Abogados de la junta fiscal advierten podrían imponer reducción forzosa de la deuda del gobierno

Desde la radicación de la quiebra del gobierno, por primera vez los abogados de la junta de control fiscal advirtieron públicamente el miércoles que podrían imponer una reducción forzosa (“cramdown”, en inglés) de la deuda del gobierno central a menos que se pueda llegar a un acuerdo con los acreedores.

La deuda del gobierno central es de aproximadamente $46,000 millones, incluidos aproximadamente unos $18,000 millones en bonos de obligación general, que están garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado. Un “cramdown” es una reducción forzosa ordenada por un tribunal en el saldo de la deuda, generalmente con el interés más bajo, a pesar de la oposición de los acreedores. Desde el 2017, se rumoraba la posibilidad sobre el uso del “cramdown.”

El abogado de la Junta, Martin Bienenstock, un abogado de la firma Proskauer Rose, dijo que el gobierno no dudará en usar el mecanismo si se enfrenta a objeciones legales. El abogado hizo sus declaraciones en la última audiencia mensual del año 2018 en el caso de quiebra que se lleva bajo el Título III de la ley federal Promesa en el Tribunal de Distrito de EE.UU.

Bienenstock, sin embargo, dijo que no será hasta marzo o abril que se sabrá con certeza cuándo se realizará y si habrá fecha cierta en torno a la reestructuración de la deuda del gobierno.

Algunos acreedores, quienes no quisieron que se publicaran sus nombres, vieron los comentarios del gobierno como un intento desesperado de presión pese a que la Junta sí puede solicitar el “cramdown”.

Durante su alocución, sostuvo que las negociaciones con acreedores serían más fáciles si el gobierno local implementara acciones que pudieran ayudar a aumentar el retorno de acreedores tales como la derogación de ciertas leyes laborales como la Ley de Despido Injustificado.

Durante la audiencia, Katherine Stadler, una abogada que trabaja con el examinador de tarifas Brady Williamson, argumentó a favor de imponer ciertos estándares o controles a la cantidad de honorarios que paga el gobierno. Stadler informó al tribunal que las firmas de abogados y asesores financieros han aumentado en $4 millones sus honorarios hasta mayo de este año.

El examinador de tarifas, Brady Williamson, de la firma Godfrey & Kahn’s, había presentado en noviembre un documento para establecer que aumentos en los honorarios serían declarados irrazonables a menos que las firmas de abogados tuvieran el respaldo del cliente y notificaran al Tribunal con 21 días de antelación.

El examinador de tarifas solicitó que se impusiera un límite del 5% aumento anual en los honorarios. Stadler sostuvo que era necesario porque cualquier ahorro realizado al gobierno al inicio del caso de quiebra, al establecer ciertos descuentos en las honorarios, podría perderse. También se solicitó la aprobación del pago de honorarios para el periodo de facturación de febrero hasta mayo de 2018, que según los cálculos de CB en Español, rondaba en sobre $50 millones. El pago autorizado por la Jueza fue por la cantidad de $10 millones.

En cuanto a los controles solicitados por el examinador de tarifas, Swain solo autorizó un aumento del 2% anual en los honorarios, pero se negó a imponer más controles con el propósito de que los abogados se reunieran con el examinador de tarifas para establecer en conjunto los cambios a los procedimientos para que estos últimos puedan cobrar por su trabajo.

De paso, Swain sugirió que las firmas de abogados fuera de Puerto Rico deberían encontrar maneras de reducir los costos delegando más trabajo a las firmas de abogados locales que trabajan en el caso de quiebra y que facturan tarifas más bajas.

Las firmas de abogados locales facturan una cuarta parte de lo que facturan las firmas de abogados fuera de Puerto Rico.
Swain, quien dijo que no había visto la ley porque no podía encontrarla, también le preguntó a Stadler sobre el impacto de la reforma contributiva de Puerto Rico, que impondría un impuesto del 29% sobre el ingreso bruto pagado por servicios prestados fuera de la isla para Puerto Rico. Stadler dijo que la situación aún no estaba del todo clara, pero que los abogados recibieron instrucciones de mantener el artículo separado.

De otra parte, el abogado de la junta de control fiscal, Brian Rosen anunció que los abogados de la Asociación de Maestros y de la Junta acordaron posponer hasta el 30 de enero la solicitud del sindicato para levantar la suspensión de su litigio que busca la liquidación ciertas licencias. La posposición se hizo para poder negociar un acuerdo.

Por otro lado, hubo una actualización sobre el procedimiento para llegar a una ajuste de la deuda de Cofina, cuya vista esta pautada para 16 de enero. Swain comentó que ha recibido numerosas cartas de individuos que se oponen a la liquidación de deudas de Cofina. Brian Rosen, abogado de Proskauer Rose, dijo que la Jueza era un “blanco de una campaña de cartas”.

La Jueza dijo que separaría al menos dos horas para permitir que personas pudiesen expresar sus opiniones sobre el acuerdo de reestructuración. Pese a que la deuda de Cofina es de $17,000 millones, hay unos $10,000 billones ($10 trillones) en reclamaciones que Rosen dijo en su mayoría son duplicados.

El abogado sostuvo que se habían radicado unas 16 objeciones al acuerdo de Cofina para reestructurar la deuda de $17,000 millones. La mayoría de esas objeciones se presentaron en noviembre antes de que Swain aprobara la declaración informativa sobre el acuerdo. La junta de control fiscal tendrá hasta el 9 de enero para responder a las objeciones.

Rosen informó que el Comité de Retirados del Gobierno retiró su objeción al acuerdo de Cofina. El Comité lo había objetado porque la reestructuración de Cofina no cumplía con los limites constitucionales impuestos sobre el nivel de deuda. De hecho, la deuda de Cofina se considera una deuda extraconstitucional.




Swain ordena pago de $4.4 millones en honorarios y gastos por Título III

La jueza federal Laura Taylor Swain autorizó el pago total de $4.4 millones en honorarios y unos $215,000 en gastos por trabajos realizados durante un periodo de cinco meses a tres empresas e individuos que trabajan en el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa.

En un fallo el martes, Swain dio luz verde a las tarifas después de que el “Fee Examiner” o examinador de tarifas reajustara dos de las facturas. Las solicitudes de compensación presentadas por O’Neill & Borges y Ankura Consulting Group fueron ajustadas ligeramente por el examinador de tarifas, que dejó casi intactas las cantidades solicitadas por el economista Andrew Wolfe, quien había pedido $50,000 en honorarios y vio levemente reducido a $7,367 la partida de gastos por un mes de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 30 de septiembre, O’Neill & Borges facturó $299,691 en honorarios y $20,863 en gastos. El examinador de tarifas redujo los montos a $289,000 en honorarios y los gastos a $15,515, cambios que fueron autorizados por el tribunal.

La firma tiene 22 abogados dedicados a los casos de quiebra. Cada abogado cobra entre $125 y $335 por hora. Hermann D. Bauer, el licenciado que escribe la mayoría de las mociones y trámites legales presentados ante el tribunal, factura $280 por hora.

Ankura Consulting Group solicitó el pago de $1.9 millones en honorarios y $63,804.29 en gastos por trabajo realizado para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) durante el periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. El examinador de tarifas redujo $35,983 de la tarifa pero mantuvo inalterada la partida por concepto de gastos.

Ankura también solicitó el pago de aproximadamente $2.2 millones en honorarios y $129,303 en gastos por trabajo realizado para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desde el 2 de julio hasta el 30 de septiembre. El examinador de tarifas le recortó $35,983 al monto en tarifas pero también dejó los gastos intactos.

El trabajo de la firma se centró en el desarrollo de los planes fiscales, asuntos relacionados con la liquidez y gestión de ciertos proyectos. Los honorarios de la empresa fueron cuestionados por la compañía Whitefish Energy, que sostuvo que Ankura no había preparado los documentos necesarios para que la AEE pagara a la firma alrededor de $100 millones de un contrato de $300 millones para reparar parte de la red eléctrica de la isla, dineros que aún no han sido pagados. Posteriormente, Whitefish retiró su moción de oposición.