Jubilados aseguran que lograron que el Senado baje a votación resolución que evita recortes en pensiones

El Frente en Defensa de las Pensiones, junto a pensionados y pensionadas de toda la isla, lograron que senadores bajen hoy a votación la Resolución Concurrente 114 que establece que los cuerpos legislativos no crearán legislación que brinde paso al Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno Central presentado por la Junta de Control Fiscal y que contempla reducciones a las pensiones de cientos de miles de jubilados y servidores públicos.

La medida ya fue aprobada en la Cámara de Representantes.

“Gracias a nuestra gestión y a la presión ejercida a los senadores, logramos que hoy se vea en el Senado, y que según nos han dicho los senadores, se apruebe la Resolución Concurrente 114 que representa un compromiso expreso de los cuerpos legislativos para luchar contra más recortes a nuestras pensiones. Esto es un gran logro y paso para que nuestras pensiones se protejan de los recortes que quiere hacer la Junta de Control Fiscal”, expresó Pedro Pastrana del Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

El Frente en Defensa de las Pensiones, que agrupa jubilados del Capítulo de la Federación de Maestros, Capítulo de Jubilados de UNETE, Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico, Comité Especial de Jubilados del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, y la campaña Construyamos Otro Acuerdo, añadió que la aprobación de esta Resolución Concurrente en ambos cuerpos lograría un tranque en la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda, pues la legislatura no creará ni aprobación que permita recorte a las pensiones.

“Con la aprobación de esta Resolución, la Junta lo tiene más difícil para poder lograr la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda. La Sección 314 de PROMESA dispone que para que un plan de ajuste de la deuda sea confirmado por el Tribunal, debe haberse aprobado la legislación habilitadora para su implementación. Así que la legislatura tiene mucho poder para pedir a la Junta que enmiende ese plan para eliminar el recorte a las pensiones para que entonces, y dependiendo de lo que hayan enmendado, la legislatura decida si lo aprueba o no” explicó Sonia Palacios, pensionada y portavoz de Construyamos otro Acuerdo.

El grupo de pensionados agregó que además de las visitas a los legisladores, continúan realizando manifestaciones exigiendo se defiendan sus pensiones y que no se apruebe el acuerdo de los bonistas de la AEE que aumentaría la factura de luz.

“Nosotros nos hemos mantenido manifestándose en diferentes partes de la isla y lo vamos a seguir haciendo porque nuestras pensiones, ni nuestra factura de la luz se tocan. Le llevaremos por tercera vez un cacerolazo a Carrión frente a su penthouse en Condado exigiendo cero recortes a las pensiones y mostrando nuestro rechazo al acuerdo con los bonistas de la AEE que aumenta nuestra tarifa de la luz. Nos quieren quitar las pensiones y aumentar la luz, entonces ¿con qué nos quedamos? Nuestra factura de luz y nuestras pensiones no se tocan” añadió Palacios

El cacerolazo convocado por la campaña Construyamos Otro Acuerdo será el próximo martes 12 de noviembre a las 9:00 p.m. en la Plaza Antonia Quiñones en Condado.




Gobernadora anuncia que habrá bono de Navidad para empleados públicos

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dio a conocer el martes que los empleados de Gobierno recibirán el bono de Navidad, esto luego de identificar los fondos y de llegar a un acuerdo con la junta de control fiscal.

Tras sostener comunicación con la directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, se acordó otorgar dicha compensación adicional a los empleados públicos, que tradicionalmente han recibido ese dinero previo a la época navideña.

“Nos comunicamos con Jaresko y logramos finiquitar los detalles del bono de Navidad, para que todos los servidores públicos reciban esa compensación que esperan y que es necesaria. Sabemos que los empleados públicos dependen de ese dinero para poder comprar sus regalos y disfrutar de la época navideña. Desde un principio, dije que lucharía para poder hacer los ajustes que fueran necesarios e identificar los fondos para poder cumplir con ese compromiso a nuestro pueblo”, destacó Vázquez Garced.

Este bono de navidad es una obligación legal que ya constituye parte de la compensación de los empleados públicos. No empece a lo anterior, reconocemos que el Gobierno continuará trabajando para alcanzar sus metas de ahorro para el próximo año fiscal.

El Gobierno logró identificar sobrantes suficientes para honrar la compensación de Navidad, que se estima cuesta aproximadamente $60 millones.

La Ley del Bono de Navidad para Funcionarios o Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1969, según enmendada, provee para otorgar compensación económica a los servidores públicos en Navidad, lo que ayuda tanto a los que lo reciben, como al desarrollo económico de la Isla.




Proponen a Grijalva mayor transparencia de la junta fiscal y que cambien las políticas de austeridad fallidas

La organización Espacios Abiertos (EA) solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, Raúl M. Grijalva, que si no se elimina la junta de control fiscal, debe imponérsele reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y la de sus contratistas, un código de ética más firme y que se cambie la ruta de las políticas fiscales fallidas que ha implantado el organismo.

El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en una carta enviada a Grijalva en ocasión de las vistas sobre enmiendas a la Ley Promesa que se celebraron el miércoles, que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de sostenibilidad un análisis de sostenibilidad de deuda realizado por expertos académicos independientes y debe apoyar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda realizada por especialistas sin conflicto de interés.

“Sin entrar a debatir sobre los atropellos democráticos que significan la imposición de la Ley Promesa y el tener una Junta de Supervisión Fiscal no electa que el pueblo de Puerto Rico paga de sus bolsillos, se puede concluir, después de estos más de tres años, que las estrategias y políticas impuestas por la propia Junta producto de la ley que la crea, no atienden las causas reales de los problemas de la isla. La situación de déficit democrático y crisis fiscal que se debía resolver no se soluciona ni con mayor represión institucional ni con recetas de austeridad fiscal que el consenso económico internacional ha descartado”, indicó el economista.

“En su lugar, está abonando a que la mayoría de la población vea sus condiciones de vida mucho más deterioradas. La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis”, añadió.

Santamaría Ots declaró que el Congreso debería hacer una reflexión profunda del por qué la junta de control fiscal sigue implantado medidas de austeridad económica que han demostrado ser un experimento fracasado en la historia económica reciente.

Asimismo, dijo que, como ejemplo de su falta de transparencia del ente rector y sus repercusiones, recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno —y aunque difundido a determinados grupos de bonistas y en medios especializados como el Electronic Municipal Market Access System (EMMA), de difícil acceso para la ciudadanía, a fecha de hoy sigue sin aparecer en la página de Internet de la propia junta de control fiscal—en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas estructurales y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María que proyectaron en $69 mil millones y que podría ser recortada hasta los $39 mil millones. Ello pese a que estudios de economistas expertos en reestructuración de deuda advirtieron del optimismo desmesurado de las proyecciones realizadas. Pero, la falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones.

“Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran”, sostuvo el analista.

Recalcó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas –como en el caso de COFINA– y que pronunciamientos de expertos en la materia ya anticiparon como demasiado generosas con los bonistas.

“De materializarse tales proyecciones de crecimiento a la baja, los recaudos también disminuirían, y si se reducen los recaudos, la sostenibilidad del pago de la deuda se vería otra vez en peligro. En pocos años, estaríamos enfrentando un segundo proceso de quiebra y posiblemente otro costoso proceso de reestructuración a expensas de las políticas de inversión públicas que hoy Puerto Rico tanto necesita. En economía, el consenso entre expertos no siempre es posible. En el caso de Puerto Rico, existe y entre economistas de distinto espectro ideológico: Puerto Rico necesita un recorte sustancial de su deuda”, señaló Santamaría Ots.

Puntualizó que la junta de control fiscal no ha tomado en consideración que los resultados del estudio “Análisis del alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico”, dirigido por el investigador asociado de la Universidad de Columbia, Martín Guzman, y con la coautoría con el economista Pablo Gluzmann y el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. En ese estudio se concluyó que para que el pago de la deuda de $72.2 mil millones sea sostenible, debe reducirse en al menos un 80 por ciento.

Falta de transparencia de la junta fiscal

El portavoz señaló al congresista que la junta de control fiscal se ha dado a conocer por una persistente falta de transparencia. Por ejemplo, la falta de divulgación sobre los intereses financieros completos de algunos miembros del ente rector y empleados, según dispone la misma ley que la creó, generó suspicacia en apenas meses de haber sido nombrada. Añadió que otra dimensión de la falta de transparencia es el limitado acceso a toda la documentación que el organismo produce, gestiona, supervisa, delega y que o bien constituye – o debería constituir – información pública.

“La injerencia de la Junta ha añadido más vulnerabilidad a los procesos de diseño de políticas públicas y de la toma de decisiones relacionadas a estos. Puerto Rico todavía carece de una ley de transparencia que permita a la ciudadanía, por un lado, conocer a fondo los detalles y los pretextos de estas políticas públicas y, por otro, que le permita defenderse de los posibles atropellos y abusos institucionales. No obstante, Puerto Rico sí cuenta con jurisprudencia de su Tribunal Supremo que garantiza el acceso a todo documento público producido por el gobierno electo pero no por la Junta”, indicó el analista.

Precisó que esa vulnerabilidad se vuelve a constatar en las leyes de Transparencia y de Datos abiertos de reciente creación que comienza a poner más obstáculos al acceso de documentación pública y contra la cual los tres principales gremios periodísticos y Espacios Abiertos se han opuesto.




AEE invita a los celadores a resolver asuntos salariales en la mesa de negociación

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguró el lunes que se encuentra en un proceso activo de negociación con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) sobre los celadores de líneas.

Marc Thys, director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales sostuvo que “aún dentro de las limitaciones austeras de la AEE, bajo título III de la Ley Promesa, se les ofreció aumentos de entre un 10 a un 15 por ciento, así como cambios en los deberes del puesto, enfocado en la efectividad y calidad en el servicio de los clientes”.

El funcionario recalcó que tan reciente como el viernes pasado, 25 de octubre, recibieron de la Utier la sexta propuesta y actualmente se encuentran analizándolo.

“La invitación es a resolver estos asuntos en la mesa de negociación, y no en la calle afectando el servicio a nuestros clientes y la imagen de la empresa”, sostuvo Thys.

“La gerencia de la AEE ha hecho todo lo posible para poder ofrecer un incremento salarial que esté a tono con las exigencias del Plan Fiscal que rige a la Autoridad y pasa por el cedazo de la Junta de Control Fiscal. Es importante señalar que para atender las necesidades de la empresa durante este año fiscal se adiestrarán 160 nuevos celadores de línea”, señaló.

Miembros de la Utier llegaron el lunes desde tempranas horas de la mañana a los predios de La Fortaleza, donde establecerían un campamento en reclamo por las condiciones laborales de los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A su llegada a la manifestación en la Fortaleza, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que decidieron extender el reclamo a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ante la alegada falta de voluntad del director de la AEE, José Ortiz y aseguraron no abandonarán el predio hasta que se firme el acuerdo con la corporación.

“Vinimos donde la gobernadora porque la falta de voluntad de José Ortiz es más que evidente. Si a José Ortiz no le ha importado a dejar el país sin luz, menos le va a importar que se retengan los celadores de línea”, dijo el líder sindical a la prensa.

“A la gobernadora la llamamos a que intervenga en este proceso para evitar una controversia mayor… Nosotros vamos a estar aquí hasta que se resuelva la negociación. No es que nos atiendan. Ya nos atendieron y nos fuimos bajo un compromiso que se cumplió parcialmente… No nos vamos de aquí hasta que firmemos el acuerdo”, agregó.

Alegó que en una reunión previa, la AEE les hizo una propuesta “que iba en retroceso a lo que ya habíamos superado”. Agregó que cada mes se van uno o dos de estos trabajadores, así como otros recursos de la AEE.

Los unionados de la Utier llevan un tiempo realizando manifestaciones en reclamo por las negociaciones para que se les mejoren las condiciones de empleo a los celadores de la corporación pública.

Según se informó, más temprano agentes de la Policía removieron a los manifestantes que se apostaron frente al portón posterior del Palacio de Santa Catalina, por donde entra y sale la gobernadora.

En una grabación divulgada por una emisora radial (NotiUno), se escucha a Figueroa Jaramillo convocando a los unionados que trabajan en las unidades técnicas de la zona metropolitana a agruparse en la Mansión Ejecutiva.

“Hoy continúa una jornada de lucha sobre todo lo que estamos llevando a cabo sobre los celadores. Ya hay un grupo de compañeros en Fortaleza donde están tomando un área encadenados. La guagua de nosotros está dentro de Fortaleza ubicada para montar el campamento”, dijo Figueroa Jaramillo en la grabación.

“Todas las Unidades Técnicas salen y montan su piquete y campamento frente a cada técnica. Las Unidades Técnicas del área metropolitana: Caguas, Río Piedras, San Juan y Bayamón, inmediatamente tengan acceso, se movilizan al área de San Juan donde va a estar el campamento”, agregó.

El líder sindical dijo que los trabajadores de las distintas regiones de la AEE se rotarán para pernoctar en el campamento. “No estamos decretando una huelga. Posteriormente, una vez tengamos todo bajo control, estableceremos el ‘ruling’ de quién va estar entrando, si estaremos entrando, quién va a estar en el campamento ese día, en paro”, dijo.

–CyberNews contribuyó a esta nota




Reclaman rechazo al acuerdo con bonistas de AEE ante grave efecto de cargos a consumidores de energía solar

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés), advirtió las serias consecuencias que tendrá en el bolsillo de los consumidores de energía solar y en el desarrollo de la industria en la isla el que se ponga en acción la propuesta de los bonistas de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), que buscan cobrar su dinero mediante la imposición de un cargo a los ciudadanos que instalen un sistema de energía solar en sus hogares y negocios.

El cargo es parte del Acuerdo de Reestructuración (RSA) contraído con los bonistas y que fue presentado a la jueza Laura Taylor Swain el pasado mes de mayo para su aprobación.

Por lo tanto, SESA radicará el viernes ante el Tribunal Federal de Quiebras un recurso de amicus curiae con el fin de advertir sobre el impacto adverso que tendrá para la ciudadanía y para la economía de la isla, la imposición de un cargo a los consumidores, informó PJ Wilson, presidente de SESA, organización que representa a las empresas solares y de almacenamiento de todo tamaño en Puerto Rico.

“Es comprensible que los bonistas deseen recobrar lo que entienden se les debe debido; lo que es incomprensible es que el camino que escogieron es uno que fundamentalmente imposibilita ese objetivo al erosionar la misma base económica de abonados y consumidores que contribuyen a la red. Entendemos que el gobierno tiene un gran oportunidad de rechazar los cargos a los consumidores solares propuestos en el RSA para que así el Tribunal Federal los rechace. Esta postura sería consistente con las expresiones recientes del Gobierno en contra de cualquier aumento en la factura eléctrica”, expresó Wilson.

El acuerdo negociado con los bonistas de la AEE y que estuvo a cargo de dicha agencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la junta de control fiscal, dispone que a los consumidores que instalen sistemas de energía solar a partir de octubre de 2020 se les impondrá un cargo aplicado a su producción de energía.

Según explicó el portavoz de SESA, este sería un cargo mensual basado en la producción de energía solar, lo cual está explícitamente prohibido por la Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019, de política pública energética, la ley bipartidista que puso a Puerto Rico en el mapa de la discusión energética mundial.

“Puerto Rico necesita más energía solar y baterías para ayudar a construir su resiliencia y promover su desarrollo económico”, dijo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de Sunrun. “Es hora de implementar nuestra innovadora legislación bipartidista para alcanzar un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Rechazamos todo intento para obstaculizar nuestros esfuerzos con impuestos solares innecesarios y discriminatorios”.

“Este es un tema determinante para el futuro energético de Puerto Rico, por lo que estamos haciendo un llamado al Tribunal Federal y al gobierno de Puerto Rico para que detengan la efectividad de este acuerdo. Entendemos que hay que identificar opciones para el pago de la deuda contraída por la AEE, pero no puede ser a expensas de un retroceso en los avances que se han realizado en la isla para promover el cambio hacia la energía renovable y de penalizar al consumidor que determina moverse a la energía solar para lograr ahorros, mejorar eficiencia y proteger el ambiente”, destacó Wilson.

La moción que presentará por SESA explicará los efectos adversos específicos que se producirán en la isla, destacando el hecho de que cualquier desaceleración en el despliegue solar significaría que más personas serán vulnerables durante eventos atmosféricos, como lo fue el caso del paso del huracán María en el 2017, durante el que 4.000 personas murieron, muchas de ellas debido a la falta de acceso al servicio de electricidad.

“Rogamos a las autoridades federales que respeten la Ley 17 y las locales a que la defiendan.  Esto, como mínimo, significa cumplir las metas de energía renovable legisladas, y para siempre prohibir cargos e impuestos a la generación solar. Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a que se exprese en contra de esta medida que sin duda atenta contra los mejores intereses del pueblo”, concluyó Wilson.




Docentes, no docentes y estudiantes declaran frente unido en defensa de la UPR

(Suministrada)
(Suministrada)

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) hicieron el jueves un frente unido en defensa de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante los recortes presupuestarios impuestos por el plan fiscal certificado por la junta de control fiscal y la amenaza del cierre de recintos.

Como parte de ese frente unido, encaminarán una serie de acciones dirigidas a exigir a las autoridades a desistir de esas medidas impositivas que afectarían la educación postsecundaria en Puerto Rico, incluida una manifestación el viernes, 8 de noviembre a las 5:00 pm frente a La Fortaleza.

Rady Lugo, secretario general de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), insistió en la necesidad de que se declare a la UPR un servicio esencial.

“Hacemos un llamamiento a la Junta de Control Fiscal a que cese sus políticas de austeridad con respecto a la Universidad y que declare a la UPR como servicio esencial. Es lamentable que la administración universitaria haya tardado tanto en sumarse a nuestro reclamo. Esperamos que mantengan algún nivel de valentía que le permita verdaderamente mantenerse del lado de la comunidad universitaria en esta lucha”, expresó el dirigente estudiantil.

La presidenta de la Heend, Jannell M. Santana Andino, expresó “la comunidad universitaria lleva tiempo reclamando a la administración universitaria que los recortes no son manejables, aun cuando ellos indicaban lo contrario. La actuación temeraria de la Junta de Gobierno y la administración nos han llevado al punto en que nos encontramos actualmente. Mientras alegan que no hay dinero para cumplir con los acuerdos negociados, e imponen la carga de los recortes presupuestarios a los estudiantes, profesores, empleados e incumplen el pago de la deuda del Fideicomiso de Retiro y pretenden destruirlo. Además, despilfarran el poco presupuesto en contrataciones, vicepresidencias y gastos extraordinarios que nada aportan al bienestar del primer centro docente del país”.

“Este es el comienzo de un sinnúmero de actividades que estaremos realizando en conjunto para dejarle saber al país que la comunidad universitaria está unida y en pie de lucha. Le estamos exigiendo a la gobernadora y a la administración universitaria que pongan la acción donde ponen la palabra”, declaró el presidente de la Appu, Ángel Rodríguez. “Exigimos que se le devuelvan los fondos dejados de recibir a la UPR y que se regrese a la fórmula del 9.6% por concepto de la Ley 2 del 1966 según enmendada”, sostuvo.

Las organizaciones exhortaron al estudiantado, empleados no docentes, profesores y a todo el pueblo puertorriqueño a unirse a la manifestación del viernes, 8 de noviembre a las 5:00 pm frente a la Fortaleza y a que se unan a la lucha en defensa de la UPR.




Presidente de la UPR dice que si persiste recorte de $71 millones, habrá que cerrar recintos

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock dijo el jueves que solicitó a la gobernadora dejar sin efecto los recortes al presupuesto.

“Eso nos pondría en la posición de trabajar en un nuevo modelo presupuestario. Hemos sido responsables hasta el momento con los recortes, hemos hecho ahorros más allá de los recortes, pero estamos en un momento donde la Universidad de Puerto Rico no puede tolerar otro recorte”, dijo el presidente a su llegada a La Fortaleza.

Haddock mencionó que con el recorte propuesto de $71 millones, sumado a los $331 millones en recortes previos, la UPR tendrá alrededor de $400 millones menos en su presupuesto.

“En este momento no se está contemplando un aumento adicional en la matrícula. Pero sí es posible que vamos a tener que cerrar (algunos recintos) y hacer algunos ajustes que al momento no se han contemplado. Queremos mantener abiertos los 11 recintos, no queremos que haya despidos, pero va ser retante con ese tipo de recortes para el año que viene”, sostuvo Haddock.

El presidente de la UPR mencionó que como al momento no está en agenda el cierre de recintos, no se puede mencionar en este momento cuál de ellos podría cerrar.

Expresó que hay una baja en matrícula, pero se superaron las expectativas que se tenía con los estudiantes de nuevo ingreso. Existen 52,000 estudiantes.

“Ya nosotros hicimos nuestro análisis, nuestro estudio, tenemos unos casos específicos para ese dinero. Primordialmente para mantener esos programas académicos, cuya calidad no es negociable. Aportaciones adicionales al Sistema de Retiro e infraestructura física y de informática. No solamente para los servicios académicos y de servicio al estudiante”, declaró.

No obstante, Haddock aseguró que tienen el presupuesto balanceado y tienen en el presupuesto la aportación al plan médico y el Bono de Navidad de este año.

“Donde estamos teniendo dificultad es en el presupuesto del año que viene”, sentenció.

El presidente de la UPR declaró que en conversaciones con funcionarios de la Junta de Control Fiscal, le han expresado disponibilidad a aprobar una redistribución presupuestaria.




“Muy tímida” la gobernadora de Puerto Rico sobre el pago del Bono de Navidad

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo dijo el viernes que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced se ha mostrado muy tímida en relación a la política pública de pagar el bono de Navidad a empleados públicos, aún cuando la Junta de Control Fiscal se opone.

“Si hacemos un análisis, la gobernadora está muy tímida en esta llamada determinación de política pública (de pagar el bono). (Dicen) estoy buscando los fondos, estoy dialogando con la Junta (de Control Fiscal)… Si es política pública, firme y determinante pagar el bono, páguelo y punto. No estemos con paños tibios”, dijo Figueroa Jaramillo en entrevista radial (NotiUno). 

“(La Junta) la enfrentamos. A menos que ella (la gobernadora) se haya convertido en parte de la Junta de Control Fiscal”, agregó al criticar también la postura de la mandataria de allanarse al recorte de las pensiones.

El jueves, el principal oficial financiero (CFO en inglés), Omar Marrero dijo que los 70 millones de dólares para el pago del Bono de Navidad de los empleados públicos todavía no están identificados. Explicó que cuando el ente fiscal creado por la ley Promesa aprobó el presupuesto para el año fiscal 2019-2020 dejó en cero esa partida. Dado que la gobernadora se comprometió con el pago el mencionado beneficio, habrá que hacer recortes en otras partidas presupuestarias en las agencias y someterle a la Junta un permiso para reasignar esos fondos.

“El bono de Navidad es un subsidio a la economía del país. El bono de Navidad ya no va al bolsillo del trabajador para guardarlo… Como la economía está tan frágil no tengo la menor duda que se van a hacer los mecanismos necesarios para que ese subsidio llamado bono de Navidad llegue a la economía del país, especialmente para fortalecer los pequeños y medianos comerciantes”, explicó el líder sindical.

De otra parte, Figueroa Jaramillo expresó satisfacción luego que se aprobara en el Senado la medida por petición del gremio para restituir la licencia de accidentes que además aplicará a bomberos, policías y otro personal que realiza trabajos de riesgo. Sin embargo, dijo esperan que no haya problemas con la medida en la Cámara de Representantes y que la gobernadora lo firme.

Además, dijo que acordaron reabrir la negociación del convenio colectivo que está dirigida a lo que llamó “un problema de país” como es el éxodo de celadores. Asimismo, indicó los celadores ya retomaron su labores y que se pautó una reunión para el miércoles de la próxima semana.




Sin identificar el gobierno de dónde saldrá el dinero para el bono de Navidad

Twitter: @Limarys_Suarez

Tras un cónclave con todos los jefes de agencia para discutir sus respectivos presupuestos y gastos, el principal asesor financiero del gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero reconoció el jueves que continúa siendo un reto identificar de dónde saldrán los cerca de $70 millones que se necesitan para pagar el bono de Navidad de los empleados públicos.

“Estamos identificando necesidades. Entre las prioridades siempre está la nómina. Para el bono de Navidad necesitamos de $70 a $80 millones. Si no aparece el ahorro, hay que quitárselo a alguien”, reconoció Marrero.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced reiteró que su gobierno hará todo lo posible por cumplir con el pago del bono de Navidad a pesar de la resistencia expresa de la Junta de Supervisión Fiscal.

Vázquez Garced reunió el jueves a todos sus jefes de agencia, en lo que denominó la Primera Cumbre de Política Pública Fiscal, para evaluar cómo están gastando sus respectivos presupuestos e identificar posibles ahorros.

“La meta de este grupo de trabajo es lograr la responsabilidad fiscal, el cumplimiento con el presupuesto y que los jefes de agencia tengan sus necesidades claras de manera que dentro del presupuesto podamos cumplir con esas necesidades que tienen y nos expresan. Queremos que se hagan ajustes en las partidas y que se cumplan con la reducción de gastos”, apuntó la gobernadora.

Vázquez Garced sostuvo la importancia de que todas las entidades gubernamentales cumplan con sus medidas de responsabilidad fiscal y con cada uno de los documentos que solicita la Junta de Supervisión Fiscal.

“Muchos de los retos los vamos a tener en el último trimestre, pero antes de eso queremos saber qué necesita cada uno de los jefes de agencia para ver si se tiene que reprogramar asignaciones. Si hay un sobrante que no lo estás utilizando pues ya se que puedo realizar una reprogramación”, detalló por otra parte el principal asesor financiero del Gobierno.

¿Ustedes están evaluando la contratación de servicios profesionales en cada una de las agencias que es un renglón por donde se va mucho dinero del presupuesto de Puerto Rico?, preguntó Caribbean Business en Español.

“Todo eso lo estamos mirando, en particular los contratos por servicios profesionales y estamos mirando los proyectos que no se vayan a lograr como están proyectados porque si ese dinero no se gasta se puede usar para otras prioridades”, dijo Marrero.

Como parte de la Cumbre de Política Pública Fiscal el gobierno le recordó a los jefes de agencia el cumplimiento con los distintos documentos que exige la Junta.

“Todos tienen que entender la necesidad de reprogramar asignaciones presupuestarias y les explicamos el plan fiscal y el plan de ajuste de la deuda que propuso la Junta”, agregó.

¿Cómo el gobierno está atendiendo el planteamiento del Departamento del Tesoro federal sobre la Ley 154, que es el impuesto a las corporaciones foráneas?, se le preguntó a la gobernadora Vázquez Garced y a su equipo fiscal en conferencia de prensa en el Centro de Convenciones.

“Hay un grupo de trabajo que está buscando alternativas y tenemos un equipo que está trabajando en colaboración con el Departamento del Tesoro”, respondió Vázquez Garced.

El impuesto a las corporaciones foráneas representa un impacto significativo en las finanzas del gobierno de Puerto Rico, en específico $1,800 millones.

“Estamos en comunicación con el Tesoro federal y ahora mismo lo que se está discutiendo es confidencial hasta que tengamos un acuerdo final. Todo lo que se está discutiendo es en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo el representante de la gobernadora ante la Junta y presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza.




Johnny Méndez expresa molestia con situación de lanchas a Vieques y Culebra

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. (CyberNews)
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. (CyberNews)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez expresó su molestia el lunes ante informes de que la alianza público privada (APP) para el servicio de lanchas a las islas municipios será para diciembre y porque no hay un “Plan B” para manejar las emergencias con el servicio.

“La situación de verdad que es inconcebible e incómoda. A mí lo más que me molesta es el hecho de que no tengamos un Plan B y que tengamos que esperar que ocurran estos eventos para empezar a movernos a buscar embarcaciones, disponibilidad de capitanes, si hay lanchas o bacha que pueda dar el servicio. Que no exista un Plan B es lo que a mí me molesta y que tengamos que incurrir en la improvisación”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, expresó inconformidad luego ante informes de que el contrato de la APP para el manejo de este servicio se tramitará para diciembre, según dijo la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy en una entrevista en la misma estación.

“No podemos esperar a diciembre. Esto hay que resolverlo ya. Mi invitación es que agilicen el proceso velando el cumplimiento de la ley y que se le dé participación a los residentes de ambas islas municipios en la confección del contrato para que se ajuste a las necesidades de los residentes”, dijo el líder cameral.

Durante el fin de semana las lanchas que operan entre Ceiba, Vieques y Culebra confrontaron averías nuevamente, por lo que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced tuvo que activar la Guardia Nacional para poder seguir haciendo los viajes.

“Cuando comenzó la administración, algo en lo que no creía, pero que con el tiempo me he convencido es que el gobierno no tiene los recursos económicos para seguir operando este servicio y más cuando la Junta de Control Fiscal le recorta cada vez más a este servicio”, agregó Méndez.

Para las 1:30 de la tarde del lunes está convocada una reunión de los líderes comunitarios de Vieques y Culebra con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Tanto Laboy como Méndez defendieron la gestión de la directora de la ATM.