Rosselló Nevares realiza varios nombramientos en el gobierno de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró el miércoles a Omar Marrero como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico; y recomendó a Ottmar Chávez como el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés).

“Anuncio estos nuevos nombramientos con la seguridad de que los funcionarios llevarán a cabo su tarea de forma capaz y responsable. Todos cuentan con vasta experiencia laborando en el Gobierno y su compromiso con la Isla queda demostrado al aceptar estos puestos que permiten continuar ejecutando la agenda de nuestra administración”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Asimismo, recomendó a Fermín Fontanés como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP); a Noelia García Bardales como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones; y a Margarita Nolasco como directora ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Ottmar Chávez continuará sus funciones como administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Rosselló Nevares agregó que “agradezco la disposición y el compromiso de estos funcionarios y les deseo éxito en sus encomiendas, ya que sus logros serán de beneficio directo para el Pueblo”.

El primer mandatario informó, además, que recomendó a Erik Rolón como director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

En todos estos nombramientos, excepto el del director ejecutivo de la Aafaf, el gobernador recomienda a las juntas de directores de todas estas entidades a que ratifiquen esta recomendación.

Omar Marrero posee un bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas de la Universidad de Dayton en Ohio, un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Marrero fungió como director ejecutivo de varias agencias en el Gobierno de Puerto Rico, que incluyen a COR3, la AAPP, la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad de Puertos. Ha fungido, además, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Por otra parte, Ottmar Chávez —quien desde enero de 2019 ha laborado como principal oficial de compras para COR3— obtuvo un bachillerato en Administración Internacional de Assumption College en Massachusetts y una maestría en Gerencia de Proyectos y Cadena de Suministro de la Universidad George Washington. 

Chávez ha fungido como director de cadena de suministros, como director de programas y portafolios, y como líder de compras a nivel global.

Mientras, Fermín E. Fontanés posee un bachillerato de Ciencias, Política Ambiental y Funcionamiento de Recursos de la Universidad de Michigan y un juris doctorde la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington.

Fontanés ha sido asesor legal de la AAPP desde marzo de 2018 y ha manejado aspectos de la transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Su experiencia ha estado enfocada en transacciones corporativas, cumplimiento reglamentario, permisos y litigación ambiental. Ha ofrecido asesoría en todas las etapas de un proyecto, desde la revisión de diligencias y selección de ubicaciones, hasta la revisión de impactos ambientales y permisos.

De otra parte, Noelia García Bardales posee un bachillerato en Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y estudios postgraduados en Administración Internacional de Empresas de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

García Bardales —quien estuvo fungiendo hasta ayer como subdirectora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones— posee sobre 20 años de experiencia en la implementación de política pública.

Entre su experiencia laboral se destacan su asesoría de integración municipal para el Sistema de Emergencias 911; y su trabajo como consultora independiente para el municipio de Corozal y para la Unión Bona Fide de Empleados Municipales.

García Bardales también laboró como directora ejecutiva del Comité de Asuntos de Salud y de la Mujer del Senado de Puerto Rico.

Por último, Margarita Nolasco posee un bachillerato en Educación Secundaria de Matemáticas de la Universidad Católica de Puerto Rico, una maestría en Educación de la State University de Nueva York y un doctorado en Educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La experiencia de Nolasco en el Senado comenzó en el 2005, en donde ha sido designada como líder de mayoría y como vicepresidenta del cuerpo. Nolasco también fungió como alcaldesa del municipio de Coamo del 1997 al año 2000.

“Contamos con cada uno de estos funcionarios para impulsar la agenda de desarrollo económico y social de Puerto Rico. Hemos enfrentando grandes desafíos durante años recientes pero la resiliencia y el compromiso de los puertorriqueños nos ayudará a superar los retos que se presenten”, concluyó el gobernador.




Rosselló Nevares realizará nombramientos a su gabinete

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. (Archivo/CyberNews)
El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. (Archivo/CyberNews)

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira dijo el viernes que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizará nombramientos a su gabinete.

“Como parte de la agenda, el gobernador también está finalizando detalles relacionados a nuevos nombramientos en su gabinete, que se producirán en las próximas horas“, detalló Maceira en declaraciones escritas.

Mencionó que Rosselló Nevares sostiene desde la mañana reuniones con su equipo, en particular relacionadas a asuntos de política pública.

“Esta mañana sostuvo reunión con su comité ejecutivo de gobierno, para discutir asuntos pendientes como el pre retiro, órdenes ejecutivas en el tintero entre otros”, dijo.

“En este momento se encuentra discutiendo con este servidor, así como con el secretario de Política Pública, licenciado Phillipe Mesa, algunas medidas que están pendientes de evaluación tras finalizar la sesión. La evaluación consiste en la posibilidad de convertirlas en proyectos de ley o de impartir vetos. Esa evaluación debe estar produciendo resultados en los próximos días”, añadió.

Detalló que el primer ejecutivo tiene una reunión con su equipo fiscal, entre ellos el asesor legal de La Fortaleza, licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez, el secretario de la Gobernación, licenciado Ricardo Llerandi, el subsecretario, licenciado Erik Rolón, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, el secretario de Desarrollo Económico, ingeniero Manuel Laboy, la licenciada María Palou, entre otros.




Primer Circuito de Boston concede extensión a moratoria de miembros de la junta fiscal

(Jaime Rivera/CB)

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, informó el martes, que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston concedió una extensión a la moratoria del tribunal en cuanto a que los miembros de la Junta deben ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos.

El Primer Circuito extendió la moratoria hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicte sobre los méritos de la decisión del Primer Circuito (el 15 de febrero de 2019), permitiendo a la Junta continuar con sus responsabilidades bajo la ley PROMESA. 

El pasado 18 de junio, la JCF anunció que solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito extender la moratoria que emitió el pasado 6 de mayo, luego de la petición de la Junta ante el Tribunal Supremo Estados Unidos para que considere el caso para revisión.

Sin esta extensión, la Junta no podría llevar a cabo sus responsabilidades luego del 15 de julio.

La JCF había objetado el fallo del pasado 15 de febrero, en la que el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta porque no fueron confirmados por el Senado, conforme a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.




Aseguran “no tiene pies ni cabeza” recurso legal del Gobierno federal sobre constitucionalidad de miembros de la junta fiscal

El Tribunal Supremo federal. (skeeze/Pixabay)
El Tribunal Supremo federal. (skeeze/Pixabay)

El histórico recurso legal sometido por el Gobierno de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo que busca legitimar la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “no tiene pies ni cabeza”.

Así lo aseguró a CB en Español el reconocido abogado y autor, Rolando Emmanuelli Jiménez, aunque admitió que le resulta “interesante” el hecho de que el Departamento de Justicia federal haya escogido radicar el recurso de certiorari independientemente y no apoyar un recurso similar sometido por la JSF en abril pasado.

“El argumento que están esbozando en torno a que, si se declara la JSF inconstitucional, el gobierno territorial, o sea el gobernador de Puerto Rico y los legisladores, son inconstitucionales, no tiene mérito alguno. Lo usan como un argumento de miedo en cuanto a que habrá un caos financiero si se declaran inconstitucionales los nombramientos y eso es incorrecto porque eso no ataca la vigencia de la ley, lo que ataca es la parte de los nombramientos”, explicó.

Emmanuelli Jiménez aseguró además que tampoco hace sentido el argumento de Justicia federal ya que los gobernadores no son funcionarios federales.

“Para ser un oficial federal, tiene que ser nombrado conforme al Appointment Trust, la doctrina es bien clara. Tú tienes que estar ejerciendo un poder federal significativo y tienes que haber sido nombrado por el presidente por virtud de una ley”, explicó a la vez que señaló que en Puerto Rico “el gobernador no es nombrado por el presidente. El gobernador no pone en vigor ninguna ley federal, el gobernador lo que pone en vigor son las leyes locales. Y el gobernador no le responde al presidente, por ende, no es un oficial federal”.

Según asegura en la petición para una escritura de certiorari sometida por el Departamento de Justicia federal, el Tribunal Supremo reconoció a través de su fallo en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, que “las leyes del Estado Libre Asociado (Commonwealth) son en sí mismas el producto de autoridad que el Congreso ha delegado por estatuto “, por ello, los nombramientos de los miembros de la JSF se hicieron conforme a la ley.

En febrero pasado el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston ordenó a la jueza Laura Taylor Swain, a declarar en un plazo de 90 días inconstitucional los nombramientos de la JSF. De acuerdo a la decisión de la corte, los miembros fueron nombrados sin haberse seguido la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.




Utier radicará petición al Tribunal Supremo federal para que revoquen decisiones de la junta fiscal

Licenciados Jessica Méndez Colberg, Rolando Emmanuelli y el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo. (Suministrada)
Licenciados Jessica Méndez Colberg, Rolando Emmanuelli y el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo. (Suministrada)

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) radicará el miércoles una petición de certiorari al Tribunal Supremo federal pidiéndole al propio Tribunal que haga cumplir su jurisprudencia anulando las decisiones tomadas por la Junta y revoque el tiempo adicional para operar que le brindó el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“Radicaremos este recurso de certiorari para que el Tribunal Supremo haga cumplir su propia jurisprudencia. El mismo tribunal federal ha determinado en casos previos que cuando se determina que el nombramiento de un funcionario público se declara inconstitucional, porque se viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, sus acciones y decisiones previas son declaradas nulas y se revocan. A pesar de que el Tribunal de Apelaciones en Boston declaró inconstitucionales sus nombramientos, no anuló las decisiones de la Junta. Esto es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier. 

En el recurso apelativo, la Utier también exige se anule el plazo hasta el 15 de julio de 2019, otorgado por el Tribunal de Apelaciones, para que la Junta mantenga sus operaciones en lo que el Senado federal atiende sus nombramientos.

“También pedimos en este recurso que se deje sin efecto el plazo de 60 días que se añadieron a los primeros 90 días concedidos para que la Junta siga funcionando en lo que se ven sus nombramientos, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. La representación legal de nuestro sindicato, el licenciado Emmanuelli Jiménez y la licenciada Méndez Colberg, ya tienen el recurso listo para ser radicado en horas de la tarde en el Tribunal Supremo federal. Seguiremos demostrado que, si los nombramientos de la Junta de Control Fiscal son ilegales, ilegales también son sus acciones”, sentenció Figueroa Jaramillo.




Extensión para nombrar a la junta fiscal puede que no sea suficiente

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Juan José Rodríguez/CB)
La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Juan José Rodríguez/CB)

La extensión otorgada por la Corte de Apelaciones de Boston para que el Congreso corrija las deficiencias con los nombramientos de los miembros de la junta de control fiscal puede que no sea suficiente, declaró el lunes la directora ejecutiva del ente que administra las finanzas del gobierno de Puerto Rico, Natalie Jaresko.

“Creo que podría no ser suficiente porque el proceso de confirmación en el Senado es impredecible”, dijo Jaresko durante una conferencia de prensa.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, declaró en febrero que la composición de la junta de control fiscal era inconstitucional debido a que sus miembros no fueron nombrados como establece la carta magna, designados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado federal.

El tribunal estableció el 16 de mayo como la fecha límite para que el Senado federal confirme los miembros tal y como se establece en la Constitución de Estados Unidos.

Aunque el presidente Trump anticipó al Senado que renominaría a las mismas personas, todavía el trámite no se ha realizado.

Jaresko dijo que el proceso de nombramientos demora mucho más que los 60 días que proporciona el tribunal. Asimismo, señaló que “estamos revisando la decisión judicial para determinar qué hacer”.




Carrión advierte afectar operaciones de la junta fiscal tendría consecuencias devastadoras

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Jaime Rivera/CB)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Jaime Rivera/CB)

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, dijo el miércoles que solicitó que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos extienda la moratoria de su fallo del 15 de febrero, pendiente de la petición de revisión del caso de la junta ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Los Estados Unidos están de acuerdo con que una moratoria del fallo está justificada y por tanto se unen a la moción de aplazar el mandato del Primer Circuito”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

“El Primer Circuito había declarado inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta, una decisión que es profundamente equivocada y desestabilizante, dijo la junta de control fiscal en su petición de certiorari radicada el martes 23 de abril de 2019 ante el Tribunal Supremo”, añadió.

Mencionó que sin una moratoria adicional, la junta de control fiscal se vería forzada a cesar sus operaciones el 16 de mayo.

“Afectar las operaciones de la Junta en este momento tendría consecuencias inmediatas y devastadoras para la economía de Puerto Rico y el proceso de reestructuración de su deuda que el Congreso determinó era críticamente necesario cuando aprobó la Ley Promesa y creó la junta de control fiscal”, dijo el presidente del ente federal.

“Además, la Junta no podría continuar cumpliendo con su responsabilidad de certificar los presupuestos del año fiscal 2020 del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades para asegurar que cumplen con los planes fiscales certificados”, concluyó.




Junta fiscal pedirá al Tribunal Supremo revisar decisión sobre nombramientos de sus miembros

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, anunció el jueves, que solicitará al Tribunal Supremo de Estados Unidos una revisión a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito del pasado 15 de febrero de 2019, que determinó que los miembros de la junta tienen que ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

La junta también solicitará una suspensión a la orden del Primer Circuito mientras el Tribunal Supremo considera la petición de recurso de certiorari de la junta.

“A la junta se le ha provisto con la responsabilidad de ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y poder acceder a los mercados de capital. La ley Promesa creó a la junta de control fiscal como una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico y no del gobierno federal. Por lo tanto, la Cláusula de Nombramientos no aplica a los miembros de la junta. La mayoría de los miembros de la junta votó a favor de la apelación.

El proceso de nombramiento de Promesa estableció una junta bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a que Puerto Rico se pueda recuperar y prosperar.

“La junta de control fiscal continúa su trabajo, velando por los mejores intereses de Puerto Rico”, expresó Carrión en comunicación escrita.




Junta fiscal deroga resoluciones presupuestarias de sobre $30 millones en gastos

La junta de control fiscal ha derogado 24 resoluciones presupuestarias que totalizan más de $30 millones en gastos porque no cumplen con el plan fiscal.

La medida se produce un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló le expresara a un comité del Senado federal que los poderes de la junta de control fiscal debían definirse porque la entidad estaba entrometiéndose con las operaciones diarias del gobierno. Es la primera decisión de índole mayor luego de que la junta fuese declarada inconstitucional por el Tribunal Apelativo de Boston porque los nombramientos de sus miembros no cumplen con la disposición constitucional sobre nombramientos.

En una carta, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, dijo que la disciplina fiscal y los presupuestos responsables son salvaguardas importantes para la prosperidad de Puerto Rico.

El gobierno presentó recientemente varias resoluciones conjuntas a la junta de control fiscal pretendiendo autorizar más de $30 millones en gastos. “Ninguna de las apropiaciones o reprogramaciones contenidas en estas Resoluciones Conjuntas están contempladas en el presupuesto certificado para el Estado Libre Asociado para el año fiscal 2018 o 2019, tampoco fueron aprobados por la junta de control fiscal”, señaló.

La ley federal Promesa, dijo, otorga el poder de certificar presupuestos exclusivamente a la junta de control fiscal. Esta responsabilidad y la autoridad han sido confirmadas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

Por otra parte, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos celebró que “una autorización de gastos del año anterior que no esté cubierta por el presupuesto es inconsistente con la declaración de Promesa de que el presupuesto certificado por la junta de control fiscal para el año fiscal está completo, y por lo tanto es anticipado por esa disposición legal por virtud de la Sección 4 de Promesa”, dijo Jaresko.

“En consecuencia, cada una de las Resoluciones Conjuntas es anulada e inválida”, agregó.

La junta solicitó que a más tardar el 8 de marzo de 2019 se provea información sobre desembolsos hechos por virtud de las resoluciones.




Gobernador nombra nuevos miembros a la junta de directores de Cofina

La oficina del gobernador de Puerto Rico en La Fortaleza anunció el jueves que el primer ejecutivo Ricardo Rosselló Nevares nombró a Daniel Heimowitz, Richard Kolman y Alexandre Zyngier a la junta de directores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) con fecha de efectividad del 12 de febrero de 2019.

Según se anunció el 12 de febrero de 2019, el tercer plan de ajuste enmendado al amparo del Título III de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de 9 de enero de 2019 se convirtió en el primer plan de ajuste al amparo del Título III de la Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) en ser confirmado y entrar en vigor.

“Poco después de entrar en efecto el plan de ajuste y luego de Cofina emitir cerca de $12,000 millones en bonos reestructurados de rentas del impuesto sobre ventas, la nueva junta de directores sostuvo su primera reunión y expresó su entusiasmo por ser parte de la reestructuración de la deuda de Cofina y de los esfuerzos de Puerto Rico por alcanzar una economía más resiliente, vibrante y fuerte”, indicó en declaraciones escritas.

La Fortaleza expresó que “además de cumplir con los estándares de independencia establecidos en la ley orgánica de Cofina —que requiere que ningún miembro de la junta sea oficial, empleado o director de ninguno de los componentes del Gobierno de Puerto Rico, que no sea la propia Cofina—  los nuevos miembros de la junta poseen las más altas credenciales y gozan de mucho respeto en Estados Unidos, por lo que aportan una gran experiencia y sofisticación en finanzas municipales a Cofina:

  • Daniel Heimowitz: el Sr. Heimowitz es el fundador y principal oficial Ejecutivo de Verify Financial, una empresa emergente que utiliza vistas de crédito, proporcionadas por pares en compañías de inversionistas institucionales, para mejorar las evaluaciones de crédito tradicionales. El Sr. Heimowitz cuenta con una carrera de más de 40 años en calificaciones de crédito de finanzas publicas y en la banca de inversiones y ha ocupado puestos en la alta gerencia de Moody’s, Lehman Brothers y RBC Capital Markets. A lo largo de su carrera, ha sido un participante activo del mercado de bonos municipales como miembro del Municipal Analyst Group of New York, la National Federation of Municipal Analysts y la Society of Municipal Analysts y como ex miembro del Government Accounting Standards Advisory Council y presidente del Municipal Forum of New York. Laboró en la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) de 2012 a 2014 y presidió el MSRB en 2014.
  • Richard Kolman: el Sr. Kolman se ejerce en la actualidad como jefe del grupo de valores municipales y miembro del comité de operaciones de Academy Securities, un banco de inversiones propiedad de veteranos militares y discapacitados. Luego de una carrera de 25 años en Goldman Sachs, en 2007 el Sr. Kolman dejó su puesto como co-jefe del departamento de valores municipales en Goldman Sachs para desempeñarse como vicepresidente de la Municipal and Infrastructure Assurance Corporation hasta 2010, cuando se convirtió en director ejecutivo y jefe del grupo de valores municipales en US Bank. El Sr. Kolman dejó su puesto en US Bank en 2016 para asumir el rol que ostenta actualmente en Academy Securities. Ha laborado en el comité ejecutivo de la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) y en 2007 SIFMA le otorgó el premio honorífico a toda su carrera. Además, fue miembro de la MSRB de 1996 a 1999 y actualmente es miembro del comité ejecutivo municipal de la SIFMA. Por más de 15 años, el Sr. Kolman se ha desempeñado en el consejo de administración del East Side House Settlement, una organización de base comunitaria que da servicio al distrito de Mott Haven en el Sur del Bronx. Actualmente se desempeña como tesorero y presidente de la Finance Community.
  • Alexandre Zyngier: el Sr. Zyngier cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones, estrategias y operaciones. En 2013 fundó Batuta Advisors para dedicarse a las inversiones y la asesoría tanto en el mercado público como en el mercado privado. Posee una vasta experiencia desempeñándose en juntas de directores. Actualmente es miembro de las juntas de directores de Atari SA, Torchlight Energy Resources, Inc., AudioEye Inc., Applied Minerals, Inc. y ciertas otras entidades privadas. Anteriormente fue presidente de la junta de Vertis Inc., miembro de la junta de Island One LLC y presidente ejecutivo de DTV America Corporation. Poseé una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con concentración en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Chicago y un Bachillerato en Ciencias con concentración Ingeniería Química de UNICAMP en Brazil.”