Junta fiscal culpa al Gobierno de Puerto Rico por altos costos legales

La junta de control fiscal escribió hoy a miembros del Congreso para justificar su gastos excesivos en honorarios en una misiva en la cual culpó al gobierno por los costos al contratar a sus propios abogados y a “un factor estructural que ha hecho que los costos sean excesivos”.

Desde su inicio, la Junta dice que ha trabajado con el Gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo su tarea bajo Promesa de ayudar a lograr un equilibrio fiscal para Puerto Rico y restablecer el crecimiento económico.

“Desafortunadamente, este trabajo ha demostrado ser extraordinariamente costoso para el pueblo de Puerto Rico. Si bien entendemos que los procedimientos de reestructuración complejos son costosos y que la situación que enfrenta Puerto Rico garantiza que así sea, existe un factor estructural en juego que ha hecho que los costos sean excesivos “, reza la carta.

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De conformidad con Promesa, la Junta es el representante legal de cualquier deudor en los procedimientos de quiebra bajo el Título III. Como tal, la Junta es el representante legal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en el Tribunal, lo que requiere que retenga abogados y otros asesores para tal representación.

Sin embargo, el ELA y sus organismos, incluida la AEE, han contratado a sus propios abogados y otros asesores para los procedimientos bajo el Título III, sobre la base de que a menudo tienen intereses distintos a los de la Junta.

“Mientras el ELA y sus instrumentalidades tienen derecho a sus propios asesores, y la Junta y el Gobierno de Puerto Rico se han esforzado por trabajar cooperativamente y en colaboración con dichos asesores, se ha duplicado, no obstante, el trabajo como resultado de este acuerdo, lo que ha llevado a costos adicionales “, dijo el Consejo.

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Mientras esta estructura permanezca en su lugar, la Junta dice que se esfuerza por encontrar formas para trabajar más eficientemente con los asesores del ELA y sus instrumentalidades para minimizar la cantidad de trabajo duplicado e innecesario y, por lo tanto, reducir los honorarios en los procedimientos bajo el Título III . “Para subrayar este compromiso, también hemos enviado una carta al Gobernador de Puerto Rico, instándolo a cooperar con nosotros en este esfuerzo”, dijo la Junta.

“Históricamente, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido un gasto gubernamental derrochador. La Junta está haciendo todo lo posible para evitar gastos como el representante legal del ELA y sus instrumentalidades en los procedimientos bajo el Título III para que los recursos del ELA se gasten en lo que más importa: proporcionar salud, educación y seguridad y promover el desarrollo “, reza la carta.




Liberty Mutual no quiere pagar gastos legales de exdirectores de Eurobank

Liberty Mutual Insurance acudió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para solicitar ser relevado de su obligación de continuar pagando los gastos de defensa de los antiguos directores de Eurobank que fueron demandados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para recuperar las pérdidas de préstamos del desaparecido banco.

Los exdirectores de Eurobank sostienen que Liberty Mutual está recurriendo a artificios para evitar cumplir con su obligación en momentos en que se enfrentan a un juicio inminente para el cobro de $55 millones.

Liberty Mutual sostene que emitió una póliza de $10 millones para cubrir al banco (que cerró en 2010) y a sus ejecutivos por demandas durante un período de un año que terminó en septiembre de 2010.

Actuando en su condición de destinataria de Eurobank, la FDIC, demandó a los exdirectores del banco, reclamando daños y perjuicios por pérdidas en 12 préstamos para propiedades comerciales y préstamos de negocios, alegando que fueron negligentes en su aprobación. La FDIC está tratando de recuperar alrededor de $55 millones.

Los ocho exdirectores del banco y el exejecutivo principal de la junta, Rafael Arrillaga Torréns, han solicitado cubierta bajo la póliza para pagar los costos de defensa. A raíz de una orden judicial, Liberty Mutual acordó adelantarle a los exdirectores los gastos de defensa en el caso de FDIC. Hasta el momento la aseguradora ha adelantado $8.1 millones y quedan aproximadamente $1.9 millones pendientes.

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“Liberty Mutual respetuosamente sostiene que hay demandas concurrentes entre los propios Directores Demandados, hasta el punto de que los costos de defensa del Sr. Arrillaga han superado sustancialmente a los de los otros Directores Demandados y por lo tanto están agotando la Póliza en su detrimento”, expresó la compañía de seguros.

Como resultado de las “posiciones claras y contradictorias de la FDIC versus los Directores Demandados y entre los propios Directores Demandados, Liberty Mutual guarda un temor razonable de que surjan reclamaciones que compitan entre sí para [acceder] los pocos fondos que quedan bajo la póliza”, dijo la firma.

Liberty Mutual luego mencionó que remitiría los fondos restantes bajo la póliza, lo cual hizo el martes, para que la corte determinara dónde debe ir el dinero, ya que enfrenta reclamaciones contradictorias que exceden el límite de responsabilidad de la póliza. La aseguradora también le solicitó al tribunal que la liberara de cualquier obligación adicional en el caso.

Arrillaga Torréns dijo que él y los ocho exdirectores del banco enfrentan un juicio inminente, en cualquier momento tras una demanda de $55 millones radicada por el receptor del banco, y que Liberty Mutual Insurance está obligada bajo un acuerdo de póliza y dos órdenes judiciales del tribunal federal a adelantar y reembolsar los costos razonables de defensa.

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“En vez de honrar y cumplir con sus obligaciones, Liberty pretende congelar indefinidamente el pago de los costos razonables de defensa —cuando el juicio podría ser pautado en cualquier momento— a través del artificio de una acción de tercería”, manifestó el expresidente del banco en un documento judicial.

Además, expuso que el tribunal carece de jurisdicción en la solicitud de Liberty porque la compañía no alegó ni puede alegar que los múltiples demandados tienen reclamos diferentes porque no hay demandados que estén haciendo o pueden hacer reclamaciones competitivas contra el dinero restante en la póliza.

La base de la solicitud de Liberty es que uno de los demandados ha solicitado una cantidad que excede los límites de la póliza y que un abogado defensor factura más que otro. “Si aquí se justificara un tercerista, entonces el tercerista estaría justificado en cada caso de D&O (siglas en inglés para el seguro de responsabilidad de directores y oficiales) que haya sido radicado en cualquier demanda contra múltiples demandados asegurados por la misma póliza”, dice el documento.