AEE ordena limitar jornada laboral diaria a 12 horas

El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, envió un memorando el viernes a los supervisores de la corporación pública instruyéndolos a implementar una jornada laboral máxima diaria de 12 horas para evitar lesiones.

Sin embargo, el escrito se envía en momentos en que la AEE comienza a sufrir problemas de liquidez, con apenas $144 millones en caja al día de hoy.

Según la comunicación, los empleados trabajarán cinco días consecutivos con dos días de descanso. “De requerírsele trabajar un sexto día, su jornada de trabajo no excederá de ocho horas de labor”, expone el documento.

Advierten reducción de jornada en la AEE afectará reenergización de Puerto Rico

Los supervisores tendrán que coordinar el sexto día de labor técnica y su justificación con el Administrador Regional de Operaciones Tácticas y el de servicio al cliente con el Administrador Regional de Operaciones Comerciales. Esta tiene que ser luego notificado a la Jefa de División de Seguridad Ocupacional.

Desde que el huracán María azotó la isla, los trabajadores de la AEE han tenido que aumentar sus horas laborales para poder restaurar la energía del país, tarea que han tenido que compartir con brigadas de firmas de energía de los Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión también ocurre en momentos en que la AEE dijo en documentos al tribunal que ha comenzado a reducir la producción de energía debido a la falta de liquidez.

González no devolvió llamadas de este medio para solicitar información acerca de las áreas que se verían impactadas. No obstante, en el tribunal, los abogados dijeron que se comenzaría con las zonas residenciales para luego impactar las industriales. Además, lo último que se apagaría serían las áreas donde hay hospitales y estaciones de bombas.

AEE comienza a reducir servicio pese a solicitud de financiamiento provisional




Advierten reducción de jornada en la AEE afectará reenergización de Puerto Rico

La jornada laboral de los empleados que trabajan en la reenergización del país tras el azote del huracán María se reduciría a cinco días como consecuencia de un memo enviado por el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González Torres.

Según se informó el viernes, la notificación justifica la determinación ante una cuestión de seguridad, pues “las largas horas de trabajo acumulan fatiga”.

“Se instruye a todo el personal supervisor a implantar una jornada máxima de trabajo diario de doce horas con efectividad inmediata y hasta nuevo aviso. Además los empleados trabajarán cinco días consecutivos con dos días de descanso por semana. De requerírsele trabajar el día sexto, su jornada de trabajo no excederá de ocho horas de labor”, reza el documento divulgado por la emisora radial (Radio Isla 1320).

Sin embargo, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo advirtió en una entrevista en la misma emisora que “cinco días a la semana, significa que vamos a estar menos días trabajando para restablecer el servicio”.

Jueza contemplaría préstamo de emergencia de $300 millones para la AEE

Mientras, trascendió que asesores de la junta de control fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentaron una moción modificada ante la jueza del Tribunal de Quiebras, Laura Taylor Swain en la que solicitan un préstamo de $300 millones que solo permitiría continuar las operaciones de la corporación pública hasta marzo.

Esto, luego que Swain rechazara el préstamo de $1,000 millones que se había solicitado, con lo que se podrían producir apagones selectivos. La jueza habría denegado el préstamo, pues la junta de control fiscal no justificó la necesidad del mismo, además de que los términos no eran consistentes con el estado de derecho que le aplica.

Los asesores de Aafaf y de la junta de control fiscal advirtieron a la jueza que de no aprobarse el financiamiento, se tendría que activar un plan de emergencia en la AEE que desembocaría en el cierre de operaciones.

Entretanto, a pesar de las labores del personal técnico de la AEE y otras brigadas a 149 días del paso del huracán María, aun queda un 20 por ciento de los clientes que siguen sin servicio de electricidad, según informó el viernes en un comunicado el director ejecutivo interino de la corporación pública.

El funcionario detalló que esta semana se restableció el 80.3 por ciento del servicio eléctrico a los clientes en toda la isla, equivalente a un millón 183 mil 945 clientes. Aseguró que más de 5,900 trabajadores de campo laboran para devolverle la electricidad a los abonados que siguen sin luz.

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De otra parte, añadió que personal técnico completó en un 100 por ciento los trabajos de reconstrucción de la línea de transmisión 50200 de 230,000 voltios, que discurre desde la Central Costa Sur hasta el Centro de Transmisión de Manatí. Esta importante línea añade carga, estabilidad y redundancia al sistema eléctrico para energizar más sectores a través de toda la Isla.

De otro lado, González Torres aseguró que continúan los trabajos de reconstrucción para energizar las líneas de transmisión 50800, 37800 y 37400, que beneficiarán a cientos de miles de clientes de las zonas Norte, Sur y Este de Puerto Rico.

“Aunque hemos alcanzado otra meta significativa, quiero asegurar a los clientes que aún no tienen el servicio eléctrico que los tenemos presente. Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y estamos dando prioridad al restablecimiento de esta población con premura, conforme al compromiso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Nadie merece estar sin electricidad, por lo que apreciamos su paciencia”, expresó González Torres.

Sostuvo que continúan llegando brigadas a la isla para ayudar y acelerar el progreso en el restablecimiento del sistema eléctrico y que siguen llegando barcazas con equipos, vehículos especializados y materiales esenciales para adelantar las labores de restauración. El flujo de estos materiales ha sido continuo y ha permitido el avance en los trabajos de restauración.

Agregó que hasta el momento se han entregado 5,072 transformadores y se espera que la semana próxima lleguen otros 2,600 adicionales. Esto se suma a más de 31,500 postes, que incluye una combinación de postes de madera, de concreto y de acero galvanizado, y cerca de 2,613 millas de cable conductor. Se espera que lleguen cerca de 10,000 postes y 922 millas de cable conductor adicionales en los próximos 14 días. Además, están por llegar 80 paletas con equipo y componentes de aislación desde el estado de Hawaii.

Respecto al proceso de facturación, el director ejecutivo reiteró que todo cliente que entienda que el consumo que refleja su factura es incorrecto, puede hacer una reclamación a través de aeepr.com/mi cuenta, del Centro de Servicio por Teléfono al 787-521-3434 o en las 22 oficinas comerciales que están abiertas alrededor de toda la isla.




Comisionada residente advierte sobre impacto del cierre del gobierno federal en Puerto Rico

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón expresó el lunes, que aunque el cierre del gobierno federal tendrá un impacto en Puerto Rico, aseguró que el tranque no afecta los fondos de Medicaid.

“La realidad es que esto afecta a Puerto Rico como al resto de los estados. En el Senado, la minoría demócrata está buscando que se legisle para extender la legislación de DACA. Esa legislación expira en marzo cinco, por lo que todavía tenemos tiempo para atender esa legislación, que es la preocupación de los demócratas y que yo y un gran número de republicanos quiere que se atienda”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“A Puerto Rico donde se le van a asignar los fondos es en el proyecto suplementario de desastres. Nosotros lo que estamos buscando, es que se nos permita recibir lo mismo que recibió el estado de Luisiana, que fue un 100 por ciento. Para no tener que poner el pareo. Eso aseguraría por dos años los fondos del Medicaid”, añadió.

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Según la comisionada, si el Senado lo aprueba, los fondos deberían estar disponibles para marzo.

“En el Senado (los demócratas) no pueden seguir deteniendo las medidas suplementarias de desastres, porque mientras ellos lo condicionan al DACA, están castigando a lugares como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que dependemos de esos fondos. No me puedes condicionar algo que no tiene que ver con desastres la aprobación de esos fondos”, añadió.

González Colón mencionó que, a consecuencia del cierre federal, en Puerto Rico el Correo no se ve afectado, porque opera con sus propios ingresos. El Tribunal Federal, puede continuar en operaciones por un mes.

En el caso de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), puede que haya una reducción de jornada. Aquellas que tienen que ver con asuntos de seguridad, se supone que el 90 por ciento de estas continúen operaciones.

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“Lo que más se vería afectado es lo que tiene que ver con pagos, auditorías transacciones y adjudicaciones de contratos, inspecciones para otorgar los pagos y todos aquellos procesos administrativos que requieran autorizaciones para apropiaciones. Todas esas áreas se paralizan”, sostuvo.

“Pero FEMA y el Cuerpo de Ingenieros en su fase de recuperación eléctrica mantienen su operación, por vía de excepción”, sentenció.

El sábado, como consecuencia del tranque en el Senado de Estados Unidos para extender la fecha de la vigencia del presupuesto, comenzó un cierre parcial gubernamental que le impuso una reducción en la jornada laboral a aquellas agencias y labores que no se entienden esenciales en el gobierno federal.




Elías Sánchez niega negociación con la junta sobre recorte en la jornada

“No existe ningún documento en el que yo haya acordado incluir esta medida innecesaria que ahora la junta quiere imponer. Exhorto al presidente de la junta a que, si existe un documento en el que yo acepto la inclusión de la reducción de la jornada laboral, lo haga público”, agregó Sánchez. (Efrén Rodríguez/CB)

El exrepresentante del Gobierno ante la junta de control fiscal Elías Sánchez negó hoy haber presentado la alternativa de reducir la jornada laboral a los empleados públicos par evitar cesantías o despidos.

Asimismo, Sánchez desmintió la existencia de un documento en donde haya firmado la posible implementación del recorte en la jornada. Si existiera, exigió que se haga público.

De esta forma, se unió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en sus declaraciones de que no fue el Gobierno el que presentó dicha medida en el plan fiscal certificado, aunque el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, alegue lo contrario.

“Durante las pasadas horas, el presidente de la junta de supervisión fiscal ha alegado que hubo un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para incluir la reducción de la jornada laboral en el plan fiscal.Como ha indicado el gobernador, en ningún momento hubo un acuerdo conmigo a esos efectos”, expresó Sánchez por escrito en declaraciones difundidas por la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza.

Según el exrepresentante del Gobierno en la junta, que también fue director de campaña de Rosselló Nevares en las pasadas elecciones, “no existe ningún documento” en el que se exprese algún acuerdo para reducir la jornada.

Junta fiscal negoció con Gobierno cesantías por reducción de jornada

“No existe ningún documento en el que yo haya acordado incluir esta medida innecesaria que ahora la junta quiere imponer. Exhorto al presidente de la junta a que, si existe un documento en el que yo acepto la inclusión de la reducción de la jornada laboral, lo haga público”, agregó.

El primer mandatario indicó ayer que su administración no negoció incluir la reducción de jornada en el plan fiscal y alegó que la medida se recomendó de manera “unilateral” por parte de la junta.

Además, dejó entrever que pudo haber ocurrido una “conversación con terceros” a esos efectos, pero insistió que no son estos quienes tienen la potestad de negociar a nombre del Gobierno.

“Esto es bien sencillo. La negociación de Gobierno con la junta de supervisión fiscal se tenía que hacer con los principales, entiéndase el gobernador de Puerto Rico, en aquel caso el representante de la junta, Elías Sánchez, y Gerardo Portela que es el director de Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal]. No hubo ningún acuerdo”, declaró el mandatario.

Sin embargo, el presidente de la junta, que estuvo ayer en un tour mediático, sostuvo que el organismo creado por Promesa “negoció” con el Gobierno incluir la medida, la cual consideran parte “mandatoria” del plan fiscal. Por esto, demandaron el Gobierno en el tribunal federal para que se haga valer el recorte en la jornada y una reducción de 10% en las pensiones públicas.

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado”, dijo Carrión en una entrevista radial (NotiUno).

En otra entrevista (WKAQ 580), manifestó que fue Carrión o un ayudante suyo quien presentó la propuesta de reducir la jornada, a cambio de los despidos. Sin embargo, dijo no recordar exactamente quién fue.

Rosselló: “No hubo ningún acuerdo” sobre reducir la jornada laboral

El asunto se encuentra actualmente ante la jueza Judith Dein, a quien se le refirió el recurso legal presentado por la junta en el tribunal federal.

Aunque han insistido en que no implementarán la medida —que debía comenzar en septiembre hasta junio de 2018 o hasta llegar a $218 millones en ahorros—, el Gobierno aún no ha respondido el recurso legal.

La medida afectaría a casi 130,000 empleados públicos de la rama ejecutiva y corporaciones públicas, excepto a los policías.




Rosselló: “No hubo ningún acuerdo” sobre reducir la jornada laboral

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares negó hoy que su administración haya negociado con la junta de control fiscal la implementación de una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos a cambio de que no hubiesen cesantías o despidos.

El primer ejecutivo dejó entrever que pudo haber ocurrido una “conversación con terceros” a esos efectos, pero insistió que no son estos quienes tienen la potestad de negociar a nombre del Gobierno. (Juan J. Rodríguez/CB)

De esta forma, refutó al presidente de la junta, José Carrión, quien dijo durante la mañana que la reducción en la jornada es parte del plan fiscal porque se “negoció” con el Gobierno. “Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado”, afirmó Carrión en una entrevista radial (NotiUno).

“Les puedo garantizar a ustedes que aquí no hubo ningún acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para poder implementar eso. De hecho, en la mañana que se llevó a cabo la certificación del plan fiscal, nosotros no teníamos información a esos efectos”, expresó Rosselló Nevares en una rueda de prensa en la que anunció la afiliación de Puerto Rico al programa First Responder Network Authority, en La Fortaleza.

El primer ejecutivo dejó entrever que pudo haber ocurrido una “conversación con terceros” a esos efectos, pero insistió que no son estos quienes tienen la potestad de negociar a nombre del Gobierno.

“Esto es bien sencillo. La negociación de Gobierno con la junta de supervisión fiscal se tenía que hacer con los principales, entiéndase el gobernador de Puerto Rico, en aquel caso el representante de la junta, Elías Sánchez, y Gerardo Portela que es el director de Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal]. No hubo ningún acuerdo”, declaró el mandatario.

Junta fiscal negoció con Gobierno cesantías por reducción de jornada

Carrión tuvo un tour mediático durante la mañana y en otra entrevista radial (WKAQ580) dijo no recordar si la negociación para implementar una reducción en la jornada ocurrió con Sánchez o con “su ayudante”. En lo que sí enfatizó Carrión fue que la propuesta salió del lado del Gobierno.

“El Gobierno descartó las cesantías. Se acordó el tema de la reducción de jornada […] No hubiésemos certificado el plan fiscal sin eso”, insistió el presidente de la junta.

El asunto se encuentra actualmente ante la jueza Judith Dein, a quien se le refirió el recurso legal presentado por la junta en el tribunal federal para que determine que el recorte en la jornada y la reducción de 10% en las pensiones públicas son “mandatorias” del plan fiscal y, por ende, deben ponerse en vigor.

La solicitud de la junta era que la reducción de la jornada iniciara el 1 de septiembre, hasta el 30 de junio, o hasta que el Gobierno llegara a los ahorros requeridos. El Gobierno sigue sin responder el recurso legal presentado por el ente rector creado por Promesa.

“Mañana [1 de septiembre] esa medida no se va a implementar, pero sí estamos en la disposición de colaborar, sí hemos estado trabajando con la junta de supervisión fiscal en todas las medidas que hemos propuesto, estamos ejecutando el plan fiscal”, declaró el primer ejecutivo durante el día en un mensaje durante la Convención de Contadores Públicos Autorizados, en Fajardo.

Dispuesto Rosselló a ir contra decisión judicial para reducir la jornada laboral 




Junta fiscal negoció con Gobierno cesantías por reducción de jornada

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado”, dijo Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, aseveró hoy que el ente rector creado por la ley federal Promesa “negoció” con el Gobierno para incluir como medida de contingencia en el plan fiscal certificado una reducción de jornada laboral, en lugar de despidos de empleados públicos.

Carrión aseguró que, de no haberse incluido esa medida en el plan de gastos del Gobierno, la junta no hubiese certificado el documento debido a que “tenemos esa potestad”.

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado. Hubiésemos certificado nuestro propio plan fiscal que hubiese incluido medidas parecidas, porque el grueso del costo del gobierno está ahí [en la nómina]. Se negoció para evitar cesantías, se negoció una limitación en la jornada laboral, y todo eso saldrá en el tema legal, en el pleito”, aseveró el presidente de la junta en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, Carrión señaló que el Gobierno debía cumplir con dos renglones para evitar la activación de la reducción de jornada: tener liquidez y realizar cambios estructurales. Según dijo el presidente del organismo, el Gobierno cumplió con el primero, mas no así con el segundo, en el cual se quedó corto por cerca de $250 millones.

[DOCUMENTO] Junta fiscal demanda al Gobierno por reducción de jornada

“Tener dinero en caja y temas de liquidez no es lo mismo que cambios estructurales que hemos solicitado. […] El primer renglón era liquidez, y el segundo, eran cambios estructurales que nos daban unos 800 y pico de millones de dólares. Esos ajustes llegaron a alrededor de $600 millones y pico. […] Hubo cambios estructurales pero no pudieron llegar al número en su totalidad“, sentenció Carrión.

“Si no llegaban a esos números, y bajo nuestra discreción, nosotros podíamos determinar implementar estas medidas, las cuales fueron acordadas. Supongo, y aquí estoy especulando, que ellos [el Gobierno] acordaron eso porque entendían que iban a llegar. Y llegaron cerca, pero no llegaron en su totalidad. Por lo tanto, es el momento de implementar lo acordado y salir de él lo antes posible”, agregó.

Las expresiones de Carrión surgen en la víspera del día en que debería comenzar la reducción de dos días en la jornada laboral de los cerca de 130,000 empleados públicos de la rama ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas y exceptuando los policías.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha reiterado en múltiples ocasiones que no acatará la medida, a pesar de que ya el ente rector radicó una demanda en el tribunal federal a esos efectos. De acuerdo con el primer ejecutivo, la reducción de jornada es una “recomendación” de la junta y no es parte del plan fiscal, por lo que puede elegir no adoptarla, según lo establece el artículo 205 de Promesa.

Dispuesto Rosselló a ir contra decisión judicial para reducir la jornada laboral 

El Gobierno aún no ha respondido el recurso legal presentado por la junta, en el que solicitan que se declare que el recorte en la jornada y la reducción de 10% en las pensiones públicas es parte integral del plan fiscal y debe iniciar en septiembre. La propuesta de la junta es que la reducción en la jornada esté en vigor hasta junio de 2018 o hasta que se logren los ahorros requeridos.

“Si va o no va mañana [la reducción de jornada], pues el gobernador ha manifestado que no la habrá de implementar, tendremos que esperar a que la corte baje con su decisión y partiremos de ahí. […] En la medida en que eso se estire, peor es para nuestros servidores públicos porque, desafortunadamente, los dólares que necesitamos de ese renglón los vamos a necesitar si se tarda esto seis meses, o un mes, o lo que sea. O sea que lo que significaría posiblemente y desafortunadamente sería que se agudizaría la limitación de la jornada laboral”, explicó Carrión.

Rosselló: “No hubo ningún acuerdo” sobre reducir la jornada laboral




Podría haber sanciones contra maestros que participaron de manifestación

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó entrever hoy que podría haber sanciones contra los maestros que participaron de la manifestación masiva en contra de la junta de control fiscal, ocurrida a eso del mediodía frente a las oficinas del organismo creado por la ley federal Promesa en la Milla de Oro.

“Estaremos vigilantes, daremos el espacio a la expresión, pero no vamos a permitir, y me reservo el derecho como gobernador, de ver si hay algo que impide el desarrollo de la educación del pueblo de Puerto Rico, tomar las medidas que sean necesarias”, sentenció el primer ejecutivo a preguntas de los periodistas.

Sobre la razón de la manifestación, Rosselló Nevares se limitó a decir: “si es referente a la reducción en la jornada laboral, nuestro reclamo es que es una medida totalmente innecesaria en estos momentos”. (Juan J. Rodríguez/CB)

El mandatario dijo que respetaba este tipo de manifestación, siempre y cuando se hicieran “bajo el contexto de la ley”.

En esta ocasión, dijo que por la información que tenía la protesta había sido pacífica y, aunque indicó que no comentaría sobre la asistencia estimada en “500 personas”, luego afirmó que “el número no era significativo”, si se comparaba con manifestaciones anteriores.

Otras cifras ubican la participación en cerca de 2,000 manifestantes provenientes de diversos sectores, quienes fueron convocados por varias uniones sindicales para marchar en contra de una reducción de dos días en la jornada laboral de los empleados públicos.

Sobre la razón de la manifestación, Rosselló Nevares se limitó a decir: “si es referente a la reducción en la jornada laboral, nuestro reclamo es que es una medida totalmente innecesaria en estos momentos”.

Despliegue de fuerza policiaca domina protesta contra junta fiscal

Ese asunto se encuentra ante el tribunal federal, pues la junta presentó un recurso legal para solicitar que se ordene el cumplimiento del recorte en la jornada y que se declare que esto, así como la reducción de un 10% en las pensiones públicas, es parte fundamental del plan fiscal certificado.

El Gobierno, aunque no ha contestado la demanda, insiste en que ambas medidas eran “recomendaciones”, por lo que no las pondrán en vigor.

En la rueda de prensa en Dorado, el primer ejecutivo indicó incluso que desacataría la orden, si el tribunal decidiera a favor de la junta.




Carmen Yulín Cruz tilda de “pataleta” reacción de Rosselló a demanda de la junta

Luego de anunciarse que la junta de control fiscal radicó un interdicto contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares exigiéndole al ejecutivo que reduzca la jornada laboral de más de 130,000 empleados públicos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró que la movida del ente rector fue una “crónica de una muerte anunciada”.

La alcaldesa aseguró que no ve futuro en los esfuerzos de la administración del gobernador en crear el Frente por Puerto Rico. (Agustín Criollo/CB)

Para la primera ejecutiva municipal, la reacción del gobernador no es otra cosa que una “pataleta” que no llegará a mayores consecuencias, toda vez que la cláusula de supremacía de la ley federal Promesa indica que cualquier disposición de la rama ejecutiva y legislativa está sometida a las instrucciones de la junta.

“El Gobierno de Puerto Rico está ejerciendo su derecho al pataleo. En el plan fiscal del gobernador se incluía la reducción de jornada, ese plan fiscal que ellos celebraron en el Jardín Hundido de La Fortaleza […] En el presupuesto del país, que consigna la inversión de nómina -lo que otros llaman el gasto de nómina- está incluida esa reducción”, aseguró la alcaldesa.

“Ahora que se le ve el costo político, ahora que los economistas llevan diciendo por mucho tiempo, ahora es que se sabe que el perro es macho. Esto es lo que se viene diciendo desde hace años, inclusive, desde antes que se firmara la ley Promesa lo dijimos, que era evidente que una vez que entrara la junta de supervisión fiscal, quien manda es la junta y el gobernador administra”, añadió.

[DOCUMENTO] Junta fiscal demanda al Gobierno por reducción de jornada

No obstante, Cruz aseguró que el gobernador hace lo correcto al retar las directrices de la junta, pero criticó que fuera el propio Rosselló Nevares quien sugiriera el recorte de jornada.

“Lo primero que debió haber hecho era no sugerirlo. Lo primero que debió haber hecho el gobernador era no pedir los $450 millones menos para la UPR, ni los $350 millones menos para los municipios. Ni los 60 medicamentos menos para las personas de la tarjeta de salud, ni la reducción de dinero, porque aquí había una opción fundamental y principal: no pagues la deuda hasta que no la audites. Audita la deuda para entonces hacer un plan de pago que no ponga en riesgo el bienestar del país”, sentenció Cruz.

La alcaldesa aseguró que no ve futuro en los esfuerzos de la administración del gobernador en crear el Frente por Puerto Rico, que reúne a diversos sectores políticos, religiosos, sindicales, empresariales, cívicos y del tercer sector para abogar en la capital estadounidense por la inclusión de Puerto Rico en la consideración del Congreso y la Casa Blanca referente a temas de salud, reforma contributiva y desarrollo económico.

Confiado el gobernador que prevalecerá contra la junta en reducción de jornada 

“Yo tengo mis dudas de que ese frente vaya para ningún lado. Por un lado, destruyen el país y por el otro están con la pantomima de que queremos unidad para sacar el país adelante. Usted no puede pedir unidad para reducir las pensiones en un 10%. No puede pedir unidad para quitarle dinero a los municipios. El gobernador hará un pataleteo como nunca, y se rendirá como siempre”, aseguró.




[DOCUMENTO] Junta fiscal demanda al Gobierno por reducción de jornada

La junta de control fiscal demandó hoy al gobernador Ricardo Rosselló para obligar al Gobierno a que implemente la reducción de jornada y los recortes a las pensiones, según establece el plan fiscal certificado.

Específicamente, la acción legal que presentó hoy la junta busca que la jueza federal Laura Taylor Swain declare que tanto el recorte en la jornada como la reforma de pensiones que pide el ente rector son “partes mandatorias” del plan fiscal que aprobó el ente el pasado mes de marzo.

“El gobernador debe implementar y cumplir con todos los aspectos del plan fiscal del Gobierno, incluyendo pero sin limitarse a la reducción de jornada y la reforma de pensiones. La [junta] también busca remedio interdictorio para prohibir al gobernador que continue rechazando cumplir con cualquier aspecto del plan fiscal, incluyendo el programa de reducción de jornada y la reforma de pensiones”, lee la demanda.

Junta fiscal dispuesta a ir a los tribunales por reducción de jornada laboral

Según reportó en primicia CB en Español, ante una férrea oposición del Gobierno, la junta de control fiscal anunció el pasado 4 de agosto su determinación de implementar una reducción de jornada laboral de dos días al mes a todos los empleados públicos -excepto a los miembros de la Policía- a partir del 1 de septiembre y preliminarmente hasta que concluya el presente año fiscal en junio de 2018. La medida afectaría a cerca de 130,000 servidores públicos.

Según la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, la reducción de jornada representaría un ahorro de $188 millones al Gobierno este año fiscal. Explicó que la reducción de jornada se da en respuesta a que la Administración no logró demostrar cómo conseguirá $218 millones en ahorros producto de ajustes dirigidos a reducir el tamaño del aparato gubernamental.

“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

En cuanto a la reducción o eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos, la junta no tomará una decisión al respecto por el momento. Esa determinación se haría el 30 de septiembre.

Entretanto, la reforma de pensiones que pide la junta incluye un recorte promedio de 10%, afectando a alrededor de 125,000 pensionados. Los planes de la junta para reformar los sistemas de retiro del Gobierno también contemplan pagar a los pensionados directamente del Fondo General; cambiar a planes tipo 401(k) donde cada empleado ahorrará su aportación de cara a su jubilación; y asegurar que maestros, policías y jueces estén inscritos en el programa de Seguro Social, al igual que el resto de los servidores públicos.

[VÍDEO] Junta aprueba plan fiscal para Puerto Rico

Por su parte, la administración Rosselló ha reiterado una y otra vez que no implementará la reducción de jornada, como tampoco los recortes a las pensiones que solicita la junta. Según el representante del Gobierno ante la junta, Christian Sobrino, el gobernador nunca aceptó las condiciones impuestas como parte de la certificación del plan fiscal el pasado mes de marzo.

Asimismo, apuntan a la sección 205 de Promesa, la cual permite al Gobierno rechazar “recomendaciones” de la junta que puedan ser perjudiciales para la isla. Luego del anuncio por parte de la junta de la implementación de la reducción de jornada, Rosselló escribió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al liderato legislativo federal para expresar su oposición a estas medidas.



Demanda JCF a PR Jornada Laboral (Text)




Gobernador afirma que el 1 de septiembre será un día normal de trabajo 

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó hoy que el 1 de septiembre será un día normal de trabajo, pese a que es el día en que debería comenzar la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos —excepto policías—, según lo requirió la junta de control fiscal en su novena reunión pública.

El mandatario insistió en que ya el Gobierno determinó que no pondrá en vigor un recorte de dos días al mes en la jornada laboral en el sector público a partir de la semana entrante, aunque siguen las conversaciones para demostrarle a la junta que cumplirán con las reducciones en el gasto gubernamental prometidas en el plan fiscal certificado.

“Las alternativas, ya nosotros hemos presentado un sinnúmero de iniciativas, verdad. No lo pongo como alternativas porque, de nuevo, eso implicaría que hay que lograr un objetivo de liquidez que ya se había logrado. Pero ciertamente estamos en la disposición”, declaró el primer ejecutivo, que en el pasado dijo que barajaban “alternativas” a la reducción en la jornada, y ahora las llama “iniciativas”.

¿A quiénes les aplicaría un recorte en la jornada laboral en el Gobierno?

“Nuestro equipo de trabajo ha estado en comunicación continua con la directora ejecutiva de la junta de supervisión fiscal [Natalie Jaresko], con los miembros de los equipos asesores. Seguimos buscando iniciativas para cumplir con el plan fiscal”, agregó el mandatario a preguntas de CB en Español

Rosselló Nevares volvió a apelar al “diálogo” con la junta fiscal para evitar implementar el recorte, aunque en el pasado dijo que llegaría “hasta las últimas consecuencias” para detener una medida como esta.

Incluso declaró anteriormente que su Gobierno se defendería en los tribunales, si es que los integrantes de la junta llevan el caso a un foro judicial, como anticiparon. 

A una semana de que culmine agosto, los miles de empleados públicos continúan a la expectativa de lo que podría ocurrir con sus jornadas, pues es poca la información al respecto sobre las posibilidades de que la junta retracte su orden.

¿A quiénes les aplicaría un recorte en la jornada laboral en el Gobierno?

Mientras la junta insiste en que la reducción en la jornada es algo que forma parte del plan fiscal certificado, el Gobierno asegura que es solo una “recomendación”, por lo que pueden asumirla o no y simplemente informar al Congreso y el Gobierno de Estados Unidos, basándose en la sección 205 de Promesa.

Si bien el Gobierno insiste en que cumplió con los objetivos de liquidez que la junta solicitó, el ente creado por Promesa cuestiona la implementación de parte de los $800 millones en recortes gubernamentales.

La junta solicitó reducir la jornada laboral desde septiembre hasta junio del año entrante o hasta que se cumplan $218 millones en ahorros.