Urgen aprobación de enmienda constitucional sobre proceso de selección de jueces

El representante popular, José “Conny” Varela solicitó el lunes, se le de paso a la Resolución Concurrente de la Cámara número Ocho, de su autoría, radicada el 2 de enero del 2017, para convocar un Referéndum de enmienda constitucional, a los fines de que el proceso de selección de los jueces recaiga en la propia Rama Judicial y, además, que se establezca un sistema de carrera judicial por méritos y cuya selección sea por competencias.

“Nuevamente sale a relucir casos de comportamiento ilegal y antiético de miembros de la Judicatura, que permiten que los procesos políticos intervengan en decisiones judiciales. Este bochornoso e ilegal acto tiene sus raíces en el obsoleto y conflictivo proceso de selección, nombramiento y confirmación de jueces que está supeditado a intereses políticos y electorales. Es hora de cortar ese problema de raíz”, destacó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones escritas.

Varela, quien es abogado de profesión, expresó que “dada la importancia de mantener una Rama Judicial libre de intervenciones y motivaciones ajenas al derecho, es necesario que los funcionarios electos que tienen hoy el poder de nombrar y confirmar los jueces, sean despojados de esa facultad para asegurar un proceso de selección de miembros de la Judicatura que respondan únicamente a su lealtad al Derecho y la Justicia y no a sus vínculos políticos.”

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Para lograr esto, el legislador explicó que es necesario enmendar la Constitución para modificar los poderes que hoy ostentan el Gobernador y el Senado de nombrar y confirmar, respectivamente, a los miembros de la Rama Judicial.

“La reforma judicial que proponemos va más allá del proceso de selección de jueces, porque no es suficiente. Tenemos que garantizar que los hombres y mujeres que visten una toga para impartir la justicia, tengan el conocimiento, el temple y las destrezas profesionales y personales necesarias para descargar su responsabilidad con absoluta integridad y eficiencia”, indicó el legislador.

“Por esta razón, es necesario establecer un sistema de reclutamiento y ascensos en la Rama Judicial mediante mecanismos de adiestramiento académico, métricas de productividad y más importante aún, que los ascensos respondan a un criterio estricto de competencias”, señaló.

El Representante por distrito sostuvo que algunos de los criterios que pudieran incluirse como requisitos para ascensos pudieran ser: un sistema de puntuación por efectividad usando estadísticas de revocación de sentencias; la evaluación de prontitud y eficiencia en que se resuelven los casos; la asistencia; comportamiento en sala; fundamentos de derecho en sus decisiones; evaluaciones profesionales de abogados y fiscales; la asistencia a programas de educación continua; la realización de exámenes para poder aspirar a ascensos judiciales y el número de años (seniority, en inglés) que llevan en la práctica legal o en la Judicatura.




Administrador de Retiro asegura no habrá reducción en las pensiones del Gobierno

El administrador del Sistema de Retiro de los empleados de Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez aseguró el martes, que no se verán reducidas las pensiones.

“No hay reducción, no está contemplado y no es aceptable para el Gobierno de Puerto Rico. Hoy ese dinero está asegurado para las pensiones futuras, la gente ha vuelto a sentir la confianza de que su dinero está ahí”, detalló Collazo Rodríguez en declaraciones escritas.

El administrador del Sistema de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. (Suministrada)

El administrador del Sistema de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. (Suministrada)

Estas expresiones surgieron en vista pública de la Comisión de Revitalización Social y Económica que preside la senadora Zoé Laboy, la cual dilucida la Resolución del Senado 188.

Esta ordena una investigación sobre el impacto de la crisis económica sobre la seguridad financiera de la población, con especial énfasis en las personas de edad avanzada, los resultados obtenidos de las medidas públicas y privadas que se han adoptado para asegurar la educación financiera de la generación que hoy se levanta e identificar alianzas dirigidas a fortalecer la seguridad financiera individual y que su vez generen un impacto positivo en la economía de la Isla.

Collazo Rodríguez detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios.

Entre estos se encuentra la orientación a los directores de Recursos Humanos y los coordinadores de asuntos de retiro del Gobierno sobre el Programa de Transición Voluntaria, la Nueva Ley de Retiro. A la vez, la creación del Programa Ayuda al Pensionado, el cual sirve de enlace entre el pensionado y las agencias gubernamentales.

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Sin embargo, la senadora se expresó insatisfecha con los programas por entender que estos no van a orientar las nuevas generaciones que se insertan en el servicio público.

“Más allá de servir a los directores de Recursos Humanos deben servir a todos los empleados. Quiero que en los próximos 6 meses presenten a la Comisión por donde va este plan de orientación a los empleados de Gobierno”, dijo.

La Administración del Sistema de Retiro del Gobierno y la Judicatura destacó que existen 120,000 pensionados beneficiarios del Gobierno con una pensión promedio de $1,141. En el caso de la Judicatura cuenta con 304 pensionados y 53 beneficiarios con una pensión promedio de $4,842 mensuales.

El senador popular Miguel Pereira y la senadora por acumulación Itzamar Peña estuvieron presentes en la audiencia pública. La Comisión informó que las vistas públicas sobre esta investigación continuarán esta semana y la próxima donde estarán citados el empresario Manuel Cidre y el Comisionado de Instituciones Financieras.




Gobierno incumplió pago de aportación adicional a sistemas de retiro

Desde 2013, el gobierno ha acumulado una deuda de $685 millones con el Sistema de Retiro del Gobierno Central y de $37.2 millones con el de la Judicatura, correspondientes a dos leyes especiales que creaban una aportación adicional uniforme y una aportación adicional patronal para subsanar los problemas de financiamiento que enfrentan ambos fideicomisos.

Esta aportación adicional uniforme para el retiro del gobierno central, establecida mediante la Ley 32 de 2013, tenía el propósito de mantener el valor de los activos brutos del fideicomiso en no menos de $1,000 millones, explicó la administradora interina de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Natalia Palmer Cancel, durante una una vista pública conjunta de las Comisiones de Gobierno y Hacienda del Senado, que investigan la situación de los tres sistemas de pensiones (Resoluciones del Senado 12 y 93).

(Cindy Burgos/CB)

La administradora interina de los sistemas de retiro, Natalia Palmer (izquierda), indicó que el dinero que el gobierno le adeuda al retiro del gobierno central y la judicatura no habría resuelto los problemas que enfrentan los fideicomisos, pero le habían brindado un respiro. (Cindy Burgos/CB)

En el año fiscal 2013-14, se debían pagar $140 millones de parte de las agencias —que les correspondía el 60%—, corporaciones públicas y municipios para garantizar el valor de los activos. Sin embargo, el retiro solo recibió $35.4 millones del gobierno central, $5.9 millones de las corporaciones públicas y $14.4 millones de los municipios.

En el año fiscal 2014-15, el retiro debía acoger alrededor de $120 millones de aportación adicional uniforme, pero solo recibió $54.4 millones. Para el año fiscal 2015-16, la aportación adicional uniforme debía ser de casi $600 millones, pero solo se proveyó $21.7 millones de parte de las corporaciones públicas y otros $7.3 millones de un subsidio especial, lo cual ha provocado la monumental deuda, que se suma a la falta de pago de la aportación patronal de diversas agencias y municipios.

“El problema del sistema no se arreglaba solamente con la aportación adicional uniforme. Lo que eso sí le permitía, y lo que es la intención de la ley que está en vigor, es tratar de que los activos del fideicomiso nunca bajaran de $1,000 millones, y esto por lo menos podía ayudar a que el fideicomiso continuara pagando lo que es la garantía de pensiones y beneficios”, indicó Palmer Cancel.

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En el caso del retiro de la judicatura, se estableció una aportación adicional patronal con la Ley 162 de 2013, pero nunca se incluyó en los presupuestos. Con esta, el gobierno debía pagar adicional al sistema unos $11.6 millones en 2014-15, $12.1 millones en 2015-16 y $13.5 millones en 2016-17.

“El sistema de retiro lo que necesita es inyección de capital. Ya las reformas se hicieron y la verdad es que tiene que ser inyección de capital recurrente, que nos permita a nosotros invertir”, agregó la administradora interina de los sistemas de retiro, que buscan continuar con la venta de activos como método para subsanar la falta de ingresos.

De otro lado, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración, Fiscalización y Asuntos Adjudicativos de la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro, Ana Izquierdo, manifestó que la entidad espera que se resuelva una demanda contra UBS con la cual reclaman $800 millones en daños.

El gobierno alega que la agencia global de servicios financieros dio información poco certera o distorsionada en la emisión de $3,000 millones en bonos en 2008 que “nunca tuvo el rendimiento esperado”, por lo que tendrán que pagar $9,000 millones en intereses.