Junta fiscal radica demandas para recuperar $1 billón de bonistas

David Skeel (centro), miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta de control fiscal radicó demandas para recuperar $1 billón de bonistas, cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional.

Además, se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.

Las demandas ocurren a punto de cumplirse la fecha de prescripción de dos años que tenía específicamente el Estado Libre Asociado luego de haber radicado quiebra el 3 de mayo del 2017 para hacer estos tipos de reclamos. Los nombres de los bonistas demandados no fueron listados sino que aparecen bajo números tales como “demandado 1D” o “demandando 2D” debido a ciertos acuerdos de confidencialidad.

La junta de control fiscal también radicó una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de $9 billones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.

El listado de bancos se compone de Barclays Capital, BofA Securities, Merrill Lynch Capital Services, Inc, Citigroup Inc., Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co., Jefferies Group LLC, Mesirow Financial, Inc., Morgan Stanley, Ramirez & Co., Inc, RBC Capital Markets, Santander Securities, UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico, VAB Financial, BMO Capital Markets, Raymond James, Scotia MSD, and TCM Capital.

Además se demandaron a ANB Bank, Jefferies and Bank LLC, Northern Trust Company/OCH-ZIFF Capital Management, Union Bank and Union Bank Trust Company, Bank of New York Mellon y First Southwest Company. Tambien se demandó a la fima de abogados Sidley Austin LLP de Chicago.

En el caso de UBS, Morgan Stanley y de Merrill Lynch, la demanda también dice que participaron en los llamados “interest rate swaps”, que envuelven el intercambio de intereses entre partes, por los cuales recibieron comisiones ascendentes a un total de unos $394 millones.

Al emitir estos bonos, las entidades demandadas, según la junta de control fiscal, contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.

“La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario,” sostuvo la junta de control fiscal.

Asimismo, la junta de control fiscal radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente.

La junta de control fiscal se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos $2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal.

Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos. La junta de control fiscal entiende muy bien estas preocupaciones, añadió.

Pero las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social.

“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel en declaraciones escritas. “No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.

Asimismo, señaló que la junta de control fiscal no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, dijo que la acción de la junta de control fiscal de demandar la devolución de pagos de suplidores de bienes y servicios tal y como hizo esta semana “hace daño al clima de incertidumbre que vive el país”.

La junta de control fiscal alegó que esos pagos fueron fraudulentos porque el gobierno estaba insolvente cuando se hicieron los mismos y que los demandados debieron de haber sabido de la insolvencia.

“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos del derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios”, dijo Masses.




Declaran culpable a residente de Florida por fraude que causó insolvencia de Westernbank

Un residente de Key Biscayne en la Florida fue declarado culpable esta semana por un jurado federal por su papel en un plan para estafar a Westernbank Puerto Rico de $100 millones y ocasionar su insolvencia y colapso.

El acusado también fue declarado culpable de llevar a cabo un plan para estafar al Mellon United National Bank of Miami (Mellon Bank) por $3 millones.

El Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal, Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Inspector General, Jay N. Lerner de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG), el Agente Especial a cargo de IRS Criminal Investigation (IRS-CI) para Miami y Puerto Rico, Michael de Palma, el Agente Especial a Cargo, Iván J. Arvelo de Inmigración y Aduanas de EE. UU. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan y el Agente Especial a Cargo, Douglas A Leff, de la oficina de campo de San Juan, Puerto Rico del FBI, hicieron el anuncio.

Jack Kachkar, de 55 años, fue declarado culpable de ocho cargos de fraude electrónico que afectaron a una institución financiera. Esto fue después de un juicio que duro tres semanas ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Donald L. Graham del Distrito Sur de Florida. Kachkar está programado para ser sentenciado por el juez Graham el 30 de abril de 2019.

“Jack Kachkar diseñó un esquema de fraude masivo que condujo directamente al fracaso de un importante banco puertorriqueño con más de 1,500 empleados”, dijo el Fiscal General Adjunto Benczkowski. “Quiero felicitar a los fiscales y a nuestros socios de la ley por su trabajo incansable en la investigación de este complejo caso y responsabilizando al acusado por estos delitos”.

“El fraude de Jack Kachkar causó un daño sustancial a los 1,500 empleados de Westernbank y la gente de Puerto Rico”, dijo el abogado estadounidense Fajardo Orshan. “La Oficina del Fiscal de EE.UU. sigue comprometida con el enjuiciamiento de aquellas personas y corporaciones que usan a Miami y otras comunidades del sur de la Florida como su base para operar planes de fraude multinacionales”.

“El veredicto de hoy responsabiliza al demandado por la organización de esquemas fraudulentos que resultaron en más de $100 millones en pérdidas para las instituciones aseguradas y la FDIC como receptor”, dijo el Inspector General Lerner. “La Oficina del Inspector General de la FDIC sigue comprometida con la investigación de casos de engaño y estafas que socavan la integridad de las instituciones financieras, y continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar ante la justicia a quienes cometen tales delitos.




Oficina del Comisionado de Seguros comienza liquidación de Real Legacy Assurance

Por petición de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan, emitió la orden para iniciar el proceso de liquidación de la compañía de seguros, Real Legacy Assurance, Inc., convirtiendo el proceso de rehabilitación previo en una de orden para liquidar los negocios de esta compañía de seguros, bajo la exclusiva supervisión general del foro judicial, trascendió el viernes.

El proceso de liquidación iniciado hoy se rige por las disposiciones del Capítulo 40 del Código de Seguros, las cuales establecen la forma y el orden de prioridad que el liquidador seguirá para la distribución equitativa de los activos disponibles del asegurador insolvente entre los asegurados, reclamantes y acreedores.

“Durante el pasado mes de noviembre y diciembre, el Tribunal autorizó, la venta de la cartera de negocios de Real Legacy en Puerto Rico e Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, respectivamente, en busca de monetizar los activos del asegurador en dinero disponible para honrar al máximo posible las obligaciones de Real Legacy con sus asegurados, reclamantes y acreedores, en protección del mejor interés público”, explicó Javier Rivera Rios, comisionado de Seguros en comunicación escrita.

Explicó que el proceso de liquidación ordenado por el Tribunal activa además la cubierta de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, mecanismo mediante el cual las reclamaciones válidamente exigibles contra el asegurador insolvente Real Legacy podrán ser satisfechas dentro un límite máximo de cubierta de trescientos mil dólares ($300,000) por evento reclamado, o un millón de dólares ($1,000,000) en agregado. La Asociación de Garantía se considerará como el asegurador hasta tales límites con respecto a las reclamaciones pendientes contra Real Legacy.

Es importante destacar que todo reclamante, asegurado o acreedor, aun cuando haya sometido previamente su reclamación al asegurador Real Legacy o posea un pleito pendiente en el tribunal, deberá completar y presentar ante el Liquidador Auxiliar designado por el Comisionado, el Formulario de Reclamación, no más tarde de 90 días, a partir de la fecha de emitida la Orden. El Formulario de Reclamación estará disponible en la página de Internet de la Oficina del Comisionado de Seguros, en la siguiente dirección: http://ocs.pr.gov.

De no presentar el Formulario de Reclamación al Liquidador Auxiliar, en o antes del término de 90 días, a partir de la fecha de emitida la Orden de Liquidación, el orden de prioridad y distribución en el pago de la reclamación se podrá afectar por considerarse la misma tardía.

“Es importante que todo asegurado de Real Legacy que tenga una reclamación pendiente que no haya sido pagada actúe con prontitud completando y presentando este formulario según se indica para que el orden de prioridad en atender la reclamación no se vea perjudicado,” finalizó Rivera Ríos.

El Formulario de Reclamación, debidamente cumplimentado, podrá ser presentado personalmente en las facilidades del Asegurador en Liquidación ubicadas en Metro Office Park, Lote 1, Piso 2, Guaynabo, PR o por correo al P.O. Box 71467, San Juan, Puerto Rico 00936-8567.