Federales arrestan nuevamente al senador Abel Nazario

Autoridades federales efectuaron durante la mañana de hoy, miércoles, un total de ocho arrestos en el que figura el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, confirmó la portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Limary Cruz Rubio.

“Se efectuaron 8 arrestos en la mañana de hoy, sin incidentes. Es todo lo que puedo comentar por el momento. Más adelante Fiscalía federal publicará un comunicado con los detalles”, indicó la portavoz a CB en Español.

Al momento, se desconoce si estos arrestos guardan relación con la pasado arresto ocurrido el pasado 12 de septiembre de 2018, por alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo federal mientras ocupaba el cargo de alcalde de Yauco.

Sin embargo, el diario nacional El Vocero confirmó que el senador novoprogresista fue arrestado por presuntamente tener empleados fantasmas mientras era alcalde y en su oficina legislativa.

“El compañero Abel Nazario fue arrestado nuevamente por las autoridades federales. Es lamentable para él y su familia pero principalmente para el pueblo de Puerto Rico que observa con angustia eventos que laceran la confianza en las instituciones de gobierno”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien le exhortó a que presentara la renuncia a su escaño como legislador.

“Reconociendo que le asiste la presunción de inocencia, lo exhorto a que renuncie a su escaño y dedique todos sus esfuerzos a la situación que enfrenta en los tribunales. Abel Nazario no ocupa ni ostenta puestos de liderato en el PNP”, concluyó.




FBI investiga presunta amenaza en la Pontificia Universidad Católica de Ponce

(Juan J. Rodríguez/CB)
(Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tiene bajo su mira la posible amenaza de tiroteo dentro de la Pontificia Universidad Católica de Ponce y que mantiene en vilo a la comunidad universitaria desde tempranas horas del jueves en la mañana.

“Nos llegó información de una alegada amenaza que pusieron en las redes sociales y la estamos manejando con la Policía de Puerto Rico para determinar si es creíble o no y tomar las medidas necesarias”, indicó a Caribbean Business en Español el portavoz del FBI, Luis Rivera Santana.

Anoche una persona colocó un mensaje en una página social que lleva el nombre de “Confesiones PUCPR-Ponce” en el que se destaca que un joven en alegado estado de depresión expresó odiar la humanidad y su intención de llevar un rifle de asalto en su bulto hasta el centro universitario para luego dispararle al mayor número de estudiantes posibles.

De inmediato el mensaje comenzó a circular en las redes sociales y el jueves temprano el ambiente en el centro educativo era de tensión y ansiedad por la presunta amenaza.

Otra persona respondió el miércoles en las redes detallando que “el que quiere tirotear la uni es pana mío y habla enserio. He tratado de aconsejarlo y ayudarlo, pero dice que como quiera va enserio… mucho cuidado”.

Fuentes de CB en Español precisaron el jueves que todo apunta a que se trató de una broma de mal gusto en las redes sociales y que los mensajes ya fueron borrados, pero el FBI se mantiene indagando arduamente para determinar si es cierta la amenaza.

El doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica, puntualizó el jueves en declaraciones escritas que las medidas de seguridad se han reforzado en su institución y reiteró que refirió al FBI la alegada amenaza.

“Para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es vital la seguridad de nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso es continuar brindando esta atención”, puntualizó.

Vélez Arocho hizo un llamado a los estudiantes o personas que advengan en conocimiento directo o indirecto de actos que puedan atentar contra la integridad de cualquier miembro de la universidad a que lo comuniquen de inmediato a la Oficina de Seguridad o a la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles.

“La Universidad exhorta a quienes tengan información a comunicarse con el FBI al 787-754-6000 o por la página web www.tips.fbi.gov“, agregó.




Cuestionan posible rol de región de Caguas de la AEE en esquema de fraude multimillonario

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. (Agustín Criollo/CB)
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. (Agustín Criollo/CB)

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo cuestionó el miércoles el posible rol que tiene la región de Caguas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el esquema de fraude multimillonario supuestamente gestado por altos funcionarios de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la empresa Cobra, contratada para la restauración del sistema eléctrico tras los embates de los huracanes Irma y María.

“¿Cómo se pudo haber facturado 1,800 millones de dólares en un año y ocho meses? ¿De dónde sacaron tantos celadores? ¿Por qué los administradores de Caguas se han removido dos veces. Mira que casualidad, todo es Caguas. ¿Dónde asignaron las grandes cantidades de trabajo a Cobra? A la región de Caguas. ¿Por qué toda esa coincidencia?”, cuestionó Figueroa Jaramillo en entrevista radial (WKAQ).

Asimismo, el líder sindical cuestionó si el nombramiento del administrador de la región de Caguas, donde casualmente residen muchos funcionarios, fue para darle paso al contrato. También cuestionó si la persona contacto de Cobra con la AEE es un exsubdirector ejecutivo que es de Caguas.

El martes se dio a conocer que el expresidente de la empresa Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison y la exadministradora de la Región 2 de FEMA, Ahsha Nateef Tribble fueron acusados junto a Jovanda Patterson, quien fuera subjefa de personal de la agencia, por un Gran Jurado de conspirar para sobornar a funcionarios públicos, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre y violaciones a la Ley de Viajes.

De otra parte, el exdirector ejecutivo de la AEE, Justo González dijo en entrevista radial (NotiUno) que “se tornó hostil la situación en las reuniones del Unified Command. Yo empecé a ver que especialmente Asha Tribble empezó a tener un prejuicio acerca de los empleados de la Autoridad, especialmente los gerentes… También habían algunos directores como el de transmisión y distribución… Sí ella siempre insistía en Cobra (para que se hicieran los trabajos)”.

Agregó que nunca fue entrevistado por las autoridades federales en relación a esta pesquisa.

Entretanto, Ricardo Ramos, quien fue director de la AEE durante los huracanes, alegó que al parecer Tribble prefería la contratación de Cobra en lugar de la de Whitefish, a pesar que los contratos eran iguales.

“Yo no sé qué pensar. Me siento súper mal. Yo siempre pensé, y se lo he dicho a todo el mundo, cuando el contrato de Whitefish a alguien yo le pisé los cayos y no sabía quién era. Llevo todo este tiempo buscando por qué pasó esto cuando todo se hizo por el libro”, dijo Ramos en entrevista radial (WKAQ) al indicar que renunció tras perder el control de la situación por ese contrato.

Además, alegó que cuando contrató a Cobra, Tribble no estaba en la isla, por lo que no influyó en la contratación. 

“Desde que ella llegó ella estaba molesta y criticando la contratación de Whitefish… Eran los mismos contratos proforma. Esta señora estaba criticando uno de los contratos, pero no el otro. No decía nada de Cobra, pero por Whitefish estaba molesta”, alegó al admitir que fue contactado por las autoridades federales, pero no por el Gran Jurado, ni por el personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).




Gran Jurado acusa al expresidente de Cobra Energy y a alta funcionaria de FEMA

Tribunal Federal en Puerto Rico. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

Un mes y dos días después del devastador paso del huracán María por la Isla, la empresa COBRA y su entonces presidente, Donald Keith Ellison lograron contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ascendieron hasta $1,800 millones mediante un presunto esquema de fraude, extorsión y soborno orquestado junto a la subdirectora de la Oficina de Recuperación de FEMA, Ahsha Tribble.

Así lo establece una acusación emitida por un Gran Jurado federal el pasado 3 de septiembre contra Ellison, Tribble y Jovanda R. Patterson que alega que el trío participó de una conspiración para sobornar a funcionarios públicos, cometer actos que afectan un interés financiero, realizaron declaraciones falsas, cometieron fraude de fondos de desastre, fraude electrónico de servicios honestos y violaciones al Travel Act.

“La acusación que anunciamos hoy demuestra cómo una alta ejecutiva de FEMA y el presidente de la compañía Cobra se pusieron de acuerdo para enriquecerse ilegalmente a costa de los trabajos de reparación de nuestro sistema eléctrico luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017″, declaró Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa de la Fiscalía Federal, en conferencia de prensa tras los arrestos que se efectuaron en Florida, Oklahoma y San Francisco.

Según la acusación, un mes y dos días después del huracán María, el 19 de octubre de 2017, COBRA obtuvo un primer contrato por $200 millones con la AEE para reparar el sistema eléctrico, pero luego de seis enmiendas a ese mismo contrato la cifra alcanzó $945.4 millones en un periodo de trabajo de solo cuatro meses.




Para lograr cada una de esas enmiendas al primer contrato, Cobra contó con la representación de una persona que la acusación federal lo identifica como el “Individuo A”.

¿Quién era ese “Individuo A” que durante siete ocasiones distintas acudió a la AEE en representación de Cobra para negociar el primer contrato y las seis enmiendas posteriores que sufrió ese acuerdo?, preguntó CB en Español a la jefa de la Fiscalía Federal.

“No estamos protegiendo a ese individuo, lo que sucede es que en este momento no podemos revelar su identidad”, se limitó a responder la jefa de la Fiscalía Federal al tiempo que indicó que la pesquisa continúa.

Diversas fuentes de CB en Español ligadas a la AEE indicaron a este medio que durante las negociaciones con la utilidad pública Cobra llegó a estar representada por Arthur “Arty” Straehla, quien es el presidente de Mammoth Energy Services, empresa dueña de Cobra. Sin embargo, se desconoce si Straehla es la persona que la acusación federal contra Ellison y Tribble se refiere como el “Individuo A”.

A pesar de las múltiples preguntas realizadas por este medio, la jefa de la Fiscalía Federal evitó revelar la identidad de esa persona.

Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el 13 de octubre de 2017 Cobra fue incorporada en Puerto Rico como empresa foránea y dos días después obtuvo el primer contrato con la AEE. El agente residente de Cobra Adquisitions es la empresa The Prentice Hall Corporation System, que a su vez obtiene servicios de la empresa The Fast Solution.

El 26 de marzo de 2018 COBRA y la AEE firman un segundo contrato por $900 millones adicionales con fondos reembolsados por FEMA.

“A finales del 2017 o principios del 2018, Tribble y Ellison iniciaron una estrecha relación personal. Ellison le regaló cosas de valor a Tribble, mientras ella le proporcionaba información sobre la AEE que obtenía dada su posición oficial (en FEMA). Como parte del patrón de Ellison de proporcionar cosas de valor a Tribble, le consiguió empleo en Cobra para su amiga, la acusada Jovanda R. Patterson”, explicó la jefa de la Fiscalía Federal.

Los obsequios de valor realizados por el presidente de Cobra a la administradora regional de FEMA, Ahsha Tribble fueron un viaje en helicóptero sobre Puerto Rico en febrero de 2018, ayuda para conseguir un lugar donde vivir en Nueva York, negoció la contratación de su amiga en Cobra Logistics Holdings, le compró pasajes para viajar de Miami a Orlando y pasajes en primera clase de San Juan a Nueva York, le brindó servicios de seguridad personal y le dio acceso para utilizar una tarjeta de crédito que le pertenecía a Ellison, entre otros.

“Tribble influía, brindaba asesoramiento y ejercía presión sobre los ejecutivos de la AEE, incluidos, entre otros el director ejecutivo y los directores de las diferentes divisiones de la AEE, de modo que la AEE aceleraba los pagos a Cobra, asignaba tareas a Cobra en lugar de usar empleados de la AEE y usaba a Cobra en tareas de restauración mientras rechazaban ofertas de otros contratistas”, precisó Rodríguez Vélez.

La jefa de la Fiscalía Federal recordó que en febrero de 2018 en Puerto Rico se registró una explosión en el Centro de Transmisiones de la AEE en Monacillos y a pesar de que la utilidad indicó entonces que podía atender la emergencia con sus empleados, Tribble “insistió y ejerció presión a los ejecutivos para que utilizaran a Cobra. Les dijo que si no utilizaban a Cobra, FEMA no les reembolsaría”.

“Las acciones de estas personas dan vergüenza. Se aprovecharon de uno de los momentos más vulnerables en la historia moderna de Puerto Rico para enriquecerse a costa del gobierno. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias ante las autoridades federales”, agregó Rodríguez Vélez.

De ser encontrados culpables los acusados se exponen a un máximo de 30 años de prisión por los delitos de fraude electrónico y fraude de fondos de desastre y hasta 5 años por la conspiración.

La jefa de la División Criminal, la fiscal federal, Myriam Fernández y el fiscal federal, Seth Erbe están a cargo del caso que presidirá el juez federal, Francisco A. Besosa.

La AEE precisó hoy que al 31 de marzo de este año un total de $1,100 millones ha sido pagado a Cobra aunque los contratos ascendieron a $1,900 millones.

“Siempre ha sido una prioridad para nosotros el poder asistir y colaborar con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades locales y federales y así lo continuaremos haciendo”, dijo José Ortiz, principal oficial ejecutivo de la AEE.

Por su parte, FEMA envió declaraciones escritas en las que la agencia indica que aunque no van a comentar sobre asuntos personales, cooperan totalmente con las investigaciones federales.




Fiscalía federal realiza arrestos a exfuncionarios de Cobra Energy y FEMA

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)
La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El expresidente de Cobra Energy, una exadministradora regional adjunta de FEMA y el subdirector de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrentan cargos federales por fraude, conspiración, entre otros delitos, reveló la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Ahsha Tribble, exadministradora regional adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Región II; el ex presidente de Cobra Energy, Donald Keith Ellison; y Jovanda Patterson, subdirectora de personal de FEMA, fueron arrestados durante la madrugada de hoy, martes.

Los tres arrestos, los cuales fueron producidos por el Departamento de Seguridad Nacional, oficina del Inspector General y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), guardan relación con los contratos suscritos entre Cobra Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico(AEE), pagaderos con fondos de recuperación del huracán María a través de reembolsos a la corporación pública, específicamente para reparar la red eléctrica destruida de la isla.



En la acusación de 48 páginas se alega que el expresidente de Cobra Energy ofreció viajes en helicóptero, alojamiento, múltiples boletos de primera clase, seguridad, acceso a tarjetas de crédito e incluso un apartamento en San Juan a la exfuncionaria de FEMA a cambio de que esta ejerceriera presiones indebidas sobre la AEE.

Las autoridades federales han estado investigando los contratos financiados por FEMA otorgados por la Prepa a Cobra Energy, una subsidiaria de Mammoth Energy, para la reparación de la red eléctrica de la isla después de que fue destrozada por el huracán María en 2017.

La investigación sobre el ex presidente de Cobra Energy se dio a conocer después de que este le solicitara al tribunal que desvelara una declaración jurada proporcionada por un oficial que dio lugar a la congelación de $4.5 millones a los que Ellison intentó obtener acceso.

Más temprano el martes, la portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Lymarie Llovet, dijo a NotiUno que tres personas fueron arrestadas en Florida, Oklahoma y en otro lugar desconocido.

El trabajo de Cobra en Puerto Rico le produjo $1.8 mil millones en contratos con la AEE.




Secretario de Corrección alega es falsa pesquisa federal sobre subastas

El secretario del Departamento de Corrección, Erik Rolón. (Suministrada)
El secretario del Departamento de Corrección, Erik Rolón. (Suministrada)

El secretario del Departamento de Corrección (DCR), Erik Rolón aseguró el jueves que es falso que personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) esté investigando el proceso de subasta para la otorgación de un contrato millonario en esa agencia.

“Eso es totalmente falso. No ha habido ningún requerimiento, ninguna citación de parte de las autoridades federales. Es un proceso que se ha seguido conforme a los canales y la reglamentación vigente. Todo lo que se dice en los medios en cuanto a la investigación es totalmente falso”, dijo Rolón a la prensa. 

Según se ha informado, las autoridades federales estarían investigando alegadas irregularidades de la Junta de Reconsideración de Subastas de la agencia en relación a un contrato de 300 millones de dólares para operar las comisarías y suplir alimentos a los confinados.

Indicó que ningún empleado del DCR ha sido contactado por las autoridades federales. 

Al ser cuestionado sobre si podía asegurar que en el futuro no habrá noticias de arrestos en el DCR en relación a esta pesquisa, Rolón dijo que “obviamente hay unas intenciones de personas que desconozco de estar llevando información incorrecta. Yo no puedo garantizar que mañana salga una noticia pero sí puedo garantizar que cada vez que salga una voy a estar dando la información clara y precisa en cuanto a lo que este servidor se refiere o cualquier otro funcionario”.




Tribunal confirma investigación federal sobre contratos de COBRA Energy

El subdirector ejecutivo de la AEE, Justo González Torres, y personal técnico de la corporación pública, inspeccionan los trabajos de energización que realiza Cobra Energy en el barrio Mambiche Prieto de Humacao. (Twitter -AEE)

Twitter: @Limarys_Suarez

Una orden emitida por el juez federal del Distrito de San Francisco, California, Jon Tigar, confirma que el gobierno federal “mantiene una investigación en curso” sobre los contratos otorgados a la empresa Cobra Energy para reparar la red eléctrica en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María.

La orden emitida por el juez Tigar el miércoles, está relacionada con un reclamo del expresidente de Cobra Energy, Donald Keith Ellison, para que se desellara la declaración jurada de un agente del FBI que dio paso a que los federales le confiscaran cerca de $4.5 millones en activos y poder tener acceso a ese dinero.

Orden del juez federal Jon Tigar en el caso de Donald Ellison, expresidente de Cobra Energy.

“La Corte concluye que Ellison debería de buscar que se deselle la declaración jurada en el Distrito de Puerto Rico”, reza la orden de nueve páginas del juez federal Tigar.

No obstante, al detallar las circunstancias del caso, la orden del juez establece que la incautación se produce como parte de la investigación que mantiene el FBI sobre los contratos otorgados a Cobra por la Autoridad de Energía Eléctrica y que fueron pagados con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Los contratos de Cobra Energy con la AEE llegaron a sumar $1,800 millones.

La investigación en curso está relacionada a un alegado esquema de fraude en el que el expresidente de Cobra supuestamente utilizó su relación con una empleada de FEMA para lograr aumentar sus contratos en la Isla.

El gobierno federal indicó en el caso de Ellison que los funcionarios de FEMA “no deben estar en contacto directo ni asesorar a los contratistas”, ésto en referencia a Ahsha Tribble, una administradora regional de FEMA que estuvo en Puerto Rico supervisando las obras de reconstrucción del tendido eléctrico luego del huracán María.

Según el Wall Street Journal Tribble se encuentra fuera de FEMA bajo una licencia administrativa.

“Ellison no ha sido acusado de nada”, puntualiza la demanda del entonces presidente de Cobra.

Según se desprende de la orden de Tigar, el 26 de abril de 2019 el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo una orden en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para incautar unos fondos en varias cuentas bancarias que le pertenecen a Ellison así como un catamaran y una guagua pickup.

Una de las órdenes autorizó la incautación de $1 millón en fondos en una cuenta de Charles Schwab que está a nombre de Ellison. Otro magistrado otorgó una orden para confiscar otros $3.4 millones en efectivo e inversiones.

El pasado 12 de junio, Ellison radicó una moción en el Tribunal Federal en California solicitando que se le devolviera el dinero y que se le diera acceso a cualquier declaración jurada o documento del gobierno federal que haya sido sometida para solicitar la incautación de su dinero.

El juez determinó que Ellison no ha podido probar el daño que sufre al no tener acceso a los fondos incautados y tampoco ha probado que de verse el caso en su fondo, tiene méritos para prevalecer.

También clientes de BDO

De otra parte, el jueves, la Oficina del Inspector General ejecutó una orden de allanamiento en la AEE relacionada a la empresa de contabilidad BDO cuyo presidente Fernando Scherrer, fue acusado y arrestado ayer por presunta corrupción pública.

“En el día de hoy la Autoridad recibió a dos funcionarios de la Oficina de la Inspectora General de Puerto Rico, quienes diligenciaron un Requerimiento de Información, en relación con la compañía BDO Puerto Rico, con quien la Autoridad mantiene relación contractual desde el 2016. La Autoridad está colaborando con la Oficina de la Inspectora General de Puerto Rico y facilitará toda la información que se le solicite”, rezan expresiones escritas de Astrid Rodríguez Cruz, directora de la División legal de la AEE.

Según varias fuentes y documentos en poder de este medio, al mismo tiempo que BDO tenía contratos con la AEE, también le prestaba servicio a las empresas Whitefish y Cobra, contratadas por la corporación pública.




Gobernador pide caiga toda la ley a implicados pesquisa empleados fantasmas en la Legislatura

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares afirmó el jueves que si algún funcionario fuese arrestado por las autoridades federales como parte de la pesquisa por alegados empleados fantasmas en la Legislatura, tendrá que enfrentar el peso de la ley y darle explicaciones al pueblo.

“Hay que ver en qué culmina esa investigación y si culmina en arrestos, ciertamente todo funcionario que le falle al pueblo de Puerto Rico, va a tener que cargar con todo el peso de la ley”, dijo Rosselló Nevares en una entrevista radial (WKAQ).

Las declaraciones del mandatario surgen ante informes periodísticos que indican que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ha identificado mayores recursos y agentes que fueron movilizados a la isla ante la posibilidad de un operativo de arrestos por la mencionada pesquisa.

“Esto no es una cuestión de qué yo pienso. Es una cuestión de rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico. Sin espíritu de adjudicar, porque esa es una noticia que se está adjudicando y todavía no hay certeza sobre ello, pero si en efecto se ejecuta en esta ocasión o en otro evento arrestos de esa índole, se tiene que expresar al pueblo de Puerto Rico y si hay culpabilidad, que le caiga a quien le caiga todo el peso de la ley”, sostuvo el primer ejecutivo.

“Si hay arrestos es porque hay alguna imputación de corrupción o alguna otra cosa. Entonces después se tiene que llevar el proceso de evaluación. Somos una jurisdicción de ley y orden que da el beneficio de la inocencia hasta encontrado culpable. Los arrestos serán por corrupción o por otras faltas a la ley y cada funcionario tiene que responderle al pueblo”, reiteró.




Revelan relación del hermano del gobernador con escuelas charter y compañía de asesoría de Julia Keleher

El hermano del gobernador Ricardo Rosselló Neváres, Jay Rosselló, es la persona contacto en la firma de abogados Hogan Marren Babbo & Rose, para atender a los potenciales interesados en participar del establecimiento de escuelas charter en Puerto Rico, de acuerdo a la página de internet del bufete estadounidense.

La firma de abogados Hogan Marren Babbo & Rose, es a su vez colaboradora de la compañía de asesoría Keleher & Associates, cuya principal ejecutiva es Julia B. Keheler, renunciante secretaria de Educación de Puerto Rico y quien además cobraba $250,000 por asesorar al gobierno sobre como implantar la reforma educativa en el mismo departamento que dirigía. La información salió a relucir en el programa Jugando Pelota Dura que se transmite por Univisión Puerto Rico.

“Hogan, Marren, Babbo & Rose está listo para ayudarlo a usted y a su organización a explorar la participación en este esfuerzo de reforma naciente. Para obtener más información, comuníquese con Jay Rosselló, socio en nuestra práctica de derecho educativo”, indica la página del bufete.

La relación del bufete y el Departamento de Educación bajo el mandato de Keleher se remonta al 2017, cuando la firma obtuvo un contrato de asesoramiento jurídico y asistencia técnica en asuntos de política pública de Educación, relaciones con el gobierno federal y con el Congreso, por $155,000. Dicho contrato aparece firmado por Charlie Rose, exfuncionario del Departamento de Educación federal bajo la incumbencia del secretario Arne Duncan, el pasado cuatrienio. La información consta en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

Una firma de nombre Hogan-Marren LLD también aparece con contratos con el Senado de Puerto Rico para el año fiscal 2014-2015, justo cuando el entonces presidente senatorial Eduardo Bhatia preparaba su reforma educativa enfocada en las escuelas alianza, que finalmente fueron aprobadas en este cuatrienio bajo la incumbencia de Keleher.

El jueves en la noche, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que aclare los vínculos del Departamento de Educación, la exsecretaria Keleher y del bufete en que trabaja su hermano, Jay Rosselló.

“El gobernador Rosselló debe aclarar de inmediato las alegaciones de que un hermano suyo está relacionado a una empresa que ofrece orientación sobre escuelas charter y que a su vez está vinculada a la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher”, indicó el senador Torres, en un comunicado de prensa.

Se destapa la caja de Pandora
La información sobre la relación del hermano del gobernador con la firma asociada a Keleher & Associates es el más reciente desarrollo en la saga de informes sobre la exsecretaria cuya renuncia se conoció el lunes en la noche y tiene lugar en momentos en que Keleher es señalada por de estar siendo investigada por el FBI ante alegadas irregularidades en la otorgación de contratos en el Departamento de Educación.

Informes de prensa apuntan a que como parte de la pesquisa, el FBI allanó la residencia en San Juan de una socia senior de Keleher en la firma Keleher & Associates. De acuerdo a dichos informes, Keleher abría dejado en manos de su socia el manejo de la compañía mientras ejercía como secretaria de Educación en Puerto Rico. De acuerdo con la página de Keleher Associates, la única social senior en la compañía es Vanessa Monroy Gonzague, quien en el pasado trabajo como asesora externa del Departamento de Educación durante la incumbencia del gobernador Luis Fortuño.

Mientras, fuentes de dos diarios en San Juan indican que las autoridades incluso han pedido al tribunal acceso a las cámaras de seguridad del edificio donde reside Keleher en San Juan, como parte de su investigación. La pesquisa parece estar relacionada a una alegada venta de influencias para obtener contratos con la agencia, cuyo presupuesto consolidado que supera los $3,400 millones.

Se alega que uno de los focos de la investigación es el contrato de la iniciativa Tus Valores Cuentan, que fue cancelada luego de que una auditoria interna revelara irregularidades en su otorgación.

Otro de los asuntos que alegadamente investiga la División de Integridad Pública de Washington DC, es precisamente la relación de la entonces secretaria y su compañía Keleher & Associates con la Puerto Rico Educational Foundation (PREF). Esta fundación fue creada a instancias de Keleher desde el sector privado para levantar fondos para apoyar financieramiente al Departamento de Educación y a las escuelas. Enid Reyes, directora ejecutiva de PREF indicó al periódico Metro que las autoridades federales no se han comunicado con la institución.




Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional

Agentes federales llevaron a cabo un allanamiento el miércoles en el Banco San Juan Internacional, según se informó.

Informes detallan que la institución está ubicada en el área de San Patricio en Guaynabo y que el allanamiento es por un alegado esquema de lavado de dinero.

En la intervención colaboran agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según Douglas Leff, agente especial del FBI, el allanamiento se debe a que el Banco ha llevado a cabo transacciones económicas con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela. “Es un caso potencial de lavado de dinero”, sostuvo.

En el allanamiento se esperan ocupar documentos y computadoras que sustenten las alegaciones.

Entretanto, el principal oficial financiero del Banco San Juan Internacional, Héctor Vázquez Muñiz, rechazó enérgicamente las referencias que los medios han realizado contra la institución bancaria durante el allanamiento que hiciera el FBI.

“Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”, indicó la institución bancaria en declaraciones escritas.

“El Banco confía en que ha cumplido con todas las sanciones de los Estados Unidos contra individuos venezolanos y entidades relacionadas con el gobierno”, añadió.

“Nosotros rechazamos cada una de las imputaciones que se han hecho en los medios de comunicación y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en el requerimiento de cualquier otro tipo de información que se haga, producto de la investigación que están realizando”, expresó Vázquez Muñiz.

“Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación y la que nosotros le podamos proveer, toda esta lamentable situación será aclarada”, concluyó Vázquez Muñiz.