Amnistía Internacional denuncia enmiendas al Código Penal de Puerto Rico

El movimiento Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) denunció las enmiendas al Código Penal de la isla durante la exposición de su nueva campaña global en solidaridad con los defensores de los derechos humanos en un encuentro realizado hoy en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan.

Horas antes de que la Cámara de Representantes evaluara el Proyecto de la Cámara 743 con las revisiones del Senado -que incluye enmiendas al Código Penal para criminalizar ciertos tipos de expresiones de protesta pacífica- AIPR presentó la campaña “Valiente”, que reconoce la labor de los defensores de los derechos humanos y repudia los gobiernos del mundo que coartan la libertad de expresión y los derechos constitucionales.

En un nuevo documento, “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: La reducción del espacio para la sociedad civil”, AIPR recopiló data de docenas de países para ilustrar la represión social y gubernamental en contra de los opositores de sus respectivos gobiernos.

“Estamos en un momento crítico porque los derechos humanos de todo el mundo están bajo presión”, dijo Ruben Kondrup, coordinador de activismo de AIPR.

Kondrup, un dinamarqués, enfatizó que aunque hay ciertos países con un historial represivo hacia la libertad de expresión, esto es “un fenómeno en aumento” que se extiende a países occidentales, incluyendo Puerto Rico, y afirmó que las enmiendas al Código Penal son “bastante preocupantes”.

Por su parte, la licenciada Mariana Nogales, integrante del Comité de Acción Legal (CAL), acusó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló de menoscabar el derecho de manifestación pública y llevar a cabo una agenda administrativa para “atacar y acosar a defensores y defensoras a fin de deslegitimarlos, a ellos y sus causas, de disuadir, limitar e incluso impedir su trabajo de derechos humanos”.

Específicamente, Nogales repudió el P. de la C. 743, el cual, entre otras cosas, busca catalogar como delito menos grave el interrumpir labores en una institución educativa usando capucha, interrumpir una reunión pública, colocar carteles disidentes o pintar sobre propiedades públicas o privadas sin autorización, obstruir actividades turísticas, entre otros.

Entretanto, Liza Gallardo Marín, directora ejecutiva de AIPR, tildó la pieza legislativa como “una ley retrógrada” y le hizo un llamado al gobernador a no firmarla tras ser aprobada hoy en la Casa de Leyes.

“Campaña de desprestigio” contra estudiantes

Mientras, el activista y presidente de la Junta Directiva de AIPR, el licenciado Osvaldo Burgos afirmó que si el Ejecutivo aprueba las enmiendas incluidas en el proyecto, se hará un llamado a los tribunales de la isla, “que tienen el deber de defender nuestra Constitución”, ya que “la Legislatura solo quiere defender los intereses de los poderosos”, tales como los bonistas y acreedores.

Sin embargo, el licenciado advirtió que los activistas no deben “recostarse” bajo el argumento que la aplicación de esta y otras legislaciones es “inconstitucional”, porque el proceso de demostrar la inocencia de un manifestante arrestado mientras ejercía su derecho podría extenuar tanto sus recursos como el de su abogado mientras permanece encarcelado.

Burgos recalcó que aunque se demuestre la inocencia de un manifestante, ya su imagen e información personal habrían sido difundidas en los medios, en lo que catalogó como una “campaña de desprestigio”, particularmente hacia los estudiantes, quienes lideran las diversas protestas contra la administración actual.

Según el presidente de la Junta Directiva de AIPR, ese supuesto intento de desprestigiar a los estudiantes de la UPR se manifiesta también entre las masas con epítetos comúnmente usados hacia estos, tales como “pelús”, “vagos”, “títeres”, entre otros.

En esa línea, Burgos buscó combatir el estereotipo de la imagen del manifestante y recalcó que hay una “amplia gama” de defensores, utilizando a modo de ejemplo maestras que se oponen al cierre de escuelas y “mamás luchando por el derecho sus hijos del programa de educación especial”, entre otros.

“Estamos hablando de personas que están en el plano individual defendiendo derechos muy particulares, derechos locales y comunitarios, hasta personas que hacen trabajo nacional o trabajo en defensa de grupos particulares de derechos humanos, o trabajo a nivel internacional”, dijo el licenciado.

Alegan Seguridad Pública trae “entes represores”

El informe de AIPR también explicó el uso indebido del sistema de justicia, en el cual recaen cargos infundados, detención arbitraria, leyes excesivas implementadas bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional y combatir el terrorismo, proliferación de nuevas leyes represivas y legislaciones anti-protesta.

CB en Español les preguntó a los panelistas si la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la designación de Héctor Pesquera como el secretario de esa nueva agencia – anunciada dos días antes del Paro Nacional el pasado 1 de mayo- representa un uso indebido del sistema de justicia.

Burgos alegó que “[la creación del DSP] es un mecanismo para evadir el cumplimiento de la reforma de la Policía”, porque un agente del nuevo departamento podría evitar ser acusado de incumplir con órdenes de algún tribunal bajo el argumento de que no labora bajo la Policía, por lo que no sería “parte de los demandados” en casos de abuso policiaco.

El licenciado además enfatizó que Pesquera trae consigo una “trayectoria de violaciones de derechos civiles” mientras fungió como superintendente de la Policía del 2012 al 2013.

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Aseguró que este “andamiaje” traerá “entes represores” porque el DSP recopila los negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Investigaciones Especiales (NIE) y los Sistemas de Emergencia 9-1-1, de modo que estos recursos se pudieran emplear para silenciar a los manifestantes. Por ejemplo, dijo Burgos, el Cuerpo de Bomberos podría ser invocado en alguna protesta para desplegar mangueras de agua contra los manifestantes, si el departamento considera que estos atentan contra la seguridad nacional.

Ante estas “amenazas” a la libertad de expresión, Gallardo Marín justificó la desobediencia civil y afirmó que visualiza a Puerto Rico “como un país que se empieza a levantar y a decir ‘basta ya’, lleno de personas valientes que van a luchar y van a salir a las calles”.




PPT inicia proceso de reevaluación y organización

SAN JUAN — El presidente del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, dijo sentirse optimista sobre el futuro de su colectividad tras el mensaje que envió el pueblo a los dos partidos principales, al otorgar unos 266,325 votos a los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del PPT en Hato Rey, la candidata a comisionado residente, Mariana Nogales Molinelli, expresó que es momento de iniciar un proceso de reevaluación para decidir el curso del partido en ruta a las próximas elecciones.

“Definitivamente la aparición de los candidatos independientes en estas elecciones hace que el PPT tenga que entrar en un proceso de reevaluación, que siempre se hace luego de una elección. Pero no solamente el PPT, yo entiendo que los demás partidos tienen que explorar este nuevo escenario y tienen que reevaluar lo que se ha hecho tradicionalmente, porque esta incursión de los candidatos independientes lo que ha representado es un rompimiento en el curso electoral ordinario”, añadió Nogales.

Rafael Bernabe, candidato a la gobernación por el PPT. (Yoel Parrilla/CB)

Rafael Bernabe, candidato a la gobernación por el PPT. (Yoel Parrilla/CB)

En esa línea, Bernabe y el candidato a legislador municipal en San Juan, Jorge Farinacci Fernós, resaltaron que es la primera vez que el PNP gana una elección con menos del 42% de los votos, que el PPD obtuvo menos de un 40% de los votos, y que en el Senado el candidato independiente, José Vargas Vidot, obtuvo la mayor cantidad de votos.

“El país está buscando cambios, pero todavía no ha articulado adecuadamente cuál es ese cambio que está buscando, y el PPT quiere ser parte de ese cambio. Nosotros nunca nos hemos visualizado como los únicos, los que tenemos la verdad agarrada por la manga. Tenemos unas ideas particulares que defenderemos y siempre vamos a defender. Pero es un momento de evaluación profunda que todos debemos reflexionar y ver cómo se aporta en la creación de un país”, determinó Farinacci.

Tanto Nogales, como el candidato a Representante por el Distrito 32 de Caguas, Pablo Aymat, afirmaron que la colectividad está abierta a establecer alianzas con los candidatos independientes, incluyendo a Vargas Vidot.

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“Nosotros entendemos que el mensaje del Partido del Pueblo Trabajador es un mensaje bueno para Puerto Rico, y así en términos de reconstrucción económica, la Asociación Puertorriqueña de Economistas indicó que la plataforma del PPT era la mejor plataforma de desarrollo económico. Así que nosotros tenemos que trabajar en cómo llevar ese mensaje, cómo la gente lo recibe y cómo la gente se siente incorporada en este trabajo, para que nosotros seamos una opción viable”, sentenció Nogales Molinelli al ser abordada sobre el proceso de evaluación de los resultados de las pasadas elecciones y la necesidad de llevar una reorganización del PPT.

Para Farinacci Fernós, la expectativa de la colectividad es que ese proceso de análisis sea uno inclusivo y no se limite únicamente a los miembros de dicho partido. Por esto, adelantó que a principios del 2017 esperan efectuar una asamblea donde se determine el futuro del PPT. Asimismo, esperan realizar encuentros regionales.

En otros aspectos, el PPT anunció que como parte del proceso de reorganización de la colectividad han seleccionado como portavoces a Bernabe; Nogales; Aymat; Farinacci; la electa legisladora municipal del PPT en San Sebastián, Saraí Vázquez Durán; y la dirigente de la Juventud Trabajadora, Alexa Paola Figueroa.

“Esta nueva plantilla representa la diversidad de voces, de personas y grupos de edad que están en nuestro partido, así como también en cuanto a visiones de estatus”, resaltó Nogales.

PPT forma caucus de legisladores municipales

Entre los legisladores municipales del PPT se encuentran Elda Guadalupe, legisladora municipal en Vieques durante el cuatrienio a punto de concluir; Ángel “Bebo” Ortiz en el municipio de Moca, Freddy Candelario en Hatillo, y Vázquez Durán en San Sebastián.

“Nuestras prioridades como caucus legislativo, la primera siempre va a ser fiscalizar responsablemente la gestión de las administraciones municipales. También presentar medidas en beneficio del pueblo trabajador y de todas las comunidades humildes y marginadas de nuestros pueblos”, indicó Vázquez Durán.

Según Aymat ya los comités municipales se están reuniendo, y extendió una invitación a la ciudadanía para que participen del proceso de reorganización de la colectividad y para auscultar cómo pueden aportar al país.




PPT se une a protesta contra la junta de control fiscal

HUMACAO – La portavoz y excandidata a la comisaría residente por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales, informó hoy que el partido se adhirió a la convocatoria de la Concertación Puertorriqueña contra la junta de control fiscal federal y exhortó a miembros y simpatizantes que se oponen a la junta a darse cita el próximo viernes, a las 7:30 a.m., frente al Hotel Conquistador, en Fajardo.

“Allí se tomarán decisiones que nos afectan como país, por un organismo no electo por el pueblo resulta indignante que se establezca una política de puertas cerradas. Esto es indicio de lo que nos espera”, indicó Nogales.

Desde Caguas, el excandidato y también portavoz, Pablo Aymat Santana, añadió que “es un compromiso del PPT luchar y resistir las políticas de la junta desde todos los espacios y en esta ocasión le daremos una bienvenida calurosa a los miembros de la junta y a todos aquellos que cooperan con ella en detrimento de las condiciones de vida de las personas que viven en Puerto Rico”.

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Aymat aseguró que la convocatoria “será muy concurrida y le dejará saber a la junta y al gobierno de los Estados Unidos que no aceptaremos las políticas de austeridad, antidemocráticas y neoliberales que pretenden imponernos los acreedores de la deuda de Puerto Rico y Wall Street a través del mecanismo que han infiltrado y controlado desde los inicios de su creación: la junta”.