva”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Puerto Rico ha acumulado deuda más allá de la habilidad del Gobierno de repagarla y ha sufrido por décadas las consecuencias de mal manejo de las finanzas y la prestación de servicios públicos inefectivos. Promesa se creó precisamente para responder a esta situación. La Junta tiene la encomienda de devolverle el balance fiscal a la Isla y lograr acceso a los mercados nuevamente. Estos mandatos requieren de muchos cambios de política pública y la implantación de cientos de medidas y reformas estructurales. El éxito para Puerto Rico, el fin del mandato de la Junta y el regreso al crecimiento económico y la esperanza son solo posibles con la cooperación inquebrantable del Gobierno de Puerto Rico”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que a su entender, no desafió a la junta de control fiscal, al pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.

“No es nosotros desafiando la Junta, es la Junta desafiando el gobierno de Puerto Rico. Mi criterio es que yo voy a hacer lo que a mi juicio es mejor para el pueblo de Puerto Rico”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

“Esto emana de que la Junta piensa que es un regalo, no lo es. Si usted compara el sueldo del maestro puertorriqueño, es de dos a tres veces menor. El bono de Navidad es parte de ese compromiso para que esa desigualdad no sea tan grande, y si pudieran entender eso, tendrían menos resistencia”, añadió.

El pago del bono se da a pesar que en varias ocasiones la junta de control fiscal advirtió al gobierno que no podía pagarlo.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, expresó que “hoy, gran parte de nuestros empleados públicos vieron reflejado en sus cuentas bancarias el depósito directo de su Bono de Navidad. Otros lo verán reflejado mañana (jueves) al igual que los que cobran en cheques. El gobernador ha instruido a las corporaciones públicas a hacer ajustes para pagar este derecho que es parte del salario de nuestros trabajadores”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresa Fuentes, comentó que “el desembolso de $85.3 millones se debe al esfuerzo en las agencias del Gobierno para los ajustes fiscales y por las eficiencias que reflejan un alza en los recaudos. Esto, sin que se afecte el presupuesto y el Plan Fiscal. Así también, es un impulso para la economía y sociedad en esta época que une a todos los puertorriqueños”.

Según alegaron, varios líderes sindicales expresaron su apoyo al gobernador y manifestaron que lo ayudarán a dar otras batallas frente a la junta de control fiscal. Entre ellos está Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO); Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños; Héctor Reyes, presidente de la U.I.T.I.C.E.; el doctor Héctor Benítez, presidente de la Unión de Médicos de la Corporación Fondo del Seguro del Estado; Astrid Rosario, presidenta de Unión de Puertos; Gregorio Matías, vicepresidente de Policías Organizados y Adalberto Vega Vélez, presidente de la Central Auténtica de Trabajadores.




Comité de reclamaciones de la junta fiscal elige a Brown Rudnick como asesor

La junta de control fiscal anunció el jueves la selección de Brown Rudnick LLP como asesor de reclamaciones para ayudar al Comité de Reclamaciones Especiales del ente rector en la investigación de posibles reclamaciones que puedan surgir del informe de investigación de la deuda publicado el 20 de agosto por Kobre & Kim.

La movida se produce un día después de que el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados -en todos los casos de Título III, excepto en el de Cofina, bajo la ley Promesa- se solicitó un descubrimiento para investigar posibles reclamaciones, argumentando que la junta no había actuado al respecto, tres meses después de anunciar que iba a reclutar a un contratista.

Al menos tres de los cinco deudores en el proceso de quiebra de Título III, incluido el gobierno, tienen hasta mayo para presentar reclamaciones de evitación, en las cuales se rechazan ciertas transferencias realizadas antes de la declaración de quiebra, como las fraudulentas. El Comité se quejó de que Kobre y Kim no investigaron si el gobierno tiene reclamos a terceros.

Como se indicó durante el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés), la junta fiscal reiteró el jueves que la medida es “un paso adicional” realizado por su Comité Especial de Reclamaciones “a la luz de la importancia de la investigación de la deuda para evaluar si los hechos encontrados pueden respaldar la opinión de que cualquiera de las partes involucradas en la crisis fiscal de Puerto Rico cometió una conducta que es procesable” bajo la ley.

“El trabajo del asesor de reclamaciones incluye, pero no se limita a, la revisión y evaluación del Informe y los materiales fácticos que forman la base del Informe, la investigación legal que sea necesaria para asesorar al Comité sobre las posibles causas de acción y el inicio de cualquier litigio que surja sobre la conducta descrita y/o referidos a los organismos fiscales o reguladores. Se considerarán todos los cuerpos de trabajo relevantes, estén o no incluidos en el Informe”, agregó la junta.

Brown Rudnick, con sede en Boston, es una firma de AmLaw 200 con oficinas en los Estados Unidos, Londres y París, con una “reputación de líder en quiebras y práctica de reestructuración”, dijo la junta. “Su Grupo de Quiebras y Reestructuración ha representado con éxito a los comités oficiales de acreedores no asegurados y otras partes clave en muchas de las reestructuraciones judiciales y extrajudiciales más grandes y complejas. Además, el Grupo de Investigación y de Cuello Blanco de la firma tiene una amplia experiencia en la realización de revisiones similares en la evaluación de reclamos de litigios basados ​​en fraude, negligencia profesional o incumplimiento del deber fiduciario, entre otros”.