Gobernadora convierte en ley medida para prevenir la corrupción gubernamental

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. (Suministrada)

La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en la Ley 144-2019 un proyecto del senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero, que enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y garantiza a los empleados y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrezca gratuitamente a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que les otorga el Título IV de dicho Código.

Romero expuso que “los empleados públicos ahora pueden solicitar del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para hacer valer las protecciones que les ofrece el Código Anticorrupción. Esto es un incentivo para que nuestros empleados públicos tomen el paso al frente y denuncien cualquier acto que atente contra el buen funcionamiento del Gobierno sin temor a represalias. Esta Ley definitivamente se establece con la intención de restaurar la confianza del Pueblo en nuestras instituciones públicas”.

“Los empleados públicos que tienen la valentía de denunciar la corrupción están cumpliendo con un deber y, en el cumplimiento de ese deber, el Gobierno tiene una responsabilidad de proteger al que cumple con la ley y ayuda a combatir este mal”, expresó el Senador por San Juan. Añadió, además, que “no debe haber un solo empleado público que, haciendo denuncias legítimas en protección del propio Gobierno, deba sentirse en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su permanencia en su empleo tras hacer lo correcto”.

El senador concluyó que “esta Ley provee una herramienta adicional en protección de los mejores intereses del Pueblo. En tiempos de crisis fiscal, tenemos que asegurarnos que existan todas las protecciones adecuadas para cada centavo de nuestro Gobierno. Agradezco a la gobernadora Wanda Vázquez la firma de tan importante medida”.




Senado aprueba medida que viabiliza uso de fondos CDBG-DR en comunidades del caño Martín Peña

El senador Miguel Romero. (Suministrada)
El senador Miguel Romero. (Suministrada)

El Senado de Puerto Rico aprobó durante la Sesión del martes la Resolución Conjunta del Senado 360, de la autoría del senador por San Juan, Miguel Romero, que ordenaría al Departamento de la Vivienda a realizar enmiendas al Plan de Acción Estatal que permitirían el uso de parte de los $18,500 millones en fondos federales de recuperación CDBG-DR en beneficio de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña.

De acuerdo con Romero, “existen preocupaciones referentes a la elegibilidad para el uso de los fondos CDBG-DR en las comunidades del Caño. Esto, debido a que la redacción actual del Plan de Acción se interpreta como que incluye limitaciones que tendrían como resultado limitar el uso de los fondos en dichas comunidades.

El senador por el Distrito de San Juan expresó que “la política pública vigente a través de la Ley 489-2004 obliga al Gobierno a darle atención prioritaria a la restauración ambiental del Caño Martín Peña y rehabilitar y revitalizar las comunidades que le rodean. No podemos dejar pasar una oportunidad tan grande que tenemos con la llegada de sobre $18,500 millones en fondos federales. Es momento de hacer valer esta política pública y actuar”.

El senador expresó, además, que “existe un compromiso del gobernador Ricardo Rosselló para viabilizar el desarrollo de estos proyectos tan importantes en dichas comunidades, así lo hemos discutido con él y con el liderato comunitario en La Fortaleza; todos coincidimos en que esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Esto se trata de justicia social para miles de familias que han esperado mucho tiempo”.

El senador explicó que las enmiendas se realizarían de acuerdo con la legislación y reglamentación federal aplicable. Estas se centrarían en atender la reconstrucción en áreas clasificadas como inundables dentro de las ocho comunidades, cómo se trabajará el título de las propiedades a favor del Fideicomiso de la Tierra y la búsqueda de alternativas para el requisito de Seguro por inundación.

Según Romero, no atender estos puntos podría resultar en el efecto indeseado y no intencionado de provocar un desplazamiento de estas comunidades.

Entre los proyectos que podrían ser llevados a cabo con fondos federales se encuentran la relocalización del sifón sanitario en la avenida Rexach que tiene un costo estimado de $15 millones, el proyecto Paseo del Caño Sur e infraestructura en Israel y Bitumul norte a un costo de $47.4 millones y la reconstrucción de viviendas y relocalización de familias afectadas lo cual se estima en unos $60 millones.

El senador concluyó que “nuestra Administración está tomando en consideración la política pública vigente en beneficio de nuestras comunidades del Caño Martín Peña. Tenemos que actuar conforme a las particularidades de cada una de ellas, para que no se vean afectadas de forma negativa. En este caso específicamente, debemos establecer mecanismos claros a través del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano federal para realizar las enmiendas que sean necesarias al Plan de Acción; solo así lograríamos concluir una serie de proyectos que llevan décadas pendientes, en beneficio de la salud y mejor calidad de vida de miles de residentes del Caño. Esto para mi es justicia social en su forma más pura”.




Senador Romero presenta medida para aliviar costos de primas de seguros y evitar aumentos

El senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero. (Suministrada)

El senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero, radicó el Proyecto del Senado 1277 que enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico con el fin de reducir el impuesto actual sobre seguros de líneas excedentes.

Además, decretaría una moratoria de 3 años del cobro de dicho impuesto, con el propósito de minimizar los aumentos en primas que se han registrado.

El senador expresó que “tras el paso devastador de los huracanes Irma y María por Puerto Rico en septiembre de 2017, el mercado de los seguros en Puerto Rico se vio severamente afectado, por lo que a casi 2 años de estos desastres naturales aún permanecen una gran cantidad de reclamaciones sin atender y la Oficina del Comisionado de Seguros ha tenido que intervenir directamente con varias compañías de seguros debido a sus estados financieros precarios”.

Asimismo, Romero añadió que “se ha observado un aumento drástico en las primas para una diversidad de pólizas que ofrece la industria de seguros, especialmente aquellas dirigidas a propiedades sometidas a las disposiciones de la “Ley de Condominios”. Esto ha provocado un impacto significativo directo sobre nuestra economía y afecta el bolsillo de todos los puertorriqueños, ya sea directa o indirectamente”.

“Actualmente, el mercado ha tenido que recurrir a los seguros de líneas excedentes para suplir una demanda que las aseguradoras locales se ven imposibilitadas de cumplir. Esta situación se complica debido a que Puerto Rico tiene el impuesto más alto, con un 9%, en los Estados Unidos para líneas excedentes. Entre los estados, las contribuciones más altas vigentes no pasan del 6%. Inclusive, Islas Vírgenes, en una posición geográfica similar a la de Puerto Rico, solo tiene un 5% de contribución,” expresó el senador por el Distrito de San Juan.

El senador concluyó que “ante los efectos que esta situación está teniendo sobre el bolsillo de nuestra gente, proponemos que se decrete una moratoria de 3 años sobre el cobro de este impuesto. Una vez concluida esta moratoria, entendemos que lo prudente es disminuir el impuesto de 9% a 3%, colocándonos en una posición que estaría dentro del promedio de Estados Unidos, para beneficio de todos los puertorriqueños que tienen la responsabilidad de asegurar sus propiedades ante desastres naturales y otros riesgos”.




Gobernador firma medida de desarrollo económico para la Península de Cantera

(Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el lunes el Proyecto del Senado 931, el cual enmienda la Ley 20-1992, mejor conocida como la Ley de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

La medida, de la autoría del senador Miguel Romero, establece un proceso para el deslinde de la zona marítimo-terrestre de la Península de Cantera dentro de 90 días.

“Con la firma de esta ley, continuamos el compromiso de promover la autogestión y el empoderamiento de las comunidades, a la vez que demostramos el potencial de crecimiento que tiene el Pueblo de Puerto Rico”, manifestó Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo añadió que “confiamos en el trabajo incansable que realiza la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera y esperamos que esta medida aporte a facilitar su labor”.

El proceso de deslinde se llevará a cabo en un esfuerzo conjunto entre la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (CDIPC), creada en el 1992 y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Tomando en consideración la preservación de la Península de Cantera, así como el empoderamiento de sus residentes y organizaciones, este proceso será liderado por las comunidades mediante la CDIPC, bajo los parámetros establecidos en el proyecto de ley.

La medida fue presentada a petición de los miembros de las comunidades que componen la Península de Cantera y la CDIPC.

Por su parte, el senador Romero afirmó que está “complacido que nuestra medida se haya convertido en ley; estoy confiado en que las familias que residen en las comunidades que componen la Península de Cantera van a resultar beneficiadas”.

Romero agregó que “con esta ley promovemos el desarrollo económico y social para sus residentes. Agradezco al liderato comunitario, al representante Eddie Charbonier y al gobernador Rosselló Nevares por el trabajo en equipo realizado”.

El Plan de Desarrollo Integral para la Península de Cantera vigente bajo la Ley 20-1992 presenta los objetivos y guías de desarrollo dirigidos a mejorar las condiciones físicas, sociales y económicas del sector.

El mismo incluye el redesarrollo de las siete barriadas que conforman la Península; esto incluye aquellas asociadas a la rehabilitación del Caño Martín Peña.

Las barriadas cuyos terrenos están programados para redesarrollo son Puente Guano, Santa Elena, Condadito Final, Corea, Último Chance, Bravos de Boston y Los Pinos.

Dichas barriadas, a tenor con el plan, están clasificadas como áreas de mejoramiento, pues el objetivo es recuperar y rehabilitar dichos vecindarios.

Una vez ocurra el deslinde, los terrenos que ubiquen dentro de la franja del Paseo Lineal y hasta el límite del deslinde histórico del DRNA del año 2008 serán desafectados y se declararán como patrimoniales del Estado bajo la titularidad de la CDIPC.

La titularidad de los terrenos sobre los cuales no haya ejercicio de concesión de títulos será de la CDIPC.

La CDIPC transferirá la titularidad de estos terrenos según el desarrollo y los usos aprobados para el beneficio de las comunidades, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Integral de la Península de Cantera.




Turismo insiste deben estar a cargo de regular servicios de alquiler a corto plazo

La directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos insistió el lunes en que sea esa agencia la que se encargue de la regulación de los servicios de alquiler a corto plazo como Airbnb.

“El proyecto que se ve hoy en el Senado es el de la autoría de Miguel Romero (Proyecto del Senado 1010) que pretende hacer claro que la responsabilidad de regular los alquileres a corto plazo recae sobre la Compañía de Turismo, cosa que lo es en la actualidad, pero para poder ampliar un poco esas responsabilidades y no los diferentes municipios”, dijo Campos en entrevista radial (Radio Isla).

Asimismo, indicó que la Legislatura Municipal de San Juan lleva a cabo vistas públicas sobre la ordenanza relacionada a la reglamentación de esta industria con la que pretende reglamentar el negocio de las viviendas de alquiler a corto plazo en la ciudad capital y que propone que la persona que quiera alquilar a corto plazo una vivienda en San Juan saque unas licencias y pague patente municipal.

“Nosotros entendemos que la responsabilidad debe estar centralizada. La Compañía de Turismo lleva haciendo este trabajo y en poco tiempo hemos podido ingresar una cantidad increíble de recaudos, producto de los alquileres a corto plazo y hay oportunidad para seguir mejorando ese campo de regulación, lo que estamos revisando”, dijo la funcionaria.

Catalogó el proyecto de Romero como acertado y recalcó que la Legislatura Municipal de San Juan, debe revisar la ordenanza que presentaron.

Además, de la medida de Romero, la senadora Zoé Laboy también presentó el Proyecto del Senado 840 para establecer la política pública sobre la “economía colaborativa”, que incluye estos servicios, así como servicios transportación, consumo de alimentos y entretenimiento. El representante Eddie Charbonier presentó otra medida parecida a la de Romero.




Radican resolución para designar el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor Ferrer

El senador por San Juan, Miguel Romero, informó el martes, que radicó la Resolución Conjunta Número 325 que propone denominar “Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos”, tras el fallecimiento del exrepresentante y pasado presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

La Resolución Conjunta del Senado 325 propone enmendar la Ley 230-2004, mejor conocida como “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico” para que la sede de dicha institución pueda ser designada bajo el nombre del exlegislador, y que a su vez pueda someter propuestas y recibir donativos de fuentes públicas o privadas bajo este nombre.

Según expresó Romero en declaraciones escritas, “El licenciado Héctor Ferrer dejó como servidor público un legado invaluable en la formación del Centro Comprensivo de Cáncer. Su lucha contra esta enfermedad y su contribución a que sus conciudadanos tuvieran mejores herramientas contra ella, lo hacen meritorio de este reconocimiento”.

Ferrer Ríos, fue autor junto a otros representantes de diversos partidos políticos, del Proyecto de la Cámara 4854 de 2 de junio de 2004, medida que estableció “La Ley del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”.

“Héctor Ferrer fue un gran líder político, pero sobre todo fue una persona buena, de espíritu noble, de principios en sus convicciones y de gran amor por nuestra Isla. Ayer Puerto Rico perdió uno de los buenos”, expresó el también presidente de la Comisión de Gobierno del Senado.

Entretanto, el presidente electo del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres ofreció detalles sobre las exequias del licenciado Héctor Ferrer Ríos.

Explicó que desde las 12 del mediodía del miércoles, 7 de noviembre, los restos de Ferrer Ríos serán expuestos en un acto de recordación en la Funeraria Ehret en la Urb. Antonsanti Número 4 Brema en San Juan.

Además, el jueves, a eso de las 9:30 de la mañana, Ferrer Ríos será trasladado a La Rotonda de El Capitolio donde se le rendirán honores como exmiembro de la Asamblea Legislativa.

Posteriormente, a eso de las 12:30 de la tarde, será trasladado frente a la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra donde se le hará guardia de honor y se le brindarán respetos como miembro de esa institución.

Mientras, se informó que el gobernador Ricardo Rosselló decretó cinco días de duelo.

Ferrer Ríos perdió la vida en la tarde del lunes, a causa de su lucha contra el cáncer. El licenciado padeció cáncer desde el 2015 cuando se le detectó en el esófago. Luego de una recuperación, en agosto de 2018 dejó la presidencia del PPD para atender su estado de salud.




Senado de Puerto Rico aprueba proyecto para enmendar ley anticorrupción

El proyecto que propone enmendar el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” para garantizar a los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrezca asistencia legal gratuita para incoar o participar en procedimientos civiles, penales o administrativos al amparo de las protecciones que otorga dicho Código, fue aprobado unánimemente en el Senado el lunes.

“Este derecho tiene que ser solicitado por el empleado público que tome el paso al frente al denunciar actos que atentan contra el buen funcionamiento del Gobierno y quebrantan la confianza del pueblo. De esta manera, aquellos que denuncien tales actos contarían con la representación legal para atravesar atender el procedimiento en protección de su empleo y demás derechos de los cuales son acreedores”, expresó en declaraciones escritas el autor del Proyecto del Senado 1081, el senador por San Juan, Miguel Romero.

Por otra parte, indicó que el Senado también le dio su visto bueno al Proyecto del Senado 1086 que igualmente enmendaría la Ley de Municipios Autónomos con el objetivo de establecer controles adicionales cuando un municipio realice compras que no requieran subasta pública.

El también presidente de la Comisión de Gobierno indicó que, “actualmente, una de las excepciones a la celebración de subasta pública para la realización de compras a nivel municipal requiere que previo a una compra se obtengan tres cotizaciones de suplidores. Sin embargo, la ley guarda silencio en cuanto a con cuánto tiempo con anticipación de la compra se deben conseguir estas cotizaciones”.

Para atender este asunto, la medida propone enmendar la Ley para que estas cotizaciones se tengan que obtener con al menos 10 días de anticipación a la fecha en la que se requiera realizar la compra. De este modo, según Romero, “se garantiza que los suplidores tengan tiempo suficiente para brindar la mejor cotización posible, maximizándose así el uso de los fondos públicos municipales y se evita que funcionarios y suplidores corruptos creen esquemas de favoritismos que le cuestan recursos a los contribuyentes”.

Además, según se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, las compras en situaciones de emergencia están actualmente excluidas de la celebración de subasta.

Para garantizar que realmente se trate de una emergencia, se propone que el funcionario que autorice la compra deberá realizar una declaración jurada que deje constancia sobre la situación de emergencia que lleva a la autorización de la referida compra.

“La aprobación de ambos proyectos son un paso adelante para combatir de frente y sin amagos los actos de corrupción que constantemente vemos en el gobierno, incluyendo los municipios. De hecho, en días recientes se han reseñado en la prensa que el mecanismo de compras en situaciones de emergencia ha sido utilizado para crear esquemas ilegales y para promover el favoritismo hacia contratistas que se prestan para tales actos. Debemos tomar todas las medidas necesarias para prevenir el mal manejo de los fondos públicos”, manifestó Romero.

El senador dijo que espera las medidas sean aprobadas en la Cámara y que luego reciban la firma del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.




Senado crea comisión para atender asuntos vinculados al sistema eléctrico

El Senado aprobó por unanimidad en su sesión ordinaria del lunes la Resolución del Senado 672 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y del senador Larry Seilhamer Rodríguez que crea la Comisión Especial de Energía.

Según se informó en declaraciones escritas, la Comisión, que no tendrá vigencia vitalicia ni permanente, tendrá entre sus funciones evaluar, tramitar e informar toda medida legislativa cuyo propósito sea establecer política pública en cuanto al sistema eléctrico, incluyendo generación, distribución, transmisión de energía y cualquier fuente de energía renovable.

El organismo será presidido el senador del Distrito de San Juan y presidente de la Comisión de Gobierno, Miguel Romero Lugo.

De igual forma, tendrá jurisdicción para considerar y evaluar la implementación y desarrollo de la venta, disposición y/o transferencia de activos así como las operaciones, aspectos fiscales, administrativos, financieros, administrativos, tarifarios y servicios de la Autoridad Energía Eléctrica (AEE) u otros asuntos de infraestructura.

Por otra parte, quedó aprobado el Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora del Servicio Público mediante la Resolución Concurrente del Senado 42. Esta pieza legislativa reorganiza y consolida la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía. También, la Administración de Energía de Puerto Rico y la Oficina Independiente de Protección bajo la nueva Junta que deberá promover una administración pública y eficaz, reducir el gasto público, eliminar la duplicidad de servicios, garantizar la continuidad en el acceso a fondos federales, entre otros deberes.

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El Negociado de Energía será dirigido por cinco comisionados y tendrán “total independencia de criterio y autonomía decisional”.

La rama ejecutiva estima que con la consolidación de estas agencias bajo la Junta Reglamentadora de Servicio Público el ahorro al erario será de más de $13 millones en el primer año y $70 millones en los próximos cinco años.

Esta medida no contó con los votos de los senadores Eduardo Bhatia Gautier, José Vargas Vidot y Juan Dalmau Ramírez, según adelantaron al expresarse sobre la medida en el hemiciclo.

También, pasó el cedazo senatorial la creación del “Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 2018” al ser aprobada la Resolución Concurrente del Senado 41.

Ambos planes son creados al amparo de la Ley de Nuevo Gobierno de 2017.

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Senado busca facturación transparente y justa en la AEE y AAA

Una medida aprobada hoy en el Senado establece el proceso que deberá seguir la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la hora de facturar a sus clientes durante los periodos en los que no han brindado sus servicios en situaciones de emergencias, tales como la causada por el huracán María el pasado 20 de septiembre.

El Proyecto del Senado 811, del senador novoprogresista Miguel Romero, dicta que ambas corporaciones públicas “no podrán facturar por servicios no rendidos” por tres principios. El primero dispone que no se podrá facturar cantidad alguna –incluyendo cargos fijos y cargos por consumo– “si en la totalidad de un periodo de facturación un cliente no contó” con uno de los servicios.

El senador Miguel Romero, autor de la medida. (Suministrada)

En esa línea, se establece que, de emitirse alguna factura, esta deberá reflejar la suma de “$0.00”, excepto si el cliente tiene una deuda atrasada “previo al periodo que comprende la Situación de Emergencia”.

Si el cliente recibió parte del servicio durante la emergencia, las corporaciones públicas descontarán esos días y se facturará por los cargos por consumo correspondientes al periodo en el que el cliente tuvo el servicio.

Sin embargo, el tercer principio de la medida indica que las corporaciones públicas podrán facturar por el servicio que recibió el cliente durante el periodo de emergencia. Además, dispone que los clientes podrán objetar las facturas si estas reflejan cargos por consumo durante un periodo de facturación que comprenda una “Situación de Emergencia”.

“Con este proyecto de ley, protegemos al consumidor, promovemos la justicia y también obligamos a que las corporaciones públicas del gobierno atemperen sus procesos de facturación a la realidad de Puerto Rico”, indicó Romero durante un turno sobre la medida.

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En el caso de los afectados por María, el proyecto de ley “ordena la suspensión de los términos para el pago de penalidades de atraso o suspensión del servicio, o para la solicitud de revisión de toda factura de Servicio Público Esencial que incluya periodos de facturación que comprendan” los meses de septiembre a diciembre, hasta tanto se establezca el proceso expedito para adjudicar reclamaciones bajo la nueva ley.

La AEE y la AAA tendrán un plazo de 30 días desde la firma de la ley para conformar sus procedimientos, reglamentos y mecanismos de facturación. Las disposiciones de la ley serán retroactivas al pasado 6 de septiembre, fecha en que el huracán Irma golpeó la isla.

A pesar de apoyar la propuesta, la AEE sostuvo que “no cuenta con los recursos económicos para actualizar el sistema de facturación con la inmediatez” que el proyecto requiere. Sin embargo, se mantuvo el periodo de 30 días por entender “apremiante” la necesidad de que los clientes cuenten con las protecciones de la medida.

“Ayer fueron los huracanes Irma y María, en el 2016 fue un apagón, pero en el futuro pudiese ser una tormenta o un huracán. [Queremos] darle tranquilidad a nuestra gente, limitar la ansiedad y actuar de manera sensata”, concluyó Romero.




Gobernador firma leyes para ofrecer mayores derechos a los trabajadores

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó dos medidas legislativas que ofrecen mayores derechos y beneficios a los trabajadores de Puerto Rico, al conceder protecciones sobre el uso de la licencia de enfermedad de los empleados públicos y privados.

El Proyecto de la Cámara 96, de la autoría del representante Ángel Peña Ramírez, prohíbe a los patronos del sector privado utilizar las ausencias por enfermedad justificadas como un criterio de evaluación de los empleados.

“Una ausencia por enfermedad debidamente justificada es un derecho por lo que no debería dar base a una acción en contra de ese trabajador”, afirmó Rosselló Nevares.

La medida prohíbe que se penalice a empleados productivos y sobresalientes que se ven forzados a ausentarse por motivos de salud. Esto es, se prohíbe utilizar ausencias justificadas por enfermedad en evaluaciones para ascensos o aumentos de salario; tampoco se podrán considerar las mismas para justificar medidas disciplinarias.

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“Con la firma de la Ley 4-2017 cumplimos nuestro compromiso programático de hacer una reforma laboral que hiciera justicia al trabajador y al patrono, flexibilizando las normas que impiden el desarrollo económico de la Isla. Las medidas que firmamos hoy también aseguran el adecuado balance entre la flexibilidad laboral y la protección del trabajador”, expresó el primer ejecutivo.

Por otro lado, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 461 de la autoría del senador Miguel Romero, medida que busca crear una licencia especial de seis días anuales para empleados del sector público o privado con enfermedades catastróficas.

Esta licencia podrán utilizarla aquellos empleados que sufran de las siguientes enfermedades: sida, tuberculosis, lepra, lupus, fibrosis quística, cáncer, hemofilia, anemia aplástica, artritis reumatoide, autismo, postrasplante de órganos, esclerodermia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica (ALS, en inglés) y enfermedad renal crónica en los niveles 3, 4 y 5.

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“Este beneficio aplicará a unos pocos empleados que por sus condiciones se encuentran en el sector más vulnerable de nuestra clase trabajadora. Por ello, es necesario dar paso a esta legislación protectora que permita que estos trabajadores con condiciones crónicas tengan unos días adicionales para atender su enfermedad”, puntualizó Rosselló Nevares.

La licencia se podrá utilizar luego de que un empleado agote sus días por enfermedad. Los mismos no se acumulan ni se pueden transferir o acumular a otros años; tampoco son liquidables si no se utilizan.

De igual forma, la medida requiere que el empleado haya laborado al menos un año para dicho patrono.