Gobierno solicita propuestas de servicios de asesoramiento para la Comisión de Juegos

(Florian Olivo/Unsplash)
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El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, anunció el miércoles el lanzamiento de una solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para contratar a una firma que provea servicios de consultas o asesoramiento a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 81-2019.

El alcance del trabajo que realizará la firma incluye, principalmente, asistir a la Comisión en la redacción de la reglamentación que regirá sus operaciones y proveerle servicios de asesoramiento a esta en lo que respecta a todas las industrias o actividades bajo su jurisdicción, las cuales incluyen las apuestas deportivas, los concursos de fantasía y juegos electrónicos, conocidos comúnmente como “esports”.

“Este proceso permitirá identificar firmas cualificadas que reúnan los requisitos necesarios para el desarrollo de dicha reglamentación, para autorizar las apuestas en eventos deportivos, concursos de fantasías y juegos electrónicos. Estas actividades representan nuevas formas de apuestas legales y constituyen una nueva fuente de actividad económica e ingresos para el Gobierno”, expresó Marrero en comunicación escrita.

Por otro lado, la firma que se seleccione estará a cargo de desarrollar los procedimientos aplicables a las operaciones de la Comisión, utilizando como ejemplo los procesos desarrollados en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. La firma deberá, además, rendir informes de progreso.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera afirmó “existen un gran interés de empresarios locales y extranjeros en incursionar en este mercado en Puerto Rico. Por esto, es importante que seleccionemos a la empresa que tenga la pericia requerida para guiarnos en el proceso de la redacción de la reglamentación de la Comisión de Juegos para poder desarrollar, lo antes posible un documento robusto y abarcador. Tenemos una gran oportunidad a través de este sector económico. Las proyecciones indican que esta actividad podría reportar ganancias que rondan los $87 millones para el gobierno de Puerto Rico, en un término de cinco años.

Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, José Maymó Azize destacó la importancia del desarrollo de reglamentación de vanguardia que viabilice ágilmente las disposiciones de la Ley 81-2019 en cuanto a la identificación de los eventuales componentes de las diferentes industrias, y así finalmente se permita la participación ciudadana en estas actividades dentro de un marco legal.

El RFP establece que las partes interesadas tienen hasta las 11:59 de la noche (hora de Puerto Rico) del 13 de marzo de 2020 para someter sus propuestas a la dirección electrónica que aparece en el RFP. Para descargar el documento del RFP, los interesados deben acceder a aafaf.pr.gov.




Publicista Edwin Miranda intentó disfrazar su trabajo de propaganda, pero informes lo desmienten

El publicista Edwin Miranda es uno de las 14 personas que Justicia refirió al FEI por su participación en el chat de Telegram entre Ricardo Rosselló y allegados. (Foto tomada de Twitter/ronaldavilapr)
El publicista Edwin Miranda es uno de las 14 personas que Justicia refirió al FEI por su participación en el chat de Telegram entre Ricardo Rosselló y allegados. (Foto tomada de Twitter/ronaldavilapr)

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

Pese a que en sus declaraciones tras la publicación del chat de Telegram el publicista Edwin Miranda Reyes aseguró que el trabajo político discutido en dichas conversaciones fue facturado y pagado por el Comité Ricardo Rosselló, durante el periodo incluido en las 889 páginas no se emitieron cheques ni se consignaron cuentas por cobrar a nombre de la agencia de publicidad de Miranda, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Miranda es una de las 14 personas que fueron referidas el pasado viernes, 10 de enero por el Departamento de Justicia al Fiscal Especial Independiente para que se investigue si cometieron delitos. 

El CPI tuvo acceso a los informes de ingresos y gastos sometidos por el comité político de Ricardo Rosselló a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en los que por Ley, todo candidato somete trimestralmente el dinero recaudado por su comité mediante donaciones o actividades políticas, así como todo gasto por servicios recibidos, se haya pagado o tenga pago pendiente al proveedor. 

Miranda Reyes dijo el 12 de julio de 2019 mediante declaraciones escritas: “La agencia de FP+1 es la encargada de prestar servicios de publicidad al Comité de Ricardo Rosselló para los propósitos vinculados a la promoción de asuntos políticos. Es esa empresa la que se encarga de promociones en las redes sociales. Los gastos relacionados con esos servicios son constatados, facturados y pagados por el comité”. 

Sin embargo, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, periodo que comprende el extracto del chat publicado por el CPI, el Comité Ricardo Rosselló no incluye en sus informes a la OCE ningún pago a la agencia FP+1, propiedad de Miranda Reyes y encargada de hacer el trabajo publicidad de la campaña política. FP+1 tampoco aparece como una cuenta por pagar, que es el proceso para consignar que se recibió un servicio por el cual aún no se ha emitido pago.

Una revisión de las 889 páginas demuestra que hubo un esfuerzo continuo de propaganda para resaltar la figura del entonces gobernante desde la óptica partidista mediante las intervenciones del publicista en asuntos de Gobierno. En el chat, Miranda Reyes jugó un papel importante en el reclutamiento y activación de seguidores PNP para realizar labores de corte partidista en las redes sociales, al tiempo que opinaba y ofrecía recomendaciones para atender asuntos relacionados con la administración pública.

En sus primeras declaraciones escritas luego de que se comenzaran a filtrar partes de las conversaciones en Telegram, Miranda Reyes trató de proyectar que ningún integrante del equipo de KOI Américas o KOI Arise, que se supone que cobraban de contratos con agencias de Gobierno, habría sido activado para votar o participar de sondeos para realzar la figura de Rosselló o su administración. 

No obstante, es el propio secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, quien afirmó en el chat que al menos uno de los empleados de KOI participaba activamente en las redes sociales compartiendo las gráficas y el trabajo creativo de la agencia de publicidad de Miranda Reyes. El 8 de diciembre y en respuesta a Edwin Miranda, Rosario menciona que Luis Ramos es empleado de KOI y “que tiene una habilidad increíble pa[sic] sacar por techo a alguien”. Esto confirma la participación de empleados de KOI, y no de FP+1, en las publicaciones de propaganda en las redes sociales.

(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)
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Miranda Reyes compartió otra publicación de Luis Ramos, en la que recomienda a los integrantes del chat que leyeran los comentarios.

(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)
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Luego de que el CPI publicara el tracto de 889 páginas del intercambio de Rosselló Nevares y su equipo más cercano, Miranda Reyes reiteró en una entrevista con El Nuevo Día que los trabajos que hizo por instrucciones del entonces gobernador y de funcionarios, como el entonces secretario de Asuntos Públicos y el principal asesor legal de La Fortaleza, Ramón Rosario y Alfonso Orona, eran en calidad de publicista del comité político, ya que alegadamente en ese momento KOI ya no prestaba servicios a La Fortaleza.

En esa entrevista publicada el 16 de julio de 2019, Miranda Reyes insistía en que el chat era más bien para discutir asuntos políticos. Sin embargo, una revisión del CPI al chat publicado confirma que el publicista participó en la discusión de estrategias para contrarrestar la opinión pública negativa en temas gubernamentales como seguridad, la dirección de Mario Marazzi en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico e iniciativas del Departamento de Educación, entre otros.

Como parte de esa intervención directa en asuntos públicos – más allá de lo político partidista – el intercambio publicado evidencia que el publicista compartió información sobre asuntos de Gobierno, como la controversia por las peleas de gallo, y asesoró en cómo manejar el discurso público relacionado al retraso en el proceso de los fondos federales para la reconstrucción luego del huracán María. 

Sobre este tema, Miranda Reyes propuso que en la cuenta de Twitter de Rosselló Nevares  respondiera al requerimiento de la Junta de Control Fiscal de imponer el requisito de trabajo para los recipientes del PAN para aclarar que era una iniciativa de su administración.

(Centro de Periodismo Investigativo)
(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)

Otro ejemplo de su participación en asuntos oficiales  – no como publicista del comité político del entonces gobernador – fue su gestión luego de un anuncio de Rosselló Nevares el 2 de diciembre de 2018 sobre los proyectos que se desarrollarían en cerca de 200 planteles escolares cerrados, un intento de proyectar positivamente la política pública de recortes para alegadamente buscar ahorros. 

Al día siguiente y al no obtener la divulgación que esperaba, Rosselló Nevares instruye a “mover en las redes los mapas” y hacer un vídeo. También se discute emitir un comunicado de prensa de los alcaldes federados sobre el tema y la necesidad de conseguir entrevistas en los medios.

(Centro de Periodismo Investigativo)
(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)

“Ayer le pedí a Lou, para montar video viejo con las notas desde 2017, la noticia de ayer y los mapas; pero no podía. Los muchachos de la agencia lo tienen en cue (sic) para hacerlo esta mañana”, responde el publicista a las 6:54 A.M. del 3 de diciembre de 2018 a Rosselló Nevares. 

Unas horas más tarde, a las 10:02 a.m. Miranda Reyes publicó en el chat el mapa que pidió el exgobernante, comentando: “Editable de mapa para entrevista sobre traspaso de escuelas”.   

Posteriormente, al conocer que el secretario de Asuntos Públicos estaba trabajando un comunicado de prensa a nombre de los alcaldes, el publicista responde: “Y estoy haciendo video para que algún jefe de agencia o alcalde lo tire y dándole por aire, mar y tierra a Sondeo NotiUno. SAAAAAAAALSA!”, lee el comentario publicado a las 10:20 a.m. Es decir, este tipo de gestión no era hecha para alguna agencia de Gobierno, sino para propaganda política usando a alcaldes y jefes de agencia para resaltar la imagen pública del entonces gobernador. 

Aunque las firmas de publicidad de Miranda Reyes no tuvieron contratos directos con la Oficina del Gobernador luego del 30 de junio de 2018, el publicista continuó haciendo trabajo gubernamental para actividades de La Fortaleza. 

Por ejemplo, sin tener contratos con La Oficina del Gobernador ni con el Departamento de Seguridad Pública, Miranda Reyes participó en la discusión del chat sobre el alza en la criminalidad en enero de 2019, la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses y cómo contrarrestar los problemas de imagen del entonces secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, a quien en los sondeos de opinión pública se le reclamaba su renuncia.  

Además, el publicista propuso contenido de tres aspectos que, a su juicio, el Departamento de Seguridad Pública no había destacado sobre el Negociado de Ciencias Forenses. Menciona a la agencia Ballori y propone que ayude en la cumbre, presumiblemente la Cumbre de Seguridad que anunció Rosselló Nevares a raíz de los asesinatos y tiroteos a  plena luz del día que se reportaron en esas fechas. La Cumbre de Seguridad se llevó a cabo el 23 de enero de 2019 en el Centro de Convenciones en Miramar.

La preocupación de Miranda Reyes y sus compañeros del chat era resaltar la figura del entonces gobernador ante cualquier asunto que se publicara o se discutiera en los medios y en las redes sociales.  

Caso de cónyuge Dalmau podría ser uno de los posibles delitos 

El chat también revela que la administración de Ricardo Rosselló indagó sobre la oposición y sus familiares para obtener información que posteriormente era compartida en las redes sociales por cuentas vinculadas a un ejército de comunicadores para generar opinión pública adversa y contrarrestar la fiscalización.

Tal es el caso Griselle Morales, esposa del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, a quien Carlos Bermúdez hace referencia por su puesto  en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). 

Un tuit del Senador criticando a Rosselló Nevares provocó la activación en busca de información sobre las finanzas de su cónyuge para cuestionar la validez de sus planteamientos alegando que Morales supuestamente ganaba tres veces el sueldo del ex gobernante. La información era falsa, pues fue sacada del resumen de los estados financieros sometidos por ésta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que incluye la totalidad de los ingresos de la unidad familiar y no el salario que devenga el funcionario. 

El exmandatario intervino directamente en el momento en que se discutía la intención de sustituir a la esposa del Senador independentista en el puesto que ha ocupado durante años en OCIF. 

El sábado, 12 de enero de 2019 a las 9:56 p.m., el entonces asesor en comunicaciones de Fortaleza, Carlos Bermúdez compartió una publicación en Twitter con una foto de Dalmau y su cónyuge en que se le llama pelafustán.

(Centro de Periodismo Investigativo)
(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)

“La esposa de Juan gana mas (sic) tres veces el salario del gobernador, y del de su esposo. Y este pelefustan (sic) se atreve a cuest…”, lee el tuit de la cuenta de Wilo Ramos compartido por Bermúdez.

“Mas (sic) que esto deberíamos darle ese puesto a un PNP”, comenta Bermúdez.

Es entonces cuando Rosselló Nevares interviene para preguntar: “Que (sic) puesto es?”.

Bermúdez le responde a Rosselló Nevares que averiguará, pero que cree que es de confianza, luego que el entonces secretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín informara que Morales trabajaba en OCIF.

“Le hemos dado duro desde esta mañana con el dato que me dio Ramon (sic) y que luego Luis Ramos consiguió. Ahora consiguieron fotos ..”, escribe el publicista Edwin Miranda, lo que confirma que luego de las críticas publicadas por Dalmau, el empleado de KOI Luis Ramos obtuvo información para atacarlo en las redes.

(Centro de Periodismo Investigativo)
(Suministrada/Centro de Periodismo Investigativo)

En cuestión de dos minutos, Miranda publicó la captura de pantalla de la sección del Resumen Financiero de aquellos servidores públicos que tienen la obligación de rendir informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) destacando la línea del total de salarios, compensaciones y otros ingresos de la cónyuge de Dalmau para el  2017.

Es decir, inmediatamente el exmandatario pregunta por Morales, los allegados del chat se movilizaron para conseguir información adicional disponible en la página de la OEG. 

Según un aviso al inicio de esta sección, este resumen surge de la información provista por el servidor público a través del Sistema de Presentación de Informes Financieros, como dispone la Ley de Ética Gubernamental.

De acuerdo con el análisis del chat realizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico este sería uno de los siete posibles delitos identificados en el tracto de la conversación, ya que viola el Art.157 del Código Penal que prohíbe la recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo.




Wanda Vázquez asegura quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) y posible gobernadora, Wanda Vázquez Garced alegó el viernes que quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades que le impediría asumir ese cargo cuando se concrete la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes, 2 de agosto.

“Nuevamente continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.

“Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, insistió.

Indicó que la secretaria de Justicia tiene una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no puede ventilar las mismas públicamente.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, finalizó la secretaria.

Accede las publicaciones de “En blanco y negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2K4Dd3f y https://bit.ly/2JVUih0 .




Senado aprueba medida que prohibirá a patronos indagar informes crediticios de trabajadores

El Senado aprobó, unánimemente, la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado”, que propone prohibir a los patronos o futuros empleadores indagar el informe crediticio de trabajadores o aspirantes a un empleo y utilizarlo como criterio para evaluarlos, anunció el portavoz de la mayoría en el Senado y autor de la medida, Carmelo Ríos Santiago, en declaraciones escritas el lunes.

Sobre el Proyecto del Senado 1134, Ríos apuntó que “desafortunadamente, en ocasiones, esta práctica ha provocado que personas extremadamente cualificadas no sean consideradas para el empleo por ostentar una puntuación baja en la empírica de su crédito. En momentos donde existe una crisis económica a nivel mundial, este requisito limita aún más el acceso a un empleo digno para quienes buscan un mejor futuro. Con la aprobación de esta medida, garantizaremos que ningún trabajador sea discriminado, logrando que se mida su capacidad de forma justa y no basada en el crédito”, señaló Ríos Santiago.

Por otro lado, la medida expone que habrá ciertos casos en los que se justificará que los empleadores puedan solicitar dicho informe. Entre estos, están los trabajadores que por ley les sea requerida dicha información, que ocupen puestos gerenciales, quienes laboren para el Departamento de Justicia o sean agentes del orden público. También, trabajadores de la Rama Judicial y puestos que impliquen emitir pagos, cobrar deudas, transferir dinero o realizar alguna contratación a nombre del patrono. Sin embargo, previo a proceder, deberán notificarle de forma escrita al empleado o candidato para que tenga conocimiento de dicha gestión.

La pieza legislativa detalla que tampoco se podrá despedir, negar beneficios, compensación o ascenso a empleados que confronten problemas con su crédito. De hecho, quienes violenten este estatuto se exponen a multas que irán desde $1,000 para la primera infracción hasta $2,500 por cada infracción subsiguiente.

En varios estados como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada y Washington se ha regulado dicha práctica.




Middle States mantiene a los 11 recintos de la UPR en “show cause”

El comité evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) decidió recomendar la extensión de mostrar causa (“show cause”, en inglés) para los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo que incluye una extensión de “buena causa” de un año para los ocho recintos que estaban próximos a cumplir el límite de dos años que dispone la ley federal.

Según detallan las cartas enviadas a los rectores con fecha del 14 de marzo, los recintos deberán presentar el 1 de septiembre informes de “show cause”, así como la actualización de los planes de “Teach Out”, en los que los recintos deben detallar cuál sería el proceso académico y administrativo en caso de perder la acreditación. A la entrega de los informes deberá seguir una visita a los recintos por parte del comité evaluador de la MSCHE.

La carta también detalla la decisión de la MSCHE de conceder lo que se denomina como extensión de “buena causa”, recurso que se utiliza cuando las instituciones han consumido los dos años que permite la ley federal para que una institución se encuentre bajo incumplimiento.

La comisión acreditadora indicó que su decisión se basa en que los recintos todavía permanecen en incumplimiento por el Requisito de Afiliación 11, que atiende los temas de planificación interna y documentación de los recursos y el Estándar de Acreditación VI, referente a la evaluación sobre si los recintos tienen suficientes recursos institucionales para cumplir su misión.

Por otro lado, la MSCHE decidió que los recintos están en cumplimiento del Requisito de Afiliación 14 que atiende el acceso de información para la comisión sobre los documentos institucionales. Los recintos entraron en incumplimiento de este requerimiento en enero del presente año cuando la administración no cumplió con la fecha límite para entregar los estados financieros auditados.

El caer en incumplimiento de dicho requisito fue el catalítico para que todos los recintos fueran puestos en “show cause”. Eso incluyó los recintos de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Utuado y Río Piedras que llevaban en probatoria desde mayo de 2017 y los recintos de Aguadilla, Ciencias Médicas y Mayagüez, los cuales si bien tenían que entregar informes, no estaban clasificados bajo probatoria.

Mediante comunicado de prensa, el presidente de la institución, Jorge Haddock, recalcó que los recintos siguen acreditados durante este proceso y que la determinación de la MSCHE es muestra del compromiso de la administración universitaria.

Haddock añadió “a su vez, evidencia la seriedad con la cual todos los recintos, rectores y sus equipos de trabajo están llevando a cabo el proceso de acreditación, que no solo es un procedimiento necesario para cumplir con requisitos federales sino que representa una validación de la calidad y la excelencia de nuestros programas académicos, proyectos de investigación, infraestructura y el servicio que con tanto esmero proveemos a la comunidad. Hemos trabajado fuertemente y estamos complacidos con la labor realizada, mas no descansaremos hasta lograr la renovación por el periodo completo. Estamos dando pasos firmes en la dirección correcta”.

Además de los requisitos con la Comisión, la UPR recibió una extensión hasta el 30 de abril para entregar los estados financieros auditados y la auditoría de uso de fondos federales para el año fiscal 2018, que se deberán entregar al Departamento de Educación federal.

En cuanto a los informes de la MSCHE, éstos deberán incluir evidencia de “la calidad de la experiencia de aprendizaje del estudiante no se ha visto comprometida en la institución, 2) la institución tiene el potencial de remediar los asuntos de incumplimiento identificados por la MSCHE dentro del periodo de extensión, 3) la institución ha desarrollado planes razonables para cumplir con las expectativas de reafirmación de la Comisión dentro del periodo de extensión, 4) la UPR tiene el apoyo de la Administración Central de la institución, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y de otras entidades para el cumplimiento institucional en curso, y 5) la institución ha sido afectada por otras circunstancias fuera de su control”, detallan las misivas enviadas a los recintos.




Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional

Agentes federales llevaron a cabo un allanamiento el miércoles en el Banco San Juan Internacional, según se informó.

Informes detallan que la institución está ubicada en el área de San Patricio en Guaynabo y que el allanamiento es por un alegado esquema de lavado de dinero.

En la intervención colaboran agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según Douglas Leff, agente especial del FBI, el allanamiento se debe a que el Banco ha llevado a cabo transacciones económicas con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela. “Es un caso potencial de lavado de dinero”, sostuvo.

En el allanamiento se esperan ocupar documentos y computadoras que sustenten las alegaciones.

Entretanto, el principal oficial financiero del Banco San Juan Internacional, Héctor Vázquez Muñiz, rechazó enérgicamente las referencias que los medios han realizado contra la institución bancaria durante el allanamiento que hiciera el FBI.

“Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”, indicó la institución bancaria en declaraciones escritas.

“El Banco confía en que ha cumplido con todas las sanciones de los Estados Unidos contra individuos venezolanos y entidades relacionadas con el gobierno”, añadió.

“Nosotros rechazamos cada una de las imputaciones que se han hecho en los medios de comunicación y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en el requerimiento de cualquier otro tipo de información que se haga, producto de la investigación que están realizando”, expresó Vázquez Muñiz.

“Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación y la que nosotros le podamos proveer, toda esta lamentable situación será aclarada”, concluyó Vázquez Muñiz.




Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

La junta de control fiscal reprendió al gobierno por escrito el lunes por no presentar las reglas, regulaciones y órdenes ejecutivas para la aprobación del ente rector antes de emitirlas.

En los últimos meses, la junta ha expresado que el gobierno no ha cumplido siempre con sus obligaciones en virtud de la ley Promesa y desea “rectificar esta situación de manera cooperativa lo antes posible”.

El 6 de agosto, la junta adoptó una política que requiere que el gobierno presente reglas, regulaciones y políticas, incluidas las órdenes ejecutivas, para su aprobación para garantizar que sean consistentes con el plan fiscal.

“En el último mes, usted ha firmado tres órdenes ejecutivas, 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios de los empleados y, por lo tanto, están sujetas a la Política. Además, cada una de estas órdenes ejecutivas incrementó la compensación o los beneficios de los empleados. Ninguna de estas órdenes ejecutivas se enviaron a la junta “antes de su emisión” para nuestra “previa aprobación”. En consecuencia, la Sección 204 (b)(5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento por parte del gobierno territorial del Plan Fiscal. En consecuencia, la Sección 204 (b) (5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento del Plan Fiscal del gobierno territorial”, escribió la junta al gobernador Ricardo Rosselló.

La junta de control fiscal recordó al gobernador y a otros funcionarios copiaron que la Sección 204 (a)(1)-(2) establece que “a más tardar 7 días laborables después de que [el gobierno] promulgue cualquier ley . . ., el gobernador someterá la ley a la junta” junto con un “estimado formal . . . del impacto, si alguno, que tendrá la ley en los gastos e ingresos” y una “certificación” opinando si la ley es “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”.

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Firmada por el presidente José Carrión, la carta dice que “la última vez que recibimos una ley, un estimado formal y una certificación suya fue el 29 de agosto de 2018 con respecto a la Ley 142. Desde entonces, el gobierno ha promulgado debidamente casi 100 leyes más, todos los cuales fueron promulgados hace más de 7 días laborables. En consecuencia, no ha cumplido con la Sección 204 (a)(1)-(2) para casi 100 leyes porque en ninguna de esas leyes envió la ley, un estimado formal o certificación. Planteamos este mismo problema con usted en una carta con fecha del 13 de septiembre de 2018, con relación a la Ley 204-2018. Sin embargo, no hemos recibido una ley, un estimado formal o una certificación en conformidad con la Sección 204 desde entonces”.

La sección 203 (a) de Promesa también fue señalada al gobernador, recordándole que estipula que debe presentar a la junta un informe que describa “presupuesto e informes reales” a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal y cualquier otra información solicitada por la entidad. El propósito de la disposición es responsabilizar al gobierno del presupuesto certificado y alertar a la junta directiva sobre cualquier desviación del presupuesto certificado, aseguró el panel.

“El Gobierno no presentó el presupuesto completo de la Sección 203 (a) a los informes reales del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el año fiscal 2018. El año pasado, la junta dio conscientemente al gobierno tiempo adicional para cumplir con este requisito debido a la destrucción causada por los huracanes Irma y María. Sin embargo, ha pasado tiempo más que suficiente para que el gobierno pueda cumplir oportunamente con la Sección 203 (a). Para el primer trimestre del año fiscal 2019, recibimos informes parciales de la Sección 203 (a) para el gobierno, AAA y ACT, y nada de AEE o UPR”, expresó la junta.

Según mencionó la junta, para hacer que este informe sea lo más fácil posible, el ente rector creó plantillas sobre el formulario de la Sección 203 (a) para establecer lo que debe llevar el presupuesto y los informes reales.

“Por favor complete y envíe estas plantillas -llenando las columnas de “datos reales” y “variación”- para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 hasta el 21 de diciembre de 2018″, solicitó la junta. Además, pidió que “por favor cree plantillas para la AEE, AAA, UPR y ACT basadas en estas plantillas del gobierno, incluyendo el mismo nivel de detalle, complete y envíe para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 al 21 de diciembre de 2018.”

“Como usted sabe, estos mandatos en Promesa no son opcionales. La junta le pide que cumpla con cada uno de ellos inmediatamente para que la junta no tenga que tomar acción para imponer el cumplimiento”, enfatizó la junta.

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Aafaf a la junta fiscal: Su nueva política no es retroactiva

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) expresó esta semana a la junta de control fiscal que no le proporcionará los decretos de impuestos emitidos a las empresas manufactureras después de junio de 2017 para su aprobación.

En una carta dirigida al consejero general del ente rector, Jaime El Koury, el director de Aafaf, Christian Sobrino, dijo que después de que la junta de control fiscal hiciera pública la solicitud, recibió numerosas expresiones de preocupación por parte de las empresas manufactureras, desarrollo de vivienda y firmas turísticas sobre la implementación de la nueva política de la junta para estar al tanto de los documentos sobre los decretos de impuestos.

Sobrino le dijo a la junta que tiene el poder -bajo la ley Promesa- de aprobar o no impuestos a los decretos antes de su ejecución, pero no después de que se hayan conferido. En cambio, dijo que Aafaf solo presentará informes sobre esos decretos.

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Junta fiscal informa a la AEE y AAA presupuestos violan planes fiscales certificados

La junta de control fiscal envió avisos el lunes a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informándoles que sus respectivos presupuestos están en violación de los planes fiscales certificados.

La junta brindó a ambas corporaciones públicas hasta el miércoles para presentar los presupuestos o de lo contrario certificará su propio presupuesto para el 17 de agosto.

El ente rector expresó que reconoce que la administración de la AEE ha estado en conversaciones con la junta de control fiscal antes de la certificación del presupuesto del 17 de agosto de 2018 pero, no obstante, dijo que el presupuesto presentado el 6 de agosto no cumple con el plan fiscal de la corporación pública.

La junta de control fiscal dijo que la AEE tiene gastos presupuestados inconsistentes en comparación con los descritos en el Plan Fiscal. Específicamente, la junta dijo que el presupuesto “no cumple con los gastos laborales de operación y mantenimiento según lo establecido en el Plan Fiscal de la junta de control fiscal para salarios y sueldos, pago de horas extras, eliminación de bonos de Navidad y el límite de $125 por mes por persona en los costos sobre beneficios médicos.

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El presupuesto también “no cumple con varias guías de hitos presupuestarios requeridos” Ciertos documentos clave y puntos de datos requeridos para las pruebas de razonabilidad de las proyecciones y los informes presupuestarios reales todavía están pendientes”.

La junta requirió a la AEE que revise el presupuesto para incluir un desglose de los gastos operacionales sobre la mano de obra y mantenimiento, incluyendo los montos asignados para el bono de Navidad y las contribuciones al seguro médico, junto con cualquier información y documentación de respaldo.

Por otro lado, la junta le dijo a AAA que las aportaciones macroeconómicas de su presupuesto eran inconsistentes con los números del gobierno de Puerto Rico.

El presupuesto “no incluye insumos macroeconómicos consistentes con el Nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico según lo certifica la junta de control fiscal” e “incluye pagos de bonos de Navidad a los empleados”.

El consejo solicitó a la AAA que presente un desglose de los gastos operacionales sobre la mano de obra y mantenimiento, incluyendo los montos asignados para el bono de Navidad y las contribuciones al seguro médico, junto con cualquier información y documentación de respaldo.

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Secretario de la Gobernación negocia intercambios para centralizar sistemas del gobierno

Además de participar como orador en una convención de auditores, el Secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, se encuentra en Utah negociando intercambios de recursos para la ardua labor de centralizar los sistemas de información financiera del gobierno de Puerto Rico.

Durante una entrevista con CB en Español, Maldonado expresó que el lunes ofrecerá una charla en la Convención de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros que se lleva a cabo en Salt Lake City sobre el proyecto de digitalización del gobierno de Puerto Rico.

Este proyecto ya lleva más de un año en preparativos pero se había paralizado debido al huracán María que azotó la isla el pasado mes de septiembre. La junta de control fiscal impuso como requisito dentro del Plan Fiscal del Gobierno del 29 de junio que los sistemas de contabilización del gobierno se encuentren unificados para el 2020. Además, le requirió al gobierno la publicación de ciertos informes mensuales sobre el presupuesto.

Raúl Maldonado asegura transformará Secretaría de la Gobernación

“Vamos a centralizar el sistema de información financiera de contabilidad del gobierno. Ahora mismo ninguna agencia se comunica y eso nos dificulta sacar estados financieros a tiempo”, sostuvo Maldonado, quien es director de la oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), entidad que tiene a cargo los presupuestos.

El programa también ayudará a agilizar la entrega de los estados financieros auditados del gobierno. Al presente, un equipo de auditores está trabajando para completar los estados financieros auditados de 2016 y comenzar los estados financieros auditados de 2017.

Existen varias firmas locales participando del proyecto de digitalización, el cual cuenta con unos $100 millones autorizados por la junta, de los cuales unos $50 millones fueron asignados en el presupuesto del actual año fiscal que comenzó el 1ro de julio.

Maldonado dijo que ya tiene acuerdos con el Departamento del Tesoro federal y con el estado de Nueva York para que se le asignen recursos al proyecto. El Tesoro federal asignará seis asesores. También se espera un acuerdo con el estado de Michigan.

El también exsecretario de Hacienda dijo que como parte de su visita a Utah se le presentará un video en forma de agasajo a aquellos estados que ayudaron a Puerto Rico con recursos para recuperarse del huracán María. El video mostrará a Puerto Rico antes y después del huracán para que vean “que estamos listos para hacer negocios”.

Principal Oficial Financiero de Puerto Rico se encargará de los presupuestos del gobierno