Encuesta revela sobre 50% de empleados en Puerto Rico sufren acoso laboral

En la continuación el viernes, de las audiencias públicas de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara que preside el representante Ángel Peña Ramírez, trascendió que el 51.8% de los empleados en Puerto Rico han experimentado ahora o en el pasado año el acoso laboral.

Así lo expresó el director ejecutivo de “The Work Place Alliance”, Waldemar Serrano Burgos que, a su vez, agregó en declaraciones escritas que el 67.1% de los encuestados “han sido testigo de maltrato abusivo repetido, demostrando sin duda razonable que este mal si existe y que es peor de lo que pensábamos cuando estuvimos deponiendo en la última vista, ya que estimamos entonces que la cifra de acoso laboral era de un 45%”.

Durante la discusión de los Proyectos de la Cámara 243, 306 y 759, para crear la “Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral” (anti-bullying) y la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico” (mobbing, en inglés), así como fijar la política pública del gobierno respecto a estas modalidades, Serrano Burgos, reveló que las empresas que no atienden las denuncias gastan entre $180,000 a $500,000 anuales por cada 2,000 empleados. Costo que supera la implementación de cualquier ley al respecto.

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Mientras que la doctora Jackeline Rosado, del Centro Integral de la Psicología, quien es Psicóloga Clínica, Escolar y Deportiva, especialista en Acoso Escolar y laboral, indicó que según un ‘Estudio Exploratorio del Acoso Psicológico’ del año 2003, las mujeres son las más afectadas con un 61 por ciento de la data recopilada en comparación con los hombres.

“En cuanto al lugar en que trabajan las víctimas, se encontró que un 52% es en el sector público, y el acoso moral proviene en un 55% de su supervisor jefe inmediato, 30% de otros supervisores, 23% de un grupo de trabajo y 20% de un compañero de trabajo”, expresó.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, planteó que los trabajadores de Puerto Rico actualmente cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para vindicar sus derechos en cuanto a estas prácticas.

Asimismo, recomendó que se aclaren las medidas para que sean implementables por el Departamento. Igual posición asumió Alicia Lamboy Mombille, presidenta de “Voz de Acción de la Empresa Privada”.

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A esos efectos, Peña Ramírez le dio un plazo de 15 días al secretario para que someta a la Comisión una definición clara de lo que es acoso laboral y le presente unas guías. El representante señaló, que tras este esfuerzo tripartito, posteriormente la Comisión y la Asamblea Legislativa adoptarán lo que será la postura final para establecer este estatuto.

“Entendemos que un proyecto final tendría el aval unánime de las tres delegaciones de Cámara y Senado y que sostendría la necesidad apremiante representativa de que este es un asunto que hay que atender con prioridad y premura. Así que una vez tengamos esas definiciones, vamos a celebrar otras vistas y vamos estar sometiendo al pleno de la Cámara la versión final sobre este asunto”, expresó.

El Legislador enfatizó que cree en el justo balance de lo que son los intereses proteccionistas tanto a los trabajadores como a las empresas. No obstante, destacó que el acoso laboral es un problema latente en diferentes jurisdicciones y es a nivel mundial. Además, mencionó que “Puerto Rico sería una de las jurisdicciones vanguardistas si aprobamos un proyecto que atienda esta necesidad que es evidente. Es un asunto al que hay que darle un remedio legal laboral vanguardista”.

Mientras que el representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, autor de una de las propuestas, expuso que la política pública institucional del Gobierno se trabaja en la Asamblea Legislativa y “para nosotros es bien importante atender esta conducta. Las tres delegaciones están abordo y esto probablemente pasará por unanimidad tanto en la Cámara como en y en el Senado”.

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De otra parte, la profesora Jeannette Sánchez, de la organización Ambiente Laboral Libre de Violencia, sugirió que se establezca un ente independiente tal como una Comisión de Asuntos del Trabajador para que atienda estos casos.

“Se trata de víctimas en donde se requiere de un equipo especial y profesional y preparado para trabajar con esta problemática laboral, además de la confidencialidad y prevención de la revictimización”. Lo que “a su juicio”, redundará en ahorros significativos en las gestiones de proceso administrativos para la investigación de las querellas.

La doctora Waleska Torres Gutiérrez, autora del libro “Mobbing el Asesino Silencioso en el Ambiente del Trabajo”, igualmente expresó que no debe ser el Departamento del Trabajo quien esté facultado para atender estos casos.




Cámara aprueba medida que establece tope en demandas por discrimen político

En una acción sin precedentes, la Cámara de Representantes aprobó ayer una medida que pretende enmendar la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado en casos de discrimen político. Ello permitiría a cualquier imputado de actos que pudieran constituir violaciones a los derechos civiles por discrimen político asumir solamente el 50% del total ordenado mediante sentencia en demandas de este tipo contra funcionarios.

Según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 730, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, los casos por discrimen político le cuestan al erario y más aún en estos tiempos que el Gobierno de Puerto Rico enfrenta serios retos fiscales que atentan contra el adecuado funcionamiento gubernamental y afectan adversamente los servicios esenciales que se les ofrecen a los ciudadanos.

Este proyecto lo que busca es disuadir a ese funcionario que tenga la intención de cometer discrimen contra un empleado. Con esta medida lo que garantizamos es que los movimientos en el gobierno se hagan correctamente y se excluya cualquier tipo de discrimen por razones política. Esa es mi posición y yo agradezco que sea la posición del cuerpo legislativo y que este proyecto se apruebe por unanimidad, para enviar un mensaje que está bueno ya, la política pública del Gobierno de Puerto Rico tiene que ser de cero tolerancia al discrimen por razones políticas”, indicó Meléndez Ortiz al presentar la medida en el pleno cameral.

Por otro lado, el controvertible Proyecto de la Cámara 41, de la autoría del representante José Aponte Hernández, que enmendará la Ley de Juegos de Azar, también pasó el cedazo de votaciones en ese cuerpo legislativo durante la sesión ordinaria de ayer.

Esta enmienda permitiría imponer penalidades más severas a los establecimientos que no posean los permisos y licencias requeridas por la Compañía de Turismo y la Oficina del Comisionado del de Instituciones Financieras (OCIF).

“La realidad es que cada vez es más frecuente encontrar máquinas de entretenimiento que han sido modificadas para convertirlas en máquinas de juegos de azar”, aseguró Aponte Hernández y lamentó la situación.

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Seguido, se ratificó el Proyecto de la Cámara 1357, de los representantes Víctor L. Parés Otero, Luis “Junior” Pérez Ortiz y Denis Márquez Lebrón, para realizar enmiendas a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, a los fines de establecer la obligación de revisar cada tres años los Códigos de Construcción utilizados por el Gobierno.

“El Proyecto de la Cámara 1357 ha sido un proyecto de consenso y con ideas que beneficia al país”, afirmó Márquez Lebrón, uno de los autores de la medida y representante de minoría por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Asimismo, se apoyó la Resolución Concurrente de la Cámara 45, también de la autoría de Parés Otero, para expresar la preocupación por parte de la Asamblea Legislativa en torno a los incidentes delictivos en San Juan y solicitarle a la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, y al comisionado de interino de la Policía de Puerto Rico, teniente coronel Henry Escalera, evaluar y enmendar los Códigos de Orden Público en aquellas áreas en las cuales se reportan problemas de desorden o convivencia pública.

La Cámara Baja también favoreció varias resoluciones, entre ellas, la Resolución de la Cámara 344 que investiga las condiciones de las carreteras estatales PR-07, PR-110, PR-459 y PR-467, en jurisdicción del municipio de Aguadilla, y busca identificar la necesidad de realizar mejoras y ampliación de la infraestructura vial para la posibilidad de desarrollar el Aeropuerto Rafael Hernández; la Resolución de la Cámara 411, que analiza la viabilidad para la construcción de un rompeolas en el barrio Guanajibo del municipio de Mayagüez; y la Resolución de la Cámara 250 para estudiar los factores que puedan incidir en los aumentos en los problemas de salud mental en la isla y divisar alternativas para solucionar o atenuar esta situación.

Asimismo, se dio paso a la Resolución de la Cámara 633 para que la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, investigue el estado en el que se encuentran las tuberías de desagüe y alcantarillas en las principales carreteras y avenidas del municipio de Toa Baja.

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Además, se aprobó  la Resolución de la Cámara 646 para examinar y evaluar la implantación de ley que crea la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Del mismo modo, se consintió con el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 606 para investigar los cargamentos con alimentos y artículos de primera necesidad que llegaron a la isla y permanecieron detenidos en el Aeropuerto Regional de la Base Ramey en Aguadilla.

También, y en reconsideración, se reafirmó el Proyecto del Senado 510, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que enmienda la Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto Rico a los fines de restituir ciertas disposiciones a los agricultores bona fide.




Legislatura radica enmienda a la Ley de ADN en Puerto Rico

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, radicaron el lunes, un proyecto el cual persigue establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante adviniera en conocimiento de información que sustente la misma.

“Este proyecto pretende enmendar el Artículo 4 de la Ley 246-2015 para que el término de 12 meses comience a ser contado a partir de que la persona, o su representación legal, advino en conocimiento de la evidencia que le permite sustentar la petición de prueba de ADN. Esto va permitir una fecha cierta para ejercer el derecho, pero a la vez hace justicia para que personas, que por alguna razón u otra no han podido ejercer el derecho lo puedan hacer y sometan su caso ante la justicia”, señaló el líder legislativo en declaraciones escritas.

Explicó que el 29 de diciembre de 2015 se aprobó la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”. Dicha legislación, es considerada como una de justicia social a los ciudadanos estadounidenses que cumplen sentencias en el sistema correccional de Puerto Rico y que por alguna razón entienden que debe realizarse un análisis de ADN para determinar que la sentencia por la cual están cumpliendo término de reclusión pudiera revocarse.

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La mencionada Ley fue aprobada partiendo de la premisa que “un solo inocente tras las rejas es suficiente para que esta Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley, siendo nuestro deber proteger al máximo nuestra Carta de Derechos, primera línea de defensa de nuestra democracia.”

“Nuestro proyecto mantiene la política pública en lo que creemos, que debe ser la Rama Judicial la que tome la decisión sobre si procede o no la petición. Lo que estamos haciendo es manteniendo la puerta abierta para que las personas que entiendan que necesitan esa prueba de ADN para poder demostrar su inocencia, puedan hacerlo”, añadió Méndez Núñez.

Para Meléndez Ortiz, “este proyecto reafirma la intención de la Rama Legislativa de tener vigente un mecanismo que ha probado ser efectivo y que permite la posibilidad de cuestionar la convicción mediante prueba científica que no estaba disponible durante el proceso inicial. No podemos olvidar que el propósito de esta ley es dar la oportunidad de hacerle justicia a alguna persona que esté cumpliendo sin ser culpable. Agradezco al presidente Méndez su atención a este importante asunto”.

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Presentan medida para que municipios puedan contratar personal para restaurar red energética

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, presentaron el lunes, una medida que viabiliza el que los municipios puedan contratar los servicios de empresas privadas para la restauración del servicio eléctrico, al igual que del suministro de agua potable, en caso de una emergencia, como el impacto de un huracán o terremoto.

“El huracán María fue un fenómeno trascendental, que impactó a nuestro Puerto Rico de manera inimaginable. Sus vientos de 150 millas por hora destruyeron la red eléctrica, dejando a su paso un inventario de destrucción sin precedentes. Sobre 40,000 postes en el piso, millas de cablería inservible y casi todas las torres de transmisión averiadas. Ante este grado de destrucción jamás visto, necesitamos conceptos nuevos para asistir a los hombres y mujeres de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) en la restauración del sistema”, señaló el presidente de la Cámara en conferencia de prensa celebrada en El Capitolio.

“Los alcaldes son quienes mejor conocen las necesidades de sus pueblos y dónde están esos ‘bolsillos’ sin electricidad, ellos pueden y deben ayudar en la reconexión de la electricidad. Escuchamos el pedido de los alcaldes y es por eso por lo que hoy estamos presentando esta medida”, destacó.

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El Proyecto de Ley enmienda el Artículo 3.009 de la Ley 81-1991, mejor conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar a los alcaldes y alcaldesas a formalizar acuerdos colaborativos con la AEE y/o con la AAA.

“Con este proyecto buscamos que los municipios lleven a cabo todas las gestiones pertinentes para normalizar y restablecer el sistema eléctrico o el suministro y tratamiento de agua, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Estas corporaciones públicas quedarán obligadas a certificar tales reparaciones, del municipio evidenciar que las realizó de acuerdo con los estándares prevalecientes en la industria o según las especificaciones de la instrumentalidad concernida, para que éste pueda beneficiarse de aquellos reembolsos o ayudas disponibles a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés)”, añadió el líder legislativo.

Por su parte, el representante Meléndez Ortiz indicó que “esta ley ofrecerá los mecanismos para que los municipios se conviertan en aliados de la AEE y la AAA, y de esta manera puedan trabajar en conjunto en el pronto restablecimiento de los pueblos. Todos sabemos que son los alcaldes quienes mejor conocen la situación en sus regiones y la infraestructura que fue impactada. Adicional, la AEE no cuenta con todo el personal necesario que desearíamos para poder cubrir todas las áreas afectadas alrededor de la isla”.

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“Se ha anunciado que para finales de febrero más de un 90 por ciento de los abonados tendrán restablecidos sus servicios, pero en las áreas remotas no será hasta verano que puedan recibir nuevamente el servicio eléctrico. No podemos dejar que nuestros ciudadanos estén un año sin poder recibir servicios esenciales. Entendemos que con esta ley los municipios, con personal preparado, podrán ayudar a acortar ese tiempo de espera”, agregó.

La medida también obliga a la AEE a incluir a los municipios en todos los planes de contingencia para atender situaciones con posterioridad al paso de una tormenta, huracán, incendio o terremoto en las instalaciones de la Autoridad, dirigidos a normalizar o restablecer el sistema eléctrico con inmediatez.

Recientemente el Municipio de San Sebastián creó el Pepino Power Authority. Con esta iniciativa, la administración municipal tomó control de la situación ante la falta de energía eléctrica y desarrolló una brigada de trabajo compuesta de 32 peritos electricistas, empleados retirados de la Autoridad, personal de seguridad pública y otros voluntarios, con la encomienda de agilizar el proceso de reparación y restauración del tendido eléctrico.

Según los partes de prensa, el Pepino Power Authority le restableció el servicio a más de 2,000 residencias. De hecho, enfatizó el alcalde, Javier Jiménez Pérez, que en San Sebastián, las personas se levantaron para ayudar a energizar sus comunidades, removiendo postes dañados, haciendo hoyos para enterrar nuevos y moviendo cablería inservible; un trabajo que le corresponde a una agencia que no ha demostrado tener la capacidad para hacerlo.




Presidente cameral visitará Washington para promover a Puerto Rico como jurisdicción doméstica

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció que estará viajando, junto a un grupo de representantes, a Washington D.C. el lunes, para impulsar en el Congreso la designación de Puerto Rico como una jurisdicción doméstica en relación a la reforma contributiva que actualmente se discute en comités de conferencia entre la Cámara baja y el Senado federal.

“El discurso nuestro es el siguiente: nosotros acabamos de pasar por un huracán categoría cinco y otro huracán categoría cuatro que devastó la isla y no nos podemos exponernos ahora a un huracán categoría 10 que es precisamente el que Puerto Rico sea considerado como una jurisdicción foránea lo que representaría de manera inmediata nosotros podemos perder entre de 75,000 a 250,000 empleos directos e indirectos. Según la versión de la Cámara de Representantes federal se le impondría una contribución de 20 por ciento de manera inmediata y eso haría difícil que ellos siguieran haciendo negocio en Puerto Rico. La visión del presidente Donald Trump es que estas compañías que están en jurisdicciones foráneas se muevan a territorio doméstico. Por eso se hace imperioso que estemos esta semana en el Congreso”, señaló el líder legislativo en una entrevista radial (Wapa Radio).

Méndez Núñez indicó que favorece la designación de la isla como jurisdicción doméstica para efectos contributivos. La pasada semana, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Concurrente 56 que apoya dicha posición y solicita al Congreso que actué sobre el pedido.

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El presidente de la Cámara envió un contundente mensaje a la oposición política sobre la necesidad de la igualdad de derechos para los puertorriqueños. “El cuento de los populares es oponerse a la paridad de Puerto Rico. Somos la jurisdicción que no tiene ningún tipo de derecho. Un ciudadano americano se muda aquí de la Florida y pierde la mitad de sus derechos, nosotros nos mudamos a la Florida y avenimos a tener todos los derechos y responsabilidades. Así que no sé cuál es el miedo de ellos”, sostuvo.

Junto al líder legislativo estarán viajando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como el presidente de al Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara, José Aponte Hernández, y los representantes José “Quiquito” Meléndez Ortiz y José “Che” Pérez Cordero.

Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, catalogó como insensible y vergonzoso que Méndez lidere esta visita a la capital federal.

“Yo no sé como el presidente de la Cámara se atreve a anunciar con bombos y platillos que va a viajar al Congreso a cabildear para que los puertorriqueños paguen contribuciones federales, en momentos en que el ciudadano de a pie aún no se recupera del azote del huracán María, y en momentos en que peligran sobre 70,000 empleos directos y 160,000 empleos indirectos como consecuencia del golpe al sector manufacturero”, sentenció Hernández Montañez en declaraciones escritas.

Agregó que “en momentos como los que atraviesa el país, tenemos que quitarnos las gríngolas ideológicas, y ver la crisis más allá de la política. Por esa razón, nos hemos unido al Gobernador junto a otros sectores en este esfuerzo para velar por esos empleos. Lamentablemente, Johnny Méndez optó por irse del lado de la comisionada residente, Jenniffer González dándole la espalda a Ricardo Rosselló y a Puerto Rico sin importarle los padres y madres de familia que se tendrán que ir del país por la pérdida de miles de empleos, y el colapso de nuestra economía”.

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Comisión cameral busca enmendar la “Ley del Buen Samaritano”

La directora ejecutiva de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico, Thais Reyes Serrano, anunció que el comité avaló la aprobación del Proyecto de la Cámara 1281, el cual busca enmendar la “Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico” para extender las protecciones a los profesionales de la salud provenientes de los Estados Unidos desplegados en la isla para atender un evento catastrófico, según establecido por el Emergency Management Assistance Compact (EMAC, en inglés).

“La Comisión Especial, luego de un exhaustivo estudio de la medida, ha concluido avalar el Proyecto de la Cámara 1281 con el objetivo de que la iniciativa sea discutida por los Representantes en el pleno del hemiciclo”, señaló la funcionaria en declaraciones escritas.

El proyecto, de la autoría del representante José ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz y del líder cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, tiene la intención de que los empleados considerados agentes del estado, que sean movilizados para una emergencia o desastre, reciban la inmunidad civil como si fueran empleados del estado que solicita su ayuda.

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Cientos de profesionales de la salud, como doctores, provenientes de diversos estados de la unión, se encuentran en Puerto Rico brindando servicio directo a la población, afectada por el paso de Irma y María, en hospitales y clínicas.

Según establece la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, “los eventos recientes relacionados al catastrófico huracán María ha puesto de manifiesto la relevancia de EMAC y la necesidad de que los estados y territorios puedan compartir sus recursos para atender estos eventos sin mayores trabas. Uno de los más grandes escollos que se han presentado en este intercambio es la responsabilidad civil en daños que podrían enfrentar los recursos desplegados en este tipo de evento”.

“EMAC dispone que los oficiales y empleados de un estado que sean desplegados bajo sus disposiciones se consideren agentes del estado que los solicita para los efectos de responsabilidad civil e inmunidad. De igual manera, EMAC dispone que ningún estado parte o sus oficiales sean responsables por cualquier acto u omisión de buena fe mientras estén desplegadas o debido al mantenimiento o uso de cualquier equipo o suministros relacionados con el despliegue. Claro está, la persona desplegada no podrá incurrir en daños intencionales, negligencia crasa o imprudencia”, indicó Reyes Serrano.

La Comisión, presidida por el presidente de la Cámara, fue creada, por unanimidad, en la sesión ordinaria del pasado 17 de octubre, para atender legislación relacionada con los trabajos de recuperación tras el paso de Irma y María durante el mes de septiembre.

Además de Méndez Núñez, los otros miembros de la Comisión son: Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, Ángel Bulerín Ramos, Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago Guzmán, Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez del Partido Popular Democrático y Dennis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.

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