Urgen objeción de solicitud del gobierno de Puerto Rico sobre exención de la Ley Jones

El liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara federal urgió al Departamento de Seguridad Nacional a rechazar la solicitud de Puerto Rico de una exención de la Ley Jones para llevar gas natural licuado a la isla.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, solicitó una exención de 10 años a la Ley de la Marina Mercante de 1920 -mejor conocida como la Ley Jones, que regula el comercio entre puertos de los Estados Unidos- para importar gas natural licuado en embarcaciones extranjeras, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) planea aumentar el uso del combustible para reducir el costo de energía de sus clientes.

Sin embargo, tanto los republicanos como los demócratas en el comité objetaron la exención en una carta con fecha del 6 de febrero alegando que no estaba justificada. Los legisladores dijeron que tales exenciones solo se conceden cuando es en interés de seguridad nacional. “Creemos que no existen razones válidas de seguridad nacional para respaldar esta solicitud de exención de la Ley Jones para Puerto Rico, especialmente por un periodo de 10 años.”

“Podemos hacer muchas cosas para fomentar y apoyar la recuperación de Puerto Rico y sus ciudadanos de la devastación del huracán María, y nuestro Comité así lo ha hecho. Sin embargo, creemos que no existe justificación para renunciar a la Ley Jones en este contexto y que dicha renuncia sería contraria al uso histórico de la sección 501(b). Una vez más, le instamos a que rechace esta solicitud. Esperamos por su pronta decisión”, escribió el presidente Peter DeFazio y el miembro de mayor rango Sam Graves a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.




Llegadas de suministros de Greenpeace se atrasa por ley Jones

Aunque un barco de la organización ambiental Greenpeace llegó ayer a Puerto Rico con personal de apoyo, los suministros que ha recogido esta organización en conjunto con otras entidades ambientales y de la diáspora puertorriqueña tendrán que esperar varias semanas para llegar a la isla.

El Artic Summer, que es el barco que llegó a Puerto Rico, es extranjero por lo que según la ley Jones, no puede traer cargo. El envío de los suministros será a través en un barco estadounidense que también le pertenece a Greenpeace.

La denuncia de la organización, que también está pidiendo la eliminación de la ley Jones, se hizo en una rueda de prensa sobre los esfuerzos que se realizan a través de la campaña Our Power PR. Dicha campaña cuenta con el apoyo de 25 entidades estadounidenses que llevan gestiones tales como recogido de suministros y concientización en los estados sobre la situación actual de la isla.

Gran parte del enfoque que mostraron estas organizaciones, entre las que se encuentran Organización Boricuá y Climate Justice Alliance (CJA), es fomentar el restablecimiento de la agricultura local. Cifras del Gobierno estiman que el huracán María destruyó el 80% de la agricultura. (Juan J. Rodríguez/CB)

La campaña también está abogando por “una transición justa”, la cual definen como mayor apoderamiento de las comunidades, fomentar la energía renovable y la sustentabilidad y cambios en el cuidado de los recursos naturales entre otros aspectos.

Gran parte del enfoque que mostraron estas organizaciones, entre las que se encuentran Organización Boricuá y Climate Justice Alliance (CJA), es fomentar el restablecimiento de la agricultura local. Cifras del Gobierno estiman que el huracán María destruyó el 80% de la agricultura.

Es por eso que parte de la carga que viene en el segundo barco de Greenpeace consiste de herramientas para el sector agrícola. El cargo de la embarcación, que debe constar de entre cuatro y seis vagones, también incluye filtros para potabilizar el agua y baterías solares.

Una vez en la isla, los suministros serán administrados por la Organización Boricuá, que se enfoca en la agricultura ecológica.

El representante de la Organización Boricuá, José Vázquez, catalogó de “vergonzoso” que la organización con reconocimiento internacional “que se ha esto fajando con puertorriqueños y puertorriqueñas de la diáspora que quieren ayudar que no lo puedan hacer porque tenemos entonces la ley Jones que impide que venga un barco aquí con muchísimos recursos para apoyar al pueblo, una ayuda descentralizada”.

Para Vázquez, las restricciones que pone la ley de 1920 afectan más allá del retraso de los suministros de Greenpeace.

“Debido a la ley Jones, nosotros y nosotras en Puerto Rico permanecemos muy vulnerables no solo ante el cambio climático, sino también en nuestro sistema agroalimentario ya que Estados Unidos es quien regula qué entra y qué sale de nuestro archipiélago”, dijo Vázquez.

Una vez en la isla, los suministros serán administrados por la Organización Boricuá, que se enfoca en la agricultura ecológica. (Juan J. Rodríguez/CB)

Por su parte, la representante de Greenpeace, Hannah Strange, hizo eco de las palabras de Vázquez pero indicó que eso no detiene los esfuerzos de la organización.

“Nos hubiera gustado mucho poder llenar este barco con provisiones que apoyen este esfuerzo de recuperación justa para Puerto Rico. La ley Jones nos impidió hacerlo pero no puede parar la solidaridad que tenemos hacia los boricuas”.




Greenpeace se une a “Our Power Puerto Rico” para entregar suministros tras María

La entidad Greenpeace se ha unido a la campaña “Our Power Puerto Rico” (#OurPowerPR), un esfuerzo iniciado por la Alianza de Justicia Climática (CJA, en inglés) y la organización de servicios sociales de Nueva York, “UPROSE”, junto a un número de otros organismos que forman parte del movimiento ambiental.

Greenpeace USA hizo el anuncio en Nueva York la semana pasada, cuando su barco Arctic Sunrise atracó en Brooklyn luciendo una pancarta en apoyo de Puerto Rico. El buque realizará un recorrido de un mes a lo largo de la costa este de Estados Unidos, educando a las comunidades sobre los peligros de los plásticos y otras amenazas al océano.

El buque de Greenpeace, "Arctic Sunrise", sale de Nueva York acompañado de un mensaje en apoyo a Puerto Rico. (Suministrada)

El buque de Greenpeace, “Arctic Sunrise”, sale de Nueva York acompañado de un mensaje en apoyo a Puerto Rico. (Suministrada)

La gira finalizará con la entrega de materiales en Puerto Rico, incluidos sistemas solares, bienes agrícolas sostenibles y herramientas. Las restricciones de la Ley Jones no permiten que el Arctic Sunrise, fabricado en Noruega, atraque en Puerto Rico, lo que obliga a la organización a pagar por embarcaciones adicionales para transportar la ayuda, de acuerdo con un comunicado de prensa de #OurPowerPR.

“Quiero agradecer a nuestros socios, CJA y Greenpeace por hacer que este buque esté disponible. Habíamos esperado cargar este barco provisto por Greenpeace con lo que nos pidieron los habitantes de Puerto Rico: tierra, semillas, linternas solares y bicicletas que les permitirían moverse través de la isla”, expresó Elizabeth Yeampierre, directora ejecutiva de UPROSE y el Comité Directivo de la CJA.

“Tristemente, no podemos usar esta embarcación porque la Ley Jones ha coartado nuestra capacidad de ayudar. El Gobierno federal no quiere ayudar a Puerto Rico y tampoco quiere que otros lo hagan. Esta es la razón por la cual esta campaña, #OurPowerPR, exige una derogación de la Ley Jones, exige que se levante la deuda y que los puertorriqueños forjen una recuperación justa y regeneración de puertorriqueños para los puertorriqueños”, señaló.

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Greenpeace también enviará una brigada para ayudar a entregar recursos sostenibles a la isla, la CJA y UPROSE dijeron en un comunicado conjunto. “Greenpeace tiene el honor de desempeñar un papel para garantizar una recuperación justa para las víctimas de la catástrofe climática en Puerto Rico”, indicó Annie Leonard, directora ejecutiva de Greenpeace USA.

“La gente sigue sufriendo y el gobierno de Trump los ha dejado atrás en favor de los tuits maliciosos. Si el Gobierno de EE.UU. no interviene para ayudar de manera adecuada con la recuperación, la gente reconstruirá de una manera que ponga a la justicia climática a la vanguardia”, agregó.

La misión de la campaña #OurPowerPR es brindar suministros y experiencia de reconstrucción crítica a las comunidades rurales de Puerto Rico afectadas por el devastador impacto del huracán María.

Además de CJA, UPROSE y Greenpeace, otras organizaciones involucradas en el esfuerzo, incluyen: Grassroots Global Justice Alliance, CJA), WhyHunger, USFSA, Grassroots International, the Ruckus Society, Just Transition Alliance, Movement Generation, Solutions Project, the LEAP, con el apoyo de Wallace Global Fund, the Center for Earth, Energy and Democracy (CEED), Solutions Project, Solidaire Just Fund Portal, Rose Foundation, Underdog Fund, entre otros.

Para más información accede a www.ourpowercampaign.org and www.greenpeace.org.

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Sin resultados para Puerto Rico la exención a normas de cabotaje

El periodo de 10 días de exención a las leyes de cabotaje que otorgó el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico culmina este sábado, sin que se hayan recibido barcos fuera de los que usualmente llegan a los puertos de la isla.

Así lo afirmó el presidente de los Navieros al director de la Autoridad de los Puertos, Omar Marrero. “No se ha recibido ninguna embarcación [internacional] como resultado de la exención temporera que se nos habían concedido”, informó el funcionario a CB en Español.

No se ha recibido ninguna embarcación como resultado de la exención temporera que se nos había concedido”, consignó el funcionario.

Marrero opinó que esto podría indicar que la necesidad de suministros ha sido debidamente atendida por las navieras que operan regularmente en la isla o que no hubo tiempo suficiente para realizar las coordinaciones necesarias de manera que la exención resultara en un beneficio real.

Marrero señaló que “esta es la primera vez que tenemos una exención de esta naturaleza – sin restricción alguna- por lo que quizás también se puede concluir que no tuvimos tiempo suficiente para ver resultados”. (Jaime Rivera/CB)

La exención permitía que Puerto Rico recibiera ayuda por barco no solo de Estados Unidos sino de embarcaciones con matrícula de cualquier otro país o directamente de cualquier puerto extranjero. La Ley Jones de 1917 exige que todas las mercancías enviadas entre puertos de Estados Unidos y de Puerto Rico sean transportadas por barcos estadounidenses, operados por EE.UU. Las Islas Vírgenes están exentas del estatuto.

“Esto es crucial, particularmente para la gasolina. Una de las prioridades en lo inmediato es tener combustible, gasolina, diésel, en toda la isla. Por el momento tenemos suficiente, pero estamos limitados por la logística del transporte. En algún momento, aprovisionarse de gasolina en la isla será un problema para poder continuar con las principales funciones de telecomunicaciones, hospitales, agua potable y para funcionar adecuadamente”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuando anunció la solicitud al gobierno federal el pasado 27 de septiembre.

Marrero señaló que “esta es la primera vez que tenemos una extensión de esta naturaleza – sin restricción alguna- por lo que quizás también se puede concluir que no tuvimos tiempo suficiente para ver resultados”.

Eximen a Puerto Rico de las normas de cabotaje en Ley Jones

El funcionario manifestó que si Puerto Rico interesa solicitar la eliminación total de las normativas sobre cabotaje, será necesario un análisis profundo sobre el resultado de estos 10 días.

“La evaluación es importante si es que se decide pedir en el Congreso una exención permanente de esa ley. Para ese análisis sería importante sentar en la mesa a todas las entidades con interés en el tema para poder tener una evaluación más compleja”, dijo Marrero.

“La petición hecha por el gobernador estuvo basada en tener una herramienta adicional. Por el momento y en la coyuntura histórica en la que nos encontrábamos queríamos tener todas las herramientas disponibles y es mejor tener esas herramientas y no necesitarlas; que necesitarlas y no tenerlas”, añadió.

La realidad es que el puerto de San Juan tardó tres días en abrir para el desembarque de mercancías luego del huracán. En ese momento, los primeros barcos que llegaron fueron aquellos que ya estaban en camino a la isla previo a que azotara la tormenta. En la medida que pasaban los días, fue evidente el problema de transporte de mercancías tras los daños recibidos en las principales empresas distribuidoras de suministros y por escollos en la distribución del diésel. Esto provocó tal congestión de contenedores que llevó al gobierno a pedir a los distribuidores y empresas a que levantasen sus mercancías o de lo contrario serían compradas por el Estado para ser distribuidas.

En este momento, 16 días después del huracán, se despachan 1,143 furgones de los 1,400 que usualmente se manejan en el puerto de San Juan. Marrero informó además que, con excepción de Mayagüez, todos los muelles de la isla ya están abiertos.

 




Convocan manifestación en Nueva York por visita de Trump a Puerto Rico

Las organizaciones A Call to Action on Puerto Rico y ProLibertad Freedom Campaign convocaron una manifestación frente a los Trump Towers en la Quinta Avenida en Nueva York mañana martes, 3 de octubre a las 5:30 de la tarde con motivo de la visita del presidente Donald Trump a Puerto Rico.

“La crisis económica, la junta de control fiscal, la ley Jones, son los obstáculos estructurales que impiden la respuesta a desastres naturales junto a todos los demás problemas políticos y económicos que enfrenta hoy Puerto Rico provenientes de nuestra situación colonial”, señaló Frank Velgara de la Campaña ProLibertad en declaraciones escritas.

Por su parte, Lourdes García, portavoz del Call to Action expresó que “parece mentira que todavía tengamos que recordarle al gobierno estadounidense que los puertorriqueños poseen ciudadanía estadounidense, impuesta desde el 1917 para poder enviar pelotones de puertorriqueños al frente de batalla desde la Primera Guerra Mundial. Los servicios que ofrece FEMA no son actos de caridad, estos han sido pago con nuestro dinero y con las vidas de cientos de puertorriqueños”.

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Además, las organizaciones exigieron el cese de la Ley Jones que limita las relaciones económicas con otros pueblos hermanos. En la situación actual, ha imposibilitado la recuperación al impedir recibir ayuda internacional.

Entretanto, Velgara reclamó la entrega inmediata de las donaciones y ayuda humanitaria que se han enviado al país.

Asimismo, solicitaron que la junta de control fiscal sea eliminada. “No es el momento de pensar en pagos a deudas y mucho menos en aceptar préstamos para ‘resolver’ momentáneamente la crisis humanitaria que existe en la Isla”, puntualizó García.




Gobierno federal extiende exención de leyes de cabotaje 

La secretaria interina del Departamento federal de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Elaine Duke, anunció hoy que extendió la exención de la aplicación de la Ley Jones (leyes de cabotaje) hasta el 22 de septiembre debido a las “severas interrupciones del sistema de suministro de petróleo” tras el paso de los huracanes Irma y Harvey.

Inicialmente, la exención era de una semana; comenzó el 8 de septiembre y culminaba este viernes, 15 de septiembre.

La exención facilitará el movimiento de productos refinados de petróleo, incluyendo gasolina, diésel y combustible para aviones para ser enviados desde Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Nuevo México, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Arkansas hacia Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental y Puerto Rico, informó el DHS por escrito.

Impacto económico del huracán Irma en Puerto Rico sobrepasa $600 millones

“Esta exención se aplica a las mercancías cubiertas embarcadas a bordo de un buque hasta el 22 de septiembre de 2017 inclusive”, indica el comunicado.

La Ley Jones prohíbe el transporte de carga entre puntos en Estados Unidos, ya sea directamente o a través de un puerto extranjero, o para cualquier parte del transporte, en cualquier otro buque que no sea un buque que tenga un endoso de costa, por ejemplo, un buque construido en y propiedad de personas que son ciudadanos de los Estados Unidos.

La última renuncia de la Ley Jones fue emitida en diciembre de 2012, para los productos petrolíferos que se entregarán para la asistencia de socorro en las consecuencias del huracán Sandy.

En Puerto Rico, se estima que el huracán Irma provocó pérdidas económicas de sobre $600 millones, así como $30.6 millones en daños en el sector agrícola. Con el paso del huracán, unos 6,200 ciudadanos fueron refugiados, mientras que 1.1 millones de clientes perdieron el servicio de luz y otros 362,000 el servicio de agua.

El pueblo más afectado al momento es Culebra, con al menos 30 viviendas perdidas y sobre 50 con daños estructurales.

San Juan ha invertido $5.3 millones a raíz del paso de Irma 




Asamblea Legislativa conmemorará centenario de la ciudadanía estadounidense

La Cámara de Representantes y el Senado realizarán una sesión especial conjunta este jueves, 2 de marzo, para conmemorar los 100 años de la implantación de la ley Jones-Shafroth, mediante la cual, entre otras cosas, se permitió que las personas nacidas en Puerto Rico obtuvieran la ciudadanía estadounidense.

“Conmemoramos el centenario del Acta Jones agradecidos por nuestra ciudadanía americana, al igual que los derechos y libertades que ella nos garantiza. Asimismo, con esta sesión especial marcamos el inicio de la celebración de los 100 años del Senado de Puerto Rico”, manifestó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por escrito.

El líder senatorial añadió que la misión que originó la Ley Jones “estará  inconclusa hasta el momento que a los puertorriqueños se nos trate con igualdad de derechos como a los ciudadanos de los 50 estados de la nación”.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) señaló en sus respectivos turnos que la medida va dirigida a favorecer “a los más ricos”. (Juan J. Rodríguez/CB)

La sesión conjunta especial será este jueves, 2 de marzo, en el hemiciclo de la Cámara. Esa fecha coincide con la firma de la Ley Jones, la cual, entre otras cosas, otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico. (Juan J. Rodríguez/CB)

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Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, consideró que la Ley Jones ha sido “una de las más memorables leyes jamás aprobadas por el Congreso” de Estados Unidos, ya que no solo otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, sino que creó el Senado, el puesto de comisionado residente electo y varios de los estatutos que hoy tenemos.

“El 2 de marzo de 1917 fue un momento histórico para Puerto Rico y Estados Unidos. Por eso estamos realizando esta sesión especial, para recordar que el camino hacia la igualdad, que inicio hace 100 años atrás, no está terminado… Esa transición hacia la igualdad, la estadidad, tiene que completarse. Mi exhortación a los miembros del 115 Congreso es a culminar esa ruta, brindando a Puerto Rico la admisión. Cien años de coloniaje son más que suficientes”, expresó Méndez.

Los trabajos de la sesión especial iniciarán a las 11:00 de la mañana en el hemiciclo de la Cámara.

La Ley Jones fue aprobada el 2 de marzo de 1917, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Esta, además de conceder la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico, separó las ramas de gobierno en ejecutiva, judicial y legislativa y concedió derechos civiles a los individuos a través de una Carta de Derechos. También creó el modelo bicameral al instaurar el Senado elegido por el voto directo del pueblo.

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Jenniffer González: “El desarrollo económico es más grande que las leyes de cabotaje”

A pesar que varios estudios realizados a nivel local señalan que las leyes de cabotaje marítimo establecidas por la Ley Jones de 1920 en Puerto Rico tienen un impacto nocivo en la economía de la isla, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, reiteró su oposición a la eliminación de estas al asegurar que el desarrollo económico del país depende de más aspectos que las regulaciones en la entrada de barcos que no sean de bandera estadounidense.

(Juan J. Rodríguez/CB)

La comisionada residente descartó que el tema de las leyes de caboraje fuera determinante para el desarrollo económico de Puerto Rico. (Juan J. Rodríguez/CB)

La comisionada residente indicó que la eliminación de estas podría representar un trastoque en la frecuencia de los viajes de suministro de alimentos a Puerto Rico.

Eso tendría serias consecuencias”, aseguró González Colón durante un aparte con la prensa luego de ofrecer una conferencia junto a la Coalición del Sector Privado para anunciar su plan de trabajo que supone allegará incentivos industriales federales a la isla.

“Aquí hay una realidad. En Puerto Rico, al día de hoy, casi el 60% de los productos llegan por bandera extranjera. Aquí se ha creado esta percepción de que el 100% de los productos vienen por bandera estadounidense, y no es así. No es que tengamos un problema en la línea de suministro. De hecho, en el renglón de la construcción, la mayoría de las varillas y otros materiales de construcción vienen de México o de Brasil, no vienen de los Estados Unidos, así que la marina mercante no es un asunto que el Congreso vaya a enmendar en las leyes de cabotaje”, aseguró la representante de Puerto Rico en el Congreso.

La comisionada residente aseguró que las comisiones del Congreso que trabajan el tema ya firmaron una resolución estableciendo que las leyes de cabotaje no serán alteradas de ninguna forma a la vez que señaló que Puerto Rico debe enfocarse en metas asequibles y no en discusiones de corte político.

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“Puerto Rico tiene que concentrarse en las cosas que sí podemos lograr. En términos de productos, Puerto Rico le impone hoy en día demasiadas cargas al productor local. Cargas que van desde reglamentaciones, llenar documentos, impuestos, y eso mismo ocurre a nivel federal. Hoy, los empresarios puertorriqueños tienen que llenar el ‘Electronic Exchange Information’ que los trata como si fueran de un país foráneo al momento de exportar productos. Eso limita los productos que se pueden importar porque les impone una carga tributaria adicional. Eso es lo primero que tenemos que cambiar”, sentenció.

González Colón argumentó que eliminando esa carga excesiva, permitiría a la producción local exportar productos y servicios además de que podría convertirse en un portal de negocios para América Latina.

Asimismo, la comisionada residente aseguró que los productos locales deben insertarse dentro de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con otras jurisdicciones y aseguró que, por primera vez en la historia, un comisionado residente trabajará para que se materialice esta propuesta.




Juez Torruella solicita “boicot económico” y “resistencia civil” contra la junta fiscal

El juez del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal Juan Torruella solicitó ayer la organización de un “movimiento de resistencia civil” pacífico que utilice herramientas como el “boicot económico” para oponerse a la junta de supervisión fiscal creada por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

En su discurso como orador invitado en la convención del Colegio de Abogados (CAPR), en Río Grande, el magistrado describió a Promesa como el “acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos”, expresión que le mereció una ovación.

Promesa es “una nueva forma de administrar la colonia” que, más allá de resolver los “problemas fundamentales del país” —entre los que destaca el estatus— los “perpetúa” mediante el establecimiento de “una agencia de cobro”, como llama a la junta, “para reclamar el dinero que se debe a los bonistas”, manifestó Torruella.

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Este estatus colonial, dijo, es lo que está detrás de la negatividad de los puertorriqueños que creen cuando otros dicen que no se pueden gobernar, como si fueran “una partida de niños”.

Tras hacer un recorrido histórico de diversas legislaciones que, a su entender, han propiciado la difícil situación en la que Puerto Rico se encuentra hoy día, con una deuda de $70,000 millones, el juez federal insistió en su llamado a una movilización “pacífica”, ya que “no hay nada como la violencia para quitarle legitimidad al movimiento más justo”.

“Tenemos que unirnos en defensa de nuestros derechos y actuar pacíficamente porque somos un pueblo de paz, pero eso no implica que debemos ser dóciles y aceptar todo lo que nos traten de imponer”, sostuvo el togado, que considera que el llamado debe ser no solo a los puertorriqueños en la isla, sino a los que viven en el exilio y a los latinos en Estados Unidos.

 

El juez describió a Promesa como el “acto más denigrante,

despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en

toda nuestra relación con Estados Unidos”.

 

Entre las leyes que consideró injustas para el país, destacó la Ley Jones (leyes de cabotaje), que desde 1920 hasta el presente le ha costado $75,800 millones a Puerto Rico, “más que la deuda pública que se reclama hoy día”. Con estas cifras, la isla, con un 1% de la población de Estados Unidos, “subsidia el 27% total de la transportación de la marina mercante”, aseguró.

También criticó la desaparecida Sección 936, que convirtió a la isla “en el centro de ganancia más grande del mundo” con exenciones contributivas locales y federales, lo que provocó un disloque en la economía cuando fueron eliminadas sin nuevos mecanismos de inversión.

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Llamó “media verdad” a la expresión de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales, ya que el gobierno federal “incautó el 14% de tierras mejores y más atractivas para establecer bases militares” y también ha recibido millones de puertorriqueños en las fuerzas armadas, quienes han luchado por Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial.

“Estamos al bate, en la última entrada. El ‘score’ está empate. Tenemos la carrera de ganar en la tercera base con dos ‘outs’ y dos ‘strikes’. Llegó el momento de la verdad. El ojo en la bola y denle con todo lo que tengan”, insistió Torruella utilizando una referencia a un partido de béisbol.

Torruella concluyó su alocución solicitando —en inglés— la excarcelación de Oscar López Rivera, quien”sirvió en Vietnam” y “ha estado más tiempo preso que Nelson Mandela”.




Maritime Group lanza llamado público en contra de cambios a la Ley Jones

Como anticipación a lo que podría ser uno de los temas discutidos por el grupo de trabajo creado bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), la American Maritime Partnership (AMP) reiteró que no existe justificación para cambiar la Ley Jones de Puerto Rico.

El grupo de trabajo impuso como fecha límite el 2 de septiembre para someter modificaciones a la ley federal que podría ayudar a impulsar la economía del país. El panel debe someter un reporte inicial para el 15 de septiembre.

“La Ley Jones garantiza que aquellas compañías operando en el comercio doméstico de Estados Unidos, incluyendo el servicio a Puerto Rico, se sometan a leyes estadounidenses. La estrategia militar de los Estados Unidos también se basa en la disponibilidad de embarcaciones de EE.UU., tripulaciones y una base industrial de defensa, la cual es respaldada por la Ley Jones. Además, como mencionó un reporte publicado por el Lexington Institute, ‘la respetada Ley Jones provee una importante barrera al terrorismo infiltrado de la patria’”, indicó la organización en una declaración.

Por otra parte, el grupo mencionó que opositores de la ley ignoran estos beneficios a la seguridad y a la economía para enfocar su atención en declaraciones falsas y engañosas sobre el impacto de los costos de la Ley Jones en Puerto Rico.

La AMP reprendió un reporte por el grupo, The LIBRE Institute que, entre otros temas, menciona que los consumidores puertorriqueños pagan más del doble del precio competitivo por productos enviados a la isla a causa de la Ley Jones, y que “cualquier producto” enviado a la isla tienen un costo más alto.

 

El grupo de trabajo impuso como fecha límite el 2 de septiembre

para someter modificaciones a la ley federal.

 

“El reclamo de LIBRE está muy alejado de la realidad. Los costos de transporte marítimo para algunos de los bienes más básicos -aceite vegetal, sopa enlatada, ketchup, leche, maníes, salsa de pizza- representan solo el 2 a 5% de los precios de remate de estos bienes en Puerto Rico. Esos son centavos en el dólar. Si los bienes de consumo verdaderamente costaran casi el doble en Puerto Rico, seguramente otra declaración dudosa, no es por la Ley Jones,” dijo el grupo marítimo.

Mientras LIBRE asegura que la Ley Jones le añade $0.15 centavos por galón a la gasolina en Puerto Rico, el organismo notó que la Asociación de Detallistas de Gasolina dijo en enero que a pesar de que la gasolina en la isla es más económica que en los Estados Unidos continental, era más costosa que en los EE.UU. por la imposición de impuestos en petróleo y sus derivados.

“Además, la mayoría de la gasolina usada en Puerto Rico es importada de locaciones extranjeras utilizando barcos con bandera extranjera que no son de la Acta Jones”, sostuvo el grupo.

“Los hechos -hechos independientes y objetivos- simplemente no apoyan las declaraciones que se están haciendo sobre el impacto de la Ley Jones en Puerto Rico. Pero una cosa es apoyada por los hechos: una manera segura de socavar la economía de Puerto Rico y sus oportunidades de desarrollar una economía próspera es abandonando el servicio confiable que provee la Ley Jones”, concluyó el AMP.