Senado busca facturación transparente y justa en la AEE y AAA

Una medida aprobada hoy en el Senado establece el proceso que deberá seguir la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la hora de facturar a sus clientes durante los periodos en los que no han brindado sus servicios en situaciones de emergencias, tales como la causada por el huracán María el pasado 20 de septiembre.

El Proyecto del Senado 811, del senador novoprogresista Miguel Romero, dicta que ambas corporaciones públicas “no podrán facturar por servicios no rendidos” por tres principios. El primero dispone que no se podrá facturar cantidad alguna –incluyendo cargos fijos y cargos por consumo– “si en la totalidad de un periodo de facturación un cliente no contó” con uno de los servicios.

El senador Miguel Romero, autor de la medida. (Suministrada)

En esa línea, se establece que, de emitirse alguna factura, esta deberá reflejar la suma de “$0.00”, excepto si el cliente tiene una deuda atrasada “previo al periodo que comprende la Situación de Emergencia”.

Si el cliente recibió parte del servicio durante la emergencia, las corporaciones públicas descontarán esos días y se facturará por los cargos por consumo correspondientes al periodo en el que el cliente tuvo el servicio.

Sin embargo, el tercer principio de la medida indica que las corporaciones públicas podrán facturar por el servicio que recibió el cliente durante el periodo de emergencia. Además, dispone que los clientes podrán objetar las facturas si estas reflejan cargos por consumo durante un periodo de facturación que comprenda una “Situación de Emergencia”.

“Con este proyecto de ley, protegemos al consumidor, promovemos la justicia y también obligamos a que las corporaciones públicas del gobierno atemperen sus procesos de facturación a la realidad de Puerto Rico”, indicó Romero durante un turno sobre la medida.

Jueza Swain aprueba préstamo de $300 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica

En el caso de los afectados por María, el proyecto de ley “ordena la suspensión de los términos para el pago de penalidades de atraso o suspensión del servicio, o para la solicitud de revisión de toda factura de Servicio Público Esencial que incluya periodos de facturación que comprendan” los meses de septiembre a diciembre, hasta tanto se establezca el proceso expedito para adjudicar reclamaciones bajo la nueva ley.

La AEE y la AAA tendrán un plazo de 30 días desde la firma de la ley para conformar sus procedimientos, reglamentos y mecanismos de facturación. Las disposiciones de la ley serán retroactivas al pasado 6 de septiembre, fecha en que el huracán Irma golpeó la isla.

A pesar de apoyar la propuesta, la AEE sostuvo que “no cuenta con los recursos económicos para actualizar el sistema de facturación con la inmediatez” que el proyecto requiere. Sin embargo, se mantuvo el periodo de 30 días por entender “apremiante” la necesidad de que los clientes cuenten con las protecciones de la medida.

“Ayer fueron los huracanes Irma y María, en el 2016 fue un apagón, pero en el futuro pudiese ser una tormenta o un huracán. [Queremos] darle tranquilidad a nuestra gente, limitar la ansiedad y actuar de manera sensata”, concluyó Romero.




USDA aprueba $1,270 millones adicionales en fondos para beneficiarios del PAN en Puerto Rico

El Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico (PAN) ha recibido $1,270 millones en fondos adicionales a través de las asignaciones suplementarias del Disaster Relief Requirements Act de 2017.

El Departamento de Familia de Puerto Rico distribuirá la asistencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a los residentes elegibles a partir del 1 de marzo. Estos fondos permiten que se amplíe el número de beneficiarios adicionales y aumente temporeramente la cantidad de beneficios para los participantes actuales y nuevos.

La nueva asignación máxima para una familia de cuatro miembros será de $649.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que la subvención es parte de un esfuerzo colaborativo entre los Departamentos de Agricultura, de la Familia y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) “que han logrado demostrar que nuestra gente enfrenta desafíos sin precedentes después de dos huracanes catastróficos”. (CyberNews)

“Yo le voy a hacer un llamado a todas aquellas personas que ya solicitaron, y de alguna manera no fueron aceptados como parte del programa que, ahora con esta nueva ventana que se abrió, vuelvan y soliciten para ser evaluados”, exhortó por su parte la secretaria del Departamento de la Familia Glorimar Andújar Matos.

Con esta ayuda, Puerto Rico podrá crear un plan para proporcionar beneficios temporales para las víctimas de los huracanes en el cual tomen en cuenta las necesidades de los recipientes.

El PAN de Puerto Rico se diferencia del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos, que también sirve a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en que el PAN es una donación en bloque con una cantidad fija de fondos anualmente. Este nuevo financiamiento suplementario para Puerto Rico “reconoce la interrupción económica sostenida que enfrenta la isla”, ya que se recupera de los “desastres consecutivos” que fueron los huracanes de septiembre.

“El pueblo de Puerto Rico todavía enfrenta inmensos desafíos, ya que la isla se recupera de los múltiples huracanes”, dijo el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, en el anuncio del martes.

“Esta subvención cumple la promesa de la Administración de apoyar la recuperación y nuestro compromiso de garantizar que los residentes de Puerto Rico obtengan la asistencia nutricional vital que necesitan para avanzar”, agregó.

Mientras tanto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que la subvención es parte de un esfuerzo colaborativo entre los Departamentos de Agricultura, de la Familia y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) “que han logrado demostrar que nuestra gente enfrenta desafíos sin precedentes después de dos huracanes catastróficos”.

El anuncio de la Subvención de Ayuda por Desastre de Puerto Rico es la más reciente acción del USDA para ayudar a los residentes afectados por un desastre. Otra asistencia alimentaria del USDA FNS para el alivio de desastres incluye el programa de School Meal Flexibilities, el programa de Disaster Household Distribution y el Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC).




Jueza Swain aprueba préstamo de $300 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica

La AEE ha establecido en documentos al Tribunal que podría presentar otra solicitud para que se les apruebe un financiamiento mayor, pues plantean que $300 millones no son suficientes para operar. (Archivo)

La jueza federal Laura Taylor Swain aprobó hoy permitir a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tomar prestado $300 millones del Gobierno de Puerto Rico para financiar su operación y evitar el cese del servicio de electricidad en la isla.

Más temprano, la magistrada había dicho que tomaría una determinación basada en las mociones ante su consideración, por lo que canceló la audiencia programada para el martes.

La orden ocurre en momentos en que la corporación pública alega sufrir serios problemas de liquidez, con apenas $144 millones en caja el pasado viernes. La jueza Swain declaró con lugar el préstamo tal y como fue solicitado por el Gobierno y la junta de control fiscal. De acuerdo a la orden, el préstamo vencerá y será exigible y pagadero en la fecha en que todos los préstamos y otras obligaciones hayan sido irrevocablemente repagados en su totalidad en efectivo; o la fecha de vigencia de un plan de ajuste confirmado en el caso bajo Título III de Promesa o la fecha de terminación del compromiso y/o la aceleración de cualquier extensión de crédito pendiente después de la ocurrencia y durante la continuación de un “Evento de Mora”.



De acuerdo a los términos del préstamo, el Gobierno de Puerto Rico tendrá un estatus de súper prioridad sobre el resto de los acreedores, lo que significa que cobraría su acreencia en primer rango. Este estatus continuará a través del caso bajo Título III y tendrá un 5% de interés, como fue solicitado.

La AEE ha establecido en documentos al tribunal que podría presentar otra solicitud para que se le apruebe un financiamiento mayor, pues plantea que $300 millones no son suficientes para operar. La corporación pública solo ha restablecido entre el 35% y 40% de su capacidad de facturación a sus clientes y mientras espera retomar los cobros a partir del 13 de marzo, la entidad dice que no alcanzará los niveles previos al azote del huracán María debido a la emigración y la precaria situación económica del país.

Mientras que únicamente las corporaciones públicas le deben a la corporación pública unos $233 millones, la AEE dice que muchas de estas disputan la cuantía y también confrontan dificultades financieras que les impiden ponerse al día con las facturas. Cerca de $164 millones de la suma total cuenta con más de 120 días de retraso y es difícil de cobrar, según el Gobierno.

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En objeciones que se presentaron durante el fin de semana, acreedores sostuvieron que la AEE podría obtener dinero de otras fuentes.

National Public Finance Guarantee Corporation, un monolínea que es uno de los seis acreedores que objetó el préstamo de $300 millones, ofreció como prueba un documento que muestra que el Gobierno adeuda a la AEE cerca de $1,400 millones, sugiriendo que la deuda pública es mucho mayor a lo divulgado.

“Además, al mirar de izquierda a derecha en estas filas, uno puede ver que una gran parte de estas cuentas por cobrar del Gobierno en realidad están vencidas hace mucho”, dijo National en su moción.

Otro exhíbit de ocho páginas enumera el total de cuentas por pagar de varias entidades gubernamentales. El monto total adeudado por las corporaciones públicas, agencias y otras entidades gubernamentales enumeradas en este cuadro particular es de $257,892,369.

“[Funcionarios del Gobierno] no han identificado evidencia para controvertir estas cantidades sustanciales adeudadas por clientes gubernamentales. Por el contrario, han admitido repetidamente que se deben cantidades sustanciales”, dijo National.

La semana pasada, Swain rechazó la solicitud de la AEE para tomar prestado $1,000 millones al Gobierno de Puerto Rico, un préstamo a 30 años que los acreedores objetaron debido al estado fiscal de la corporación pública. Los acreedores también tuvieron reparos en que se le otorgara a la AEE un derecho prendario sobre los ingresos de la entidad y una gran prioridad sobre otros acreedores en el pago. La línea de crédito revolvente tenía una tasa de cero interés inicial que subió al 3%, lo cual se ubica por debajo del valor de mercado de una corporación en quiebra, de acuerdo a los documentos presentados a la jueza federal.

Ante ello, la AEE y la junta de control fiscal presentaron una nueva solicitud para un préstamo inferior de $300 millones con una tasa de interés de 5%. El nuevo préstamo no le otorga a la AEE un privilegio sobre los ingresos pero sí mantuvo la provisión de superprioridad.

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El síndico de la AEE, US Bank National Association, presentó una objeción limitada al préstamo proponiendo algunos cambios. La modificación principal requiere pagos de préstamos al Gobierno antes de la fecha de finalización del préstamo, que puede ser la fecha de entrada en vigencia de un plan de ajuste de la deuda, cancelación del compromiso de crédito revolvente o aceleración del préstamo.

El Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligación General también había objetado el nuevo préstamo, tras alegar que sus disposiciones no resolvían su oposición al despilfarro de los propios recursos del Gobierno para subsidiar a la AEE, una entidad legal distinta con sus propios activos y acreedores.

“Una vez más, el Gobierno de Puerto Rico ha ofrecido extender el financiamiento a la AEE en términos que son manifiestamente injustos para el Gobierno [y sus propios acreedores]. La tasa de interés propuesta del 5% está muy por debajo del mercado para un préstamo no garantizado a una entidad con dificultades financieras, como la AEE, y el plazo de vencimiento propuesto de 30 años es inaudito en el contexto del financiamiento de deudor en posesión”, manifestó el grupo.

“Especialmente dado que la AEE, Aafaf y la junta de supervisión parecen no haber realizado ningún tipo de análisis para determinar si los términos favorables son necesarios para que la AEE mantenga sus operaciones -y no hay una razón plausible para pensar que lo son- las condiciones de pago propuestas representan una transferencia injustificada de recursos del Gobierno a la AEE “, afirmaron.

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¿Discrimina Amazon contra los residentes de Puerto Rico?

El retraso no solo afecta a los usuarios regulares de Amazon en Puerto Rico, sino a los compradores que cuentan con el servicio de Amazon Prime. (Amazon Press Room)

Mientras un sinnúmero de usuarios truenan en las redes sociales debido a que sus órdenes llevan semanas sin llegar a su destino en Puerto Rico, situación que comenzó justo después del azote inclemente del huracán María, la compañía Amazon ha optado por el silencio y no ha atendido los reclamos que sugieren un trato discriminatorio por parte de la empresa del multimillonario Jeff Bezos.

En múltiples ocasiones y a través de diferentes medios, CB en Español ha intentado contactar al Departamento de Comunicaciones Corporativas sin recibir siquiera una confirmación de recibo. En los requerimientos de información –que fueron enviados tanto en inglés como en español– se cuestionan las tardanzas injustificadas en el envío de artículos a la isla, retrasos que continúan a pesar de que las operaciones de las compañías que realizan entrega de paquetes han retomado gran parte de su operación regular.

Esta situación continúa afectando a quienes han recurrido a la plataforma web para realizar pedidos de productos esenciales como baterías y generadores para poder energizar aparatos eléctricos ante la falta de electricidad que aún afecta a sobre 400,000 clientes. De acuerdo a múltiples publicaciones en las redes sociales, los envíos quedan detenidos en Estados Unidos, según refleja el servicio de rastreo que provee la empresa. Posteriormente, este sistema no refleja cambios a ese estatus.

El retraso no solo afecta a los usuarios regulares de Amazon en Puerto Rico, sino a los compradores que cuentan con el servicio de Amazon Prime. Esta membresía anual tiene un costo prepagado de $99.00 y su promesa principal recae en realizar envíos gratuitos en dos días. En el caso de los paquetes a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Hawai, el paquete se envía por correo regular.  Sin embargo, esta garantía se ha visto seriamente interrumpida, razón por la que un subscriptor decidió elevar su reclamo a una petición en la página Change.org. Al momento, su solicitud cuenta con más de 2,000 firmas.

“Entendemos que luego del huracán María, los envíos estarían retrasados y podrían tener algunos problemas, pero ya han pasado cuatro meses desde el huracán María, y tanto USPS como UPS han retomado sus rutas normales, especialmente en la ciudad y urbanizaciones urbanas. Otra situación que tenemos con los servicios de entrega de Amazon es que el problema usualmente ocurre durante el proceso de manejo y que luego las órdenes van a través de ParcelPool lo cual es una garantía real de que habrán retrasos”, lee parte del pedido.

El creador del reclamo establece además que los artículos quedan varados en almacenes de Jacksonville, Florida o algún otro centro de distribución alrededor de los Estados Unidos, lo cual es incongruente con el servicio que Amazon Prime continúa brindando en Estados Unidos y otras partes del mundo.

El pasado mes de enero, Amazon anunció que su suscripción aumentará de precio a $12.99 en lugar de $10.99 mensuales para todo aquél que no opte por pregagar la membresía anual.

Ante esta realidad, muchos consumidores establecen que el incumplimiento de Amazon en el envío de mercancía a Puerto Rico constituye un trato discriminatorio. Incluso, han levantado bandera sobre la reducida cantidad de mercancía que se puede adquirir en Puerto Rico utilizando la membresía, pues muchos artículos que anteriormente podían enviarse a la isla aparecen como no disponibles.

¿Dónde está DACO?

Sobre el particular, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) Michael Pierluisi adelantó a CB en Español que la agencia contempla varias direcciones para atacar el tema del discrimen comercial, no solo a raíz de las reclamaciones informales que ha recibido en las redes sociales sobre Amazon, sino por otras compañías que realizan negocios en línea pero no mantienen su operación en la isla.

Actualmente, DACO no tiene ante su consideración una querella formal por parte de un cliente de Amazon ni Amazon Prime. Sin embargo, Pierluisi aseguró estar al tanto de las posibles prácticas discriminatorias de esa plataforma digital, pues como usuario ha experimentado inconvenientes tanto en la disponibilidad de artículos como en su envío.

“La oficina del secretario está evaluando como mejor atender de una manera más abarcadora esta cuestión de discrimen comercial que vivimos aquí en Puerto Rico. Exhorto al consumidor a presentar querella y si Amazon entiende que no tenemos jurisdicción, que así lo plantee en su contestación a DACO. Me parece que con todo lo que hace Amazon y las ventas que realiza, aunque no estén físicamente aquí se podría razonablemente entender que tienen presencia en Puerto Rico”.

Pierluisi sostuvo que su agencia evalúa el alcance de la jurisdicción sobre las empresas que no mantienen operaciones en la isla para que estas “traten a Puerto Rico como debe ser”. (Jaime Rivera/CB)

Además, instó a la compañía a que cumpla con el contrato de suscripción a Amazon Prime o que rebaje el precio a los miembros que residen en la isla.

“Si se comprometieron tienen que cumplir pero si por razón justificada no pueden cumplir, deberían darle algún tipo de descuento a los miembros que sean residentes de Puerto Rico porque están pagando lo mismo para recibir menos. Amazon debería proveer el mismo trato a Puerto Rico que a los residentes de los demás estados ”.

Estrategias de continuidad para garantizar trato igual

En el 2011, el pasado titular del DACO y actual secretario de Estado, Luis Rivera Marín, comenzó una investigación junto con una campaña contra prácticas discriminatorias por parte de numerosas compañías norteamericanas, entre ellas Amazon, Apple y Best Buy. En ese momento, se estableció la Oficina de Anti-Discrimen Comercial (OADC) y se iniciaron varias investigaciones que resultaron en una multa ascendente a $470,000 por no cumplir con la entrega de un requerimiento de información que sería utilizado para precisamente atender la controversia sobre su negativa a enviar paquetes a Puerto Rico libres de costo.

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De acuerdo a la Orden Administrativa 2011-006, la OADC velará que toda empresa con presencia en Puerto Rico que ofrezca bienes, productos y servicios al consumidor y que a su vez ofrezca dichos productos por medio del internet, venta directa, catálogo o cualquier otra modalidad, brinde al consumidor “las mismas condiciones o similares en cuanto al acceso, venta, productos, bienes, servicio, garantías y entrega que se ofrecen a los ciudadanos dentro de los Estados Unidos”.

De una lectura de la orden no se desprende que contemple las instancias en las que un consumidor adquiera un artículo en línea a través de una empresa que no tenga sede o afiliada en la isla.

Para atender esta controversia, el titular de DACO indicó que su oficina discute diferentes entramados legales para establecer jurisdicción sobre empresas que no operen en Puerto Rico pero que tengan contactos mínimos en la isla. Esto podría incluir investigaciones, requerimientos de información y hasta demandas en representación de los consumidores contra estas compañías.

“Comenzaremos a hablar del tema públicamente, atender las quejas de los consumidores y tratar de incentivar de que presente a través del website de DACO. Estamos ahora mismo evaluando el alcance de la jurisdicción del Departamento sobre las empresas que no mantienen operaciones en Puerto Rico y estamos evaluando cómo podemos hacer que estas empresas traten a Puerto Rico como debe ser. Siempre se puede dar el escenario de que haya trato distinto pero tiene que haber una justificación basado en algo concreto”, indicó Pierluisi.

A preguntas de este medio sobre los resultados que la OADC ha logrado desde su creación, Pierluisi mencionó a manera de ejemplo la reciente controversia en la que el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) emitió multas por al menos $1 millón contra American Express por trato discriminatorio a tenedores de tarjetas de crédito en Puerto Rico, Islas Vírgenes y otros territorios de Estados Unidos.

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Parte de la investigación realizada por la OADC se basa en un requerimiento de información enviado por DACO a American Express en noviembre de 2011 como parte de la pesquisa que en ese momento realizaba la OADC. Específicamente, la resolución emitida por la CFPB se basa en el Equal Credit Opportunity Act y establece que por espacio de 10 años, 200,000 personas recibieron productos financieros con condiciones inferiores en comparación al resto de los 50 estados. Durante el curso de la investigación, American Express pagó sobre $95 millones para reparar los agravios ocasionados por el trato desigual que brindó a sus consumidores.

Lo bueno es que hay una ley federal que interpretó que concederle a Puerto Rico términos inferiores es contrario a la ley”, finiquitó el secretario del DACO, quien sugirió que la determinación del CFPB podría utilizarse como analogía en casos similares o incluso convertirse en punta de lanza para que el Congreso legisle contra prácticas similares que ocurren en otros comercios, en detrimento del consumidor que reside en un territorio estadounidense.




Dan hasta el miércoles para contestar apelación en caso de Tu Hogar Renace

El Tribunal Apelativo dio hasta miércoles de la próxima semana para que se presenten los argumentos en oposición a la petición de Adjusters International/Rising Phoenix para que se revoque la cancelación del contrato de esa empresa como gerente del proyecto Tu Hogar Renace, según determinó la Junta de Revisión de Subastas del Departamento de Vivienda.

Tras conocer de la orden del tribunal, el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, anunció que dejaba sin efecto la suspensión del contrato por lo que Adjusters podía continuar su trabajo con el programa mientras se dilucida la controversia en sus méritos.

La orden es en respuesta a una solicitud de apelación incoada por Adjusters ayer en la tarde tras anunciarse la suspensión de su contrato.

El Departamento de Vivienda (DV) informó el miércoles que Adjusters no ha presentado todavía factura por sus servicios por lo que no se le ha pagado nada hasta el momento. Aunque el contrato de Adjusters es con el DV, los desembolsos que se realicen serán reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esta agencia federal no ha emitido comentarios respecto a la controversia.

En su orden emitida anoche, el panel apelativo compuesto por los jueces Fernando Bonilla Ortiz, Misael Ramos Torres y Carlos Vizcarrondo Irizarry, paralizó la suspensión del contrato que decretó Gil Enseñat después de que la Junta de Revisión de Subastas declarara que el acuerdo suscrito con Adjusters International era nulo y debía cancelarse.

Advierten podría salir caro cancelar contrato de Tu Hogar Renace

La determinación de la junta revisora estuvo basada en que adjudicación fue contraria a derecho debido a que el Comité Evaluador de la Junta de Subastas “erró al evaluar la propuesta de Adjusters, hasta el punto de aplicar criterios de evaluación de manera arbitraria”.

El contrato, cuyo tope asciende a $133 millones, se firmó el pasado 5 de enero para que Adjusters sirva de gerente de proyecto del programa Tu Hogar Renace, que busca atender las reparaciones menores de cerca de 75,000 hogares afectados por el huracán María en septiembre pasado.

Según Adjusters, hasta el momento se han recibido unas 48,000 solicitudes de las cuales aproximadamente 15,000 han sido aprobadas sujeto a inspección de los hogares. De las 6,500 que ya han sido inspeccionadas, unas 5,500 tienen contratista asignado para realizar los trabajos.

En entrevistas previas con este medio, el secretario había detallado que este es un proyecto que debe tomar cerca de dos meses completarse ya que es para realizar reparaciones menores a los hogares afectados. Además, anticipó que la necesidad de que la firma contratada tuviera buena liquidez estaba basada en que las facturas que llegaran debían ser certificadas para luego ser pagadas por FEMA. “La empresa tiene que poder operar sin cobrar nada por algún tiempo mientras se da todo el proceso de facturación”, explicó entonces el funcionario.

Precisamente, el no haber podido probar la liquidez real de la empresa durante el proceso de solicitud de propuesta es una de las razones por las que la junta revisora determinó recomendar la cancelación del contrato.

Decisión contraria a la ley

“La presente petición de revisión judicial se presenta con urgencia para evitar que la decisión emitida por la Junta de Revisión de Subastas -que es contraria a la ley y notificada deficientemente- se utilice como base para interrumpir el trabajo en curso llevado a cabo por Adjusters, en los hogares de miles de familias puertorriqueñas que esperan el regreso a sus propiedades después de recibir las devastadoras fuerzas de los huracanes Irma y María en Puerto Rico”, indica la petición firmada por la firma de abogados de Adsuar Muñiz Goyco Seda y Pérez. Ochoa, PSC, que representa a Rising Phoenix Holdings Corporation, el nombre comercial bajo el cual Adjusters International contrató con el Departamento de Vivienda para administrar el programa Tu Hogar Renace.

La empresa cambió de personalidad corporativa justo antes de firmar el contrato con Vivienda como parte de los ajustes de último momento realizados para tratar de cumplir con los requisitos de liquidez que estableció Vivienda.

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En el escrito, la empresa argumenta que la resolución de la Junta de Revisión de Subastas no es vinculante debido a que ese organismo estaba constituido ilegalmente. El pasado miércoles se supo que el secretario de Vivienda, “para asegurar la trasparencia del proceso de revisión”, aunque no era requisito, solicitó al Departamento de Justicia que designara los miembros de la junta revisora que pasaría juicio del proceso de adjudicación.

En su argumentación, Adjusters señala que el propio reglamento de la Junta de Revisión de Subastas establece que los miembros de ese organismo deben ser designados por el secretario de Vivienda, por lo que en este caso, al haber sido designados por Justicia, sus nombramientos son contrarios al reglamento vigente y por tanto “ultra vires”.

Adjusters plantea además, que la junta erró y abusó de su discreción al emitir una resolución después del vencimiento del plazo provisto por la ley para resolver la moción de reconsideración. La fecha límite para actuar debió haber sido el 12 de febrero de 2018, pero la resolución se emitió el día 13 de febrero.

También argumentan que la junta erró al evaluar la validez de la adjudicación del contrato bajo las reglas de adjudicación para subastas formales, cuando el contrato se evaluó bajo el procedimiento de informal de solicitud de propuesta (RFP).

Igualmente, sostienen que la junta abusó de su discreción al asumir que la propuesta debió ser descualificada desde el inicio por no cumplir con requisitos medulares como la prueba de liquidez y las certificaciones de la Administración de Servicios Generales.

“La totalidad del registro administrativo en este caso demuestra que la adjudicación del contrato a favor de Adjusters fue razonable y consistente con los términos del RFP y su interpretación. Todas las propuestas presentadas en respuesta a la RFP fueron evaluadas de forma equitativa, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos”, señaló la empresa en un comunicado de prensa.

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Recalcaron además que la suspensión de su contrato tendría un impacto negativo en el progreso de los trabajos de reparación de viviendas a los damnificados del huracán y implicaría mayores costos para el gobierno debido a que su contrato era $21 millones menos que la compañía que impugnó la adjudicación.

El contrato para administrar el proyecto Tu Hogar Renace creó controversia después de que AECOM/CPM JV impugnara su adjudicación a Adjusters/Rising Phoenix, una empresa cuyo segundo al mando, Daniel Craig, es allegado a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y estuvo señalado por malos manejos de fondos federales mientras trabajó con el proceso de recuperación del huracán Katrina en Estados Unidos. Este hecho despertó el recuerdo del contrato otorgado a la empresa Whitefish para reparar el sistema eléctrico de la isla luego del huracán María y que finalmente fue cancelado por orden del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.




SIMED dona $250,000 en ayudas a oficinas médicas damnificadas por María

Médicos cirujanos y dentistas que están en proceso de restablecer sus oficinas tras el paso del huracán María ahora podrán solicitar asistencia de un fondo de $250,000 que estableció SIMED, compañía de seguros de responsabilidad profesional médico-hospitalaria.

Si bien SIMED donó los fondos, la evaluación de las solicitudes y la distribución del dinero estarán a cargo del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR).

Este donativo busca evitar que los profesionales de la salud tengan que cerrar sus oficinas por falta de recursos, según Agustín Montalvo Rivera, presidente de SIMED.

Los fondos se podrán utilizar para conseguir equipo médico o, en el caso de las oficinas que se encuentren en un área sin servicio eléctrico, para adquirir generadores de emergencia. (Suministrada)

“Estamos comprometidos en buscar alternativas para que los profesionales de todas las especialidades médicas puedan mantener sus prácticas activas y aportando al bienestar de todos”, indicó Montalvo Rivera.

Las cifras del Colegio de Médicos Cirujanos indican que cerca de 1,000 oficina médicas en la isla habían sufrido daños graves tras el paso del fenómeno atmosférico a finales de septiembre del año pasado. Este donativo va dirigido a ayudar con los daños directos e indirectos relacionados al huracán María.

“Cerca de 1,000 oficinas médicas se vieron severamente afectadas con el paso del huracán y por el vandalismo que se registró en algunos pueblos después del fenómeno atmosférico. Con estos $250,000, lo que buscamos es ayudar a nuestra clase médica damnificada para que retome su práctica, abran nuevamente sus oficinas, recuperen parte del equipo que perdieron y su vez le presten los servicios de salud que tanto necesita nuestro pueblo”, indicó Víctor Ramos, presidente del CMCPR.

El proceso de evaluación dentro de la organización gremial se le delegó al Fideicomiso de Ayuda al Colegiado, presidido por el Dr. Luis Ladestoy Zapata. Este fideicomiso estará encargado de dirigir el panel de evaluación. Estos podrán otorgar hasta un máximo de $2,500 por solicitante.

Los fondos se podrán utilizar para conseguir equipo médico o, en el caso de las oficinas que se encuentren en un área sin servicio eléctrico, para adquirir generadores de emergencia.

“La ayuda que queremos brindarles a los médicos es para que puedan adquirir los equipos necesarios para restablecer las operaciones en sus oficinas médicas. Si el médico lo que necesita es una planta eléctrica, un equipo quirúrgico o materiales, que lo pueda obtener con estos fondos”, explicó Ramos.

Por su parte, para Montalvo Rivera apoyar las oficinas médicas va más allá de ayudar a restablecer ese sector, sino que asegurar el acceso a la salud es esencial para la recuperación general de la isla.

“Son innumerables los efectos que ha tenido el paso del huracán María por Puerto Rico. Sin embargo, en el proceso de recuperación, uno de los temas más delicados puede ser el de la salud. Mantener los servicios de salud que están disponibles para la población es la prioridad”, manifestó.

La ayuda que ofrece SIMED para las oficinas médicas afectadas se suma al préstamo de emergencia de hasta $50,000 que el Banco de Desarrollo Económico también hizo disponible para los galenos.




Advierten podría salir caro cancelar contrato de Tu Hogar Renace

Los representantes legales de la empresa Adjusters International/Rising Phoenix advirtieron hoy que la decisión de suspender y potencialmente cancelar el contrato con esa empresa para gerenciar el proyecto de reparación de viviendas Tu Hogar Renace podría costarle más al pueblo de Puerto Rico que los $133 millones del tope del contrato.

“Desde que se ganó la subasta y se firmó el contrato con el Departamento de la Vivienda en enero para administrar el programa Tu Hogar Renace, Adjusters International ha inscrito a miles de puertorriqueños en el programa y realiza casi 1,500 inspecciones de hogares diarias, para ayudar a los puertorriqueños a regresar a sus casas. Adjusters International también ha empleado más de 700 puertorriqueños para asistir con este programa, además de hacer colaboraciones con empresas locales. Esta decisión pone ese progreso en riesgo y podría costarle a Puerto Rico más dinero”, indicó el licenciado Eric Perez-Ochoa, del bufete Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, PSC, quienes representan a la empresa en Puerto Rico.

El contrato con el Departamento de Vivienda para realizar reparaciones menores a viviendas afectadas por el huracán María será suspendido según anunció hoy el secretario Fernando Gil Enseñat luego de que la Junta de Revisión de Subastas recomendara su cancelación al entender que la Junta de Subastas “erró al evaluar la propuesta de Adjusters, al punto de aplicar criterios de evaluación de manera arbitraria”.

 

Vivienda informa que suspenderá contrato a gerente del proyecto Tu Hogar Renace

“Adjusters Internacional está seriamente decepcionado con la interpretación de los hechos que hizo la Junta Revisora de Subastas del Departamento de la Vivienda en este caso, sobre los requerimientos aplicables y administrativos en récord. La propuesta de Adjustes International cumplió con todos los requerimientos del ‘Request for Proposal’ (RFP) y representó el mejor valor para Puerto Rico, ofreciendo ahorros mayores a los $20 millones sobre la otra propuesta. La compañía continuará estudiando la decisión”, añadió el abogado.

Adjusters International/Rising Phoenix es una empresa cuyo segundo al mando, Daniel Craig, es allegado a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y estuvo señalado por malos manejos de fondos federales mientras trabajó con el proceso de recuperación del huracán Katrina en Estados Unidos. Este hecho despertó el recuerdo del contrato otorgado a la empresa Whitefishpara reparar el sistema eléctrico de la isla luego del huracán María y que finalmente fue cancelado por orden del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Sin embargo, las razones para impugnar el contrato no tienen que ver con la relación entre Craig y la administración Trump, sino a que la empresa no cumplió con los requisitos de liquidez financiera o sus certificaciones para hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico.

“La sección 4.2 de forma mandatoria requería a todo licitador presentar con su oferta que contaba con una certificación de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico. Es un un hecho incontrovertido de que Adjusters no presentó con su RFP la certificación requerida”, lee la resolución emitida por la Junta de Revisión de Subastas.

Además, sostienen que tampoco se cumplió con lo requisitos definidos en el RFP para “joint venture” por lo que Adjusters no debió recibir los 10 puntos que le permitieron pasar a la segunda ronda de selección. “Ciertamente el acuerdo con Link Activ Inc. no cumple con los criterios para conceder los 10 puntos de bono”, dice el escrito.

 

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Tampoco se cumplió con lo establecido en la sección 5.7.1 enmendada del RFP sobre la capacidad financiera de las compañías licitantes pues “no hay evidencia de que se haya cumplido con el requisito de los $35 millones en una entidad financiera asegurada por el FDIC y que haya sido conformado por un tercero”.

“Ciertamente, no consta del expediente información de que Adjusters contara con $35 millones confirmados por un tercero”, pues no se podía considerar fondos que no fueran de Adjusters. Por lo tanto, el ejercicio hecho por Adjusters y validado por Vivienda y por su secretario Fernando Gil Enseñat de “usar fondos de subsidiarias y de joint ventures para tratar de cumplir con el requisito era contrario a lo establecido en el RFP”.

El programa Tu Hogar Renace es financiado con fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Al momento de publicación de esta nota este medio no había recibido respuesta a la petición de un comentario de FEMA sobre la controversia que pone en entredicho una vez más la prudencia en el uso del dinero público por parte tanto del gobierno local como federal luego de la emergencia del huracán.




Swain escuchará testimonios sobre préstamo de emergencia de $1,300 millones para la AEE

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain presidirá una audiencia el jueves en Nueva York para determinar si concederá a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) una línea de crédito de $1,300 millones del Fondo General para que la corporación pueda continuar operaciones.

El balance de efectivo de la AEE el 16 de febrero será muy baja, y durante la semana que finalizará el 23 de febrero la condición será tal que a la entidad le resultará difícil mantener las operaciones, manifestó uno de los expertos contratados por la Junta de Gobierno de la AEE. Con el fin de extender su efectivo, la AEE operaría la red sin “redundancias habituales”, por lo que sería más vulnerable a cortes de energía y problemas de servicio.

Se espera que la junta de control fiscal presente a Todd W. Filsinger, Gerardo Portela, Dustin Mondell y, si es necesario, al economista Andrew Wolfe como testigos. La jueza le dio a cada uno aproximadamente una hora para testificar y ser interrogado.

Para testificar en contra del préstamo estará Stephen J. Spencer, quien previamente ha hecho declaraciones judiciales en apoyo al grupo ad hoc de bonistas de la AEE. Habrá tiempo para escuchar a otros testigos cuyos nombres no figuraron en el documento judicial.

La audiencia está programada para incluir argumentos de apertura y cierre. Martin J. Bienenstock y Kevin D. Finger presentarán los argumentos finales a nombre del Gobierno de Puerto Rico. Las partes objetantes identificarán al abogado que presentará sus respectivos argumentos de cierre.

Filsinger, quien fue contratado por la Junta de Gobierno de la AEE como experto en energía y reestructuración, está programado para testificar sobre el presupuesto de la corporación pública. Él también explicará que identificó y cuantificó fuentes adicionales de financiamiento para la entidad.

Jueza Swain fija audiencia sobre préstamo de $1,300 millones para la AEE

Los primeros son reclamos de seguros de la AEE por daños causados por el huracán María. La segunda fuente potencial de financiamiento se relaciona con los reembolsos adicionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Una se refiere a los pagos realizados a XGL por los servicios provistos en el proceso de restauración de la red eléctrica, por alrededor de $20 millones. La utilidad y XGL están involucrados en una disputa sobre el pago. FEMA ha dicho que no considerará reembolsar a la AEE a menos que se resuelva la disputa.

Otros posibles reembolsos de FEMA se relacionan con las compras de combustible, $48 millones en horas extras para los empleados y un deducible de $25 millones en la póliza de seguro de propiedad y accidentes de la AEE.

Otra posible fuente de financiación está relacionada con los recaudos de corporaciones públicas, que deben pagar $233 millones, de los cuales $169 millones están vencidos.

“En mi experiencia, las cuentas por cobrar de más de 120 días son extremadamente difíciles de cobrar. Además, entiendo que muchas de las corporaciones públicas disputan un porcentaje significativo de las facturas que forman la base de las cuentas por cobrar. También entiendo que muchas empresas públicas [como la AEE] están experimentando problemas críticos de liquidez que limitan su capacidad para pagar las deudas actuales, mucho menos las deudas viejas”, dijo Filsinger en un comunicado.

Otra fuente de dinero se relaciona con posibles prepagos por parte de clientes grandes, principalmente industriales. La AEE ya inició conversaciones para explorar los pagos acelerados.

Wolfe, uno de los exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) quien es coautor de un informe macroeconómico de Puerto Rico, apodado el Informe Krueger, con Anne Krueger, está programado para atestiguar que, si la AEE dejara de operar la red eléctrica de Puerto Rico durante cualquier periodo de tiempo, las posibles consecuencias para la economía de la isla serían sustanciales y potencialmente irreversibles.

Junta fiscal pide préstamo de $1,300 millones para la AEE

“Es mi opinión que el cese de las operaciones de la AEE durante cualquier periodo material de tiempo llevaría a una mayor emigración, más allá de la que ya fue creada por los huracanes Irma y María, y que esta mayor emigración resultaría en una reducción adicional de la base de clientes de la AEE y de los contribuyentes del Gobierno de Puerto Rico”, dijo en un comunicado ante el tribunal.

Por otro lado, Mondell, quien trabaja con Rotschild Inc., que asesora al Gobierno en torno a su deuda, está supuesto a testificar sobre los esfuerzos de comercialización para obtener financiamiento alternativo. Se espera que diga que los términos de los posibles prestamistas no son tan favorables como los provistos a través de la propuesta de financiamiento del Gobierno.

También podría desestimar las aseveraciones de que la AEE puede aumentar su liquidez a corto plazo retirando cantidades que tiene depositadas en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) porque la institución es una instrumentalidad pública insolvente en proceso de liquidación de operaciones y resolución de reclamaciones de los acreedores a través de la recientemente promulgada ley de reestructuración de deuda del BGF.

Los acreedores del BGF, que incluyen la AEE, deben en conjunto más de $7,300 millones. Esto incluye más de $3,500 millones en depósitos casi en su totalidad de entidades públicas tales como municipalidades, corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales, y más de $3,700 millones en deuda pública. A partir del 31 de diciembre de 2017, sin embargo, el efectivo no restringido del BGF fue menos del 5% de los $7,300 millones en reclamaciones contrapuestas.

Mientras Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de Puerto Rico, está listo para testificar que, si bien el Gobierno federal proporcionó fondos de emergencia para gastos de recuperación, los ingresos de la AEE siguen deteriorándose y el Gobierno federal se niega a prestar directamente a la corporación pública.

AEE revive mecanismo de ajuste de tarifas bajo nuevo plan fiscal

Dado que el Gobierno de Estados Unidos no había otorgado un préstamo, el Gobierno de Puerto Rico dijo que cree que debe tomar medidas para proporcionar a la corporación pública un préstamo de emergencia que pueda garantizar su funcionamiento continuo.

Como se indicó en una carta del 9 de enero, aunque laAEE solicitó un préstamo para cubrir los gastos operacionales, “la postura actual del Gobierno federal es desembolsar el financiamiento del programa CDL directamente al Gobierno de Puerto Rico, que luego podría prestar a sus diversas entidades”, indicó Portela.




Vivienda informa que suspenderá contrato a gerente del proyecto Tu Hogar Renace

El contrato con la empresa Adjusters International/Rising Phoenix para gerenciar el proyecto Tu Hogar Renace del Departamento de la Vivienda será suspendido por el secretario Fernando A. Gil Enseñat, se informó esta tarde mediante declaraciones escritas, luego de que ayer la Junta de Revisión de Subastas revocara la adjudicación realizada en enero pasado.

“La junta revisora de subastas emitió su resolución; la respetamos, a tales fines tomaremos las acciones administrativas para cumplir con los resuelto. Por ende, se suspende el contrato para que se cumpla con el debido proceso de ley hasta tanto y en cuanto haya una determinación del foro apelativo”, indicó Gil Enseñat.

Esta mañana, el secretario había señalado que evaluaban las opciones de la agencia para evitar que se afectaran los trabajos de reparación hogares afectados por el huracán. Tu Hogar Renace tiene como propósito realizar reparaciones menores a residencias afectadas por el huracán María. El programa es financiado por la Agencia de federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La declaración del funcionario deja abierta la puerta para que la empresa afectada, Adjusters International/Rising Phoenix utilice los foros apelativos para rebatir la determinación del gobierno.

La portavoz de prensa de Vivienda indicó a CB en Español que al momento Adjusters International/ Rising Phoenix no ha presentado facturas ni se le ha pagado cantidad alguna. 

No se indicó si en este momento se procedería a contratar a AECOM/ CPM JV, empresa que impugnó la adjudicación y que sería la única que pasó el proceso de requisición de propuesta. Este medio confirmó que esta compañía, representada por el bufete McConnell Valdés, tiene como asesor al exrepresentante del Gobierno de Puerto Rico ante la junta de control fiscal y exdirector de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Elías Sánchez.

El secretario reclamó que “en el Departamento de la Vivienda todos los procesos administrativos se realizan conforme a la ley y los reglamentos aplicables, velando siempre por la mejor utilización de los fondos públicos y la implantación exitosa de nuestros programas. Además, para nuestra administración, la transparencia es vital en el otorgamiento de todo contrato”.

En ese sentido, un portavoz del Departamento de Vivienda explicó a este medio que la agencia, luego de que la empresa competidora AECOM/CPM JV impugnara la adjudicación a Adjusters/Rising Phoenix, “por asegurar la transparencia, aunque no es requisito”, solicitó a la secretaria de Justicia Wanda Vázquez que fuera esa entidad la que designara a los miembros de la junta revisora que pasaría juicio del proceso de requisición de propuestas.

Ordenan cancelar contrato de Vivienda a gerente de proyecto Tu Hogar Renace

Fue esa junta revisora, presidida por el licenciado Godohaldo Pérez Torres, la que concluyó ayer que el Comité Evaluador de la Junta de Subastas del Departamento de Vivienda “erró al evaluar la propuesta de Adjusters, al punto de aplicar criterios de evaluación de manera arbitraria”.

El secretario había defendido la adjudicación argumentando que la empresa ganadora había presentado una propuesta de costos de $20 millones menos que su competidor. El contrato firmado el 5 de enero de 2018 tenía un tope de $132 millones.

Ayer, la Junta Revisora de Subastas del Departamento de la Vivienda recomendó la cancelación del contrato con Adjusters Internacional por entender que el mismo es nulo al no haber cumplido con los requisitos medulares que exigía la requisición de propuestas emitida por el propio Departamento. 

Este medio publicó en primicia que el contrato para administrar el proyecto Tu Hogar Renace fue impugnado por la empresa AECOM/CPM JV bajo el argumento de que el proceso de adjudicación estuvo plagado de irregularidades.

Adjusters/Rising Phoenix es una empresa cuyo segundo al mando, Daniel Craig, es allegado a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y estuvo señalado por malos manejos de fondos federales mientras trabajó con el proceso de recuperación del huracán Katrina en Estados Unidos. Este hecho despertó el recuerdo del contrato otorgado a la empresa Whitefish para reparar el sistema eléctrico de la isla luego del huracán María y que finalmente fue cancelado por orden del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Sin embargo, las razones para impugnar el contrato no tienen que ver con la relación entre Craig y la administración Trump, sino a que la empresa no cumplió con los requisitos de liquidez financiera o sus certificaciones para hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico.

Irregularidades en contrato para ayudar damnificados por María recuerda esquema de Whitefish

“La sección 4.2 de forma mandatoria requería a todo licitador presentar con su oferta que contaba con una certificación de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico. Es un un hecho incontrovertido de que Adjusters no presentó con su RFP la certificación requerida”, lee la resolución emitida por la Junta de Revisión de Subastas.

Además, sostienen que tampoco se cumplió con lo requisitos definidos en el RFP para “joint venture” por lo que Adjusters no debió recibir los 10 puntos que le permitieron pasar a la segunda ronda de selección. “Ciertamente el acuerdo con Link Activ Inc. no cumple con los criterios para conceder los 10 puntos de bono”, dice el escrito.

Tampoco se cumplió con lo establecido en la sección 5.7.1 enmendada del RFP sobre la capacidad financiera de las compañías licitantes pues “no hay evidencia de que se haya cumplido con el requisito de los $35 millones en una entidad financiera asegurada por el FDIC y que haya sido conformado por un tercero”.

“Ciertamente, no consta del expediente información de que Adjusters contara con $35 millones confirmados por un tercero”, pues no se podía considerar fondos que no fueran de Adjusters. Por lo tanto, el ejercicio hecho por Adjusters y validado por Vivienda y por su secretario Fernando Gil Enseñat de “usar fondos de subsidiarias y de joint ventures para tratar de cumplir con el requisito era contrario a lo establecido en el RFP”.

Impugnan contrato para programa Tu Hogar Renace




Industria de hospedería en Florida anuncia feria de empleo en Puerto Rico

La Asociación de Hoteles y Alojamiento de Florida Central (CFHLA, en inglés), anunció hoy que realizará el próximo martes, 20 de febrero, una feria de empleo en San Juan para ofrecer oportunidades en esa industria para personas cuyas carreras y empleos se vieron afectados con el paso del huracán María por Puerto Rico.

El evento se realizará desde el mediodía del martes hasta las 4:00 de la tarde en el hotel San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino, en Condado, y contará con la participación de 12 empresas de Florida central que buscan contratar personal inmediatamente en posiciones que van desde puestos de primera línea en la industria hasta puestos de nivel gerencial.

El presidente y gerente general de la CFHLA, Rich Maladecki, aseguró que la feria de empleo ofrecerá nuevas oportunidades para aquellos que quieran continuar con su carrera en esta industria, o comenzar una nueva.

“Más de cuatro meses después que el huracán María golpeó trágicamente la isla de Puerto Rico, la industria del turismo en la isla todavía se está recuperando. Muchos de nuestros compatriotas en Puerto Rico que dependían de sus empleos en la industria de la hospitalidad han estado sin trabajo y enfrentan incertidumbre financiera a medida que la isla se recupera. Esta Feria de Empleos ofrecerá a aquellos que buscan una ‘nueva oportunidad’ la oportunidad de reunirse con representantes de alojamiento y comenzar o continuar una carrera en Hospitalidad en la Florida Central y sus alrededores”, aseguró Maladecki.

Las 12 empresas que participarán de la feria de empleo serán DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld, Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort, Holiday Inn Club Vacations – Orange Lake Resort, Hyatt Regency Orlando, Omni Orlando Resort at ChampionsGate, Orlando World Center Marriott, Perry Lane Hotel, Ritz-Carlton/JW Marriott Orlando, Grande Lakes, Sheraton Vistana Villages, Villas of Grand Cypress, Walt Disney World Swan and Dolphin Resort y Wyndham Grand Orlando Resort – Bonnet Creek

La CFHLA es una asociación comercial que representa aproximadamente el 80% de todos los establecimientos de alojamiento en la Florida central y recientemente, tanto la asociación como la Fundación CFHLA donaron más de $15,000 para apoyar los esfuerzos de recuperación en la isla.