FBI, FDA y el Inspector General le ponen el ojo a compras de Salud

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano afirmó este lunes que agencias federales le han solicitado información de correos electrónicos relacionados a las órdenes de compra emitidas durante la emergencia del COVID-19, confirmando así posibles pesquisas sobre malos manejos de fondos públicos.

González Feliciano dijo que funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) y de la Oficina del Inspector General se comunicaron con la agencia para pedirle que “salvaguardaran cuentas de emails”.

Entre los asuntos que podrían estar investigando está el hallazgo de almacenes con medicamentos expirados o la orden de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus (COVID-19) por $38 millones que fueron canceladas por no ser aprobadas por la FDA.

«Ellos han pedido, básicamente la forma que te piden la información, lo que se ha pedido hasta el momento, es salvaguardar cuentas de emails. Asumo yo que quieren ver los tractos. No tengo nada más», sostuvo el funcionario en la entrevista radial (Radio Isla).

González Feliciano explicó que hasta el momento han llegado a la isla un total de 207,000 pruebas rápidas para detectar exposición al COVID-19, 200,000 de ellas se levantarán hoy en el aeropuerto para ser distribuídas.

La compra de un millón de pruebas gestionada a través de las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC (ambas relacionadas a la industria de la construcción) fue cancelada y se solicitó la devolución de la mitad de los $38 millones que se pagó por las mismas.

Las pruebas se adquirieron antes de que González Feliciano fuera designado secretario de Salud y mientras los procesos de compra se gestionaban por recomendación del task force de Salud nombrado por la gobernadora y sus ayudantes en Fortaleza.

El general José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, agencia que tramitó la compra del millón de pruebas, dijo en entrevista radial (Radio Isla), que fue la ayudante administrativa de Salud, Adil Rosa, quien le presentó la disponibilidad “de un millón de pruebas en Miami”. “Dijo que podrían estar aquí en dos o tres días”, señaló el funcionario.

Cuando se consultó con la FDA y Aduanas para agilizar el despacho de las mismas, se percataron de que las compañías que producían las pruebas (en Australia) no estaba en la lista de empresas autorizada por la FDA.

Fue en ese momento que se determinó cancelar la orden y exigir la devolución del dinero, dijo Burgos.

De acuerdo a información publicada el sábado por Caribbean Business e información adicional publicada por El Nuevo Día, Apex Contratistas Generales y 313 LLC, son empresas relacionadas con el Grupo Lemus, conectados con el alto liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

González Feliciano admitió que en Puerto Rico se han realizado hasta el momento cerca de 5 mil pruebas entre pruebas rápidas y las llamadas PCR, pero para poder tener un cuadro epidemiológico adecuado para mostrar aproximaciones certeras de cómo se va desarrollando el contagio en la isla, deberíamos tener cerca de 21 mil pruebas realizadas.

Este lunes, el número de casos positivos en Puerto Rico aumentó a 513 con 21 nuevos casos positivos, 15 fueron procesados en el Laboratorio de Salud Pública y seis en el Hospital de Veteranos. Ya se ha realizado un total de 4,951 pruebas de COVID-19, de las que 3,432 han resultado negativas y aún se esperan por los resultados de unas 1,000.




‘Separan de su puesto’ a tres por transacción fraudulenta en PRIDCO

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy dijo el viernes que tres empleados fueron separados de sus cargos mientras se conduce una investigación independiente por la alegada transferencia fraudulenta de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), ocurrida el 17 de enero enero.

“Como medida cautelar, he separado de sus puestos a tres empleados para evitar que éstos tengan contacto con los sistemas financieros de nuestra agencia mientras se conducen las investigaciones. Uno de los empleados es de nuestra División de Finanzas, de PRIDCO, y otros dos de la Compañía de Comercio y Exportación”, dijo Laboy Rivera en conferencia de prensa.

Asimismo, Laboy Rivera mencionó que un examinador externo realizará una investigación al respecto y se referirá al Inspector General para que conduzca una auditoría independiente en el caso.

“Gracias a la intervención y rápida acción de las autoridades federales y el equipo de trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se evitó la pérdida de 2.6 millones de dólares de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) y 63 mil dólares de la Compañía de Comercio y Exportación”, señaló el funcionario.

“Los sistemas de informática del DDEC y de PRIDCO nunca estuvieron comprometidos”, añadió.

Cuestionado sobre si está ligado a la responsabilidad como jefe de esos empleados destituidos, Laboy Rivera contestó: “Todo está bajo investigación. Esa es la respuesta que te puedo dar”.

“Estamos sujetos a lo que rige una investigación estatal y federal”, aseguró el funcionario.

Al ser cuestionado sobre si presentará su renuncia, Laboy Rivera respondió: “aún gozo de la confianza de la gobernadora”.

La Policía informó el miércoles, sobre una querella radicada a las 3:07 de la tarde en la que el director de Finanzas de PRIDCO alegó haber enviado más de dos millones de dólares de remesas a una cuenta fraudulenta.

Según el parte policial, Rubén Rivera López alegó que un desconocido envió un correo electrónico a esta institución informando sobre un supuesto cambio de cuenta para que se emitieran los pagos de remesas. Acto seguido, para la fecha del 17 de enero pasado se efectuó un pago por la cantidad de 2 millones 609 mil 495 dólares a la mencionada cuenta y resultó ser una cuenta fraudulenta en el extranjero.

El jueves el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García y el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo expresaron que los fondos de cuatro corporaciones públicas que supuestamente pasaron a cuentas fraudulentas no han sido afectados y serán devueltos. 

Soto García explicó que desde el 23 de enero pasado el gobierno ha estado trabajando con las autoridades federales y estatales varios procedimientos investigativos sobre una intervención externa indebida a la Administración de Sistemas de Retiro, que afectó cuentas de la Compañía de Turismo, PRIDCO, la Autoridad de Carreteras y la Compañía de Comercio y Exportación.

De acuerdo a la portavoz de FBI, Limarys Cruz, la investigación sobre el esquema la realiza la Policía por lo que la agencia federal solo ha dado el apoyo usual en este tipo de casos.

Con esta son más de cinco las ocasiones en las que los sistemas del Gobierno de Puerto Rico ven comprometidos sus sistemas de informática en lo que va de cuatrienio.




Douglas Leff se despide del FBI en Puerto Rico e insiste habrá más arrestos

El exdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Douglas Leff. (Juan J. Rodríguez/CB)
El exdirector del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico, Douglas Leff. (Juan J. Rodríguez/CB)

El director del Negociado Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray informó el lunes la designación de quien fuera director de esa agencia en la isla, Douglas Leff como nuevo director auxiliar de la División de Inspección de las oficinas centrales en Washington, D.C. 

“Entre las responsabilidades de la División de Inspección, se encuentra el conducir investigaciones internas, evaluar el desempeño operacional, el uso de la autoridad de cumplimiento a través de todos los programas investigativos y el manejo de consultas especiales ordenadas por el director y subdirector”, dijo Wray en declaraciones escritas. 

En una carta, Leff expresó su agradecimiento e insistió en que próximamente se producirán más arrestos de varios casos.

“Ahora que el director del FBI me eligió para un ascenso, me es muy difícil irme de Puerto Rico. Pero antes de partir de la isla, tendré la fortuna de ser parte de su historia, específicamente por la apertura de nuestra nueva oficina en la división del FBI de San Juan. Tenemos muchos casos importantes en progreso, los cuales resultarán en algunos arrestos en breve y otros que ocurrirán a largo plazo”, dijo Leff en su misiva. 

“Gracias al nuevo edificio contaremos con un aumento en nuestra capacidad de servirles más efectiva y eficientemente, ya que contaremos con más tecnología, herramientas, y recursos. Lamentablemente, no todo lo que hacemos llega al ojo público, pero me enorgullece muchísimo ser una pequeña parte de todas las operaciones e iniciativas que están en progreso, y las que vendrán en el futuro”, finalizó.

Mientras, Wray señaló que la carrera Leff en el FBI comenzó cuando se convirtió en agente especial en 1996, asignado a la División de Nueva York. Antes de unirse al FBI, sirvió como fiscal de distrito auxiliar en Nueva York, donde manejó la investigación y enjuiciamiento de crímenes violentos y de cuello blanco. Leff obtuvo un Juris Doctor en la Universidad de Saint John y ha dedicado la mayoría de su carrera a la investigación y enjuiciamiento de crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

Asimismo, indicó que en el 2003 Leff fue nombrado Fiscal Federal Auxiliar Especial del Distrito Este de Nueva York y por seis años litigó casos de crimen organizado, tráfico de narcóticos, fraude cibernético, y financiamiento de terrorismo, así como también trabajó en confiscación de activos. En el 2005, recibió el Premio del Fiscal General (“Attorney General’s Award”) por su trabajo de enjuiciamiento en una serie de casos complejos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Durante este periodo, permaneció como agente de la oficina de Nueva York y en el 2007 fue nombrado agente especial supervisor de una escuadra de crimen organizado.

Además, Wray indicó que en el 2009, Leff recibió una promoción a Jefe de la Unidad de Confiscación de Activos de las oficinas centrales del FBI en Washington D.C., posición que ejerció hasta el 2012, cuando fue promovido a agente especial a cargo auxiliar de la oficina de Nueva York, donde era responsable de la Rama de Crímenes Financieros Complejos. Dicha rama incluye escuadras responsables de investigar fraude de valores, fraude bancario, fraude corporativo, lavado de dinero, robo de identidad, fraude cibernético y confiscación de activos.

En el 2015, Leff recibió una nueva promoción, esta vez como agente especial a cargo de la oficina de San Juan del FBI, donde se desempeñó hasta el día de hoy.




Nuevos cargos contra Julia Keleher, ahora por soborno y fraude

Twitter: Limarys_Suarez / Instagram @limaryssuarez

Un Gran Jurado federal emitió una nueva acusación de nueve cargos contra la exsecretaria de Educación Julia Keleher y contra el exconvicto federal Ariel Eloy Gutiérrez Rodríguez por presuntamente conspirar para cometer soborno y fraude electrónico relacionado con un apartamento en el complejo Ciudadela.

Keleher se entregó ante los federales en el estado de Filadelfia y se espera que en algún momento haga comparecencia en el Tribunal Federal de Puerto Rico donde se emitió la acusación ayer 14 de enero de 2020.

Gutiérrez Rodríguez, convicto por el caso más grande de fraude bancario perpetrado en el Caguas Federal en el 1995, ingeniero civil y de 76 años, se declaró no culpable esta tarde ante la magistrada federal Sylvia Carreño por los cargos que pesan en su contra y por los que se expone a un máximo de 20 años en prisión.

La magistrada le impuso una fianza de $50,000 no asegurada y lo dejó en libertad bajo la tutela de su pareja consensual hace 46 años.

Según el pliego acusatorio y lo que indicó esta tarde en sala el fiscal federal José Capó Iriarte, Keleher le cedió a una compañía dueña del lujoso complejo residencial Ciudadela en Santurce una franja de terreno de la escuela pública bilingüe Padre Rufo a cambio de recibir varios beneficios para la renta y compra de un apartamento de dos habitaciones en Ciudadela.

Específicamente la acusación alega que cerca del 7 de junio de 2018, Keleher firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un apartamento en Ciudadela y que le permitía residir en el lugar hasta el 12 de agosto de 2018 por un pago nominal de $1.00, aunque el precio de alquiler era de $1,500.

El valor de la propiedad era de $297,500 y se le daría un bono de $12,000 para la compra.

Un mes antes de la exsecretaria de Educación firmar este acuerdo de renta con opción a compra en Ciudadela, el coacusado Ariel Gutiérrez en representación de la “Compañía A”, la “Compañía B y la “Compañía C”- ninguna identifica en la acusación- se comunicó con un exempleado de la escuela Padre Rufo para la cesión de 1,034 pies cuadrados a Ciudadela.

El terreno de la escuela finalmente fue cedido a la compañía dueña del complejo residencial.

“La corrupción pública continúa erosionado la confianza de los ciudadanos en los oficiales del gobierno, La acusada Keleher explotó su posición gubernamental para beneficiarse a sí misma”, expresó Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico en expresiones escritas en un comunicado de prensa.

Mientras, Francisco Rebollo Casalduc, representante legal de Gutiérrez Rodríguez, rechazó las imputaciones en contra de su cliente e indicó que la Fiscalía Federal se equivocó a la hora de presentar el caso ante el Gran Jurado.

“Dicho con el mayor respeto posible entiendo que ésta vez la Fiscalía Federal o no entendió los hechos o tengo que decir que los ha tergiversado. ¿De qué se trata éste caso? La corporación que construyó Ciudadela está haciendo unas mejoras a la infraestructura alrededor de donde se encuentra Ciudadela en Santurce en términos de una ampliación de unas calles y la construcción de unos parques pasivos para beneficio de la comunidad. Para poder cuadrar una de las calles fue necesario que el Departamento de Educación cediera una franja de la escuela Padre Rufo para que quedaran las calles perpendiculares. La secretaria de Educación compró un apartamento en Ciudadela y la fiscalía está alegando que a cambio del apartamento se hizo la construcción lo que es totalmente absurdo e ilógico”, expresó Rebollo Casalduc al culminar la vista de comparecencia inicial.

¿No existió ese quid pro quo de que me cedes una franja de la escuela Padre Rufo y a cambio te vendo un apartamento en Ciudadela bajo unas condiciones privilegiadas y te permito que vivas el apartamento sin que tengas que pagar la mensualidad?, cuestionó CB en Español.

“Absolutamente no. Se le dieron las mismas consideraciones que a todo hijo de vecino que va a Ciudadela a comprar un apartamento. Pido que se le honre la presunción de inocencia a Ariel (Gutiérrez) Rodríguez, que es mi cliente, para que en el momento de juicio se nos permita demostrar la insuficiencia de prueba”, respondió el letrado.

Esta acusación es un caso adicional que enfrentará ahora la exsecretaria de Educación, acusada en julio del año pasado junto a la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, al expresidente de la firma de consultoría BDO Puerto Rico Fernando Scherrer Caillet, al subcontratista Alberto Velazquez Piñol, y las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza por 32 cargos relacionados a un esquema de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para el lavado de dinero por poco más de $15 millones.

El juicio está pautado para el 4 de mayo y la defensa de Keleher, a cargo de la exfiscal federal María Domínguez, ha solicitado que el caso se vea fuera de Puerto Rico. 




Federales arrestan nuevamente al senador Abel Nazario

Autoridades federales efectuaron durante la mañana de hoy, miércoles, un total de ocho arrestos en el que figura el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, confirmó la portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Limary Cruz Rubio.

“Se efectuaron 8 arrestos en la mañana de hoy, sin incidentes. Es todo lo que puedo comentar por el momento. Más adelante Fiscalía federal publicará un comunicado con los detalles”, indicó la portavoz a CB en Español.

Al momento, se desconoce si estos arrestos guardan relación con la pasado arresto ocurrido el pasado 12 de septiembre de 2018, por alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo federal mientras ocupaba el cargo de alcalde de Yauco.

Sin embargo, el diario nacional El Vocero confirmó que el senador novoprogresista fue arrestado por presuntamente tener empleados fantasmas mientras era alcalde y en su oficina legislativa.

“El compañero Abel Nazario fue arrestado nuevamente por las autoridades federales. Es lamentable para él y su familia pero principalmente para el pueblo de Puerto Rico que observa con angustia eventos que laceran la confianza en las instituciones de gobierno”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien le exhortó a que presentara la renuncia a su escaño como legislador.

“Reconociendo que le asiste la presunción de inocencia, lo exhorto a que renuncie a su escaño y dedique todos sus esfuerzos a la situación que enfrenta en los tribunales. Abel Nazario no ocupa ni ostenta puestos de liderato en el PNP”, concluyó.




FBI investiga presunta amenaza en la Pontificia Universidad Católica de Ponce

(Juan J. Rodríguez/CB)
(Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tiene bajo su mira la posible amenaza de tiroteo dentro de la Pontificia Universidad Católica de Ponce y que mantiene en vilo a la comunidad universitaria desde tempranas horas del jueves en la mañana.

“Nos llegó información de una alegada amenaza que pusieron en las redes sociales y la estamos manejando con la Policía de Puerto Rico para determinar si es creíble o no y tomar las medidas necesarias”, indicó a Caribbean Business en Español el portavoz del FBI, Luis Rivera Santana.

Anoche una persona colocó un mensaje en una página social que lleva el nombre de “Confesiones PUCPR-Ponce” en el que se destaca que un joven en alegado estado de depresión expresó odiar la humanidad y su intención de llevar un rifle de asalto en su bulto hasta el centro universitario para luego dispararle al mayor número de estudiantes posibles.

De inmediato el mensaje comenzó a circular en las redes sociales y el jueves temprano el ambiente en el centro educativo era de tensión y ansiedad por la presunta amenaza.

Otra persona respondió el miércoles en las redes detallando que “el que quiere tirotear la uni es pana mío y habla enserio. He tratado de aconsejarlo y ayudarlo, pero dice que como quiera va enserio… mucho cuidado”.

Fuentes de CB en Español precisaron el jueves que todo apunta a que se trató de una broma de mal gusto en las redes sociales y que los mensajes ya fueron borrados, pero el FBI se mantiene indagando arduamente para determinar si es cierta la amenaza.

El doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica, puntualizó el jueves en declaraciones escritas que las medidas de seguridad se han reforzado en su institución y reiteró que refirió al FBI la alegada amenaza.

“Para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es vital la seguridad de nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso es continuar brindando esta atención”, puntualizó.

Vélez Arocho hizo un llamado a los estudiantes o personas que advengan en conocimiento directo o indirecto de actos que puedan atentar contra la integridad de cualquier miembro de la universidad a que lo comuniquen de inmediato a la Oficina de Seguridad o a la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles.

“La Universidad exhorta a quienes tengan información a comunicarse con el FBI al 787-754-6000 o por la página web www.tips.fbi.gov“, agregó.




Cuestionan posible rol de región de Caguas de la AEE en esquema de fraude multimillonario

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. (Agustín Criollo/CB)
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. (Agustín Criollo/CB)

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo cuestionó el miércoles el posible rol que tiene la región de Caguas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el esquema de fraude multimillonario supuestamente gestado por altos funcionarios de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la empresa Cobra, contratada para la restauración del sistema eléctrico tras los embates de los huracanes Irma y María.

“¿Cómo se pudo haber facturado 1,800 millones de dólares en un año y ocho meses? ¿De dónde sacaron tantos celadores? ¿Por qué los administradores de Caguas se han removido dos veces. Mira que casualidad, todo es Caguas. ¿Dónde asignaron las grandes cantidades de trabajo a Cobra? A la región de Caguas. ¿Por qué toda esa coincidencia?”, cuestionó Figueroa Jaramillo en entrevista radial (WKAQ).

Asimismo, el líder sindical cuestionó si el nombramiento del administrador de la región de Caguas, donde casualmente residen muchos funcionarios, fue para darle paso al contrato. También cuestionó si la persona contacto de Cobra con la AEE es un exsubdirector ejecutivo que es de Caguas.

El martes se dio a conocer que el expresidente de la empresa Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison y la exadministradora de la Región 2 de FEMA, Ahsha Nateef Tribble fueron acusados junto a Jovanda Patterson, quien fuera subjefa de personal de la agencia, por un Gran Jurado de conspirar para sobornar a funcionarios públicos, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre y violaciones a la Ley de Viajes.

De otra parte, el exdirector ejecutivo de la AEE, Justo González dijo en entrevista radial (NotiUno) que “se tornó hostil la situación en las reuniones del Unified Command. Yo empecé a ver que especialmente Asha Tribble empezó a tener un prejuicio acerca de los empleados de la Autoridad, especialmente los gerentes… También habían algunos directores como el de transmisión y distribución… Sí ella siempre insistía en Cobra (para que se hicieran los trabajos)”.

Agregó que nunca fue entrevistado por las autoridades federales en relación a esta pesquisa.

Entretanto, Ricardo Ramos, quien fue director de la AEE durante los huracanes, alegó que al parecer Tribble prefería la contratación de Cobra en lugar de la de Whitefish, a pesar que los contratos eran iguales.

“Yo no sé qué pensar. Me siento súper mal. Yo siempre pensé, y se lo he dicho a todo el mundo, cuando el contrato de Whitefish a alguien yo le pisé los cayos y no sabía quién era. Llevo todo este tiempo buscando por qué pasó esto cuando todo se hizo por el libro”, dijo Ramos en entrevista radial (WKAQ) al indicar que renunció tras perder el control de la situación por ese contrato.

Además, alegó que cuando contrató a Cobra, Tribble no estaba en la isla, por lo que no influyó en la contratación. 

“Desde que ella llegó ella estaba molesta y criticando la contratación de Whitefish… Eran los mismos contratos proforma. Esta señora estaba criticando uno de los contratos, pero no el otro. No decía nada de Cobra, pero por Whitefish estaba molesta”, alegó al admitir que fue contactado por las autoridades federales, pero no por el Gran Jurado, ni por el personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).




Gran Jurado acusa al expresidente de Cobra Energy y a alta funcionaria de FEMA

Tribunal Federal en Puerto Rico. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

Un mes y dos días después del devastador paso del huracán María por la Isla, la empresa COBRA y su entonces presidente, Donald Keith Ellison lograron contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ascendieron hasta $1,800 millones mediante un presunto esquema de fraude, extorsión y soborno orquestado junto a la subdirectora de la Oficina de Recuperación de FEMA, Ahsha Tribble.

Así lo establece una acusación emitida por un Gran Jurado federal el pasado 3 de septiembre contra Ellison, Tribble y Jovanda R. Patterson que alega que el trío participó de una conspiración para sobornar a funcionarios públicos, cometer actos que afectan un interés financiero, realizaron declaraciones falsas, cometieron fraude de fondos de desastre, fraude electrónico de servicios honestos y violaciones al Travel Act.

“La acusación que anunciamos hoy demuestra cómo una alta ejecutiva de FEMA y el presidente de la compañía Cobra se pusieron de acuerdo para enriquecerse ilegalmente a costa de los trabajos de reparación de nuestro sistema eléctrico luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017″, declaró Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa de la Fiscalía Federal, en conferencia de prensa tras los arrestos que se efectuaron en Florida, Oklahoma y San Francisco.

Según la acusación, un mes y dos días después del huracán María, el 19 de octubre de 2017, COBRA obtuvo un primer contrato por $200 millones con la AEE para reparar el sistema eléctrico, pero luego de seis enmiendas a ese mismo contrato la cifra alcanzó $945.4 millones en un periodo de trabajo de solo cuatro meses.




Para lograr cada una de esas enmiendas al primer contrato, Cobra contó con la representación de una persona que la acusación federal lo identifica como el “Individuo A”.

¿Quién era ese “Individuo A” que durante siete ocasiones distintas acudió a la AEE en representación de Cobra para negociar el primer contrato y las seis enmiendas posteriores que sufrió ese acuerdo?, preguntó CB en Español a la jefa de la Fiscalía Federal.

“No estamos protegiendo a ese individuo, lo que sucede es que en este momento no podemos revelar su identidad”, se limitó a responder la jefa de la Fiscalía Federal al tiempo que indicó que la pesquisa continúa.

Diversas fuentes de CB en Español ligadas a la AEE indicaron a este medio que durante las negociaciones con la utilidad pública Cobra llegó a estar representada por Arthur “Arty” Straehla, quien es el presidente de Mammoth Energy Services, empresa dueña de Cobra. Sin embargo, se desconoce si Straehla es la persona que la acusación federal contra Ellison y Tribble se refiere como el “Individuo A”.

A pesar de las múltiples preguntas realizadas por este medio, la jefa de la Fiscalía Federal evitó revelar la identidad de esa persona.

Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el 13 de octubre de 2017 Cobra fue incorporada en Puerto Rico como empresa foránea y dos días después obtuvo el primer contrato con la AEE. El agente residente de Cobra Adquisitions es la empresa The Prentice Hall Corporation System, que a su vez obtiene servicios de la empresa The Fast Solution.

El 26 de marzo de 2018 COBRA y la AEE firman un segundo contrato por $900 millones adicionales con fondos reembolsados por FEMA.

“A finales del 2017 o principios del 2018, Tribble y Ellison iniciaron una estrecha relación personal. Ellison le regaló cosas de valor a Tribble, mientras ella le proporcionaba información sobre la AEE que obtenía dada su posición oficial (en FEMA). Como parte del patrón de Ellison de proporcionar cosas de valor a Tribble, le consiguió empleo en Cobra para su amiga, la acusada Jovanda R. Patterson”, explicó la jefa de la Fiscalía Federal.

Los obsequios de valor realizados por el presidente de Cobra a la administradora regional de FEMA, Ahsha Tribble fueron un viaje en helicóptero sobre Puerto Rico en febrero de 2018, ayuda para conseguir un lugar donde vivir en Nueva York, negoció la contratación de su amiga en Cobra Logistics Holdings, le compró pasajes para viajar de Miami a Orlando y pasajes en primera clase de San Juan a Nueva York, le brindó servicios de seguridad personal y le dio acceso para utilizar una tarjeta de crédito que le pertenecía a Ellison, entre otros.

“Tribble influía, brindaba asesoramiento y ejercía presión sobre los ejecutivos de la AEE, incluidos, entre otros el director ejecutivo y los directores de las diferentes divisiones de la AEE, de modo que la AEE aceleraba los pagos a Cobra, asignaba tareas a Cobra en lugar de usar empleados de la AEE y usaba a Cobra en tareas de restauración mientras rechazaban ofertas de otros contratistas”, precisó Rodríguez Vélez.

La jefa de la Fiscalía Federal recordó que en febrero de 2018 en Puerto Rico se registró una explosión en el Centro de Transmisiones de la AEE en Monacillos y a pesar de que la utilidad indicó entonces que podía atender la emergencia con sus empleados, Tribble “insistió y ejerció presión a los ejecutivos para que utilizaran a Cobra. Les dijo que si no utilizaban a Cobra, FEMA no les reembolsaría”.

“Las acciones de estas personas dan vergüenza. Se aprovecharon de uno de los momentos más vulnerables en la historia moderna de Puerto Rico para enriquecerse a costa del gobierno. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias ante las autoridades federales”, agregó Rodríguez Vélez.

De ser encontrados culpables los acusados se exponen a un máximo de 30 años de prisión por los delitos de fraude electrónico y fraude de fondos de desastre y hasta 5 años por la conspiración.

La jefa de la División Criminal, la fiscal federal, Myriam Fernández y el fiscal federal, Seth Erbe están a cargo del caso que presidirá el juez federal, Francisco A. Besosa.

La AEE precisó hoy que al 31 de marzo de este año un total de $1,100 millones ha sido pagado a Cobra aunque los contratos ascendieron a $1,900 millones.

“Siempre ha sido una prioridad para nosotros el poder asistir y colaborar con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades locales y federales y así lo continuaremos haciendo”, dijo José Ortiz, principal oficial ejecutivo de la AEE.

Por su parte, FEMA envió declaraciones escritas en las que la agencia indica que aunque no van a comentar sobre asuntos personales, cooperan totalmente con las investigaciones federales.




Fiscalía federal realiza arrestos a exfuncionarios de Cobra Energy y FEMA

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)
La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El expresidente de Cobra Energy, una exadministradora regional adjunta de FEMA y el subdirector de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrentan cargos federales por fraude, conspiración, entre otros delitos, reveló la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Ahsha Tribble, exadministradora regional adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Región II; el ex presidente de Cobra Energy, Donald Keith Ellison; y Jovanda Patterson, subdirectora de personal de FEMA, fueron arrestados durante la madrugada de hoy, martes.

Los tres arrestos, los cuales fueron producidos por el Departamento de Seguridad Nacional, oficina del Inspector General y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), guardan relación con los contratos suscritos entre Cobra Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico(AEE), pagaderos con fondos de recuperación del huracán María a través de reembolsos a la corporación pública, específicamente para reparar la red eléctrica destruida de la isla.



En la acusación de 48 páginas se alega que el expresidente de Cobra Energy ofreció viajes en helicóptero, alojamiento, múltiples boletos de primera clase, seguridad, acceso a tarjetas de crédito e incluso un apartamento en San Juan a la exfuncionaria de FEMA a cambio de que esta ejerceriera presiones indebidas sobre la AEE.

Las autoridades federales han estado investigando los contratos financiados por FEMA otorgados por la Prepa a Cobra Energy, una subsidiaria de Mammoth Energy, para la reparación de la red eléctrica de la isla después de que fue destrozada por el huracán María en 2017.

La investigación sobre el ex presidente de Cobra Energy se dio a conocer después de que este le solicitara al tribunal que desvelara una declaración jurada proporcionada por un oficial que dio lugar a la congelación de $4.5 millones a los que Ellison intentó obtener acceso.

Más temprano el martes, la portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Lymarie Llovet, dijo a NotiUno que tres personas fueron arrestadas en Florida, Oklahoma y en otro lugar desconocido.

El trabajo de Cobra en Puerto Rico le produjo $1.8 mil millones en contratos con la AEE.




Secretario de Corrección alega es falsa pesquisa federal sobre subastas

El secretario del Departamento de Corrección, Erik Rolón. (Suministrada)
El secretario del Departamento de Corrección, Erik Rolón. (Suministrada)

El secretario del Departamento de Corrección (DCR), Erik Rolón aseguró el jueves que es falso que personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) esté investigando el proceso de subasta para la otorgación de un contrato millonario en esa agencia.

“Eso es totalmente falso. No ha habido ningún requerimiento, ninguna citación de parte de las autoridades federales. Es un proceso que se ha seguido conforme a los canales y la reglamentación vigente. Todo lo que se dice en los medios en cuanto a la investigación es totalmente falso”, dijo Rolón a la prensa. 

Según se ha informado, las autoridades federales estarían investigando alegadas irregularidades de la Junta de Reconsideración de Subastas de la agencia en relación a un contrato de 300 millones de dólares para operar las comisarías y suplir alimentos a los confinados.

Indicó que ningún empleado del DCR ha sido contactado por las autoridades federales. 

Al ser cuestionado sobre si podía asegurar que en el futuro no habrá noticias de arrestos en el DCR en relación a esta pesquisa, Rolón dijo que “obviamente hay unas intenciones de personas que desconozco de estar llevando información incorrecta. Yo no puedo garantizar que mañana salga una noticia pero sí puedo garantizar que cada vez que salga una voy a estar dando la información clara y precisa en cuanto a lo que este servidor se refiere o cualquier otro funcionario”.