Gobernadora y comisionada residente impulsan legislación federal para consolidar la manufactura

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunciaron el lunes, que trabajan en conjunto para impulsar legislación en el Congreso que aseguraría la cadena de suministros médicos a nivel nacional, a la vez que abre las puertas a consolidar la manufactura en la isla, atrayendo inversión a zonas económicamente deprimidas, lo que generaría más empleos y ayudaría a la seguridad nacional.

El proyecto de ley prevé la creación de “Distressed Zones”, que son zonas con niveles de pobreza consistentemente altos. Estas zonas se designan de manera automática cuando los niveles de pobreza alcanzan el 35 por ciento sostenido durante un periodo de 5 años. La medida también provee un proceso de solicitud para que las áreas marginales, con índice de pobreza sostenido entre 30 por ciento y 35 por ciento, puedan obtener la designación de “Distressed Zones”. Una vez un área es designada como tal, su vigencia sería de 15 años.

“Hemos trabajado junto a la comisionada residente una nueva medida que expande beneficios y oportunidades sobre los proyectos anteriormente presentados que crearían incentivos contributivos dentro de zonas con dificultades económicas o ‘Distressed Zones’. Los incentivos contributivos se limitarían al desarrollo o la fabricación de medicamentos y dispositivos médicos dentro de las zonas designadas, y a la compra de productos o servicios de proveedores dentro de una zona para la fabricación de dichos productos. También provee para la creación de incentivos contributivos adicionales para líneas de fabricación o centros de desarrollo que se muden del extranjero a zonas en dificultades económicas, e incentivos contributivos y no-contributivos adicionales para el desarrollo o fabricación dentro de estas zonas de productos de salud para la población. Este proyecto de ley producirá inversión de capital, creación de empleos y crecimiento económico, además de proteger a las poblaciones vulnerables”, expresó la gobernadora en comunicación escrita.

González Colón indicó que la pandemia del coronavirus ha dejado en relieve el alto grado de dependencia de productos médicos y farmacéuticos manufacturados en China y otros países para uso en los Estados Unidos. Esa dependencia en la manufactura extranjera de productos médicos esenciales, especialmente de China, ha provocado acción directa del Congreso con radicación de piezas legislativas para asegurar la línea de suministros médicos y farmacéuticos fabricados en los Estados Unidos y evitar su escasez y dependencia de jurisdicciones foráneas. La comisionada residente es autora y coauspiciadora de algunas de estas medidas con el fin de romper con esa dependencia y asegurar la cadena de suministros a nivel nacional como parte de un paquete de medidas que complementan esta iniciativa.

“Los incentivos que proponemos estarían disponibles a través de los Estados Unidos, en áreas con tasas de pobreza tan altas como las prevalecientes en casi todo Puerto Rico, por lo que tendría mayores posibilidades de convertirse en ley. No obstante, a diferencia de otras áreas en los Estados Unidos que obtendrían la designación, en Puerto Rico, estamos listos hoy para recibir esta nueva producción, con la capacidad laboral y de infraestructura para hacerlo a diferencia de otras jurisdicciones cualificantes.  Más importante aún, es un mecanismo de incentivos amarrados a la creación de empleos”, añadió González Colón.

Las farmacéuticas y manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico que se ubiquen en las “Distressed Zones”, serían elegibles para un crédito contributivo equivalente a la suma de 40 por ciento para salarios y beneficios marginales relacionados con la actividad manufacturera dentro de la “Distressed Zones”;  depreciación del 40 por ciento de las propiedades de fabricación puestas en servicio dentro de la zona en dificultades; y 30 por ciento de las compras B2B (40 por ciento si se compra a un pequeño negocio minoritario) dentro de una zona para usarlo en la actividad de manufactura en cualquier lado.

Si la producción se traslada a una “Distressed Zones” desde un área determinada por el representante de Comercio de Estados Unidos como posible amenaza para la cadena de suministro nacional, los créditos contributivos que se otorgarían son más altos: 60 por ciento de los salarios y beneficios adicionales, 60 por ciento de depreciación, 50 por ciento / 60 por ciento de compras B2B. Si las manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico se relacionan con los productos de salud para la población, los créditos contributivos son los mismos que si la producción se trasladara del extranjero (es decir, 60 por ciento de salarios y beneficios adicionales, 60 por ciento de depreciación, 50 por ciento / 60 por ciento B2B) compras).

El proyecto de ley también exige que la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA, por sus siglas en inglés) colabore con las agencias federales de salud (HHS, Asuntos de Veteranos, Defensa) para asegurarse de que estas agencias federales ofrezcan un incentivo para crear mercado para estos medicamentos para la salud de la población, incluyendo los que se fabriquen en “Distressed Zones”.

Además, provee para un estudio que determine si el HHS debería recomendar que los medicamentos para la salud de la población desarrollados en las “Distressed Zones” disfruten de períodos prolongados de exclusividad bajo la Ley GAIN; medida aprobada en el 2012 para abordar la amenaza a la salud pública de la resistencia a los medicamentos antibacteriales al estimular el desarrollo y la aprobación de nuevos medicamentos antibacteriales y antifúngicos.

“Al atar los créditos directamente a los empleos y la inversión en las zonas, nos aseguramos de mantener los empleos que existen e incentivar la creación de nuevos empleos. También incentivamos el desarrollo y la fabricación de medicamentos que atienden condiciones de salud que aumentan la mortalidad causadas por pandemias, como lo son la diabetes, hipertensión y otras condiciones de salud prevalecientes en las poblaciones minoritarias a través de los Estados Unidos”, explicó la comisionada.

Vázquez Garced agregó que: “es nuestra prioridad que estas medidas provean desarrollo económico y aporten a la seguridad nacional. Puerto Rico tiene la localización, infraestructura, mano de obra altamente cualificada, amplia experiencia previa en manufactura de productos fármacos y las medidas estarán atadas a promover el desarrollo y creación de empleos”.

Como resultado de la reunión, se acordó crear un comité asesor dirigido conjuntamente por la gobernadora y la comisionada residente para delinear y promover estas medidas, respaldar legislación y esfuerzos por Puerto Rico. Esta medida es una de varias iniciativas a ser radicadas para incentivar la manufactura en Puerto Rico y fomentar a su vez a la isla como HUB de carga aérea.

La gobernadora y la comisionada residente expresaron su respaldo por otras medidas que trabaja el Congreso que la comisionada respalda o es coautora como: H.R. 6482 Protecting Our Pharmaceutical Supply Chain from China Act of 2020 para mantener una lista de los países de origen de todos los medicamentos mercadeados en los Estados Unidos y prohibir el uso de fondos federales para comprar las drogas manufacturadas en China; H.R. 6708 Securing America’s Medicine Cabinet Act of 2020, para apoyar el programa de manufactura de tecnología avanzada de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

Además están el H.R. 6393 Strengthening America’s Supply Chain and National Security Act, que le requeriría al secretario de la Defensa presentar ante el Congreso un informe de la dependencia del Departamento de la Defensa en importación de ciertos productos médicos hechos, en parte o en su totalidad, en ciertos países para establecer requisitos de informes posteriores a la comercialización para productos farmacéuticos y para otros fines; el H.R. 6431 Made in America Emergency Preparedness Act, medida para requerir la creación de una comisión nacional para preparase para futuras emergencias nacionales; y el H.R. 6690 Beat China Act, para enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para proveer incentivos para relocalizar la manufactura de farmacéuticas y equipo médico a los Estados Unidos.

En Puerto Rico hay 49 plantas de farmacéuticas, 70 de dispositivos médicos. Ambos sectores componen el 33 por ciento del producto interno bruto, que crean 142,500 empleos directos e indirectos, con un salario promedio de 42,000 dólares. Miles de pequeñas y medianas empresas suplen bienes y servicios a esta industria.




Jenniffer González anuncia $42.9 millones para aeropuertos en Puerto Rico con relación al COVID-19

(Photo by Alfredo Sosa/The Christian Science Monitor via Getty Images)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el martes que se desembolsará la primera partida de fondos destinadas a los aeropuertos en la isla bajo la ley de estímulo económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, mejor conocida como el CARES Act (Ley Pública 116-136), que suma 42 millones 975 mil 833 dólares en fondos federales.

“Es importante que nuestros aeropuertos continúen recibiendo el apoyo necesario para operar durante y pasada la crisis para así empujar el motor económico y el turismo de la isla”, expresó la comisionada en declaraciones escritas.

Como resultado de los fondos asignados para la emergencia, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín SJU recibirá 33 millones 417 mil 367 dólares; el aeropuerto de Aguadilla Rafael Hernández BQN recibirá 3 millones 527 mil 060 dólares; el aeropuerto de Arecibo Antonio/Nery/Juarbe Pol ABO recibirá 20,000 dólares; el aeropuerto de Ceiba José Aponte De La Torre RVR recibirá 1 millón 089 mil 985 dólares; el aeropuerto de Culebra Benjamín Rivera Noriega CPX recibirá 1 millón 060 mil 122 dólares.

Asimismo, el aeropuerto de Humacao Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones X63 recibirá 20,000 dólares; el de Mayagüez Eugenio María De Hostos MAZ recibirá 69,000 dólares; el aeropuerto de Ponce Mercedita PSE recibirá 1 millón 594 mil 846 dólares; el San Juan Fernando Luis Ribas Dominicci SIG recibirá 1 millón 058 mil 040 dólares y el aeropuerto de Vieques Antonio Rivera Rodríguez VQS recibirá 1 millón 119 mil 413 dólares.




Comisionada anuncia primera asignación federal de $51 millones con relación al coronavirus

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el martes que el Departamento de Desarrollo Urbano (HUD en inglés) hizo la primera asignación proveniente de la Ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act CARES Act, Ley Pública 116-136, que asigna a Puerto Rico varios fondos que suman 51 millones de dólares, para ayudar a las comunidades a mitigar el impacto del COVID-19. 

“En la Ley CARES aprobada la semana pasada, HUD recibió una asignación de 12.4 mil millones de dólares, en la que es la voluntad del presidente Trump que se desembolse lo más rápido posible, al igual que otras asignaciones, para ayudar a las comunidades a enfrentar el COVID-19”, dijo González Colón en una declaración escrita.

Detalló que el HUD hizo la primera asignación de estos fondos que suman 3,064 millones de dólares para ser distribuidos a estados, municipalidades y otras jurisdicciones de los cuales Puerto Rico recibirá 51 millones de dólares. Estas subvenciones de emergencia se desembolsaron a través de los siguientes programas: Community Development Block Grants (CDBG), Subsidios de emergencia para refugios (ESG), Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA).

Mientras, señaló que para el programa de Community Development Block Grants (CDBG), Puerto Rico recibirá en total 33 millones 664 mil 335 dólares. Estos fondos ofrecen financiamiento flexible para los gobiernos estatales y locales para una gama de servicios para abordar los impactos del coronavirus a nivel comunitario.

El municipio de Aguadilla recibiría 527 millones 368 mil dólares; Arecibo 802 millones 823 mil dólares; Bayamón 1 millón 310 mil 134 dólares; Cabo Rojo 516 mil 818 dólares; Caguas 1 millón 37 mil 408 dólares; Canóvanas 435 mil 520 dólares; Carolina 1 millón 31 mil 270 dólares; Cayey 386 mil 228 dólares; Cidra 351 mil 884 dólares; Fajardo 312 mil 498 dólares; Guayama 414 mil 959 dólares; Guaynabo 528 mil 485 dólares; Humacao 511 mil 980 dólares; Isabela 433 mil 906 dólares y Juana Díaz 432 mil 348 dólares. 

Entretanto, Manatí recibirá 428 mil 307 dólares; Mayagüez 836 mil 880 dólares; Ponce 1 millón 460 mil 869 dólares; Río Grande 415 mil 211 dólares; San Germán 332 mil 315 dólares; San Juan 4 millones 338 mil 789 dólares; San Sebastián 390 mil 862 dólares; Toa Alta 488 mil 486 dólares; Toa Baja 624,291 dólares; Trujillo Alto 490 mil 856 dólares; Vega Baja 456 mil 189 dólares; Yauco 343 mil 452 dólares; otros recipientes en Puerto Rico recibirán 14 millones 24 mil 199 dólares.

Para subsidios de emergencia para refugios (ESG), Puerto Rico recibirá un total de 17 millones 78 mil 699 dólares. Estos subsidios son para ayudar a gobiernos estatales y locales limitar la propagación del virus entre la población sin hogar y para ayudar a reducir los aumentos de personas sin hogar debido a problemas financieros.

Entretanto, González Colón indicó que en Puerto Rico recibirán estos fondos el municipio de Bayamón con 672 mil 662 dólares; Caguas con 516 mil 886 dólares; Carolina con 546 mil 69 dólares; Ponce con 726 mil 203 dólares; San Juan con 2 millones 137 mil 879 dólares y otros recipientes en Puerto Rico 12 millones 479 mil dólares. 

Por último, la comisionada residente dijo que para el programa de oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA), Puerto Rico recibirá 1 millón 216 mil 14 dólares para ayudar a los gobiernos estatales y locales y organizaciones sin fines de lucro a abordar la amenaza del virus entre las personas de bajos ingresos que viven con el VIH / SIDA. El Municipio de San Juan recibirá 895 mil 307 dólares y otros recipientes en Puerto Rico 320 mil 707 dólares. 




Jenniffer González detalla ayudas a pequeños y medianos comercios en paquete federal

La comisionada residente Jenniffer González Colón confirmó el miércoles, que los pequeños y medianos comerciantes recibirán $160 millones en ayudas de Small Business Administration para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

Explicó que el paquete de ayuda acordado entre la Cámara de Representantes federal y el Senado dispone para que los negocios con 500 empleados o menos puedan solicitar préstamos para el pago de nómina, renta o seguros de empleados, entre otros gastos del negocio.

“Se han aprobado unos préstamos para pagar nómina, pagar hipotecas, rentas, seguro médico o cualquier otro asunto relacionado a su negocio”, dijo González en un mensaje divulgado a través de Facebook Live.

Añadió que los préstamos será a bajo interés y garantizados por SBA pero otorgados por la banca comercial privada. No obstante, dijo que el gobierno federal podría condonar el repago de estos préstamos si éstos mantienen su nómina desde febrero 15 de este año, hasta junio 30 de este año.

Mencionó que “a todos los que tengan préstamos con la Administración de Pequeños y Medianos Negocios, si están utilizándolos para el pago de nómina y otras cosas, van a poder prorratearlos por seis meses. Todos los intereses, los pagos y las cuotas serán diferidos por seis meses”

“Esto va a estar atado a que mantenga a sus empleados en nómina”, dijo.

Asimismo dijo que todo ciudadano que tenga Seguro Social recibirá 1,200 dólares por individuos y 2,400 dólares si rinden planilla en conjunto y 500 dólares a cada menor entre los meses de abril y mayo.

“El único requerimiento es que usted tenga un Seguro Social. Si usted tiene un Seguro Social válido, usted va a recibir el cheque del Gobierno Federal como parte de la ayuda por la situación del coronavirus”, dijo González Colón a través de un vídeo en su red social de Facebook.

“No tiene que haber radicado planillas, no tiene que haber recibido ingresos, siempre y cuando esté en el siguiente intervalo que les voy a dar: todo individuo que tenga Seguro Social, y esto incluye pensionados, personas retiradas, todo aquel que tenga un Seguro Social válido y esté legalmente viviendo en Puerto Rico, va a recibir un cheque de 1,200 dólares por individuo o 2,400 dólares si rinden en conjunto. Van a recibir un cheque de 500 dólares por cada menor.

Explicó que a los cheques se le restará si el individuo gana más de 75 mil dólares al año o más de 150 mil dólares, recibirán un descuento. Además, individuos que ganen 99 mil dólares o más al año, y 199 mil dólares al año si rinden en conjunto, recibirán cero.

Añadió que se dieron dos fechas posibles para el envío. Uno es abril 6 o mayo 18 de 2020. En las dos fechas, el pago se dividirá en dos, por ejemplo, un individuo recibiría 600 dólares el primer cheque, y 600 dólares en el otro. En el caso de las parejas que rinden en conjunto, sería 1,200 dólares el primer cheque, y 1,200 dólares el segundo.

“Esto es una gran ayuda a nuestros individuos, contribuyentes y pensionados”, dijo la comisionada residente.

Por otro lado, informó que se recibirán 200 millones de dólares para cupones de alimentos. Además, los aeropuertos regionales, puertos, entre otros recibirán fondos, así como el gobierno y los municipios.

“Esto va a estar atado a que mantenga a sus empleados en nómina”, dijo.

Estos préstamos serían garantizados por SBA pero otorgados por la banca comercial privada y si se utilizan para el pago de nómina, renta o hipotecas podrían ser condonados por el gobierno federal.

Además se incluye una moratoria sin penalidades en el pago de préstamos existentes con SBA y créditos contributivos sobre el pago de deudas existentes con el gobierno federal.

El proyecto debe ser aprobado este miércoles en el Senado federal y el jueves en la Cámara para pasar de inmediato a la firma del presidente Donald Trump.

A nivel individual, González dijo que el proyecto contempla para que todo ciudadano que tenga Seguro Social recibirá 1,200 dólares por individuos y 2,400 dólares si rinden planilla en conjunto y 500 dólares a cada menor entre los meses de abril y mayo.

“El único requerimiento es que usted tenga un Seguro Social. Si usted tiene un Seguro Social válido, usted va a recibir el cheque del Gobierno Federal como parte de la ayuda por la situación del coronavirus”, dijo González Colón a través de un vídeo en su red social de Facebook.

“No tiene que haber radicado planillas, no tiene que haber recibido ingresos, siempre y cuando esté en el siguiente intervalo que les voy a dar: todo individuo que tenga Seguro Social, y esto incluye pensionados, personas retiradas, todo aquel que tenga un Seguro Social válido y esté legalmente viviendo en Puerto Rico, va a recibir un cheque de 1,200 dólares por individuo o 2,400 dólares si rinden en conjunto. Van a recibir un cheque de 500 dólares por cada menor.

Explicó que a los cheques se le restará si el individuo gana más de 75 mil dólares al año o más de 150 mil dólares, recibirán un descuento. Además, individuos que ganen 99 mil dólares o más al año, y 199 mil dólares al año si rinden en conjunto, recibirán cero.

Añadió que se dieron dos fechas posibles para el envío. Uno es abril 6 o mayo 18 de 2020. En las dos fechas, el pago se dividirá en dos, por ejemplo, un individuo recibiría 600 dólares el primer cheque, y 600 dólares en el otro. En el caso de las parejas que rinden en conjunto, sería 1,200 dólares el primer cheque, y 1,200 dólares el segundo.

“Esto es una gran ayuda a nuestros individuos, contribuyentes y pensionados”, dijo la comisionada residente.

Por otro lado, informó que se recibirán 200 millones de dólares para cupones de alimentos. Además, los aeropuertos regionales, puertos, entre otros recibirán fondos, así como el gobierno y los municipios.




Asignan $5.8 millones para ayudar al gobierno estatal a atender la pandemia del COVID-19

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles, que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), asignó 5,870,358 dólares a Puerto Rico, para ayudar al gobierno estatal a atender la ya declarada pandemia por el coronavirus COVID-19.

“En el Congreso hemos estado trabajando para ayudar al gobierno federal a tener las herramientas necesarias para manejar la propagación del coronavirus. En cada una de mis intervenciones, incluso con el propio vicepresidente Pence, he abogado porque estas herramientas sean extensivas a Puerto Rico, tanto recursos económicos como los que anunciamos hoy, como que se entreguen a la isla pruebas de detección para hacer los trabajos de manera expedita”, explicó la comisionada residente en comunicación escrita.

El HHS, mediante los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), destinarán un total de 560 millones de dólares para ayudar a estados y jurisdicciones locales con la respuesta al COVID-19.

“Los departamentos de salud estatales y locales están en la primera línea de respuesta al brote de COVID-19, y estamos profundamente agradecidos por su trabajo”, dijo el secretario del HHS Alex Azar.

El viernes 6 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Asignaciones Suplementarias para la Preparación y Respuesta del Coronavirus, 2020. La medida asigna 8,300 millones de dólares a todo el gobierno, con recursos destinados a subvenciones o acuerdos de cooperación a estados, localidades, territorios y tribus para acelerar la planificación de los preparativos y respuesta ante el COVID-19, así como desarrollar herramientas y estrategias, proporcionar asistencia técnica y apoyo a programas, así como garantizar la comunicación y coordinación continua entre agencias de salud pública y socios durante toda la respuesta.

El HHS informó que los CDC se están contactando con los funcionarios estatales de salud para avanzar y otorgar estos fondos.




Anuncian $92.7 millones para desarrollo comunitario, asistencia de vivienda y servicios de apoyo

La comisionada residente, Jenniffer González. (Juan J. Rodríguez/CB)
La comisionada residente, Jenniffer González. (Juan J. Rodríguez/CB)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) otorgó un total de 92 millones 738 mil 805 dólares en fondos federales para desarrollo comunitario, asistencia de vivienda y servicios de apoyo relacionados a personas de ingresos bajos que viven con VIH/SIDA y a sus familias.

González Colón indicó que abogó por estos fondos de subvenciones basados en fórmula durante el periodo de asignaciones para el año fiscal 2020 y continuará sus esfuerzos para que, de igual forma, se mantengan para el año fiscal 2021.

Detalló que 57 millones 255 mil 683 dólares provienen del programa de Subvención para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés); 22 millones 174 mil 444 dólares del programa de subvención para Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés); 4 millones 952 mil 823 dólares del programa de Sociedades para la Inversión en Vivienda (HOME, por sus siglas en inglés) y 8 millones 355 mil 855 dólares del programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés).

De otra parte, indicó que bajo el programa CDBG, el Municipio de Aguadilla recibirá 896,477 dólares; el Municipio de Arecibo 1 millón 364 mil 726 dólares; el Municipio de Bayamón 2 millones 227 mil 107 dólares; el Municipio de Cabo Rojo 878,542 dólares; el Municipio de Caguas 1 millón 763 mil 496 dólares; el Municipio de Canóvanas 740,344 dólares; el Municipio de Carolina 1 millón 753 mil 63 dólares; el Municipio de Cayey 656,552 dólares; el Municipio de Cidra 598,170 dólares.

Además, el Municipio de Fajardo recibirá 531,217 dólares; el Municipio de Guayama 705,392 dólares; el Municipio de Guaynabo 898,376 dólares; el Municipio de Humacao 870,318 dólares; el Municipio de Isabela 737,600 dólares; el Municipio de Juana Díaz 734,953 dólares; el Municipio de Manatí 728,083 dólares; el Municipio de Mayagüez 1 millón 422 mil 611 dólares; el Municipio de Ponce 2 millones 483 mil 341 dólares; el Municipio de Río Grande 705,820 dólares; el Municipio de San Germán 564,905 dólares; el Municipio de San Juan 7 millones 375 mil 269 dólares; el Municipio de San Sebastián 664,429 dólares; el Municipio de Toa Alta 830,381 dólares; el Municipio de Toa Baja 1 millón 061 mil 237 dólares; el Municipio de Trujillo Alto 834,410 dólares; el Municipio de Vega Baja 775,480 dólares; el Municipio de  Yauco 583,837 dólares y el programa general del gobierno de Puerto Rico, del cual se benefician los municipios con menor población, 23 millones 869 mil 547 dólares.

Además, González Colón indicó que también, bajo el programa HOME, el Municipio de Aguadilla recibirá 472,368 dólares; el Municipio de Arecibo 568,147 dólares; el Municipio de Bayamón 1 millón 007 mil 911 dólares; el Municipio de Caguas 769,119 dólares; el Municipio de Carolina 756,735 dólares, el Municipio de Guaynabo 320,311 dólares; el Municipio de Mayagüez 636,426 dólares; el Municipio de Ponce 1 millón 021 mil 105 dólares; el Municipio de San Juan 2 millones 582 mil 174 dólares; el Municipio de Toa Baja 410,790 dólares; el Municipio de Trujillo Alto 295,414 dólares y el programa general del gobierno de Puerto Rico 13 millones 333 mil 944 dólares.

Dentro del programa ESG, el Municipio de  Bayamón recibirá 195,072 dólares; el Municipio de Caguas 149,897 dólares; el Municipio de Carolina 158,360 dólares; el Municipio de Ponce 210,599 dólares; el Municipio de San Juan 619,985 dólares y el programa general del gobierno de Puerto Rico 3 millones 618 mil 910 dólares. 

Por otro lado, dentro de los fondos asignados como parte del programa HOPWA, San Juan recibirá 6 millones 152 mil 113 dólares y el programa general del gobierno de Puerto Rico 2 millones 203 mil 742 dólares.




Otorgan a Puerto Rico dispensa para transferencia de carga y pasajeros internacionales

Luego de ocho meses de análisis, el Departamento de Transportación federal (DOT en inglés), emitió el miércoles, la primera notificación a favor de otorgar a Puerto Rico una dispensa para la transferencia de carga y pasajeros internacionales en la isla.

Ahora inicia un periodo adicional de 14 días para comentarios del público y así emitir la determinación final, según anunció el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera.

“Aunque esta determinación no es final, representa un avance significativo para esta administración y una eventual herramienta de desarrollo económico de gran envergadura. También es un indicio del restablecimiento de la confianza del gobierno federal con Puerto Rico. Una vez se reciba la determinación final, la Isla se convertirá en el primer hub aéreo de territorio norteamericano en el Caribe. Con esta autorización por dos años, el termino impuesto también a jurisdicciones como Alaska, Guam e Islas Mariana del Norte, tenemos la capacidad de generar mayor cantidad de tráfico y carga aérea, lo que coloca a la Isla en la mira internacional.

Además, dará paso al desarrollo de almacenes, manufactura y otras actividades económicas lo que provocará una inyección exponencial a nuestra economía. Cabe señalar que sujeto a la determinación final por parte de la entidad federal, esta aprobación seria para carga aérea y pasajeros, a diferencia de otras jurisdicciones antes mencionadas, cuya dispensa es solamente para carga aérea”, manifestó Laboy Rivera en comunicación escrita.

El secretario del DDEC también explicó que “esta autorización es una excelente noticia para Puerto Rico. Si tomamos como ejemplo el caso de Alaska, podríamos generar unos 90 empleos directos e indirectos por cada vuelo que llegue a la Isla, tras la aprobación de esta dispensa. Según un informe de Estudios Técnicos, INC., esta autorización permitirá que se generen por lo menos unos diez nuevos vuelos por día, lo que crearía sobre 900 nuevos puestos de trabajo y un aumento en la nómina de unos $30 millones. Además del establecimiento o expansión de otras industrias relacionadas en diversas zonas de la Isla”.

La Autoridad de Puertos colaboró en los esfuerzos para obtener la dispensa que permitirá la transferencia carga internacional en Puerto Rico y que fue solicitada para los aeropuertos internacionales: Luis Muñoz Marín, en Carolina; Mercedita, en Ponce; y Rafael Hernández Colón, en Aguadilla.

El director ejecutivo interino de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, destacó que, “esta primera notificación de esta importante dispensa para la trasferencia de carga aérea internacional y de pasajeros nos permitirá seguir potenciando las instalaciones de nuestros tres aeropuertos internacionales, lo que representará mayor actividad económica y creación de empleos en los mismos. Esto es un acontecimiento histórico que fomentará el desarrollo económico para nuestra Isla”.

El secretario del DDEC aseguró que “nuestra agencia desarrollará un plan de mercadeo para dar a conocer las ventajas que ofrece Puerto Rico para la industria de la aviación. A su vez evaluará la viabilidad del desarrollo de zonas de francas, el establecimiento de almacenes y todo lo relacionado a la llegada de turistas, aumento en el comercio y la industria de transportación, entre otras. A través de esta iniciativa cumplimos con la política pública de la gobernadora de explorar nuevos sectores económicos que aporten al desarrollo de la Isla”, concluyó el secretario del DDEC.

Mientras, la apertura por parte del DOT de flexibilizar las reglas de carga aérea con relación a Puerto Rico, “es un logro que ayudará a impulsar el desarrollo económico de la isla producto del esfuerzo que hemos coordinado junto al gobierno estatal y el sector privado”, expresó la comisionada residente, Jenniffer González Colón. 

“A principios de mes convoqué a representantes del sector privado y el gobierno estatal para dar seguimiento a las gestiones para convertir a Puerto Rico en un centro de carga aérea; ya había logrado que se convirtiera en ley el estudio de viabilidad que realiza el GAO”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

Agradeció a la secretaria del Departamento de Transportación federal, Elaine Chao y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, por su trabajo y esfuerzo en conjunto para lograr esto. Igualmente, agradeció a la Coalición del Sector Privado que respaldaron la iniciativa desde el día uno en el 2016. 

La funcionaria indicó que el DOT le confirmó que aprobaron la solicitud de permitir que las compañías aéreas extranjeras realicen ciertos servicios de transferencia de carga y pasajeros en aeropuertos internacionales en Puerto Rico. 

“En su comunicación, el DOT reconoció que flexibilizar las reglas de carga aérea para Puerto Rico ‘podría atraer servicios de transportistas aéreos extranjeros nuevos o adicionales a los aeropuertos de Puerto Rico, lo que podría proporcionar beneficios a Puerto Rico, su economía y el público que viaja y realiza envíos’”, dijo González Colón. 

Explicó que esta decisión se considera “tentativa”, ya que el DOT la abrió a la discusión pública exhortando a que el público envíe sus comentarios entre el 4 al 11 de marzo. Toda la documentación al respecto estará disponible en www.regulations.gov en Docket DOT-OST-2019-0085.

Asimismo, el DOT explicó que en el proceso de consideración “Puerto Rico ha demostrado que su ubicación geográfica y su situación económica justifican la concesión del mismo tipo de alivio que otorgamos anteriormente para Alaska, Hawái, Guam y las Islas Marianas del Norte (CNMI). Como fue el caso en los procedimientos anteriores, reconocemos que el servicio aéreo es de vital importancia para Puerto Rico, y que depende en gran medida del transporte aéreo como un elemento vital de su economía”. 

“En su solicitud, Puerto Rico proporcionó evidencia específica del impacto negativo que su economía ha sufrido después del huracán María y por otras razones. Ninguna de las partes opuestas desafía persuasivamente esos factores en el registro, y consideramos que este factor es convincente a favor de Puerto Rico, ya que cualquier grado de servicios aéreos expandidos allí, debería ser crítico para el esfuerzo de Puerto Rico por desarrollar el crecimiento económico y reconstruir la infraestructura”.

–CyberNews contribuyó a esta nota




Instituto del Desarrollo de la Juventud eleva la situación de pobreza en Puerto Rico

(mohamed_Hassan/Pixabay)
(mohamed_Hassan/Pixabay)

El Instituto del Desarrollo de la Juventud elevó en Washington, D.C. el problema de pobreza infantil de Puerto Rico ante un foro auspiciado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su presidente Raúl Grijalva y la comisionada residente Jenniffer González.

Apoyados por el estudio ‘Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer’, que fue presentado recientemente en la isla, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) reveló el costo económico de no atender las repercusiones de la pobreza infantil en la isla, así como diez medidas que podrían reducirla en un plazo de 10 años.

La discusión del tema de pobreza infantil en Puerto Rico toma relevancia en el Congreso a un año de que este organismo bicameral solicitara la publicación del estudio ‘A Roadmap to Reducing Child Poverty’, que excluyó a Puerto Rico de su análisis.

Entre las políticas públicas propuestas por IDJ para abordar la pobreza infantil —problema que le cuesta al país $4,418 millones anuales—, están la expansión de los empleos subsidiados por el gobierno para jóvenes, madres y padres; fortalecer los sistemas de cuido y niñez temprana; y la extensión del crédito federal por hijos a familias con uno y dos niños. Esta última ya ha sido presentada ante el Congreso y cuenta con apoyo bipartita.

“Reducir un problema sistémico que afecta a la mayoría de la población va a requerir de soluciones que se puedan implementar a escala y eso requiere participación del gobierno. No es momento de revelar al gobierno de su responsabilidad. Ahora más que nunca hay que emplazarlo y exigirle que atienda con seriedad los retos que tenemos como individuos, comunidad y país”, comentó Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

Desde hace dos años, IDJ ha tomado liderazgo en plantear recomendaciones a nivel federal sobre los beneficios de la extensión del Crédito Contributivo por Hijos para integrar a familias de uno o dos hijos menores de 18 años, en Puerto Rico, en el Child Tax Credit (CTC). La extensión del CTC insertaría un aproximado de $273 millones a la economía local ($770 promedio por Familia elegible distribuidos entre 404,000 menores de 18 años de 355,000 familias), y ayudaría a reducir la pobreza infantil entre aquellas familias trabajadoras. En este reciente encuentro con líderes del Congreso, IDJ presentó varios cambios a esta propuesta para que las recomendaciones tengan más probabilidades de hacerse realidad. Además, la organización ha propuesto la necesidad de levantar en Puerto Rico el límite de transferencias por servicios sociales, como la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF en inglés).

Según el estudio ‘A Roadmap to Reducing Child Poverty’, publicado el año pasado a solicitud del Congreso y el cual excluyó a Puerto Rico de su análisis, 9.6 millones de niños en Estados Unidos viven en familias con un ingreso anual por debajo del nivel de pobreza, problema que le podría costar hasta $1.1 trillones anuales a la nación como consecuencia de una baja productividad, el alza en la criminalidad y los efectos en la salud debido al aumento en gastos médicos. Los niños latinos figuran entre los más afectados por la pobreza infantil en EE UU, tienden a concentrarse más geográficamente y residen principalmente en California, Nueva York y Texas, según la publicación.

El estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud, por su parte, presenta un panorama similar en la isla en términos de las consecuencias que desembocan de ignorar el problema. También propone una guía de política pública para reducir significativamente el problema en un plazo de tres a diez años. La diferencia principal estriba en que, en Puerto Rico, el 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza; 37% en pobreza extrema. Esta cifra duplica el porcentaje de pobreza infantil que impera en el estado más pobre de Estados Unidos: Misisipi, que tiene una taza de pobreza infantil de 30%.

De acuerdo con el estudio ‘Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer’ del Instituto del Desarrollo de la Juventud, no atender la pobreza infantil le cuesta a Puerto Rico $4,418 millones anuales. Este costo representa el 4.3% del producto nacional y un costo per cápita por niño pobre de $11,536. En contraste, atender la pobreza infantil requeriría una inversión máxima de apenas $2,700 millones anuales, por 10 años. “No es una coincidencia que hayamos lanzado este estudio en un año eleccionario. Es una prioridad que los candidatos a puestos políticos incluyan el tema de la pobreza en sus programas de gobierno”, observó Amanda Rivera, quien presentará el estudio a los candidatos a puestos electivos en la Isla a partir de marzo.

El estudio de IDJ ha sido endosado por 18 organizaciones que representan diversos sectores en Puerto Rico: entidades de base comunitaria, el sector privado, el sector civil, asociaciones profesionales y organizaciones filantrópicas.




Comisionada residente y delegación congresional de Florida visitan comunidades afectadas por sismos

(Suministrada)
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La comisionada residente, Jenniffer González Colón junto a los congresistas Stephanie Murphy (D-FL), Donna Shalala (D-FL) y Bill Posey (R-FL) visitaron áreas afectadas por los terremotos que afectan a la isla, para así evaluar las necesidades e identificar recursos para la reconstrucción.

Como parte de su visita, los representantes visitaron el municipio de Yauco, donde sostuvieron una reunión con el alcalde de Yauco, Luis “Luigi” Torres junto a jefes de agencias estatales, FEMA, USGS y la Red Sísmica de Puerto Rico en la que recibieron un informe sobre la situación en el sur de la Isla, los daños ocasionados y el plan de recuperación.

“Continúo movilizando a mis colegas del Congreso que están comprometidos con las causas de Puerto Rico a visitar la isla para que puedan ver de primera mano los daños ocasionados por los sismos y sus continuas réplicas para así juntos abogar desde la capital federal para agilizar las ayudas”, expresó la comisionada residente en una comunicación escrita.

Alegó que después que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced solicitara la declaración de desastre mayor, enviaron una carta pidiendo la autorización del presidente. La declaración de desastre mayor fue aprobada más tarde el jueves 16 de enero.

Luego de su reunión, la delegación congresional inspeccionó la Urbanización Alturas Del Cafetal donde hicieron un recorrido por las zonas afectadas para hablar con los residentes sobre la incertidumbre tras los temblores.

“Ahora más que nunca, los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico necesitan saber que ambos partidos en el Congreso están de espaldas. Nuestra delegación bipartidista examinó los daños del terremoto y habló directamente con los residentes de la isla cuyas vidas han sido dañadas. Usaré lo que aprendimos en Puerto Rico para asegurar que el Congreso brinde rápidamente a la isla los recursos que necesita y que la ayuda llegue a las personas con total responsabilidad y transparencia”, expresó la representante Murphy.

Continuaron su jornada con una visita a Guánica para junto a el alcalde, Santos Seda “Papichy” visitar la comunidad La Luna. Culminaron su día junto al alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán en el refugio del estadio Peggy Mercado, donde dialogaron con los residentes y voluntarios.

(Suministrada)
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“Después de recorrer las áreas afectadas por los terremotos recientes, tengo claro que abordar las necesidades de las comunidades afectadas requerirá un compromiso a largo plazo. Estos terremotos no se han detenido y continúan afectando la vida de nuestros conciudadanos en Puerto Rico”, dijo por su parte, la representante Shalala.

“Pueblo por pueblo, comunidad tras comunidad, han sido muchas las personas afectadas por el terremoto. Realmente tienes que ver todo el daño por ti mismo para comprender la magnitud del desastre. Por esta razón, es que estoy aquí acompañando a mi amiga y colega Jenniffer González”, dijo el representante Posey.

La comisionada continuará adelantó que en los próximos días dará la bienvenida a congresistas con el fin de enseñarles lo que Puerto Rico necesita del gobierno federal para recuperarse y reconstruirse.




Presidente de Estados Unidos firma declaración de desastre mayor para Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump firmó el jueves la declaración de desastre mayor para Puerto Rico.

“Hoy nos movemos un paso adelante para asegurar la recuperación ante este nuevo reto que enfrentamos. Agradezco al presidente por firmar la Declaración de Desastre Mayor solicitada por la gobernadora Vázquez Garced y a la Administración, a agencias como al Servicio Geológico y Transportación federal que ya comenzó a asignar herramientas y fondos relacionados directamente con los sismos”, expresó la comisionada, Jenniffer González Colón en declaraciones escritas.

La declaración incluye el acceso al programa de asistencia pública de FEMA bajo las categorías A (para remoción de escombres) y la categoría B para asignar fondos para trabajos realizados antes, durante y después de la emergencia dirigidos s salvar vidas, proteger la seguridad pública y prevenir daños a la propiedad pública y privada. Los pueblos incluidos en esta declaración son: Guánica, Peñuelas, Ponce, Guayanilla, San Germán y Yauco.

Además, permite acceso al programa de asistencia a individuos en los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco. 

González Colón, agradeció a congresistas de ambos partidos y ambas cámaras el respaldo que le han dado al pueblo de Puerto Rico con su interés en ayudar, aunando esfuerzos para que se dé esta aprobación y ahora entrando en diálogos para asignar mediante legislación fondos en relación directa a los sismos que aún ocurren en la isla.

“Agradezco a mis colegas los senadores Rick Scott, Marco Rubio, los congresistas Stephanie Murphy, Michael Waltzm Bill Posey, Mario Díaz Balart y Donna Shalala por respaldar mi carta al presidente en apoyo a la Declaración de Desastre Mayor enviada por la gobernadora Wanda Vázquez”, concluyó.