Carrión defiende el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

El presidente de la junta de control fiscal, José B. Carrión III aseguró el viernes que el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico –que recortaría en un 60% los bonos y reclamaciones del gobierno– dará paso a que la Isla supere la bancarrota de ser aprobado por la jueza federal, Laura Taylor Swain.

“Hoy es un día extremadamente importante pues como anticipamos se sometió el plan de ajuste de la deuda y en esencia esto es el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico. Este plan es la culminación de tres años de trabajo arduo y estamos bien a gusto que lo que se está sometiendo ante la consideración de la Corte es para beneficio de nuestro pueblo”, expresó Carrión en conferencia de prensa de la Junta en el Centro de Convenciones en San Juan.

El Plan propone recortar de $35,000 millones a $12,000 millones los bonos y otras reclamaciones del gobierno así como un recorte de 8.5% para todos los retirados que reciban una pensión superior a los $1,200 mensuales, lo que representa un total de 40% de todos los jubilados. Al 60% de los retirados su pensión no se les tocaría ni sufriría ningún cambio.

Ana Matosantos, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)
Ana Matosantos, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Parte de lo que el Plan de Ajuste hace es que reestructura la deuda de Puerto Rico bajándola de $4,500 millones a menos de $1,500 millones en pagos anuales”, detalló por su parte Ana Matosantos, miembro de la Junta.

De un total de $72,000 millones de la deuda de Puerto Rico la Junta indicó que el Plan contempla la reestructuración de $35,000 millones en bonos de obligaciones generales (GO’s) al recortarlos a $12,000 millones en valor nominal.

“Esto significa que en el presupuesto de Puerto Rico el servicio anual de la deuda bajará de un 28% a un 9%. Esto es una reducción muy sustancial y muy por debajo del límite constitucional de la deuda que es de 15%. Lo estamos llevando a unos niveles que consideramos prudentes y sostenibles”, aseguró José R. González, otro de los miembros del ente fiscal.

González resaltó que el gobierno de Puerto Rico tenía cero activos de los $50,000 millones que había en los planes de pensiones lo que puso en grave riesgo a los retirados.

José González, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)
José González, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Se está estableciendo un Fideicomiso a 30 años que será alimentado con recursos existentes y eso garantizará el pago de las pensiones. Estamos dándole fortaleza a una parte de las obligaciones del gobierno que actualmente son muy débiles. La realidad legal es que las pensiones difícilmente se pueden proteger en su totalidad bajo los principios de la Ley de Quiebra”, señaló.

“Quiero enfatizar que para los empleados públicos que están en el Sistema 2000 de retiro, que es un sistema de contribución definida como un 401k, desafortunadamente sus aportaciones que eran de $1,300 millones fueron mezcladas con otras, usadas y se disiparon. Ahora ese dinero será segregado y administrado separadamente y se va a restituir”, agregó.

El Plan propone la creación de un mecanismo para restablecer aquellos recortes de 8.5% a las pensiones mayores de $1,200 mensuales en cualquier año fiscal que el gobierno de Puerto Rico genere un superávit mayor al proyectado, mientras crea por otro lado un mecanismo para transar reclamaciones contra bonos impugnados y le permite a los bonitas individuales locales recibir bonos con pagos de intereses mensuales.

“Después de muchas dificultades hemos llegado a un lugar donde se atiende los reclamos de diferentes partes en este proceso. Esperamos que esencialmente en la forma en que lo planteamos sea confirmado por el Tribunal. Este Plan levanta la incertidumbre del peso de la deuda aunque no es una panacea por sí solo. Todavía Puerto Rico tiene que atender unos temas de competitividad para el futuro. El plan de ajuste es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico de Puerto Rico”, reconoció González.

Con relación a las obligaciones generales el plan de ajuste propone una reducción de 36% para los bonos emitidos antes del 2012.

Mientras, propone una reducción de 28% para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos emitidos antes del 2015 y un recorte de 87% para los tenedores de bonos del Sistema de Retiro.

En total el servicio de la deuda combinado con Cofina se reduce de $82,000 millones a $44,000 millones durante un periodo de 30 años.





Acuerdo sobre bonos de GOs incluye el repago de deuda impugnada

El acuerdo anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal esta semana para reestructurar $35,000 millones en reclamaciones de deuda con los bonistas de obligaciones generales (GOs, en inglés) del Estado Libre Asociado y de la Autoridad de Edificios Públicos, incluye el repago de unos $6,000 millones que la Junta está tratando de invalidar, confirmó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta.

También incluye aproximadamente $1,000 millones en deuda de bonos emitidos en el 2011 cuya validez es impugnada por el Comité de Acreedores No Garantizados alegando que viola los límites constitucionales.

El acuerdo, anunciado por la junta en el fin de semana mediante un comunicado de prensa, reduce la cantidad de bonos del ELA en circulación a menos de $12,000 millones, una reducción de más del 60%. El servicio de la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluido capital e intereses durante los próximos 30 años, se reduciría aproximadamente a la mitad, de $43,000 millones a $ 21,000 millones.

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados objetaron en enero más de $6,000 millones de la deuda de Puerto Rico, argumentando que estaba en “clara violación” de los límites de permitidos por la Constitución del ELA, por lo que debían ser declarada nula y sin efecto. La Junta también plantea que la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos debe ser declarada sin garantía. De forma separada, los acreedores no asegurados intentan invalidar la deuda de 2011, aunque la Junta no se unió a ese pleito.

“Anunciamos este acuerdo ayer y ahora que es público, esperamos continuar hablando con más acreedores en el camino. Lo hicimos con AEE (la Autoridad de Energía Eléctrica) ”, dijo Jaresko en referencia al reciente acuerdo de reestructuración negociado con aproximadamente el 40% de los tenedores de bonos de la empresa de servicios públicos. La monoliner Syncora, se unió al acuerdo luego de anunciado.  

Un documento publicado este fin de semana por la Junta establece que si bien los bonos de obligación general de 2012 y 2014 que han sido impugnados, están sujetos lo que decida el tribunal, el acuerdo ofrece un plan para negociar los litigios pendientes.

La junta espera presentar dentro de los próximos 30 días, un plan de ajuste de deuda ante los tribunales conforme al Título III de la  Promesa y finiquitar todo lo referente al ese título de la ley para principios del 2020.

No obstante, Christian Sobrino, director de la Agencia Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera de la isla (Aafaf), anticipó que el gobierno no apoyará ningún acuerdo de restructuración de deuda, si este está condicionado a un recortes en las pensiones.

“No promoveremos ninguna legislación, orden ejecutiva ni ningún otro acuerdo administrativo que apoye directa o indirectamente un plan de ajuste que implique una reducción en las pensiones”, dijo Sobrino en un comunicado. Jaresko respondió que entiende que el acuerdo de restructuración negociado con los acreedores no requiere de legislación, pues depende de la naturaleza de los bonos estructurados.

Según la junta, el acuerdo es un reconocimiento de las partes, de que la situación financiera de la Isla requiere una “reducción significativa” de su deuda a niveles sostenibles y que este es un elemento importante que permitiría a Puerto Rico salir de la quiebra para principios del año próximo.  

En una comunicación, la Lawful Constitutional Debt Coalition, que incluye a tenedores de deuda de obligaciones generales y de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), emitidos antes de marzo de 2012, dijo que el resultado de tres meses de negociaciones con la junta fue un acuerdo consensuado de reestructuración de deuda de $ 18,000 millones de obligación general y deuda de AEP.

Los miembros de la coalición, que incluyen GoldenTree Asset Management, Monarch Alternative Capital, Whitebox Advisors y Taconic Capital firmaron el acuerdo. Otros signatarios incluyen miembros del grupo Ad Hoc de Dueños de bonos de Qualified School Construction y Qualified Zone Academy.

Assured Guaranty, una de las varias aseguradoras de bonos que cuestionan la constitucionalidad de la junta, no respaldó el acuerdo.

Un resumen del acuerdo incluye que:

  • Los tenedores de bonos participantes recibirán una combinación de bonos nuevos y dinero en efectivo;
  • En conjunto, los tenedores de bonos GO recuperarán aproximadamente 64%;
  • Se colocarán en cuentas de reserva (“escrow”) las distribuciones prorrateadas correspondientes a los reclamos disputados de tenedores;
  • La autoridad para litigar o transar litigios existentes sobre deuda emitida después de marzo de 2012 se transferirá a un fideicomiso después de la confirmación del plan, y;
  • Existirá un valor de litigio para Puerto Rico de hasta $1,400 millones.




Aseguran acuerdo con bonistas de obligaciones generales “es un acuerdo para apoyar al plan”

Para el experto en la ley federal Promesa, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el anunciado acuerdo por la Junta federal de Control Fiscal (JCF), con bonistas de obligaciones generales (GO’s), de un recorte del 36 por ciento de la deuda no es un acuerdo de reestructuración de deuda.

“En realidad, lo que se divulga y que la prensa recoge como un acuerdo, no es un acuerdo porque no es el trámite que, por ejemplo, se está llevando en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) donde se hace una transacción y se somete a la aprobación de la jueza Taylor Swain”, dijo Emanuelli Jiménez en entrevista con WPAB 550 Ponce.

“Es un acuerdo para apoyar al plan. Un acuerdo para apoyar al plan lo único que compromete a las partes es que, si tú sometes un plan bajo esas circunstancias, yo secundo. Yo escribo una carta, que era lo que le estaban diciendo a la Asociación (de Maestros) porque ese fue el acuerdo que ganaron con esa negociación, es que ellos podían escribir una carta diciendo yo secundo el plan, pero el plan tiene que ir luego a votación”, añadió.

Explicó que en ese acuerdo debe ser por mayoría, dos terceras partes del monto de la deuda de acuerdo más el 50 por ciento de los tenedores de la deuda en su carácter individual o corporativo.

“Ellos tienen el 10 por ciento, ¿por qué hacen eso?”, cuestionó Emanuelli Jiménez.

Señaló que “eso crea unas condiciones de mercado súper ventajosas para que los fondos buitres puedan adquirir bonos de gente que se asuste y venda sus bonos a precio de pesca’o abomba’o. Fíjate que el supuesto acuerdo propone un recorte de hasta un 60 por ciento. Aquí los GO’s le están haciendo a un precio mayor”.

Mencionó que la Junta de Control Fiscal le pedirán al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para continuar operando, utilizando como excusa que ya están llegando a un acuerdo, opinó el licenciado.

“Un acuerdo necesita unos por cientos tanto del monto de la deuda como de los acreedores para que tenga peso y validez ante la jueza Laura Taylor Swain”, dijo.

El presidente de la JCF, José Carrión, anunció que se logró un acuerdo con ciertos bonistas del Gobierno de Puerto Rico en el marco de un plan de ajuste para resolver 35 mil millones de dólares en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico.

“El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de 12 mil millones de dólares, equivalente a una reducción que supera un 60 por ciento. Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de 43 mil millones de dólares millones a 21 mil millones de dólares”, dijo Carrión.

“El acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene. La Junta de Supervisión espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días”, añadió.

Mencionó que este acuerdo se suma a los alcanzados en los pasados días con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los 55 mil millones de dólares en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro.

Expresó que el acuerdo provee un recorte promedio que supera 60 por ciento para la totalidad de 35 mil millones de dólares en reclamaciones contra el gobierno, un 36 por ciento de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27 por ciento de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Christian Sobrino Vega se expresó a favor de este acuerdo e insistió en el rechazo del convenio entre la JCF y los empleados retirados.

“La Junta, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que, sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable. Más aún, todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el Gobierno de Puerto Rico consienta. Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico ya ha manifestado a la Junta de Supervisión en numerosas instancias que el Gobierno de Puerto Rico no presta su consentimiento ni expresa el deseo de someter otra entidad gubernamental o instrumentalidad a un proceso de reestructuración bajo el Título III en adición a aquellos procesos ya comenzados en el 2017”, expresó Sobrino Vega.




Junta fiscal anuncia acuerdo con ciertos bonistas del gobierno sobre obligaciones generales y la AEP

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, anunció el domingo que se logró un acuerdo con ciertos bonistas del Gobierno de Puerto Rico en el marco de un plan de ajuste para resolver 35 mil millones de dólares en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico.

“El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de 12 mil millones de dólares, equivalente a una reducción que supera un 60 por ciento. Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de 43 mil millones de dólares millones a 21 mil millones de dólares”, dijo Carrión.

“El acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene. La Junta de Supervisión espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días”, añadió.

Mencionó que este acuerdo se suma a los alcanzados en los pasados días con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los 55 mil millones de dólares en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro.

Expresó que el acuerdo provee un recorte promedio que supera 60 por ciento para la totalidad de 35 mil millones de dólares en reclamaciones contra el gobierno, un 36 por ciento de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27 por ciento de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) Christian Sobrino Vega se expresó a favor de este acuerdo e insistió en el rechazo del convenio entre la JCF y los empleados retirados.

“La Junta de Supervisión, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable. Más aún, todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el Gobierno de Puerto Rico consienta. Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico ya ha manifestado a la Junta de Supervisión en numerosas instancias que el Gobierno de Puerto Rico no presta su consentimiento ni expresa el deseo de someter otra entidad gubernamental o instrumentalidad a un proceso de reestructuración bajo el Título III en adición a aquellos procesos ya comenzados en el 2017”, expresó Sobrino Vega.




Bonistas de obligaciones generales y Cofina alcanzan acuerdo tentativo

Por Philipe Schoene y Eva Lloréns Vélez 

El juego de la deuda de Puerto Rico está a punto de caramelo con los ajustes finales a un posible acuerdo entre los tenedores de bonos de obligaciones generales (GOs) del Estado Libre Asociado y los acreedores de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Según un borrador obtenido por CB en Español, el acuerdo preliminar “respaldado por ciertos tenedores o aseguradores de bonos de obligaciones generales  y ciertos tenedores o aseguradores de bonos de Cofina resolvería la disputa entre los GO-Cofina basada en la creación de un fideicomiso al que se aportarían todos los bonos de Cofina y que haría una oferta de intercambio para todos los bonos de obligaciones generales y permitiría reclamaciones generales no garantizadas (“GUC”). El fideicomiso será una entidad independiente que empleará un mecanismo de caja de seguridad y, en la máxima medida permitida por la ley aplicable, estructurada como una entidad remota de quiebra, en términos aceptables para las partes que lo respaldan”.

Los documentos que se compartieron con la junta de control fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fisca (Aafaf) estipulan que “la implementación del acuerdo sería que (i) los tenedores de bonos de Cofina reciban el 52.5% del valor distribuible, y (ii) los tenedores de bonos GOs participantes reciben 46.233%, y los GUC reciben 1.267%, para una participación agregada del ELA de 47.5% “.

La llamada disputa “ELA-Cofina” sobre quién tiene prioridad en los pagos de la deuda es una de las áreas clave que debe resolverse en el proceso de quiebra del Título III del gobierno bajo la ley federal Promesa, ya que tiene repercusiones en la determinación de cómo se distribuirán los activos.

Arrecia la ofensiva entre Cofina y GOs

Esto es muy importante porque, como saben, estos son los dos grupos de acreedores con un reclamo de jerarquías de prioridad; son los primeros grupos de acreedores que deben resolverse para que todo lo demás empiece a funcionar”, dijo a este medio una fuente de Wall Street con conocimiento del asunto.

El acuerdo incluye un número significativo de tenedores de bonos Cofina -incluidos los seniors, los subs y los fondos de cobertura, y un número significativo de tenedores de bonos de obligación general, que también incluye todos los fondos de cobertura”, sostuvo.

Según los informes, el acuerdo utiliza la estructura de Cofina, en la cual los ingresos del impuesto sobre ventas y uso (IVU) sirven como mecanismo para financiar el acuerdo.

En esencia, van a utilizar los ingresos de Cofina para pagar a los de obligaciones generales una parte, los Cofina seniors una parte, Cofina subs una porción. Otra reserva se hará para los acreedores no garantizados y el resto para el ELA”, agregó la fuente de Wall Street.

El acuerdo preliminar, que supuestamente fue discutido con miembros del equipo de reestructuración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y de la junta de control fiscal, es significativo porque establece un punto de partida para el consenso en la arena legal entre dos partes acreedoras de Puerto Rico.

Han llegado a una comprensión preliminar del nivel de recortes que estarían dispuestos a aceptar para dejar sus demandas legales y entrar en la estructura habilitada por este acuerdo“, dijo a CB en Español una segunda fuente involucrada en las negociaciones.

“Cofina se mantiene como una estructura muy importante que permite un acuerdo sobre cómo configurar los diferentes tramos y jerarquías con los principales acreedores que se pagarían con los recortes acordados. Libera el Fondo General del ELA para que el gobierno se libere del reclamo legal”, añadió.

La fuente de Wall Street confirmó que el acuerdo “va a ser un intercambio donde todos ofrecerán sus bono actuales y recibirán bonos de Cofina que, dependiendo del tramo en el que se encuentre, tendrá un recorte, cupón y vencimiento en particular”.

El intercambio de bonos contempla flujos de ingresos contingentes a ciertos niveles de crecimiento en la economía y la captura del IVU. En esencia, estipula que el pago al titular del nuevo documento se basa en los flujos de ingresos logrados por la estructura de Cofina.

“Los analistas hicieron sus proyecciones basadas en el pronóstico de crecimiento económico: basaron la recuperación de los acreedores en los ingresos esperados; si es más, obtienes más; si es menos; recibirás menos. Pero es sin recurso, por lo tanto, si es menor, no puedes salir de la estructura para presentar un reclamo. Entonces, el gobierno puede decir que esto es lo que va a ser mi flujo de ingresos dedicado. Por supuesto, hay un montón de obstáculos que quedan [por resolverse]”, dijo la fuente.

Las personas con conocimiento del asunto aseveran que la mediación entre abogados de varios distritos de acreedores que estuvieron en desacuerdo entre sí ha avanzado recientemente en su intento de llegar a un consenso. Sin embargo, hay muchas partes que siguen teniendo dudas. Estas objeciones vienen de algunos de los fondos de cobertura que poseen deuda de obligaciones generales y de Cofina.

La disputa entre los acreedores de Cofina y de obligaciones generales ha estado vigente en los tribunales durante algún tiempo, lo que llevó a la junta de control fiscal a designar funcionarios para representar a cada parte para resolver el asunto. La disputa formaba parte del proceso legal entre el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados contra Bettina Whyte, que es la representante de los bonistas Cofina en el caso.

La semana pasada, la jueza federal que preside el caso de quiebra, Laura Taylor Swain, se reservó una determinación sobre si se debe certificar ciertas preguntas al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la constitucionalidad de Cofina y si el IVU le pertenece a Cofina o al Fondo General de la isla.

La resolución del problema es importante porque, aunque la ley habilitante de Cofina, o Ley 91, dice que el IVU le pertenece a Cofina, la ley también exige que una parte del dinero vaya al Fondo General.

Junta fiscal y Aafaf

La junta de control fiscal señaló en declaraciones escritas que los términos económicos de la propuesta que se hizo pública hoy no están alineados con el nuevo plan fiscal certificado el 19 de abril de 2018.

La junta declaró que “permanece muy interesada en lograr una reestructuración consensuada de base amplia para la deuda compleja y costosa de Puerto Rico y está motivada ante el hecho de que nuestros principales acreedores, incluso aquellos con reclamaciones que compiten entre sí, están trabajando juntos hacia un mismo fin. No obstante, los términos económicos de esta propuesta de acreedores se desarrollaron sin el insumo de la junta o del Gobierno y son completamente inasequibles”.

De igual manera, la Aafaf anunció que luego de haber consultado con sus asesores y con la junta, ha determinado que los términos del propuesto acuerdo son inaceptables.

“La decisión de Aafaf está basada en que los requisitos de deuda del propuesto acuerdo de bonistas no son sostenibles a raíz de la situación económica y fiscal de Puerto Rico como está reflejada en el plan fiscal del ELA sometido a la junta,” dijo el organismo financiero en declaraciones escritas.




Jueza federal pauta vista para discutir descubrimiento de prueba sobre finanzas del gobierno

La magistrada federal Judith Dein pautó para el 14 de diciembre una vista en la que discutirá si permitirá al Comité Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales y a las aseguradoras de deuda hacer descubrimiento de prueba en torno al estado de las finanzas del Gobierno.

Esta solicitud se había denegado previamente sin dar explicaciones pero luego de que se radicaran nuevas mociones urgentes, la jueza optó por pautar una vista.

Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., la Mutual Fund Group y la National Public Finance Guarantee Corporation están entre los que han solicitado el descubrimiento de prueba. Tanto los bonistas como las aseguradoras sostienen que el Gobierno y la junta de control fiscal han ignorado solicitudes de información. Aseguraron que los acreedores están perdiendo dinero y tienen derecho a saber los motivos.

Aseguradora de Cofina pide examinar recaudos del IVU tras María

La vista se llevará a cabo en Massachusetts pero se podrá observar en circuito cerrado en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan en Hato Rey.

De otra parte, la jueza Laura Taylor Swain anunció hoy que la próxima vista para dilucidar controversias en el caso de quiebras del Gobierno bajo el Titulo III de Promesa será el 20 de diciembre en Nueva York.

La jueza dijo que el 18 de diciembre emitirá la agenda de trabajo de esa vista. Los abogados podrán presentar sus argumentos en Nueva York así como desde Puerto Rico pero deben someter sus mociones para el 15 de diciembre.




Gobierno se opone a petición para investigar la deuda de Puerto Rico

El Gobierno de Puerto Rico se opone a una solicitud hecha por un grupo de acreedores para investigar las causas de la crisis financiera de la isla, argumentando que tal ejercicio debe ser llevado a cabo por la junta de control fiscal, según le permite la ley federal Promesa.

Un comité que representa a los acreedores no asegurados en los casos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III solicitó el pasado 21 de julio a la jueza federal Laura Taylor Swain que autorice un proceso de descubrimiento de prueba para investigar el rol desempeñado por Banco Popular, Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en las emisiones y transacciones de la deuda del ELA.

“Aunque [la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, o Aafaf] reconoce que habrá tiempo y lugar para tal investigación, el momento no es ahora y el comité no es quien debe llevarla a cabo“, lee la moción que presentó el Gobierno el pasado 31 de julio.

En manos de jueza Swain petición para auditar deuda de Puerto Rico

En su objeción, el Gobierno señala que Promesa ya faculta a la junta de control fiscal para realizar este tipo de investigación. Añade que la Sección 104 de Promesa establece que la junta “podrá investigar la divulgación de la información y las prácticas de venta en relación a la compra de bonos emitidos por [Puerto Rico]”. Esto incluye “cualquier representación insuficiente de riesgo para dichos inversionistas y cualquier relación o conflicto de interés que mantenga dicho agente, corredor o asesor de inversión”.

Asimismo, el Gobierno también argumenta que la petición del comité de acreedores no asegurados es “demasiado amplia” e “innecesaria”.



Fafaa Objection to Motion for Discovery (Text)

“Las solicitudes [de información] resultarían en el gasto de millones de dólares en honorarios profesionales innecesarios y desviaría recursos de Aafaf, el BGF y otras entidades del Gobierno durante este momento crítico”, agrega el Gobierno en su moción.

En cuanto a la controversia entre los acreedores de obligaciones generales (“GOs” en inglés) y Cofina, el documento asegura que el intento del comité de obtener un descubrimiento de prueba sobre elementos relacionados a esta disputa es inadecuado. El Gobierno dice que el conflicto GO/Cofina—quién cobra primero y quién tiene derecho a dineros del IVU comprometidos para el pago de la deuda de Cofina— “será litigado inminentemente”, según un acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno y ciertos grupos de acreedores.

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

Si la jueza Swain lo aprueba, las partes litigarán el asunto con la meta de llegar a una resolución final y ordenada por el tribunal en o antes del 15 de diciembre. El acuerdo todavía no define quién actuará como agente en representación de los acreedores de Cofina.

Así las cosas, el Gobierno argumenta que debe mantenerse “imparcial en el suministro de información a las partes que litigarán la disputa”. Añade que sería “injusto” permitir el descubrimiento al comité de acreedores sin que se tenga el agente de Cofina nombrado.

Mientras, la jueza Swain delegó la semana pasada la solicitud de investigación del comité de acreedores a la jueza magistrada Judith Dein. El asunto será atendido el próximo 9 de agosto como parte de la vista general que se llevará a cabo en San Juan sobre los casos de Título III.

—El editor de finanzas públicas Luis J. Valentín Ortiz colaboró en esta historia.




Divulgan información sobre deuda en manos de ‘hedge funds’

Uno de los principales grupos de acreedores del Gobierno —el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales (GOs)— detalló hoy la cantidad de deuda de Puerto Rico que posee cada uno de sus siete miembros actuales, en su mayoría fondos de cobertura o “hedge funds” en inglés.

Según un documento presentado hoy en el caso de quiebra del Gobierno bajo el Título III de Promesa, al 12 de julio, el grupo ad hoc poseía en conjunto alrededor de $2,900 millones en bonos de Puerto Rico, la mayor parte en obligaciones generales. El pago de esta deuda —la cual asciende a $13,200 millones— es respaldada por la Constitución de Puerto Rico.

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Actualmente, el grupo lo componen Aurelius Capital Management, Autonomy Capital, FCO Advisors, Franklin Mutual Advisers, Monarch Alternative Capital, Senator Investment Group y Stone Lion.

La lista la lidera Autonomy, la cual es dueña de $937.5 millones en deuda de obligaciones generales. Le sigue Monarch, con $585.1 millones en bonos GOs. La firma también tiene $21.5 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras (ACT).

Por otro lado, Aurelius es dueña de unos $470.9 millones en bonos GOs. El ‘hedge fund’ con oficinas en Nueva York —y conocido por su rol en la crisis de la deuda de Argentina— también posee alrededor de $2.5 millones en bonos de la ACT. Mientras, Stone Lion es dueña de $310 millones en GOs, al igual que $15 millones en bonos de la ACT.

En el caso de FCO Advisors, la firma es tenedora de casi $422 millones en obligaciones generales. Cabe destacar que FCO Advisors también posee unos $10.15 millones en bonos subordinados de Cofina. Los bonistas de Cofina, cuyo pagos son garantizados por el impuesto sobre ventas y uso (IVU), sostienen una batalla legal con los bonistas de GOs, quienes alegan que el dinero del IVU le pertenece al Gobierno, y por ende, debe estar disponible para el pago de su deuda.

Por último, Senator y Franklin Mutual Advisors tienen $254.7 millones y $294 millones en bonos de GOs, respectivamente.

“Otros tenedores de bonos GOs pudieran convertirse en miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de GOs, y cierto miembros [del grupo] pudieran dejar de serlo en un futuro”, advierte el documento presentado por los bufetes de Estados Unidos Paul Weiss y Robbins Russell. A nivel local, el bufete Jiménez, Graffam & Lausell representa al grupo.

La divulgación se da un día después de la primera sesión de mediación entre el Gobierno y sus principales grupos de acreedores, según ordenado por la jueza federal Laura Taylor Swain.




Bonistas de GOs acusan al Gobierno de esconder superávit

El Grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales, titulares de $3,000 millones en bonos, objetó los intentos del Gobierno de ampliar la protección contra demandas para cubrir a funcionarios, agentes y representantes tras alegar que se está ocultando información financiera.

Hoy, el Grupo Ad Hoc lanzó una página web en la que afirma que un análisis del presupuesto del Gobierno para el próximo año muestra que tiene $3,000 millones en superávit en momentos en que afirma que no tiene dinero.

El grupo dijo que se opone al pedido del Gobierno, pues el mismo intenta ampliar las protecciones contra demandas para cobijar a funcionarios, agentes y representantes, quienes no tienen esa protección bajo la Ley de Quiebras.

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Aunque el tribunal tiene el poder de ampliar la protección contra demandas, o “stay”, para cubrir a dichos funcionarios, eso solo se hace en circunstancias inusuales, tales como para prevenir daños irreparables a los deudores.

El Grupo Ad Hoc sostiene que su vigilancia está justificada debido a informes periodísticos que apuntan a que el Gobierno ha estado escondiendo información financiera.

“Específicamente, en la última semana, artículos de noticias han informado que los estados financieros de los deudores y sus divulgaciones son imprecisas. Estos informes indican que la posición de liquidez de los deudores puede ser mucho mejor de lo que han divulgado”, dijo el Grupo Ad Hoc.

El grupo de bonistas se refería a informes periodísticos que señalan que el gobierno tiene unos $1,150 millones en bancos de la isla y $396 millones acumulados durante el año fiscal 2017. La presentación de información financiera falsa o engañosa es un delito prohibido por la ley federal Promesa.

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“Los deudores ciertamente no pueden razonablemente tratar de frustrar el procesamiento adecuado de las partes que han cometido tales delitos”, agregó el Grupo Ad Hoc.

Los tenedores de bonos de obligaciones generales sostienen que les preocupa que los deudores busquen una expansión inadmisible de las protecciones que el Código de Quiebras ofrece para obstaculizar sus derechos.




A días de conocer el presupuesto

La administración del gobernador Ricardo Rosselló afirmó que develará el presupuesto del año fiscal 2017-18 en algún momento de la próxima semana y una vez reciba el visto bueno de la junta de control fiscal.

Así las cosas, el ejecutivo estará presentando próximamente en la Legislatura los proyectos de ley que detallan cómo se financiará el plan de gastos con cargo al fondo general del gobierno de Puerto Rico, una vez comience el nuevo año fiscal el 1 de julio.

Será en este momento que La Fortaleza finalmente divulgará el contenido del presupuesto, días después de que entregue una nueva versión del plan de gastos a la junta para su aprobación. Fuentes aseguraron a este medio que será poco el espacio con el que contará la Asamblea Legislativa para realizar cambios a la versión que el ejecutivo presente con el visto bueno de la junta.

Mientras, continúa la incógnita sobre proyecciones actualizadas de liquidez y el calendario de implementación del plan fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

El pasado 8 de mayo, la junta de control fiscal otorgó 14 días adicionales al gobierno de Puerto Rico para que mejorara el documento de presupuesto que entregó el 30 de abril. Al cierre de esta edición, se esperaba que el gobierno cumpliera con la fecha límite del 23 de mayo para entregar al ente rector el plan de gastos “mejorado”.

“Próximamente, cuando sometan el presupuesto, pasaremos juicio sobre él”, contestó recientemente el presidente de la junta, José Carrión, a preguntas de CB en Español.

Según la misiva del 8 de mayo, el ente rector avalará o identificará “violaciones” una vez reciba el documento de La Fortaleza. Las guías que estableció la junta para la evaluación y aprobación del presupuesto indican que el gobierno no presentará a la Legislatura los proyectos de ley de presupuesto hasta tanto cuente con el aval de la junta.

Por otro lado, se desconoce cuándo el gobierno publicará las proyecciones más recientes de liquidez y el calendario para implementar los ajustes que establece el plan fiscal certificado. Ambos documentos fueron entregados a la junta el pasado 30 de abril, junto a la primera versión del presupuesto. Desde la entrega de lo que llamaron “borradores”, la administración Rosselló no ha divulgado los documentos por considerarlos unos “de trabajo” sujeto a confidencialidad.

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Al cierre de esta edición, el representante del gobierno ante la junta, Elías Sánchez, no estuvo disponible para entrevista con CB en Español. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) tampoco contestó un pedido de información sobre cuándo harán públicos las proyecciones de liquidez y el calendario de implementación del plan fiscal.

Presupuesto susceptible a cuestionamientos

“Es un presupuesto nuevo, diferente”, manifestó recientemente el gobernador, quien apuntó al proceso de transición, la metodología “base cero” y la dinámica que establece Promesa como elementos nuevos en la confección del plan de gastos.

“Se está velando este presupuesto como ninguno otro en la historia de Puerto Rico porque la realidad es que tiene que ser sólido y constatado porque lo van a tratar de retar en distintos foros”, advirtió Rosselló en referencia al proceso de reestructuración de deuda entre el gobierno y sus acreedores.

Sin embargo, una fuente con conocimiento del proceso y que pidió no ser nombrado manifestó a este medio que más allá del presupuesto, será el propio plan fiscal del gobierno el documento que estará más susceptible a reclamos adversos en el tribunal por parte de acreedores.

Tanto la administración como la junta fiscal han enfatizado que el presupuesto deberá construirse a base de los parámetros que establece el plan fiscal del gobierno central que certificó el ente rector el pasado mes de marzo. Cualquier cambio a este último afectaría el plan de gastos del gobierno.

¿Qué debe contener el presupuesto?

El presupuesto deberá contener algunos elementos que guardan relación directa con el proceso de reestructuración de deuda y los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa, así como también el plan fiscal certificado.

El documento también deberá establecer la partida de fondos que le asignarán a la junta de control fiscal. Desde su creación en junio del año pasado, el gobierno ha desembolsado unos $2 millones mensuales para financiar las operaciones del ente rector.

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Por otro lado, el presupuesto arrojará luz sobre la cantidad de dinero que el gobierno identificará finalmente para el pago de deuda, particularmente aquella correspondiente a las obligaciones generales (GOs en inglés), crédito que se encuentra bajo el proceso de quiebra del Título III de Promesa.

El plan fiscal muestra un sobrante de poco más de $400 millones durante el próximo año fiscal, luego de tomar en consideración los gastos, recaudos y ajustes que contempla el documento. Este dinero estaría técnicamente disponible para pagar deuda pública con cargo al fondo general.

En cuanto a los ajustes que contiene el plan, el presupuesto del año fiscal 2017-18 deberá reflejar tales las medidas como la reducción de casi $420 millones en las transferencias que hace el gobierno central a los municipios y la Universidad de Puerto Rico y una reducción de más de $400 millones en el gasto gubernamental, incluyendo la rama legislativa.

También deberá identificar los casi $900 millones del fondo general que irán hacia el pago de beneficios a retirados, al igual que reflejar cómo materializan los $100 millones en ahorros que esperan lograr en los gastos del programa de salud pública.