Concesionarios de autos buscan cambios en ley de impuestos al inventario

Un cambio significativo a la ley de impuestos sobre inventario es una de las propuestas principales que la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Autos de Puerto Rico (Prada) desea presentarle al gobierno.

Según la directiva del grupo, la iniciativa beneficiará no solo al segmento automotriz, sino a otros sectores de la economía.

“Hay un consenso en todas las industrias de que este impuesto limita el inventario de los comerciantes”, expresó Ramón Vega, Jr., presidente de Autos Vega. Según explicó, la Ley número 83 de 1991 estipula que todo comerciante tiene que pagar un impuesto por el inventario existente. Dependiendo del municipio en el que se encuentre el negocio, el impuesto puede fluctuar desde 5.83% a 9.83% del costo del artículo.

“El impuesto se paga por año. Si una mercancía se queda sin vender, hay que volver a pagar el impuesto al año siguiente”, dijo por su parte Pedro Hernández, de Auto Grupo. Debido a esto, abundó Vega, “este impuesto obliga a todo tipo de comerciante a operar con la menor cantidad de inventario posible”.

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Vega explicó que esa cantidad mínima de inventario trae como resultado que los consumidores no puedan comprar artículos necesarios, a veces de emergencia, al momento que los necesiten.

El mejor ejemplo, dijo, fue lo ocurrido inmediatamente después del huracán María, cuando hubo escasez de piezas para autos averiados por el ciclón. “A 47 días después del huracán la industria de autos todavía sigue afectada por culpa de este impuesto que no permitió que tuviéramos en nuestras zonas de almacenamiento la cantidad de autos y piezas necesarias para atender los reclamos de nuestros consumidores”, mencionó Vega.

Por su parte, Gerardo Pascual, de AutoGrupo explicó que por no tener inventario para evitar el impuesto, muchos autos ligeramente averiados por el huracán aún están sin repara por no contar con las piezas. “Y mientras no los arreglemos, no se pueden vender”, añadió su socio Hernández. De la misma manera, clientes particulares que han ido en busca de piezas, no han podido adquirirlas.

Como alternativa, Prada propone un cambio que no solo beneficiaría a los concesionarios, sino al propio gobierno. “No buscamos eliminar el impuesto, sino traspasarlo al momento de la compra”, dijo Vega.

Actualmente, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) recibe el pago por este impuesto cada tres meses. En cambio, Prada propone un cargo de 1% que se pague al momento de la venta del vehículo. “De esta forma, el CRIM estaría recaudando todos los días en vez de cada tres meses”, explicó Hernández.

La organización ya le ha presentado la propuesta a alcaldes, legisladores y al CRIM.

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Arbitrio sobre mercancía atenta contra la seguridad alimentaria en la Isla

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), coincidieron en que el gravamen que el gobierno le impone a la mercancía almacenada no solo no hace sentido desde el punto de vista comercial, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país al no fomentar que las empresas mantengan un inventario saludable en una Isla que depende en más de un 80% de la importación de mercancía.

Así lo aseguraron esta semana Manuel Reyes, director ejecutivo de MIDA, y Rodrigo Masses, presidente de la AIPR, durante una rueda de prensa donde se ofreció un informe sobre el estado de situación de la industria luego del paso del huracán Irma por las costa norte y este de Puerto Rico.

El director ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes (centro) expresó: "Puerto Rico quisiera tener más inventario, de manera que no tengamos tanta dependencia en ese flujo en caso de una emergencia." (Agustín Criollo/CB)

El director ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes (centro) expresó: “Puerto Rico quisiera tener más inventario, de manera que no tengamos tanta dependencia en ese flujo en caso de una emergencia.” (Agustín Criollo/CB)

Para Reyes, la política contributiva actual disuade al comercio local de tener inventarios en la Isla y eso provoca que Puerto Rico sea dependiente de un sistema de transportación continuo para abastecerse, no solo de alimentos, sino de todo tipo de mercancía.

“Básicamente, en algunas industrias funciona como se dice en inglés, “time to market”, que es que lo que llega en barco el lunes, se baja y es lo que está en góndola al final de la semana y lo que llega a final de semana, se baja y es lo que está a principio de semana y así sucesivamente. Así funcionan algunos productos aquí en la isla”, indicó el director ejecutivo de MIDA.

“Puerto Rico quisiera tener más inventario, de manera que no tengamos tanta dependencia en ese flujo en caso de una emergencia. A nosotros sí nos preocupa que tenemos una concentración en Jacksonville y miren lo que pasó ahora, así que la realidad es que lo que deberíamos es fomentar tener más el inventario aquí a nivel local para evitar ese riesgo”, añadió en referencia al cierre del puerto de la ciudad de Jacksonville en el estado de la Florida, desde donde es fletada la mayor parte de la mercancía que se consume en Puerto Rico.

Aunque Reyes aseguró que actualmente existen suficientes abastos de alimento y otros productos en los comercios locales tras el paso de Irma, sí mostró preocupación por el riesgo que correría la Isla en el caso de que un evento atmosférico deje incomunicada a la población por espacio de varios meses.

Reyes argumentó además que a través de la experiencia vivida tras el paso del huracán Irma por el Caribe, Puerto Rico ha demostrado ser un punto de origen y de trasbordo de mercancía para los damnificados por el huracán en las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, por ello, aseguró que Puerto Rico debe convertirse en el almacén del este de la región caribeña. El director ejecutivo de MIDA insistió en que el cobro de impuestos por mercancía almacenada es nefasto para la economía del país.

“Es negativo, es una mala política pública por donde quiera que la mires. En términos generales los gobiernos nos han dicho que coinciden con nosotros, que se va a atender pero administración tras administración no se atiende. Ahora viene una reforma contributiva y por eso entendemos que se debe aprovechar esta circunstancia para resaltar la necesidad de que se atienda ese tema”, aseguró.

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Por su parte, Masses explicó que a medida que el costo del producto sea más alto para el empresario, este se ve en la obligación de manejarlo con mucha más cautela.

El presidente de la AIPR aseguró que su organización, en conjunto con otros sectores relacionados, ya han comenzado gestiones con la Asamblea Legislativa para promover una enmienda a la ley.

“Hace ya varios meses nos reunimos con la senadora Zoé Laboy, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico del Senado y precisamente le planteamos la necesidad de que se atiendan y se enmienden las leyes para lograr que en efecto, el empresariado se estimula y se atreva a tener inventarios más altos, sobre todo en la época de huracanes y sobre todo en aquellos productos que sabemos que se importan y por tanto, el no tener inventario, pudiese ser un problema en la eventualidad de que el flete terrestre, marítimo o que simplemente el suplidor no pudiera responder”, indicó Masses.

“El gobierno evidentemente necesita un total de ingresos para cumplir con unas proyecciones, y los distribuye a través de distintas medidas impositivas. Lo que presentamos es que, por lo menos en los meses de verano, que son los meses de urgencia debido a los huracanes, existan medidas que de alguna forma alivien el peso que representa para el comercio pagar arbitrios por esta mercancía almacenada. Algún tipo de equivalencia para que se provoque que estos inventarios aumenten por lo menos en estos meses”, sostuvo.

De otra parte, la senadora Laboy indicó que coincidía con la alternativa propuesta por el sector comercial de la Isla de crear un periodo de gracia durante la época de huracanes para levantar el arbitrio sobre mercancía almacenada.

“Estamos trabajando para identificar alternativas para que, al menos en tiempo de huracanes, el régimen de impuestos sobre el inventario sea diferente al del resto del año”, explicó Laboy en comunicación escrita.

“Ya hemos tenido conversaciones con el secretario del Departamento de Hacienda para evaluar el asunto. Sabemos que una de las preocupaciones es el impacto negativo que esto pudiera tener en la ya frágil economía de los municipios”, añadió a la vez que aseguró que continuará trabajando con la AIPR para buscar alternativas factibles a este problema.

Asimismo, Antonio “Tony” Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, dijo estar totalmente de acuerdo con una enmienda a este impuesto.

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Comienza la batalla legal por el dinero del IVU

El anticipado litigio sobre quién tiene derecho a cientos de millones de dólares en ingresos anuales del IVU comenzó oficialmente a finales de la semana pasada. La solución al llamado conflicto “gobierno versus Cofina” es clave para establecer el ritmo que tomará el proceso de quiebra del ELA bajo el Título III de la ley federal Promesa.

El pasado viernes, 8 de septiembre, el comité oficial de acreedores no asegurados, que funge como agente del gobierno en la disputa, demandó a Bettina Whyte, quien representa los intereses de Cofina. Esta entidad, la cual ha emitido más de $17,000 millones en bonos, recibe cada año una parte de los recaudos del IVU para pagar a sus bonistas.

En juego quién tendrá control sobre cientos de millones de dólares en recaudos del IVU, un conflicto clave en los esfuerzos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. (iStock)

En juego quién tendrá control sobre cientos de millones de dólares en recaudos del IVU, un conflicto clave en los esfuerzos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. (iStock)

Según la demanda, el gobierno busca poner un alto a estas transferencias y traer este dinero al fondo general. Para ello argumentan que la estructura de Cofina es “inconstitucional y nula”, y como tal, los ingresos del IVU en disputa pertenecen exclusivamente al gobierno.

El gobierno, la junta de control fiscal y acreedores de Cofina acordaron a principios de agosto litigar el asunto a través de una estipulación que establece el proceso y calendario mediante el cual se intentará resolver el conflicto y así poder encaminar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Tras la presentación de la demanda, los abogados del agente de Cofina —Willkie, Farr & Gallagher—deberán radicar su respuesta en o antes del 15 de septiembre.

La jueza federal Laura Taylor Swain, quien está a cargo de los casos Título III de la isla, estaría decidiendo finalmente sobre el litigio en o antes del 15 de diciembre, según la estipulación aprobada por el tribunal.

“Cofina es inconstitucional”

Un sinnúmero de argumentos dan forma al intento del gobierno en tomar control sobre los fondos del IVU en disputa, los cuales superan los $750 millones durante este año fiscal y cuya cantidad aumentaría anualmente hasta llegar a $1,850 millones. Por su parte, acreedores de Cofina aseguran que estos dineros están fuera del alcance del Gobierno.

Para los abogados del comité que representa al Gobierno en la disputa, Paul Hastings LLC, la estructura de Cofina es simplemente inconstitucional. Sostienen que la legislación que creó la entidad, la Ley 91 de 2006, “eludió o violó” la Constitución de Puerto Rico, particularmente el límite constitucional de deuda pública.

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“Como resultado, todos los ingresos del [IVU] en cuestión son exclusivamente propiedad del Gobierno”, lee la demanda. Esto incluye los recaudos futuros del impuesto, así como el dinero actualmente depositado en el Bank of New York Mellon, entidad que actúa como agente fiscal de Cofina.

Otros argumentos del Gobierno incluyen que la Ley 91 nunca transfirió a Cofina la titularidad de, ni el derecho a recibir, los ingresos futuros por concepto del IVU. En el mejor de los casos, solo existe una “promesa sin garantía” de que el Gobierno depositaría los recaudos futuros del IVU en Cofina en la medida que los recibiera, según la demanda.

“Como cualquier otra promesa previa de un deudor, esa promesa puede ser violada, revocada y/o rechazada después de la presentación de una petición de Título III, dando a Cofina, a lo sumo, una reclamación no asegurada en el caso de Título III del gobierno”, añade la acción legal, en referencia al comienzo del caso de quiebra de Cofina, el cual fue iniciado por la junta fiscal a principios de mayo.




Hacienda informa a comerciantes sobre requisito de pago del IVU

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, informó el lunes que, a raíz de la aprobación de la Ley 46-2017, los comerciantes deberán cumplir con la obligación del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en plazos quincenales.

“El 31 de julio de 2017, el Departamento emitió la Determinación Administrativa 17-07 con el propósito de establecer los requisitos para cumplir con la obligación del pago del IVU en plazos quincenales y establecer la fecha en que esta obligación comenzará aplicar. El requisito del pago en plazos quincenales es aplicable cuando la persona sea un Gran Contribuyente (según se define en la Sección 1010.01 (a) (35) del Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado “Código”) y a todo comerciante cuyo volumen mensual de impuesto sobre ventas depositado durante el año natural anterior exceda de $2″, sostuvo Maldonado Gautier en declaraciones escritas.

“Las fechas límites para remitir los plazos quincenales son el día 15 de cada mes y el último día del mes. Aunque la ley establece que esta obligación es efectiva para el mes de julio, el Departamento determinó que debido al corto tiempo transcurrido entre la aprobación de la ley y la fecha de efectividad de la misma, y con el objetivo de permitirle a los comerciantes un periodo de tiempo adicional para poder realizar los cambios necesarios en programación, la obligación de remitir los plazos quincenales será efectivo a partir del mes de agosto de 2017 para los Grandes Contribuyentes y a partir del mes de septiembre de 2017 a los otros comerciantes que les aplique. Por tanto los Grandes Contribuyentes, deberán realizar el pago del primer plazo quincenal no más tarde del martes, 15 de agosto de 2017 y los otros comerciantes deberán realizar el pago del primer plazo quincenal no más tarde del viernes, 15 de septiembre de 2017”, desglosó el secretario.

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En cuanto al IVU municipal, el funcionario señaló que el pago de los plazos quincenales no aplica.

“Por el momento, se ha determinado que el requisito del depósito quincenal será únicamente aplicable al IVU que es depositado en el Departamento, por lo que el mismo no será requerido a los depósitos que el comerciante tiene que realizar directamente a los municipios. Por tanto, la fecha de vencimiento para el pago del IVU a los municipios continua siendo junto con la radicación de la planilla mensual de IVU del municipio no más tarde del día 20 del mes siguiente al mes en que ocurrió la transacción que da lugar a la obligación del pago del IVU”, explicó.

“Los comerciantes bajo el Programa de Rehabilitación del Contribuyente, que actualmente depositan el IVU en plazos semanales, deben continuar realizando los pagos del IVU conforme a dicho acuerdo”, expresó.

Indicó que toda persona obligada a remitir el IVU en dos plazos quincenales que no cumpla con dicha obligación estará sujeta a la imposición de una penalidad de 10 por ciento sobre el monto del impuesto que debió ser depositado en plazos quincenales.

Esta penalidad de 10% es adicional a cualquier otra penalidad impuesta por el Código, señaló.

El funcionario manifestó que estos pagos de plazos quincenales solo pueden realizarse electrónicamente a través del portal SURI (https://suri.hacienda.pr.gov).

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Caguas enmienda vigencia de aportación empresarial municipal

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció que la Aportación Empresarial Municipal (AEM) que se estableció en el municipio fue enmendada para establecer su vigencia por dos años y no por cuatro años como se había aprobado inicialmente

“Tras escuchar los reclamos del sector empresarial y convencido de que nuestras estrategias de desarrollo económico y control de gastos serán efectivas redujimos a solo dos años la vigencia de la AEM”, sostuvo Miranda Torres en declaraciones escritas.

Asimismo, añadió que la ordenanza municipal que establece la AEM fue enmendada para disponer que el 60 por ciento de los fondos obtenidos serán depositados en una cuenta bancaria especial.

“Los fondos serán utilizados para mejoras, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, calles, caminos e infraestructura, así como facilidades recreativas, deportivas, y de esparcimiento, escuelas y otros esfuerzos dedicados a la conservación del ambiente”, aseguró.

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La AEM aplica a aquellas empresas que paguen patente en el municipio con un volumen de negocio de $3 millones o más. Las mismas harán una aportación equivalente al .35 por ciento del volumen de negocio.

“Esta aportación significará para las empresas 35 centavos por cada 100 dólares. Las instituciones educativas acreditadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico estarán 100 por cieto exentas del pago de la AEM”, manifestó.

De otra parte, reiteró que la ordenanza provee un remedio administrativo de impugnación que establece que toda persona que no esté conforme con la factura de la AEM que le fuera notificada podrá solicitar al Director de Finanzas del Municipio una revisión administrativa.

Esa revisión deberá expresar las razones para su objeción, la cantidad que estima correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes dentro del término de 30 días calendario, a partir de la fecha de envío  de la notificación emitida a tenor con esta ordenanza. Será requisito para la revisión que se pague la parte de la AEM con la cual se estuviera conforme y un 40 por ciento de la parte con la cual no se estuviera conforme o la totalidad de la AEM impuesta.

El Director de Finanzas emitirá su decisión dentro de un término no mayor de 30 días a partir de la fecha de notificación de la revisión. Si el Municipio no emite su determinación dentro del término prescrito, se entenderá que ratifica el monto de la AEM facturada, explicó.

Recientemente, el Municipio de Caguas fue demandado por distintas empresas como Caguas Expressway Motors, opuestas al impuesto del 70 por ciento a la patente municipal.

La enmienda surge luego de que el alcalde reiterara que defendería el impuesto ante los tribunales de ser necesario.

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Expertos anticipan problemas para ejecutar medida para cobrar IVU por internet

(iStock)

No es la primera vez que Puerto Rico se embarca en esfuerzos para cobrar el IVU en compras hechas por Internet. (iStock)

La legislación que permite a Puerto Rico recolectar el impuesto de ventas y uso, aprobada por ambas cámaras y lista para ser enviada a La Fortaleza, podría enfrentar cuestionamientos constitucionales como ha ocurrido en otras jurisdicciones debido a limitaciones legales a los poderes de los estados.

La semana pasada, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 849 sin enmiendas, que obliga a “agentes no retenedores” o sea vendedores de productos que no tienen oficinas en Puerto Rico, a que a partir del 1 de julio de 2017 notifiquen al comprador por escrito que las compras realizadas podrían estar sujetas al Impuesto sobre Ventas y Uso en Puerto Rico y de su obligación de pagarlo. El agente no-retenedor también deberá enviar una notificación anual antes del 31 de enero a los clientes sobre sus compras y recordándoles de su obligación de pagar el IVU. Además, también deben enviar una lista trimestral al Departamento de Hacienda con los nombres y direcciones de los compradores, la cantidad de las compras y una descripción del producto comprado. El no hacer lo estipulado en la ley conlleva penalidades.

No es la primera vez que Puerto Rico se embarca en esfuerzos para cobrar el IVU en  compras hechas por Internet. Una ley aprobada en el 2011 en donde había que notificarle al comprador su obligación de remitir el IVU en su compra por Internet, no logró los resultados deseados. Se estima que el gobierno pierde entre $100 millones a $125 millones en impuestos por dichas compras.

“Una de las razones para cobrar el IVU por ventas hechas en línea es nivelar la competencia para los comercios locales”, dijo María de los Ángeles Rivera, socia principal del área de contribuciones para Kevane Grant Thornton, quien junto a Chuck Jones y Javier Oyola, director y gerente de la firma respectivamente, hablaron sobre la medida.

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Jones, sin embargo, advirtió que tal y como ha ocurrido en algunos estados, la legislación local podría enfrentar cuestionamientos legales debido a disposiciones que limitan el poder de los estados, siendo las principales la Cláusula de Comercio interestatal que establece que el gobierno federal regulará el comercio entre los estados y la Cláusula de Debido Proceso de Ley, la cual establece que nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso.

La Cláusula de Comercio interestatal requiere que las corporaciones tengan presencia física en un estado para que se les pueda imponer impuestos. La Cláusula de Debido Proceso de Ley requiere algún contacto mínimo.

Al igual que Puerto Rico, otros estados están tratando de crear un nexo que les permita cobrar el impuesto a través de diferentes aspectos, algunos de estos impugnados con éxito en los tribunales. Estos aspectos son el nexo de “Clic-through”, el del llamado afiliado y los requisitos de notificación, este último el seguido en Puerto Rico.

Un negocio con oficinas fuera de un estado puede tener nexo con ese estado si tiene un acuerdo para pagar a un residente del estado una comisión por ventas hechas a través de un enlace en el sitio web del residente de ese estado. En 2008, Nueva York fue el primer estado en crear ese tipo de nexo. Otra forma de establecer un nexo es a través de legislación que establece que un vendedor fuera del estado puede tener un enlace que le obliga a cobrar el impuesto sobre ventas en otro estado si una filial utiliza sus marcas comerciales, de servicio o nombres comerciales. Michigan, Nevada, Ohio, Louisiana y Oklahoma han adoptado este aspecto.

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Colorado fue el primer estado en aprobar una ley que establece requisitos de notificación para los negocios que hacen ventas en línea. Estos negocios están obligados a notificar a los residentes de Colorado de su obligación de pagar el impuesto por las compras que hacen. Además deben notificar al estado sobre las compras hechas por sus residentes.

En Tennessee, bajo una nueva regla, los comercios fuera del estado que hagan ventas a los consumidores a través de cualquier medio y que excedan $500,000 tienen un nexo con ese estado. A más tardar el 1 de marzo de 2017, estos concesionarios estaban obligados a registrarse con el Departamento de Ingresos así como cobrar y remitir el impuesto de ventas al estado antes del 1 de julio de 2017. El 10 de abril de 2017, un tribunal ordenó que se detuviera el nuevo reglamento.




Trump anuncia impuesto a madera canadiense

Por Jill Colvin

WASHINGTON — El gobierno de Donald Trump inició el lunes el proceso para imponer un impuesto del 20% a la madera canadiense de coníferas que ingrese a Estados Unidos, llevando la disputa comercial entre ambas naciones al siguiente nivel.

El presidente anunció su decisión durante una reunión en la Casa Blanca con medios de comunicación conservadores. Los comentarios iniciales de Trump fueron difundidos por cuatro personas que asistieron al encuentro y más tarde confirmados por un funcionario del gobierno.

“Impondremos un arancel del 20% a la madera de conífera que ingrese, un arancel a la madera que entre a Estados Unidos procedente de Canadá”, dijo en Twitter el corresponsal de Breitbart News en la Casa Blanca, Charlie Spiering.

Más tarde, el departamento de Comercio anunció que una decisión preliminar y la imposición de cuotas compensatorias de entre el 3 y 24% a la madera de importación, con un promedio cercano al 20%.

Una de las personas presentes en la reunión dijo que el mandatario amenazó con que los productos lácteos podrían ser los siguientes en la lista.

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Estados Unidos y Canadá suelen gozar de una buena relación comercial, pero la situación se ha tensado en los últimos meses.

Trump ha criticado la decisión de Canadá de cambiar sus políticas de tasación de leche local para cubrir más ingredientes lácteos, lo que ha provocado precios más bajos para productos como la leche ultrafiltrada. Trump describió esa iniciativa como “una desgracia” que perjudica a los productores estadounidenses en estados como Wisconsin.

“Ha sido una mala semana para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá”, reconoció en un comunicado el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross. “Esa no es nuestra idea de un Acuerdo de Libre Comercio que funciona adecuadamente”.

En tanto, el gobierno canadiense rechazó la medida y calificó el arancel de “injusto y punitivo”.




Aumento al CRIM afectará a los más desventajados

La propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de aumentar el impuesto a la propiedad inmueble representaría un golpe a los ciudadanos de 70% por encima de lo que actualmente pagan, según denunció hoy el representante del Partido Popular Demócratico (PPD) Jesús Manuel Ortiz.

En conferencia de prensa en la sede del PPD en Puerta de Tierra, Ortiz resaltó que a fin de reemplazar la eliminación de los $350 millones en subsidios a los municipios, el plan fiscal de Rosselló Nevares propone duplicar la tasa efectiva del impuesto a la propiedad inmueble de 0.38% a 0.65%, lo que supone un aumento de 70% sobre las 659,000 propiedades que actualmente pagan al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Con esta propuesta, el Ejecutivo espera recaudar $426 millones, de los cuales $350 millones irían a los municipios y $76 millones para el gobierno central.

El representante del PPD Jesús Manuel Ortiz denunció hoy que la propuesta del gobernador de aumentar el impuesto a la propiedad afectará a los más desventajados. (Limarys Suárez/CB)

El representante del PPD Jesús Manuel Ortiz denunció hoy que la propuesta del gobernador de aumentar el impuesto a la propiedad afectará a los más desventajados. (Limarys Suárez/CB)

“Si hoy usted paga $400 por concepto de contribución sobre la propiedad, su próximo cheque al CRIM posiblemente será de $680. Por otro lado, si hoy paga $1,200 su próximo cheque al CRIM será de $2,040. Es un aumento significativo que impactará directamente a los ciudadanos”, declaró.

El ex secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza bajo la administración de Alejandro García Padilla agregó que será el ciudadano que vive alquilado quien al final de cuentas reciba el impacto del aumento al impuesto a la propiedad porque usualmente se trata de la segunda propiedad del dueño de esa residencia.

“El gasto de alquiler en Puerto Rico representa el 35% o más del ingreso mensual promedio para más del 50% de la población que vive bajo alquiler. Ajustar la tasa efectiva de Puerto Rico a la de un estado tendría un efecto de miseria sobre la mayoría de las familias. Así de violento será el impacto de esta acción del gobierno”, subrayó.

Ortiz explicó que de 659,000 propiedades comerciales y residenciales, según el American Community Survey, alrededor de 494,000 o el 75% corresponde a viviendas principales de residentes que actualmente deben pagar contribuciones sobre la propiedad.

“Es un impuesto sumamente regresivo. No puede ser poner a pagar a la gente que menos tiene. Es un asunto de balancear la carga”, insistió.

A cambio del aumento al impuesto a la propiedad Ortiz sugirió otras opciones, entre ellas iniciar un proceso de identificar las propiedades que no están clasificadas dentro del CRIM y que actualmente no pagan contribuciones y que se aumente las contribuciones sobre la propiedad cuyo valor tasado sea mayor de $750,000.

Según el inventario de propiedades tasadas por el CRIM en el 2016 había un total de 1,285,694 propiedades registradas. Sin embargo, según data del Censo, en Puerto Rico hay un total de 2 millones de propiedades.

“Hay un número altísimo de propiedades que no están en el CRIM. Si tenemos 700,00 propiedades que no están en el sistema y las añadimos y se le aumenta la contribución a las que su valor tasado sea mayor de $750,000 la carga estaría más nivelada”, apuntó el legislador popular.




Colegio de Médicos Cirujanos muestra oposición a impuesto al cannabis medicinal

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, se opuso al propuesto impuesto al cannabis de 18%, por entender que menos pacientes podrían adquirir un producto que les podría ayudar.

“La industria bien hecha y médica de verdad, podría ser una alternativa a los pacientes, no como está hasta el momento.  Ciertamente ponerle un impuesto alto hace que más pacientes no tengan acceso a posibles productos que los podrían ayudar.  Yo creo que lo que hay que hacer es regular la industria, hacerlo correctamente, no como se está haciendo, pero ciertamente no limitarlo, porque ya es un producto limitado a gente que tenga el recurso porque ya es caro”, expresó en entrevista radial (Radio Isla 1320).

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Según Ramos, un impuesto alto, limitaría la cantidad de potenciales pacientes que podrían beneficiarse de este tipo de producto, por lo que hay que oponerse a impuestos sobre algo que podría tener un potencial medicinal.  Entretanto, el también pediatra criticó que el cannabis medicinal, se esté viendo más como un negocio, que como un asunto médico.

“Lo que pasa es que desde el gobierno y desde la industria, se está viendo como un asunto económico y no como uno medicinal.  Ese ha sido el problema desde el principio que los pacientes y los médicos son la excusa para sostener una industria multimillonaria que realmente es dirigida al mercado recreativo y no realmente a atender a nadie”, señaló.




Sigue el diálogo con el Tesoro sobre arbitrio a las foráneas

El gobernador Ricardo Rosselló se mostró confiado en lograr que el Tesoro de Estados Unidos continúe reconociendo un crédito a nivel federal a las compañías foráneas que pagan en la isla el arbitrio del 4% de la Ley 154.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de que La Fortaleza presentara esta semana legislación que busca extender el “impuesto a las foráneas” por un periodo adicional de 10 años. Las compañías que pagan el arbitrio reciben un crédito a nivel federal gracias a una autorización temporera del Tesoro de Estados Unidos a tales efectos.

(Felipe Torres/CB)

La administración de Ricardo Rosselló presentó esta semana un proyecto de ley para extender el arbitrio a las empresas extranjeras en la isla por 10 años. (Felipe Torres/CB)

“Veo que la creditabilidad va permanecer. Es una responsabilidad hasta cierto punto”, sentenció el mandatario, al tiempo que enfatizó que “el gobierno federal también tiene que hacer su parte”.

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Añadió que han tenido “comunicaciones” con el Tesoro sobre el tema y que, debido a la transición en el gobierno federal, “las conversaciones más relevantes han sido con el personal que se quedará en el Tesoro”.

“Lo cierto es que estamos en un proceso de seguir el diálogo con los que van a ser los nuevos oficiales de la estructuras federales”, sostuvo Rosselló.

El gobierno federal, sin embargo, aún no se expresa sobre la continuación de dicho crédito. Mientras, funcionarios de la pasada administración han asegurado que no hay ambiente para que el Tesoro continúe avalando ese trato contributivo, a no ser que se transicione a lo que se conoce en inglés como “modified source income rule”. Esto último dejaría menos recaudos al erario público que el arbitrio del 4%.

Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por la ley federal Promesa requirió al gobierno de Puerto Rico no considerar en sus proyecciones de ingresos los más de $2,000 millones anuales que se recaudan bajo este arbitrio a falta de un proyecto de ley que extienda la vigencia del arbitrio.

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A preguntas de la prensa, Rosselló aseguró que se reunió con representantes de todas las industrias que pagan el impuesto a nivel local, previo a presentar la medida que incluye la extensión del arbitrio.

“Lejos de hacerlo sin consultar, nos sentamos, les establecimos lo que iba a ser nuestra pauta porque queremos predicar y actuar lo que predicamos, que es transparencia y dejarle saber a los distintos protagonistas en este esfuerzo de lo que va a ocurrir”, explicó el mandatario.