Wanda Vázquez asegura quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) y posible gobernadora, Wanda Vázquez Garced alegó el viernes que quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades que le impediría asumir ese cargo cuando se concrete la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes, 2 de agosto.

“Nuevamente continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.

“Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, insistió.

Indicó que la secretaria de Justicia tiene una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no puede ventilar las mismas públicamente.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, finalizó la secretaria.

Accede las publicaciones de “En blanco y negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2K4Dd3f y https://bit.ly/2JVUih0 .




Senado aprueba medida que prohibirá a patronos indagar informes crediticios de trabajadores

El Senado aprobó, unánimemente, la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado”, que propone prohibir a los patronos o futuros empleadores indagar el informe crediticio de trabajadores o aspirantes a un empleo y utilizarlo como criterio para evaluarlos, anunció el portavoz de la mayoría en el Senado y autor de la medida, Carmelo Ríos Santiago, en declaraciones escritas el lunes.

Sobre el Proyecto del Senado 1134, Ríos apuntó que “desafortunadamente, en ocasiones, esta práctica ha provocado que personas extremadamente cualificadas no sean consideradas para el empleo por ostentar una puntuación baja en la empírica de su crédito. En momentos donde existe una crisis económica a nivel mundial, este requisito limita aún más el acceso a un empleo digno para quienes buscan un mejor futuro. Con la aprobación de esta medida, garantizaremos que ningún trabajador sea discriminado, logrando que se mida su capacidad de forma justa y no basada en el crédito”, señaló Ríos Santiago.

Por otro lado, la medida expone que habrá ciertos casos en los que se justificará que los empleadores puedan solicitar dicho informe. Entre estos, están los trabajadores que por ley les sea requerida dicha información, que ocupen puestos gerenciales, quienes laboren para el Departamento de Justicia o sean agentes del orden público. También, trabajadores de la Rama Judicial y puestos que impliquen emitir pagos, cobrar deudas, transferir dinero o realizar alguna contratación a nombre del patrono. Sin embargo, previo a proceder, deberán notificarle de forma escrita al empleado o candidato para que tenga conocimiento de dicha gestión.

La pieza legislativa detalla que tampoco se podrá despedir, negar beneficios, compensación o ascenso a empleados que confronten problemas con su crédito. De hecho, quienes violenten este estatuto se exponen a multas que irán desde $1,000 para la primera infracción hasta $2,500 por cada infracción subsiguiente.

En varios estados como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada y Washington se ha regulado dicha práctica.




Middle States mantiene a los 11 recintos de la UPR en “show cause”

El comité evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) decidió recomendar la extensión de mostrar causa (“show cause”, en inglés) para los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo que incluye una extensión de “buena causa” de un año para los ocho recintos que estaban próximos a cumplir el límite de dos años que dispone la ley federal.

Según detallan las cartas enviadas a los rectores con fecha del 14 de marzo, los recintos deberán presentar el 1 de septiembre informes de “show cause”, así como la actualización de los planes de “Teach Out”, en los que los recintos deben detallar cuál sería el proceso académico y administrativo en caso de perder la acreditación. A la entrega de los informes deberá seguir una visita a los recintos por parte del comité evaluador de la MSCHE.

La carta también detalla la decisión de la MSCHE de conceder lo que se denomina como extensión de “buena causa”, recurso que se utiliza cuando las instituciones han consumido los dos años que permite la ley federal para que una institución se encuentre bajo incumplimiento.

La comisión acreditadora indicó que su decisión se basa en que los recintos todavía permanecen en incumplimiento por el Requisito de Afiliación 11, que atiende los temas de planificación interna y documentación de los recursos y el Estándar de Acreditación VI, referente a la evaluación sobre si los recintos tienen suficientes recursos institucionales para cumplir su misión.

Por otro lado, la MSCHE decidió que los recintos están en cumplimiento del Requisito de Afiliación 14 que atiende el acceso de información para la comisión sobre los documentos institucionales. Los recintos entraron en incumplimiento de este requerimiento en enero del presente año cuando la administración no cumplió con la fecha límite para entregar los estados financieros auditados.

El caer en incumplimiento de dicho requisito fue el catalítico para que todos los recintos fueran puestos en “show cause”. Eso incluyó los recintos de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Utuado y Río Piedras que llevaban en probatoria desde mayo de 2017 y los recintos de Aguadilla, Ciencias Médicas y Mayagüez, los cuales si bien tenían que entregar informes, no estaban clasificados bajo probatoria.

Mediante comunicado de prensa, el presidente de la institución, Jorge Haddock, recalcó que los recintos siguen acreditados durante este proceso y que la determinación de la MSCHE es muestra del compromiso de la administración universitaria.

Haddock añadió “a su vez, evidencia la seriedad con la cual todos los recintos, rectores y sus equipos de trabajo están llevando a cabo el proceso de acreditación, que no solo es un procedimiento necesario para cumplir con requisitos federales sino que representa una validación de la calidad y la excelencia de nuestros programas académicos, proyectos de investigación, infraestructura y el servicio que con tanto esmero proveemos a la comunidad. Hemos trabajado fuertemente y estamos complacidos con la labor realizada, mas no descansaremos hasta lograr la renovación por el periodo completo. Estamos dando pasos firmes en la dirección correcta”.

Además de los requisitos con la Comisión, la UPR recibió una extensión hasta el 30 de abril para entregar los estados financieros auditados y la auditoría de uso de fondos federales para el año fiscal 2018, que se deberán entregar al Departamento de Educación federal.

En cuanto a los informes de la MSCHE, éstos deberán incluir evidencia de “la calidad de la experiencia de aprendizaje del estudiante no se ha visto comprometida en la institución, 2) la institución tiene el potencial de remediar los asuntos de incumplimiento identificados por la MSCHE dentro del periodo de extensión, 3) la institución ha desarrollado planes razonables para cumplir con las expectativas de reafirmación de la Comisión dentro del periodo de extensión, 4) la UPR tiene el apoyo de la Administración Central de la institución, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y de otras entidades para el cumplimiento institucional en curso, y 5) la institución ha sido afectada por otras circunstancias fuera de su control”, detallan las misivas enviadas a los recintos.




Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional

Agentes federales llevaron a cabo un allanamiento el miércoles en el Banco San Juan Internacional, según se informó.

Informes detallan que la institución está ubicada en el área de San Patricio en Guaynabo y que el allanamiento es por un alegado esquema de lavado de dinero.

En la intervención colaboran agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y de la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según Douglas Leff, agente especial del FBI, el allanamiento se debe a que el Banco ha llevado a cabo transacciones económicas con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela. “Es un caso potencial de lavado de dinero”, sostuvo.

En el allanamiento se esperan ocupar documentos y computadoras que sustenten las alegaciones.

Entretanto, el principal oficial financiero del Banco San Juan Internacional, Héctor Vázquez Muñiz, rechazó enérgicamente las referencias que los medios han realizado contra la institución bancaria durante el allanamiento que hiciera el FBI.

“Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”, indicó la institución bancaria en declaraciones escritas.

“El Banco confía en que ha cumplido con todas las sanciones de los Estados Unidos contra individuos venezolanos y entidades relacionadas con el gobierno”, añadió.

“Nosotros rechazamos cada una de las imputaciones que se han hecho en los medios de comunicación y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en el requerimiento de cualquier otro tipo de información que se haga, producto de la investigación que están realizando”, expresó Vázquez Muñiz.

“Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación y la que nosotros le podamos proveer, toda esta lamentable situación será aclarada”, concluyó Vázquez Muñiz.




Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

La junta de control fiscal reprendió al gobierno por escrito el lunes por no presentar las reglas, regulaciones y órdenes ejecutivas para la aprobación del ente rector antes de emitirlas.

En los últimos meses, la junta ha expresado que el gobierno no ha cumplido siempre con sus obligaciones en virtud de la ley Promesa y desea “rectificar esta situación de manera cooperativa lo antes posible”.

El 6 de agosto, la junta adoptó una política que requiere que el gobierno presente reglas, regulaciones y políticas, incluidas las órdenes ejecutivas, para su aprobación para garantizar que sean consistentes con el plan fiscal.

“En el último mes, usted ha firmado tres órdenes ejecutivas, 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios de los empleados y, por lo tanto, están sujetas a la Política. Además, cada una de estas órdenes ejecutivas incrementó la compensación o los beneficios de los empleados. Ninguna de estas órdenes ejecutivas se enviaron a la junta “antes de su emisión” para nuestra “previa aprobación”. En consecuencia, la Sección 204 (b)(5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento por parte del gobierno territorial del Plan Fiscal. En consecuencia, la Sección 204 (b) (5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento del Plan Fiscal del gobierno territorial”, escribió la junta al gobernador Ricardo Rosselló.

La junta de control fiscal recordó al gobernador y a otros funcionarios copiaron que la Sección 204 (a)(1)-(2) establece que “a más tardar 7 días laborables después de que [el gobierno] promulgue cualquier ley . . ., el gobernador someterá la ley a la junta” junto con un “estimado formal . . . del impacto, si alguno, que tendrá la ley en los gastos e ingresos” y una “certificación” opinando si la ley es “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”.

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Firmada por el presidente José Carrión, la carta dice que “la última vez que recibimos una ley, un estimado formal y una certificación suya fue el 29 de agosto de 2018 con respecto a la Ley 142. Desde entonces, el gobierno ha promulgado debidamente casi 100 leyes más, todos los cuales fueron promulgados hace más de 7 días laborables. En consecuencia, no ha cumplido con la Sección 204 (a)(1)-(2) para casi 100 leyes porque en ninguna de esas leyes envió la ley, un estimado formal o certificación. Planteamos este mismo problema con usted en una carta con fecha del 13 de septiembre de 2018, con relación a la Ley 204-2018. Sin embargo, no hemos recibido una ley, un estimado formal o una certificación en conformidad con la Sección 204 desde entonces”.

La sección 203 (a) de Promesa también fue señalada al gobernador, recordándole que estipula que debe presentar a la junta un informe que describa “presupuesto e informes reales” a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal y cualquier otra información solicitada por la entidad. El propósito de la disposición es responsabilizar al gobierno del presupuesto certificado y alertar a la junta directiva sobre cualquier desviación del presupuesto certificado, aseguró el panel.

“El Gobierno no presentó el presupuesto completo de la Sección 203 (a) a los informes reales del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el año fiscal 2018. El año pasado, la junta dio conscientemente al gobierno tiempo adicional para cumplir con este requisito debido a la destrucción causada por los huracanes Irma y María. Sin embargo, ha pasado tiempo más que suficiente para que el gobierno pueda cumplir oportunamente con la Sección 203 (a). Para el primer trimestre del año fiscal 2019, recibimos informes parciales de la Sección 203 (a) para el gobierno, AAA y ACT, y nada de AEE o UPR”, expresó la junta.

Según mencionó la junta, para hacer que este informe sea lo más fácil posible, el ente rector creó plantillas sobre el formulario de la Sección 203 (a) para establecer lo que debe llevar el presupuesto y los informes reales.

“Por favor complete y envíe estas plantillas -llenando las columnas de “datos reales” y “variación”- para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 hasta el 21 de diciembre de 2018″, solicitó la junta. Además, pidió que “por favor cree plantillas para la AEE, AAA, UPR y ACT basadas en estas plantillas del gobierno, incluyendo el mismo nivel de detalle, complete y envíe para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 al 21 de diciembre de 2018.”

“Como usted sabe, estos mandatos en Promesa no son opcionales. La junta le pide que cumpla con cada uno de ellos inmediatamente para que la junta no tenga que tomar acción para imponer el cumplimiento”, enfatizó la junta.

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Aafaf a la junta fiscal: Su nueva política no es retroactiva

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) expresó esta semana a la junta de control fiscal que no le proporcionará los decretos de impuestos emitidos a las empresas manufactureras después de junio de 2017 para su aprobación.

En una carta dirigida al consejero general del ente rector, Jaime El Koury, el director de Aafaf, Christian Sobrino, dijo que después de que la junta de control fiscal hiciera pública la solicitud, recibió numerosas expresiones de preocupación por parte de las empresas manufactureras, desarrollo de vivienda y firmas turísticas sobre la implementación de la nueva política de la junta para estar al tanto de los documentos sobre los decretos de impuestos.

Sobrino le dijo a la junta que tiene el poder -bajo la ley Promesa- de aprobar o no impuestos a los decretos antes de su ejecución, pero no después de que se hayan conferido. En cambio, dijo que Aafaf solo presentará informes sobre esos decretos.

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Junta fiscal informa a la AEE y AAA presupuestos violan planes fiscales certificados

La junta de control fiscal envió avisos el lunes a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informándoles que sus respectivos presupuestos están en violación de los planes fiscales certificados.

La junta brindó a ambas corporaciones públicas hasta el miércoles para presentar los presupuestos o de lo contrario certificará su propio presupuesto para el 17 de agosto.

El ente rector expresó que reconoce que la administración de la AEE ha estado en conversaciones con la junta de control fiscal antes de la certificación del presupuesto del 17 de agosto de 2018 pero, no obstante, dijo que el presupuesto presentado el 6 de agosto no cumple con el plan fiscal de la corporación pública.

La junta de control fiscal dijo que la AEE tiene gastos presupuestados inconsistentes en comparación con los descritos en el Plan Fiscal. Específicamente, la junta dijo que el presupuesto “no cumple con los gastos laborales de operación y mantenimiento según lo establecido en el Plan Fiscal de la junta de control fiscal para salarios y sueldos, pago de horas extras, eliminación de bonos de Navidad y el límite de $125 por mes por persona en los costos sobre beneficios médicos.

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El presupuesto también “no cumple con varias guías de hitos presupuestarios requeridos” Ciertos documentos clave y puntos de datos requeridos para las pruebas de razonabilidad de las proyecciones y los informes presupuestarios reales todavía están pendientes”.

La junta requirió a la AEE que revise el presupuesto para incluir un desglose de los gastos operacionales sobre la mano de obra y mantenimiento, incluyendo los montos asignados para el bono de Navidad y las contribuciones al seguro médico, junto con cualquier información y documentación de respaldo.

Por otro lado, la junta le dijo a AAA que las aportaciones macroeconómicas de su presupuesto eran inconsistentes con los números del gobierno de Puerto Rico.

El presupuesto “no incluye insumos macroeconómicos consistentes con el Nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico según lo certifica la junta de control fiscal” e “incluye pagos de bonos de Navidad a los empleados”.

El consejo solicitó a la AAA que presente un desglose de los gastos operacionales sobre la mano de obra y mantenimiento, incluyendo los montos asignados para el bono de Navidad y las contribuciones al seguro médico, junto con cualquier información y documentación de respaldo.

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Secretario de la Gobernación negocia intercambios para centralizar sistemas del gobierno

Además de participar como orador en una convención de auditores, el Secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, se encuentra en Utah negociando intercambios de recursos para la ardua labor de centralizar los sistemas de información financiera del gobierno de Puerto Rico.

Durante una entrevista con CB en Español, Maldonado expresó que el lunes ofrecerá una charla en la Convención de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros que se lleva a cabo en Salt Lake City sobre el proyecto de digitalización del gobierno de Puerto Rico.

Este proyecto ya lleva más de un año en preparativos pero se había paralizado debido al huracán María que azotó la isla el pasado mes de septiembre. La junta de control fiscal impuso como requisito dentro del Plan Fiscal del Gobierno del 29 de junio que los sistemas de contabilización del gobierno se encuentren unificados para el 2020. Además, le requirió al gobierno la publicación de ciertos informes mensuales sobre el presupuesto.

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“Vamos a centralizar el sistema de información financiera de contabilidad del gobierno. Ahora mismo ninguna agencia se comunica y eso nos dificulta sacar estados financieros a tiempo”, sostuvo Maldonado, quien es director de la oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), entidad que tiene a cargo los presupuestos.

El programa también ayudará a agilizar la entrega de los estados financieros auditados del gobierno. Al presente, un equipo de auditores está trabajando para completar los estados financieros auditados de 2016 y comenzar los estados financieros auditados de 2017.

Existen varias firmas locales participando del proyecto de digitalización, el cual cuenta con unos $100 millones autorizados por la junta, de los cuales unos $50 millones fueron asignados en el presupuesto del actual año fiscal que comenzó el 1ro de julio.

Maldonado dijo que ya tiene acuerdos con el Departamento del Tesoro federal y con el estado de Nueva York para que se le asignen recursos al proyecto. El Tesoro federal asignará seis asesores. También se espera un acuerdo con el estado de Michigan.

El también exsecretario de Hacienda dijo que como parte de su visita a Utah se le presentará un video en forma de agasajo a aquellos estados que ayudaron a Puerto Rico con recursos para recuperarse del huracán María. El video mostrará a Puerto Rico antes y después del huracán para que vean “que estamos listos para hacer negocios”.

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Junta fiscal publica información financiera actualizada de sus miembros

La junta de control fiscal publicó los informes trimestrales de transacciones periódicas de sus miembros y el personal ejecutivo designado para el cuarto trimestre de 2017, que abarca el periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017.

Según se informó en declaraciones escritas, las divulgaciones del primer, segundo y tercer trimestre de los miembros del ente federal han estado sujetas a revisión y análisis por parte de la Asesora de Ética de la junta de control fiscal, Andrea Bonime-Blanc, antes de ser publicadas.

“La junta de control fiscal está comprometida con las divulgaciones financieras anuales, además de las divulgaciones transaccionales trimestrales de todos sus miembros y el personal ejecutivo designado”, indicó el ente rector en declaraciones escritas.

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También se publicaron las divulgaciones financieras iniciales del representante del gobernador de Puerto Rico a la Junta, Christian Sobrino y su Coordinador de Revitalización, Noel Zamot.

“La Junta continúa cumpliendo con los más estrictos estándares éticos y de transparencia, y sus miembros y el personal siguen comprometidos con presentar de manera proactiva la información pertinente que pueda contribuir al espíritu de divulgación completa establecido en Promesa”, dijo Bonime-Blanc.

Los documentos están disponibles en la página web de la Junta de Supervisión, www.juntasupervision.pr.gov, en la sección “Documentos”.




Guardia Costera atiende treintena de informes de contaminación por embarcaciones tras María

Equipos de salvamento bajo el Comando de Respuesta del huracán María ESF-10 para Puerto Rico aumentaron la cantidad de embarcaciones recuperadas e indicaron que han atendido más de 30 informes de contaminación.

“Los equipos de respuesta han identificado 363 embarcaciones impactadas, 155 de las cuales han sido eliminadas desde entonces. Los equipos han hecho contacto con 181 propietarios, y respondieron a 33 informes de contaminación. Los especialistas en prevención de contaminación han procesado más de 4,500 galones de mezcla de agua aceitosa y recolectaron 37 recipientes de desechos aceitosos de las embarcaciones”, informó el personal de la Guardia Costera en un comunicado.

La Guardia Costera espera que las operaciones se amplíen a lo largo de la costa este de Puerto Rico, donde el equipo ha reconocido 42 embarcaciones afectadas, aproximadamente el 20% de todas las identificadas en la isla. (Suministrada)

Indicaron además, que los equipos levantaron dos embarcaciones hundidas con grúa y sacaron a flote otras dos usando bolsas de aire inflables en Las Croabas en Fajardo. Las embarcaciones serán devueltas a los propietarios identificados sin costo alguno o procesadas para eventualmente disponer de ellas.

Mientras tanto, la Guardia Costera espera que las operaciones se amplíen a lo largo de la costa este de Puerto Rico, donde el equipo ha reconocido 42 embarcaciones afectadas, aproximadamente el 20 por ciento de todas las identificadas en la isla.

María ESF-10 para Puerto Rico está removiendo las embarcaciones dañadas, que representan amenazas de contaminación ambientales, sin costo ni sanción a los propietarios. Bajo la dirección del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el objetivo es eliminar cada embarcación y mitigar el riesgo de salud pública, preservando hábitat nativo, y aumentar la capacidad del gobierno para recuperarse.

Continúan operaciones de salvamento de embarcaciones tras huracán María

Se pide a los propietarios de embarcaciones que llamen a la línea directa del huracán María (786) 521-3900 para solicitar el asistencia gratuita del Comando Unificado, para remover un embarcación, informar un plan de remoción de embarcaciones, o notificar sobre cualquier embarcación que ya haya sido retirada.

El DNRA y la Guardia Costera de los Estados Unidos en unión con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos establecieron un puesto de comando ESF-10 en Puerto Rico el 27 de septiembre, después de que el huracán María azotara la isla el 20 de septiembre.