CUD y MIDA rechazan posible fusión de empresas marítimas en Puerto Rico

(Suministrada)

Ante la urgencia de accionar frente a una posible fusión de dos de las compañías que mantienen el control de la entrada y salida de productos a Puerto Rico, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Jorge Argüelles Morán y el vicepresidente ejecutivo de Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Lcdo. Manuel Reyes, expresaron un rechazo contundente advirtiendo el riesgo que representa, no solo para los comerciantes, sino para la población en general.

En vista pública de último minuto, presidida por el representante José Aponte Hernández, se discutió la unión de las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, afiliada a TOTE Maritime, para mediante la compañía Puerto Nuevo Terminals operar un puerto marítimo y proveer servicios en el Puerto de San Juan.

“Ahora mismo contamos con cuatro compañías de transporte marítimo que sirven individualmente a Puerto Rico. Con esta fusión la empresa TOTE terminaría dominando el 70% de la transportación. Esto dejaría en manos de TOTE y Crowley el control absoluto de tarifas, descargas de contenedores, y horarios para levantar mercancía del muelle, así como quién puede entrar al puerto de San Juan. Sin dudas, esta unión comercial implicaría un monopolio nefasto para el país”, manifestó en su turno el Presidente del CUD.

Del mismo modo, Reyes dejó claro “lo frustrante de ver cómo en Puerto Rico minimizamos los costos y dificultades que tienen los comerciantes para traer sus mercancías mientras el mundo entero lucha constantemente por tener un sistema de transportación marítima competitivo e interconectado, por el cual se realiza el 90% del comercio mundial de bienes”.

En la vista, la delegación de minoría favoreció la Resolución de la Cámara 1371 para rechazar el acuerdo cooperativo entre las empresas marítimas. Tanto Aponte como el portavoz de minoría, Luis Vega Ramos, se presentaron incrédulos ante la falta de acción de la Autoridad de Puertos frente al acuerdo propuesto.

“Que no hayan hecho una consulta formal ni al Gobernador ni a Fortaleza ni a Justicia es inaceptable. Creo que es una abdicación a las responsabilidades que tiene la Autoridad de Puertos”, increpó Vega Ramos.

Por su parte, José Aponte indicó que “si se da la fusión, Puerto Nuevo Terminals tendrá el control total de la entrada de carga internacional a Puerto Rico”, por lo que radicará hoy una medida para que se investigue y se solicite de manera inmediata una acción de la Autoridad de Puertos ante a la Comisión Marítima Federal, que regula el sistema de transporte marítimo internacional de los Estados Unidos.




Cámara de Representantes aprueba nuevo Código Civil de Puerto Rico

Tras años de trabajar en una nueva versión del proyecto de ley para reformar el Código Civil de la isla, la Cámara de Representantes aprobó el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1654, que crea y establece el nuevo ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico, conocido como “Código Civil de Puerto Rico”.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier Laureano, presentó al Pleno cameral el nuevo documento de 579 páginas, y que contiene las recomendaciones que surgieron en más de una docena de vistas públicas que realizó al respecto.

“Igualmente, nos vemos obligados a extenderle nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que presidieron y laboraron previamente en la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil. Su trabajo desinteresado y encomiable trabajo en la redacción de este documento que compone el ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico”, dijo al destacar los nombres de los colaboradores.

Charbonier Laureano, mencionó que la pieza legislativa deroga el estatuto vigente que data del 1930.

Explicó que la medida contiene cambios a todos los libros del Código: Personas, Familia, Derecho Real, Obligaciones, Contrato y Sucesiones y un Título Preliminar que repasa los libros.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, en su turno dijo: “me comprometí con el pueblo de Puerto Rico que una gestión que se había comenzado en 1994, cuando se creó una Comisión para la Revisión del Código Civil se tenía culminar en este cuatrienio. En ese periodo de tiempo, varias administraciones, varios cambios de gobierno y nadie había tenido la iniciativa de preparar un documento final que pudiese ser traído a la discusión y a vistas públicas. Esta Cámara de Representantes y miembros de la minoría y mayoría tenemos que felicitar a la Comisión de lo Jurídico porque en un periodo de dos años hicieron el trabajo que no se había hecho anteriormente”.

Durante el debate de dos horas sobre la pieza, el representante Denis Márquez Lebrón expresó que se trata de la ley más importante del país al ser la que establece las regulaciones. Sostuvo que “hay otras áreas que son conservadores y con una mirada inclusive hasta religiosa. Cuando esto entre a la academia van a ver los tapones y los hoyos que puede traer este Código Civil”.

Mientras, el representante Luis Vega Ramos, objetó la prohibición de la maternidad subrogada y que se deje para una enmienda posterior, así como la prohibición absoluta a la eutanasia.

Entre los cambios más significativos, el proyecto de ley, establece que el matrimonio como una institución civil, que procede de un contrato civil entre dos personas y las causales de divorcio contencioso se eliminan, quedando como causales el consentimiento mutuo y ruptura irreparable, que se puede hacer individual y en conjunto. Incluso, fija que el matrimonio es entre dos personas, atemperando la determinación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo como lo dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Con relación a la mayoría de edad, la misma permanece a los 21 años, aunque prohíbe los matrimonios de menores de 18 años. Los jóvenes entre 18 y 21 años podrán contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o tutores.

Relacionado a los nasciturus, la medida concede los mismos derechos de los nacidos.

Mientras que, dentro del nuevo marco legal, quedó eliminado en Sala el contrato de franquicia que adjudica responsabilidad solidaria entre el franquiciante y el franquiciado por los incumplimientos laborales de este último.

En cuanto a sucesiones, se elimina la cuota viudal usufructo porque el cónyuge supérstite se convierte en un heredero forzoso. A esos efectos, se le brindan derechos a la persona que enviude. Además, se aumenta la libertad para seleccionar a quién dejar la herencia. Anteriormente, era un tercio de los bienes, ahora será la mitad de los bienes.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves, 7 de marzo de 2019, a las 11:00 de la mañana donde celebrará una Sesión Especial para honrar a la mujer en su semana.




Piden dar fuerza de ley a política pública energética para transformar la AEE

El proceso de vistas públicas para evaluar la propuesta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) culminó hoy con una solicitud tajante de los deponentes a que la administración de turno introduzca y brinde fuerza de ley a un plan de política pública energética a largo plazo.

El director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), Francisco Rullán, sostuvo que desde 2001, cada cambio de gobierno ha impulsado una política pública distinta, lo que ha entorpecido el proceso para transformar la AEE.

El representante Víctor Parés Otero. (Suministrada)

“Para nosotros sería completamente deseable poder preparar un plan a largo plazo y que no me lo cambien de aquí a unos años porque cambió la administración. Es un problema serio que estamos teniendo. […] Si queremos trascender más allá, tenemos que hacerlo mediante ley”, planteó Rullán.

Tanto Rullán como el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Pablo Vázquez Ruiz, y los otros deponentes en la vista se mostraron a favor de transformar el sistema eléctrico, pero enfatizaron que esto no se logrará sin primero formar con transparencia el marco regulatorio y legal del proceso.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Energía, Telecomunicaciones y de Alianzas Pública Privadas, Víctor Parés Otero, hizo referencia a una orden ejecutiva que firmó el exgobernador Pedro Rosselló en 1993, y en la que se propuso un plan de hasta 20 años para modernizar la red eléctrica.

A pesar de que esta orden proponía generar energía con fuentes alternas y renovables –específicamente energía solar en las islas de Caja de Muertos y Mona– Rullán explicó que tan solo el 3% de la electricidad en la isla se genera a través de métodos renovables.

“A un largo plazo, el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] nos dio la instrucción del concepto de la democratización de la energía y que el consumidor escoja [su proveedor], y que nosotros podamos preparar un plan de trabajo y un plan definido sobre ese particular, que trascienda las elecciones”, agregó.

Sobrino descarta que proyecto para privatizar la AEE se vaya a retirar

Parés Otero destacó que la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico) podría ser el vehículo inicial que permita impulsar la política pública energética del país. Esta ley delegó en la OEPPE el desarrollo y fiscalización del cumplimiento con la política pública de la AEE.

Para reducir la dependencia en el petróleo importado, el director ejecutivo de la OEPPE propuso llevar la generación de energía renovable a un 50% en 20 años. Este objetivo a largo plazo requiere implementar una política pública energética consistente que obligue a cumplir con estos parámetros.

Ayer, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, anunció que la privatización de la corporación pública se completará con la aprobación de dos proyectos de ley; uno que incluya la concesión de la transmisión y distribución de la AEE por una Alianza Público-Privada (APP) y otro que incluirá el marco regulatorio, legal y la política pública.

Vázquez Ruiz favoreció esta postura, que los líderes de la Cámara y el Senado junto a varios legisladores sugirieron a representantes de La Fortaleza en una reunión. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares debe aprobar esta propuesta antes de permitir su ejecución.

“Como hemos expresado antes, nos preocupó gravemente la ausencia de una política claramente establecida y la ausencia de un marco regulatorio que dé paso a claridad por parte de los participantes del proceso, antes de que se haga inclusive una solicitud de propuestas”, manifestó Vázquez Ruiz.

Privatización de AEE aumentaría factura residencial en casi $1,000 al año

Denuncia proceso “inútil” de vistas

En la misma vista, el representante popular Luis Vega Ramos puntualizó que el proceso de evaluación sobre el Proyecto del Senado 860 y su homólogo en la Cámara (1481) ha sido uno inútil, pues el futuro de la AEE dependerá del plan fiscal que la junta de control fiscal certificará esta semana.

Vega Ramos argumentó que los pedidos para un proceso transparente, un marco regulatorio y una política pública serán condicionadas a la decisión de la junta fiscal, y advirtió que el ente rector podría buscar tener injerencia sobre el proceso de privatización de la AEE.

“Lo que quiero plantear con esto es que este ejercicio que estamos teniendo en el día de hoy es un ejercicio bonito pero inútil, porque la política pública, la ausencia de transparencia y el marco regulatorio van a estar de una manera u otra, definidos en las próximas 48 horas por el plan fiscal, que va a regir el destino de la AEE por los próximos cinco a siete años”, concluyó.




Rivera Schatz buscará que reducción de salario a $60,000 entre en vigor de inmediato

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó hoy que presentará una enmienda al Proyecto del Senado 883 para que la reducción salarial de las ramas ejecutiva y legislativa entre en vigor de inmediato, y no en 2021 como propone la pieza original.

A pesar de haber afirmado la semana pasada que el proyecto se atendería de inmediato en el Senado, Rivera Schatz explicó que primero convocará vistas públicas para que las ramas del Gobierno expongan si favorecen uniformar sus salarios a $60,000 anuales.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Juan J. Rodríguez/CB)

“No tenemos problema en [aplicar la reducción de salario] inmediatamente, lo que pasa es que se puso prospectivo por el aspecto de la rama judicial, pero no tenemos ningún problema en que [aplique de inmediato] a alcaldes, la rama legislativa y la rama ejecutiva”, planteó.

El proyecto de Rivera Schatz propone reducir el salario de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, así como a agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y alcaldes. En su artículo de vigencia, dispone que “comenzará a regir el 1 de enero de 2021”.

“Me parece que, si queremos uniformar los salarios, tenemos que hacerlo a todo el mundo. El [Proyecto de la Cámara 1507] de los representantes populares es un acto de hipocresía”, enfatizó en referencia a la pieza que propone un sueldo uniforme de $73,745 anuales para los jefes de agencia.

La Sección 11 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dicta que los sueldos del gobernador, secretarios de Gobierno, miembros del Contralor y la rama judicial “no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados”. Esto no aplica a la Asamblea Legislativa.

Rivera Schatz propone uniformar sueldos del Gobierno a $60,000

“Ningún aumento en los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa solo tendrá efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe”, reza.

Ante el anuncio de Rivera Schatz, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, puntualizó a CB en Español que la movida del presidente del Alto Cuerpo “es una improvisación total”.

“Cuando quiera hacer algo serio, que me llame”, indicó el líder de la minoría popular y adelantó que no favorecerá la pieza por entender que solo se presenta en respuesta a la iniciativa de los representantes Luis Vega Ramos y Ramón Luis Cruz Burgos.

Por otra parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, se mostró a favor de la propuesta y resaltó que debe formar parte de la discusión legislativa en momentos en que la isla enfrenta una crisis fiscal sin precedentes.

Legislatura tendrá ‘la última palabra’ sobre privatización de la AEE

Independientemente de que la reducción a $60,000 del salario entre en vigor en 2021 o de inmediato, el líder independentista favoreció que la Legislatura coloque un tope sobre “todo lo que constituya un exceso salarial”.

“Me preocupa que se limite a un pulseo político”, manifestó en la misma línea que Bhatia, en respuesta al constante desprecio que ha exhibido Rivera Schatz a la propuesta de la delegación popular en la Cámara de Representantes.

El salario actual de los legisladores asciende a $73,775; el de los portavoces, vicepresidentes y presidentes de las comisiones de Hacienda y de Gobierno asciende a $84,841; y los presidentes de Cámara y Senado devengan $110,663 anuales cada uno.




Rivera Schatz propone uniformar sueldos del Gobierno a $60,000

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó hoy una pieza de ley para establecer un sueldo máximo de $60,000 a todas las ramas del Gobierno, incluyendo a los jefes de agencia, alcaldes y legisladores.

A pesar del esfuerzo encomiable del Proyecto del Senado 883, recién radicado en la Oficina de Trámites Legislativos y que crearía la Ley de Salario Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, este “comenzará a regir el 1 de enero de 2021”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). (Felipe Torres/CB)

Esto significa que, de ser aprobada y convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, los sueldos actuales de los funcionarios del Gobierno –entre ellos los de varios secretarios ascendentes a $250,000 y $450,000– no se trastocarían hasta el inicio del próximo cuatrienio.

Durante un turno sobre la resolución que propone detener el desembolso de fondos a la junta fiscal, Rivera Schatz cuestionó el “acto de pura hipocresía” de varios representantes de los Partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) que, a su entender, quieren reducir el salario “de todo el mundo, menos el de ellos”.

El líder novoprogresista se refería al Proyecto de la Cámara 1507 de los populares Luis Vega Ramos y Ramón Luis Cruz Burgos, que propone un salario uniforme de $73,745 anuales para los jefes de agencia y $90,000 para el secretario de Estado.

Senado aprueba medida de Juan Dalmau para detener desembolso a la junta fiscal

“Yo les voy a proponer que hagamos algo mejor. […] Vamos a proponer que todos los sueldos del Gobierno de Puerto Rico –en la Rama Ejecutiva, en la Rama Legislativa, en la Rama Judicial, en las corporaciones y los municipios– no puedan rebasar los $60,000. Vamos a ver si es verdad que le votan a favor”, puntualizó Rivera Schatz.

Como reseñó CB en Español, el salario de gran parte de los legisladores asciende a $73,775; mientras que el de los portavoces, vicepresidentes y presidentes de las comisiones de Hacienda y de Gobierno de cada cuerpo se encuentra en $84,841.

Mientras, los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado devengan $110,663 cada uno, según la Ley 97 de 1968, que dicta los sueldos de los legisladores. El primer ejecutivo devenga $70,000 al año.

“Voy a presentar el proyecto, y lo voy a traer aquí, y yo le voy a votar a favor. Pero todo el mundo tiene que apoyarlo, y que todo el mundo gane $60,000 como tope. Y vamos a ver si los patriotas de la Cámara [lo apoyan], que quieren bajar el sueldo a los jefes de agencia, pero no quieren bajar el de ellos. […] Eso es un acto de pura hipocresía política”, sentenció.

Buscarán equiparar salario de jefes de agencia al de los legisladores en Puerto Rico

Rivera Schatz anticipó que la medida de su autoría podría atenderse en la sesión pautada para el próximo lunes, 9 de abril. A pesar de afirmar que busca que “aplique ya”, la propuesta dispone en su Artículo 6 que comenzará a regir en 2021.

Actualmente, los salarios de jefes de agencias como Justicia, Salud, Agricultura, Vivienda y del Trabajo ascienden a más de $100,000 anuales. El salario del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, la secretaria de Educación, Julia Keleher, y el director ejecutivo de la Organización de Mercado de Destino de Puerto Rico (DMO), Brad Dean, se encuentra en sobre $250,000.




Buscarán equiparar salario de jefes de agencia al de los legisladores en Puerto Rico

En respuesta a las incesantes críticas que han levantado los exorbitantes salarios de algunos jefes de agencias y corporaciones públicas en Puerto Rico, dos representantes del ala popular presentaron ayer una medida para asentar un tope al estipendio que estos servidores públicos devengarán por su labor en el gobierno de Puerto Rico.

Se trata de un salario uniforme de $73,745 anuales para los titulares de agencias y corporaciones públicas, con excepción del secretario de Estado, quien devengaría $90,000 anuales. Se prohibiría además que los funcionarios puedan ejercer sus cargos a través de servicios profesionales.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio “Tony” Soto; junto a los presidentes del Senado y la Cámara, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez. (Juan J. Rodríguez/CB)

“El liderato en momentos de crisis se demuestra con el ejemplo, y el gobernador Ricardo Rosselló está pidiéndole mayores sacrificios de austeridad al hombre y la mujer puertorriqueña de a pie”, sentenció el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos.

Sin embargo, la propuesta de Vega Ramos y Ramón Luis Cruz Burgos —que se radicará el próximo lunes luego del receso por Semana Santa— no fue aplaudida por todos. Algunos se movieron hasta la red social Twitter para exigir que los legisladores también atemperen sus salarios a la realidad fiscal de la isla.

Y es que el salario tope que ambos líderes populares proponen para los jefes de agencias se acerca al devengado por los senadores y representantes, que actualmente reciben $73,775 anuales —con algunas excepciones—, paga que sobrepasa el salario anual del primer ejecutivo por $3,775.

“Que incluyan también reducción en los salarios y beneficios de los legisladores. Que prediquen con el ejemplo”, tuiteó un usuario, a lo que Vega Ramos respondió con “el [cuatrienio] pasado los legisladores [populares] nos eliminamos dietas y estipendio de transportación, que significaba como un 40% de nuestra compensación”.

Al salario anual de $73,775 de gran parte de los legisladores se suman $84,841 para los vicepresidentes de Cámara y Senado —José “Pichy” Torres Zamora y Larry Seilhamer; y otros $84,841 para los portavoces —Gabriel Rodríguez Aguiló, Rafael “Tatito” Hernández y Denis Márquez en la Cámara; y Carmelo Ríos, Eduardo Bhatia y Juan Dalmau en el Senado.

Plan fiscal contempla reducción en plantilla de empleados del gobierno

Los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Gobierno de ambos cuerpos también devengan $84,841 —Antonio “Tony” Soto y Jorge Navarro en la Cámara; y Migdalia Padilla y Miguel Romero en el Senado, respectivamente.

Entretanto, los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, reciben un salario anual de $110,663 cada uno, según la Ley 97­ de 1968, que establece los sueldos de los legisladores.

De convertirse en ley la nueva propuesta de Vega Ramos y Cruz Burgos, el salario de jefes de agencias como Vivienda, Salud, Justicia y Educación iría a la par con el de la mayoría de los 81 legisladores; y cobrarían $36,918 menos que los presidentes de la Asamblea Legislativa.

Los funcionarios de la administración de Rosselló Nevares cobran entre $98,000 y $450,000 anuales, este último para el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins. En el caso de la secretaria de Educación, Julia Keleher, su salario asciende a $250,000 anuales.

“Los legisladores cumplirán sus funciones oficiales y representativas a tiempo completo, pero podrán devengar ingresos extra legislativos sujetos a unas restricciones que incluyen la prohibición de actividades que representen un conflicto de intereses…”, reza la Ley 97. Su oficio adicional no podrá exceder el 35% de su salario como legislador.

Entre los legisladores mejor pagados

En Estados Unidos, tan solo tres jurisdicciones ofrecen a sus legisladores un salario mayor al que devengan los funcionarios puertorriqueños. Según el portal de la National Conference of State Legislatures, estos son California ($104,118), Pennsylvania ($86,478) y Nueva York ($79,500).

Junta de Gobierno defiende salario del nuevo director ejecutivo de la AEE

En Michigan, los legisladores reciben $71,685 con una asignación de gastos adicional de $10,800 anuales. Cabe destacar que estos cuatro estados se encuentran entre las 10 jurisdicciones con mayor población en la nación americana.

La población de Puerto Rico ronda los 3.3 millones, de acuerdo al plan fiscal más reciente del gobierno. En seis años, se espera que la población se reduzca en un 10.9%. En California, el estado con mayor población, residen más de 39 millones de personas; 120 miembros componen su legislatura estatal.

En otros estados con una población parecida a la de la isla —Iowa con 3.1 millones y Connecticut con 3.6 millones— la paga a sus legisladores ronda entre $25,000 y $38,000. Aun así, este salario es mayor a lo que devenga un maestro en Puerto Rico, que recibe en promedio $22,000 anuales.

Enmiendas ponen fin a las dietas

En 2013, y por iniciativa del exgobernador Alejandro García Padilla, la Legislatura eliminó las compensaciones por dietas ($30,000) y por transporte ($18,000) de sus beneficios. Con esto, la compensación mínima de cada legislador ascendía a sobre $120,000 anuales.

Seis cooperativas reclaman fraude del Gobierno de Puerto Rico

En ese momento, la representante María Milagros Charbonier argumentó que $73,775 no eran suficientes para los legisladores que viajaban desde lejos al Capitolio. Los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) —la minoría en ese momento— se opusieron a la medida.




Cámara aprueba plan de reorganización de Bosque Modelo

Sin debate y ante la oposición de los representantes de minoría, la Cámara dio paso hoy al Plan de Reorganización para fusionar la Oficina del Bosque Modelo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La Resolución Concurrente del Senado 33 que viabiliza la aprobación del plan pasará al Ejecutivo. Según la Ley del Nuevo Gobierno, la Legislatura tendrá ahora hasta el último día de aprobación de medidas de la sesión en la que fue presentado el plan –el próximo 25 de junio– para aprobar el proyecto que sienta las bases para ejecutar la propuesta reorganización.

(Yoel Parrilla/CB)

En el informe asentido junto a la recién aprobada resolución se resalta que el traspaso de las funciones de la Oficina al Fideicomiso del Bosque Modelo representará un ahorro de $300,000 el primer año y otros $1,500 millones durante los próximos cinco años.

El representante de la minoría popular, Luis Vega Ramos, sostuvo que el plan “limita unos espacios de autonomía que se habían adelantado”. Indicó además que el proceso de evaluación de la propuesta fue uno atropellado, pues no se llevó a cabo ninguna vista pública.

“Esta no es la manera de revertir o discutir uno de los proyectos ecológicos más importantes en los pasados años”, sentenció el legislador.

Entretanto, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, resaltó que su delegación votaría en contra por entender que fue aprobada “de forma fantasma”. A preguntas en torno a si entiende que los recaudos que promete la medida son sustanciales, declaró que hay temas que no deben enfocarse en el aspecto económico.

La Fortaleza retirará plan de reorganización de Educación

“Hay unas líneas donde uno no debe cruzar y temas como este de preservar recursos naturales, no debe mediar el término económico. No hay manera de cuantificar el valor que tendría esto para el futuro si se preservara de la manera en que se debería preservar”, expuso Hernández a CB en Español.

De acuerdo al aprobado plan, será el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la agencia encargada de implementar nueva la política pública de la Oficina que –según el Proyecto del Senado 805“existirá hasta el 30 de junio de 2018”. También deberá iniciar un proceso de consolidación de las funciones transferidas “estableciendo parámetros y guías operacionales”.

Se propone además la “externalización de las restantes funciones de la Oficina del Bosque Modelo al Fideicomiso del Bosque Modelo”. Este último fue creado como un cuerpo sin fines de lucro para “fungir como depositario y custodio de los fondos públicos y privados que se asignen o se reciban” para el desarrollo y las operaciones del Bosque Modelo.

Este es el primer plan del Ejecutivo que recibe el visto bueno de la Asamblea Legislativa. Los otros cuatro planes de reorganización sobre la mesa deben ser aprobados o denegados en un periodo de 30 días contados desde la radicación de los mismos a la Legislatura. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares sometió los cinco planes el 18 de enero.




Férrea oposición a consolidación de la Comisión de Energía

Durante la primera vista pública en lo que será una serie de evaluaciones de los cinco planes de reorganización sometidos por el Ejecutivo a la Legislatura, el director interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), José Román Morales, defendió la independencia del cuerpo en momentos en que se entrevé la privatización energética.

Ante la Comisión de Gobierno presidida por el representante Jorge Navarro, Román Morales opinó que la consolidación de esta y otros dos entes reguladores “trastoca significativamente la estructura de la CEPR, afectando principios fundamentales de la regulación de utilidades, como lo son su independencia sustantiva y financiera”.

El representante Jorge Navarro. (Suministrada)

Mientras, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez, señaló que la autonomía de la CEPR como la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) –también incluida en el plan de reorganización 5– no se trastocaría por la aprobación de la propuesta.

“El decir que no va a haber la independencia, eso es falso. Va a haber la independencia. Nosotros vamos a garantizar que exista esta independencia”, enfatizó Méndez durante la vista. En un aparte con la prensa, planteó que para atender las inquietudes por la autonomía de la CEPR y el OIPC, podría haber cambios al proyecto de ley de la Legislatura, pues lo que no puede ser enmendado es el plan de reorganización del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

De las enmiendas al debatido Proyecto de la Cámara 1408 no ser compatibles con el plan de reorganización que propone crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico (JRSP), Méndez manifestó que se rechazaría el plan para que el Ejecutivo ajuste el mismo a las enmiendas legislativas.

Gobernador asegura cumplirá plazo de la junta para entregar planes fiscales corregidos

En la misma línea de transparencia, la junta de control fiscal determinó en una misiva que un regulador energético independiente es “crucial para una transformación exitosa del sector energético”. Por eso, el ente rector requirió a la administración del gobernador incluir en el plan fiscal un “plan para un regulador energético independiente y robusto”, aparte de someter ante la Legislatura un proyecto que funde el modelo no más tarde del próximo verano.

A pesar de estar de acuerdo con esta orden, el director ejecutivo de la CEPR acentuó que no es necesaria una nueva legislación, pues el organismo actual abarca las peticiones de la junta, como tres comisionados, poder para aprobar cargos tarifarios y total autonomía.

Por otro lado, Román Morales cuestionó que el propuesto Negociado de Energía contaría solo con un comisionado, nombrado por el gobernador y que podrá ser removido de su posición en cualquier momento, “con o sin justa causa”. De acuerdo al director interino de la CEPR, es importante que el organismo cuente con al menos tres miembros para así propiciar el intercambio de ideas y opiniones.

Sobre el particular, el representante popular Luis Vega Ramos inquirió si la potestad del gobernador para destituir al comisionado podría inhibir al experto en energía de tomar decisiones que contradigan la postura del Ejecutivo.

Junta concede siete días para que Gobierno corrija planes fiscales

Según dispone su ley habilitadora, la CEPR recibe un presupuesto anual de $5.8 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mientras que otra parte de sus ingresos sale del .25% del ingreso bruto anual de aquellas compañías de servicio eléctrico que generen “ingresos al generar energía eléctrica”. 

En el plan de reorganización, el presupuesto de la CEPR pasaría al Fondo General. “Dicho acto genera una carga adicional no existente en la actualidad en el fondo general”, además de que no elimina el cargo regulatorio que los clientes pagan actualmente, por lo que la consolidación del organismo en términos económicos “no representa un ahorro para el ciudadano ni para el gobierno”.

El portavoz de la delegación popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, debatió si incluir el presupuesto de la CEPR en el Fondo General del gobierno podría causar que estos se vean comprometidos en el proceso de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa.




Presentan legislación para garantizar derecho sobre neutralidad de internet en Puerto Rico

Los representantes Luis Vega Ramos (PPD) y Luis “Junior” Pérez Ortiz (PNP), presentaron el martes, legislación bipartita para garantizar el derecho de todos los usuarios de internet en Puerto Rico a la neutralidad en el acceso a las redes cibernéticas (Net Neutrality, en inglés), ante la reciente determinación de la administración del presidente Donald Trump, tomada a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de eliminar esa protección a nivel federal.

“Tras la nefasta decisión de la administración Trump de eliminar la protección en cuanto al acceso neutral y equitativo a las redes cibernéticas por parte de los ciudadanos, se hace vital que Puerto Rico se una al creciente número de jurisdicciones que están preservando este acceso por legislación estatal y lo declaren como un derecho de todo ciudadano”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 1427 tiene el propósito de establecer el derecho de todo ciudadano residente en Puerto Rico a la neutralidad a través de las redes cibernéticas mediante una política pública que preserve el libre flujo de toda información y contenido y que limite las prácticas de mercadeo que crean paquetes para el uso de ciertas aplicaciones, flujo de información o data por las compañías que proveen servicios de telecomunicaciones y de banda ancha en Puerto Rico.

Legislatura rechaza determinación de la FCC sobre neutralidad de internet

El proyecto enmendaría el inciso (f) del Artículo 7 del Capítulo II y la sección (s) del Artículo 4, Capítulo III de la Ley Número 213 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, para adscribirle la responsabilidad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de velar por la protección de este derecho.

Enfatizó que esta legislación no es sólo importante por sus aspectos económicos sobre los consumidores de servicios de internet, sino también se ha convertido en una garantía esencial a la libre expresión y al acceso de información de todo ciudadano.

“En plena era de la informática, el acceso neutral y sin restricciones irrazonables, de contenido o costo, es parte esencial y contemporánea de los derechos humanos a la libertad de expresión y al acceso de información. La internet se ha convertido en la plaza pública por excelencia para que los ciudadanos se expresen; es la imprenta o las ondas radiales y televisivas modernas donde buscamos noticias, es la biblioteca enorme donde nuestros niños y jóvenes encuentran información para educarse. No garantizar el acceso libre y neutral a las redes cibernéticas atenta contra los derechos fundamentales del pueblo. Por eso agradezco al compañero Pérez Ortíz por haberse unido a esta iniciativa para así establecer su carácter bipartidista”, añadió.

FCC revierte reglas de “neutralidad” en internet

El representante Pérez Ortíz es el autor de la Resolución Concurrente de la Cámara 58, la cual fue aprobada unánimemente por la Cámara recientemente y que condena enérgicamente la determinación de la FCC de “poner fin a la neutralidad de la internet en los Estados Unidos y sus consecuencias nefastas para los usuarios en Puerto Rico”.

Además de las preocupaciones en torno a la limitación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y acceso a la información, los legisladores advirtieron que de no ser aprobada la medida se abriría la puerta para que las compañías de internet segreguen artificialmente el acceso a distintos servicios, portales o aplicaciones para cobrar cargos adiciones para permitir el acceso. De ahí, que el proyecto establece la neutralidad en acceso a las redes cibernéticas como un derecho.

Actualmente, jurisdicciones como Massachusetts, Nebraska, Rhode Island y Washington han presentado legislación para contrarrestar la aprobada eliminación a la neutralidad cibernética, mientras que Nueva York y California están por radicar legislación.

FCC evaluará que empresas de telecomunicaciones informen sobre servicio en Puerto Rico

En otras jurisdicciones estatales han comenzado otros esfuerzos por neutralizar los alcances de la determinación de la FCC. La preservación de las reglas de neutralidad cibernética ha comenzado una batalla legislativa y legal a través de todos los Estados Unidos y el mundo de suma importancia.

Los legisladores se mostraron optimistas en torno a la pronta aprobación del proyecto. “Con este proyecto, nos pondríamos a la vanguardia global de la defensa de este nuevo derecho ciudadano”, concluyó Vega Ramos.




Cámara da paso a auxilio millonario para la AEE

La Cámara de Representantes siguió los pasos de su cuerpo hermano hoy al aprobar la resolución que brindaría un auxilio de $630 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para atender la crisis de liquidez hasta el fin del año fiscal presente.

La Resolución Conjunta del Senado 196 aprobada ayer dicta que los gastos operacionales que las corporaciones públicas podrán cubrir bajo esta medida son, entre otros,  “gastos de nómina de los empleados, compra de combustible y energía, materiales” y equipos necesarios para operar.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, puntualizó ayer en la discusión de la resolución homóloga que el proyecto de La Fortaleza era “deficiente”, con problemas de carácter jurídico y “no tenía toda la transparencia que nos parece debe permear en todas las transacciones” del Gobierno.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. (Yoel Parrilla/CB)

Según la medida, que tendrá vigencia hasta el próximo 30 de junio, el secretario de Hacienda será el funcionario a cargo de autorizar la asistencia a las corporaciones públicas, “para solventar gastos operacionales”. La Oficina de Gerencia y Presupuesto debe identificar las partidas presupuestarias.

En cuanto al término de vigencia de la ley, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, resaltó que se establece así para no proveer un “cheque en blanco” a la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Si se requiere ayuda adicional, “tienen que venir a la Asamblea Legislativa”.

Por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos dijo que la resolución dispone “lo poquito que queda del Fondo General” –que según indicó, ronda los $500 millones­– para “prestar más allá de lo que tiene” y recordó además que la nómina del Gobierno requiere cerca de $300 millones.

“Si prestan los $500 millones que hay, no hay chavos para la nómina”, expuso.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, indicó que se desconoce “el impacto presupuestario que va a tener sobre agencias y acreedores”. Agregó que la resolución no deja claro “si va a haber realmente el dinero que asigna” la propuesta de ley.

Senado avala resolución para dar liquidez a la AEE y AAA

El miércoles, el Senado rechazó el proyecto del Ejecutivo que proveería liquidez a la AEE y la AAA, lo que levantó cuestionamientos del gobernador cuando demandó acción de la Legislatura sobre el asunto, y expresó que la AEE interrumpiría sus operaciones de no recibir una inyección de fondos. 

Actualmente el 68% de los abonados tiene servicio eléctrico, mientras que la generación de la AEE se encuentra en 82.90%, de acuerdo al portal status.pr. La AAA sirve al 97.36% de sus clientes.

Más cerca los municipios de contratar brigadas

También se dio paso al Proyecto de la Cámara 1380, que propone enmendar la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para así permitir a los ayuntamientos contratar brigadas de la AEE y la AAA durante un periodo de emergencia tal como el provocado por el huracán María de septiembre.

“[La AEE] quedará obligada a certificar tales reparaciones –del municipio evidenciar que las realizó de acuerdo a los estándares prevalecientes en la industria o según las especificaciones de [la AEE] – para que este pueda beneficiarse de aquellos reembolsos o ayudas disponibles”, dicta la medida.

La pieza, de la autoría del presidente de la Cámara y el representante José “Quiquito” Meléndez, no obliga a los ejecutivos municipales a acogerse a la propuesta, pero les permite “voluntariamente llevar a cabo todas las gestiones pertinentes” para restablecer ambos servicios en sus pueblos.

Vender la AEE no será tan fácil

La medida pasa ahora a la consideración del Senado sin el proceso de vistas públicas. El portavoz independentista Márquez había antedicho a este medio la necesidad de que la pieza fuese a vistas públicas, por el impacto de los cambios que propone y el desconocimiento de la postura de la AEE.

Durante su turno, Márquez adelantó que el proyecto “no va a tener el apoyo de este legislador”, ya que “el sistema eléctrico de Puerto Rico no está dividido en 78 municipios. […] Es un sistema eléctrico unificado”. Indicó, además, que es necesario un proceso planificado en conjunto a la AEE.

“Es bueno que [la AEE] reciba ayuda de los municipios. Pero de forma ordenada, planificada, velando por la salud y la seguridad de las personas que trabajan ahí, y no puede ser con una carta en blanco, una carta abierta a los municipios”, manifestó Márquez en el hemiciclo de la Cámara.