Liberty asegura estar listo para continuar brindando servicios durante emergencia del COVID-19

El presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico, Naji Khoury. (Suministrada)
El presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico, Naji Khoury. (Suministrada)

La empresa de telecomunicaciones, Liberty Puerto Rico exhortó a la ciudadanía a acatar el llamado de cierre de emergencia y toque de queda emitido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a la vez que aseguró estar listo para continuar brindando los servicios de Internet, telefonía y televisión, esenciales en este momento en los hogares y los negocios en la isla.

Según indicó Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico, en una comunicación enviada a sus clientes, la compañía ha tomado medidas “para asegurar la continuidad de su servicio y para ser su aliado en este momento difícil”. Entre estas, se encuentra continuar con servicio al cliente las 24 horas; continuar con visitas técnicas e instalaciones en los hogares y negocios que estén permitidos a operar y brindar servicio de cambio de equipo por servi-carro habilitado en las áreas de los estacionamientos en los Centros de Servicio de Liberty en Hato Rey, Luquillo, Hatillo, Guayama y Hormigueros. En estos, por el momento, no se aceptarán pagos en efectivo, pero los clientes pueden hacer sus pagos a través de mi.libertypr.com con cuentas de cheque y tarjetas de crédito.

Las operaciones al detal que se encuentran en centros comerciales cerraron según la Orden Ejecutiva desde el domingo, 15 de marzo, a las 6 p.m., y permanecerán cerradas hasta el 30 de marzo. Khoury enfatizó que la mayoría de los empleados de Liberty a través de toda la organización cuentan con la conectividad y las herramientas necesarias para trabajar desde sus hogares, garantizando así su seguridad.

Para brindar mayor conveniencia y seguridad, Liberty Puerto Rico invita a sus clientes a que utilicen la variedad de métodos virtuales de servicio al cliente que ofrece la compañía. Entre ellos, se encuentra un nuevo método, en el cual los clientes pueden comunicarse con representantes de servicio a través de la aplicación WhatsApp.

A través del nuevo servicio al cliente vía WhatsApp, los clientes pueden enviar un mensaje de texto al (787) 355-3535 a través de su aplicación de WhatsApp de 9 a.m. a 9 p.m., los siete días de la semana. Esto les permite llevar a cabo funciones tales como: pedir citas de servicio, hacer preguntas sobre sus cuentas y actualizar sus servicios, entre otros.

Además de este nuevo servicio, Liberty Puerto Rico ofrece otras opciones para recibir servicio al cliente de manera virtual como MiLiberty, su portal de servicio al cliente, donde pueden hacer transacciones básicas en línea como ver su factura, pagar la misma, establecer la opción de débito directo, cambiar una cita con un representante de servicio técnico, añadir canales “premium”, reiniciar su equipo y poner el servicio de “call forward“. Si algún cliente aún no está registrado en MiLiberty, puede hacerlo en la misma página de entrada para el portal.

Los clientes también pueden contactar al Departamento de Servicio al Cliente llamando al (787) 355-3535 para cualquiera de sus necesidades de servicio las 24 horas al día, los siete días de la semana.

Además, pueden enviar mensajes a través de las cuentas de redes sociales de la compañía en Twitter usando el handle @LibertyPR o en Facebook. También, pueden visitar la página web de la compañía para ver preguntas y respuestas e información técnica y un portal con información relacionado a la situación del coronavirus.

Khoury recordó a los clientes de negocios que Liberty Business ofrece soluciones digitales diseñadas para mantener la continuidad de su negocio. Entre estas, se encuentran Cloud PBX, Computación (IT) en la nube, Redes Manejadas, Seguridad Manejada, Cloud Business Continuity & Disaster Recovery y Colocation.

“Estas soluciones le permiten movilizar su negocio a cualquier parte y mantener a sus empleados colaborando como si estuvieran en la oficina, ya que le brindan acceso remoto y seguro a sus sistemas y aplicaciones desde la nube, para seguir operando su negocio y sirviendo a sus clientes desde cualquier parte”, añadió Khoury.

Los clientes de negocio pueden comunicarse al Departamento de Servicio al Cliente de Liberty Business al (787) 355-0606 de tener cualquier duda o necesitar ayuda con cualquiera de sus servicios.

Khoury añadió que si hay clientes que se han visto afectados económicamente por el cierre decretado por el COVID-19, estos deben escribir o llamar a la compañía a través de WhatsApp al (787) 355-3535 para buscar maneras de ayudarlos a continuar utilizando los servicios de la compañía. También, mencionó que Liberty está apoyando la iniciativa “Keep America Connected” de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para mantener los servicios de comunicaciones sin interrupción en estos momentos.

Liberty continuará brindando información a medida que la noticia se desarrolle a través de su página web, sus cuentas de redes sociales y Bill Pay, el canal 98 en la alineación digital de Liberty.

“Los exhorto a obedecer el llamado del gobierno lo más posible, ya que es la mejor manera de evitar el contagio masivo del novel coronavirus. Entendemos que es un momento de mucha incertidumbre, confusión y desasosiego para todos. Les aseguro que las decisiones que estamos tomando como empresa ponen la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y todos los habitantes de Puerto Rico, por encima de todo”, concluyó el ejecutivo.

Liberty Puerto Rico es una subsidiaria de Liberty Latin America y tiene aproximadamente 785,100 unidades de servicio subscritas al 31 de diciembre de 2019 en 76 municipios del este, centro, norte, sur y oeste de Puerto Rico. Para más información, visite www.libertypr.com.  

Liberty Latin America es una compañía de comunicaciones con operaciones en sobre 20 países a través de América Latina y el Caribe bajo las marcas VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS y Cabletica. Los servicios de comunicaciones y entretenimiento que ofrecen a sus clientes residenciales y comerciales en la región incluyen: servicios de video digital, internet de banda ancha, telefonía y servicios móviles. Los productos y servicios para negocios incluyen conectividad de grado empresarial, centro de datos, hosting y soluciones gestionadas de infraestructura de telecomunicaciones, así como soluciones de tecnología de información con clientes desde pequeñas y medianas empresas hasta compañías internacionales y agencias gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de fibra óptica submarina y terrestre que conecta sobre 40 mercados en la región.

Liberty Latin America tiene tres clases separadas de acciones comunes que se negocian en el Mercado Selecto Global de NASDAQ bajo los símbolos “LILA” (Clase A) y “LILAK” (Clase C), y en el OTC Link bajo el símbolo “LILAB” (Clase B). Para más información, visite www.lla.com.




Exsecretario de Vivienda dice que el gobierno no manejó de forma coordinada la emergencia en el área suroeste

El exsecretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat. (CyberNews)
El exsecretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat. (CyberNews)

El destituido secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat dijo el miércoles en Vista Púbica que el gobierno de Puerto Rico no manejó de forma coordinada la emergencia en el sur, suroeste de Puerto Rico como consecuencia de la actividad sísmica.

“Yo entiendo que no se siguió al pie de la letra las funciones de emergencia que le corresponden a cada agencia dentro del sistema o lo que es el Sistema de Soporte de Emergencia. Estábamos recibiendo instrucciones a diestra y siniestra por distintos métodos de comunicación, entiéndase llamadas telefónicas, mensajes de texto o hasta correos electrónicos, cuando ya existía un sistema mediante el cual se había establecido que era a través del municipio al Estado”, dijo Gil Enseñat en su testimonio a la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia.

“Se estaba hasta triplicando esfuerzos dentro de una función que se suponía se hiciera de una sola vez y expresamente”, añadió.

“¿Y usted cree que este malestar que usted nos ha indicado haya provocado molestia en las altas jerarquías del gobierno que provocaron su despido?”, preguntó el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago.

“Yo lamentablemente mi mejor virtud y mi mejor defecto es que digo las cosas como las veo. Sí escuché que había gente quejándose por la forma y manera que yo decía las cosas y lamento que en ese momento se interpretara de esa forma. Estábamos bajo una emergencia y había que responder lo más rápido posible. Tampoco había que reinventar la rueda, ya había un sistema, lo que había era que practicarlo y cada cual adherirse a su área y no tratar de intervenir en un área que no le competía”, contestó.

A preguntas de la prensa al culminar la vista pública, Gil Enseñat abundó sobre el particular.

“En lo que era la coordinación de los alimentos, de momento recibíamos sitios que están recibiendo alimentos de este sitio, también del departamento y también que se estaban llevando a otros sitios. La buena fe es buena, pero también dicen que de uenas intenciones dicen que está pavimentado el camino hacia la perdición”, expresó.

“¿Y a quién fue que usted le llevó la queja y no le gustó?”, se le preguntó.

“Aparente y alegadamente no le gustó a mucha gente”, contestó.

Expresó que en las reuniones en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) –que según su testimonio se citaban a distintas horas– el secretario de Estado, Elmer Román daba unas instrucciones que iban cambiando.

“Un ejemplo, se mandaba un mensaje de texto de que en Guánica hacían falta catres. Pero a la misma vez, había un sistema y procedimiento a nivel central y municipal en el cual se sometía la orden. A lo mejor, si ellos estaban solicitando 200 catres y yo lo hice a través del sistema, pero también hubo una llamada de otra persona a otro subalterno que a lo mejor despachó esos 200, pues a lo mejor le van a llegar 400 catres y yo a lo mejor estaba contabilizando 200”, sostuvo.

Habló, además, de una situación que ocurrió el Día de Reyes. Ese día se supone que estaba destacado en la actividad que celebró La Fortaleza en el Viejo San Juan. No obstante, a las 4 de la tarde, la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Rodríguez supuestamente le informó que tenía que ir a Ponce. Gil Enseñat le contestó que a esa hora no viajaría al sur.

Gil Enseñat compareció en la tarde del miércoles como parte de las Vistas Públicas de la Comisión Especial que investiga el manejo de la emergencia en el sur-suroeste como consecuencia de la actividad sísmica.

En la mañana, compareció la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones y el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez.

Ambos funcionarios rechazaron entregar el informe solicitado por la Comisión Especial, que realizó el NIE a solicitud de la gobernadora sobre el almacén que administraba el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en La Guancha en Ponce. El alegato es que el documento es parte del sumario fiscal.

El presidente de la Comisión Especial, Gabriel Rodríguez Aguiló anunció que acudirán a los tribunales, so pena de desacato contra ambos funcionarios.

Las Vistas Públicas continuarán el viernes a las 10 de la mañana en Ponce. Están citados los alcaldes del sur, suroeste. El 12 de febrero se supone que comparezca el destituido comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo Caballero.




“La gobernadora debe autoevaluarse”, dice “Tatito” Hernández ante el manejo de funcionarios de su gobierno

(CyberNews)
(CyberNews)

El portavoz de la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo el lunes que la gobernadora Wanda Vázquez debe autoevaluarse ante el manejo de los funcionarios de su gobierno y que le llevó realizar tres despidos de funcionarios de gabinete, en medio de la emergencia por los continuos temblores que afectan la zona sur y suroeste de la Isla.

“Yo creo que el planteamiento después del bochornoso desempeño de la gobernadora en el día de ayer (domingo), es un reconocimiento claro de que no tenía control de su gobierno es que ella tiene que autoevaluarse”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

“Debe pensar en el futuro de todos los puertorriqueños, los damnificados, para obviamente mantener un tipo de estabilidad en el país, especialmente ante todo lo que está ocurriendo”, añadió.

Hernández Montañez afirmó que gran parte de las necesidades y sufrimiento que han atravesado los afectados por los terremotos en el sur de la isla por falta de suministros, se hubieran evitado si la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) le hubiera dado paso a las resoluciones de investigación luego del paso del huracán María.

La Delegación del PPD pasó revista sobre algunas de las medidas que se radicaron en aquel entonces, sin embargo, no fueron atendidas por la mayoría del PNP.

Por ejemplo, el 23 de agosto del 2018, tras las situaciones ocurridas luego del paso del huracán María, la delegación popular radicó la Resolución de la Cámara RC-1058-1064 que ordenaba realizar una investigación exhaustiva sobre el almacenamiento, manejo y distribución de los contenedores de suministros para los damnificados que no habían sido distribuidos. Del mismo modo, el 24 de septiembre del 2018 se radicó la Resolución Conjunta C-400 para requerir a la oficina del Contralor de Puerto Rico a que, con carácter de urgencia, llevara a cabo una investigación exhaustiva y emitiera el informe correspondiente sobre los furgones de suministros destinados a socorrer a los damnificados y afectados por el huracán María.

“Lamentablemente, la mayoría del PNP se cruzó de brazos y no le dieron paso a ninguna de las investigaciones, claudicando así a su deber y responsabilidad con el pueblo puertorriqueño. La verdad siempre sale a relucir. Es indignante que una misma administración de gobierno, en un mismo cuatrienio, sistemáticamente engañe al pueblo en dos ocasiones luego del impacto eventos naturales catastróficos. Por respeto a las vidas perdidas luego del paso del huracán María, lo lógico es que hubieran aprendido de los errores cometidos del primer evento”, sentenció Hernández Montañez al tiempo que enfatizó en el deber de los legisladores estatales de fiscalizar al ejecutivo, exigir rendición de cuentas y aprobar la legislación necesaria para la recuperación.

Asimismo, los legisladores populares resaltaron algunas de las instancias en que la gobernadora Wanda Vázquez, fungiendo como secretaria de Justicia se hizo de la vista larga ante varios escándalos de la administración de Ricardo Rosselló. “Esto va desde el caso de los vagones, venta de influencias, acoso sexual en agencias y municipios, coacción, corrupción”, sostuvo Hernández Montañez al tiempo que recordó aquel nefasto intercambio de mensajes de texto entre Raúl Maldonado y Wanda Vázquez.

De otra parte, Hernández Montañez emplazó al Ayudante General de la Guardia Nacional, José Reyes, a divulgar el acuerdo de colaboración “mutual agreement” entre FEMA y el Gobierno de Puerto Rico firmado por esta administración. “Que explique la misión de la Guardia Nacional en la administración de los almacenes antes y luego de comenzar sus funciones como Ayudante General.  Que explique además por qué el Negociado de Manejo de Emergencia Estatal administra los almacenes de suministros, cómo los administra y desde cuándo. General Reyes: Esperamos que cumpla su palabra y nos evite tener que reclamar la información de Washington DC como ocurrió con el pasado Ayudante General”.

La Delegación del PPD emplazó al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez a que en esta ocasión le dé paso a las investigaciones camerales para que el Ejecutivo rinda cuentas.

“Que le de paso a las resoluciones para subsanar lo que no se hizo con la interpelación de Julia Keleher, los vagones de suministros, el intento de Pedro Pierluisi de obstaculizar una investigación entre otras, y que ordene a la Cámara de Representantes, reunida en Comisión Total a realizar una Sesión Especial de Interpelación al componente gubernamental encargado de atender las situaciones relacionadas con los eventos sísmicos y sus consecuencias. La verdad tiene que salir a la luz”, culminó.




Sistema de Salud Menonita organiza ruta de asistencia médica tras eventos sísmicos

Ante los eventos sísmicos ocurridos en días recientes y el impacto emocional que esto ha generado en la población, el Sistema de Salud Menonita está llevando a cabo una ruta de asistencia médica con énfasis en atender el manejo adecuado de las emociones y la ansiedad.

“Somos una organización con base de fe cristiana, por lo que para nosotros es fundamental salir a las comunidades y ayudar a nuestra gente a asimilar y manejar las repercusiones emocionales que trae una situación como ésta. Los residentes del sur de la Isla están atravesando circunstancias desestabilizadoras, y brindarles la oportunidad de sentarse con un profesional que le pueda dar herramientas para sobrellevar sus preocupaciones y manejar sus emociones adecuadamente es clave para su bienestar”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

“Igualmente, estamos ofreciendo talleres de manejo de ansiedad a nuestros empleados, pues como organización que ofrece servicios de salud es necesario que nuestra gente esté tranquila”, añadió Hernández.

El Sistema de Salud Menonita enfatizó la importancia de que la empresa privada continúe asumiendo un rol activo para aportar a la estabilización y recuperación de las comunidades afectadas. Estos esfuerzos bien coordinados a su vez viabilizan la participación de una mayor cantidad de personas para lograr un efecto multiplicador de apoyo. 

La ruta ha cubierto los municipios de Ponce, Yauco, Sábana Grande, Guánica, Peñuelas y Guayanilla. Como parte del esfuerzo, participan profesionales de la salud como psiquiatras (niños y adultos), sicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, consejeros, médicos de familia, generalistas, emergenciólogos, neumólogos, pediatras y capellanes para la ayuda espiritual. Todos unidos haciendo honor a nuestra misión y valores corporativos.    

La ruta continúa este fin de semana, visitando comunidades en Guánica, Guayanilla, Maricao, Peñuelas y Yauco. Para información sobre la ruta de asistencia médica del Sistema de Salud Menonita, puede acceder su página en Facebook @SistemaDeSaludMenonita.




A lo adivino el manejo de los puentes en Puerto Rico

(Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo)
(Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Rafael René Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Las lluvias que afectaron hace un mes el tramo del barrio Cañabón en la carretera PR-770 de Barranquitas causaron que un puente provisional colapsara. En la colindancia oriental de Barranquitas, un puente del municipio de Comerío presentó una situación similar.

“Yo tengo comunidades que están transitando por puentes que están socavados y por ahí pasa el camión de basura, y por ahí pasa el camión de hormigón. Todo el mundo se asusta con el temor a que ese puente se pueda caer en cualquier momento, pero yo no puedo arreglarlos”, lamentó el alcalde Josian Santiago en el programa radial del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), “Agenda propia”.  

Aunque se prevé que la cantidad de eventos atmosféricos intensos continuará en aumento en la región del Caribe, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico no posee un inventario de puentes que, por su ubicación o historial, se consideren vulnerables ante episodios de lluvias intensas, tormentas tropicales y huracanes.

La ausencia de un inventario de puentes vulnerables ante eventos atmosféricos priva a las agencias, municipios y comunidades de una herramienta que ayude a desarrollar estrategias de adaptación y mitigación ante escenarios de peligro. 

El CPI le preguntó a la directora ejecutiva de Carreteras, Rosana Aguilar Zapata, cuáles son los criterios para establecer prioridades para la reparación y mantenimiento de puentes, y la titular explicó que su agencia se basa en las inspecciones que se le hacen a todos los puentes del país cada dos años.    

“Dependiendo lo que resulte de esas inspecciones, si está en la categoría good, pues son reparaciones mínimas que hay que hacer en el puente. Si cae en fair, determinamos qué otras medidas tenemos que hacer, si es mejora o reemplazo o monitoreo más frecuente, o quizás algún carril que hay que afectar. Ya en poor, decidimos si tenemos que cerrar el puente o tenemos que cerrar un carril, o tenemos que cambiar unos elementos, o tenemos que contratar a un contratista para que vaya al área”, mencionó Aguilar Zapata.

“A base de la inspección que se hace en los puentes se determina qué acción hay que tomar”, añadió la ingeniera, sin precisar cómo se establecen prioridades luego de esas inspecciones. 

En otros países y en jurisdicciones de Estados Unidos se identifican las carreteras de mayor susceptibilidad a eventos atmosféricos. Estados como Maryland y Pensilvania han preparado documentos o participado de estudios en los cuales integran el tema del cambio climático a sus estrategias y política pública relacionadas a carreteras y transportación. Para tales fines, utilizan la herramienta de los Sistemas de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) para analizar y relacionar distintas variables, previo a determinar si una carretera o un segmento de alguna vía de transportación es vulnerables a los patrones climatológicos contemporáneos.

Igualmente, entidades de cooperación internacional abogan porque se incluya la consideración de la crisis climática en la construcción de infraestructura, incluyendo los puentes. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) publicó el informe Climate resilient infrastructure, que hace referencia al aumento de los niveles del mar como un criterio que debe ponderarse en la construcción de la infraestructura vial. La OECD tiene 36 países miembros, incluyendo a Estados Unidos. 

Al preguntársele a oficiales de la ACT y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) sobre por qué no hay un inventario de los puentes con historial de vulnerabilidad, o que, por su ubicación, se les debe prestar más atención en el contexto de la crisis climática, estos respondieron que cada evento atmosférico es diferente y que el impacto no siempre va a ser el mismo en los puentes y carreteras impactados adversamente en eventos de lluvias intensas o ciclones. 

“Hablan de ciclones, huracanes… en realidad nosotros seguimos la ley federal. Y la ley federal sí tiene cierta estructura de cómo inspeccionas los puentes, cómo los categorizas. Trato siempre de explicar la parte de los puentes susceptibles a socavación, aparentemente todavía me malentienden. Porque nosotros sí tenemos una lista de puentes susceptibles a socavación”, dijo el ingeniero Manuel Coll, quien es jefe de Gerencia de Inventario de Puentes en la ACT. El funcionario se negó a entregar esa lista al CPI.

Tras la entrevista, el CPI solicitó en varias ocasiones copia de la lista de puentes susceptibles a socavación. Las peticiones se hicieron en persona, por teléfono, por correo electrónico y por mensaje de texto. Sin embargo, las gestiones fueron infructuosas y hasta se recibieron reacciones que sugerían la negativa de personal de la ACT para hacer público el documento.

El CPI volvió a solicitar la lista de puentes susceptibles a socavación un mes después de la entrevista con los ingenieros, pero tanto Aguilar Zapata, como el ingeniero consultor de la ACT, Ariel Pérez, dijeron que no la entregarían y que tenían preocupación sobre la posibilidad de que la prensa tuviera acceso a un documento público.

La nueva Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la administración de turno, establece en su Artículo 6 que, “cualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico”. 

Las solicitudes hechas por el CPI se realizaron por vía electrónica y se explicaron las razones de la petición, a pesar de que la ley no obliga a los ciudadanos a justificar sus razones para pedir documentos públicos. 

“Tenemos un público allá afuera que me preocuparía que malinterpretara”, argumentó Pérez mientras Aguilar Zapata asentía con su cabeza. 

“Yo tengo mucho miedo de dártela a ti porque hasta a profesores se la damos y lo que hacen es malinterpretarla. Por ejemplo, esto de susceptible a socavación”, argumentó Coll, cuando se le solicitó en persona la lista.

La divulgación de esa información proveería herramientas a municipios y comunidades para trabajar en estrategias de adaptación y mitigación ante la realidad actual que se vive por el aumento en eventos atmosféricos extremos. Además, es un documento público que podría utilizarse para propósitos educativos.

Hay una lista fantasma, pero no hay inventario de puentes vulnerables

Si bien la ACT cuenta con una lista de puentes susceptibles a socavación que no quiere hacer pública, este documento es distinto a un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad que tome en consideración el tema de la crisis climática. 

Una lista de puentes susceptibles a socavación atiende el posible impacto de aspectos tales como el flujo de las cuencas hidrográficas en debilitar los pilares y materiales de un puente. Con esta información podría dársele seguimiento prioritario a estos puentes para evitar que se ponga en riesgo a las personas que los transitan.

Para Coll, el hecho de que un puente esté clasificado como susceptible a socavación no necesariamente implica que dejará de operar o que se va a afectar con el paso de un evento atmosférico de gran intensidad. El funcionario planteó que hay ocasiones donde los puentes afectados por un derrumbe, un desprendimiento o una inundación no son los clasificados previamente como susceptibles a socavación.

“Cuando va a pasar un evento grande, la lista es toda, toda la población de los puentes. Porque cuando ocurre un evento grande, van a haber puentes que se van. Quizás estaban diseñados para socavación, quizás no. Quizás se fueron por socavación, quizás por las varias razones que se puede caer un puente en ese tipo de desastre”, añadió el jefe de Gerencia de Inventario de Puentes en la ACT. 

“La realidad es que en un evento extremo atmosférico, cualquier puente puede verse afectado, no necesariamente que esté sobre un cuerpo de agua. Unos quizás se ven afectados por la carga hidráulica, pero los otros también por descargas de viento”, indicó Aguilar Zapata en una entrevista separada con el CPI. 

La opinión de la directora ejecutiva de la ACT se distancia del planteamiento de Coll, quien expresó en entrevista separada que aunque “el viento es una carga de diseño que también hay que considerar, la realidad es que hemos visto huracanes fuertes y es bien raro identificar una estructura de las típicas que hay aquí y uno diga, esa se dañó por el viento. Es bien raro”. 

A diferencia de la lista de puentes susceptibles a socavación, un inventario de puentes y carreteras vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad en el contexto de la crisis climática actual requiere la colaboración de varias agencias gubernamentales, incluyendo la ACT, la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), entre otras. 

De espaldas a la crisis climática

Cuando se le preguntó a Coll y al jefe de ingeniería del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Manuel Pellot, si existe una política pública que integre el tema del cambio climático a la evaluación y planificación de puentes y carreteras, ambos ingenieros se miraron y no pudieron responder. 

Instrumentalidades públicas en jurisdicciones en los Estados Unidos como el Departamento de Transportación de Pensilvania (PennDOT) tienen una política pública relacionada al cambio climático y los eventos atmosféricos extremos. Si bien ese estado no es propenso a ciclones tropicales como Puerto Rico, su región sí está expuesta a episodios de nevadas y lluvias intensas. Por tal razón, la agencia del Gobierno estatal publicó en el 2017 el documento “PennDOT extreme weather vulnerability study”. 

El documento identifica la preparación de la infraestructura de transportación ante el cambio climático como “algo crítico para proteger la integridad del sistema de transportación y las inversiones financieras”, lee el documento de PennDOT. 

Maryland, por su parte es el foco de un estudio del Gobierno federal a través de la iniciativa “U.S. Climate Resilience Toolkit”. El estudio utiliza herramientas de recolección de datos e instrumentos de visualización para identificar aquellas carreteras y puentes vulnerables al cambio climático. 

Otros países de América como México y Costa Rica también cuentan con documentos guía para trabajar con la vulnerabilidad de la infraestructura vial. En el caso de México, su Instituto Mexicano de Transporte publicó en el 2017 el informe titulado El clima y las carreteras en México. El documento expone que ante la realidad climatológica contemporánea ya no resulta suficiente diseñar la infraestructura vial en el estado usual del tiempo local y el clima. 

“Debido al cambio climático, a partir de sólo datos climáticos históricos ya no es posible tener un indicador confiable sobre los impactos futuros. La mayor parte de la infraestructura carretera es construida para durar 50 años o más, por lo que comprender cómo los cambios futuros en el clima pueden afectar a esta infraestructura en el futuro resulta importante para la protección de estas inversiones en el largo plazo”, indica el documento preparado por el Gobierno de México. 

Tras el seguimiento del CPI, la directora de la agencia dijo posteriormente que su agencia ahora trabaja en un documento relacionado al tema de la crisis climática, “igual que en otras jurisdicciones de Estados Unidos”. 

Para el climatólogo y profesor del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Amílcar Vélez, la amenaza cada vez más frecuente de ciclones y otros eventos atmosféricos fuertes debe instar a planificar los puentes pensando en que los episodios de lluvias intensas serán más recurrentes. Propone que el diseño de esta infraestructura vial comience a trabajarse pensando en el período de retorno de lluvias de 500 años. 

El período de retorno se refiere al número de años en que se estima que volverá a ocurrir un evento extremo. En el caso de la lluvia, se refiere al intérvalo de años que, en promedio, se cree que volverá a ocurrir un episodio de precipitación de igual o mayor intensidad. Mientras más alta sea la frecuencia o número de años que se estima para el período de retorno, más intensas serán las lluvias asociadas al evento atmosférico. La probabilidad de que haya un impacto adverso a la vida e infraestructura aumentará de ocurrir ese evento atmosférico asociado con un período de retorno mayor. Hasta el momento, la ACT utiliza como referencia el periodo de retorno de 100 años para el diseño de puentes. 

“¿Por qué [usar de referencia] la de 500 años? Porque la lluvia del huracán Georges en el 1998 fue una lluvia de un período de recurrencia de 500 años. Las precipitaciones en gran parte de Puerto Rico en George, por ejemplo, Caguas, el interior, recibieron precipitaciones por encima de 15 hasta 20 pulgadas de lluvia son recurrencia de 500 años. Pues, ¿qué pasó? Que el huracán María también trajo una lluvia de un período de recurrencia de 500 años, y fueron 19 años la diferencia”, explicó Vélez. 

Vélez, además, planteó la necesidad de tener un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad. De acuerdo al climatólogo, ese documento podrá servir de guía para monitorear a aquellos puentes que conectan carreteras pequeñas que ubican principalmente en comunidades rurales. Esas carreteras o caminos estrechos son las que caen bajo la clasificación de carreteras terciarias.   

Además del inventario, debe dársele prioridad al estudio de aquellos lugares que de manera recurrente ocurren precipitaciones extremas en un corto período de tiempo. 

“Conocer esos lugares también serviría para identificar esas áreas vulnerables”, afirmó el climatólogo. 

Los municipios tampoco tienen inventario de puentes  

El 20 de septiembre de 2017 colapsó el puente que conecta a las comunidades Las Vegas y Agustinillo en el barrio Collores en Juana Díaz. Era una situación temida por los residentes del área. Por años, dos árboles de ceiba amenazaban con colapsar o chocar con el puente, de ocurrir la crecida del río Guayo.

El colapso luego del huracán María no era el primero que afectaba parte de la infraestructura vial en esa área. Previamente, esas comunidades de Collores eran conectadas por un vado. Este vado se afectó con un evento de lluvias fuertes en la década pasada y fue sustituido por un puente durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ese fue el puente que colapsó en septiembre 2017.

“Sin duda el Departamento de Transportación y Obras Públicas debe tener un inventario de esos puentes críticos, de situaciones peligrosas que se presentan”, argumentó el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández.

Hernández aseguró que varias veces le comunicó la preocupación sobre las ceibas a la ACT, pero a agencia indicó que no tenía jurisdicción sobre el problema y que debía comunicarse con el DRNA. Sin embargo, el Alcalde alega que del DRNA le indicaron que no debía preocuparse por los árboles.

“Se entendía por parte de nuestro ingeniero que había que hacer algo con esos árboles que ya estaban dentro del cauce del río prácticamente. Ese río empeora cada vez su condición porque está prácticamente ciego [a ras de carretera]. En la carretera 112, el río está a la par con la carretera”, explicó al CPI Hernández.

Con el Alcalde coincidió el director de ingeniería del municipio, Enrique Lugo, quien aboga por la preparación y publicación de un inventario de puentes vulnerables a actividad atmosférica.

“Para uno darle prioridad a proyectos en asignación de fondos, se necesita hacer un inventario”, dijo Lugo.

No obstante, cuando se le preguntó hacer el inventario de ese tipo para los puentes municipales se incluyó en el plan de mitigación municipal que actualmente está bajo revisión, Lugo dijo que no.  

Según la página de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 11 municipios han entregado el borrador final de su plan de mitigación actualizado. Estos borradores están siendo evaluados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). De este grupo de 11, solo Barranquitas incluyó una tabla en la que identifica puentes municipales vulnerables a eventos de inundación.

Otro lugar donde varias comunidades se impactan adversamente y quedan incomunicadas por la inutilidad de sus puentes tras episodios de lluvias fuertes es Utuado.

El martes, 24 de septiembre de 2019, la comunidad de Parcelas Pons quedó incomunicada luego de que el río Caonillas se saliera de su cauce por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Karen.

En septiembre 2017, el puente de la Avenida Ribas Dominicci en la carretera PR 111 de Utuado dejó de operar luego de colapsar tras el paso del huracán María. No fue hasta el viernes 27 de septiembre de 2019 que finalmente fue reabierto.


Ante este escenario en el cual comunidades utuadeñas quedan incomunicadas luego de episodios de lluvia, el alcalde del municipio, Ernesto Irizarry Salvá, entiende que la ACT debería tener un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad.

“Claro que hace falta el inventario. No solo el análisis de esos puentes, sino que cada uno de esos puentes tenga su bitácora de incidentes. Los ingenieros te hablan de la lluvia de 100 años, de lo que va a suceder, pero yo no soy ingeniero, pero cuál es el problema de que cuando tú vienes a evaluar los puentes, pongas en este puente sucedió tal cosa en tal fecha”, afirmó Irizarry Salvá en entrevista con el CPI.

La crítica del Primer ejecutivo de Utuado iba dirigida a la gestión del Gobierno central en el mantenimiento de los puentes en su municipio. No obstante, cuando se le abordó sobre el estado de los puentes y vados de jurisdicción municipal, Irizarry Salvá indicó que estos eran resistentes y habían sobrevivido al paso del huracán María en el 2017.

En una visita del CPI a los sectores Las Cuevas y La Mula en el barrio Viví Abajo de Utuado, se observaron vados construidos por los vecinos. En el caso de La Mula, uno de los vados era una estructura improvisada en la cual la gente usó pedazos de poste, restos de tensores de cables telefónicos, zinc y hasta vallas de seguridad encontradas en carreteras para construir la estrecha vía de rodaje. Era evidente que la comunidad había hecho el vado como medida para evitar la incomunicación, pero al observar la estructura, cabe preguntarse si es segura.

Al cuestionar al Alcalde, este indicó que estos vados resistieron las aguas que trajo María.

“Lo que funciona no se cambia”, planteó Irizarry Salvá.

“Si tú te vas ahora a Las Cuevas, pues a esos vados se les va por encima el agua. Se quedan incomunicados, es la realidad, pero baja la creciente en dos o tres horas y siguen funcionando”, añadió.


Utuado está en el grupo de 11 municipios que ya entregaron el borrador final del plan de mitigación actualizado. A diferencia a Barranquitas, Utuado no incluyó una lista de puentes vulnerables a inundaciones. 

Sobre este particular, se le preguntó a Irizarry Salvá si, así como él aboga por la existencia de un inventario de puentes vulnerables, entendía que debía hacerse lo mismo para aquellos puentes que caen bajo la jurisdicción municipal, especialmente para el caso de los vados hechos de manera improvisada por algunas comunidades.

“Se puede hacer”, comentó el Alcalde.  

En septiembre, FEMA informó que las carreteras y puentes no fueron incluidos como servicios esenciales en la Ley de Presupuesto Bipartita de 2018 aprobada por el Congreso. No obstante, el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, indicaron al diario Metro que esta decisión no afectará el acceso a fondos federales para proyectos relacionados a este tipo de infraestructura. Según ambos funcionarios, algunos proyectos de puentes y carreteras son elegibles para fondos del Departamento de Transporte federal y otros fondos relacionados a mitigación.

Gobierno desacredita las voces de las comunidades

El caso del puente que colapsó en el barrio Collores de Juan Díaz fue una situación anticipada por sus residentes. Ya existía un historial de inundaciones y socavación de ese puente luego de eventos de lluvias intensas.

“Sí, en efecto la comunidad ya lo daba por hecho”, comentó Lorence Morell Vega, quien es de Collores y le dijo al CPI que existía un consenso entre la comunidad sobre el hecho de que el puente colapsaría con el paso del huracán María.

Ante esa sospecha que algunas comunidades tienen sobre cuáles carreteras y puentes serán impactados adversamente como resultado de eventos atmosféricos de gran intensidad, personal de la agencia alegó que las comunidades en realidad no tienen forma de saber cuándo un puente puede colapsar.

“No lo sabían”, dijo Coll, tras hacérsele el planteamiento sobre el consenso de la comunidad del barrio Collores en torno a la posibilidad de que el puente colapsara con el poderoso huracán de septiembre 2017.

“Ellos no hicieron una evaluación del puente para saber si se va o no se va”, añadió el ingeniero de puentes de la ACT.

En cambio, la jefa de Coll, la ingeniera Aguilar Zapata, le indicó al CPI unas semanas después que la voz de las personas y la participación ciudadana sí son importantes para la agencia que dirige. 

“Hay comunicación con las comunidades todo el tiempo”, afirmó Aguilar Zapata. 

Por su parte, Morell Vega criticó a la ACT por no tomar en consideración las particularidades geográficas del área donde ubica el puente. Por ejemplo, criticó que la agencia no tenga conocimiento sobre el río Guayo a la hora de tomar decisiones de diseño sobre el puente. También lamentó que las gestiones de intervención en este tipo de emergencias se dilaten como consecuencia de la burocracia gubernamental o las dudas en torno a qué dependencia tiene jurisdicción sobre el caso.

“Mi comunidad incluso dialogó con el alcalde (de Juana Díaz) para poder sacar unos árboles que fueron causantes del derrumbe, pero al parecer no tenía jurisdicción y quien tenía que dar orden era el Departamento de Recursos Naturales. Inclusive, cuando cayó el puente, para la reconstrucción no se sabía quién tenía que responder, si el municipio o la Autoridad de Carreteras”, comentó Morell Vega, quien actualmente es estudiante de maestría en geografía en la Universidad de Binghamton de Nueva York.  

Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America




Johnny Méndez expresa molestia con situación de lanchas a Vieques y Culebra

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. (CyberNews)
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. (CyberNews)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez expresó su molestia el lunes ante informes de que la alianza público privada (APP) para el servicio de lanchas a las islas municipios será para diciembre y porque no hay un “Plan B” para manejar las emergencias con el servicio.

“La situación de verdad que es inconcebible e incómoda. A mí lo más que me molesta es el hecho de que no tengamos un Plan B y que tengamos que esperar que ocurran estos eventos para empezar a movernos a buscar embarcaciones, disponibilidad de capitanes, si hay lanchas o bacha que pueda dar el servicio. Que no exista un Plan B es lo que a mí me molesta y que tengamos que incurrir en la improvisación”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, expresó inconformidad luego ante informes de que el contrato de la APP para el manejo de este servicio se tramitará para diciembre, según dijo la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy en una entrevista en la misma estación.

“No podemos esperar a diciembre. Esto hay que resolverlo ya. Mi invitación es que agilicen el proceso velando el cumplimiento de la ley y que se le dé participación a los residentes de ambas islas municipios en la confección del contrato para que se ajuste a las necesidades de los residentes”, dijo el líder cameral.

Durante el fin de semana las lanchas que operan entre Ceiba, Vieques y Culebra confrontaron averías nuevamente, por lo que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced tuvo que activar la Guardia Nacional para poder seguir haciendo los viajes.

“Cuando comenzó la administración, algo en lo que no creía, pero que con el tiempo me he convencido es que el gobierno no tiene los recursos económicos para seguir operando este servicio y más cuando la Junta de Control Fiscal le recorta cada vez más a este servicio”, agregó Méndez.

Para las 1:30 de la tarde del lunes está convocada una reunión de los líderes comunitarios de Vieques y Culebra con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Tanto Laboy como Méndez defendieron la gestión de la directora de la ATM.




Encuesta revela riesgo cibernético figura entre principales preocupaciones de empresas

(Darwin Laganzon/Pixabay)
(Darwin Laganzon/Pixabay)

El riesgo cibernético figura entre las primeras cinco preocupaciones de las organizaciones y empresas, esto a pesar de que la mayoría de sus líderes se mantienen ajenos a las gestiones sobre prevención y manejo de ataques a los sistemas informativos de las compañías, reveló la Encuesta de Percepción del Riesgo Cibernético 2019, realizada por la firma Marsh, líder global en consultoría de riesgos y seguros, en conjunto con Microsoft.

El estudio recoge la visión de riesgo cibernético de más de 1,500 empresas a nivel mundial, 531 de ellas, localizadas en Latinoamérica.

De acuerdo con la encuesta, hoy día cerca del 80 por ciento de las organizaciones colocan el riesgo cibernético entre sus cinco principales preocupaciones, en comparación con el 62 por ciento reflejado en una encuesta similar hecha en 2017. Sin embargo, solo el 11 por ciento expresó un alto grado de confianza en su capacidad para evaluar las amenazas cibernéticas, prevenir ataques, y responder a estos con eficacia. En este renglón hubo una baja, con relación a la estadística presentada hace tres años, que fue de 19 por ciento.

La encuesta reveló que la gestión estratégica del riesgo cibernético continúa siendo un desafío para las organizaciones, a pesar de ser un asunto de alta prioridad a nivel organizacional.

El estudio mostró además que nueve de cada 10 firmas, o un 88 por ciento de los encuestados, identifican a sus departamentos de tecnología y seguridad como responsables principales de la gestión para prevenir ataques cibernéticos.

A menor escala, casi dos tercios, o un 65 por ciento de las organizaciones encuestadas, identificaron a la alta gerencia y junta de directores como responsables de la gestión para disminuir el riesgo cibernético, seguidos por el área o departamento de manejo de riesgo con un 49 por ciento.

Según señaló el estudio, la discrepancia tiene que ver con el tiempo dedicado al tema. Apenas el 16 por ciento del grupo que componen la alta gerencia y junta directiva dedican más que unos días a la gestión de dicho asunto, mientras que más que la mitad (51 por ciento) dedican pocas horas o ningún tiempo al mismo.

De igual manera, las organizaciones continúan adoptando nuevas tecnologías, pero no están seguras de los riesgos que conllevan.

La encuesta reveló que el 77 por ciento de los entrevistados señalaron estar adoptando o haber adoptado computación en la nube (“cloud computing”), funciones, procesos automatizados y robóticos o de inteligencia artificial, pero solo el 5 por ciento dijeron que evalúan el riesgo cibernético durante la vida útil de la tecnología. El 11 por ciento afirmó no evaluar el riesgo en lo absoluto.

Por otra parte, la encuesta estableció que el 67 por ciento de la inversión en riesgo cibernético para los próximos tres años estará centrada en tecnología y mitigación, pero no en el conjunto de los elementos que crean resiliencia frente a esta situación creciente y cambiante.

“Las empresas están siendo cada vez más conscientes de este problema, pero todavía no están priorizando sus recursos en crear verdadera resiliencia, es decir, en identificar, cuantificar, mitigar, transferir y planificar su respuesta en caso de un incidente”, subrayó Kristina Evans, líder del equipo dedicado al Riesgo Cibernético de Marsh en Puerto Rico.

Evans destacó que la encuesta demuestra que el 64 por ciento de las organizaciones consultadas mencionan que uno de los principales detonantes para el incremento en la inversión para seguridad cibernética son los ataques de este tipo.

“La dura realidad a la que las organizaciones deben enfrentarse es que el riesgo cibernético no se puede eliminar. Por lo tanto, debe gestionarse de forma estratégica desde el primer nivel de la organización”, añadió la ejecutiva.

Por su parte, Joram Borenstein, gerente general de Cybersecurity Solutions Group en Microsoft, sostuvo que “en la era de la tecnología de transformación y las cadenas de suministro más interconectadas, las prácticas y la mentalidad de gestión del riesgo cibernético de ayer ya no son suficientes, y en realidad, pueden inhibir la innovación. Corresponde a los líderes senior centrarse en estos temas para el bienestar de sus organizaciones, clientes, empleados y más”.




Planes de mitigación de los municipios costeros no incluyen el manejo del sargazo

La boca del Río Fajardo. (Foto por Brenda León | Centro de Periodismo Investigativo)
La boca del Río Fajardo. (Foto por Brenda León | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

El conocimiento que los gobiernos de municipios costeros y el gobierno central tienen sobre el sargazo y los retos que esta especie marina presenta a comunidades, ecosistemas y comercios no ha sido suficiente para que su manejo se integre en los planes de mitigación que preparan la Junta de Planificación (JP), y los 78 municipios. 

Tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) solicitó a la JP la actualización de los planes de mitigación de cada municipio. Para eso, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó una asignación a la JP de $3,128,916, que fue aumentada en julio 2019 a $5,396,144. De ese dinero, se dio un contratoa la empresa Atkins Caribe, LLC como consultor externo para actualizar los planes de mitigación municipales, por $1,748,786.

Los planes de mitigación son un documento base que las jurisdicciones necesitan para solicitar los fondos de recuperación provistos por FEMA e incluyen ocho criterios que ponen en peligro la vida y propiedad. Según la JP, los peligros considerados en el análisis de riesgo para la actualización de los planes de mitigación son el cambio climático, los terremotos, los tsunamis, los deslizamientos, la sequía, las inundaciones, los vientos fuertes y la erosión.

A esta fecha, once municipios han entregado el borrador final de su plan de mitigación a FEMA. De esos, ocho son costeros. Ninguno hizo mención a estrategias de manejo del sargazo. Esto, a pesar de que en la última década, varias playas alrededor de Puerto Rico han experimentado los eventos de arribazones que llegan a las orillas, causando un fuerte hedor, pérdidas en el turismo, retos para la navegación de los pescadores y posibles problemas de salud pública producto de las emisiones de sulfuro de hidrógeno (H2S) del sargazo en descomposición. Se le conoce como arribazones a aquellos eventos en los cuales las algas llegan en cantidades masivas a las playas, áreas costeras o estuarinas. 

“Como parte de las actualizaciones dentro de los riesgos que están considerándose ahora mismo, ningún municipio lo ha identificado como un riesgo, pero sí podría ser considerado (el sargazo)”, expresó la planificadora de la Junta de Planificación, Rebecca Rivera Torres.

“De parte de la Junta de Planificación, si el municipio expresa el interés de considerar el sargazo como uno de los riesgos, la Junta de Planificación no tiene ninguna objeción en integrarlo. El plan de mitigación es un plan del municipio. Así que van a estar reflejadas las prioridades del municipio”, añadió la funcionaria durante una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

De los ocho criterios de peligro ponderados en los planes de mitigación, dos han sido investigados científicamente por su posible vínculo con el fenómeno de los arribazones masivos de sargazo que comenzaron a principios de esta década: el cambio climático y la erosión.

Por un lado, la crisisclimática continúa mostrando una tendencia de aumento en las temperaturas del mar, lo que ha sido señalado como un elemento que, junto a la acumulación de nutrientes y sedimentos que afloran hacia la superficie marítima al oeste del continente de África, facilitan el desarrollo de las cantidades masivas de sargazo que posteriormente llegan a las costas de territorios caribeños.

De otra parte, científicos de la Universidad de Texas A&M llevan varios años trabajando en experimentos sobre el potencial uso del sargazo como material que ayude a mitigar la erosión costera por medio de la inserción de este alga en la arena y dunas. En otras instancias, su acumulación en las orillas es asociada con eventos temporales de erosión costera.  

Uno de los ocho municipios costeros que ya entregó su borrador final del plan de mitigación a FEMA fue Humacao. Al igual que en otros municipios de la costa oriental, algunas playas en este pueblo han visto limitada la actividad recreativa y turística debido a la acumulación y descomposición de sargazo en las orillas. Una de las áreas afectadas este año ha sido el complejo Palmas del Mar.

Si bien el gobierno municipal de Humacao reconoce el problema que puede representar la acumulación de sargazo en sus playas, el tema no fue incluido en el plan de mitigación. 

La directora de la Oficina de Planificación del municipio de Humacao, Anilda Fernández Vega, dijo que cumplió con enviar la información requerida por Atkins para el plan de mitigación municipal, y entre esa información no figuraba el asunto del sargazo. Tampoco fue mencionado por personal del DRNA en sus intervenciones como parte de unas mesas de trabajo en las que representantes de la agencia consultaron a distintos sectores como parte del proceso previo a la elaboración del plan de mitigación.   

“El sargazo es un fenómeno marítimo y el municipio no tiene jurisdicción sobre el mismo. De hecho, [para] cualquier intervención en la costa tanto por el Municipio como por los ciudadanos, están obligados a solicitar autorización al DRNA”, expresó Fernández Vega en declaraciones escritas.

“Las acciones para reducir o eliminar el sargazo de las aguas y zonas costeras le corresponden el DRNA. No se desprende del plan de mitigación que durante las actividades de las mesas de trabajo el DRNA haya solicitado que se incluyera como proyecto de mitigación algún proyecto para el manejo de los eventos del sargazo”, añadió la geógrafa y planificadora, quien aclaró que en su oficina no han recibido querellas ciudadanas sobre la situación del sargazo.

La funcionaria municipal también dijo que no tiene comunicación con el DRNA para coordinar acciones de limpieza de sargazo en las playas de Humacao.

El DRNA, por su parte, dice que no puede actuar si los municipios y ciudadanos no le avisan.

“Lo que tienen es que notificar. Eso es lo que dice el protocolo”, explicó el director de la Oficina del Programa de manejo de zona costanera y cambios climáticos del DRNA, Ernesto Díaz, en referencia al documento que su agencia publicó en el 2015 para manejar el sargazo que llega a las costas. 

Sin embargo, la ausencia de iniciativas del gobierno central y algunos municipios costeros para delinear los usos que se le puede dar al sargazo que se recoge en las costas deja a las comunidades y al sector turístico desprovistos de estrategias para lidiar con la situación. 

A juicio del oceanógrafo Jorge Bauzá, la integración del manejo del sargazo en los planes de mitigación es indispensable. De igual forma, la inclusión del sargazo en las políticas de mitigación puede aportar al desarrollo de estrategias de valorización y diferentes usos positivos que resulten de la utilización del alga. 

“Cuando hablamos de mitigación es cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad a un impacto, y en el caso del sargazo, los estudios demuestran que es una situación de cambio climático, una situación de balance, producto de la actividad humana, y que llega a la orilla y está creando un impacto ecológico, un impacto a la salud pública y un impacto a la economía”, argumentó Bauzá.

Entre las estrategias de valorización más conocidas se encuentra la transformación de la especie en biogás, su utilización como abono para plantas y su conversión para el desarrollo de productos tales como material de construcción y libretas, entre otros. 

“Según nos preparamos para la temporada de huracanes, hay municipios costeros que deben prepararse para los arribazones de sargazo. Tienen que integrarlo a sus planes de mitigación por región, por costa y por comunidad”, añadió el doctor en oceanografía.

Bauzá aboga por la utilización del sargazo que llega a las costas de Puerto Rico. Según el científico, el alga puede utilizarse para el desarrollo de fertilizante, alimento para animales de granja, biocombustible, ladrillos, productos biomédicos, artesanías, entre otras propuestas de valorización.

A pesar de que el sargazo siempre ha estado presente en altamar y en las costas del Caribe, su acumulación en grandes cantidades durante algunas temporadas es un fenómeno reciente. Por tal razón, científicos marinos están inmersos en proyectos de investigación sobre las causas de la intensificación de los arribazones en partes del Caribe y el Atlántico a partir del 2011.

Asimismo, territorios de la región continúan trazando estrategias para enfrentar el sargazo. Una de las iniciativas con énfasis en el Caribe surgió a finales de junio 2019, cuando el estado mexicano de Quintana Roo fue sede una cumbre de sargazo. Un total de 12 países y la isla francesa de Guadalupe participaron y firmaron un acuerdo de colaboración de 26 puntos. La mitigación fue uno de los aspectos resaltados en el documento de cooperación regional.

Puerto Rico no participó de dicha cumbre.

Cuando se le preguntó a Ernesto Díaz si el Gobierno de Puerto Rico trata el tema del sargazo como un asunto menor, el funcionario del DRNA negó que ese fuera el caso.

“Yo creo que los 44 municipios costeros, la Asociación de Hoteles y Turismo, todo el mundo está muy consciente de la situación y cómo episódicamente un huracán o unas inundaciones te van a traer estos tremendos problemas, porque no solo afectas al dueño del negocio, sino que afectas a los empleados, a los que le dan los suministros a las operaciones de los hoteles y los comercios de esa área. Nadie se va a sentar en una orilla o en una terraza a darse un trago o comer con esta situación”, manifestó el científico del DRNA.

A pesar de la importancia que por años Díaz le ha prestado al sargazo desde el DRNA, el investigador admitió que se necesita desarrollar estrategias de planificación y detección previo a la llegada de los arribazones de esta alga a las costas.

Más allá de una guía que el DRNA presentó en el 2015 para el recogido de sargazo en las playas, no existe una política pública de mitigación que integre el manejo de esta especie marina.

El gobierno federal tampoco tiene planes de indagar sobre los efectos de esta alga. “En la actualidad ERDC no está llevando a cabo investigaciones sobre sargazo”, dijo al CPI, Víctor González, quien habló a nombre del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, adscrito al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.

Algunos municipios ponderan incluir el sargazo en sus planes de mitigación

Los ocho municipios costeros que ya entregaron su borrador final del plan de mitigación a FEMA son Santa Isabel, Vega Alta, Arecibo, Dorado, Aguada, Mayagüez, Patillas y Humacao, según la información provista por la JP. Los borradores del “Plan de Mitigación contra Peligros Naturales” de estos municipios están disponibles en la página de la agencia

Otros gobiernos municipales que aún trabajan en sus planes podrían hacerlo, pero no queda claro si debe surgir como iniciativa de la JP o de los mismos municipios

Al menos así se expresaron varios funcionarios municipales que conversaron con el CPI.

“En el caso del plan de mitigación, sí tenemos que contemplarlo porque la ciudadanía no tiene conocimiento de para qué se usa el sargazo y siempre acuden al municipio para que busque la manera de cómo disponer porque lo ven como un desperdicio”, explicó Luis Rivera, ayudante especial del alcalde de Yabucoa.

Rivera entiende que la JP debe contemplar el tema del manejo del sargazo en las orientaciones relacionadas a trabajar la actualización de los planes de mitigación.

“Tendría que surgir de ellos (la Junta de la Planificación) porque en las guías, no lo tienen contemplado. Tal vez como es un problema que no afecta todo el año, sino que es una temporada de dos meses y pico, pues a lo mejor, para efectos de la Junta, no tiene tanta conciencia y como no afecta tanto el área norte, sino el área sur y área este, pues tal vez la situación pasa desapercibida por no ser un problema de todo el país”, añadió el funcionario yabucoeño, quien dijo que el borrador final del nuevo plan de mitigación de su municipio estará listo entre noviembre de este año y enero 2020.

El CPI preguntó a la JP si las guías de los planes de mitigación cambiaban por municipio o región de Puerto Rico, dependiendo de si son costeros, del área montañosa o urbana. La agencia explicó por escrito que los planes de mitigación “se trabajan en un mismo formato, el cual está en cumplimiento con los requisitos del Código Federal de Regulación”. No obstante, “en los planes se atienden los riesgos de acuerdo a las particularidades de cada municipio”. 

En el caso del municipio sureño de Lajas, su alcalde, Marcos “Turín” Irizarry, adelantó que pondera integrar el tema del sargazo en el nuevo plan que espera tener listo para finales de año. Por los pasados años, Playita Rosada en Lajas ha tenido que cerrar en varias ocasiones debido a las altas acumulaciones del alga. Irizarry explicó que el sargazo que recogen de esta playa es utilizado como material para cubrir el vertedero municipal,  además de que permite que agricultores lo usen como fertilizante.

El primer ejecutivo de Lajas dijo que espera que la JP reconozca la importancia de incluir el sargazo en las conversaciones y orientaciones relacionadas a los planes de mitigación.

Para el planificador y ayudante especial del municipio de Luquillo, Jardany Díaz Salgado, toda estrategia de mitigación del sargazo debe partir de la premisa de que esta planta marina trae beneficios a otras especies y puede representar una fuente de ingreso, si se sabe utilizar en proyectos económicos y ecológicos. 

“Nosotros entendemos desde el punto de vista científico que el sargazo sí es un proceso natural que ayuda a la recuperación de las playas, que ayuda a mitigar la erosión, que vienen organismos que traen nutrientes. Cuando viene el sargazo durante la noche, en la marejada alta, quedan atrapados caracolitos que sirven de alimento a las aves costeras”, explicó Díaz Salgado.

Sobre el nuevo plan de mitigación, el planificador expresó que “el asunto del sargazo es algo que se va a incluir. Después del huracán María, son muchas cosas que se van añadiendo a ese plan. Estamos en proceso de evaluar el plan que teníamos para cuando nos reunamos con la Junta de Planificación decir cuáles son las necesidades más apremiantes”.

“Ahora hay asuntos como el cambio climático y el aumento en los niveles de mar, que sabíamos que ocurrían, pero no se incluían en los planes de riesgo”, enfatizó. 

Falta investigación sobre relación del sargazo con la crisis climática y la erosión

Ante el aumento en los niveles del mar que se experimenta en años recientes, el oleaje y la erosión tienen un impacto mayor en las costas.

Los arribazones de sargazo de la década actual ocurren en distintos tipos de playas, incluso las que llevan años experimentando procesos de erosión.  

Tres científicos de la Universidad de Texas A&M presentaron proyectos piloto en los cuales han utilizado sargazo con el fin de restaurar dunas, y así tratar de aumentar la protección costera ante la erosión. El trabajo planteó el potencial del sargazo y otras plantas marinas en facilitar los escudos naturales que protegen las costas. 

Por otro lado, la coincidencia de los arribazones con la pérdida de playa en algunos lugares motiva a algunos científicos a indagar sobre la posibilidad de que la acumulación excesiva del alga pueda acelerar aún más la erosión que estas zonas ya vienen experimentando. El impacto del sargazo en grandes cantidades puede inhibir la entrada de oxígeno al agua y afectar otras yerbas marinas. De igual forma, el recogido de sargazo sin el debido entrenamiento puede conllevar la remoción accidental de arena y otras yerbas marinas en las playas.

De acuerdo a la geóloga costera, Maritza Barreto, la presencia continua de sargazo en las costas del Caribe hace indispensable estudiar los vínculos entre los arribazones y la erosión costera.

“El sargazo pudiera tener dos efectos con respecto a la erosión. Sin embargo, yo como estudiosa de playas no tengo ningún dato de que produzca arena o produzca erosión. Habría que hacer un monitoreo de ancho y elevación de playa de aquellas playas que se afectan por el sargazo por un período mínimo de un año”, argumentó la catedrática de la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico.

La necesidad de estudiar los posibles efectos del sargazo por un período de al menos un año responde a que las playas son dinámicas y están en constante cambio en términos de ancho y elevación. Una playa erosionada durante una temporada de acumulación de sargazo pudiera restaurarse y tener de vuelta la arena en semanas o meses. Estos escenarios también dependerán del tipo de arena, del comportamiento de la marejada, así como de las características generales de la playa.

Para Bauzá, es importante estudiar el vínculo entre sargazo y erosión, partiendo del impacto del alga en los corales.

“La mancha del sargazo tiene un efecto de sombra y evita que llegue la luz que necesitan los corales. Imagínate que tenemos estos sargazos por meses, me afectan una comunidad de corales, los corales que ya están amenazados por altas temperaturas y el blanqueamiento. Los corales son barreras naturales. Si se ve amenazada esa barrera natural que disipa la ola, pues esas olas van a llegar más adentro por el ascenso del nivel del mar y te va erosionar la playa”, advirtió el oceanógrafo.

“Si hay evidencia de que afecta la distribución o calidad del coral, pues tenemos un gran problema. Si pierdo la capacidad del coral en distribución o calidad tengo un problema serio porque el coral tiene una función en proteger la playa”, arguyó Barreto, quien también alertó sobre los peligros de perder hierbas marinas que también cumplen una función de proteger las playas.

Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America




Alegan gobernadora debe buscar otra opinión sobre fusión de empresas que controlarían manejo de carga en muelles

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes. (Juan J. Rodríguez/CB)
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes. (Juan J. Rodríguez/CB)

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA en inglés), Manuel Reyes dijo el miércoles que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced debe buscar una segunda opinión sobre la no intervención del gobierno en la transacción de fusión de dos empresas que controlarían el manejo de la carga que llega a la isla.

“La preocupación más grande y que nos resulta incomprensible hoy es la reacción del gobierno a las preocupaciones que tenemos diferentes sectores sobre esta fusión en el sentido de que la Federal Maritime Commission, que es la agencia a la que se llevó este acuerdo, expresó que tenía serias preocupaciones sobre las implicaciones del mismo y el gobierno de Puerto Rico, no ha expresado ninguna preocupación”, dijo Reyes en entrevista radial (WKAQ). 

“A la gobernadora, que se busque una segunda opinión de quién le está informado y que por favor nos dé la audiencia que estamos solicitando”, agregó.

El martes Vázquez Garced alegó que el gobierno no puede intervenir en el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PNT) y que mantendría la operación total de los muelles de San Juan.

Según se ha informado, bajo el acuerdo PNT manejaría el 80 por ciento de la carga marítima que llega al puerto en contenedores y 11 grúas de las 14 que posee el Puerto de San Juan, mientras que Crowley manejaría el restante 20 por ciento y las tres grúas restantes.

“Lo que establecieron como reacción a nuestro señalamiento es que no tienen jurisdicción o que lo está investigando el Departamento de Justicia. Falta o faltó al menos, una cintila de preocupación”, dijo Reyes.

Alegó que ambas empresas hicieron admisión de culpa en 2012 por un caso de monopolio en Puerto Rico que fue atendido por el Departamento de Justicia federal.

Además, indicó que el gobierno sí puede intervenir, pues la Autoridad de los Puertos es dueña de los terrenos donde operan las empresas y que la Oficina de Asuntos Monopolísticos también puede tener jurisdicción sobre la fusión. 

“Hay mucho que se puede hacer pero lo primero que tiene que haber es una genuina preocupación de las implicaciones que tiene esto para la economía de Puerto Rico, para el país, para todo… Nuestra conexión con el mundo va a depender de dos empresas, una de las cuáles adquiere un poder enorme sobre la otra, incluso”, finalizó el líder de la MIDA.




Federales investigan a empresario que maneja inversiones de agencias de Gobierno

Michael Williams (Suministrada/CPI)
Michael Williams (Suministrada/CPI)

Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo

Puerto Rico “es el lugar para invertir en este momento, porque la ineficiencia genera las mayores oportunidades”, dice Michael Scott Williams King, fundador de las empresas financieras Kinetic Funds y Kinetic International.  

Oriundo de Michigan, llegó a la Isla hace cinco años atraído por los incentivos para inversionistas que ofrece el Gobierno. Es beneficiario de la ley 20 de exportación de servicios y la ley 22 para el traslado de inversionistas extranjeros a Puerto Rico. Desde el 2016, maneja $18 millones en fondos públicos de la Corporación del Fondo del Seguro (CFSE) del Estado y la Autoridad de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA) a través de Kinetic Funds.

Williams organizó una convención para inversionistas del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 en el hotel Vanderbilt en Condado para presentar los servicios de Kinetic International. “¿Por qué [invertir] ahora? Ahora es el momento en que el gobierno comienza a recuperarse del huracán María, las Zonas de Oportunidad para invertir en bienes raíces, comenzamos a ver inversiones y cambios positivos”, dice la página del evento.

El Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, George Joyner, fue uno de los oradores principales en la convención. También Noel Zamot, que en ese momento era Coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal y a su vez miembro de la Junta de Directores de Kinetic International. 

En mayo, los abogados de Kinetic International le informaron a Joyner que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) está investigando a Williams. La SEC es una de las agencias federales que regulan el mercado financiero en Estados Unidos en Estados Unidos. Algunas violaciones comunes que investiga incluyen tergiversación u omisión de información financiera, manipulación de precios del mercado de valores y robo de fondos a clientes. La SEC puede llevar casos civiles o referir a los tribunales si encuentra acción criminal. 

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) supo que también el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha entrevistado a varias personas en relación a las actividades financieras de Williams. 

“No tengo comentarios”, dijo el agente especial Todd Gaines cuando el CPI le preguntó si el FBI está investigando al inversionista.

En noviembre de 2016, Williams firmó un contrato de inversión de $15 millones con la CFSE y otro de $2 millones con la ACAA a través de Kinetic Funds I, LLC. Ambos contratos tienen vigencia hasta 2021. La Asociación de Empleados del ELA (AEELA) invirtió por su parte $500,000 el 29 de noviembre de 2016. Kinetic Funds tiene alrededor de 30 clientes entre individuos y planes de pensiones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Documentos que obtuvo el CPI y tres fuentes entrevistadas apuntan a que Williams transfirió, sin autorización, dinero de la inversión de capital de Kinetic Funds a la cuenta de KCL Services, otra de sus empresas, de donde retiró dinero en forma de préstamos para financiar gastos personales y operacionales de Kinetic International. 

Documentos de cuentas bancarias reflejan que el 21 de marzo de 2017 hubo un retiro de $1,500,000 de la cuenta de Kinetic Funds y un depósito de la misma cantidad exacta en la cuenta de KCL Services. El 23 de marzo Williams pagó $1,422,325 por un Penthouse en el Viejo San Juan. El 4 de mayo de 2018 hubo un retiro de $2,676,564 de Kinetic Funds y un depósito de la misma cantidad en KCL Services. El mismo día, Williams pagó $2,900,000 al Fideicomiso de Conservación por el edificio del antiguo Banco Español en la calle Tetuán del Viejo San Juan a través de la compañía SCIPIO, LLC, según cotejó el CPI en el Registro de la Propiedad. Williams es el presidente y único miembro de esa empresa, muestran documentos del Departamento de Estado.

“En 2018, Williams-King y su equipo adquirieron el edificio histórico Banco Español en el Viejo San Juan. Este ambicioso proyecto incluye la renovación del edificio histórico y la comisión del fresco más grande que se pintará actualmente en el mundo. El proyecto se está filmando para un documental planificado”, indica la página del Kinetic Financial Summit.

Otros gastos que presuntamente hizo Williams con el dinero de sus clientes incluyen el pago de diseñadores, servicios legales, vacaciones y los gastos del Kinetic Financial Summit.

Williams dijo al CPI que no puede hacer comentarios sobre estas imputaciones o sobre la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Incumple con la Ley 20 de exportación

El 3 de marzo de 2016, Williams incorporó en Puerto Rico la compañía de responsabilidad limitada El Morro Financial, con la que es beneficiario de la ley 20 de exportación de servicios. El Morro Financial tiene como clientes a KCL Services y SCIPIO, ambas incorporadas en Puerto Rico, y Kinetic Investment Group, incorporada en Delaware y con dirección en Sarasota, Florida. Las tres empresas son propiedad de Williams. 

Para poder recibir las exenciones contributivas de la Ley 20 de exportación por dar servicios a un cliente, “ese cliente tiene que estar radicado fuera de la isla”, dijo en entrevista con el CPI Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

¿Una compañía que recibe los beneficios de la ley 20 puede dar servicios a una compañía que sea propiedad de la misma persona?, preguntó el CPI.

“No, ahí es que hay un asunto. Hay una cuestión en la ley, en los requisitos, que es el nexo. La transacción tiene que cumplir con lo que le llaman que no exista un nexo entre A y B. ¿Por qué?, porque tú lo que quieres es que venga dinero nuevo realmente. Cuando se diseña esto en el 2012, la idea era evitar que venga una empresa a Puerto Rico, que se estableció o estaba aquí, era local, le vende servicios a la empresa B, que está en Florida. Pero esa empresa B en Florida realmente tiene algún vínculo de actividad económica en Puerto Rico. Por lo tanto si tú no haces ese deslinde, podemos corrernos el riesgo de lo que le llaman un short circuit. O sea, que yo le vendo los servicios al B que está en Florida, pero ese de Florida realmente tiene unos vínculos en Puerto Rico económicos. Por lo tanto, el dinero realmente nunca vino nuevo, vino de Puerto Rico. Hubo un círculo, tú quieres evitar eso. Tú quieres asegurarte, para que sea verdadera exportación, de que el dinero sea nuevo, eso es lo que es realmente exportar”, dijo el secretario.  

En los documentos del Departamento de Estado, Williams se identifica como presidente y en su cuenta de LinkedIn, una red social para profesionales y empresarios, aparece como socio de El Morro Financial. La compañía no tiene página de internet y la dirección física es la misma de Kinetic International, KCL Services y Kinetic Financial Advisors. El CPI llamó varias veces a un número que se supone sea el de El Morro Financial, según un documento, pero nadie contestó.

¿Si hay una agencia como la SEC o el FBI que está investigando a un beneficiario de la ley 20 o 22, qué acción toma el Departamento de Desarrollo Económico?, preguntó el CPI a Laboy

“Va a depender del tipo de investigación y qué tipo de petición nos hagan a nosotros”, contestó.

El Secretario dijo que no conoce a Michael Williams ni sabe de Kinetic Funds. Reveló que hizo un referido al FBI sobre otros beneficiarios de incentivos que ofrece el DDEC porque “detectamos cosas extrañas”. Añadió que han recibido varias peticiones de información del FBI y otras agencias federales relacionadas a investigaciones de las empresas e individuos que reciben incentivos contributivos, pero no dijo cuántas ni cuáles.

En mayo pasado el FBI arrestó por fraude bancario al comerciante Gopalkrishna Pai, un beneficiario de la ley 20. 

De brazos caídos el comisionado de Instituciones Financieros

El comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, sabe desde mayo que la SEC está investigando a Williams, pero su oficina no ha abierto una investigación sobre los negocios del inversionista en la Isla. La OCIF le otorgó una licencia de “Entidad Financiera Internacional” a Kinetic International el 16 de enero de 2019. Otra empresa de Williams llamada Kinetic Financial Advisors está registrada en la OCIF como asesor financiero.

Una de las razones que dio Joyner para no investigar al inversionista es que fueron los propios abogados de Williams quienes le notificaron sobre la investigación de la SEC. Otra explicación fue que la investigación de la SEC es sobre operaciones de Williams en Florida. 

Según los contratos del CFSE y ACAA, los pagos de esas corporaciones se envían en forma de cheques a la dirección de Kinetic Funds en Florida. Joyner dijo que no sabía que estas dos corporaciones públicas invirtieron en Kinetic Funds. 

La querella contra Williams fue presentada a la SEC en junio de 2018. En mayo pasado, cinco de sus empleados renunciaron por presuntas irregularidades en las operaciones financieras del inversionista. Noel Zamot dijo al CPI que entre los empleados que renunciaron se encuentran Michael Sayre, principal ejecutivo de tecnología, y James Bishop, principal ejecutivo de operaciones de Kinetic International. El CPI supo que los empleados de Williams le informaron a Zamot sobre la denuncia ante la SEC que implica a Kinetic Funds, pero cuando se le preguntó sobre esa compañía, Zamot dijo, “no conozco ninguna entidad con dicho nombre”. 

“En la reunión de la Junta de Directores del 7 de mayo, el Sr. Williams renunció, de su propia voluntad, a su posición como CEO [de Kinetic International] para permitir que se trabajara el tema de la salida de Sayre y Bishop de manera abierta y transparente. También renunció a sus cargos en la junta indicando que deseaba enfocarse en temas personales y de sus otros negocios… renunció a su cargo para permitir a la junta de directores atender las quejas en su contra, sin influenciar el proceso. Se le ha notificado a la OCIF y a todas las entidades relevantes”, dijo Zamot.

Sin embargo, Zamot no denunció a Williams ante la SEC y sigue formando parte de la Junta de Directores de Kinetic International junto a Jeanelle Alemar Escabí, quien funge como directora. Williams sigue siendo el dueño mayoritario de Kinetic International mientras maneja Kinetic Funds. 

Alemar ofreció servicios legales a Williams desde 2017 hasta finales de 2018, cuando Williams le ofreció ser parte de la junta de directores de Kinetic International. Desde principios de mayo funge como oficial de finanzas de la empresa, que pasó de ser una entidad financiera internacional a una “corporación regular en etapa de start-up”, dijo Alemar. Según documentos del Departamento de Estado, Alemar es administradora de Kinetic Financial Services y persona autorizada de Kinetic Tech e ISX, todas empresas de  Williams.

“Ni la entidad, ni esta servidora ha recibido ninguna notificación de parte de agencias

federales o estatales con relación a investigación sobre Michael Williams”, dijo Alemar.

Williams también aparece en por lo menos siete compañías registradas en el Departamento de Estado, en donde ocupa diferentes posiciones: es presidente, gerente y persona autorizada. 

¿Cómo conoció a Michael Williams?, preguntó el CPI a Zamot.

“En una de las varias reuniones donde entes particulares tenían preguntas sobre el Título V”, contestó, refiriéndose a la sección de la ley PROMESA que establece el proceso para declarar “proyectos críticos” de infraestructura.

“Cuando la empresa [Kinetic International] llega al momento de presentar la tecnología al mundo inversionista, me pidieron ser parte de la junta de directores. Previamente me habían pedido ser director, pero en ese entonces estaba laborando en la Junta [de Control Fiscal] y no podía hacer eso hasta obtener una decisión de nuestra asesora de ética… La combinación de utilizar tecnología para asegurar transparencia en inversiones en el sector público era algo que estaba muy cerca de mi visión y valores. Por eso acepté esa posición, condicionado a la decisión de la asesora de ética”, dijo el ex coordinador de revitalización. 

El CPI solicitó a Zamot el documento de la consulta ética y éste dijo que estaba disponible en la página electrónica de la JCF, pero no fue encontrado. El CPI le volvió a solicitar el documento a Zamot, pero no hubo respuesta. Una solicitud del documento a la asesora de ética de la JCF, Andrea Bonime-Blanc, no fue respondida por el relacionista de la JCF, José Luis Cedeño.

Zamot fue nombrado Coordinador de Revitalización de la JCF en julio de 2017 y renunció el 15 de marzo de 2019. Días antes de que su renuncia fuera efectiva, Zamot denunció que la administración del exgobernador Ricardo Rosselló obstaculizó el proceso de recuperación tres los huracanes para beneficiar a allegados. El 20 de marzo, la Junta de Control Fiscal informó que entregó información sobre Zamot solicitada por el Departamento de Justicia.

¿Por qué la OCIF no abrió una investigación sobre Michael Williams?, preguntó el CPI al Comisionado de Instituciones Financieras.

“En el curso normal de las cosas, si ellos no nos hubieran traído la información esta de las investigaciones [de la SEC] pues sí [hubiésemos investigado]. Nosotros sí advinimos en conocimiento de algo por fuentes públicas, llamamos a las personas concernidas y entonces les pedimos una explicación. La Oficina toma pasos afirmativos cuando adviene en conocimiento de cosas que están en el marco público”, dijo Joyner.

Entonces, cuando se entera de que la SEC está investigando a Michael Williams, ¿por qué no abrió una investigación sobre las dos compañías que tiene registradas en la OCIF, Kinetic International y Kinetic Funds?, preguntó el CPI.

“De nuevo, quien nos trae la información de la investigación de la SEC es la misma Kinetic International, a través de sus representantes legales”, contestó Joyner.

¿Y eso evita que ustedes puedan investigarlo?

“No, pero como el que nos trae la información inicialmente es ellos, la misma Kinetic International, pues la respuesta de nosotros fue ‘ok, yo sé que ustedes tienen una licencia para operar, vengan preparados para hablarme del estatus de eso… cuáles son sus planes hacia el futuro. Entonces cuando ellos vienen y nos presentan que tienen un problema con un principal owner o principal stakeholder de la compañía, un controlling person, que es lo que es Michael Williams, suscitado por esta otra investigación que está haciendo el SEC en Florida pero que no impacta directamente la operación en Puerto Rico, pues entonces (yo les digo) ‘¿cuál es el plan de ustedes?’. Porque en este momento estamos bregando con una divulgación voluntaria. No fue que vino una queja o una querella, sino que como son ellos mismos que nos lo levantan, eso desencadena en la liquidación voluntaria de la licencia como entidad financiera internacional”.

¿Y con esa liquidación usted entiende que la OCIF no tiene responsabilidad de fiscalizar a Michael Williams aunque esté siendo investigado por la SEC?

“Sí, a menos que la investigación de la SEC de Florida de alguna forma impacte sus negocios en Puerto Rico. Pero al él ya no tener un negocio en Puerto Rico principalmente reglamentado por la OCIF…”

Kinetic Funds está registrado como asesor financiero en la OCIF.

“Pero nosotros no somos el reglamentador principal”, dijo Joyner.

Los ayudantes de Williams

El 11 de julio de 2018, Williams firmó un acuerdo con The Garffer Group of Legal Advisors (G2LA) por $5,000 mensuales. El documento indica que Garffer ofrece “servicios de cabildeo” y “relaciones gubernamentales, en particular con el CFSE y ACAA”. Jerome Garffer no está registrado como cabildero ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, indagó el CPI. 

“Esos contratos estaban ya desde antes [de la contratación con Williams]. Él lo que quería era que lo ayudáramos a mantener el contrato. Porque él [Williams] no conoce a nadie, necesitaba entender la estructura gubernamental. Luego de eso empezó a pedir otras que cosas que yo no iba a hacer en absoluto y decidí no continuar con la relación… [El contrato con ACAA y el Fondo] había llegado por una amistad que él tenía con una consultora de inversiones que estaba ahí antes y que le dio eso. La consultora luego no estaba más y él no entendía las agencias del gobierno. Y yo le dije que yo lo podía ayudar a entender eso, cómo funcionan las agencias”, dijo Garffer al CPI. 

¿Por qué decidió no trabajar con él?

“Me voy a reservar eso. Pero llegó un punto en donde yo decidí que no era el mejor interés mío continuar esa relación… Porque en algún momento él estaba vendiendo su negocio o algo así y se complicaron las cosas y no me gustó lo que veía y decidí cesar la relación”, dijo Garffer.

El 10 de mayo de 2017 Michael Williams donó $2,500 al ex gobernador Ricardo Rosselló.

Eliseo Acosta, presidente de la empresa Innova Technologies Group, presuntamente recibió un total de $60,600 en comisiones por los contratos que obtuvo Williams con la CFSE, ACAA y AEELA en 2016. Entre enero y septiembre de 2017 Williams pagó otros $32,500 a Acosta por buscar clientes para Kinetic Funds, dijeron dos fuentes al CPI.

¿Cuál es su relación con Michael Williams?, preguntó el CPI a Acosta en una llamada telefónica.

“¿Estás comenzando negocios, llegaste aquí?, pues mira yo conozco a Perencejo, aquel, al otro, vete allá y si sale algo pues chévere, págame un café. De eso yo no vivo, punto”, contestó Acosta en una primera llamada. Luego dijo que él no recibió pagos, pero sí su compañía.

“Yo llegué a hacer varias reuniones que no prosperaron porque habían otros intereses y otras personas. Por ejemplo, la de maestros [AEELA] me acuerdo yo, y así sucesivamente con uno que otro alcalde. Pero puede buscar, ninguno voló, o sea, ninguno tuvo resultado”.

¿Usted se refiere a reuniones entre esas personas y Michael Williams? 

“Sí, en un momento dado”.

¿La gestión que usted hacía era conseguirle reuniones a Williams con agencias del gobierno para que él consiguiera contratos? 

“Con agencias del gobierno en particular como cualquiera que llama. Para que tengas una idea, yo aparte de eso, yo trabajo en la empresa privada. Pero yo no soy cabildero ni nada que ver. Soy una persona de negocios… Yo con Williams tengo, primero, una relación de amistad… Por ejemplo, yo conozco a millones de personas y en particular viene referido por un amigo mío de Florida que me lo presenta y la verdad, me cayó muy bien”.

¿Usted hizo gestiones para Williams?, preguntó el CPI

“Pero estamos hablando de para el 2016. Estamos en 2019”.

En 2016 fue que él firmó los contratos con el Fondo y ACAA.

“Si usted me para allí en medio del lobby y me pasea por todo aquello, usted va a ver que nadie sabe ni quién soy yo… Yo no he entrado bajo ninguna forma con ese señor en esos sitios. Yo puedo decirle que yo he entrado en otros sitios sí, y no hubo nada, no pasó nada porque escogieron no hacer las cosas”.

¿Qué era lo que querían hacer, conseguir contratos?

“Bueno si usted está buscando, yo le estoy diciendo porque no tengo nada que ocultar, que en un momento dado cuando llega (Williams), lo primero que pregunta es ‘¿estas son cosas reguladas?’. Pues yo te puedo presentar a alguien. Y así pasó, tú sabes, qué sé yo. Y dije alcalde porque estoy tratando de hacer memoria de alguno, pero también empresas privadas. Pero no hubo nada”. 

En esas gestiones que dice que hizo para Williams, ¿usted recibió o solicitó algún tipo de comisión? ¿Cómo se le remuneraba ese trabajo a usted?

“Como le mencioné y vuelvo y le repito, yo tuve gestiones fallidas. Si él usó un gestor para hacer eso y logró su propósito, sí le puedo decir que no fui yo”.

La pregunta no es si fue fallida o no, si no que si recibió alguna comisión o pago por esa gestión, insistió el CPI.

“Bueno siempre se dice ‘si sale algo pues caramba, págame una taza de café’, qué sé yo. Pero es que estoy tratando de contestarle sus preguntas pero realmente no hice lo que usted está diciendo… Si quieres llamarlo gestiones pues sí, pero no”, dijo Acosta.

En el video de la reunión de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de octubre de 2016, la administradora del Fondo, Liza Estrada Figueroa, dice que el contrato con Kinetic Funds levantó interrogantes entre la administración y los abogados asesores en asuntos financieros de la agencia. Pero los asesores financieros de la CFSE, Consultiva Wealth Management, recomendaron que se firmara el contrato.

“Cuando nos remitieron el contrato, nos surgieron algunas interrogantes por ser distinto a lo que habíamos acostumbrado a ver para para este tipo de fondos. Lo remitimos a los abogados que trabajan con estos asuntos para que nos dieran su opinión. Ellos levantaron unas cuántas interrogantes, se lo indicamos a Consultiva, y Consultiva envió lo que hoy es el anejo dos, que es una opinión por escrito aclarando las dudas que teníamos, que tenía el abogado y que teníamos nosotros sobre este tipo de fondo y diciendo que cumple con la política de inversión y que su recomendación es que lo firmemos”, dijo Estrada Figueroa en la reunión.

El Fondo del Seguro del Estado entregó documentos al CPI que muestran que Kinetic Funds realiza informes mensuales sobre el estatus de la inversión a través de la firma Gavion, que actualmente administrada la cartera de inversión de la Corporación.

¿Cómo pudiera afectar la investigación contra Williams a las inversiones del Fondo y ACAA?, preguntó el CPI a Myrna Rivera, fundadora y asesora principal de Consultiva. 

“Habría que ver cuál es la naturaleza de la investigación y cuál es el desenlace para poder determinar qué impacto podría tener sobre esa y cualquier otra cartera”, contestó Rivera.

¿Las inversiones se pueden afectar mientras no haya una determinación final sobre la investigación?

“El fondo de Kinetic se ve en los sistemas de Bloomberg y otros sistemas. Como fiduciario pues esto es una información que tú me estás dando que es preocupante. Pero tenemos que esperar a lo que diga el SEC. Hay que ver qué provoca la investigación y cuál es la naturaleza de la investigación, que puede o no que tenga que ver con la cartera (de Fondo del Seguro). El SEC puede evaluar individuos como puede evaluar procesos de inversión, es un negocio altamente regulado. En este caso, Gavion tiene que asegurarse de que está monitoreando adecuadamente esa inversión”.

Rivera explicó que parte del proceso de evaluación que hacen a las firmas de inversión consiste en conocer la estructura de la empresa, la gerencia, el trasfondo, la experiencia técnica, cómo compone la empresa, cuál es su estrategia, cómo se ejecuta y cuál es el beneficio.

“Hicimos ese análisis, nos reunimos con Michael Williams, pasamos por todo ese proceso. Consultiva tiene un comité de inversiones que como protocolo interno entrevista y evalúa documentación y levanta un memorándum de evaluación”, dijo Rivera. 

Claudia Motta Vélez, del bufete Reichard & Escalera, es la agente residente de Scipio y El Morro Financial, empresas de Michael Williams incorporadas el 3 de marzo de 2016. En junio de 2016, el bufete Reichard & Escalera firmó un contrato con vigencia hasta el 30 de junio de 2017 por $150,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Uno de los servicios que debía prestar el bufete según el contrato era “emitir consultas y opiniones legales en aquellos asuntos que involucren el campo de las inversiones”. El contrato entre Kinetic Funds y el Fondo del Seguro para manejar $15 millones en inversión se firmó en noviembre de 2016, mientras el bufete Reichard & Escalera asesoraba sobre asuntos financieros a la corporación pública.

El contrato lo firmó Luis R. Ramos Cartagena, subadministrador del Fondo del Seguro entre el 5 de agosto de 2016 al 3 de enero de 2017. El CPI se comunicó con Ramos Cartagena para indagar sobre la contratación de Kinetic, pero dijo que no recordaba ese contrato y que los asuntos de manejo de inversión se consultaban con los asesores de Reichard & Escalera. Vance Thomas, en ese momento director de la Junta de Gobierno, y Liza M. Estrada, ex administradora del Fondo, también dijeron al CPI que no recordaban la firma del contrato con Kinetic Funds, aunque los videos muestran que participaron de varias reuniones en donde se discutió el contrato con esa empresa. 

Los cargos por servicios de Kinetic Funds tienen un tope de $750,000, según los contratos del CFSE y ACAA. Williams firma los documentos como “Managing Member” de LF42, LLC, y “Managing Member” de Kinetic Partners, LLC. Ninguna de estas empresas están incorporadas en Puerto Rico sino en Delaware.

Los pagos por estos contratos se envían en forma de cheque a la dirección de Kinetic Funds en Sarasota Florida, y por transferencia electrónica a una cuenta en el banco BMO Harris en Chicago. Kinetic Funds se enfoca en generación de ingresos a través de inversiones en bonos corporativos y de gobierno, según los contratos. Para junio de 2019 tenía un total de activos valorados en $43,869,000. Sus inversiones principales están en Goldman Sachs Group, Simon Property Group, 3M Co, Pfizer y Johnson & Johnson, según Bloomberg

Los contratos con las corporaciones públicas, que fueron firmados en plena crisis económica y fiscal y bajo la quiebra gubernamental, tienen una cláusula que indica: “El suscriptor entiende los riesgos asociados a esta oferta, incluyendo la naturaleza especulativa de la inversión y los peligros financieros, incluyendo el riesgo de perder toda la inversión”. 

Williams, veterano de la Marina de Guerra que sirvió en la guerra el Golfo Pérsico, comenzó su carrera hace unos 25 años como corredor de bolsa, según su biografía. Ha hecho presentaciones para la Comisión de Bolsa y Valores que ahora lo investiga, es coautor del libro “Fundamentos del Mercado de Opciones” [Fundamentals of the Options Market] de la editorial McGraw Hill. Este año terminó de escribir su primera novela, titulada Journey to Masyaf.

Luis J. Valentín Ortiz colaboró en esta historia