A punto de caramelo el acuerdo con acreedores de AEE

(Archivo/CB)

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (Prepa) de Puerto Rico, José Ortiz, aseguró el jueves que el acuerdo de apoyo de reestructuración de la empresa de servicios públicos (RSA) con los acreedores no solo será una realidad pronto, sino que también abordará los intentos de que se nombre un síndico para la corporación pública.

Las expresiones de Ortiz tuvieron lugar durante una mesa redonda en La Fortaleza en la que junto al gobernador Ricardo Rosselló se anunció el inicio de procesos de solicitud de cualificaciones para las alianzas público privadas (APP) para el desarrollo, manejo y operación de unidades móviles de generación o “peaking units” y para el sistema de plantas hidroeléctricas.

El miércoles, la jueza Laura Taylor Swain otorgó una prórroga de una semana para permitir que avancen las negociaciones para reestructurar la deuda de la AEE que asciende a $ 9 mil millones. Robert Barrison, abogado de National Public Finance Guarantee Corp., insistió en la vista que la jueza debía ordenar a un síndico para la corporación pública en lugar de otorgar más extensiones.

“Todos los tenedores de bonos de la AEE necesitan contestaciones a sus preguntas”, dijo Berrison, al agregar que era urgente liberar a la agencia de la mala administración.

Los abogados de la Junta de Control y Supervisión Financiera de la isla rechazaron la solicitud, alegando que la RSA no podía tomar más de una semana.

Ortiz dijo que el debate sobre la asignación de un síndico para la AEE se atenderá como parte del acuerdo.

“(El acuerdo) dejará en claro que la Autoridad y el gobierno están manejando los asuntos de energía correctamente con legislación y leyes, y con la ejecución. Durante mucho tiempo, se hicieron muchas promesas sobre el sistema de energía, pero hoy se está viendo la acción “, insistió.

El Ortiz mencionó como logros, el contrato de transformación de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan para utilizar gas natural -el primero en la región norte; la remodelación de plantas en Mayagüez; y el próximo contrato para almacenar energía en baterías.

“Los acreedores están viendo que un síndico en la agencia en este momento sería una interrupción”, dijo.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) solicitó al tribunal el nombramiento de un inspector general del sector privado como punto de consenso ante la disputa sobre la designación del síndico.

Ortiz también dijo que el acuerdo será mucho mejor que el anterior negociado por la exdirectora de reestructuración de la empresa, Lisa Donahue de Alix Partners. Dicho acuerdo fue rechazado por la junta de control fiscal en el 2017 en medio de preocupaciones sobre el impacto en la tarifa.

En el acuerdo negociado bajo la pasada administración, los tenedores de bonos de la AEE acordaron un recorte en su repago de deuda del 15%. La junta concluyó que reducir las tarifas para estimular el crecimiento económico era más importante que el crédito de la corporación, y que la empresa necesitaba privatizarse para que las tarifas bajaran.

“Este acuerdo será beneficioso para la gente de Puerto Rico y pronto lo veremos en números”, sentenció Ortiz.




Director de la AEE admite habrá aumento tarifario tras acuerdo con bonistas

El designado director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz admitió el martes un posible aumento en la tarifa de la electricidad como consecuencia del acuerdo que logró la junta de control fiscal (JCF) con los bonistas de la corporación pública.

“Yo entiendo que al final del día si se corren las iniciativas de gas natural, las microrredes, esos 2.5 centavos (de aumento) que estamos diciendo que pudieran ocurrir, de aquí a año y medio es posible que no los vean en la tarifa porque vas a tener otras iniciativas de mayor impacto positivo corriendo. Básicamente en 20 años este acuerdo ahora 3,600 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es súper positivo. Pretender que esto no se va a pagar nunca no es real”, dijo Ortiz en entrevista radial (WKAQ 580).

El presidente de la JCF, José Carrión y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciaron el lunes que se ha llegado a un Acuerdo Preliminar en Apoyo a la Reestructuración (PRSA, en inglés) con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

No obstante, informes de prensa señalan que la página 33 del acuerdo preliminar indica que habrá un cargo adicional escalonado hasta 4.7 centavos por kilovatio/hora en los próximos 45 años.

Carrión explicó que a diferencia de resoluciones propuestas anteriormente con los acreedores de la AEE, “este Acuerdo Preliminar, el cual requiere que los bonistas descuenten significativamente sus bonos actuales, alinea los pagos de deuda futuros con la realidad de la recuperación económica de Puerto Rico, mientras también minimiza el riesgo financiero a largo plazo de los clientes de la AEE. Bajo los términos económicos acordados, los bonistas intercambiarán su deuda de bonos vigentes por dos clases de bonos nuevos titulizados. Los bonos de Tranche A se intercambiarán a 67.5 centavos por dólar y se espera que maduren en 40 años, mientras que los bonos ‘de crecimiento’ de Tranche B estarán atados a la recuperación de Puerto Rico y maduran en 45 años. Los bonos Tranche B se intercambiarán a 10 centavos por dólar”.

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Mencionó que los términos de este nuevo Acuerdo Preliminar han atendido las preocupaciones de la Junta sobre potenciales aumentos de costo a los clientes de la AEE, estableciendo un cargo de transición fijo cada año a ser pagado por los clientes de la AEE y transfiriendo el riesgo de la demanda a largo plazo a los bonistas.

En apoyo al proceso en curso para viabilizar la transformación de la AEE, este PRSA le ahorrará más de 30 por ciento en servicio de deuda por los primeros 20 años en comparación con el RSA anterior, sin requerir aumentos en las tarifas para cubrir servicio de deuda en caso de que la demanda eléctrica disminuya.

“Yo creo que (el acuerdo) es muy bueno porque empieza a sacarnos de la quiebra bajo el Título 3. Entonces, ¿qué pasa? (La AEE) va a ir empezando a caminar hacia los mercados de nuevo y obviamente el que antes te prestaba al 10 por ciento, hoy día con estos pasos adelante, te puede prestar al 7 o al 6 por ciento. Ese pago que vamos a estar haciendo por otro lado tiene unos beneficios bien positivos en que la gente va a estar pudiendo prestar a Puerto Rico o invirtiendo en Puerto Rico a unos intereses más razonables”, dijo el director de la AEE.

Aprovechó y felicitó los equipos del gobierno y de la JCF que lograron el acuerdo, al que según dijo, “se le sacó casi un 20 por ciento más de lo que había logrado el equipo de (la exoficial de reestructuración de la AEE) Lisa Donahue”.

Entretanto, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, expresó que tras el acuerdo preliminar discutido el lunes entre la JCF, la AEE y Aafaf con los bonistas de la corporación pública, traerá consigo un aumento en la tarifa para los abonados de la AEE.

El líder sindical aseguró que contrario a lo que mencionó Ricardo Rosselló, de que con este nuevo acuerdo, se lograrían tarifas que sean “financieramente viables”, este arreglo lo que logrará es un aumento sustancial en la factura de la AEE.

“El gobernador está celebrando con bombos y platillos que lograron un acuerdo mejor que el que había porque aumentaron de un 15 a un 31 por ciento el descuento de la deuda de la AEE, pero no le ha explicado al pueblo las letras pequeñas y lo que realmente trae este acuerdo”, expresó el líder sindical.

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“Este acuerdo, que es tan malo como el anterior, traerá un aumento en la factura para poder pagar a los bonistas lo que dejaron de ganar durante los 40 años que dura el plazo de la restructuración de la deuda y cambia también los bonos no asegurados por bonos asegurados en total beneficio de los bonistas y garantizados con el aumento de la tarifa al pueblo”, explicó en declaraciones escritas.

Figueroa Jaramillo explicó también que este acuerdo, al igual que el que existe en estos momentos, mantiene el cargo especial convierte en asegurada la deuda de bonos, pues le garantiza a los bonistas a cobrar primero, mediante la imposición de un cargo adicional de hasta 4.35 centavos por kilovatio hora.

“El que los bonitas cobren primero y que haya un acuerdo de pago garantizado hace que con el dinero que haya se manejará solamente la operación de la empresa y con el dinero restante, se pagará los salarios y beneficios a los trabajadores, lo que afectaría no solo a los trabajadores, sino al pueblo en general porque se afectarían los servicios que ofrece la Autoridad”, recalcó.

El líder gremial expuso que este nuevo acuerdo, no solo aumentaría el costo en la factura, sino que pondría en manos de los privatizadores las ganancias de la Autoridad, pero eliminándoles la deuda.

“Pasaría en la AEE lo mismo que pasó con el Aeropuerto de Isla Verde y con Metropistas, el privatizador se queda con las ganancias, pero el pueblo de Puerto Rico se quedará con la deuda, con los servicios afectados y, en el caso de la AEE, sin poder escoger la compañía que brindaría servicios como explicó el director ejecutivo, José Ortíz en los pasados días” puntualizó el presidente de la Utier.

Para Figueroa Jaramillo este acuerdo preliminar, que celebran los bonistas, especialmente los fondos buitres, solo mueve los intereses y aspiraciones personales de los miembros de la junta de control fiscal porque las disposiciones de la Ley Promesa les permitía ir directamente donde la jueza Laura Taylor Swain para que ella tomara la decisión de la reestructuración de la deuda, pero esta acción no es beneficiosa para los bonistas y por eso acceden este nuevo acuerdo.

Figueroa Jaramillo aseguró también que no se les ha dado el mismo trato y oportunidad de diálogo a todos los acreedores que tiene la AEE.

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Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el martes que de la única forma en la que un usuario de energía eléctrica quedaría exento de pagar el aumento de 2 a 4 centavos por kilovatio-hora para cumplir con el acuerdo con los bonistas será si se independiza totalmente de la AEE.

“Esto de quedarte dentro o fuera de la AEE (“opt in u opt out”, en inglés) no es tan trivial. Lo más seguro es que la mayoría de la gente opte por una versión donde la gente pueda generar su propia energía, pero también estén interconectados al sistema. De esa manera van a poder producir su propia energía a un costo menor, pero si tienen necesidad, pueden consumir la energía que produce la Autoridad”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Si no estás conectado al sistema de la Autoridad, no tendrás que cumplir con el cargo”, añadió.

La respuesta de Rosselló Nevares fue a la pregunta de cuál es la garantía que se les dio a los acreedores de que van a recibir el dinero, en caso de que la mayoría de los abonados de la AEE decidan producir su propia energía o conectarse a una micro red.

“Hay unas proyecciones trazadas con todo esto. Proyecciones en términos de la población, del gasto, del consumo proyectado a lo largo de las próximas décadas”, sostuvo.

Como parte del acuerdo preliminar que alcanzó la junta de control fiscal y el Gobierno de Puerto Rico con un grupo de acreedores de la AEE, los consumidores de la corporación pública tendrán que pagar de forma escalonada un aumento de 2.5 a 4.4 centavos el kilovatio- hora.

Según el gobernador, este aumento es menor al que había logrado la administración de Alejandro García Padilla.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos denunció que esta negociación podría suponer un aumento en el costo de la luz, “por lo que se está llevando a puertas cerradas, sin transparencia y a espaldas del pueblo”.

Asimismo, le cuestionó a Rosselló de cuánto será el aumento del kilovatio hora en la AEE. “La información que tenemos es que para lograr pagarle a estos bonistas, el Gobernador y la JSF están negociando un aumento en la tarifa de la luz. Si Rosselló no tiene nada que esconder, le exijo que haga pública la negociación y los acuerdos. Que no se esconda detrás de la Junta para culparlos de un aumento en el costo de la energía eléctrica”, alegó en declaraciones escritas en las que invocó la necesidad de transparencia en las negociaciones.

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AEE nombra principal asesor financiero para liderar proceso de reestructuración

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) anunció hoy que el experto en energía y reestructuración Todd W. Filsinger se desempeñará como su principal asesor financiero para liderar la corporación pública a través de su proceso de reestructuración.

Filsinger trabajará con un contrato hasta junio del 2018 cuyo tope se estableció en $5 millones. El nombramiento recuerda la designación en el 2014 de Lisa Donahue y su firma Alix Partners, quien fungió como oficial de reestructuración de la AEE a un costo de $44 millones.

Donahue negoció un acuerdo con los acreedores de la corporación pública para reestructurar la deuda de $9,000 millones pero el mismo fue rechazado por la junta de control fiscal. El contrato de Donahue terminó en el 2016 al cesar su mandato la administración de Alejandro García Padilla.

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La designación de Filsinger ocurre luego de que la junta de control fiscal intentara infructuosamente nombrar a Noel Zamot como administrador de la corporación, en medio de un escándalo por el contrato de $300 millones que la AEE otorgó a Whitefish Energy Holdings, una pequeña y desconocida empresa de Montana, para reparar las principales líneas de transmisión del país luego del paso del huracán María. Dicho contrato provocó que el Congreso de Estados Unidos criticara a la gerencia de la AEE por la forma en la que administraban la agencia.

A instancias del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la junta de la AEE -luego de la renuncia forzada del exdirector ejecutivo Ricardo Ramos– creó el Consejo Asesor de Transformación que, tal y como reportó CB en Español, no sólo orientará al organismo sobre las mejores prácticas de la industria energética, sino que se dedicará a canalizar los ofrecimientos de ayuda que hasta el momento ha recibido la corporación pública.

El consejo sería presidido por David Owens, exvicepresidente ejecutivo del Edison Electric Institute. En conjunto con el Consejo, la AEE también creó el puesto de oficial de modernización, funcionario que estará a cargo de hacer mejoras a la infraestructura. Ya anteriormente, el gobernador había nombrado al ingeniero Carlos Torres como “single point of contact” para la reestructuración de la AEE.

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Filsinger tendrá amplia discreción y responsabilidad sobre los aspectos financieros de las operaciones de la AEE y liderará la reestructuración operacional y la transformación de la empresa de servicio público. Filsinger se reportará directamente a la Junta de Gobierno de la AEE, informó la corporación en declaraciones escritas.

Las responsabilidades de Filsinger en la AEE incluirán supervisión financiera independiente, desarrollo de presupuestos y aprobación de gastos; desarrollo e implantación de reformas operacionales; desarrollo de planes de reestructuración, fiscales y de transformación y el procedimiento pendiente de Título III; implantación de cualquier plan de transformación aprobado o plan fiscal certificado; abordar problemas relacionados con el financiamiento federal, el cumplimiento, las subvenciones y los reembolsos; comunicarse con las partes interesadas, incluidos los acreedores, el Gobierno de Puerto Rico y el Consejo de Administración y Supervisión Financiera y los demás deberes acordados por la Junta de Gobierno.

El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi Hernández, explicó que el nombramiento de Filsinger es parte de la “estrategia de la Junta de Gobierno para crear confianza, transparencia e independencia en las operaciones de la AEE, mientras atrae el talento de alto nivel de la industria eléctrica a Puerto Rico, necesario para lograr la meta de proporcionar un servicio moderno de clase mundial para el pueblo de Puerto Rico”.

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El funcionario añadió que Filsinger y Filsinger Energy Partners aportan una gran experiencia sobre el sector de la energía a la AEE, puesto que previamente dirigieron los esfuerzos de reestructuración en varias empresas dentro de dicha industria.

La experiencia de Filsinger incluye el desarrollo de estrategias complejas para empresas de servicios públicos y energía renovable, el desarrollo de estrategias críticas de inversión y venta de inversiones para grandes productores de energía independientes, así como la reestructuración de numerosas empresas en el sector energético y eléctrico.

También se desempeñó como asesor principal de energía para los deudores durante la reciente quiebra de Energy Future Holdings, ocupó el cargo de director ejecutivo interino y director financiero interino de Hawkeye Growth, y como director de operaciones, director comercial y como asesor de reestructuración energética para Calpine Corporation.

Igualmente, Filsinger trabajará estrechamente con el ingeniero Justo L. González Torres, quien es director ejecutivo interino de la AEE.

“La independencia, la experiencia y la credibilidad de Filsinger entre las partes interesadas de la Autoridad serán un gran activo para la corporación pública. Estamos seguros de que trabajaremos estrechamente y en total colaboración en las metas que tenemos por delante, para beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo González en las declaraciones escritas.

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Utier acusa al gobierno de Puerto Rico por deterioro en el sistema eléctrico

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, acusó el miércoles al Gobierno del supuesto deterioro del sistema eléctrico del País.

“Llevamos años diciendo que las medidas de austeridad que se venían implementando en la AEE iban a desembocar en un descalabro del sistema eléctrico y eso es lo que ha pasado. Ahora quieren echarnos la culpa a los trabajadores, cuando la responsabilidad es de la alta gerencia y sus gobiernos de turnos. Así lo hemos advertido por años y el tiempo nuevamente nos ha dado la razón”, indicó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

“Mientras la alta gerencia de la AEE y el gobierno se niegan a admitir la responsabilidad en ese deterioro de la da corporación pública, que implicó la Ley 66 de 2014 y que implica Ley 66 de 2017, además de las medidas que impuso Lisa Donahue durante su paso por esa agencia; los trabajadores dan el máximo en su jornada regular diaria. Eso sí, sin someternos al chantaje de las horas extras que tanto usaron los gerenciales cuando les convenía para aparentar que todo estaba bajo control”, añadió.

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Insistió en que a pesar de la reducción del ocho por ciento en los salarios, bonos de Navidad, licencias de vacaciones, entre otros renglones, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dan la milla extra por la corporación pública.

“El menosprecio con que se sigue tratando a los trabajadores acusándonos de deteriorar la corporación pública con el alegato de “brazos caídos”, ya no funciona porque nosotros sabemos lo que valemos y la importancia que tiene nuestra experiencia y nuestro trabajo y eso lo vamos a seguir dando a respetar como hemos dicho y como estamos haciendo”, declaró.

Figueroa Jaramillo reiteró en que si el gobierno implementa la Ley 26 de 2017, provocará la jubilación de todos los trabajadores que tengan el derecho a jubilarse y eso conllevará a que se pierda más personal diestro en áreas sensitivas de la AEE.




Satisfecho Elías Sánchez con sexta reunión de la junta fiscal

El representante del gobernador ante la junta de control fiscal, Elías Sánchez, vio con buenos ojos la sexta reunión del ente rector celebrada el pasado viernes en la isla, en la que se discutieron medidas de desarrollo económico para atender la crisis fiscal.

“Tuvieron amplia oportunidad varios sectores de poder exponer lo que entienden que se tiene que hacer para que Puerto Rico pueda levantar su economía, algo que es fundamental y vital en este proceso ya que vamos a enfrentar unos años de retos en términos de poder reducir el gasto gubernamental para que en Puerto Rico nuestra economía pueda crecer”, sostuvo en entrevista radial (WKAQ 580).

El representante del gobierno ante la junta fiscal, Elías Sánchez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El representante del gobierno ante la junta fiscal, Elías Sánchez. (Juan J. Rodríguez/CB)

Sánchez señaló que el mensaje principal ha sido el enfoque hacia el sector privado, para recrear las condiciones para que crezca.

“No va a haber una sola iniciativa que podamos decir que es la que va a sacar a Puerto Rico hacia adelante. Es un conjunto de condiciones para que la economía en general pueda crecer. Ya habiendo pasado esa discusión el viernes pasado, hay que dar seguimiento, implementación en todas las facciones que tienen que ver con desarrollo económico”, indicó.

El funcionario explicó que un renglón que cobrará más relevancia durante esta semana, será la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sobretodo tomando en cuenta que uno de los acuerdos que dejaron Lisa Donahue y la pasada administración vence este miércoles, 5 de abril.

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“El diálogo con los acreedores y el diálogo ha ido mejorando poco a poco, lo que podría ser ese acuerdo en términos más favorables hacia la Autoridad de Energía Eléctrica. Este último tramo podría conllevar o a extenderlo nuevamente o hacia llegar a un acuerdo final en o antes de este miércoles, que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico”, opinó.

Según Sánchez, lo próximo será el cumplimiento con la anticipada fecha del 30 de abril, en donde “tenemos que mostrar visibilidad por distintas medidas que se habían tomado hacia los $200 millones de la reserva de efectivo que vamos a tener el 30 de junio”.

Sánchez entiende que con esa reserva podrán demostrar que el plan del gobierno de Puerto Rico es efectivo, que podrán cumplir con las metas y que se podrá ejecutar sin la necesidad de establecer medidas más agresivas como las que inicialmente contempló la junta.

“Todo esto va a servir para validar el plan que se ha trabajado, la visión de la reducción de gobierno sin los despidos, sin la reducción de jornada, sin impuestos tan dramáticos que puedan sacar de proporción la economía de Puerto Rico y que nos pueda encaminar en un proceso de crecimiento y desarrollo económico para Puerto Rico”, puntualizó.




[EDITORIAL] La Torre de Lisa

La salida de Lisa Donahue como principal oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es un día que los críticos de la reestructuración de la corporación pública no podían ver llegar lo suficientemente pronto. Entre los detractores se escuchaban cantos de “se acabó el guiso en los Trópicos del Mambo”. Sus partidarios, por otro lado —la mayoría de los tenedores de bonos de la AEE y las brigadas de reestructuración de AlixPartners que trabajaban junto a ella— no comparten esa alegría.

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Si se hubiese firmado el acuerdo que Donahue logró, ella se habría ganado su sustento. Ahora, todo ese trabajo puede haber sido en vano. (Archivo)

De hecho, hay consternación entre algunos observadores del sorteo de Promesa porque la administración de Ricardo Rosselló está tomando un segundo turno al bate para un acuerdo que en primer lugar fue bastante difícil de establecer. Piénselo bien, hay diferentes grupos de acreedores, entre ellos las compañías aseguradoras de bonos Assured y National, que tenían serias preocupaciones de que un golpe al principal afectaría su liquidez.

Donahue se sentó a la mesa de negociaciones con estos grupos para trabajar en un acuerdo de indulgencia tras otro; a fin de cuentas se le concedieron unas 14 extensiones o enmiendas al acuerdo de indulgencia. La AEE hizo un pago de $415 millones para sus bonos de ingresos de energía a los acreedores en julio de 2015 usando $153 millones en efectivo del fondo general del gobierno central.

Luego, para proveer liquidez para capital de trabajo, los aseguradores de los bonos de ingresos de energía de la AEE acordaron comprar $128 millones en pagarés a corto plazo que estaban programados para ser pagados en su totalidad no más tarde del 15 de diciembre de 2015. En resumen, la AEE estableció cuatro acuerdos similares durante los próximos dos años.

También estaba la complejidad de lograr el acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés). Fue un logro conseguir que las compañías aseguradoras de emisiones de valores, que querían fianzas en el intercambio para limitar la exposición, se integraran al acuerdo.

Con el 70% de los acreedores participando en él, el acuerdo de la AEE es visto por los republicanos en el Congreso como candidato ideal para el Título VI de Promesa porque traería al 30% de los acreedores que son “holdouts”  haciendo uso de cláusulas de acción colectiva que permiten que una supermayoría de los acreedores llegue a un acuerdo que sea vinculante para todos, incluso para los “holdouts”.

Aunque algunos escépticos creen que no hay nada en el Título VI que evite que los “holdouts” que quieren un mejor acuerdo radiquen demandas, dos expertos de quiebras que hablaron con Caribbean Business insisten en que las posibilidades de cerrar el acuerdo bajo el Título VI frente a la posibilidad de alargar el proceso de litigio bajo el Título III dará paso a que se logre un acuerdo final para la AEE.

Los acreedores están nerviosos de que el acuerdo se vaya a pique. Las aseguradoras de bonos que accedieron al acuerdo —una maniobra tan dolorosa como sacar una muela— están particularmente preocupadas porque se les pedirá que compartan el dolor. Ahora bien, si la administración de Rosselló quiere otra libra de carne, todo podría venirse abajo.

Si se hubiese firmado el acuerdo que Donahue logró, ella se habría ganado su sustento. Ahora, todo ese trabajo puede haber sido en vano.

He aquí lo que pasa con la junta fiscal: cada uno está mirando la tarea entre manos desde un punto de vista retórico y en algún momento alguien va a tener que enrollarse las mangas y entrar de lleno, ensuciarse las manos, sentarse y comenzar a firmar acuerdos. Nadie quiere bañarse con el puerco en el fango.

Lo próximo en el calendario de la AEE es la presentación del plan fiscal de la corporación pública el 21 de febrero, con el RSA que expira el 31 de marzo. Vamos a enfocarnos en cerrar acuerdos en las negociaciones de la AEE; Puerto Rico no puede permitir pagar más honorarios legales a abogados caros que quieren una segunda oportunidad para lograr un acuerdo que ya esta planchado. Hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la creación de empleos, aspecto que tristemente ha sido relegado a un segundo plano en esta farsa de supervisión.




La AEE en 2017 después de Donahue

Cuando el gobierno de Alejandro García Padilla contrata a AlixPartners para reparar la maltrecha Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), desde el principio el plan era reestructurar la deuda de $9,000 millones de la corporación pública fuera de la restante deuda pública de $72,000 millones de la isla —“un paso en falso en el tramo más grande y Puerto Rico se apaga”, explicó un experto que diseñó la estrategia de la AEE. A continuación, una hoja de ruta de los hitos, las negociaciones y el estado del acuerdo de la AEE tal como se encuentra en Puerto Rico en el año 2017 D.D. —después de Donahue.

(Erika Rodríguez/Getty Images)

(Erika Rodríguez/Getty Images)

Sé indulgente conmigo (agosto de 2014)

Sin efectivo y encarando una crisis de liquidez, la AEE firma un acuerdo de indulgencia con los prestamistas, lo que impide cobrar a casi $700 millones en préstamos pendientes; el acuerdo compra el tiempo necesario para tratar de llegar a un acuerdo con varios grupos de acreedores y bancos. Bajo Alix, el acuerdo de indulgencia fue extendido o enmendado unas 14 veces.

Estás contratado (septiembre de 2014)

La firma AlixPartners es contratada por la administración García Padilla para transformar a la AEE y reestructurar su deuda de unos $9,000 millones. Donahue es contratada como principal oficial de reestructuración (CRO por sus siglas en inglés) de la AEE. Sus brigadas de reestructuración entran en la lucha de la AEE, descubriendo que las contribuciones en lugar de impuestos le cuestan a la corporación pública $757.7 millones por cobrar del gobierno.

Suena como un plan (diciembre de 2014)

De acuerdo a las estipulaciones del acuerdo de indulgencia original con los tenedores de bonos de la AEE, Alix brinda un plan de negocios de cinco años que recomienda reemplazar las unidades de generación de energía obsoletas con nuevas unidades a un costo estimado de $3,500 millones.

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Cuando “offshore” es malo

Por lo general, en el deporte del surf, “offshore” es algo bueno —como el viento que viene de mar afuera y ayuda a crear a condiciones óptimas. No es así en la reforma de la infraestructura de la AEE, por lo que el Aguirre Offshore Natural GasPort (el terminal marítimo de gas natural) se convierte en manzana de la discordia. El plan de negocios de la AEE, que sugiere que la instalación debe construirse a un costo de $481 millones, se enfrenta a la resistencia de los analistas que opinan que el proyecto solo es viable a un costo de $200 millones.

“Yo te lo presto” (julio de 2015)

En julio de 2015 la AEE paga a los acreedores $415 millones de sus bonos de ingresos de energía utilizando $153 millones en efectivo del fondo general. Luego, para proporcionar liquidez para capital de trabajo, las compañías que aseguraron los bonos de ingresos de energía de la AEE acordaron comprar $128 millones en pagarés a corto plazo que se debían pagar en su totalidad el 15 de diciembre de 2015. En resumen, la AEE estableció acuerdos similares durante los próximos dos años.

Nacido en el RSA (noviembre de 2015)

La AEE firma el acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA por sus siglas en inglés) con el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos. El RSA formaliza los acuerdos económicos previamente anunciados entre la AEE, el Grupo Ad Hoc y los prestamistas de líneas de combustible. Las aseguradoras de emisiones de valores se incorporan al RSA en diciembre de 2015. El RSA se extiende siete veces.

Gracias, pero no gracias (diciembre de 2015)

El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la AEE, que incluye inversionistas tradicionales de bonos municipales y fondos de cobertura, presenta su propio plan de $2,000 millones para la renovación de la corporación pública. Donahue rechaza la oferta —la CRO de la AEE podría haber citado de un clásico del Rhythm & Blues del 1970: “Too much, too little, too late” (Muchísimo, demasiado poco y demasiado tarde).

Hasta luego, adiós, chau (febrero 2017)

La administración de Ricardo Rosselló anuncia que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico estará a cargo de las negociaciones de la AEE junto a los consejeros financieros Rothschilds. Quienes conocen sobre las negociaciones asumen que AlixPartners seguirá participando mientras el RSA —que se extendió hasta el 31 de marzo— siga vigente. Sin embargo, puesto que la extensión de Alix expiraba el 15 de febrero de 2017, Donahue envió una carta al gobierno en la que declara que la firma a la que ella dirige no presentará una propuesta de extensión de contrato.

 

Eva Lloréns Vélez y Rosario Fajardo contribuyeron a la investigación.




La vida después de Lisa Donahue

Por Eva Lloréns Vélez y Philipe Schoene Roura

Tan pronto la administración de Ricardo Rosselló hizo público que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el principal asesor financiero del gobierno, Rothschild & Co., estarían a cargo de las negociaciones con los tenedores de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los observadores supieron que AlixPartners había concluido su función de liderar el proceso de reestructuración de la corporación pública.

Esa salida ocurrió más rápido de lo esperado, cuando una carta de renuncia con fecha del 1 de febrero y firmada por la principal oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, estableció que la firma que dirige no presentaría una propuesta de extensión de su contrato.

Según una fuente, se espera que ahora la AEE sea dirigida por un oficial de reestructuración a tiempo completo con el apoyo de pequeñas firmas de consultoría que ayudarán en las operaciones. Se espera que el gobierno intente obtener el máximo alivio de la deuda posible bajo Promesa luego de que la AEE cayera bajo la mirilla de la junta de control fiscal. La AEE debe entregar un plan fiscal no más tarde del 21 de febrero.

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Aunque el acuerdo de apoyo de reestructuración (RSA, en inglés) de la AEE expira el 31 de marzo, su futuro sigue siendo confuso porque parece que el gobierno pudo haber violado sus términos cuando optó por reemplazar la junta profesional actual con una que a primera vista puede dar marcha atrás a los esfuerzos para despolitizar la corporación pública.

Previo a la renuncia, se especuló que AlixPartners podría ver su contrato extendido más allá de la fecha del 15 de febrero siempre y cuando el RSA se mantuviera vigente puesto que todos los problemas operacionales considerados bajo la reestructuración de la AEE estaban bajo el control de Alix.

Eso no ocurrió

En diciembre, Donahue le hizo un acercamiento a la junta en cuanto a una extensión del contrato. Al menos un miembro de la junta de directores, Carlos Gallisá, que representa a los consumidores, la objetó por considerar que los pagos a Donahue eran excesivos. En ese momento, una junta de gobierno más profesional había adquirido experiencia tras trabajar para otras juntas en otras corporaciones.

“Cuando expliqué el trasfondo de este contrato, ellos entendieron. Tienen intuición para medir los resultados. Vieron que los honorarios eran demasiado excesivos por la cantidad de trabajo realizado”, dijo Gallisá.

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Añadió que Donahue presentó un plan sobre el trabajo que necesitaba completarse, dividido por áreas. En algunas áreas el trabajo iba a tomar ocho meses y en otros seis meses. “Había una intención de seguir recibiendo extensiones”.

Mientras Gallisá sostuvo que AlixPartners estaba teniendo problemas financieros y estaba usando a la AEE para obtener dinero, Caribbean Business no encontró evidencia del planteamiento. El año pasado CVC Capital Partners vendió a AlixPartners a un grupo de inversionistas encabezado por Jay Alix, el fundador de la firma, en un acuerdo valorado en más de $2,500 millones. La firma recientemente promovió al menos 24 personas a nuevos puestos.

AAFAF se hace cargo

Días antes que el gobierno anunciara que estaba asumiendo las negociaciones de la deuda, un miembro de AAFAF asistió a una de las reuniones de la junta. “Un par de días después, AAFAF dijo que se estaba haciendo cargo”, dijo Gallisá.

Aunque Donahue ha sido ridiculizada por los críticos que dicen que los $47 millones pagados a Alix sin cerrar el RSA era un precio demasiado alto, hay otros dentro de la organización que creen que el complejo acuerdo dejado sobre la mesa en cuanto a la reestructuración y dar inicio a la reestructuración de la corporación pública en quiebra son logros significativos.

“A lo que nos enfrentamos en este momento es la implementación de estrategias en diferentes áreas de la operación para continuar con las suposiciones del plan de negocios, continuar con la implementación del Plan Integrado de Recursos y continuar con la implementación de la transformación de la estructura de tarifas con las nuevas órdenes de la comisión de energía”, dijo otra fuente con conocimiento de la restructuración de la AEE.

“AlixPartners aportó un alto valor a esa implementación porque lideró toda la reestructuración. Tenían todo el control sobre ese proceso porque todos los asesores estaban debajo de ellos”, agregó.

El nivel de control que Donahue ejerció sobre todo el proceso generó preocupación entre algunos grupos de acreedores en cuanto a que el acuerdo que se dejó listo se haría sal y agua. En diciembre de 2015, la AEE logró un acuerdo con las compañías de seguros MBIA Inc. y Assured Guaranty, así como con los tenedores de bonos para reestructurar su deuda de $9,000 millones, marcando un primer paso para reducir las obligaciones financieras que han dejado al gobierno lidiando con una creciente crisis fiscal.

(Archivo)

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Las obligaciones de la AEE se redujeron en $800 millones, con los inversionistas asumiendo pérdidas de alrededor del 15% mediante el canje de sus bonos por nuevos valores. La transacción fue firmada aproximadamente un mes después. Desde entonces, el acuerdo se ha ampliado varias veces. La AEE ha sido incapaz de hacer el intercambio de bonos porque uno de los requisitos implica obtener una calificación crediticia de grado de inversión, lo cual es muy poco probable en este momento.

El acuerdo también requirió la imposición de nuevas tarifas y una tarifa de transición para pagar los nuevos bonos. Los críticos han hecho acusaciones de que esto ha dejado a los clientes de la AEE, principalmente los residentes y los negocios de Puerto Rico, con la mayor parte de las cargas financieras del RSA sobre sus hombros.

El exsenador del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Nieves, que trabajó en el proyecto de ley de la reforma energética que creó la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) que supervisa a la AEE, dijo que la mayoría de la gente se ha enfocado en los $47 millones (sin incluir el 8% en gastos) que se le pagaron a Donahue y no en el hecho de que ella ayudó a los consumidores a ahorrar $1,300 millones en total. “Es la única persona que ha logrado una reestructuración de deuda con los tenedores de bonos, ahorrando $800 millones”, dijo.

Dos fuentes con conocimiento de la transición de la AEE en “la vida después de Lisa” dijeron a Caribbean Business que habrá un oficial de reestructuración a tiempo completo en la corporación pública y “están pensando en correr la utilidad con empresas de consultoría individuales más pequeñas a base de las necesidades. Y AAFAF puede hacerse cargo del esfuerzo de reestructuración”.

En el lado operacional, Donahue dejó designado a un director principal que preside su lado de la transición, mientras que otros están listos para dirigir a la AEE en cuanto a trabajar los números y reportar cifras.

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“Aunque las negociaciones serán manejadas entre [el director de Rothschild, Todd] Snyder y AAFAF, ellos son los primeros —hay otros que están ya dentro de la AEE y se cerciorarán de que la información esté actualizada, asegurándose de que los números están disponibles y asegurando que los hitos de reestructuración por parte de la AEE estén cumpliéndose y se estén completando. Y asegurándose de que AAFAF tiene todas las herramientas y las bases de información y la implementación de la estrategia para continuar con las negociaciones”, dijo la segunda fuente de la AEE. “Ahora, con la transición, la gente en tierra se queda, la gente del lado de la AEE permanece sin cambios”.

Sin embargo, otra fuente cercana a las negociaciones alegó que el gobierno está descontento porque las aseguradoras de emisiones de valores han hecho poco para aceptar concesiones, mientras que las líneas de combustible han reducido los intereses de pago y los acreedores aceptaron un recorte del 15%.

Navigant Consulting y Concentric Energy Advisors también están ayudando a trabajar con los números. Navigant participó en la preparación del caso de tarifas ligado a la tarifa de transición.

Ralph Zarumba, de Navigant se fue recientemente a Concentric para manejar los problemas de las tarifas. Ambas firmas ahora trabajan como asesores de la AEE, mientras que Rooney, Rippie & Ratnaswamy es el asesor legal que lidia con la comisión de energía.

¿Qué podemos esperar de la AEE durante el próximo año?

El gobernador recientemente radicó un proyecto de ley que cambiaría la composición la junta de la AEE para añadir dos miembros del gobierno y aumentar a tres el número de representantes de los consumidores.

Una fuente cercana a los tenedores de bonos dice que algunos no están contentos con el acuerdo, ya que retrasa los esfuerzos de Donahue para despolitizar la entidad y profesionalizar la junta directiva.

Por otro lado, la AEE debe entregar su plan fiscal el 21 de febrero para que la junta de control fiscal pueda seguir adelante con la reestructuración. Aunque las fuentes creen que la junta de Promesa se esforzará por hacer recortes adicionales en la deuda, también creen que lo más seguro es que la junta utilizará la ley Promesa para hacer que todos los acreedores queden vinculados bajo el acuerdo.

“Es una mala idea. No tienen obligación fiduciaria”, dijo la fuente cercana a los tenedores de bonos.

Bajo la Sección 601 de Promesa, si un cierto porcentaje de los tenedores de bonos optan por participar en la reestructuración de la deuda, la junta puede exigirle a los restantes tenedores de bonos que también participen. Si se produce ese resultado, la deuda que ahora se considera “Legacy Debt”, que es la deuda asociada a los $314 millones del servicio de la deuda, se movería de los requisitos de ingresos del año fiscal 2017 de la AEE a los requisitos de ingresos de la Corporación para la Revitalización de la AEE, para ser recobrada a través del nuevo cargo de transición: los tres centavos que se le cobrarán a los consumidores como parte de la titulización de los bonos.

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Los abonados de la AEE ahorrarían dinero porque toda la deuda, en lugar de solo la deuda que le pertenece a los acreedores que participan en el RSA, estaría sujeta a la tasa de recuperación del 85%, a la tasa de interés más baja y a los cinco años de exención en el pago de principal requeridos por el RSA. Y en la medida en que el proceso de Promesa haga que los tenedores de bonos actualmente bajo el RSA acepten límites adicionales en su recuperación, los abonados también saldrán mejor.

Gallisá reveló que el nuevo gobierno podría tratar de reducir el cargo de transición de tres centavos que se utilizará para pagar la titulización de los bonos ya que eso llevará las tarifas a un promedio de dieciocho centavos por kilovatio-hora.

El presidente de CEPR, Agustín Carbó, dijo que la comisión está ayudando a la AEE con su plan fiscal y está tratando de completar todas las tareas que tienen un impacto en el caso de las tarifas de manera que el plan fiscal no se vea afectado.

Después de que CEPR aprobó un requisito de ingresos de $3,400 millones para la AEE como parte de la nueva estructura de tarifas, los clientes verán estas nuevas tarifas en algún momento en marzo o en abril de 2017 porque la AEE necesita tiempo para calcular las tarifas específicas para cada clase tarifaria y recibir la aprobación de la comisión en cuanto a esos cálculos. Puesto que las tarifas son diferentes a las tarifas provisionales actuales, la diferencia será conciliada en las facturas de los clientes durante el mismo número de meses en que las tarifas provisionales estuvieron en vigor, comenzando cuando las tarifas permanentes entren en vigor.

La AEE tuvo que presentar, no más tarde del 15 de febrero, una descripción del aumento de la tarifa permanente para cada código de tarifa y el lenguaje que incluirá en la factura de cada cliente explicando el aumento.

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Para el año fiscal 2018 (que comienza el 1 de julio de 2017), habrá un procedimiento especial para atender cualquier enmienda al requisito aprobado de ingresos necesario para reflejar las acciones previstas para el año fiscal 2018. La CEPR llevará a cabo vistas sobre el desempeño de la AEE este año.

Tras un año difícil para convencer a la Comisión de Energía a que acepte su plan integrado de recursos, un plan de acción de 20 años para sus operaciones futuras, la CEPR finalmente emitió una decisión rechazando una reconsideración.

La AEE, sin embargo, también debe pasar por un proceso separado con la CEPR que determinará si permitirá o no que se siga adelante con el Aguirre Offshore GasPort. La Comisión había impuesto un límite de $15 millones en sus gastos, pero en su más reciente decisión acordó hacer un procedimiento separado sobre el proyecto, que es esencial para que la AEE reduzca las tarifas de energía.

Mientras la CEPR está procurando un estudio de la AEE que demuestre que el puerto Aguirre es la única alternativa económicamente viable para que la corporación pública pueda reducir las tarifas, Gallisá dijo que se espera que el Departamento de Energía federal garantice el financiamiento para el proyecto de $400 millones.

Por otra parte, la Comisión reafirmó que el Plan Integrado de Recursos de la AEE estaba incompleto y no cumplía con los objetivos de reducir costos, aumentar el uso de energía renovable y garantizar la confiabilidad del sistema.

Según un resumen de la resolución, la CEPR rechazó la petición de la AEE para que la comisión rescindiera una orden que establecía que la AEE debía solicitar permisos para una nueva unidad de ciclo combinado de gran tamaño en la central eléctrica de Aguirre y repotenciar dos unidades existentes en el lugar.

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Aunque la Comisión también rechazó la solicitud de la AEE para nueva generación en la central de Palo Seco, concedió la solicitud de flexibilidad de la AEE en cuanto a la fecha de retiro de las unidades 1 y 2 de Palo Seco, las unidades 3 y 4 de Costa Sur y las unidades 7 y 8 de San Juan y las designaciones de uso limitado para las unidades 9 y 10 de San Juan.

Si bien la comisión de energía insiste en que la AEE debería aumentar el uso de energías renovables para generar electricidad, una fuente dijo a Caribbean Business que los tenedores de bonos no quieren más renovables porque afectan los ingresos de la AEE puesto que son competencia.

“Hay un interés en parar las energías renovables porque la demanda de electricidad ha estado disminuyendo,” indicó la fuente.

Sin embargo, se espera que la AEE también negocie un contrato con Energy Answers para comprarle electricidad a la propuesta planta de incineración de desperdicios sólidos que se pretende construir en Arecibo.




Salen Lisa Donahue y AlixPartners de la AEE

Lisa Donahue llegó a la AEE en septiembre de 2015 para reestructurar la deuda de la corporación pública, de unos $9,000 millones. Desde entonces, su contrato ha sido extendido varias veces, hasta sobrepasar los $40 millones. Quienes defienden su contratación alegan que Donahue ha traído millones de dólares en ahorros para la AEE. (Archivo)

Donahue llegó a la AEE en septiembre de 2015 para reestructurar la deuda de la corporación pública, de unos $9,000 millones. (Archivo)

La principal oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, y su firma, AlixPartners, no extenderán su contrato con la corporación pública, según un reportaje publicado el miércoles en la tarde por el diario financiero Wall Street Journal.

La carta de renuncia de Donahue llegó unas dos semanas antes de la fecha de expiración del contrato, el próximo 15 de febrero, y en medio de un apretado calendario de fechas límites establecido bajo el acuerdo de reestructuración preliminar (RSA en inglés) con los acreedores de la AEE.

El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis R. Benítez, confirmó la información el jueves mediante comunicación escrita.

“Tanto AlixPartners como la AEE estamos comprometidos con realizar una transición efectiva y transparente. Con ese fin, el equipo de AlixPartners y la Autoridad han tenido numerosas discusiones e intercambios de información con AAFAF. Esto incluye el intercambio de conocimiento y documentos sobre el proceso de reestructuración financiera y operacional de la empresa y la entrega del plan fiscal que la junta de supervisión fiscal ha requerido para el próximo 21 de febrero.  La AEE está comprometida con cumplir con las fechas y la agenda de trabajo establecidas”, sostuvo Benítez.

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El pasado 30 de enero, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) anunció mediante comunicado de prensa que, según permite su nueva ley orgánica firmada por el gobernador Ricardo Rosselló, son ellos junto a sus asesores externos, Rothschild, los llamados a negociar la deuda pública de la isla, incluyendo la de la AEE.

En estos momentos, el acuerdo RSA tiene como expiración finales de marzo, aunque existen fechas límites previas relacionadas a ciertos acuerdos que deben llegar la AEE y sus grupos de acreedores, incluyendo aspectos relacionados a su cumplimiento con la ley federal Promesa.




Asesor de la AAFAF Rothschild dirigirá negociaciones con bonistas de AEE

SAN JUAN – El gobierno anunció hoy que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico y su asesor financiero, Rothschild, liderarán las negociaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La declaración publicada por la AAFAF, no indica el papel que desempeñarán Lisa Donahue, oficial principal de reestructuración de la AEE, y su compañía, AlixPartners, en las negociaciones.

El director ejecutivo de AAFAF, Gerardo Portela Franco, dijo en el comunicado que en nombre del gobernador, Ricardo Rosselló, la agencia ha determinado que es apropiado extender el hito del 31 de enero de 2017 en el Acuerdo de Reestructuración de la deuda (RSA) firmado por la AEE y algunos de sus grupos de acreedores hasta el 31 de marzo de 2017.

La AAFAF, por su ley habilitadora, es la única entidad del gobierno de Puerto Rico autorizada para negociar y llegar a acuerdos con los acreedores que reestructuran la deuda pública existente, dice el comunicado.

“Por lo tanto, AAFAF ha solicitado formalmente que la AEE ejecute una extensión del RSA hasta el 31 de marzo 2017, y le ha informado que AAFAF y su asesor financiero, Rothschild, ahora dirigirán las negociaciones con los acreedores de la AEE”, dijo.

Sin embargo, el viernes, el grupo de bonistas de la AEE acordó prorrogar hasta el 28 de febrero un plazo bajo el RSA de la empresa de servicios energéticos que requiere que se modifique el acuerdo para cumplir con Promesa. La RSA expira en marzo, pero ciertas concesiones relacionadas con Promesa expirarían la próxima semana.