Proponen a Grijalva mayor transparencia de la junta fiscal y que cambien las políticas de austeridad fallidas

La organización Espacios Abiertos (EA) solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, Raúl M. Grijalva, que si no se elimina la junta de control fiscal, debe imponérsele reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y la de sus contratistas, un código de ética más firme y que se cambie la ruta de las políticas fiscales fallidas que ha implantado el organismo.

El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en una carta enviada a Grijalva en ocasión de las vistas sobre enmiendas a la Ley Promesa que se celebraron el miércoles, que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de sostenibilidad un análisis de sostenibilidad de deuda realizado por expertos académicos independientes y debe apoyar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda realizada por especialistas sin conflicto de interés.

“Sin entrar a debatir sobre los atropellos democráticos que significan la imposición de la Ley Promesa y el tener una Junta de Supervisión Fiscal no electa que el pueblo de Puerto Rico paga de sus bolsillos, se puede concluir, después de estos más de tres años, que las estrategias y políticas impuestas por la propia Junta producto de la ley que la crea, no atienden las causas reales de los problemas de la isla. La situación de déficit democrático y crisis fiscal que se debía resolver no se soluciona ni con mayor represión institucional ni con recetas de austeridad fiscal que el consenso económico internacional ha descartado”, indicó el economista.

“En su lugar, está abonando a que la mayoría de la población vea sus condiciones de vida mucho más deterioradas. La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis”, añadió.

Santamaría Ots declaró que el Congreso debería hacer una reflexión profunda del por qué la junta de control fiscal sigue implantado medidas de austeridad económica que han demostrado ser un experimento fracasado en la historia económica reciente.

Asimismo, dijo que, como ejemplo de su falta de transparencia del ente rector y sus repercusiones, recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno —y aunque difundido a determinados grupos de bonistas y en medios especializados como el Electronic Municipal Market Access System (EMMA), de difícil acceso para la ciudadanía, a fecha de hoy sigue sin aparecer en la página de Internet de la propia junta de control fiscal—en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas estructurales y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María que proyectaron en $69 mil millones y que podría ser recortada hasta los $39 mil millones. Ello pese a que estudios de economistas expertos en reestructuración de deuda advirtieron del optimismo desmesurado de las proyecciones realizadas. Pero, la falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones.

“Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran”, sostuvo el analista.

Recalcó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas –como en el caso de COFINA– y que pronunciamientos de expertos en la materia ya anticiparon como demasiado generosas con los bonistas.

“De materializarse tales proyecciones de crecimiento a la baja, los recaudos también disminuirían, y si se reducen los recaudos, la sostenibilidad del pago de la deuda se vería otra vez en peligro. En pocos años, estaríamos enfrentando un segundo proceso de quiebra y posiblemente otro costoso proceso de reestructuración a expensas de las políticas de inversión públicas que hoy Puerto Rico tanto necesita. En economía, el consenso entre expertos no siempre es posible. En el caso de Puerto Rico, existe y entre economistas de distinto espectro ideológico: Puerto Rico necesita un recorte sustancial de su deuda”, señaló Santamaría Ots.

Puntualizó que la junta de control fiscal no ha tomado en consideración que los resultados del estudio “Análisis del alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico”, dirigido por el investigador asociado de la Universidad de Columbia, Martín Guzman, y con la coautoría con el economista Pablo Gluzmann y el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. En ese estudio se concluyó que para que el pago de la deuda de $72.2 mil millones sea sostenible, debe reducirse en al menos un 80 por ciento.

Falta de transparencia de la junta fiscal

El portavoz señaló al congresista que la junta de control fiscal se ha dado a conocer por una persistente falta de transparencia. Por ejemplo, la falta de divulgación sobre los intereses financieros completos de algunos miembros del ente rector y empleados, según dispone la misma ley que la creó, generó suspicacia en apenas meses de haber sido nombrada. Añadió que otra dimensión de la falta de transparencia es el limitado acceso a toda la documentación que el organismo produce, gestiona, supervisa, delega y que o bien constituye – o debería constituir – información pública.

“La injerencia de la Junta ha añadido más vulnerabilidad a los procesos de diseño de políticas públicas y de la toma de decisiones relacionadas a estos. Puerto Rico todavía carece de una ley de transparencia que permita a la ciudadanía, por un lado, conocer a fondo los detalles y los pretextos de estas políticas públicas y, por otro, que le permita defenderse de los posibles atropellos y abusos institucionales. No obstante, Puerto Rico sí cuenta con jurisprudencia de su Tribunal Supremo que garantiza el acceso a todo documento público producido por el gobierno electo pero no por la Junta”, indicó el analista.

Precisó que esa vulnerabilidad se vuelve a constatar en las leyes de Transparencia y de Datos abiertos de reciente creación que comienza a poner más obstáculos al acceso de documentación pública y contra la cual los tres principales gremios periodísticos y Espacios Abiertos se han opuesto.




Comisiones legislativas solicitarán a la junta fiscal números sobre Corrección

(Jaime Rivera/CB)

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, junto al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Lassalle Toro, anunciaron el miércoles que enviarán una comunicación a los fines de solicitar a la Junta de Control Fiscal (JCF) una reunión para discutir todo lo relacionado al presupuesto, desembolsos, ingresos propios y transferencias entre agencias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“La situación que se vive día a día en las instituciones carcelarias, y las condiciones actuales de trabajo de los oficiales correccionales, podría mejorarse significativamente si la Junta de Control Fiscal permitiera que el DCR pueda utilizar los ingresos propios que se generan por las iniciativas de la administración, que incluye el alquiler de instituciones al gobierno federal, servicios de ornato a municipios y el recogido de basura, entre otros”, dijo Charbonier Laureano en una comunicación escrita.  

Alegó que los ingresos adicionales generados por el DCR fueron subestimados por mucho, en años anteriores por la JCF y esta no le permitió a la agencia utilizar los ingresos generados, a pesar de que estaban disponibles. 

“Cuando la Junta habla de que esta agencia, u otras, no gastaron la totalidad de su presupuesto asignado, omiten explicar que en muchas ocasiones se debe a que la misma Junta les prohibía utilizarlo, o los liberaba demasiado tarde, impidiendo que se pudieran utilizar efectivamente en aras de ofrecer los servicios que nuestra ciudadanía se merece”, agregó. 

Asimismo, dijo que información que ha llegado a ambas Comisiones Camerales indica que la JCF le ha impedido al DCR, en los últimos años, a pesar de estar disponibles, hacer uso de más de 30 millones de dólares en diferentes partidas de presupuesto, incluyendo ingresos propios, equipo y materiales, infraestructura y nómina, lo que según dijo, priva a la agencia de la capacidad de invertirlo en nuevos equipos, mejoras a edificios, y/o en recursos humanos de la agencia.  

Por su parte, Lasalle Toro denunció que la JCF ha realizado una serie de recortes sin medir el impacto que tiene en los servicios que se prestan. Hace apenas una semana, luego del insistente reclamo del Departamento, aprobaron una academia de 500 nuevos oficiales correccionales, que luego de la atrición esperada de 400 durante este año, reflejará un aumento de apenas 100 nuevos agentes, cuando la necesidad es mucho mayor.




Junta de control fiscal certifica plan fiscal de la AAA

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Jaime Rivera/CB)
La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Jaime Rivera/CB)

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko, anunció el miércoles, la certificación del plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El plan, mencionó, integra eficiencias operacionales; la implementación de medidas que logren un aumento de ingreso durante el periodo del plan; y el uso máximo de los fondos federales disponibles actualmente para invertir en la reconstrucción y mejorar la infraestructura dañada. 

“La AAA ha logrado un progreso cuantificable respecto a los objetivos de su Plan Fiscal, pero aún se encuentra en una posición vulnerable”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“La implementación completa y oportuna de reformas fiscales críticas llevarán a la AAA hacia un camino de sostenibilidad financiera y lo acercará más a su objetivo de convertirse en una utilidad autosustentable, eficiente y resistente en beneficio de todos sus clientes”, añadió.

Mencionó que se prevé que el contrato de alianza público-privada de la AAA esté completado a fines del año calendario 2019. En virtud de este acuerdo, la AAA externalizará todas las actividades de medición de contadores y servicio al cliente a un operador privado, lo que se espera mejore la satisfacción del cliente y la precisión en la medición de los contadores, al tiempo que se reducen los costos para la AAA y mejora la eficiencia del sistema.

“El Plan Fiscal Certificado protege a los consumidores al mantener accesibilidad, mientras se asegura que la AAA pueda asumir las inversiones necesarias en su infraestructura”, dijo Jaresko.

El Plan Fiscal provee inversiones de capital de $2,300 millones durante el periodo de cinco años, mientras identifica la necesidad de restructurar sus deudas para mantener un servicio de la deuda sustentable.   

“Como resultado de los huracanes Irma y María, Puerto Rico ha tenido a su disposición un nivel de ayuda federal sin precedentes para reconstruir su infraestructura y asegurar su resiliencia, confiabilidad y capacidad”, dijo Jaresko.

“Como consecuencia, la AAA debe esforzarse por maximizar el uso de estos fondos de forma costo-eficiente, los cuales ya están disponibles en un momento en el que Puerto Rico más lo necesita”, añadió.

El Plan Fiscal Certificado proyecta $435 millones en fondos federales nuevos que se recibirán durante los años fiscales 2020-2024. Estos incluyen el acceso a un fondo de reembolso. 

“La falta de inversión de capital ha incrementado la vulnerabilidad de la compleja infraestructura de la AAA. La implementación de iniciativas para aumentar los ingresos y reducir los costos a través de eficiencias operativas, junto con la maximización de la financiación federal, debería ayudar a cambiar la situación”.




Tribunal Supremo federal evaluará petición de la Utier para declarar nulas decisiones de la junta fiscal

La petición de certiorari presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) el pasado 5 de junio en el que se pide que se anulen las acciones de la junta de control fiscal será evaluado por el Tribunal Supremo este próximo jueves 20 de junio.

“El jueves se reunirán para determinar si aceptan revisar el certiorari presentado por la Utier para que declaren nulas todas las decisiones que ha tomado la Junta y esperamos que se acoja y eventualmente sean anuladas”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.

Figueroa Jaramillo indicó que, a pesar de que es un adelanto el que el Tribunal evalué la petición presentada, espera que este paso importante logrado no se vea tergiversado en un apuro de la Junta por mantener sus nombramientos.

“Para la reunión del jueves todas las partes hicieron gestiones para que el Tribunal acelerara el trámite de consideración de la petición. Nosotros esperamos que los pasos que estamos adelantando no se vean distorsionados por los apuros de la Junta de mantener sus nombramientos y más cuando ayer anunciaron que llegaron a un acuerdo con los bonistas, aunque solo con un 10 por ciento de los bonos de obligación general. Esperamos que esta movida no sea la excusa para presentarle al Tribunal que sus nombramientos hay que mantenerlos porque están logrando acuerdos”, instó.

En el certiorari radicado por la Utier también exige que se anule el plazo hasta el 15 de julio de 2019 otorgado por el Tribunal de Apelaciones para que la Junta mantenga sus operaciones en lo que el Senado federal atiende sus nombramientos. Si el Tribunal Supremo acepta el caso de la Utier, la decisión final se tomaría en algún momento a partir de octubre de 2019.




Junta fiscal anticipa en 30 días presentar acuerdo de deuda del ELA

Uno de los abogados de la junta de control fiscal, Martin Bienenstock. (Suministrada)
Uno de los abogados de la junta de control fiscal, Martin Bienenstock. (Suministrada)

La junta de control fiscal anticipa presentar ante el tribunal el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, dentro de los próximos 30 días, según anunció su abogado Martin Bienenstock, durante una vista el miércoles ante la jueza Laura Taylor Swain.

Bienenstock consignó que la junta ya había llegado a un acuerdo el Comité Oficial de Jubilados y la Junta, según reportó Caribbean Business, que eximiría de los recortes a las pensiones a todos aquellos retirados que reciben menos de $ 1,200 al mes, aunque reduciría en un 8.5%  las pensiones más altas.

La junta ha llegado a acuerdos similares con la Asociación de Maestros y la unión de Servidores Públicos Unidos, para atender las pensiones de los empleados que aún no se han retirado del gobierno.

La administración del gobernador Ricardo Rosselló, a través del abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Peter Friedman, se opuso al acuerdo porque su política pública es que se proteja el dinero de todas las pensiones.

Bienenstock también consignó ante el tribunal, que la aseguradora de bonos “Syncora Guarantee” tiene programado reunirse con la junta para unirse al acuerdo del plan de reestructuración que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmó con el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos y Assured Guaranty.

No se supo de inmediato si la inclusión de Syncora proporciona un porcentaje de acreedores necesarios para adelantar el acuerdo de la AEE.




Gobernador exige a la junta fiscal que rinda cuentas sobre su labor

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, ante la determinación del presidente Donald John Trump de mantener a los miembros de la junta de control fiscal hasta septiembre, exigió que el ente federal rinda cuentas sobre su labor.

“Se hace a base de la imposición de una determinación jurídica y para darle un poquito de claridad sobre este proceso, no se lleva a cabo para validar el rol y el trabajo de esta junta de control fiscal”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Reiteramos nuestra posición de que aquí para que se cumplan con los objetivos originales de la junta de control fiscal, se tienen que potenciar las iniciativas de desarrollo económico, se tiene que invertir tiempo y recursos en ello y yo invito a esos miembros de la junta de control fiscal que, cuando vayan a Washington, se enfoquen en ver cómo podemos tener earn income tax credit en Puerto Rico, child tax credit en Puerto Rico, más beneficios y oportunidades de desarrollo económico. Eso es lo que va a potenciar el desarrollo económico. El tiempo dirá cuál es su ejecución”, añadió.

No obstante, el mandatario pidió que sea la junta de control fiscal quien rinda cuentas sobre sus gestiones.

“Yo siempre he dicho, hay que evaluar, hay que ver claramente, tener un proceso de rendición de cuentas de la junta de control fiscal que no ha estado ocurriendo y, como dije en mi mensaje de estado, invito al Congreso a pasar juicio sobre esa rendición de cuentas. El gobierno central lo tiene que hacer, que también lo haga la junta de control fiscal”, reiteró Rosselló Nevares.

El gobernador insistió en que reconoce el rol de la junta de control fiscal, pero que “no continúen algunos esfuerzos ya fallidos y fracasados que han tenido de tratar de imponer política pública aquí, lo que hacen es distraen, gastan recursos del pueblo de Puerto Rico en esa batalla y lo importante es que podamos producir para nuestra gente”.

Trump envió las nominaciones al Senado federal. Los miembros de la junta de control fiscal son Carlos García; José Carrión, presidente; Andrew Briggs; David A. Skeel; Arthur González; José Ramón González y Ana Matosantos. La directora ejecutiva del ente es Natalie Jaresko.




Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

La junta de control fiscal reprendió al gobierno por escrito el lunes por no presentar las reglas, regulaciones y órdenes ejecutivas para la aprobación del ente rector antes de emitirlas.

En los últimos meses, la junta ha expresado que el gobierno no ha cumplido siempre con sus obligaciones en virtud de la ley Promesa y desea “rectificar esta situación de manera cooperativa lo antes posible”.

El 6 de agosto, la junta adoptó una política que requiere que el gobierno presente reglas, regulaciones y políticas, incluidas las órdenes ejecutivas, para su aprobación para garantizar que sean consistentes con el plan fiscal.

“En el último mes, usted ha firmado tres órdenes ejecutivas, 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios de los empleados y, por lo tanto, están sujetas a la Política. Además, cada una de estas órdenes ejecutivas incrementó la compensación o los beneficios de los empleados. Ninguna de estas órdenes ejecutivas se enviaron a la junta “antes de su emisión” para nuestra “previa aprobación”. En consecuencia, la Sección 204 (b)(5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento por parte del gobierno territorial del Plan Fiscal. En consecuencia, la Sección 204 (b) (5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento del Plan Fiscal del gobierno territorial”, escribió la junta al gobernador Ricardo Rosselló.

La junta de control fiscal recordó al gobernador y a otros funcionarios copiaron que la Sección 204 (a)(1)-(2) establece que “a más tardar 7 días laborables después de que [el gobierno] promulgue cualquier ley . . ., el gobernador someterá la ley a la junta” junto con un “estimado formal . . . del impacto, si alguno, que tendrá la ley en los gastos e ingresos” y una “certificación” opinando si la ley es “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”.

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Firmada por el presidente José Carrión, la carta dice que “la última vez que recibimos una ley, un estimado formal y una certificación suya fue el 29 de agosto de 2018 con respecto a la Ley 142. Desde entonces, el gobierno ha promulgado debidamente casi 100 leyes más, todos los cuales fueron promulgados hace más de 7 días laborables. En consecuencia, no ha cumplido con la Sección 204 (a)(1)-(2) para casi 100 leyes porque en ninguna de esas leyes envió la ley, un estimado formal o certificación. Planteamos este mismo problema con usted en una carta con fecha del 13 de septiembre de 2018, con relación a la Ley 204-2018. Sin embargo, no hemos recibido una ley, un estimado formal o una certificación en conformidad con la Sección 204 desde entonces”.

La sección 203 (a) de Promesa también fue señalada al gobernador, recordándole que estipula que debe presentar a la junta un informe que describa “presupuesto e informes reales” a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal y cualquier otra información solicitada por la entidad. El propósito de la disposición es responsabilizar al gobierno del presupuesto certificado y alertar a la junta directiva sobre cualquier desviación del presupuesto certificado, aseguró el panel.

“El Gobierno no presentó el presupuesto completo de la Sección 203 (a) a los informes reales del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el año fiscal 2018. El año pasado, la junta dio conscientemente al gobierno tiempo adicional para cumplir con este requisito debido a la destrucción causada por los huracanes Irma y María. Sin embargo, ha pasado tiempo más que suficiente para que el gobierno pueda cumplir oportunamente con la Sección 203 (a). Para el primer trimestre del año fiscal 2019, recibimos informes parciales de la Sección 203 (a) para el gobierno, AAA y ACT, y nada de AEE o UPR”, expresó la junta.

Según mencionó la junta, para hacer que este informe sea lo más fácil posible, el ente rector creó plantillas sobre el formulario de la Sección 203 (a) para establecer lo que debe llevar el presupuesto y los informes reales.

“Por favor complete y envíe estas plantillas -llenando las columnas de “datos reales” y “variación”- para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 hasta el 21 de diciembre de 2018″, solicitó la junta. Además, pidió que “por favor cree plantillas para la AEE, AAA, UPR y ACT basadas en estas plantillas del gobierno, incluyendo el mismo nivel de detalle, complete y envíe para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 al 21 de diciembre de 2018.”

“Como usted sabe, estos mandatos en Promesa no son opcionales. La junta le pide que cumpla con cada uno de ellos inmediatamente para que la junta no tenga que tomar acción para imponer el cumplimiento”, enfatizó la junta.

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