Por tercera vez CPI demanda al Registro Demográfico por información sobre muertes (documento)

 La directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Carla Minet anunció que recurrieron el martes al tribunal con una petición de mandamus por acceso a la información, ya que el Registro Demográfico no le ha entregado la base de datos sobre las causas de muerte en Puerto Rico de forma completa, según la solicitó hace cinco semanas. 

La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, es dirigida contra Wanda Llovet Díaz, directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, y el Estado Libre Asociado. Responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la Isla. 

“La solicitud de la base de datos completa y los certificados de defunción es idéntica a la que el CPI hizo tras el huracán María y por la cual, como se sabe, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su entrega completa en el 2018. Ya en el 2009 el CPI también había demandado por este mismo documento, a la misma funcionaria, y había logrado obtenerlo. Instamos a la directora del Registro Demográfico a que entregue esta información sin omitir ningún campo, lo antes posible”, dijo Minet en declaraciones escritas.

Detalló que la periodista Laura Moscoso, en representación del CPI, inició la gestión para obtener los datos de fallecidos el pasado 23 de marzo en una comunicación dirigida a Llovet Díaz, la entonces secretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones De Longo y a oficiales de prensa de la agencia y La Fortaleza. Solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico de los años 2007 al 2020. 

Indicó que tras examinar un disco digital entregado por el DS, el 6 de abril Moscoso volvió a contactar a los oficiales del Gobierno para informar que la base de datos que entregaron estaba incompleta, “ya que algunos campos, como el del nombre de la persona fallecida, fueron removidos de la misma”.  

Alegó que ante la información incompleta, el CPI insistió en obtener el documento completo y además solicitó copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. A pesar la petición a los funcionarios públicos concernidos, incluyendo a Llovet Díaz y al nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “ningún representante de las partes promovidas respondió a los mensajes de seguimiento”, indica el recurso legal. 

En este caso, el CPI es representado por Luis José Torres Asencio, Annette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt, abogados de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. 

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señala el recurso legal. 

Aunque el gobierno invocara alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, “el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade la demanda. 

La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) crea un mecanismo especial para acceso a la información, pero su Artículo 12 reconoce que no se interpretará de forma restrictiva, “ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de mandamus tradicional”. La Ley de transparencia dice, entre otras cosas, que la información y documentación que produce el Gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual; que la información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico. 

Además, el CPI pidió que el Tribunal ordene a las partes la divulgación de la información cuando le sea solicitada en el futuro, en los mismos términos y cumpliendo la misma normativa sobre acceso a la información.




Departamento de Salud contabilizará muertes sospechosas de COVID-19

Las personas que al momento de su muerte presenten un cuadro clínico compatible con una caso positivo de COVID-19 y así sea certificado por un médico, serán contabilizadas como una muerte por coronavirus, según anunció el miércoles el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Este nuevo sistema de vigilancia de muertes integra las nuevas guías para recuentos provisionales de los decesos por enfermedad por COVID-19 establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Dichas guías, que han sido adoptadas por el Registro Demográfico, establecen que si las características compatibles con COVID-19 son certificadas por un médico, no será necesario esperar por los resultados del laboratorio y podrá ser clasificada como una muerte de un caso positivo. En estas circunstancias, el médico procederá a identificarla de esta manera y así constará en su acta de defunción.  

“Adoptando estas guías, pretendemos tener un mapa más claro de la evolución y comportamiento del coronavirus en la Isla, lo que nos ayudará a desarrollar un análisis más preciso para implementar las medidas más apropiadas para contenerlo. A su vez, establecemos un mecanismo uniforme de clasificación de estas muertes, guardando relación con lo reportado por los hospitales al Registro Demográfico. De igual forma, mantenemos uniformidad con el resto de los estados de Estados Unidos, cuyas guías son las mismas del CDC, lo que nos brindará un panorama más claro de cómo vamos en comparación con toda la nación”, explicó González Feliciano. 

A estos efectos, la enfermedad de COVID-19 debe ser informada en el Certificado de Defunción de todos los fallecidos donde se considere que el virus haya causado o contribuido a la muerte. Igualmente, la especificación de las causas que condujeron al fallecimiento, también deben ser detalladas. Por ejemplo, en los casos en que el COVID-19 haya causado neumonía y dificultad respiratoria mortal, tanto la neumonía como la dificultad respiratoria deben ser especificadas.  

“Al certificar la muerte, se debe incluir la mayor cantidad de detalles posible, según conocimiento del médico o forense que esté atendiendo el caso, incluyendo, pero no limitado, a los registros y pruebas de laboratorio, entre otros. Si la persona fallecida tuvo otras condiciones crónicas como EPOC o asma que también pudiesen haber contribuido a la muerte, éstas deben ser igualmente informadas en el Certificado de Defunción”, explicó Wanda Llovet, directora del Registro Demográfico, quien detalló que aunque, idealmente se deben realizar pruebas para COVID-19, es aceptable dicha clasificación sin la confirmación si las circunstancias son dentro de un grado razonable de certeza.  

El Registro Demográfico coordinó la distribución a los médicos y patólogos forenses las instrucciones específicas de cómo deben documentar las causas de muertes por COVID-19 siguiendo las guías establecidas por el National Center for Health Statistics, a través de la Asociación de Hospitales, Colegio de Médicos y el Negociado de Ciencias Forenses. 

Las estadísticas actuales revelan que hasta el miércoles, fatalidades por COVID-19 ascendían a 24, mientras que el total de positivos alcanza los 620.

En Puerto Rico ya se han realizado un total de 6,052 pruebas de COVID-19, de las que 4,266 han arrojado resultados negativos.




Comisionada del NCF dice solicitará $3 millones adicionales para el próximo presupuesto

La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte Miller. (Suministrada)
La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte Miller. (Suministrada)

La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller explicó el lunes que en caso que se produzca un fallecimiento en la isla por el coronavirus COVID-19, no será necesario referirlo a esta dependencia, mientras que adelantó hará una solicitud de más fondos para el próximo presupuesto.

“Nosotros tenemos instrucciones y eso (sobre protocolo de coronavirus) pero yo creo que nosotros no vamos a ser impactados porque si hay fallecimientos no es necesario que sean referidos a Forense. Los médicos clínicos pueden certificar los casos”, dijo Conte Miller a los medios a su llegada a La Fortaleza para una reunión.

De otra parte, Conte Miller adelantó que solicitará fondos adicionales en el próximo presupuesto para reclasificación del personal y mejoras salariales para atender el problema principal de la renovación constante de personal. 

“Por eso hemos perdido más de 5 millones de dólares en los últimos años y ahora estamos reclutando. Cada persona que se va, según el cálculo, representa el doble del salario de esa persona. Hay que calcular lo que esa persona por dos años y se han ido como 70 peritos. Se han perdido cerca de 5 millones de dólares sin contar los intangibles, problemas de imagen, problema de casos que no se han sometido a los tribunales, los crímenes porque no se han podido hacer informes periciales y se calcula que la pérdida de una vida de una persona es de 4 millones de dólares. El fisco ha estado perdiendo dinero, no ha estado una buena inversión en Ciencias Forenses”, precisó la funcionaria.

Detalló que el presupuesto del NCF es de cerca de 16 millones de dólares y que estaría solicitando unos 3 millones adicionales.

Asimismo, la funcionaria dijo que ya han logrado reducir a cerca de 100 los cadáveres en espera de autopsia. De esos, cerca de 30 son cadáveres sin identificar, algunos son reclamados que no tienen nombre, que se suman a los casos normales que se reciben. Indicó que la expectativa es llegar a 75 cadáveres en espera de autopsia y que este proceso se está dando entre 48 y 72 horas.

Sobre los “safe kits” de casos de agresiones sexuales, Conte Miller dijo que se asignaron cerca de 2 millones de dólares de fondos federales adicionales para enviar más casos a otro laboratorio. Dijo que ya comenzaron a llegar los primeros resultados de los casos enviados al primer laboratorio.




Estiman en 3.2 millones la población de Puerto Rico para el 2018

El United States Census Bureau publicó el miércoles, los estimados anuales más recientes de la población para Puerto Rico, estadísticas que hacen referencia al primero de julio de 2017 e incluyen los componentes de cambio poblacional anual desde el primero de julio de 2010 y sustentan el estimado de la población desde comienzos de la década.

Como la entidad líder de la Red State Data Center (SDC) del United States Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presentó un resumen de los hallazgos de los nuevos estimados anuales poblacionales del 2018.

La población de Puerto Rico se estimó al primero de julio de 2018 en 3,195,153 personas. La repercusión de los huracanes (Irma y María) del año 2017 está contemplada en los nuevos estimados. Estos huracanes impulsaron aún más la tendencia decreciente del tamaño de la población en Puerto Rico. El cambio poblacional absoluto entre julio 2017 al 2018, se estimó cercano a 130,000 habitantes, traduciéndose en 3.9 por ciento de la población total.

En comparación con el pasado Censo 2010, cuando la enumeración oficial resultó en 3,725,789 personas, el nuevo estimado apunta a un decrecimiento acumulado en la presente década cercano al 14 por ciento hasta el 2018. En relación con la población residente de 18 años de edad o más (en edad de votar), ésta se estimó en 2,601,142 millones, comprendiendo el 81 por ciento de la población en Puerto Rico.

Los componentes del cambio poblacional contemplan que, entre el 1ro de julio de 2017 y el 1ro de julio de 2018, en Puerto Rico ocurrieron alrededor de 24,000 nacimientos y 31,000 muertes. Como consecuencia, los estimados anuales de la población reflejan más muertes que nacimientos, resultando en incremento natural cercano a -6,000 personas.

En cuanto a la migración, el saldo neto estimado fue aproximadamente de -123,000 personas durante el mismo periodo.




Gobierno crea comité para asistir en protocolos de certificación de muertes tras María

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el viernes, la creación del Comité 9/20, un grupo de especialistas en salud pública y administración que, según explicó, asistirán al Gobierno en la creación y revisión de protocolos sobre certificación de muertes; además de mejorar la rendición de cuentas y el manejo de información relacionada a fatalidades causadas por desastres.

“El estudio de mortandad de la Universidad George Washington es una aproximación novel al conteo de fatalidades, no solo en Puerto Rico sino en todo el mundo. Es nuestra intención que este Comité sirva de modelo para todos los Estados Unidos a fin de poder contabilizar mejor la mortandad; pero, más importante aún, para saber cómo prevenir la pérdida de vidas durante y después de desastres tanto naturales como aquellos provocados por el hombre”, declaró el director ejecutivo en comunicación escrita.

Explicó que el paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre 20 del pasado año puso al descubierto la vulnerabilidad del territorio ante desastres de este tipo, especialmente en cuanto a la contabilización de fatalidades relacionadas directa o indirectamente a la tormenta.

Mencionó que el 22 de febrero, comisionó un estudio a la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington para evaluar las muertes relacionadas directa o indirectamente al huracán María. En sus resultados, publicados el 28 de agosto, los académicos indicaron que se identificó un exceso de 2,975 muertes entre septiembre y febrero de 2018.

Informó que el recién nombrado Comité 9/20 establecerá protocolos para implementar las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken.

El Comité comenzará su trabajo con la Fase 1, un periodo de planificación codirigido por Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), y el doctor Irwin Redlener, director del Centro Nacional para la Preparación ante Desastres (NCPD, en inglés) de la Universidad de Columbia.

Durante esta fase inicial, se establecerán las regulaciones por las que se regirá el Comité.

A lo largo del desastre, Mercader ha coordinado las comunicaciones entre el Gobierno de Puerto Rico y las agencias federales para facilitar una mejor respuesta de las autoridades locales y federales.

Redlener es un reconocido especialista en salud pública y desastres que actualmente lidera uno de los centros más importantes del país en respuesta y manejo de desastres.

“La creación del Comité 9/20 significa que Puerto Rico se está posicionando como un líder en la investigación e implementación de nuevos métodos para estandarizar cómo mejor calcular las fatalidades tanto a corto como a largo plazo relacionadas a desastres de gran magnitud,” afirmó el doctor.

“Al adentrarnos en la reconstrucción a largo plazo de nuestra Isla, estamos comprometidos con construir un Puerto Rico más seguro y más resiliente. Este Comité tendrá un papel importante en el futuro de Puerto Rico, ya que establecerá los protocolos y regulaciones apropiadas para así estar mejor preparados de cara a un desastre como fue el huracán María”, expresó el primer mandatario.

“Agradezco a todos los miembros del Comité 9/20. La implementación de su trabajo será crucial tanto en el proceso de certificación de fatalidades como en la mitigación de futuros desastres”, concluyó Rosselló Nevares.

Los miembros del Comité 9/20, establecido por orden ejecutiva, son los siguientes:

  1. Carlos Mercader – Director ejecutivo, Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico
  2. Dr. Irwin Redlener – Director y profesor clínico, NCDP, Universidad de Columbia
  3. Jeffrey Schlegelmilch – Subdirector, Centro Nacional de Respuesta a Desastres y Preparación de la Universidad de Columbia
  4. Eric Greenberg – Jefe de personal, director y profesor clínico, NCDP, Universidad de Columbia
  5. Dr. Carlos Santos Burgoa – Director, Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington
  6. Dr. Rafael Rodríguez Mercado – Secretario y neurocirujano, Departamento de Salud de Puerto Rico
  7. Héctor Pesquera – secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y exagente de la FBI
  8. Carlos Acevedo – Comisionado, Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)
  9. Dra. Carmen Deseda – Epidemióloga del Estado, Gobierno de Puerto Rico
  10. Dra. Luz Silva – Directora interina, Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico
  11. Wanda Llovet – Directora, Registro Demográfico de Puerto Rico
  12. Jaime Plá – Presidente, Asociación de Hospitales de Puerto Rico
  13. Dr. Victor Ramos – Presidente, Asociación de Médicos Cirujanos de Puerto Rico
  14. Dr. Ralph Rivera Gutiérrez – Decano, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico
  15. Eduardo Cardona – Presidente, Asociación de Casas Funerarias de Puerto Rico
  16. John Mutter – Sismólogo y autor de The Disaster Profiteers
  17. Dra. Nicolette A. Louissaint – Directora ejecutiva, Healthcare Ready
  18. Rossy Santiago – Directora, Oficina Central de Comunicaciones, Oficina del Gobernador de Puerto Rico
  19. Pedro Cerame – Director de Comunicaciones, PRFAA



Cifras reveladas por GWU no son las muertes causadas por el huracán María

En un informe publicado hoy, investigadores de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington (GWU, en inglés) estimaron que hubo 2,975 muertes en exceso en Puerto Rico tras el huracán María desde el mes de septiembre de 2017 hasta finales de febrero de 2018.

Luego de examinar preliminarmente el documento de 69 páginas, CB en Español encontró que, tal y como ha establecido la institución académica, la cifra divulgada no puede traducirse a muertes directas o indirectas ocasionadas por el paso del fenómeno atmosférico.

En específico, la página 66 del informe establece que la segunda fase de este proyecto busca identificar qué muertes se atribuyeron directa e indirectamente al huracán. Este servicio aún no ha sido contratado por el gobierno de Puerto Rico.

Los 2,975 decesos reportados en el informe preliminar corresponden al exceso en mortalidad durante los seis meses posteriores al azote del ciclón, en comparación con el mismo periodo por los pasados ocho años

Mientras, los investigadores también identificaron lagunas en los procesos de certificación de defunción y comunicación pública y luego formuló recomendaciones que ayudarán a preparar a Puerto Rico para futuros huracanes y otros desastres naturales.

“Los resultados de nuestro estudio epidemiológico sugieren que, trágicamente, el huracán María provocó un gran número de muertes excesivas en toda la isla. Ciertos grupos -aquellos en áreas de bajos ingresos y los ancianos- enfrentaron el mayor riesgo”, expresó Carlos Santos-Burgoa, MD, MPH, PhD, quien es el investigador principal del proyecto y profesor de salud global en GW Milken Institute SPH.

“Esperamos que este informe y sus recomendaciones ayuden a construir la resiliencia de la isla y allanen el camino hacia un plan que proteja a todos los sectores de la sociedad en tiempos de desastres naturales”, añadió.

Entretanto, las cifras ofrecidas por el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera arrojaban unas 64 muertes directas por el ciclón. Posteriormente, la Universidad de Harvard había estimado alrededor de 4,645 muertes.



Acertainment of the Estimated Excess Mortality From Hurricane Maria in Puerto Rico (Text)




Muertes por huracán María: Un asunto de credibilidad

Nota del editor: Esta historia fue originalmente publicada en la versión impresa de Caribbean Business del 2 de agosto de 2018

“No hemos hablado de un informe preliminar, se ha hablado de informe final que correspondía a una entrega el 22 de mayo. Esa es la única fecha que se ha hablado”, aseguró a este medio la portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, agencia que contrató a la George Washington University (GWU) para que comisionara un estudio confiable sobre el total de muertes asociadas al paso del devastador huracán María por Puerto Rico el 21 de septiembre.

Sin embargo, CB en Español reveló que, contrario a lo expresado por la dependencia dirigida por Héctor Pesquera, el acuerdo suscrito contemplaba no solo la entrega de ese reporte, sino el pago de $125,000 por éste.

Desde el 4 de mayo -mucho antes de surgir la incongruencia entre los datos oficiales y el contrato- este medio ha realizado varios requerimientos de información al Departamento de Comunicaciones del Milken Institute School of Public Health del GWU. Las peticiones han incluido preguntas específicas sobre el status de los informes que le cuestan al erario público $305,368, un aparte con el líder de la investigación, el epidemiólogo Carlos Santos Burgoa, y una cifra final sobre cuánto más la administración de Ricardo Rosselló debe pagar para obtener respuestas finales a sus interrogantes.

“Te estoy conectando con Yennifer Alvarez, la secretaria de prensa del gobernador. Ella puede contestar su pregunta”, respondió la encargada de comunicaciones de la institución 80 días luego de nuestra primera petición. Acto seguido, Álvarez se comunicó con este medio para confirmar la existencia del informe preliminar y diligentemente coordinó con el DSP su entrega. Horas después de recibir el documento, se anunció la renuncia de la secretaria de prensa del primer ejecutivo.

¿Informe preliminar o propuesta de negocios?

Tras una lectura del documento titulado “”Evaluación del Posible Exceso de Mortalidad por el Huracán María en Puerto Rico”, resulta forzoso concluir que denominar el informe como uno preliminar sería la subestimación del año que, más allá de levantar dudas sobre el trabajo que llevan realizando desde el 22 de febrero, incide directamente sobre la transparencia que esta administración ha prometido al pueblo de Puerto Rico con inusual insistencia.

“Este informe preliminar proporciona una actualización de las actividades del proyecto, desde su lanzamiento hasta hoy. Es una relación del proceso más que de productos”, lee la introducción del documento de 24 páginas, lo cual deja entrever que el informe es un mero documento sobre rendición de cuentas y una propuesta para una segunda fase con una “evaluación a profundidad de los datos de mortalidad” para cerrar un negocio millonario con el gobierno.

“Recomiendo ver la conferencia de prensa dónde se explica que la primera fase tiene un costo de $305,000 y para culminar una próxima fase pudiera alcanzar $1 millón, tras culminar la primera fase se trabajará en la búsqueda de ‘grants’ y/o donativos para subvencionar lo restante”, instó la secretaria de prensa de Rosselló Nevares en mayo pasado, tras ser cuestionada sobre el costo total por comisionar el estudio.

A pesar de que cuentan con la bendición del ejecutivo, GWU asegura en su informe que ha contactado o recibido contribuciones de al menos 24 entidades –en su mayoría controladas por el gobierno estatal y federal-. Sin embargo, universidades privadas como Penn State (#12 a nivel mundial), Harvard (#2 a nivel mundial) o Ponce Health Sciences University no aparecen en el listado. Estas instituciones independientes poseen data valiosa que podría acelerar la investigación de la GWU (#345 a nivel mundial), una corporación congresional sin fines de lucro.

Sin embargo, GWU afirma que sí utilizarán los estudios de Penn State, Harvard y el Centro de Periodismo Investigativo “a fin de proporcionar una manera para que el público evalúe las diferencias relativas entre ellas y las producidas por el proyecto actual”.

“Mientras tanto, el trabajo continúa en el desarrollo de la propuesta para el análisis en profundidad de la mortalidad por causa específica atribuible al huracán, que incluye modelos estadísticos más complejos, así como una encuesta en profundidad sobre las circunstancias de muerte. El financiamiento para completar esta parte del proyecto se busca activamente de diferentes fuentes y sinergias institucionales.”, lee el último párrafo del reporte, en el que aseguran que esperan producir un informe final “dentro del plazo del contrato”. El pasado 30 de junio, el término contractual fue extendido hasta el 18 de septiembre a través de una enmienda al acuerdo original.

“Al no estar involucrado en este proyecto se me hace difícil determinar si es un reporte preliminar. Ciertamente, se espera que este estudio certifique y/o aproxime un número de muertes asociadas al huracán María; esto de acuerdo a las expresiones públicas del mismo Secretario de Seguridad Pública. Como ese dato no está, entiendo que queda trabajo por hacer o información por ser incluida”, expresó el director del Programa especializado en Estimados y Proyecciones de Penn State University, doctor Alexis Santos Lozada.

Las expresiones del experto surgen en referencia a la controversial declaración de Héctor Pesquera luego de que la prestigiosa publicación The New England Journal of Medicine publicara el estudio de Harvard que concluía que 4,645 puertorriqueños habían sido víctimas directas o indirectas del devastador ciclón.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodología distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, aseguró Pesquera el 31 de mayo.

Para el especialista en demografía aplicada y salud poblacional, es importante que la GWU establezca cuál es su significado de la frase “ respuesta rápida” que citan en el estudio preliminar para diferenciar su investigación a otros “proyectos de investigación más convencionales”.

“Tendríamos que preguntarle a los investigadores de GWU que es lo que consideran “rapid-response”. Ciertamente este estudio viene luego de reportes que han estado disponibles desde noviembre (por ejemplo el estudio por mí y Jeffrey Howard) y otros estudios realizados por reporteros. Nuestro reporte fue publicado dos meses (más rápido) luego del fenómeno y cuando aún gran parte de la isla seguía a oscuras y sin servicios básicos. Este reporte llega 10 meses después, que es una respuesta más lenta que todos los demás análisis”, añadió Santos Lozada quien lideró una investigación que arrojó un estimado de 1,085 decesos, la cual fue publicada en abril por la revista especializada Health Affairs.

“Luego de analizar los aciertos y desaciertos vividos como parte de la emergencia ante el paso de los huracanes Irma y María, nuestro gobierno está revisando todos los protocolos y procesos para asegurarnos que estamos listos para una nueva temporada de huracanes”, destacó el gobernador desde La Fortaleza el 20 de marzo. En ese momento, el mandatario anunció que llevaría a cabo una cumbre de agencias del gobierno central y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el 29 de mayo y una Cumbre Municipal de Emergencia el próximo día.

Los resultados de estas gestiones tampoco se conocen, a más de dos meses del inicio de la temporada de huracanes.




Secretario de Salud solicita prórroga para suministrar información de muertes tras María

El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado anunció el martes de buena fe, estarán solicitando una prórroga para poder cumplir con la orden del Tribunal que establece que sólo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y a CNN tendrán que suministrarle todos los certificados de defunción y permisos de enterramiento de las muertes ocurridas luego del huracán María.

“Debemos ser sumamente cuidadosos con la información que estamos compartiendo y entender que el Tribunal fue claro en que se debía proteger una información tan sensitiva como lo es el seguro social de cada persona, por lo que será necesario solicitar más tiempo para proteger a los fallecidos y a sus familiares y cumplir con cada una de las instrucciones que se nos dio”, indicó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

Indicó que el martes, los abogados del Departamento de Justicia, el Registro Demográfico, el Departamento de Salud junto a los de CPI y CNN tienen pautada una reunión en la que se comenzará con la entrega de información y se discutirán los términos de la extensión solicitada de tal forma que se cumpla con los intereses de todas las partes.

Jueza ordena al Registro Demográfico divulgar información de muertes tras huracán María

Señaló que el Registro Demográfico ha trabajado arduamente para cumplir con la orden del Tribunal de Primera Instancia de divulgar dentro un término de siete días, alrededor de 24,000 certificados de defunción que contienen información confidencial sobre el fallecido, sus familiares y el informante, pero el proceso es complicado para omitir el seguro social del fallecido.

De igual forma, Wanda Llovet, directora del Registro Demográfico, explicó que incluso este fin de semana todo su personal trabajó para cumplir con la disposición de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, pero que humanamente no era posible.

“La orden del Tribunal estableció un periodo sumamente limitado cuando se toma en consideración que son sobre 24,000 defunciones registradas y sobre 24,000 permisos de enterramiento y cremación que hay que fotocopiar y luego, a mano, borrar el Seguro Social como lo dispone el Tribunal. También el otorgarle acceso a la libreta manual de los permisos que se encuentran en las 42 oficinas alrededor de la Isla mientras seguimos ofreciendo el servicio a la ciudadanía demora”, señaló Llovet.

Describió que las dificultades que han confrontado con información sensitiva como el Seguro Social impiden lograr corresponder la totalidad de las peticiones como procede en el dictamen del Tribunal. Cabe señalar que el propio Tribunal ordenó entregar las defunciones registradas borrando el seguro social en sólo siete días contando el mismo de la sentencia.

El Registro Demográfico reclamó que no se podía divulgar el documento porque contiene el número de seguro social de los fallecidos, que es protegido por ley como confidencial.

La jueza resolvió ordenando que esa parte del documento se haga ilegible y, según se indicó, se está realizando, pero con problemas, ya que borrando el Seguro Social, de todos modos se lee en la parte posterior del documento, por lo que deben asegurarse que el método que están utilizando sea cónsono con lo dispuesto por el Tribunal. Llovet añadió que “no podemos precisar el tiempo que nos tomaría debido a que son sobre 48,000 documentos que hay que producir”.

Gobierno de Puerto Rico se aferra a informe de GWU sobre muertes tras huracán María

No obstante, se indicó que el Registro Demográfico comenzará a cumplir con la orden del Tribunal de Primera Instancia que le daba hasta el día de hoy para entregar a los medios, información detallada de las personas fallecidas desde septiembre de 2017.

Además, Llovet enumeró las solicitudes de los medios que deben ser concedidas, que son: copia de los certificados emitidos, copia de permisos de enterramiento, copia de permisos de cremación otorgados, acceso a la base de datos sobre la causa de muerte que se mantiene en el Registro, copia digital de la base de datos que se utiliza para mantener récord de los certificados de defunción que se emiten en Puerto Rico.

A los medios que soliciten información o datos se les suministrará las muertes ocurridas desde el 2015 hasta lo más cercano que se tenga recopilado. Los números los provee el Centro Nacional de Estadística de Salud (NCHS, en inglés), según ocurre todos los años.




Gobierno de Puerto Rico se aferra a informe de GWU sobre muertes tras huracán María

Gobernador Ricardo Rosselló: “Queremos que el número real salga a la luz. Tuvimos un protocolo que realmente era deficiente y lo reconocemos”. (Suministrada)

El tema de las muertes a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico tomó un giro inesperado esta semana, tras conocerse un nuevo estudio independiente publicado por la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, que coloca en 4,645 el número de víctimas, 70 veces más de las 64 reportadas por el gobierno local.

La investigación realizada por varios departamentos de la Universidad de Harvard en colaboración con el Fideicomiso para Ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el Departamento de Psicología de la Universidad Carlos Albizu y el Ponce Health Sciences University, refleja un alza dramática en comparación con los estimados oficiales. Los hallazgos fueron compilados y analizados utilizando tres diferentes metodologías: Marco de muestreo, encuestas a hogares y análisis estadísticos.

Uno de los primeros altos funcionarios del ejecutivo en reaccionar a este estudio fue el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en ingles) Carlos Mercader, quien por vez primera reconoció a nombre del Gobierno de Puerto Rico que esperaban una cifra mayor a las divulgadas de manera oficial.

“El Gobierno de Puerto Rico da la bienvenida a la encuesta de la Universidad de Harvard sobre la mortandad resultado del paso del huracán María y la analizaremos. Como todos saben, la magnitud del trágico desastre causado por el huracán María resultó en muchas fatalidades. Siempre hemos esperado que el número fuese más alto que el que se reportaba originalmente. Por esta razón solicitamos a la Universidad de George Washington (GWU, en inglés) que llevara a cabo un estudio —el cual finalizará próximamente— sobre la cantidad de muertes a causa del huracán María. Tanto la encuesta de Harvard como el estudio de GWU nos ayudarán a prepararnos más adecuadamente de cara a futuros desastres naturales y serán importantes para prevenir la pérdida de vidas”, expuso Mercader en declaraciones escritas.

Estudio de Harvard revela sobre 4,600 muertes en Puerto Rico vinculadas con huracán María

“Queremos que el número real salga a la luz. Tuvimos un protocolo que realmente era deficiente y lo reconocemos”, reaccionó por su parte el gobernador Rosselló horas después de la publicación del estudio, durante una conferencia de prensa en la que se divulgaron detalles sobre la preparación del Gobierno para el manejo de desastres en la isla. En el cónclave participaron la Guardia Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA) y el componente de seguridad local encabezado por Héctor Pesquera.

Fue este ultimo quien luego de consultarle al oído al primer ejecutivo, soltó una controversial declaración sobre la investigación de la tercer mejor universidad a nivel mundial, de acuerdo al 2018 QS World University Rankings.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodologia distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, manifesto el que fuera State Coordinator durante la emergencia producto del huracán más potente que jamás haya experimentado Puerto Rico en más de 80 años.

Las declaraciones de Pesquera no ocurren en el vacío, pues al cierre de esta edición la jueza de la Sala de Recursos Extraordinarios Lauracelis Roques tiene en su consideración un recurso legal que busca conceder al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y a la cadena Cable News Network (CNN) acceso a información cruda recopilada por el Departamento de Salud sobre la mortandad ocurrida tras María.

En la reunión convocada por el gobernador sobre Preparación y Manejo de Desastres en Puerto Rico participaron la Guardia Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA) y el componente de seguridad local encabezado por Héctor Pesquera. (Captura)

“Uno de los argumentos que se estaba discutiendo en el juicio era el balance del interés publico que tiene que hacer la jueza al decidir si la información que se está solicitando tiene algunas partes que puedan ser confidenciales y si ellas bajo alguna ley o reglamento tienen prioridad sobre el interés público de conocer las condiciones en que murieron las personas despues dele huracán María. Ahora que sabemos que se ha pospuesto nuevamente dar alguna informacion sobre cuantas personas murieron y como fue que murieron, desde mi perspectiva, le imprime urgencia al reclamo que estamos haciendo de que se divulgue la información ya. Estamos a las puertas de una nueva temporada de huracanes y seguimos sin conocer como mejor prepararnos para una possible tormenta o situación de emergencia tan terrible como la que pasamos”, lament la Editora Ejecutiva del CPI, Carla Minet.

[DOCUMENTO] Se esfuma informe preliminar sobre muertes causadas por huracán María en Puerto Rico

¿Todo un misterio el status del informe preliminar de GWU?

¿Cuál es el status del informe de GWU y qué información los investigadores han solicitado hasta el momento para llevar a cabo su informe independiente?, preguntó CB en Español a la secretaria de prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes el pasado 8 de mayo.

“Siguen trabajando en el informe. Al final, se informarán los datos solicitados. Han estado en comunicación con agencias públicas y se espera que contacten organizaciones profesionales que estuvieron vinculadas a la respuesta ante la emergencia. Han solicitado documentos y han hecho entrevistas a funcionarios de Gobierno”, aseguró Álvarez Jaimes por escrito, seis días antes de que la contratación fuera realizada en propiedad. No fue hasta el 14 de mayo -81 días después de que se anunciara la investigación independiente- que se firmó el contrato para comisionar el estudio al cual CB en Español tuvo acceso.

El pasado 4 de mayo, este medio había cursado una solicitud de información al epidemiólogo y director del estudio, el doctor Carlos Santos-Burgoa, para indagar sobre los avances de su investigación. No fue hasta el 22 de mayo que la petición fue referida a la directora de comunicaciones del Instituto Milken de GWU, Kathleen Fackelmann, en Washington D.C. Al cierre de este escrito y tras el envío de un correo electrónico de seguimiento, aún no han contestado las preguntas de este medio.

Estos datos, sumados al evidente desconocimiento de Pesquera sobre asuntos básicos como las metodologías ampliamente aceptadas por la comunidad científica, laceran aún más la credibilidad del Gobierno sobre este tema, en momentos en que retienen toda información ya disponible, datos que han tenido que compartir tanto con la GWU como con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) quienes solicitaron hasta noviembre para entregar su base de datos codificada a base de sus estándares.

“El Estado quiere hacer ver que el proceso que lleva a cabo el CDC para codificar y revisar los datos que somete el Departamento de Salud impide hacer pública la información preliminar que tiene disponible”, enfatizó la editor ejecutiva del CPI quien insiste que no existe impedimento legal que justifique la dilación de la entrega de los documentos públicos que solicitan por la vía judicial.

¿Preocupados por el atraso en la entrega?

La pasada semana y ante la petición de tiempo adicional para entregar el informe final por parte de la GWU, este medio publicó el contrato suscrito entre el Negociado de Ciencias Forenses y la universidad con sede en Washington D.C., y cuestionó el silencio sobre la entrega del informe preliminar, que forma parte de las cláusulas del acuerdo.

“El informe preliminar será el primero con fecha de entrega para el 22 de mayo de 2018. La cantidad de dinero máxima asignada a ese proyecto será $125,000. Luego de entregar el informe preliminar, el contratista tendrá 60 días para completar y someter el informe final, y la fecha para eso deberá ser no más tarde del 23 de julio de 2018, a menos que se le realice una enmienda al contrato. La factura del servicio rendido como parte de este proyecto será hasta un máximo de $180,368”, se establece en la página 4 del contrato entre el Negociado de Ciencias Forenses y la GWU.



Documento muertes vinculadas con huracán María (Text)

“Estos estudios tienen varios componentes. Lo que nosotros le hemos pedido (a la GWU) es que la parte de la resiliencia y preparación de la salud pública nos la puedan adelantar. Prefiero tener algo bien hecho que algo que sea inapropiado y que nos cueste en el proximo evento”, dijo Rosselló a preguntas de la prensa. Resulta interesante que ningún funcionario de la administración haya solicitado el informe preliminar que se desprende del contrato.

“El primer informe (de acuerdo a la orden ejecutiva del 4 de enero) nunca se produjo. Mientras el secretario de Seguridad Pública Hector Pesquera le decía a los medios de comunicación que había un grupo de trabajo y que estaban trabajando para producir un informe, ese informe nunca vio la luz pública. El informe que se le comisiona a George Washington University tampoco sabemos cuál es su status ni la metodología que se está utilizando”, finiquitó Minet no sin antes recalcar el gran valor de los estudios independientes para apoyar los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico durante el proceso de revision de protocolos para mejorar su respuesta en emergencias venideras.

“Por eso mismo es importante que no solamente se haga el estudio que está haciendo GWU sino que se hagan estudios independientes que los puede hacer la prensa, las escuelas de salud pública de las universidades en Puerto Rico, profesionales y entidades sin fines de lucro que tienen el expertise y peritaje para tomar esos datos crudos y analizarlos. Ese análisis y ese proceso de contraste de la información oficial es lo que probablemente va a tener un resultado con algún grado de credibilidad entre la ciudadanía, pero si no tenemos acceso a esos datos estamos ciegos”.

Nota del editor: En un comunicado enviado el miércoles, el Instituto Milken de GWU dijo que su estudio diferencia al de la Universidad de Harvard en que “utilizará documentos sobre muertes –actas de defunción otros datos sobre mortalidad desde septiembre de 2017 hasta el final de febrero de 2018– con el fin de estimar el exceso de muertes relacionadas al huracán María”, o “una forma más efectiva para evaluar la mortalidad”. Además, expresaron que su estudio “espera que provea un grado de confiabilidad más estrecho alrededor del exceso de las muertes estimadas atadas al huracán María”. “Un informe final para “la Fase I del estudio de dos partes se espera entregar este verano”, aseguró el Instituto.




Estudio de Harvard revela sobre 4,600 muertes en Puerto Rico vinculadas con huracán María

Un total de 4,645 personas fallecieron en Puerto Rico como consecuencia del paso del huracán María el 20 de septiembre del año pasado, según un estudio de la Universidad de Harvard divulgado por el New England Journal of Medicine y reseñado por el Washington Post.

La cifra es mucho mayor a la información provista por el gobierno de Puerto Rico, el cual sostiene que en isla hubo 64 muertes vinculadas con el fenómeno atmosférico.

La publicación indica que la interrupción de los servicios de salud a ancianos y la falta de servicios básicos para los enfermos crónicos tuvieron un impacto significativo. También indica que los decesos se reflejaron en todos los grupos de edad.

Asimismo, señala que investigadores en Estados Unidos y Puerto Rico, dirigidos por científicos de Harvard T.H. Chan School of Public Health y Beth Israel Deaconess Medical Center, identificaron la alta cifra de muertes al realizar encuestas en casi 3,300 hogares elegidos al azar en todo Puerto Rico.

[DOCUMENTO] Se esfuma informe preliminar sobre muertes causadas por huracán María en Puerto Rico

Posteriormente, los expertos compararon la tasa de mortalidad estimada después del impacto del fenómeno atmosférico con la tasa de mortalidad del 2016. Esos datos arrojaron que la tasa de mortalidad fue de 14.3 muertes por cada 1,000 residentes desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Esto representa un aumento del 62% en la tasa de mortalidad en comparación con el año anterior o “4,645 muertes en exceso”.

Esta investigación se dio aparte de la que el gobierno comisionó a un equipo de investigadores de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad de George Washington en febrero pasado para que revisara la cifra que maneja el gobierno, que es de 64.

El pasado 21 de mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, informó que le solicitaron tiempo adicional para culminar el estudio comisionado sobre las muertes. De acuerdo al profesor Carlos Santos Burgoa, director del estudio, el informe final podrá culminarse durante este verano para poder terminar el análisis de las bases de datos disponibles.